Introducción: ¿De qué seguridad democrática hablamos a nivel local?

Abstract

Sólo desde hace algunos años, en América latina la seguridad ciudadana pasó a ser considerada una política pública como la educación y la salud (Arslanian, 2008). En parte, este movimiento fue el resultado de los procesos de democratización posterior a las dictaduras cívico-militares, cuando el foco de atención se desplazó de la ?seguridad nacional? ?e incluso de la ?seguridad pública? que tiene como objetivo mantener el orden público del Estado?,hacia el concepto de ?seguridad ciudadana? y democrática (Carrión, 2009:12; Saín, 2002).Como sostiene el informe sobre ?Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos? de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2009), se debe entender a la seguridad ciudadana como un derecho fundamental de la ciudadanía, que debe ser garantizado por el Estado, generando un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, lo que lleva a poner el énfasis en políticas preventivas más que en tareas reactivas, posteriores a los hechos. En Argentina, una nueva concepción de la seguridad que rescata esta mirada y que fue plasmada por el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD, 2009), plantea no sólo el deber indelegable del Estado en garantizar la seguridad ciudadana y, como parte de ello, fortalecer la conducción política democrática de lasfuerzas de seguridad, sino también una serie de ejes que las políticas públicas de seguridad deben considerar englobados bajo el nombre del ?paradigma de seguridad democrática?.Así, se pasa de un paradigma centrado casi exclusivamente en la legislación penal y en el sistema penal, en particular en el actor policial, a un paradigma de seguridad democrática, que parte de una comprensión de las violencias y delito como fenómenos multicausales, dinámicos e históricos. Esta concepción requiere entonces estrategias integrales que involucren diferentes actores que permitan abordar dicha complejidad (Carrión, 2009; Selmini, 2009). Así, se plantea como necesario elaborar estrategias multiagenciales Y multisectoriales con una fuerte participación de la ciudadanía en cada etapa del ciclo de la política pública, partiendo de una concepción democrática de la sociedad compuesta por intereses en pugna que deben ser canalizados. En efecto, no se trata de imponer un orden, sino de gestionar los conflictos y prevenir que se vuelvan violentos.En los últimos años, como parte de la reforma del Estado (Acuña, 2010), se ha acentuado la descentralización del gobierno de la seguridad, tanto del ámbito nacional al provincial, como del provincial al municipal, generando nuevos desafíos y oportunidades. Reformas judiciales que buscan facilitar el acceso a la justicia a nivel local y la creación de policías locales son parte de dicho proceso. Por lo tanto, el abordaje territorial pasó a ser central tanto a nivel de la política pública como desde el ámbito de la investigación académica,dando lugar a nuevos temas, enfoques y metodologías que pudieran abarcarlo.Si bien ya existe cierto nivel de consenso político sobre los ejes de la seguridad democrática, surge como pregunta qué se está haciendo realmente bajo dichos títulos y qué efectos se están produciendo a nivel local (Sozzo, 2009). En este sentido, los artículos que son parte de este dossier temático dedicado a los abordajes locales de la seguridad ciudadana, recuperan esta misma preocupación, sistematizada bajo las siguientes preguntas: ¿qué gobierno de la seguridad?; ¿qué multiagencialidad?; ¿qué políticas de prevención?;y ¿qué participación ciudadana?, entre otras. ; Fil: Otamendi, Maria Alejandra. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones "Gino Germani"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina