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Este artículo se propone revisar el andamiaje legal internacional construido para garantizar la libre circulación de las inversiones, lo cual se ha vuelto central en el capitalismo contemporá- neo, caracterizado por el comando del capital en su forma dineraria. Es así que en los últimos treinta años hemos asistido a una búsqueda creciente de protección del movimiento del dinero, generada a través de esquemas legales que sostienen la circulación irrestricta del capital a través de las fronteras estatales. En particular,aquí nos concentramos sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (tbi). Dentro de estos, adquiere una importancia particular la cláusula de prórroga de jurisdicción, que permite a las empresas transnacionales demandar a los Estados en instancias supra-nacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).

Este artículo explora la retórica que rodea la participación de organizacionesno gubernamentales, ONG, en el arbitraje internacional de inversión. Argumentaque la participación ciudadana es un elemento crucial del arbitraje, noen un rol subsidiario o como simple mecanismo de legitimación, sino como unaexpresión de una visión sustantiva del mundo, denominada aquí la "narrativadel interés público" en el arbitraje internacional de inversión. El argumentoaquí presentado no es normativo; por el contrario, busca mostrar que hoy,lejos de ser un simple objetivo deseado, la "narrativa de interés público" esun aspecto central en el procedimiento arbitral. Para probar tal punto, seexploran tres casos ícono: Methanex (bajo TLCAN-UNCITRAL), Aguasde Tunari (CIADI) y Biwater (el primer caso decidido en su totalidad bajola Regla 37 de CIADI). A partir de este análisis, el artículo concluye queacadémicos y practicantes que trabajen en arbitraje internacional de inversiónharían bien en ir más allá de la percepción, según la cual la participaciónciudadana es una idea controversial defendida por unos activistas en Ginebrao en Washington D.C. La participación está aquí para quedarse y parece estarafectando, de manera muy importante, el resultado sustancial (y financiero)de los arbitrajes. ; This paper explores the rhetoric surrounding Non Governmental Organizations,NGOs, participation in the context of foreign investment arbitration.It argues that public participation is a crucial part of the investmentarbitration mindset, not in a subsidiary role or as a mere legitimatingdevise, but as an expression of a substantial world view —which I callhere the "public interest narrative" in foreign investment arbitration. Theargument, though, is not normative, but rather seeks to show that, far frombeing a mere goal, this "public interest narrative" is a central aspect ofinvestment arbitration today. To make this point, the paper explores threeiconic cases: Methanex (under NAFTA/UNCITRAL), Aguas de Tunari(ICSID), and Biwater (the first case tried in its entirety under ICSID'sRule 37). The paper concludes that scholars and practitioners working inforeign investment law would be well advised in going beyond the view thatparticipation in arbitral procedures is a contentious issue pushed by someactivists in Geneva or Washington D.C. Participation is here to stay, andseems to be affecting, in very crucial ways, the substantive (and financial)outcome of arbitral procedures.

This paper explores the rhetoric surrounding Non Governmental Organizations,NGOs, participation in the context of foreign investment arbitration.It argues that public participation is a crucial part of the investmentarbitration mindset, not in a subsidiary role or as a mere legitimatingdevise, but as an expression of a substantial world view —which I callhere the "public interest narrative" in foreign investment arbitration. Theargument, though, is not normative, but rather seeks to show that, far frombeing a mere goal, this "public interest narrative" is a central aspect ofinvestment arbitration today. To make this point, the paper explores threeiconic cases: Methanex (under NAFTA/UNCITRAL), Aguas de Tunari(ICSID), and Biwater (the first case tried in its entirety under ICSID'sRule 37). The paper concludes that scholars and practitioners working inforeign investment law would be well advised in going beyond the view thatparticipation in arbitral procedures is a contentious issue pushed by someactivists in Geneva or Washington D.C. Participation is here to stay, andseems to be affecting, in very crucial ways, the substantive (and financial)outcome of arbitral procedures. ; Este artículo explora la retórica que rodea la participación de organizacionesno gubernamentales, ONG, en el arbitraje internacional de inversión. Argumentaque la participación ciudadana es un elemento crucial del arbitraje, noen un rol subsidiario o como simple mecanismo de legitimación, sino como unaexpresión de una visión sustantiva del mundo, denominada aquí la "narrativadel interés público" en el arbitraje internacional de inversión. El argumentoaquí presentado no es normativo; por el contrario, busca mostrar que hoy,lejos de ser un simple objetivo deseado, la "narrativa de interés público" esun aspecto central en el procedimiento arbitral. Para probar tal punto, seexploran tres casos ícono: Methanex (bajo TLCAN-UNCITRAL), Aguasde Tunari (CIADI) y Biwater (el primer caso decidido en su totalidad bajola Regla 37 de CIADI). A partir de este análisis, el artículo concluye queacadémicos y practicantes que trabajen en arbitraje internacional de inversiónharían bien en ir más allá de la percepción, según la cual la participaciónciudadana es una idea controversial defendida por unos activistas en Ginebrao en Washington D.C. La participación está aquí para quedarse y parece estarafectando, de manera muy importante, el resultado sustancial (y financiero)de los arbitrajes.

Recientemente en España se ha llevado a cabo una honda reforma legislativa del sector eléctrico. Esta ha reducido considerablemente el apoyo estatal al sector de las energías renovables. Por esta razón, los productores de energías renovables realizaron reclamaciones contra el Estado español por los daños causados por este cambio legislativo.Las reclamaciones se efectuaron ante tribunales nacionales e internacionales. Los primeros están rechazando estas reclamaciones basándose en el concepto de riesgo regulatorio. Mientras, en cuanto a los segundos, el CIADI ha resuelto recientemente la primera controversia al respecto, fallando a favor de los inversores. Este laudo arbitral basa su argumentación jurídica en el incumplimiento por parte del Estado español del Tratado sobre la Carta de la Energía.De este modo, el análisis realizado en este artículo permite identificar la existencia de un trato diferenciado del tema en función de la aplicación del derecho interno o del internacional, lo que puede suponer unas importantes consecuencias para el sector.

Recientemente en España se ha llevado a cabo una honda reforma legislativa del sector eléctrico. Esta ha reducido considerablemente el apoyo estatal al sector de las energías renovables. Por esta razón, los productores de energías renovables realizaron reclamaciones contra el Estado español por los daños causados por este cambio legislativo. Las reclamaciones se efectuaron ante tribunales nacionales e internacionales. Los primeros están rechazando estas reclamaciones basándose en el concepto de riesgo regulatorio. Mientras, en cuanto a los segundos, el CIADI ha resuelto recientemente la primera controversia al respecto, fallando a favor de los inversores. Este laudo arbitral basa su argumentación jurídica en el incumplimiento por parte del Estado español del Tratado sobre la Carta de la Energía. De este modo, el análisis realizado en este artículo permite identificar la existencia de un trato diferenciado del tema en función de la aplicación del derecho interno o del internacional, lo que puede suponer unas importantes consecuencias para el sector.

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL. (...) -- PÁGINA LEGAL -- SUMARIO/CONTENTS -- EDITORIAL. EL DERECHO INTERNACIONAL EN (...) -- I. ESTUDIOS/STUDIES -- ¿QUÉ NORMA DE CONFLICTO DE LEYES HAY QUE (...) -- EL LEGISLADOR EUROPEO Y EL DIPR DE SOCIEDADES (...) -- COMPETENCIA Y DERECHO APLICABLE EN EL (...) -- RÉGIMEN DE LAS RECLAMACIONES DE CONSUMO (...) -- LA REFUNDICIÓN DEL REGLAMENTO BRUSELAS II (...) -- EL CONCEPTO Y EFECTOS DE LOS TRATADOS DE (...) -- ¿UN DERECHO INTERNACIONAL DEL DEPORTE? (...) -- EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN LA (...) -- RETOS DE LA AYUDA HUMANITARIA EN CONFLICTOS (...) -- II. FORO/FORUM -- DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGENDA (...) -- EL ROL DE DERECHO INTERNACIONAL DENTRO DEL (...) -- LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS PARA EL (...) -- UNIÓN EUROPEA E INVERSIONES: MECANISMOS (...) -- LA UNIÓN EUROPEA Y EL ARBITRAJE DE INVERSIÓN (...) -- UNIÓN EUROPEA E INVERSIONES INTERNACIONALES: (...) -- III. BIBLIOGRAFÍA/BIBLIOGRAPHY -- RECENSIONES -- ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., (...) -- ARREDONDO, R., DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR, (...) -- GASCÓN INCHAUSTI, F., RECONOCIMIENTO Y (...) -- GIORGETTI, C. (ED.), CHALLENGES AND RECUSALS (...) -- GUTIÉRREZ ESPADA, C. Y CERVELL HORTAL, (...) -- MARTÍNEZ LILLO, P. A . Y ESTEFANÍA, J. (...) -- PALAO MORENO, G. (ED.) Y AZCÁRRAGA MONZONÍS, (...) -- SOMMER, C., LAUDOS ARBITRALES DEL CIADI, (...) -- VVAA, COLECCIÓN «ABOGACÍA INTERNACIONAL», (...) -- REGLAS EDITORIALES

During the '90s and in the context of broad economic and political reforms aimed at opening markets, promoting foreign investment, and the attack of the troublesome endemic inflation Argentine Governments held numerous bilateral treaties of investment (TBI). According to the TBI, it is possible to get the international responsibility of the host State of the investment by the dictates of an arbitral award in the framework of the institutional of the ICSID or by the dictates of an award by an "ad hoc" arbitration. Breach by the signatory of a TBI of any of its provisions can lead to that State responsibility for breach of its international obligations. ; Durante los años '90 y en el marco de amplias reformas económicas y políticas dirigidas a la apertura de los mercados, promoción de inversiones extranjeras, y al ataque de la problemática endémica inflación del país, los gobiernos argentinos celebraron numerosos tratados bilaterales de inversión (TBI). De acuerdo con lo establecido en los TBI, es posible obtener la responsabilidad internacional del Estado receptor de la inversión mediante el dictado de un laudo arbitral en el marco del institucional del CIADI o mediante el dictado de un laudo por parte de un arbitraje "ad hoc". El incumplimiento por parte del Estado signatario de un TBI de alguna de sus cláusulas puede acarrear la responsabilidad de dicho Estado por incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

The paper reflects on the implications of the foreign investment protection and promotion agreements (fipa) and the investment chapters of the free trade agreements (fta) for countries with a level of development similar to that of Colombia and, consequently, on the importance of establishing clear policies on foreign investment and a robust model to measure the benefits for the country's development but also the risks in terms of regulatory capacity and international liability for non-compliance with the obligations acquired through these agreements. For this purpose, the paper refers to some particularly sensitive protection standards and, from there, analyses the evolution of Colombia's internal investment policy during different government periods based on the relevant provisions of the national development plans, the documents of the National Council for Economic and Social Policy (ncesp) and the model treaties drafted by different governments. This analysis seeks to identify whether Colombia has, so far in this century, established thorough policies for the negotiation and conclusion of investment treaties, and whether the concluded treaties correspond to the proposed models and protect the interests of the State. The study is justified by the increase of significant investment disputes against Colombia in the last two years, several of which are already materialized in procedures before the icsid. ; El artículo introduce algunas reflexiones sobre las implicaciones de los acuerdos de protección y promoción de las inversiones (appi) y de los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio (tlc) para países del nivel de desarrollo de Colombia, y, en consecuencia, de la importancia de contar con políticas claras en materia de inversión extranjera y con un modelo robusto de medición de beneficios en términos de desarrollo y de riesgos en cuanto a la limitación a su capacidad regulatoria y su eventual responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante estos acuerdos. Para ello refiere el escrito algunos estándares de protección particularmente sensibles y, a partir de allí, aporta un estudio de la evolución de la política interna de inversión colombiana, segmentada por los períodos gubernamentales, partiendo de lo incluido en los planes nacionales de desarrollo y en los documentos Conpes, así como en modelos de tratados diseñados en los distintos gobiernos, en aras de identificar si Colombia, en lo que llevamos de este siglo, ha contado con políticas estructuradas que orienten los procesos de negociación y conclusión de tratados que correspondan a los modelos propuestos y a los intereses del Estado. Lo anterior justificado en que Colombia en los últimos dos años se ha visto expuesta a importantes disputas en materia de inversión extranjera, varias de las cuales ya se encuentran materializadas en procesos ante el ciadi. ; o artigo introduz algumas reflexões sobre as implicações dos Acordos de Proteção e Promoção dos Investimentos (appi) e dos capítulos de investimento nos Tratados de Livre Comércio (tlc) para países do nível de desenvolvimento da Colômbia e em consequência, da importância de contar cm políticas claras em matéria de investimento estrangeiro e com um modelo robusto de medição de benefícios em termos de desenvolvimento e de riscos em quanto à limitação à sua capacidade regulatória e de sua eventual responsabilidade internacional pelo incumprimento das obrigações adquiridas mediante estes acordos. Para isto, refere o escrito, alguns standards de proteção particularmente sensíveis e, a partir dali, aporta um estudo da evolução da política interna de investimento colombiano, segmentada pelos períodos governamentais, partindo do incluído nos Planos Nacionais de Desenvolvimento e nos Documentos conpes, assim como em modelos de tratados desenhados nos diferentes governos, em favor de identificar se a Colômbia, no que tem corrido deste século, tem contado com políticas estruturadas que orientem os processos de negociação e conclusão de tratados que correspondam aos modelos propostos e aos e aos interesses do Estado. O anterior justificado em que a Colômbia nos últimos dois anos se tem visto exposta a importantes disputas em matéria de investimento estrangeiro, varias das quais já se encontram materializadas em processos ante o ciadi.

Recently in Spain a deep legislative reform of the electrical sector has been carried out. This fact has considerably reduced state support for the renewable energy sector. For this reason, renewable energy producers claimed damages caused by this legislative change against the Spanish State.The claims were made before national and international courts. The former are rejecting these claims on the basis of the concept of regulatory risk. Meanwhile, with regard to the latter, ICSID has recently decided the first controversy in this respect, failing in favour of investors. This arbitration decision bases its legal argumentation on the breach of the Energy Charter Treaty by the Spanish State.Thus, the analysis undertaken in this article allows identifying the existence of a differential treatment of the subject depending on the application of domestic or international law, which may have important consequences for the sector. ; Recientemente en España se ha llevado a cabo una honda reforma legislativa del sector eléctrico. Esta ha reducido considerablemente el apoyo estatal al sector de las energías renovables. Por esta razón, los productores de energías renovables realizaron reclamaciones contra el Estado español por los daños causados por este cambio legislativo.Las reclamaciones se efectuaron ante tribunales nacionales e internacionales. Los primeros están rechazando estas reclamaciones basándose en el concepto de riesgo regulatorio. Mientras, en cuanto a los segundos, el CIADI ha resuelto recientemente la primera controversia al respecto, fallando a favor de los inversores. Este laudo arbitral basa su argumentación jurídica en el incumplimiento por parte del Estado español del Tratado sobre la Carta de la Energía.De este modo, el análisis realizado en este artículo permite identificar la existencia de un trato diferenciado del tema en función de la aplicación del derecho interno o del internacional, lo que puede suponer unas importantes consecuencias para el sector.

The proportionality principle is a criterion that can be found within the internal legislation of the States as well as in Public International Law, and particularly in its Investment branch. This principle forces the State to apply the least harmful measure in regard to an act attributable to the investor. Whatever measure the State applies, it has to be implemented progressively taking in account other possible measures that the State is legitimized to execute for that specific case. The issue pertaining the Occidental case deals with the unilateral termination of the participation petroleum contract due to the unauthorized cessation of rights in behalf of a third party. The tribunal of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) evaluated the presence of the proportionality principle within the sanction that the Ecuadorian State applied to Occidental. In this sense, the tribunal condemned the sanction taken by the Ecuadorian State because they claimed that the measure was not proportional; this claim was done in spite of the Ecuadorian´s legislation since it contemplates this type of sanction for unauthorized cessation of rights to a third party. With that being said, it is imperative to question oneself about a possible contradiction among the proportionality principle and the legality principle in reference to this particular case. The issue can be solved by applying Public International Law, under the premise that affirms that the proportionality principle does not infringe the faculty a State has to execute the various measures contemplated within its legislation, therefore, it does not transgress the legality principle. ; La proporcionalidad es un criterio que puede encontrarse tanto en la legislación interna de los Estados como en el Derecho Internacional Público, al igual que en su rama de inversiones. Este criterio presupone la ejecución de la medida menos gravosa por parte del Estado frente a un acto imputable al inversionista, la cual debe aplicarse de manera progresiva respecto de otras posibles medidas ajustables al acto que faculta su implementación. El problema planteado frente al caso Occidental parte de la caducidad del contrato de participación petrolera por la delegación de participación que realizó dicha compañía a un tercero. Al aplicar el concepto de proporcionalidad, el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en adelante, CIADI) condenó al Estado ecuatoriano pues consideró que la medida de caducidad, pese a estar contemplada en su legislación, no era proporcional. Ante esto, cabe cuestionarse si en este caso existe una contradicción del principio de proporcionalidad con el de legalidad. El problema tiene su respuesta en el Derecho Internacional Público, sobre la base de la postura que determina que la proporcionalidad no quebranta la facultad estatal de ejecutar las medidas estipuladas en su legislación, es decir, no transgrede el principio de legalidad.

El artículo introduce algunas reflexiones sobre las implicaciones de los acuerdos de protección y promoción de las inversiones (appi) y de los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio (tlc) para países del nivel de desarrollo de Colombia, y, en consecuencia, de la importancia de contar con políticas claras en materia de inversión extranjera y con un modelo robusto de medición de beneficios en términos de desarrollo y de riesgos en cuanto a la limitación a su capacidad regulatoria y su eventual responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante estos acuerdos. Para ello refiere el escrito algunos estándares de protección particularmente sensibles y, a partir de allí, aporta un estudio de la evolución de la política interna de inversión colombiana, segmentada por los períodos gubernamentales, partiendo de lo incluido en los planes nacionales de desarrollo y en los documentos Conpes, así como en modelos de tratados diseñados en los distintos gobiernos, en aras de identificar si Colombia, en lo que llevamos de este siglo, ha contado con políticas estructuradas que orienten los procesos de negociación y conclusión de tratados que correspondan a los modelos propuestos y a los intereses del Estado. Lo anterior justificado en que Colombia en los últimos dos años se ha visto expuesta a importantes disputas en materia de inversión extranjera, varias de las cuales ya se encuentran materializadas en procesos ante el ciadi. ; The paper reflects on the implications of the foreign investment protection and promotion agreements (fipa) and the investment chapters of the free trade agreements (fta) for countries with a level of development similar to that of Colombia and, consequently, on the importance of establishing clear policies on foreign investment and a robust model to measure the benefits for the country's development but also the risks in terms of regulatory capacity and international liability for non-compliance with the obligations acquired through these agreements. For this purpose, the paper refers to some particularly sensitive protection standards and, from there, analyses the evolution of Colombia's internal investment policy during different government periods based on the relevant provisions of the national development plans, the documents of the National Council for Economic and Social Policy (ncesp) and the model treaties drafted by different governments. This analysis seeks to identify whether Colombia has, so far in this century, established thorough policies for the negotiation and conclusion of investment treaties, and whether the concluded treaties correspond to the proposed models and protect the interests of the State. The study is justified by the increase of significant investment disputes against Colombia in the last two years, several of which are already materialized in procedures before the icsid.

Fil: Schiariti, Carlos Francisco. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. ; "El propósito de este trabajo es entender el proceso que desencadenó la reestatización del servicio de agua potable del Área Metropolitana de Buenos Aires, a partir de la presentación de los hechos y el análisis de los factores, actores, y cuestiones que intervinieron. Se considerará que el punto de partida del proceso reside en el momento de la privatización del servicio que sentó un importante precedente para los hechos que vendrían, constituyendo de esta manera, hasta el fin de la convertibilidad dólar-peso, el primer momento o "nudo" de la política pública. El segundo momento se inicia con la demanda ante el Ciadi de las empresas proveedoras de servicios públicos hasta el primer acuerdo parcial de Aguas Argentinas con el presidente Kirchner. El tercer y último momento comienza con las protestas de las organizaciones de la sociedad civil en contra del Grupo Suez, dueño de Aguas Argentinas, en el contexto de las elecciones a legisladores nacionales, finalizando con la renegociación fallida que llevó a la reestatización del servicio. La relevancia del caso a estudiar consiste en la importancia de evaluar cuáles fueron las fallas en las que se incurrió en el control estatal, tanto en el diseño y en la implementación de la política pública como en el proceso de renegociación que condujeron al Estado a tomar el control del servicio público. Por lo tanto, el objetivo del trabajo es construir un aprendizaje de lo sucedido para poder mejorar el diseño e implementación de políticas públicas, particularmente relacionadas con la prestación de servicios públicos. El trabajo incluye un análisis del último momento del conflicto previo a la reestatización del servicio a partir de la teoría del dilema del prisionero para comprender las estrategias y motivaciones de los actores intervinientes que condujeron a la reestatización del servicio. The purpose of this thesis is to understand the process that triggered the re-nationalization of the water and sewage system in the Buenos Aires Metropolitan Area, by presenting the facts and analyzing the factors, actors, and issues involved. The starting point is considered to be the privatization of the service which actually set a very important precedent for the events to come, and thus becoming into the first moment of the public policy. The second moment starts with the claim of the public service companies to the ICSD until the first partial agreement of Aguas Argentinas with President Kirchner. The third and last moment starts with the demonstrations conducted by civil society organizations against the Suez Group, owner of Aguas Argentinas, by the time of the elections for seats in the parliament, ending with the failed renegotiation that lead to the re-nationalization of the service. The relevance of this case study consists of the importance of assessing which were the flaws incurred in the state control of the service, not only in the design and implementation of the public policy but also in the renegotiation process that lead to the national state to gain control of the public service. Therefore, the aim of this thesis is to learn from what happened so as to improve the design and implementation of public policies, particularly related to the provision of public services. The case study includes an analysis of the last moment of the conflict before the re-nationalization of the service with the prisoner's dilemma, so as to better understand the motivations and strategies of the actors involved that lead to the re-nationalization of the public service. " ; Di Virgilio, María Mercedes

Peru is a country rich in natural resources, which is not at issue but when we seek the richness of the soil resource is found that the lowest in Latin America, the relationship between man and land in our country for food production is low and limited, located only in some regions, so it is necessary to develop a strategy for integrated management of land, which starts from the ground potential, its economic, environmental and social knowledge of the possibilities, from a proper zoning, economic and ecological, categorizing their relationship to occupancy to avoid a conflict of use or benefit to our country almost always ends in socio-environmental conflicts. For example, it has contaminated soils in La Oroya, which is now a matter of legal dispute will be environmental in the arbitration against the Peruvian government before the International Centre for Settlement of Inves-tment Disputes (ICSID) for failing to decontaminate soils of La Oroya. In the case of La Oroya Antigua, is the presence of soil contaminants such as arsenic, cadmium, lead, mercury, antimony, surpassing international standards, if we compare only 393 times the arsenic exceeds international standards, then we are faced a problem that has to be addressed in a comprehensive way, not only by the presence of contaminants in soil, but also to attack and reduce or eliminate the source of generation of pollutants. In regard to pollution control of water and air have come, but has been neglected specific attention to the problem of contaminated soil, which can be seen in the lack of environmental legislation in relation to the soil and subsoil which understand from the rocky phase organic soil components. Far failed to resolve the question: What values compare national soil to see if this contaminated? Because there are no values or maximum allowable limits or standards of environmental quality, such a vacuum requires a prompt settlement of the Ministry of Environment, then all this forces us to thin in an integrated management of soils, ranging from assessment, land use planning, land management and remediation strategy to be applied to a safe environmental quality in our country. ; El Perú es un país rico en recursos naturales, lo cual no está en discusión, pero cuando buscamos la riqueza del recurso suelo, encontramos que es la más baja de América Latina. La relación hombre-suelo en nuestro país, para la producción de alimentos, es baja y limitada, localizada solo en algunas regiones; por ello, es necesario desarrollar una estrategia de gestión integrada del suelo, que parta desde su potencial, su valor económico, ambiental y social, conociendo las posibilidades de uso, a partir de una adecuada zonificación, económica y ecológica, categorizando su relación de uso y ocupación para no generar un conflicto de uso o aprovechamiento, que casi siempre en nuestro país termina en conflictos socioambientales. Por ejemplo, se tienen los suelos contaminados en La Oroya, que en la actualidad es un tema de conflicto legal ambiental que se verá en el proceso de arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por no haber descontaminados los suelos de La Oroya. En el caso de La Oroya Antigua, se tiene la presencia de contaminantes en el suelo, como arsénico, cadmio, plomo, mercurio, antimonio, superando los estándares internacionales; si comparamos solamente el arsénico, supera 393 veces los estándares internacionales. Entonces, nos encontramos ante una problemática que tiene que ser atendida de una manera integral, no solamente por la presencia de los contaminantes en los suelos, sino también para atacar y disminuir, o eliminar, la fuente de generación de los contaminates. En lo que se refiere a control de la contaminación de agua y aire hemos avanzado, pero se ha descuidado una atención específica a la problemática de suelos contaminados, lo que se aprecia en la falta de una legislación ambiental con relación al suelo y subsuelo, que comprenda desde su fase rocosa a la parte orgánica de los componentes del suelo. Hasta el momento no se ha podido resolver la pregunta: ¿Con qué valores nacionales comparo un suelo para saber si esta contaminado?, porque no existen los valores ni límites máximos permisibles ni estándares de calidad ambiental, tal vacío requiere una pronta solución de parte del Ministerio del Ambiente; entonces todo ello nos obliga a pensar en una gestión integrada de suelos, que abarque desde su evaluación, planificación de uso, ordenamiento territorial y estrategia de descontaminación que se deberá aplicar para un ambiente seguro de calidad ambiental en nuestro país.

En las últimas semanas se fueron sumando las voces que alertaban sobre la posibilidad de una nueva crisis en la Argentina, a raíz de la vulnerabilidad que presentaría su economía en determinadas variables. Para muchos, todo hace indicar que estamos en la antesala de un espiral de desconfianza, del cual Uruguay podría verse nuevamente perjudicado.Pero no fueron Don José y Doña María quienes así lo dedujeron mirando Crónica TV. Los anuncios vinieron desde reconocidos analistas de Wall Street y el FMI, que pusieron en duda la fortaleza económica e instalaron la posibilidad de una nueva cesación de pagos, a los que se agregan algunas calificadoras de riesgos (Standard & Poor's bajó la calificación de la deuda argentina) y el Banco de España, calificando la inversión en Argentina como "riesgosa".Las advertencias se concentran, principalmente, en la continua salida de capitales y la fuerte desvalorización que sufrieron los principales activos financieros domésticos, producto del incremento de la deuda pública, del manejo de los índices inflacionarios del INDEC y de la reducida captación de inversión extranjera directa.Enfoquémonos en estos problemas uno por uno, comenzando por el aumento de la deuda. Las sucesivas colocaciones de bonos a Venezuela desde el canje de 2004 implicaron un aumento de la deuda para la Argentina de más de 23.000 millones de dólares. Mes a mes se paga, pero cada vez se debe más por la inflación, la colocación de nueva deuda y los intereses impagos. Se calcula que el año próximo tendrá que pedir unos US$4500 millones extras, y no puede acceder a las puertas del financiamiento internacional hasta en tanto no haya acordado la cancelación de la deuda con el Club de París. De allí que muchos analistas venían clamando por hacer uso de esta opción.En lo que respecta al descrédito del INDEC, la situación es ya caótica, pues nadie (salvo el gobierno puertas adentro) tiene una idea certera de cuál es la inflación, que se estima mayor al 30% anual. Siete de cada diez personas no confían en las cifras del INDEC, según una encuesta realizada por Ibarómetro en Buenos Aires provincia y capital. La manipulación de las cifras inflacionarias inquieta a los inversores extranjeros que ya operan en la Argentina y desata enormes críticas en la prensa internacional, como la de los diarios Financial Times, Le Monde, Liberation, etc.Asimismo, al endeudamiento y la inflación se suman otros tantos elementos que alejan nuevas inversiones de la Argentina, como fue expresado por fuentes del Departamento de Estado de los EEUU. El no cumplimiento de los fallos adversos dictados por el CIADI, los casos de corrupción y el reciente conflicto con el grupo Marsans ante la renacionalización de Aerolíneas Argentinas, son ejemplos de por qué la Argentina se encuentra demasiado al fondo del ranking de captación de inversiones en Sudamérica, por detrás de Brasil, Chile, Colombia y Perú.Pero no todos los números evidencian problemas. Por el contrario, la economía argentina avanza desde hace cinco años entre un 8 y 9% anual, y su crecimiento para el 2009 fue estimado por la CEPAL en un 4% anual, similar al anunciado para Brasil, aunque en el caso argentino en tendencia bajista. Existe un importante superávit fiscal (por un importante incremento de la recaudación impositiva) y comercial, se han acumulado sólidas reservas en el Banco Central para enfrentar shocks externos y se argumenta que el peso de la deuda representa actualmente un 53% del PBI frente al 140% para fines de 2003.¿A quien responden, entonces, estos augurios de crisis? ¿Se tratan de meros intereses de quienes los impulsan, como declaró la presidente Kirchner? ¿O hay por detrás una legítima preocupación sobre la evolución de las variables macroeconómicas?Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, este escenario de desconfianza ya es preocupante por aquello de la "profecía auto-cumplida": una expectativa negativa (aún si es errónea) no hace otra cosa que generar un "efecto dominó" que, finalmente, acaba en una verdadera crisis.Y ello el gobierno argentino lo sabe muy bien. De allí que buscó salir en los últimos días a contrarrestar estas crecientes señales negativas y asegurar que la economía está sólida y lejos de un nuevo "default". En primer lugar, con discursos, a través de un seminario internacional que organizaron el Consejo de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio, en el que expusieron el ministro de economía, Carlos Fernández, el presidente del Banco Central, Martín Redrado y el actual jefe de gabinete nacional, Sergio Massa.En segundo lugar, lo hizo con medidas. Decidió el pasado miércoles 3 cancelar la deuda que la Argentina tiene con el Club de París desde inicios de la democracia, comprometiéndose al pago de US$ 6700 millones, sin renegociarlo y pagando todo al contado. Buscó así dar un fuerte golpe de imagen, de modo de evitar la escalada de desconfianza y captar mayor inversión y financiación.Es temprano aún para emitir juicios al respecto. Ya han surgido voces que atribuyen la drástica acción al deseo de (los) Kirchner de huir de las negociaciones con el FMI que los obligue a impulsar una lucha sincera contra la inflación. Pero también han aparecido muestras de tímido optimismo entre analistas e inversores financieros, que resaltan que habrá un mayor financiamiento para los sectores público y privado y se recompondrán los activos financieros locales.¿Qué sucederá con la Argentina? ¿Marchará hacia una nueva crisis o logrará esquivar estas poderosas alertas?En el Uruguay, por las dudas, vayamos preparando las defensas. No nos olvidemos que cada vez que soplan los vientos huracanados del "Pampero", los que ligamos tormenta somos nosotros. * Estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacionales. Depto. Estudios Internacionales. Universidad ORT- Uruguay.

929 p. : ill. ; 21 cm. ; pretende analizar la disputa existente entre el Derecho Internacional del Comercio y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El capitalismo diseña un marco jurídico, político y económico en el que las empresas transnacionales se desenvuelven sin contrapesos suficientes. El Derecho Internacional no tiene articulados sistemas jurídicos capaces de someter a las multinacionales a control. Una de las características más destacables de los sistemas jurídicos internacionales en la actual globalización neoliberal reside en la debilidad, cuando no ausencia, de normas universales entendidas como vehículo de los valores de la comunidad internacional. El capitalismo diseña un marco jurídico, político y económico en el que las empresas transnacionales se desenvuelven sin contrapesos suficientes. El Derecho Internacional no tiene articulados sistemas jurídicos capaces de someter a las multinacionales a control. Tanto los sistemas universales de protección de los derechos humanos y laborales fundamentales, como los códigos externos y la Responsabilidad Social Corporativa no pueden neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial Global. La acción social y sindical debe impulsar propuestas jurídicas y sociales en el camino hacia el control de las multinacionales, lo que requiere, en primer lugar, sumar voluntades desde el movimiento sindical, ONG y movimientos sociales. Para ello existe un caudal común de principios articulados en torno a los Foros Sociales Mundiales que, unidos a la estrategia normativa de aprobación de un código externo vinculante y de un Tribunal Intencional, permita diseñar propuestas precisas y viables. No obstante, el compartir estrategias exige superar desafíos internos de cada uno de los agentes implicados y acercar posturas con relación al control de empresas transnacionales. ; Abreviaturas más frecuentes 19 Introducción 25 PARTE PRIMERA La caracterización jurídico-económica 39 de las empresas transnacionales en la globalización neoliberal Capítulo I. La globalización neoliberal: planteamiento de la cuestión 45 I.1. Algunas cuestiones preliminares 45 I.2. Efectos de la globalización: algunos datos 50 I.3. Ideas-fuerza de la globalización 54 I.3.I. Características 68 I.3.I.1. Político-económicas 68 I.3.I.2. Socio-jurídicas 71 Capítulo II. Empresas transnacionales versus soberanía estatal: 75 modificaciones jurídico-políticas II.1. Antecedentes y orden internacional 76 II.2. Transnacionalización y soberanía: nuevo orden internacional 78 II.3. Empresas transnacionales y soberanía: crisis y jerarquización 82 de los Estados II.3.I. Proyecto energético Sajalin-2. Análisis de caso 85 II.3.II. Multinacional farmacéutica Novartis-Gobierno 88 de la India. Análisis de caso II.3.III. Pérdida de funciones del Estado 95 II.4. Empresas transnacionales, pluralismo jurídico 99 y competencias estatales Capítulo III.Las empresas transnacionales. Poder político y económico 109 III.1. Las empresas transnacionales como actores económicos 110 III.1.I. Datos cuantitativos 113 III.1.II. Simbiosis del poder económico y del poder político 118 III.2. Las Empresas Transnacionales como actores políticos 120 III.2.I. Estrategias de las empresas transnacionales 120 ante los gobiernos del Sur III.2.II. Concentración económica-concentración política 125 Fusiones y monopolios III.2.III. Prácticas irregulares y privatizaciones 128 III.2.IV. Las empresas transnacionales y los lobbies de poder 132 III.3. Relaciones Estado español-Empresas Transnacionales 136 en América Latina. El caso de Bolivia Capítulo IV.Modificaciones institucionales y jurídicas favorables 143 a la actividad de las empresas transnacionales IV.1. Modificaciones jurídico-formales 144 IV.2. Derecho Comercial Global: nueva Lex Mercatoria 152 favorable a las empresas transnacionales V.2.I. La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia 157 Análisis de caso IV.2.I.1. Antecedentes 157 IV.2.I.2. Decreto sobre nacionalizaciones 159 IV.2.I.3. Tratado Bilateral de Inversiones España-Bolivia 163 IV.2.I.4. Los nuevos contratos de explotación 165 IV.2.I.5. Balance final 168 IV.2.II. Los contratos de las empresas transnacionales 171 con los Estados receptores IV.3. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial 178 y la Organización Mundial del Comercio. Transparencia y participación democrática IV.3.I. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 179 IV.3.II. La débil legitimidad de la Organización Mundial del Comercio 182 L AS EMPRESAS TRANSNACIONALES FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS: HISTORIA DE UNA ASIMETRÍA NORMATIVA 6 IV.4. Principios fundamentales del Derecho Comercial Global 189 IV.4.I. Antecedentes y crisis de la multilateralidad 189 en la OMC. El principio de igualdad IV.4.II. Los Acuerdos Comerciales y de Inversiones Regionales 199 y Bilaterales.Principios fundamentales IV.4.II.1. Conceptos de inversión, trato justo y equitativo, 203 trato nacional y de nación más favorecida, trato más favorable, ausencia de prohibición de requisitos de desempeño, indemnizaciones, transferencias al exterior de capital y cláusulas de estabilización IV.5. Las normas sociales y laborales de la OMC y de los Acuerdos 208 Comerciales y de Inversiones Regionales y Bilaterales IV.5.I. La ausencia de regulación de normas sociales y laborales 209 de la Organización Mundial del Comercio IV.5.II. El débil contenido regulatorio de las normas sociales 213 y laborales de los Acuerdos Comerciales y de Inversiones Regionales y Bilaterales IV.6. El Sistema de Solución de Diferencias de la OMC y los Tribunales 222 Arbitrales Internacionales IV.6.I. El Sistema de Solución de Diferencias (SSD) 223 IV.6.II. Los sistemas arbitrales en los Acuerdos Comerciales 230 y de Inversiones Regionales y Bilaterales IV.6.III. El Arreglo de Diferencia relativas a Inversiones (CIADI) 234 Capítulo V. Crisis de los derechos humanos y laborales fundamentales 245 en el marco de la globalización neoliberal. ¿Límites a la actividad de las empresas transnacionales? V.1. Los derechos humanos: iter normativo de los derechos civiles 248 y políticos, sociales, económicos y culturales V.1.I. Derechos humanos y globalización neoliberal 248 V.1.II. Antecedentes y contenidos de los derechos civiles 251 y políticos, sociales,económicos y culturales V.2. Las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos 254 V.2.I. Caracterización general de los impactos de las empresas 255 transnacionales en los derechos humanos ÍNDICE GENERAL 7 V.2.II. Análisis de casos. Criterios geográficos: China y Colombia 259 V.2.III. Análisis de casos. Criterios sectoriales. Derechos laborales 262 V.3. La estructura y exigibilidad jurídica de los derechos sociales, económicos y culturales 266 V.4. El derecho al desarrollo 271 V.5. Los derechos laborales como derechos humanos 275 V.6. El trabajo decente 281 PARTE SEGUNDA Encuadramiento jurídico de las empresas transnacionales. 291 Los códigos externos. Del derecho clásico al Soft Law Capítulo I. Sistemas nacionales y universales de protección de los 293 derechos humanos y laborales fundamentales frente a las empresas transnacionales I.1. Delimitación conceptual 293 I.2. Estructura y régimen jurídico 297 I.3. La responsabilidad jurídica de los Estados por la actividad 306 de las empresas transnacionales I.3.I. La debilidad de los Estados receptores de inversiones frente a 308 las empresas transnacionales. Análisis de caso: la reforma del mercado de trabajo en América Latina I.3.I.1. El Derecho del Trabajo y la Globalización Económica 308 I.3.I.2. América Latina. Tendencias generales 315 I.3.II. La aplicación Horizontal del Derecho Internacional: Host States 323 I.3.III. Los Home States 325 I.4. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Laborales Fundamentales. Normas aplicables y jurisdicciones competentes 329 I.4.I. Mecanismos de Protección Internacional de los Derechos 335 Humanos. Sistemas contenciosos, no contenciosos y extraconvencionales I.4.II. La Corte Penal Internacional 337 I.5. Análisis de casos. Efectividad de los Convenios de la Organización 340 Internacional del Trabajo para el examen de quejas por violaciones al ejercicio de la Libertad Sindical y la Corte Interamericana de Justicia L AS EMPRESAS TRANSNACIONALES FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS: HISTORIA DE UNA ASIMETRÍA NORMATIVA 8 I.5.I. El Comité de Libertad Sindical. El caso de Colombia 349 I.5.II. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 351 Capítulo II. Códigos externos. Iter jurídico-político 357 II.1. Contexto socioeconómico 358 II.2. Contexto sociopolítico 360 Sección primera. Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 371 Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1. Antecedentes socio-jurídicos 371 2. La Declaración Tripartita de Principios sobre 381 las Empresas Multinacionales y la Política Social 2.1. Antecedentes 381 2.2. Contenidos de la Declaración Tripartita de Principios 384 sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social 3. Procedimientos de seguimiento de la Declaración Tripartita 388 de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social 4. Procedimiento de interpretación de la Declaración Tripartita 396 de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social 5. Actividades promocionales de la Declaración Tripartita 399 de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social Sección segunda. Directrices de la Organización para la Cooperación 402 Económica y el Desarrollo (OCDE) para Empresas Multinacionales 1. Antecedentes socio-jurídicos 402 2. Fases de adopción de las Directrices de la OCDE 406 para Empresas Multinacionales 3. Principios y contenidos de las Directrices de la OCDE para Empresas 408 Multinacionales 4. Marco institucional sobre el que se sustentan las Directrices de la 415 OCDE para Empresas Multinacionales 5. Procedimiento de control de las Directrices de la OCDE para 416 Empresas Multinacionales. Los Puntos Nacionales de Contacto 6. Evaluación de los casos planteados en los Puntos Nacionales 420 de Contacto ÍNDICE GENERAL 9 6.1. Informe de los Puntos Nacionales de Contacto de la Organización 420 OECD Watch 6.2. Encuentro de los Puntos Nacionales de Contacto en países 432 de América Latina 6.3. Informe Anual de los Puntos Nacionales de Contacto 2006 437 7. El Punto Nacional de Contacto Español 439 7.1. Una hipótesis de trabajo: el caso de Unión Fenosa en Colombia 441 7.1.1. Reflexiones generales 441 7.1.2. Propuestas para la reclamación contra Unión Fenosa 444 en el Punto Nacional de Contacto Español Sección tercera. El Pacto Mundial y las Normas sobre las 453 Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos de Naciones Unidas 1. Naciones Unidas: contexto internacional 453 2. Prácticas Institucionales en el ámbito de Naciones Unidas 454 3. Iter normativo en el ámbito de Naciones Unidas 461 4. Las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales 469 y otras Empresas Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos. Análisis de su contenido 5. El Pacto Mundial 483 5.1. Contenido y estructura 485 5.2. Sistemas de participación y ventajas que aporta 489 el Pacto Mundial 6. El Pacto Mundial en España 493 7. Los Informes de Progreso del Pacto Mundial en España 496 8. Informe de Progreso de Unión Fenosa. El caso de Nicaragua 505 PARTE TERCERA Códigos internos y acción social y sindical a favor del control 519 de las empresas transnacionales. Propuesta normativa Capítulo I. Códigos internos 521 Sección primera. Ética de la Empresa 522 1. Reflexiones sobre el modelo político-económico y sobre la Ética 522 de la Empresa L AS EMPRESAS TRANSNACIONALES FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS: HISTORIA DE UNA ASIMETRÍA NORMATIVA 10 1.1 Relaciones de poder Estado-Empresa 528 1.2. Ética de los Negocios 530 2. Ética de la empresa-empresa ciudadana 539 3. Responsabilidad ética de las empresas transnacionales inversoras 545 en los países del Sur y la macro ética laboral Sección segunda. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 548 y los Códigos de Conducta 1. Contexto jurídico-político 548 2. La Responsabilidad Social Corporativa y los Códigos de Conducta 554 2.1. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 554 2.1.1. Concepto y rasgos fundamentales 556 2.1.2. Responsabilidad Social Corporativa de las empresas 568 transnacionales en América Latina: breves referencias 2.1.3. Evaluación y verificación de la Responsabilidad 572 Social Corporativa 2.2. Los Códigos de Conducta 579 2.2.1. Concepto 579 2.2.2. Contenido 582 2.2.3. Control 585 2.2.4. Acuerdos Marco Globales 587 Sección tercera. Análisis de caso. Las prácticas de la empresa 590 transnacional BBVA 1. Informe anual de RSC de 2006 del BBVA 592 1.1. Grupos de interés 595 1.2. Aspectos metodológicos 597 1.3. Aspectos críticos 600 2. Informe Final de la Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente 605 de los Pueblos sobre el BBVA 2.1. Contexto 605 2.2. Hechos 605 2.2.1. Fomento de los conflictos bélicos en el mundo 606 por la financiación de empresas armamentísticas y del comercio en este sector ÍNDICE GENERAL 11 2.2.1.1. La financiación de bombas de racimo 606 2.2.1.2. La financiación de exportación de armas 607 2.2.2. Compra de voluntades políticas 607 2.2.3. Blanqueo de capitales 608 2.2.4. Prácticas antihumanitarias 608 2.2.4.1. Clausura de cuentas Enlace Civil y Osimech 608 (Chiapas, México) 2.2.4.2. Clausura de cuentas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia) 609 2.2.4.3. Comisiones por ayuda humanitaria 610 2.2.5. Financiación de proyectos altamente contaminantes 611 2.2.5.1. El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en Ecuador 612 2.2.5.2. Proyecto de gas licuado y gaseoducto de Camisea en Perú 613 2.2.5.3. El gaseoducto Gasyrg en Bolivia 613 2.2.5.4. El Bloque 31 y Petrobas en Ecuador 614 2.2.5.5. La megapapelera de ENCE en Uruguay 614 2.2.5.6. Financiación de minería de cielo abierto 615 en Chile y Perú 2.2.5.7. El BBVA financia emisiones de CO2 615 y el cambio climático 2.2.5.8. El financiamiento de REPSOL YPF 616 2.2.5.9. El financiamiento de Iberdrola 617 2.2.6. Relaciones laborales 618 2.2.7. Remesas 622 2.2.8. Microfinanzas 623 2.2.9. Pensiones. Contribución al empobrecimiento 624 de la población a través de las AFP 2.2.10. Retribuciones de los cargos directivos 625 2.2.11. Uso y abuso de paraísos fiscales 626 2.2.12. Abuso financiero y fraude a clientes 627 Capítulo II. Acción social y sindical a favor del control de las empresas 629 transnacionales. Propuesta normativa L AS EMPRESAS TRANSNACIONALES FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS: HISTORIA DE UNA ASIMETRÍA NORMATIVA 12 II.1. Límites normativos de la intervención social y sindical 629 II.2. Iniciativas sociales y sindicales como vías para el control 633 de las empresas transnacionales II.2.I. Tribunal Permanente de los Pueblos y experiencias 641 sindicales españolas II.2.II. Acción Sindical 647 II.3. Propuesta de control normativo de las empresas transnacionales 652 II.3.1. Planteamiento de la cuestión 653 II.3.2. Contenido de las normas sociales/cláusulas sociales 658 Conclusiones 661 I. Un nuevo derecho comercial Global-Lex Mercatoria 663 II. Sistemas de control de las empresas transnacionales. 668 Del derecho clásico al Sof Law III. Los códigos internos y la responsabilidad social corporativa 679 IV. Propuesta normativa y acción social y sindical 683 a favor del control de las empresas transnacionales Anexos 689 Bibliografía 851