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El artículo muestra la evolución de los acontecimientos relativos a la seguridad durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), hasta finalizar 2005. La política de seguridad democrática se construyó sobre la marcha mediante tres líneas de acción: la primera, la continuación de la ofensiva contra las FARC, activada al final del gobierno anterior; la segunda, una "política de paz" con los paramilitares, y la tercera, un grupo de políticas específicas –como los soldados campesinos, los estímulos a la deserción y las redes de informantes– destinadas a alimentar a las otras dos. La ofensiva contra las FARC –que continuó con la ayuda de Estados Unidos– se sofisticó luego mediante el Plan Patriota, que se concentró en el sur del país, retaguardia estratégica de esta guerrilla. El proceso con los paramilitares ha sido complejo, debido a las dificultades de sacar adelante una ley que permite un castigo menor para los autores de crímenes de guerra y violaciones al derecho humanitario. Y las políticas puntuales han sido ambivalentes en sus resultados, así como lo es la política de seguridad en general. El artículo termina con la incertidumbre que implicó el inicio informal del proceso electoral a fines de 2005, que incorpora la seguridad y condiciona sus políticas hacia el futuro inmediato. ; This article shows the evolution of security –related policies formulated during Alvaro Uribe's presidency (2002-2006)– through the end of 2005. The policy of democratic security was implemented along three lines. First, the continuation of the military offensive against the FARC which was started by the previous government. This offensive has been possible thanks to U.S. aid and was revamped with the more sophisticated Plan Patriota, operating mainly in the southern part of the country where the strategic rearguard of the FARC is located. Second, a "policy of peace" with the paramilitary, which has been complex due to the difficulties of promoting a law that permits minor punishments for the authors of war crimes and international humanitarian law violations. And third, a series of specific measures –such as peasant soldiers, desertion incentives, and informant networks– destined to strengthen the other two. These policies have had ambivalent results, just as the entire security policy more generally. The article ends with the uncertainty generated by the informal beginnings of the electoral process at the end of 2005, which incorporate security concerns and conditions security policies in the future.

Based on research in poor urban neighborhoods of the Dominican Republic and work with the Dominican government, this study explores how the state and the most vulnerable members of Dominican society have come to terms with a new complex criminality. A "young" democracy, the Dominican state has struggled to impose its authority in poor neighborhoods, where non-state actors offer "alternative governability," providing employment, imposing their own order sometimes through violence, and establishing new norms and identities. The study identifies two phenomena that affect security and democracy: "criminogenic ecosystems" in which there is an overlap of older and newer forms of violence and criminality; and "state-tropism," the attraction of private criminal actors toward the state to co-opt officials for their illicit enterprises, leading to new forms of state-criminal symbiosis. These basic concepts inform the eight chapters of this dissertation. Chapter One, "Violence, Security and Democracy," provides a theoretical background, introducing concepts such as social exclusion, the new violence, contested spaciality, and parallel authority, among others. Chapter Two, "Preparing the Ground for the New Criminality," documents the political and economic transitions of the last five decades, without which the recent upsurge of criminal violence cannot be understood. The modernization of the state and liberalization of the economy exacerbated informality, spatial segregation, and social exclusion. Violence itself was "democratized," going from a government monopoly to a shared, renewable resource. Chapter Three explains "criminogenic ecosystems," documenting the changes in criminal activities and citizen perceptions of insecurity leading to a sharp spike in violent crime around 2004. Despite the upsurge, the evolution of drug trafficking and organized crime into a criminogenic ecosystem was not an overnight process. The government offered no response to this critical challenge beyond more severe versions of the "iron ...

Sólo desde hace algunos años, en América latina la seguridad ciudadana pasó a ser considerada una política pública como la educación y la salud (Arslanian, 2008). En parte, este movimiento fue el resultado de los procesos de democratización posterior a las dictaduras cívico-militares, cuando el foco de atención se desplazó de la ?seguridad nacional? ?e incluso de la ?seguridad pública? que tiene como objetivo mantener el orden público del Estado?,hacia el concepto de ?seguridad ciudadana? y democrática (Carrión, 2009:12; Saín, 2002).Como sostiene el informe sobre ?Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos? de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2009), se debe entender a la seguridad ciudadana como un derecho fundamental de la ciudadanía, que debe ser garantizado por el Estado, generando un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, lo que lleva a poner el énfasis en políticas preventivas más que en tareas reactivas, posteriores a los hechos. En Argentina, una nueva concepción de la seguridad que rescata esta mirada y que fue plasmada por el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD, 2009), plantea no sólo el deber indelegable del Estado en garantizar la seguridad ciudadana y, como parte de ello, fortalecer la conducción política democrática de lasfuerzas de seguridad, sino también una serie de ejes que las políticas públicas de seguridad deben considerar englobados bajo el nombre del ?paradigma de seguridad democrática?.Así, se pasa de un paradigma centrado casi exclusivamente en la legislación penal y en el sistema penal, en particular en el actor policial, a un paradigma de seguridad democrática, que parte de una comprensión de las violencias y delito como fenómenos multicausales, dinámicos e históricos. Esta concepción requiere entonces estrategias integrales que involucren diferentes actores que permitan abordar dicha complejidad (Carrión, 2009; Selmini, 2009). Así, se plantea como necesario elaborar estrategias multiagenciales Y multisectoriales con una fuerte participación de la ciudadanía en cada etapa del ciclo de la política pública, partiendo de una concepción democrática de la sociedad compuesta por intereses en pugna que deben ser canalizados. En efecto, no se trata de imponer un orden, sino de gestionar los conflictos y prevenir que se vuelvan violentos.En los últimos años, como parte de la reforma del Estado (Acuña, 2010), se ha acentuado la descentralización del gobierno de la seguridad, tanto del ámbito nacional al provincial, como del provincial al municipal, generando nuevos desafíos y oportunidades. Reformas judiciales que buscan facilitar el acceso a la justicia a nivel local y la creación de policías locales son parte de dicho proceso. Por lo tanto, el abordaje territorial pasó a ser central tanto a nivel de la política pública como desde el ámbito de la investigación académica,dando lugar a nuevos temas, enfoques y metodologías que pudieran abarcarlo.Si bien ya existe cierto nivel de consenso político sobre los ejes de la seguridad democrática, surge como pregunta qué se está haciendo realmente bajo dichos títulos y qué efectos se están produciendo a nivel local (Sozzo, 2009). En este sentido, los artículos que son parte de este dossier temático dedicado a los abordajes locales de la seguridad ciudadana, recuperan esta misma preocupación, sistematizada bajo las siguientes preguntas: ¿qué gobierno de la seguridad?; ¿qué multiagencialidad?; ¿qué políticas de prevención?;y ¿qué participación ciudadana?, entre otras. ; Fil: Otamendi, Maria Alejandra. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones "Gino Germani"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina

A través de un estudio de caso en la zona del Sumapaz -localidad 20 de Bogotá-, se hace un análisis del conflicto armado colombiano. En esta región, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ejerció presencia y control en el marco de su política de seguridad democrática, coherente con una estrategia contrainsurgente que niega la existencia del conflicto armado. Allí mismo, el gobierno distrital, manejado por el partido político de oposición Polo Democrático Alternativo, desarrolla políticas para el restablecimiento de la seguridad y la convivencia, las cuales tampoco se corresponden con la existencia de dicho conflicto, pues carece de mecanismos apropiados para proteger los derechos de sus habitantes. Aunque ambos gobiernos reivindican el fortalecimiento de la gobernabilidad y la institucionalidad en la región, su presencia allí es precaria. Los funcionarios ejercen sus cargos desde la capital y la población se mantiene a merced de una ?ocupación militar?, que nadie desconoce. Se constata allí cierta subordinación de la política distrital a la nacional y de la autoridad civil a la militar, lo que se evidencia con la presencia en la zona de unos 3000 soldados. La alternativa del gobierno distrital, impulsor de la política de seguridad ciudadana, ha sido la construcción de un pacto de convivencia, como una vía para devolver la paz y la tranquilidad a la región, buscando mejorar la calidad de vida con oferta educativa, salud e infraestructura vial. El reto, construir gobernabilidad democrática con participación ciudadana y fortalecer allí la institucionalidad del Estado.

A partir del concepto de discurso de Michel Foucault, este trabajo plantea la prevalencia histórica de un discurso militarista en la sociedad colombiana, que tiende a reforzarse con la política de Seguridad Democrática de Alvaro Uribe Vélez. Apartándose de las maneras como tradicionalmente se han asumido los estudios del militarismo, que ven en él un asunto relacionado con el peso o grado de autonomía que en un régimen político alcancen las fuerzas militares, el militarismo se asume como producto de una construcción histórico social| un referente de identidad que termina predominando en el imaginario material y simbólico de la sociedad colombina, como el régimen o voluntad de verdad a través del cual están mediadas y se perpetúan las relaciones de poder. El predominio de un discurso militarista en Colombia se refleja en la manera como distintos sectores comprenden las formas de acceso al poder y en la que terminan convocados los partidos políticos tradicionales, los grupos de poder y los que desde la ilegalidad asumen la oposición o defensa del Estado. Igualmente, y en general, quienes no necesariamente estando adscritos a los grupos de poder, aceptan la militar como la forma de garantizar el orden y la seguridad ciudadana, confundida en últimas con la seguridad del Estado. El trabajo plantea que la acogida de la Política de Seguridad Democrática es el producto de un encuentro entre una sociedad imbuida de un discurso militarista y una propuesta de gobierno con la cual entra fácilmente en sintonía.

El diagnóstico de la estrategia "Seguridad Democrática" del Plan, ignora y desconoce las causas sociales, económicas y políticas que dieron origen al levantamiento armado y a la organización político-militar de la insurgencia, pues plantea que la causa fundamental de los problemas sociales y de violenciadel país se deben a la existencia del narcotráfico y a las posibilidades de financiación que de allí se derivan para la insurgencia y el paramilitarismo. En estos términos la solución no puede ser otra que la imposición de un radicalismo militar extremo que de antemano desprecia toda forma de negociación política. Esta manera de abordar los problemas de la sociedad colombiana se discuten en el presente artículo, mostrando su naturaleza social, política y económica, por lo cual las soluciones deben estar enmarcadas en este mismo contexto y no se deben reducir a una propuesta exclusivamente militar.La reflexión finaliza con un breve balance sobre lo que ha significado la "Seguridad Democrática", mostrando que la estrategia para liquidar toda forma de manifestación de violencia e insurgencia armada son las reformas estructurales en la sociedad y el Estado.

La "seguridad democrática" ha sucitado una profunda discusión en el páis. Aunque dicha discusión es vital para la construcción de la democracia, el hehco de que algunos de sus críticos y defensores no ofrecerian suficientes razones y evidencias para respaldar sus afirmaciones contribuyó en cierto modo a polarizar la sociedad colombiana. Fundamentada en algunas consideraciones conceptuales y luego de explicar otros esquemas de seguridad democrática en América Latina, esta investigación sostiene que el enfoque de la política de seguridad democrática del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe respondió a conceptos de seguridad y democracia restingidos. En efecto, esta política se limitó a identificar amenazas militares asociadas a los Grupos de Margen de la Ley (GAML), en especial las Frac, y les concedió a los ciudadanos un rol limitado en construcción.

<span>El doctor en Derecho Pablo Angarita, en su publicación "Seguridad democrática : lo invisible de un régimen político y económico", analiza lo que ha sido la política de seguridad democrática en Colombia en los dos períodos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Justificada por múltiples hechos de violencia, la seguridad viene a ser el discurso político que pretende recuperar el orden a cualquier costo. Su estudio parte de los planteamientos críticos e históricos, para desarrollar un tema complejo por su connotación política, jurídica y económica.</span>

El doctor en Derecho Pablo Angarita, en su publicación "Seguridad democrática : lo invisible de un régimen político y económico", analiza lo que ha sido la política de seguridad democrática en Colombia en los dos períodos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Justificada por múltiples hechos de violencia, la seguridad viene a ser el discurso político que pretende recuperar el orden a cualquier costo. Su estudio parte de los planteamientos críticos e históricos, para desarrollar un tema complejo por su connotación política, jurídica y económica.