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Introducción¿Es necesario apartar a Dios del debate público? ¿Cuál es el lugar de la religión y de las Iglesias en las esferas pública e institucional? ¿Cómo debemos concebir la relación entre Estado, sociedad y religión en el siglo XXI?Desde el 11 de setiembre, una lectura parcial del mundo (que sea política, académica o popular) parece presentar una división irreconciliable entre Occidente y Oriente (próximo, medio o muy lejano) sobre el fondo de guerras de religión. Esta tesis, propuesta algunas décadas atrás por Samuel Huntington -de manera casi profética dirán sus defensores-, ilustra la existencia de "líneas de fractura" entre civilizaciones o culturas en diferentes puntos del orbe, siendo la más explosiva la división entre el Occidente democrático y cristiano y el mundo musulmán, teocrático y autoritario. Habría entonces, supuestamente, un vínculo entre el Islam como religión y el Islam como vector de violencia política (Cesari, 2005: 39). Este vínculo, sin embargo, no sería proporcionalmente menos importante (o nocivo) que la influencia que poseen ciertos sectores conservadores protestantes en la determinación de la (belicosa) política exterior estadounidense. Más allá de estas consideraciones por demás maniqueas, fruto a menudo de la propaganda o de agendas particulares, resulta difícil negar el rebrote del debate religioso en la esfera pública e internacional. Luego de años durante los cuales el paradigma dominante se centró en el equilibrio de poder entre las dos superpotencias, el debate religioso parece querer estructurar una nueva visión del mundo.En este sentido, resulta interesante desarrollar dos conceptos que a menudo articulan el debate entre religión, Estado y esfera pública, pero que suelen ser pobremente explicados: laicidad y secularismo. Frecuentemente asociados o utilizados como términos intercambiables, representan una visión, que algunos calificarán de etnocéntrica y occidental, de un tipo de sociedad particular. Precisamente en la actualidad, cuando estos conceptos sufren las críticas provenientes de los círculos religiosos o pluralistas, es que conviene entonces interrogarse sobre su validez.Este trabajo se estructurará en 4 partes. La primera y segunda parte versarán sobre el desarrollo teórico y la distinción entre secularismo y laicidad y trataré más en detalle la concepción republicana y francesa de esta última. En tercer lugar se desarrollará la idea detrás del "mito de la laicidad o del secularismo" en las sociedades modernas. Por último, y a modo de conclusión, se presentará una visión alternativa a estas dos nociones, la de pluralismo.El secularismoEl secularismo pareció imponerse, a lo largo del siglo XX, como la nueva "religión" de las democracias liberales, apuntalando tanto la autonomía individual como la independencia del Estado frente a otra forma alternativa (y rival) de control, de organización y de lealtad social: la religión y la iglesia.En su acepción más simple, el término secular hace referencia a aquello que está desconectado de las cuestiones religiosas y espirituales. Derivado del latín "saeculum", que significa temporalidad, el secularismo sería entonces un proceso de distanciación entre las esferas religiosas y temporales. Esto no debe conducir, necesariamente, a una exclusión de la esfera religiosa del plano temporal, sino más bien a una valorización de las realidades humanas y sociales en una época determinada. El Hombre, centrado y anclado en su temporalidad, no es más una entidad ausente en su propia determinación. La secularización no rechaza obligatoriamente la religión, mas produce un cambio y un ajuste de la fe religiosa a las experiencias y realidades provocadas por el cambio histórico y temporal. Esta "temporalización" es conocida en nuestra época como modernización (Dallmayr, 1999: 720). El secularismo busca promover la libre elección y la autonomía individual. El hombre debe ser capaz de debatir con su conciencia, sin otra intervención que la suya propia. En este sentido, la creencia y la fe emanarían sencilla y únicamente de la libertad individual, y no de la sumisión a un poder terrenal.El origen del secularismo remonta a la transición entre la edad media y el renacimiento. Si el medioevo es antes que nada percibido como "l´age d´or" de la cristiandad, con la fe como motor y cimento de la sociedad, tanto en Oriente como en Occidente, los cuestionamientos que emergerán durante el renacimiento, amplificados posteriormente por los aportes filosóficos de la ilustración, provocarán el declive progresivo de la Iglesia en Occidente y el desarrollo de ideas y concepciones que posicionan al hombre en el centro del mundo y del universo, nociones en gran medida incompatibles con la subordinación del hombre a una potencia divina. Para Smith (2007:8), la Ilustración será responsable de socavar a lo religioso en sus fundamentos divinos y temporales, promoviendo un ateísmo y un anticlericalismo que emergerán como las nuevas referencias sociales y culturales. "L´age de la raison" cantonará progresivamente a la Iglesia al ámbito privado pero, argumenta el autor, la división entre Iglesia y sociedad, entre temporal y sagrado, será menos incuestionable que lo que los defensores de la tesis de la modernidad han pretendido. En efecto, las sociedades occidentales han construido sus sistemas de valores, sistemas que perduran hasta hoy en día, sobre los valores propios a la fe judeo-cristiana. Pero, podríamos argumentar, la valorización y aceptación de ciertos principios comunes, necesarios a la cohabitación pacífica, al respeto o al mantenimiento del orden social es una cosa, la creencia en una entidad superior, omnisciente y todo poderosa, es otra muy diferente. Ciertos teólogos argumentarán que la aceptación de los principios cristianos resulta indisociable de la creencia divina ya que los primeros carecen de sentido sin la última. Independientemente de dicha cuestión, los principios religiosos han fuertemente influenciado el sistema de valores de las sociedades modernas, sean estas seculares o, con más justa razón, religiosas.El siglo XIX reforzará la fractura entre religión y esfera pública, y bajo la égida de pensadores, positivistas en su gran mayoría, como Spencer, Comte, Durkheim, Webber o Marx, se promoverá la idea que las sociedades industriales debían quebrar sus cadenas y conducir al individuo hacia la libertad y la autonomía. En esta época nueva, que se abrirá a los albores del siglo XX "«…theological superstitions, symbolic liturgical rituals, and sacred practices are the product of the past that will be outgrown in the modern era. The death of religion was the conventional wisdom in the social sciences during most of the twentieth century." (Norris y Inglehart, 2004: 3). Esta idea de un vínculo casi mecánico entre progreso científico y secularización fue largamente defendida y articulada bajo la "tesis de la secularización".Uno de los primeros en explorar esta cuestión fue Peter Berger en The Sacred Canopy (1967), argumentando que la secularización y la modernización son dos fenómenos altamente correlacionados, uno no existe sin el otro, o más específicamente, la modernización conduce a la secularización de la sociedad (Berger renegará posteriormente, al menos en parte, este argumento). Para Berger, el racionalismo, así como el capitalismo, contribuyeron a la secularización a través de la diversificación productiva y el cuestionamiento de los dogmas y valores de la iglesia católica. En este sentido, la Reforma, como bien muestra Webber en su Ética Protestante, permitió limar progresivamente los límites de la libertad individual. Según la tesis de la secularización, el proceso evolutivo de las sociedades modernas transitaría desde un modelo holístico y tradicional, penetrado y dominado por la religión, hacia una sociedad con una creciente diversificación de las funciones sociales, provocando la marginalización y hasta la obsolescencia de la religión (Dallmayr, 1997: 718).Los defensores del liberalismo político consideran que la separación del Estado de la Iglesia es inevitable. La separación institucional entre estas dos entidades debe realizarse según tres principios liberales y democráticos (Audi, 1997: 38): un primer principio libertario, donde el Estado debe permitir el libre ejercicio de la religión; un segundo principio igualitario donde el Estado no debe permitir o expresar preferencia alguna de una religión sobre otra; por último, un principio de neutralidad donde el Estado no debe tampoco desfavorecer ninguna religión. Sin embargo, la aplicación de estos principios puede resultar más fácil en la teoría que en la práctica. Así lo expone Bader (1999: 599): "Liberal political philosophy excels in the construction of ideal models of well-ordered states and societies and ideally reasonable citizens ; it does not tell us how to judge or act under conditions of not so well ordered actual states and societies. Quite often, the link between the ideal world and the real one is missing, and yet the real world is treated as if it approximates or resembles the ideal world". Esta fractura entre un mundo teórico-ideal y el mundo real será aún más flagrante cuando tratemos de la laicidad, donde la rigidez y la generalidad de la ley se confrontan a las singularidades y complicaciones de una sociedad multicultural.En este esfuerzo de separación de las esferas pública y privada, conviene sin embargo aportar cierta precisión sobre dos términos cercanos y a menudo utilizados como sustitutos: secularismo y secularización. Algunas formas de secularización serían más tolerantes y abiertas que otras a la heterogeneidad religiosa. Para Mayer (1998: 33), la distinción entre secularismo y secularización reside en que el primero es un término con connotación negativa y doctrinaria mientras que el segundo sería un término más tolerante. La secularización implica una apertura al mundo y a su propia época (en detrimento de lo sobrenatural). El secularismo, por el contrario, perseguiría una agenda militante negando la existencia de cualquier elemento trascendental. La secularización sería entones un proceso natural, casi orgánico de cambio social y cultural, una evolución progresiva de las actitudes y de los valores dominantes en una sociedad, mientas que el secularismo se inscribiría dentro de una lucha por el poder terrenal entre dos entidades con agendas políticas discordantes: la Iglesia y el Estado. El secularismo sería así un arma política en el esfuerzo del naciente Estado de emanciparse de la tutela moral y política de la Iglesia. Si este debate puede quizá limitarse al rango de las disputas semánticas, no es menos cierto que subraya la importancia de la tolerancia, de la comprensión y la aceptación del otro en todo proceso de secularización, particularmente si ese otro es nada menos que lo divino o lo trascendental. Resulta claro entonces que el secularismo puede estar tentado de caer en las mismas derivas fanáticas que la más fundamentalista de las religiones, erigiendo sus propios principios al rango de dogmas sagrados (en particular si adoptamos la dicotomía negativa/positiva entre secularización y secularismo). Algunos estarían tentados de afirmar que el problema del racionalismo científico es su intransigencia frente a toda forma no racional de construcción del significado.La tesis de la secularización no se desarrolló sin generar un número importante de críticas y de visiones alternativas o contendientes. Algunas de estas tesis o teorías merecen un breve apartado (para un enfoque más detallado, ver Norris e Ingleheart, 2004, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, cap. 1). La tesis de la pérdida de fe propone la idea que el advenimiento de "l´age de la raison" y su enfoque empirista progresivamente minó los fundamentos dogmáticos y culturales de la religión, conduciendo a una erosión de la fe y de las prácticas religiosas en las sociedades más desarrolladas. Otra tesis, basada en un enfoque funcionalista e inspirada en los trabajos de Durkheim (Les formes élémentaires de la vie religieuse) es la de pérdida de significado o sentido social, donde la religión es entendida no únicamente como un sistema de valores, sino también como un conjunto coherente de ritos y acciones que regulan la actividad humana y aseguran la cohesión social. Según esta tesis, la diferenciación estructural de las sociedades modernas, generada a través de la creación de instituciones (de protección, de asistencia o de educación) estatales (al menos en sus inicios), conduciría a la pérdida del sentido social de las instituciones religiosas. El Estado desplazaría entonces a la Iglesia en su dominio terrenal, relegándola casi exclusivamente al ámbito espiritual y privado.Norris e Inglehart presentan, ellos, una tesis de la secularización revisitada (2004:13), basándose en la noción de seguridad existencial. Dos axiomas son fundamentales a esta teoría. El axioma de seguridad propone que las condiciones de seguridad (en el más lato sentido desde una perspectiva socio-económica y de desarrollo humano) varían en función de las sociedades y que las características dadas de cada sociedad impactarán sobre el nivel de religiosidad: "the experiences of growing up in less secure societies will heighten the importance of religious values, while conversely experience of more secure conditions will lessen it " (2004 :18). El segundo axioma, de las tradiciones culturales, considera que las diferentes visiones del mundo (world views) originalmente asociadas con la religión, moldearon los diferentes sistemas de valores sociales. En la actualidad, estos valores no serían transmitidos y vehiculados a través de la iglesia, sino que serían el sistema educativo y los medios de comunicación los encargados de transmitir los valores relevantes.Conviene resaltar que si en Europa el secularismo tiene tanta importancia, es sobre todo porque ha sido reconocido por la mayoría de los Estados como un principio fundacional. Según Ferrari (2005: 12), las características principales , tanto políticas como legales del secularismo en Europa son: la libertad individual de culto, que conduce a la no-discriminación y a la irrelevancia de la religión en el usufructo de los derechos cívicos y políticos; la distinción entre Estado e Iglesia, asegurando por un lado la autonomía de las organizaciones religiosas y la ausencia de intervención estatal en sus doctrinas y organizaciones, y por otro lado, la independencia del Estado de toda forma de legitimación religiosa del poder Estatal, fundado pura y exclusivamente en la voluntad ciudadana. Sin embargo, debemos interrogarnos sobre la perspectiva o idea que el secularismo pueda "exportarse" sencillamente. Hemos visto que el secularismo fue un proceso histórico y político que acompañó en la mayoría de los países europeos la creación del Estado y de la Nación. El secularismo "a la europea" no puede por lo tanto disociarse de esa lucha intestina por el poder entre, por un lado, las fuerzas centralizadoras (y normativas) del naciente poder político, y por el otro, las fuerzas eclesiásticas, divinas quizá, pero temporales con total certeza. La construcción y legitimación del poder estatal (y ciudadano a posteriori) debió realizarse "a expensas" de su competidor directo por el control de las almas (y los recursos) terrenales. El Estado y la Iglesia no podían coexistir en el mismo plano político, económico y jurídico, y esta no-cohabitación se saldó ya sea en la exclusión de la Iglesia de la esfera temporal (como en el caso de Francia) o en la subordinación del poder religioso al poder estatal (como en el caso de Inglaterra). ¿En qué medida este proceso tan específico a Europa no creó condiciones particulares difícilmente exportables a otros contextos. ¿Cómo explicar el secularismo en países donde Estado e Iglesia no son más que uno? Antes de intentar responder a esta pregunta, conviene desarrollar la noción de laicidad.La laicidad¿Es acaso necesario introducir una distinción entre secularismo y laicidad? La laicidad, ese concepto "tellement français" que pena a atravesar las fronteras latinas, es a menudo traducido en Inglés como secularismo (Laborde, 2002: 168), pero permanecerá por siempre fuertemente asociado al proceso republicano francés. Si es posible remontar su génesis hasta la revolución francesa y la separación radical entre la Iglesia católica y el nuevo poder civil revolucionario, habrá que esperar hasta el fin del siglo XIX para asistir a las primeras tentativas de definición y aplicación institucional (los "interludios" de la Restauración, de la Monarquía de Julio y del III Imperio no son del todo ajenos al freno de las fuerzas laicas y republicanas). Hacia 1880, Ferdinand Buisson -uno de los primeros en teorizar sobre la laicidad-, se rebelaba contra "cet état des choses qui consistait essentiellement dans la confusion de tous les pouvoirs et de tous les domaines et la subordination de toutes les autorités à une autorité unique, celle de la religion" (en Bauberot, 2004 :14). La laicización, a imagen del secularismo, se construye sobre la conquista progresiva de esferas de influencia en el ejército, en la función administrativa, en la justicia y, lugar de batalla estratégico entre Estado e Iglesia, en la escuela. Pero hasta aquí nada nuevo o radicalmente diferente con respecto al secularismo. Sin entrar en un pormenorizado detalle del recorrido histórico de la laicidad, destaquemos que transita un proceso similar al del secularismo, aunque es posterior en el tiempo, con el progreso y aumento de la influencia de las fuerzas anticlericales y libre-pensadoras. Jean Bauberot (2007:48) identifica tres características distintas de la laicización en sus inicios. La primera es la fractura institucional de la religión y el retroceso de su influencia social, conducente a la autonomía creciente de otras instituciones sociales. La segunda característica es que, no obstante su deterioro institucional, la religión mantiene una importante legitimidad social. La última característica de este proceso inicial de laicización sería la aceptación del pluralismo religioso.Podemos ahora introducir una primera distinción entre laicidad y secularización, basándonos en el aporte de Claude Langlois, que distingue entre una laicidad de combate y una laicidad de Estado (Langlois, 2005: 11). La primera, llamada laicidad de combate o de convicción, puede ser asimilada a la secularización en el sentido que se trata, para las fuerzas laicas, de ganar terreno y de afirmar la primacía de sus principios y de recuperar las esferas de influencias otrora dominadas por las fuerzas religiosas. La segunda forma de laicidad, de Estado, hace referencia a la incorporación de los principios laicos al orden constitucional. Esta forma es característica de Francia y de su República y consagrada en el primero artículo de su constitución (La laicidad del Estado en Francia quedó legalmente consagrada en la ley de 1905 de "Separación de las Iglesias y del Estado"): "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances", y ha sido emulada por numerosos países, en particular los de tradición y convicción republicana, como el Uruguay1. La laicidad "a la francesa" articula dos principios, si bien no directamente antinómicos, a menuda problemáticamente conciliables, a saber la igualdad ante la ley y el reconocimiento de la libertad religiosa. La religión, o la pluralidad de religiones, no puede socavar el principio de igualdad de tratamiento ante la ley y no debe constituir una barrera a la igualdad de oportunidades. El segundo principio estipula que la república respeta todas las creencias. Como ha sido dicho, la cohabitación de estos principios puede ser problemática.Si el principio de igualdad ante la ley se opone a todo aquello que es singular o distintivo (siendo la religión parte de esa singularidad), el principio de libertad debe asegurar el respeto de todas las creencias y asegurarles la libertad de expresión. Esta cohabitación entre ambos principios es expresada por Langlois (2005: 14): "Con vistas a la igualdad, la religión no puede ser legítima, ya que no es más que una diferencia entre tantas otras, con vistas a la libertad, las religiones deben ser respetadas, con sus respectivas diferencias". Una de las críticas a esta forma particular de laicidad es justamente ese "tire y afloje" entre igualdad y libertad. Las tensiones comunitarias a menudo son el resultado de la incomprensión de este marco de aplicación de las libertades individuales. La laicidad implica que las libertades individuales son aseguradas en el ámbito privado, y que el Estado hará nula distinción, ni favorecerá una religión sobre otra, pero, desde el momento en que penetramos en el dominio público (ya sea en la escuela, en el juzgado e inclusive en una agitada calle comercial del centro Parisino), la libertad de creencias queda subordinada a la única "religión oficial", es decir a la aceptación y la lealtad hacia los principios republicanos y hacia la República, siendo la laicidad uno de sus puntos centrales. No puede existir, en una república laica, principio superior al de igualdad, ya que la igualdad de los ciudadanos es la razón de ser de todo gobierno republicano, fundado en la pertenencia de los ciudadanos a un proyecto común, único e indivisible (y democrático en el caso francés o uruguayo). Para asegurar este ideal, la religión, tal como la raza o el género, no puede ser tomada como un polo de diferenciación, ya que crearía diferentes categorías de ciudadanos. A riesgo de ser repetitivo, la laicidad no tiene sentido si la igualdad no se transforma en la base fundacional de la sociedad o, invirtiendo el orden de los factores, la laicidad es una condición necesaria para asegurar la igualdad ciudadana.Un enfoque innovador es propuesto por Cecile Laborde (2002), que no describe la laicidad únicamente como la separación entre Iglesia y Estado, sino que reconoce un fenómeno de naturaleza compleja, sujeto a interpretaciones alternativas y hasta por momentos contradictorias. La primera variante, llamada de neutralidad, hace referencia a la neutralidad entre la esfera política y la religiosa, a la separación de poderes y al compromiso por parte del Estado de no intervenir en el ámbito de las creencias privadas ni de privilegiar una forma de creencia sobre otra. La segunda variante presentada por el autor, calificada como de autonomía (2002: 171) requiere esta vez un rol activo por parte de las instituciones públicas como promotores de la laicidad como "filosofía de la emancipación humana". El Estado no sería ya el garante de la neutralidad, sino una fuerza liberal encargada de forjar y promover la autonomía (la libre elección) de sus ciudadanos. Esta lógica, inspirada del liberalismo político, choca contra las fuerzas conservadoras que ven en este esfuerzo de "conversión" una violación del principio de neutralidad del Estado e inclusive del principio de libertad ya que, argumentan, la promoción de la laicidad no es nada menos que la difusión ideológica de preceptos morales y políticos destinados a alienar y alejar al individuo de la religión. La misión activa de la instrucción pública de inculcar los principios laicos se asemejaría al catequismo religioso del siglo XIX. Una respuesta a favor de la tesis de la autonomía argumentaría que la laicidad contribuye a formar ciudadanos responsables y democráticos, ya que la autonomía alejaría al individuo de concepciones dogmáticas y arbitrarias y conduciría hacia procesos pluralistas donde la critica y los cuestionamientos racionales son perfectamente admitidos. No obstante, conviene resaltar que nada prueba que las democracias laicas sean mas pluralistas y abiertas al debate que las democracias no laicas.La tercera forma de laicidad propuesta por Laborde (2002: 176), que ya hemos evocado parcialmente, es la laicidad como comunidad, es decir la aceptación del principio laico como vector central y constitutivo de la identidad común de una sociedad. En Francia, entonces, ser republicano implica ser laico (lo que no significa que uno no pueda ser ferviente creyente), y ser laico es admitir la primacía de los principios republicanos sobre otras formas de construcción de significado, por lo menos en lo relacionado al funcionamiento político y social. Pero esto no hubiese sido posible sin la voluntad de las instituciones públicas de buscar suplantar la lealtad hacia la Iglesia y promover principios liberales. Esta cultura cívica republicana promueve antes que nada la fraternidad entre los miembros de la comunidad. Es, en ese sentido, ya que fomenta la fraternidad del grupo, discriminatoria con respecto al exterior, al extranjeroEstos tres enfoques son difícilmente reconciliables y cada uno intenta sintetizar uno de los tres puntos cardinales del republicanismo francés. La primera forma de laicidad (de neutralidad) intenta asegurar la igualdad a través de la neutralidad del Estado, mientras que la segunda busca promover la libertad del individuo gracias a su autonomía sobre otras formas de dominación ideológicas o espirituales. Por último, la tercer forma de laicidad refuerza la fraternidad de los individuos al interior de una comunidad. La crítica que podemos realizar a este enfoque es que sólo funciona en "circuito cerrado", en el sentido que estas formas de laicidad sólo son válidas si aceptamos los principios republicanos, y es en particular por esta razón que la laicidad a la francesa es difícilmente exportable y comprensible para otros sistemas políticos. La libertad y la fraternidad son antes que nada nociones intra-comunitarias subordinadas a la aceptación previa de los principios republicanos.Otro ataque contra la laicidad, bastante común entre los adversarios de esta idea, propone que la laicidad no sería más que un concepto negativo, ya que expresaría lo que no está permitido en el funcionamiento y la estructura de las instituciones públicas (en este caso la religión y la Iglesia), contrariamente a la secularización que sería un concepto positivo que determina lo que si está permitido2 (Kucuradi, 1998: 72). Esta visión refleja perfectamente la incomprensión o desconocimiento de la laicidad a la francesa, percibida más como parte de una agenda política propia al Estado Francés que como un movimiento de emancipación similar a la secularización presente en otros países.Resulta por lo tanto difícil diferenciar estas dos nociones y podemos justamente preguntarnos si no estamos ya en presencia de un debate más semántico que ontológico. En la medida en que la laicidad sea percibida como una excepción "francesa", un tanto revolucionaria y anticlerical, y sobre todo muy republicana, entonces sí contiene singularidades difícilmente asimilables a otros movimientos seculares. Sin embargo, Francia no es el único país a declararse constitucionalmente laico ni a realizar una clara demarcación entre esfera pública y privada. No obstante, no es menos cierto que la laicidad puede ser considerada como la "evolución definitiva" del secularismo ya que, en la práctica, el secularismo es más tolerante en la incorporación de la religión en la esfera pública, llegando hasta a reconocer una religión de Estado o a impartir cursos de religión en las escuelas públicas, como es el caso en Inglaterra o Dinamarca. Si la secularización es antes que nada un proceso cultural e histórico de emancipación con respecto a lo sagrado y divino, la laicización concierne a los arreglos institucionales y políticos con respecto a la relación entre Estado, religión y sociedad. Puede existir secularización sin laicización, pero no puede existir laicización sin secularización. 1- El artículo 5 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay reconoce la laicidad de Estado "El Estado no sostiene religión alguna", así como el pluralismo y la tolerancia religiosa: "Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay", mientras que el artículo 8 reconoce la igualdad de los ciudadanos y la no- discriminación : "Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes". La laicidad de Estado en el Uruguay fue introducida en la constitución de 1918. En la constitución de 1830 (vigente hasta la entrada en vigor de la constitución de 1918), se establecía como religión de Estado la Católica Apostólica Romana (art 5).2- Vimos previamente la distinción realizada por Mayer entre secularismo (negativo ya que provisto de una "agenda política") y secularización (positiva ya que sería un proceso de evolución social "orgánico"). Si aceptamos esta distinción, entonces en este caso la laicidad podría asemejarse a la secularización. *Este artículo fue presentado en la 5° sesión el Seminario Interno de Discusión Teórica 2014, organizado por el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad ORT Uruguay.Germán Clulow es Licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad ORT –Uruguay, Master en Ciencia Política por la Université de Genève – Suiza, y Master en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo (IHEID-The Graduate Institute) Ginebra, Suiza

El estudio de la historia tiene un atractivo particular para los investigadores de las demás ciencias sociales. En el taller del historiador es donde naufragan nuestras más ambiciosas generalizaciones. Pero cuando un ejemplo histórico nos da la razón es el momento en el que nuestras hipótesis comienzan a parecerse a buenos argumentos teóricos. Esta doble faz de la investigación histórica hace que los demás cientistas sociales (sociólogos, politólogos, economistas) nos acerquemos a ella con cautela, sabiendo que estamos caminando sobre territorio ajeno. ¿Por qué esa sensación de ingresar en territorio ajeno? Porque en las ciencias sociales no históricas hay un fuerte predominio de los enfoques deductivistas de investigación. Esto hace que sociólogos, economistas y politólogos tengamos una fuerte inclinación a la teorización como paso previo a la investigación empírica. Por el contrario, en historia es donde más fuertemente los investigadores se inclinan a primero conocer los hechos y después teorizar (si es conveniente hacerlo o si queda tiempo). En suma, es en historia donde el enfoque es más inclinado hacia procedimientos de tipo inductivo. Esta diferencia hace que muchas veces los historiadores comenten las interpretaciones históricas de los sociólogos con un escéptico: "a esta investigación le falta trabajo de archivo". Y el archivo, suele ser un lugar poco frecuentado por sociólogos y politólogos. De ahí también surge cierta incomodidad: en las demás ciencias sociales hay muy sofisticados desarrollos metodológicos, pero algo tan básico como "saber moverse en un archivo" es un saber del que disfrutan casi exclusivamente los historiadores. Marc Trachtenberg (1), historiador con más de 40 años de experiencia de investigación en historia diplomática es consciente de estas ambigüedades y limitaciones. Por eso escribió un libro en el cual precisamente se concentra en demostrar la utilidad de la investigación histórica para el desarrollo de teoría en política internacional: The craft of international history. A guide tomethod (2). La lectura de este libro es altamente recomendable para aquellos estudiantes e investigadores en Relaciones Internacionales interesados en hacer investigación histórica. Las razones para esta recomendación son muy sencillas. Es un libro pensado para que el lector pueda entender el valor de la investigación histórica. Pero además es una buena fuente de consejos metodológicos sobre cómo realizar una investigación histórica. Podría bastar con estas dos afirmaciones para estimular la lectura del libro, puesto que si buscamos manuales de investigación la producción en sociología y ciencia política supera largamente a la producción en historia. Por tanto, estamos ante un libro infrecuente por su contenido y por el origen académico de quien lo escribe. Pero hay una razón más importante aún. Es un libro bien escrito, sistemáticamente dedicado a interesar al lector con ejemplos, a repetir argumentos para que se entiendan mejor y a mostrar desde la experiencia del autor cómo es que se hace investigación histórica en diplomacia. En suma, el libro tiene "lo que debe tener" un buen libro de metodología. En el resto del artículo nos dedicaremos a probar la verdad de la anterior afirmación (3).Estructura del libro. El libro consta de 7 capítulos y 2 anexos. Los dos primeros capítulos abordan problemas epistemológicos de la investigación histórica y tienen un alto valor para introducirse en los debates más relevantes acerca de la misma en los últimos 60 años. Los capítulos 3 y 5 ("The critical analysis of historical texts" y "Working with documents" respectivamente) son los capítulos donde se concentra el contenido metodológico del libro. En estos capítulos el autor intenta establecer una serie de consejos de experiencia para manipular creativamente dos herramientas básicas de la investigación histórica: los libros escritos por historiadores y las fuentes primarias. Entre estos dos capítulos centrales en el enfoque metodológico del autor hay un capítulo dedicado a mostrar un ejemplo de análisis textual que proviene de una investigación realizada por el autor (capítulo 4). Los capítulos finales abordan el problema de la escritura. El capítulo 6 aborda el problema de iniciar y escribir un proyecto de investigación histórica. El capítulo 7 está dedicado a la escritura de un informe de investigación. Los anexos cubren aspectos muy interesantes sobre la identificación de la literatura relevante en un tema y el trabajo con fuentes primarias. Ambos están centrados en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. El elemento más destacable del libro es cómo el autor ilustra sus ideas con ejemplos. En los mismos toma clásicos de la historiografía en política internacional (fundamentalmente centrados en temas de power politics) y desmenuza pacientemente sus argumentos mostrando aciertos y debilidades tanto en lo que respecta a fundamentación teórica como al aval empírico de sus afirmaciones. Por ejemplo, se repasan las obras clásicas de autores como Elie Halévy, A. J. P. Taylor y Fritz Fischer. Por tanto, el libro oficia también como una excelente introducción a argumentos clásicos de gran utilidad para quienes se están iniciando y ven en la historia un campo de estudios valioso. La perspectiva epistemológica. Los libros de metodología suelen evitar definiciones epistemológicas básicas. Estos tienden a escribirse con un criterio político. Todas las tendencias de las humanidades deben estar representadas y todas son igualmente válidas, más aún, suelen presentarse corrientes antitéticas como "formas diferentes" de hacer ciencia. Trachtenberg, por el contrario declara cuál es su visión epistemológica, pero lo hace luego de presentar de forma clara y amena los debates filosóficos que han tenido por objeto la meta y el contenido de la investigación histórica. El recuento del autor comienza con lo que él llama la perspectiva clásica y que remite a las posiciones de Carl G. Hempel (1905-1997) y R. G. Collingwood (1889-1943). En el modelo de Hempel una explicación de un hecho consiste en poder deducir el mismo de la operación de leyes que funcionan si se está frente a la presencia de ciertas condiciones iniciales claramente establecidas (4). Para Collingwood, por el contrario, explicar un evento histórico implica capturar los motivos de los agentes que participan en dicho fenómeno (5). Ambos modelos han sido discutidos largamente en las ciencias sociales (Little, 1991). En el campo de la historia, según Trachtenberg, ninguno fue recibido como especialmente fructífero al momento de ofrecer una guía filosófica a la investigación: "The two schools represented opposite ends of a spectrum: one emphasized structure and law-like regularity, and the other free will and human agency. But every practicing historian knows that both sorts of factors come into play. Part of the art of doing history is being able to figure out how exactly in any particular case the balance between them is to be struck, and this of course is an empirical and not a philosophical problem" (Trachtenberg, 2006, 7). A la discusión entre defensores de uno y otro enfoque explicativo durante los años '60 le sucede lo que Trachtenberg llama "el desafío constructivista". Se conoce por constructivismo (6) un variado grupo de enfoques en ciencias sociales que tiende a cuestionar la existencia de una realidad objetiva por fuera de las interpretaciones que una mente humana pueda concebir. En consecuencia, considera inútil todo intento de encontrar alguna realidad objetiva por fuera de los textos que producimos para interpretar dicha realidad. Aplicado a la historia esta concepción establece que el pasado no puede ser conocido directamente sino a través de los relatos acerca del mismo. Por tanto, el historiador no tiene nada objetivo que descubrir en el pasado, la investigación histórica es un acto creativo (poético) mediante el cual el investigador "construye" una cierta imagen del pasado. Esas imágenes pueden ser muy diferentes dependiendo de la perspectiva del investigador, y lo más importante, todas son igualmente legítimas. La consecuencia de la aplicación de este enfoque a la investigación histórica fue el descrédito de la vieja idea de "contar la verdad sobre el pasado" basándose en evidencia válida y confiable. Para tener una acercamiento vívido a la polémica entre constructivismo e historia "científica" (para llamarla de algún modo que sea identificable por el lector, aunque muchos objetarían esta denominación) puede leerse con provecho el capítulo IX de "Yo, Claudio" de Robert Graves (ambientada en los primeros años de la era cristiana). En dicho capítulo se sucede una discusión entre dos historiadores Tito Livio y Polión (7) en la biblioteca pública de Roma. El siguiente fragmento es ilustrativo, aunque es altamente recomendable leer el capítulo completo: "-Lo malo de Polión –dijo Livio- es que cuando escribe historia se cree obligado a suprimir sus sentimientos más delicados y poéticos, y a hacer que sus personajes se comporten con una vulgaridad concienzuda, y cuando los hace hablar les niega la menor capacidad oratoria. -Sí –replicó Polión-, la poesía es poesía, la oratoria oratoria, y la historia historia, y no es posible mezclarlas. -¿No se puede? Pues yo puedo –dijo Livio-. ¿Quieres decir que no debo escribir una historia con tema épico porque esa es una prerrogativa de la poesía, ni poner en boca de mis generales dignos discursos, en vísperas de las batallas, porque componer tales discursos es prerrogativa de la oratoria? -Eso es precisamente lo que quiero decir. La historia es un registro veraz de lo que ha sucedido, de cómo vivió y murió la gente, de lo que hizo y dijo. Un tema épico no hace más que deformar los hechos. En cuanto a los discursos de tus generales, son admirables como oratoria, pero condenables por anti históricos. No sólo no existe la más mínima prueba de su existencia, sino que además son inadecuados. He escuchado más discursos en vísperas de combate que la mayoría de los hombres, y aunque los generales que los pronunciaban, en especial César y Antonio, eran magníficos oradores, eran también soldados demasiado buenos para tratar de endilgar a las tropas un discurso de púlpito. Hablaban con ellos en tono de conversación familiar; no pronunciaban discursos" (Graves, 1996, 131-132). La visión de Trachtenberg sobre la investigación se ubica lejos del constructivismo y por tanto, es más cercana a las pretensiones de Polión que a las de Livio. Retoma las ideas del filósofo N. R. Hanson acerca de la investigación científica para proponer que una buena investigación en historia (así como en las ciencias naturales y sociales) se basa en la articulación de preguntas sustantivas orientadas teóricamente y evidencia empírica.Teoría de las Relaciones Internacionales e investigación. Las ideas de Trachtenberg tienen una gran afinidad con las ideas de A.Stinchcombe (8). Para ambos autores la investigación histórica no debe limitarse a ser el escenario para verificar teorías. La investigación histórica sirve para desarrollar, construir, limitar, modificar teorías. La primera recomendación de Trachtenberg es: haz que tu pregunta de investigación tenga sentido en términos teóricos. Si puedes hacerlo, tendrás resuelto un problema clave: cómo avanzar, qué evidencia es útil recoger, cómo analizarla. "But note the role that that theory, if you can call it that, actually plays. It does not provide any ready-made answers. Instead, it serves to generate a series of specific questions you can only answer by doing empirical research (…)The theory, in other words (if it used correctly), is not a substitute for empirical analysis. It is an engine of analysis. It helps you see which specific questions to focus on. It helps you see how big issues (like the origins of the First World War) turn on relatively narrow problems (like what Russia calculated about Britain and France, and how that affected its behavior in the crisis). It thus helps you develop a sense for the 'architecture' of the historical problem you are concerned with and helps you see how you can go about dealing with it. It thus play a crucial role in the development of an effective research strategy". (Trachtenberg, 2006, 31). Siempre hay un riesgo presente: al enamorarse de una teoría podemos forzar la evidencia para que se adapte a ella. Pero, éste es un riesgo manejable. Lo importante de pensar el problema de investigación desde una cierta perspectiva teórica es que ésta, en primera instancia, ayuda a focalizar las preguntas. Y es a partir de este foco que la evidencia comienza a tener sentido. En palabras del autor: "As you deal with a particular historical problem, you are constantly trying to see how things fit together. You never want to interpret history as just a bunch of events strung together over time. Your goal instead is to understand the logic that underlies the course of events. And it's in that context that theoretical notions come into play" (Trachtenberg, 2006, 32). El segundo punto que Trachtenberg establece con relación a la importancia de la teoría en la investigación en historia de las Relaciones Internacionales es que la misma ayuda a forjar una hipótesis guía sin la necesidad de hacer un gran esfuerzo en el estudio de la documentación sobre el asunto. Esta posibilidad, la de tener una hipótesis guía antes de zambullirse de lleno en el estudio del problema, tiene dos grandes valores. Primero permite discriminar qué es evidencia y qué no lo es. Por tanto, ayuda al investigador a economizar esfuerzos y concentrarse en los materiales empíricos que son importantes para responder su pregunta. En segundo lugar, una hipótesis es una de las herramientas más importante que posee el investigador al momento de analizar los datos recolectados. Los datos resultan sorprendentes sólo si los contrastamos explícitamente contra ciertas hipótesis iniciales. Al tratar de explicar la distancia entre lo esperado y lo encontrado en el terreno es que surge la posibilidad de "descubrir" la realidad tras las apariencias, o si se quiere, de aproximarse a la lógica oculta detrás de los hechos. Robert Jervis (citado por Trachtenberg) lo establece claramente de la siguiente manera: "Without a theory, you can´t be surprised by anything –i.e., events are surprising because they do not feet our expectations, and these can only come from implicit or explicit theories. People sometimes think that not being surprised is evidence for a great deal of knowledge; in fact, it is the reverse. People who know nothing cannot be surprised by anything" (Trachtenberg, 2006, 38).El historiador en acción. Para realizar investigación histórica, el investigador puede seguir (según Trachtenberg) dos caminos tradicionales: estudiar lo que otros historiadores han dicho sobre el problema de interés (fuentes secundarias) o ir directamente a las fuentes primarias del asunto (documentos, correspondencia diplomática, archivos gubernamentales, etc.). En los capítulos 3 y 5 el autor aborda por separado ambos caminos de investigación sugiriendo cómo proceder con la literatura y cómo trabajar con los documentos. Debido a que el autor considera que buena parte de las investigaciones históricas realizadas por investigadores de Relaciones Internacionales utilizan más fuentes secundarias que primarias, la discusión metodológica es complementada con un capítulo (el número 4) dedicado enteramente a mostrar cómo hacer un trabajo de investigación basándose exclusivamente en el análisis crítico de fuentes secundarias. Repasaremos aquí alguno de los principales consejos en el manejo de fuentes secundarias y primarias. La forma de proceder respecto a fuentes secundarias puede resumirse, según el autor, de la siguiente manera: Hallar el argumento. Se trata de encontrar cuál es la tesis que sostiene el autor sobre el problema de interés, para Trachtenberg se resume en la siguiente pregunta: "¿qué es lo que el autor que estamos leyendo nos quiere hacer creer?". Encontrar el argumento es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Sin embargo, Trachtenberg hace algunas recomendaciones muy útiles: leer selectivamente (privilegiando en esta etapa la lógica del argumento antes que la evidencia empírica que soporta al mismo), prestar especial atención a título, subtítulo, títulos de capítulos o secciones de interés para el trabajo que está realizando el lector, introducción, conclusiones, el primer y último párrafo del libro o artículo, el primer y último párrafo de cada capítulo o sección. Preguntarse por la lógica del argumento (y su cohesión a lo largo del texto). Una vez que se posee la estructura del argumento del autor que se está leyendo, el lector puede dedicarse a una lectura "activa" del conjunto del trabajo. Una lectura "activa" es una lectura orientada por preguntas específicas acerca del argumento y sus fundamentos. Esta condición es clave para desarrollar una lectura crítica de los materiales de investigación que han producido otros. Cuando se analiza la lógica de un argumento el lector debe responderse la siguiente pregunta: ¿las diferentes afirmaciones que hace el autor sobre el problema encajan o se disparan hacia direcciones disímiles? Preguntarse por la evidencia brindada para defender el argumento. Cuando se analiza el soporte empírico de un argumento el lector debe preguntarse: ¿la evidencia presentada permite probar las afirmaciones que hace el investigador sobre el problema? ¿hay evidencia presentada en el texto que permita dudar de las afirmaciones realizadas por el autor? Estos consejos promueven en el investigador el empleo de una lectura activa y crítica cuya consecuencia es desarrollar poco a poco una perspectiva propia sobre el problema de interés. En mi propia experiencia como profesor en Seminarios de investigación para tesistas he podido comprobar las dificultades que genera en el alumno el no poseer una metodología para interactuar críticamente con los materiales producidos por historiadores. La tendencia es a creer que el historiador está en lo cierto (¡por algo es historiador, por algo publicó un libro!), a no dudar ni cotejar afirmaciones versus información. Por tanto, es altamente recomendable prestar atención a estos consejos. Pero además, el libro de Trachtenberg no se limita a enunciar fórmulas, describe pacientemente, con múltiples ejemplos, cómo usar sus consejos. Respecto al manejo de fuentes primarias, los consejos de Trachtenberg se dividen en dos grandes tópicos: principios generales útiles para guiar la búsqueda y utilización de documentos; tips para evaluar la validez de la evidencia recolectada en documentos. En los principios generales de búsqueda de fuentes primarias Trachtenberg muestra su fuerte inclinación hacia el realismo (en teoría de Relaciones Internacionales). Para el autor, la disciplina tiene que ver con el estudio del conflicto entre Estados. Basado en esta idea recomienda ubicar las fuentes teniendo en mente las siguientes preguntas a la manera de guía: ¿Qué quería obtener cada Estado en el conflicto? ¿Qué tipo de política estaba persiguiendo? ¿En qué clase de perspectiva ideológica está enraizada dicha política? ¿Qué acciones efectivamente emprendió cada Estado? ¿Cómo reaccionaron los otros Estados a las acciones tomadas por sus contrapartes? El objetivo de responder a estas preguntas es tratar de construir una narrativa histórica que tenga un objetivo preciso: intentar reconstruir qué fue lo que ocurrió. Determinar, en palabrasdelautor: "What (…) is the basic story here? And by 'story' I mean not just a mindless chronicle of all the different things that happened. I mean a story with some sort of causal structure –a story that gives some sense for why things took the course they did, for how we get from point A to point B" (Trachtenberg, 2006, 141). El objetivo central de este trabajo tiene que ver con la búsqueda activa de preguntas, cada vez más focalizadas, que permitan al investigador estudiar problemas concretos y no perderse en una colección de hechos sin sentido. Porque ante todo, la investigación histórica debería responder a problemas llamativos o desconcertantes acerca del fenómeno de interés. ¿Cómo realizar esta tarea? Trachtenberg sugiere comenzar estudiando fuentes que permitan detectar los grandes momentos, las grandes decisiones que constituyen los hitos del fenómeno de interés. Para ello, recomienda trabajar en dos frentes: leer cronológicamente las fuentes diplomáticas y leer prensa (diarios y revistas) del período de interés. Este primer acercamiento sugiere los hitos, el paso subsecuente es entender el pensamiento que está detrás de quienes tomaron las grandes decisiones. Para ello es necesario leer documentos que registren el pensamiento de los hombres y mujeres clave en la toma de decisiones. Una primera tarea es ubicar documentos ya sea gubernamentales o partidarios en los que esté registrada la perspectiva sobre el problema que mantenían los principales actores. Una segunda tarea puede ser ubicar documentos personales de los involucrados, como ser memorias. Al realizar esto es necesario tener presente que en tanto evidencia los registros de discusiones a nivel gubernamental o partidario tienen un valor diferente que las memorias publicadas por los involucrados. En estas últimas los autores se dirigen al gran público y por tanto la selección de ideas y hechos está sujeta a la imagen que el autor quiere dejar sobre sí mismo para la posteridad. Un nivel más de profundización en el hecho histórico de interés es realizar trabajo de archivo. Este punto es abordado con profundidad por el autor, a lo largo del libro y en los apéndices. Por último, los consejos sobre la validación de información son muy útiles para quien se inicia en la investigación histórica. Sobre todo porque el autor sabe mostrar cómo la aplicación de criterios de sentido común puede ayudar a discriminar la validez de cierta información cuando no se tiene a disposición una opinión autorizada. Al respecto, ejemplifica el autor: "suppose, for example, you see President Eisenhower talking about the need for America to pull out of Europe and for Europe to become an independent force in world affairs. How can you tell if such comments are to be taken seriously? For one thing, you see him talking in that vein over and over again, in all kinds of situations and to all kinds of people, before he became president, throughout his presidency, and after he left office. You see him at times making that point quite passionately. You work out what implications of that sort of thinking would have had to be if the president were serious about it, and you look to see what was actually done. You do this sort of work and draw whatever conclusions you think are appropriate" (Trachtenberg, 2006, 156-157). Una afirmación polémica del autor es que siempre hay que preferir los documentos a las entrevistas personales (con los partícipes en el problema que se está investigando). En este punto, es cierto que las personas pueden adecuar su relato a sus intereses, también es cierto que la memoria es falible y el recuerdo selectivo. Pero también es cierto que es posible contraponer lo dicho por un entrevistado con lo que otros partícipes han declarado y de esta forma validar la información. Por tanto, y dependiendo de los objetivos de la investigación y de los materiales disponibles, las entrevistas pueden ser una valiosa fuente de información. Comentarios finales. Marc Trachtenberg ha escrito un libro valioso, más allá de las críticas que se le puedan hacer a su enfoque. Es inevitable escribir desde una cierta perspectiva sobre temas metodológicos (por mucho que las editoriales se esfuercen en producir manuales políticamente correctos). Es claro que el autor tiene un enfoque epistemológico determinado y que el mismo es discutible (como lo son todos), es claro que tiene un sesgo hacia el Realismo, es claro que privilegia la historia diplomática sobre otras variantes de historia importantes en Relaciones Internacionales, etc. Sin embargo, ninguno de estos sesgos le quita valor al conjunto de consejos metodológicos que hace el autor sobre cómo focalizar y ejecutar una investigación histórica.Bibliografía. GRAVES, Robert. 1996. [1934]. Yo, Claudio. Altaya, Barcelona. LITTLE, Daniel. 1991. Varieties of social explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science. Colorado: Westview Press. TRACHTENBERG, Marc. 2006. The craft of international history. A guide to method. Princeton University Press, New Jersey. (1) Para conocer el perfil del autor ver: http://www.polisci.ucla.edu/people/faculty-pages/marc-trachtenberg/ Lo más interesante de este link es que si se entra al Curriculum vitae de Trachtenberg es posible descargarse los dos primeros capítulos del libro que estamos reseñando y los dos apéndices. (2) Marc Trachtenberg. 2006. The craft of international history. A guide to method. Princeton University Press, New Jersey.(3) Para leer una crítica de este libro desde la perspectiva de académicos de Relaciones Internacionales es recomendable leer la siguiente mesa redonda: http://www.h-net.org/~diplo/roundtables/PDF/CraftofInternationalHistory-Roundtable.pdf(4) Para una exposición breve del covering law model de Hempel ver mi artículo "¿Para qué sirve la Historia? Los usos de la Historia en las ciencias sociales". Revista digital "Letras Internacionales", FACS, Universidad ORT. Disponible en: http://www.ort.edu.uy/facs/boletininternacionales/contenidos/117/baudean117.html. En dicho artículo también se refiere literatura ampliatoria sobre el tópico.(5) Giuseppina D'oro resume la concepción de Collingwood de la siguiente manera: "the subject matter of history, understood as a science of the mind, is actions--actions understood not simply as the doings of human beings but of human beings in so far as they are rational. Actions, in the sense in which they constitute the subject matter of historical investigation have an 'inside' that events lack. To explain an event all we need to do is to subsume it under a general law that is obtained by inductive generalization, through the observation of repeated events of type B following events of type A. In order to understand an action, by contrast, we need to render it intelligible by reconstructing the thought processes that inform it. Whereas in event-explanations the relation between the explanans and the explanandum is empirical, in action-explanations the relationship between the explanans and the explanandum is a logical or conceptual relation. To explain an action is not to look for an antecedent condition that, together with a general empirical law, explains the occurrence of an event, it is rather to look for the motive that renders behaviour intelligible and as such more than mere behaviour."Tomado de Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponible en: http://plato.stanford.edu/entries/collingwood/#HisStuMin Consultado el 26/06/12.(6) Quien desee profundizar en las tesis constructivistas y sus implicaciones puede leer dos obras escritas recientemente sobre el tema por eminentes filósofos: John Searle. 1997. La construcción de la realidad social. Paidos. Barcelona. Ian Hacking. 2001. ¿La construcción social de qué? Paidós, Madrid.(7) El diálogo es ficticio, pero Tito Livio y Polión son personajes históricos que fueron contemporáneos. No se conservan las obras de Polión pero se sabe que fue crítico con los trabajos de Tito Livio por las razones que aparecen en el diálogo imaginado por R. Graves.(8) Para conocer de manera simplificada los argumentos de Stinchcombe sobre los usos de la historia en sociología ver mi artículo "¿Para qué sirve la Historia? Los usos de la Historia en las ciencias sociales", ya citado. Sobre el autorProfesor de Fundamentos de la Investigación Social, Métodos de Investigación y Taller de Monografía. Dpto. de Estudios Internacionales. FACS, Universidad ORT Uruguay. (ma.baudean@gmail.com)

Desde la perspectiva de fines del siglo XX, los regímenes políticos de la España de los años veinte y treinta aparecen como una secuencia de ensayos en respuesta a la profunda crisis sufrida por el sistema de la Restauración (1876-1923). Bajo ese enfoque, la Segunda República (1931-1936) se nos muestra inscrita en el esfuerzo por encontrar una nueva alternativa tras el fracaso de la Dictadura primorriverista (1923-1930) y las dictablandas del general Dámaso Berenguer y del almirante Juan Bautista Aznar. No es, pues, una cuestión casual acortar cronológicamente nuestro objeto de estudio entre el 13 de Septiembre de 1923 y el 18 de Julio de 1936. En esas fechas se gestó el desplazamiento de los antiguos partidos dinásticos por otros grupos de la que sería la derecha autoritaria Alfonsina (conservadores subversivos, en calificación de Gil Pecharromán) y, más tarde, por el movimiento republicano y los socialistas. Lo entonces acontecido sirvió de referente para posteriores actuaciones políticas, desde la valoración ideológica de sus elementos rechazables, corregibles o asumibles. Ciertamente, hay que subrayar que las costumbres y la vida cotidiana de los españoles cambió sustancialmente entre 1923 y 1936. La tímida pero imparable introducción de nuevos medios de transporte transformó el paisaje urbano. El automóvil, dirigido hacia la locomoción individual de los consumidores más pudientes, comenzaba a proliferar por las vías de las principales ciudades, forzando la ampliación de calles y modificando los usos habituales de la red pública. En paralelo, el crecimiento demográfico de las urbes impulsó tanto la construcción de viviendas (la más de las veces desordenada y de escasa calidad) como la expansión del Metropolitano (Madrid, Barcelona), al igual que las líneas de tranvías y los autobuses de enlaces con la provincia. Estos últimos, junto a los camiones, vinieron a completar el transporte de personas y mercancías por ferrocarril, estimulando el tendido de numerosos kilómetros de caminos vecinales y carreteras provinciales. También la radio irrumpió a mediado de los veinte. De lámparas para los de mayores posibilidades y de galena para el común de las gentes, los receptores comenzaron a formar parte del mobiliario doméstico, canalizando las noticias que antes sólo llegaban a través de la prensa. Por su parte ésta, comenzó a difundir información gráfica gracias a los últimos adelantos técnicos. La expansión del telégrafo y del teléfono contribuyeron a la mejora de las comunicaciones, aunque sujetos a la protección menopolística de la Dictadura (Telefónica, CAMPSA, Tabacalera, Compañía Arrendataria de Fósforos, etc.). Fueron también los años del avance de la aviación y de la promesa de los dirigibles, acariciando algunos la posibilidad de convertir a Sevilla en el aeropuerto terminal de Europa (Tomás de Martín-Barbadillo). Por último y para concluir el cuadro de aquellas innovaciones modernizadoras, cabe subrayar cómo la mujer se incorporó lenta pero inexorablemente a la vida pública (participación en el plebiscito de 1926, ingreso creciente en la población activa, nombramientos de concejalas en 1928, estreno del voto femenino en las elecciones de 1933). Buena parte de estos fenómenos se amplificaron en la Sevilla que estaba preparándose para celebrar con el máximo ornato la tan esperada como retrasada Exposición Iberoamericana (1929). Al sensible crecimiento vegetativo de la ciudad se le sumó la inmigración atraída por los puestos de trabajo del proyectado Certamen, precipitando el hacinamiento en barriadas periféricas surgidas sin orden ni concierto (Cerro del Águila, Villalatas, Amate). Y es que Sevilla mostraba sensibles contrastes. Por un lado, sufría frecuentes inundaciones y también, paradójicamente, un deficiente suministro de aguas, responsabilidad de una empresa extranjera (The Seville Water Works Company Limited). Contaba con un sistema de alumbrado para la Exposición (farolas diseñadas por Aníbal González), mientras muchos ciudadanos carecían de suficiente fluido eléctrico. Capital orgullosa de sí, pero capaz de plegarse a los designios de José Cruz-Conde (el tercer hombre más influyente de España, después del Alfonso XIII y de Primo, según el diplomático Carlos Morla Lynch). Feudo aparente del conservador marqués de Torrenueva y, a la vez, centro de disturbios estudiantiles que tantos problemas dieran al gobernador, conde de San Luis, y al ministro de la Gobernación, marqués de Hoyos. Baluarte anarquista y comunista durante la República, radical y socialista en las elecciones de 1931, pero también vivero de la primera sublevación grave contra el régimen nacido el 14 de abril (Sanjurjo). Cuna de líderes republicanos (Martínez Barrio, José Díaz) y campo de experimentos del Nuevo Orden tras el 18 de julio. A la vez cofrade y crisol de huelgas violentas. Foco destacado de la Masonería española y lugar de nacimiento de la Liga Católica. Ciudad semindustrial y terciaria en medio de una provincia agrícola. Es en esas coordenadas cronológicas y espaciales donde emplazamos el objeto de estudio: la Diputación Provincial de Sevilla. Un análisis fundamentado en la respuesta a estos dos interrogantes: 1ª) ¿qué puede aportar el estudio de las instituciones político-administrativas al conocimiento de la España contemporánea?; y 2ª) ¿por qué elegir dentro del conjunto de este tipo de organismos a la entidad provincial? El Estado, como comunidad de personas asentadas en un territorio fijo y sujetas a una dirección política común, se encuentra constituido por tres elementos básicos: población, territorio y poder (Andrés de Blas, Ramón Cotarelo). Este último –es decir, el poder o la capacidad para imponer obediencia desde una autoridad- se sirve de dos tipos de instrumentos (Duverger): los ideológicos (legitimidad, soberanía) y los materiales (órganos y aparatos del Estado). Planteado este esquema conceptual, se entiende que el estudio de las instituciones político-administrativas resulta imprescindible para observar las formas de ejercer el poder. Lo llamativo es que este relevante campo de investigación no haya despertado todavía el suficiente interés entre los estudiosos, mientras que otras cuestiones como el movimiento obrero, el papel del sindicalismo o la politología –especialmente la de los partidos externos al sistema- sí han recibido brillantes tratamientos, tanto en forma de síntesis globales como en obras de rango local. Es decir, hasta no hace mucho se ha analizado más la historia de los contra-poderes que el comportamiento preciso del propio poder, bien por las influencias ideológicas derivadas de la coyuntura política de los últimos años del franquismo y la transición democrática, bien por la acumulación de trabajos en determinadas parcelas historiográficas marcando tendencia generales, consideradas dignas de atención. Compárese, a modo de ejemplo, el número de monografías sobre la historia del sindicalismo con aquéllas otras que tratan de los organismos públicos responsables, en mayor o menor medida, de paliar las causas de la conflictividad social. Diseccionar las pautas de comportamiento de las instituciones (insistimos, soportes del poder) obliga a mostrar también las interrelaciones gobernantes-gobernados. No se trata sólo de esbozar la composición de unas corporaciones, saber quién ocupa determinados cargos o precisar el origen de la selección del personal político (sea por elecciones o por nombramiento gubernativo). Es todo eso, pero también lo es enlazar su actuación gestora con las realidades materiales y humanas objetivas sobre las que hubo de desplegarse. Este estudio sobre la Diputación Provincial de Sevilla ha sido realizado sobre la premisa de no perder esos referentes de la realidad. Otro aspecto a resaltar en la parcela de la historia de las instituciones lo constituye su interacción con la política. Ya durante el siglo XIX y la gestación del Estado liberal no pocos tratadistas se esforzaron en deslindar las esferas de lo político y lo administrativo. Ante el panorama de la creciente politización del funcionamiento del Estado y el enraizamiento del fenómeno caciquil, la práctica totalidad de los proyectos de reforma de la Administración recogieron declaraciones de expresa –y teórica- separación entre el apasionado campo de las luchas partidistas y el área –supuestamente neutra- de las decisiones de gobierno. Hasta tal punto llegaron a calar estos mensajes en la opinión pública que no fue excepcional el que un gobernador, un concejal o un diputado provincial formulasen públicos votos por dejar "en las puertas" su utillaje político y prometieran dedicarse a la gestión de los asuntos públicos bajo la más estricta independencia. Sin embargo, esos propósitos se hicieron tan inviables como el total divorcio entre la figura del político y del gestor público. Y es que, naturalmente, la Política y la Administración son dos asuntos distintos pero comparten intersecciones en los órganos del Estado, en las corporaciones y en los cargos públicos. Sabido es que el político es una figura y la función que pueda desempeñar en el aparato del Estado es otra. Ambas poseen, evidentemente, mucho en común, aunque presentan diferencias sustanciales. Es en este punto donde la historia de las instituciones tiene bastante que ofrecer al campo de la historia política. Comprendida dentro de ésta se encuentran: los programas; las pugnas ideológicas; los organigramas de las formaciones políticas; las campañas electorales; la génesis, desarrollo y evolución de las agrupaciones; el funcionamiento de los partidos; y, entre otros extremos, los individuos políticos. Ahora bien, ese conjunto de elementos se guía por determinadas conductas que pueden cambiar parcial o totalmente (de hecho, lo hacen) cuando el político o un partido pasa a asumir responsabilidades públicas. En este aspecto, fue bien relevante el cambio de actitud que registraron los partidos externos antes de 1923 en Sevilla: cuando eran beneficiarios del encasillado, guardaban sus baterías más agresivas contra el caciquismo de las formaciones dinásticas. Tampoco sería menor la transformación de republicanos y socialistas a la hora de ocupar los ayuntamientos o las diputaciones provinciales a raíz del cambio de abril de 1931. Valga una muestra: Hermenegildo Casas, presidente de la Diputación Provincial durante el primer bienio, abandonó su agresividad verbal como miembro del Ayuntamiento hispalense de 1930. Es más: su gestión al frente del organismo de la provincia le desmarcó de su propio partido (PSOE), del que acabaría saliendo en 1934. Creemos conveniente, por tanto, completar la historia política con las conclusiones aportadas por este tipo de estudios. Por último, resulta muy útil el análisis de las instituciones –y, dentro de éstas, de las locales- para inferir el modelo de Estado en que están inscritas y en qué medida cumplen su función ante los ciudadanos. Ese enfoque constituye, a nuestro juicio, un ángulo privilegiado para comprender tanto los problemas del edificio estatal español durante el primer tercio del siglo XX (déficit, desestructuración, ineficacia) como el arranque de las alternativas regionalistas o nacionalistas, que tuvieron sus orígenes no sólo en componentes culturales (lengua, tradición) sino en la escasa operatividad que el Estado centralizado brindó a sus ciudadanos-contribuyentes. Y es que los responsables políticos durante la Dictadura primorriverista y la Segunda República no corrigieron las inercias y los vicios del edificio estatal. Si Primo de Rivera no se atrevió a suprimir las diputaciones provinciales, tampoco los gobernantes republicanos reorganizaron en profundidad la estructura del Estado –adjetivado como integral- salvo el reconocimiento de algunas autonomías (Cataluña). Y todavía resulta una cuestión pendiente. Baste recordar la última polémica suscitada por el cuestionamiento de los gobernadores civiles como figuras adecuadas dentro del Estado de las autonomías. Lo afirmado en párrafos anteriores avala suficientemente el valor de la historia de las instituciones político-administrativas. Ahora bien, ¿qué particularidades ofrecen las diputaciones para ser objetos de estudio? Varias son las razones que justifican la opción. En primer lugar, las diputaciones eran piezas estratégicas dentro del sistema político-administrativo español. Encargadas de velar por los intereses de las provincias, estaban emplazadas entre el Gobernador Civil y los ayuntamientos, lo que les convertía en elementos clave en coyunturas electorales durante la Restauración. Muchos reformistas a comienzos de siglo las consideraban auténticas lacras, viveros de caciquismo y paradigmas de la corrupción. En general, eran fieles obedientes a las consignas de Gobernación, transmitidas a través del gobernador de turno, y atendían regularmente el sometimiento político de las localidades de la provincia. Pero no es solo ésta la única vertiente atractiva de las diputaciones para los investigadores. De hecho, después de 1923 siguen presentando un enorme interés por la entrada en vigor del Estatuto Provincial de José Calvo Sotelo, en aquel entonces director general de Administración Local (marzo 1925). Aquella obra legislativa superaba a la vieja Ley Provincial de 1882 tanto en sus aspectos técnicos como en sus efectos prácticos: las diputaciones recibieron competencias y un sensible reforzamiento de sus recursos, alentando el desarrollo de una amplia actividad en materia de obras públicas y beneficencia. Obviamente, cabe adjudicar parte de aquel desenvolvimiento material a la coyuntura de bonanza económica de los años veinte, pero también es cierto que los responsables de las corporaciones provinciales durante los gobiernos Berenguer/Aznar y las nuevas comisiones gestoras republicanas reconocieron las cualidades del Estatuto, al plantear proyectos de reforma inspirados en él. Es decir, la abundancia material de los años veinte no hizo sino realzar las capacidades potenciales intrínsecas del Estatuto Provincial. Con independencia de lo expuesto, la elección de la provincia como ámbito de análisis merece otros comentarios. En primer lugar, si situamos el centro de nuestro enfoque sobre la Diputación, conviene metodológicamente abrir el campo de estudio al conjunto global de los municipios de la provincia y, también, al Gobierno Civil. Bajo ese primas pretendemos superar el estrecho marco local al que están referidos la mayor parte de los trabajos disponibles. Actualmente asistimos a una proliferación de la historia local –tal vez excesiva- que, si bien resulta imprescindible, por otra complejiza cada vez más la elaboración de posteriores síntesis, aparte desniveles cualitativos. Por ello, juzgamos interesante el análisis de escalas intermedias como pueden ser la provincia o la región, siempre y cuando la temática seleccionada lo permita. La provincia, aunque nacida de la mano del legislador, ha cobrado carta de naturaleza tanto para el sistema político-administrativo como para los ciudadanos. Incluso el actual Estado de las autonomías ha corroborado la vigencia de las viejas provincias de Javier de Burgos. Y además –subrayamos esta cualidad- las provincias significaban mucho más en las década de los veinte y los treinta que hoy. En el caso de Sevilla, según el censo de 1930, la capital aglutinaba unos 228.000 habitantes mientras que en la provincia vivían 576.000; es decir: la suma de los municipios rurales doblaba sobradamente los efectivos demográficos de la capital. Es más, 17 localidades agrupaban a 267.000 ciudadanos, lo que indica la existencia de auténticas agrociudades con un peso demográfico y económico nada desdeñable dentro del conjunto provincial. Estos ingredientes bastan para justificar esta línea de investigación: la historia de Sevilla no es sólo la de la capital, sino también la de su entorno provincial y la de las mutuas interrelaciones entre ambas. Indudablemente, si alguna institución nos sirve para contemplar una amplia panorámica de la provincia, ésa es la Diputación Provincial. Sus diversas y heterogéneas áreas de gestión abarcaban tanto las obras públicas como la beneficencia, la enseñanza y el control de los ayuntamientos, las comunicaciones y la administración provincial de las elecciones… Suficientes argumentos para dedicar no sólo uno, sino varios trabajos monográficos a estas cuestiones. El afirmar que las diputaciones constituyen una interesante parcela de trabajo no es ningún descubrimiento original. Desde finales de los años setenta y a lo largo de los ochenta han aparecido una serie de valiosas obras sobre estas instituciones, aunque los esfuerzos pioneros se remontan a casi hace treinta años. Fue el profesor Cuenca Toribio uno de los primeros que se internó en este campo al publicar en 1963 un artículo titulado "Los orígenes del la Diputación sevillana" (Archivo Hispalense, nº 118, marzo-abril 1963). Entre 1964 y 1966; en la misma revista, el entonces cronista oficial de la provincia, Manuel Justiniano y Martínez realizó un esbozo de la historia de la Diputación hispalense durante la Dictadura y la República. A escala más general y en 1966, la Diputación Provincial de Barcelona promovió una obra colectiva en varios volúmenes sobre la historia de estos organismos bajo el título de La Provincia. Ya en la década de los setenta vieron la luz otros trabajos locales –véase el apéndice bibliográfico-, como fueron los de Salcedo Izu (Navarra, 1972), Lladonosa Pujol (Lérida, 1974), González Mariñas (Galicia, 1978) o Piña Homs (Baleares, 1979), aparte uno colectivo titulado: Asistencia hospitalaria. Estudios de las Diputaciones Provinciales, (1978). Pero la definitiva consolidación se produjo en la década de los ochenta y comienzos de los noventa, al aparecer un buen número de monografías sobre diputaciones, alguno de cuyos títulos recogemos aquí: Manuel Santana Molina (La Diputación provincial en la España decimonónica); José González Casanovas (Las Diputaciones Provinciales en España, 1812-1985); Fariña Fajardo y Pereira Figueroa (La Diputación de Pontevedra, 1836-1986), Borja de Riquer (ed.), (Historia de la Diputaciò de Barcelona); Enrique Orduña Rebollo (Evolución histórica de la Diputación Provincial de Segovia, 1833-1990); Pedro Ortega Gil (Evolución legislativa de la Diputación Provincial en España, 1812-1845. La Diputación Provincial de Guadalajara); Encarnación Lemus López (Extremadura, 1923-1930. La historia a través de las Diputaciones Provinciales); José Ángel Semas y José Antonio Armillas (La Diputación de Aragón: gobierno aragonés del reino a la comunidad autónoma); aparte los trabajos, aún inéditos o en curso de realización sobre los organismos provinciales de Valladolid (Heliodoro Pastrana) o León (Luis Carlos Sen Rodríguez). El IV Symposium de Historia de la Administración (cuyas Actas fueron publicadas por el Instituto Nacional de Administración Pública en 1983) y el Symposium Internacional sobre Organización del Estado Moderno y Contemporáneo en Italia y España, celebrado en Barcelona en 1991, significaron dos hitos historiográficos en esta materia al poner al día el estado de la cuestión. El elenco de trabajos citado conforma un grupo internamente heterogéneo. Cada uno trata períodos distintos y tienen sus propios enfoques, estableciendo paradigmas de referencia muy dispares. Dentro de este conjunto hemos seleccionado las pautas metodológicas consideradas más pertinentes y adecuadas para la elaboración de la presente Tesis Doctoral. A continuación planteamos cuáles han sido los objetivos, las hipótesis generales y la metodología que han orientado las coordenadas de esta obra. El análisis de la trayectoria histórica de una Diputación puede abordarse desde numerosas premisas y ángulos. Tras analizar la bibliografía disponible hemos optado por delimitar nuestra área de investigación en dos direcciones. En primer lugar, algo obligado: acotar el tratamiento de los que representa la institución. Esta se ofrece como órgano político (la corporación provincial) y como organismo administrativo. Si la primera vertiente es de por sí suficientemente amplia (todo lo relacionado con la dimensión política de la entidad), la segunda –es decir, las distintas líneas de gestión- pronto se reveló ante nosotros como un campo inabarcable en toda su complejidad. No cabía, consecuentemente, hacer sólo una historia de la beneficencia o de las obras públicas provinciales en profundidad y, por ello, decidimos mostrar un esbozo general de la variada actividad gestora de la Diputación en sus epígrafes correspondientes. Una panorámica que contiene campos de estudio de alto interés, señalando a los establecimientos benéficos y sanitarios dependientes de la Diputación como merecedores en un futuro de obras monográficas bajo perspectivas cronológicas más amplias. Hecha la anterior advertencia, conviene precisar otra observación previa de calado aún más hondo si cabe, por cuanto define el estilo global del estudio realizado. Si hemos restringido el terreno de la gestión administrativa a unas pinceladas generales, no ocurre así con las interacciones de la Diputación respecto de otras instituciones político-administrativas y la propia realidad provincial. Y es que no concebimos procedente historiar la trayectoria de este tipo de entidades sin tener presente el contexto representado por los gobiernos civiles o los ayuntamientos. Una institución exenta, esto es, presuponiéndola sin interconexiones con sus inmediatos órganos jerárquicos (superiores o inferiores) encierra un error de partida que puede desembocar en unas conclusiones metodológicamente erróneas o, cuando menos, incompletas. En el caso que nos ocupa, no podríamos responder a muchos interrogantes sin tener en cuenta extremos como cuál fue el marco legal de estos organismos, quién fue gobernador en determinadas coyunturas o en qué situación se hallaba socio-económicamente la provincia. Es más, los diputados provinciales fueron en muchas ocasiones concejales o diputados en Cortes. En consecuencia, las instituciones hay que analizarlas insertas en el ámbito de la estructura estatal al que pertenecieron. Eso es justamente lo que hemos hecho en el caso de la Diputación Provincial sevillana. Establecidos el marco propuesto, formulamos una serie de hipótesis de trabajo generales y otras, más concretas y específicas, según los aspectos de las materias tratadas. Siguiendo el método comúnmente utilizado (formulación, contraste de hipótesis, verificación-síntesis y elaboración de conclusiones), hemos de reconocer con toda honestidad que algunas de nuestras premisas se modificaron en el transcurso de la investigación ante la consulta de las fuentes. Así, por ejemplo, le ocurrió a la apreciación previa sobre el balance general de la Diputación primorriverista sevillana en su aspecto gestor, considerada a priori menor de lo que en realidad fue. El asunto de la persistencia del caciquismo más allá de 1923 fue otro de los interrogantes planteados en las primeras fases del proceso. En nuestro análisis pudimos confirmar para la corporación provincial sevillana una clara permanencia de viejos políticos, tal y como demostrarse en sus trabajos Javier Tusell pero, igualmente, constatamos la emergencia de figuras nuevas en el espectro de la derecha autoritaria, aceptando por consiguiente la opinión de Gómez-Navarro. Matices y definiciones conceptuales han resultado elementos obligados en la elaboración de una síntesis entre ambos fenómenos, en apariencia dispares. Por último, resultó sorprendente comprobar cómo el balance de la Diputación sevillana durante la Segunda República fue más pobre de lo que podría creerse, aparte el sorprendente grado de politización alcanzado en la vida administrativa de esta institución y las artes neocaciquiles practicadas por los partidos hegemónicos en la Sevilla de aquellas fechas. Sobre las fuentes utilizadas podemos distinguir cinco grandes grupos en orden a una clasificación de los centros de documentación donde hemos trabajado: a) archivos provinciales o locales; b) nacionales; c) privados; d) hemerotecas; y e) bibliotecas. En primer lugar, figuran los archivos provinciales o locales, destacando naturalmente el de la Diputación Provincial de Sevilla. Este archivo presenta sus fondos modernos perfectamente catalogados, pero su documentación contemporánea –considerada aún como administrativa- no se encuentra totalmente organizada. El inventario que utiliza es de 1964 y es objeto de reactualización hoy en día. En el año 1995 estos fondos fueron objeto de traslado, al cambiar la sede de la Diputación desde la Plaza del Triunfo al antiguo cuartel de Intendencia. Hasta ese año, la documentación utilizada en este trabajo se partía entre la biblioteca y el archivo de legajos propiamente dicho. La primera, amplia y muy completa, contenía los documentos encuadernados; entre ellos, el Boletín Oficial de la Provincia o las series de Actas de la corporación provincial (Pleno, Comisión Permanente, Comisión Gestora). Los legajos y carpetas quedan referidos a las áreas competencia de la Diputación (Secretaría, Intervención, elecciones, quintas, beneficencia, etc), aunque su ordenación no es absolutamente correcta. Por ejemplo, no resultó extraño encontrar documentos sobre caminos vecinales de comienzos de los veinte dentro de una carpeta que prometía guardar actas electorales de los treinta. La prolongación de este estado de cosas procede más de la falta de recursos que de una ausencia de preocupación sincera y real por mejorar la organización de estos fondos. Así lo demuestra el que la directora de este archivo, Antonia Herrera Heredia, publicase en el Ministerio de Cultura una obra titulada Manual de organización de fondos de corporaciones locales. El Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (1980). De cualquier modo y para nuestros propósitos, la asimetría organizativa de los fondos custodiados en la Diputación ha producido un uso desigualmente intenso de sus documentos. Esta carencia ha debido ser cubierta con otras fuentes indirectas. Los archivos municipales, en cambio, lo hallamos en un estado razonablemente bueno gracias a la preocupación de las áreas o delegaciones de Cultura de los ayuntamientos y el apoyo prestado por la Diputación Provincial, que ha contribuido a la labor de inventario y publicación de los fondos locales, en ocasiones en mal estado y dispersos- la consulta de archivos en diversos municipios (Alcalá del Río, Carmona, Morón, Lora, etc) nos ha proporcionado un amplio soporte documental del que ya conocíamos su valor. Al fin y al cabo, lo que en su día fue nuestro primer trabajo de investigación (un análisis de la política municipal durante la Segunda República en Lora del Río) significó el primer aporte en un campo que, ahora, con el presente estudio sobre la Diputación Provincial se desarrolla en profundidad a una escala más amplia. Por otro lado, hemos considerado imprescindible la consulta de otros fondos localizados en Sevilla, hasta la fecha sorprendentemente inéditos. La exhumación de este tipo de documentos trasciende como mucho la mera anécdota de su descubrimiento, pues gracias a sus informaciones hemos podido reconstruir con mayor precisión biografías personales y profesionales de la galería de figuras aquí tratadas. Entre éstos archivos destacarían principalmente dos: el de la Capitanía General de Sevilla y el de la Prisión Provincial. Ninguno de los dos se encuentra en una situación óptima y no resultó sencillo el acceso a los mismos pero, como compensación, ofrecieron informaciones extraordinariamente valiosas. Nuestras consultas en la Capitanía General nos ha proporcionado una imagen más precisa de lo que significaron las delegaciones gubernativas o el grado de censura durante la Dictadura de Primo de Rivera, entre otros extremos. El de la Prisión Provincial –de reciente ordenación- ha permitido precisar el perfil biográfico de muchas de las autoridades que fueron represaliadas en 1936. Otros archivos locales consultado como el del Gobierno Civil (prácticamente reducido a sus libros registro de asociaciones), el Histórico Provincial o el de Hacienda también han sido objeto de nuestra atención, aunque su importancia para nuestro estudio se encuentra en un segundo plano. En cuanto a los archivos de impronta nacional hemos visitado los siguientes, al considerarlos ineludibles: Archivo Histórico Nacional; Archivo Histórico Nacional-Sección Guerra Civil; Archivo General de la Administración y Servicio Histórico Militar. La temática y el período tratados justifican su consulta, aunque la utilidad de los mismos ha sido muy variable. Así, si los archivos nacionales de Madrid y Salamanca nos han resultado muy fructíferos, no cabe decir lo mismo del Servicio Histórico Militar o el de la Administración. Del primero, naturalmente, sólo esperamos información castrense sobre el período primorriverista, dominado por la militarización de buena parte de las estructuras públicas (Navajas Zubeldia) y, hasta cierto punto, nos ha servido para complementar algunas informaciones obtenidas en la Capitanía General de Sevilla. Sin embargo, el segundo defraudó nuestras expectativas. El Archivo General de la Administración alberga un copioso conjunto documental, si bien su complejo sistema de inventario no permite un acceso ágil al documento. Por otro lado, es difícil hallar allí información concreta sobre una provincia determinada al no corresponder en ocasiones los contenidos reales del legajo con su descripción. Estos problemas devienen de la reciente creación del Archivo y de la transferencia a su sección de Gobernación de los fondos el Ministerio del Interior y del antiguo archivo que existía en Guadalajara (palacio del Infantado). Ambos cuerpos documentales no ofrecían una óptima catalogación y, como añadidura, han presentado problemas para fusionarlos correctamente. Las carencias encontradas en estos centros sobre el tema que estábamos tratando y el exigible afán por documentar al máximo la investigación nos llevaron también a consultar otros archivos como el de Segovia, la Fundación Pablo Iglesias o la Fundación de Investigaciones Marxistas, éstas últimas en Madrid. Otras dos inspecciones de interés han sido las realizadas en el Archivo Nacional de Cataluña (donde se conserva la documentación relativa a la Mancomunidad catalana) y la Fundación Francisco Largo Caballero que completaron nuestra indagación, además de sugerirnos líneas de trabajo post-doctorales. Las hemerotecas han representado otra fuente de información, en especial las municipales de Sevilla y Madrid, aparte la utilización de alguna prensa local conservada en colecciones particulares. Con todo, conviene precisar algunos extremos con respecto al uso de la prensa en la parcela de la historia política y de las instituciones. Por un lado, hay que advertir que las informaciones periodísticas sobre las instituciones político-administrativas locales o provinciales ocupaban espacios muy pequeños o casi marginales en los rotativos. Tal vez el Ayuntamiento de la capital se escapa un poco a esta regla por las consecuencias inmediatas que su gestión representaba para los lectores de la capital, o sea, la mayor parte de la clientela de la prensa escrita por aquel entonces. Pero, en el caso de la Diputación y los municipios de la provincia, las informaciones se limitaban muchas veces a extractar las sesiones celebradas y a la publicación de algunos anuncios. Sólo en coyunturas de crisis política o sonados recambios en las corporaciones, la prensa dejaba traslucir algo más que la frialdad de las simples fuentes oficiales o actas transcritas. Estas excepciones se dieron con relativa frecuencia durante los años republicanos y menos durante la Dictadura, debido a la censura ejercida sobre los medios de comunicación. Desde luego, el sexenio no se reveló de una dureza extrema en cuanto a censura de prensa se refiere, pero sí la practicó en grado suficiente como para interferir las labores del historiador. Valga un solo ejemplo: el cese de José Cruz-Conde como gobernador civil de Sevilla. El final del mandato de una figura tan señera, que además era director de la Exposición Iberoamericana y estaba dotado de grandes influencias políticas, se reflejó en la prensa de pasada, aludiendo ambiguamente a un roce con el gobernador militar: el infante Don Carlos. El conflicto, en realidad, tenía más calado del que puede sospecharse de la lectura de los periódicos de aquel entonces. Tras el roce entre Cruz-Conde y el infante latió el conflicto de los Artillero, cuerpo al que pertenecía el primero: aquella fue la oportunidad de los crecientes enemigos de la Dictadura para sacudirse un baluarte del primorriverismo en Sevilla. Tampoco faltaron ciertas sonrisas entre lo más destacado de la escena social hispalense ante la despedida de Cruz-Conde. En lo tocante a su falta de profundidad en los aspectos más espinosos, puede aplicarse similares consideraciones a las fuentes oficiales. Evidentemente, éstas son imprescindibles para reconstruir la gestión administrativa y las directrices generales de una actuación, pero no son completas ni cubren todos los aspectos que interesan a un historiador. Por ejemplo, entre la documentación conservada en las instituciones no se encuentra normalmente correspondencia particular de los políticos, papeles de extraordinaria utilidad para comprender muchas de las decisiones políticas adoptadas, con quiénes se relacionaban los políticos, qué calidad tenían esos contactos epistolares, etc. en otro orden de cosas, tampoco las fuentes oficiales aclaran muchas de las sutilezas de la gestión administrativa: un acuerdo puede estar perfectamente recogido en las actas de la corporación y, sin embargo, dejar de cumplirse; unos fondos destinados para un menester pueden desviarse suavemente hacia objetivos menos confesables; el nombramiento de un funcionario puede reunir todos los requisitos legales pero, en verdad, procedía de una compleja maniobra caciquil en unas oposiciones, el beneficiario de la concesión de una obra –directa o por el sistema de subasta- presentaba, en apariencia, una mediocre oferta pero era familiar de uno de los diputados provinciales, etc. además, la propia complejidad burocráticas favorece el desorden documental de los fondos institucionales. Siendo esto así, nos parecía obligado acudir a otro tipo de fuentes: los archivos privados. Precisamente, desde el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla se viene promoviendo desde hace algún tiempo la exhumación de conjuntos documentales particulares. La labor es ardua por varias razones. En primer término, porque no existe una cultura de conservación del patrimonio documental en muchas de las familias más insignes que, en su día, marcaron una época y, en consecuencia, la información puede haberse perdido. En otras ocasiones, porque existen documentos pero en un mal estado de conservación o muy incompletos. Por último, puede darse el caso de que el fondo esté incluso organizado pero, curiosamente, nadie sabe de él, bien por celo de quienes lo custodian, bien porque nadie le ha prestado la debida atención. Este último grupo es el que debe merecer los esfuerzos de recuperación más intensos. En el curso de la investigación hemos indagado sobre la existencia de archivos privados de apellidos que figuraron al frente de la Diputación Provincial de Sevilla. Desafortunadamente, no hemos hallado indicio alguno en la mayor parte de los casos. Los descendientes del presidente de la Diputación durante la Dictadura, José María López-Cepero, no han mantenido bajo su propiedad ninguno de los papeles que poseyeron en su día. Tampoco se ha conservado rastro de la documentación de Pedro Parias y lo mismo caber afirmar de la mayor parte de os miembros de la Diputación. Sin embargo, nuestra búsqueda tuvo fortuna al encontrar dos fondos especialmente trascendentes para este estudio. Nos referimos al archivo de José Cruz-Conde (hallado en el domicilio particular de la familia en Córdoba) y a los fondos del presidente de la Diputación Hermenegildo Casas, en México. Ambos han resultado fundamentales para nuestra investigación al haber pertenecido a figuras clave en la política sevillana de aquellos años: Cruz-Conde fue mucho más que un gobernador civil, en realidad el indiscutible amo de la escena pública en la provincia (y en Córdoba) entre 1926 y 1929; Hermenegildo Casas, el principal líder socialista hispalense al comienzo de la República y presidente de la Diputación entre 1931 y 19354. Bien es verdad que los archivos privados no suelen ser cuantitativamente copiosos. De hecho, el de Hermenegildo Casas se encuentra muy esquilmado debido a las pérdidas que sufrió en su largo periplo hacia el exilio mexicano. Sin embargo, sus escasos documentos nos dicen mucho de su trayectoria masónica y de sus principios ideológicos, acercándoos a los pliegues más íntimos de su fibra humana: todavía en los años setenta ensalzaba su andalucismo y fervor por Sevilla en cada ocasión que se le presentaba. Algunos hallazgos en ese pequeño fondo muestran otras dimensiones distintas a las de la lucha política. La oración fúnebre pronunciada por el socialista Juan Simeón Vidarte con motivo del fallecimiento de Casas (1967) en toda una muestra de militancia masónica y de fraternal compañerismo más allá de las siglas de partido y de las controversias que les separaron durante la Segunda República. Al archivo de Cruz-Conde es acreedor de mayores comentarios. Su contenido puede dividirse en dos bloques principales: a) el de diversos asuntos particulares; y b) el de su correspondencia. En el primero apareen documentos relacionados con su situación económica particular (gestionada por la casa Lázaro and Brothers de Madrid), diversos títulos y certificados, recortes de prensa, el proyecto de reforma de Sevilla (1926) que fue rechazado por él, papeles relativos a la Exposición Iberoamericana, organización de Renovación Española en Córdoba y, entre otros, una interesante memoria sobre la situación política antes de la Dictadura y durante el Directorio Militar. El segundo apartado está compuesto por su correspondencia, organizada y en buen estado de conservación. Ojear esas cartas equivale a realizar un recorrido a través de todo un elenco de personales que caracterizaron la vida política de los años veinte y parte de los treinta. En ellas, cartas recibidas o copia de las contestadas, se recogen decenas de firmas, como las de Eduardo Aunós, el conde de Bustillo, Federico Berenguer, Manuel Blasco Garzón, Hermenegildo Casas, Carlos Cañal, José Calvo Sotelo, el duque de la Unión de Cuba, José María Gil Robles, José María Pemán y Pemartín, José Antonio Primo de Rivera, José Yanguas, etc. Con todo, los avatares del tiempo y de la Guerra Civil produjeron lamentables mellas en esta modélica organización de un archivo privado: no figura, por ejemplo, ningún cruce epistolar con el marqués de Estella. Aparte lo descrito, el archivo de Cruz-Conde también contiene algunos papeles menores sin catalogación precisa y un interesante diario escrito de puño y letra por don José a lo largo de sus asilos diplomáticos en el Madrid de la guerra civil (1936-1939). El ex-gobernador de Sevilla estuvo implicado en los preparativos del Alzamiento del 18 de Julio en Córdoba pero, sin embargo, las circunstancias de última hora (muerte de Calvo Sotelo) y los requerimientos del general García de la Herrán le hicieron permanecer en Madrid. El fracaso de la sublevación obligó a Cruz-Conde a buscar asilo diplomático en diversas legaciones y embajadas (Perú, Argentina, República Dominicana) hasta acabar sus días en el Hospital francés a fines del mes de enero de 1939. Precisamente, este diario es objeto de un estudio que estamos llevando a cabo y que verá la luz en un futuro próximo. Tanto la tarea de extraer información para la presente Tesis Doctoral como la profundización biográfica en la figura de José Cruz-Conde han sido posibles mediante la amabilidad de su familia y, muy especialmente, de Antonio Cruz-Conde, sobrino-nieto del que fuera director de la Exposición, a quien agradecemos su colaboración desde estos párrafos. Han sido también de sumo valor las aportaciones de las publicaciones de la época. Hemos examinado una ingente bibliografía política de los años veinte y treinta en la Biblioteca Nacional (Madrid) y en otros centros como la Biblioteca Arús o la comúnmente conocida como Biblioteca Figueras, ambas en Barcelona. Singular énfasis queremos poner en la segunda porque en ella hemos encontrado obras que no se hallaba en la Nacional y, sin duda, recoge referencias bibliográficas de sumo interés para los analistas del siglo XX español. Por otro lado, también hemos accedido a otros centros como la Biblioteca del Ministerio del Interior, la de Administración Pública, la del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) o la del Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP). Tal y como el lector puede intuir, entre estas bibliotecas existen bastantes duplicidades y sería bastante racionalizador simplificarlas en una sola, correctamente dotada y organizada. La Biblioteca del Parlamento Andaluz y, sobre todo, la de la Universidad de Sevilla también han sido objeto de nuestras consultas. Por último, quisiera agradecer la disposición de Eduardo Ybarra al dejarnos investigar en su acogedora biblioteca particular. Volviendo al análisis de las fuentes originales consultadas y para cerrar este apartado, conviene hacer una última mención sobre la historia oral, son de sobra conocidos los argumentos en pro y en contra de la historia realizada a partir del recurso de las entrevistas personales. Nosotros hemos utilizado este recurso excepcionalmente y con la debida precaución por dos razones. De entrada, porque los entrevistados no son de primera mano (todas las personalidades que nos interesaban habían fallecido ya) y, en segundo lugar, porque son familiares de la figura que había motivado nuestra atención. Por todo ello, sólo han sido tomadas en cuenta cuando no existía documentación o cuando, indirectamente, hemos podido comprobar la veracidad de sus informaciones. Particularmente, he de agradecer la cooperación que nos prestaron la hija del marqués de Castellón (diputado provincial por el distrito de Utrera-Marchena entre 1924-1925), las familias de López-Cepero y de Muñoz Conde, Elena Casas Ordoñez (hija de Hermenegildo Casas) y, de nuevo, Antonio Cruz-Conde. Dicho lo anterior, la estructuración definitiva de los capítulos que siguen obedecen a un planteamiento cronológico en el que se intercalan núcleos temáticos específicos, todo ello precedido de un primer capítulo introductorio donde se traza una síntesis de las diputaciones provinciales desde su nacimiento hasta 1923, acercándonos a la situación vivida por la Diputación sevillana poco antes de la irrupción de la Dictadura primorriverista. Como queda indicado, el capítulo introductorio describe la génesis y evolución de los organismos provinciales en el siglo XIX. Las diputaciones fueron piezas en la construcción del Estado liberal en España y, como tales, sufrieron los avatares políticos del primer tercio de la pasada centuria. Nacidas sobre el papel en la Constitución de 1812, vivieron con interrupciones los primeros años de su existencia. Tras el Trienio Liberal, esos órganos desaparecieron durante la segunda etapa absolutista del reinado de Fernando VII y no sería hasta 1833 cuando tuvo lugar su definitiva implantación. La división territorial diseñada por Javier de Burgos les otorgó un dominio delimitado sobre el que ejercer su gestión, mediatizada ésta por la guerra carlista. El reinado de Isabel II y el sexenio revolucionario transfirieron cartas de naturaleza tanto a las provincias como a las instituciones político-administrativas encargadas de administrarlas (además de las diputaciones, también los gobiernos civiles). El segundo epígrafe del capítulo se dedica a valorar el papel de estos organismos dentro del sistema de la Restauración canovista y sus profundas raíces caciquiles. Por último, se concluye con una aproximación al estado en que se encontraba la Diputación Provincial de Sevilla en los años finales de la crisis del sistema. La sublevación de Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, irrumpió bajo una aureola de propósitos regeneradores envueltos en dictados autoritarios, constituyendo un auténtico impacto para las diputaciones. Precisamente, el capítulo segundo se inicia con un esbozo acerca de lo que significó en Sevilla la última corporación provincial del turno y en qué forma ésta hubo de asumir las normas del Directorio Militar. El entonces presidente de la Comisión –Serasúa Barandiarán- supo acomodarse a la nueva situación manteniendo unas relaciones más que cordiales con el gobernador civil: el general Francisco Perales Vallejo. Aquel fue uno de los primeros gestos de entendimiento entre los viejos políticos y las autoridades militares, en principio tan firmemente anticaciquiles como regeneradoras. Y es que los enérgicos proyectos de la Dictadura se fueron domesticando al poco de acceder al poder. Incluso, el dictador acarició la idea de suprimir de un plumazo los viveros de caciquismo representados por las diputaciones, pero todo quedó en una mera sustitución de corporaciones en enero de 1924, a excepción de las provincias vascongadas que conservaron sus diputados. En la sevillana, todos los miembros del pleno provincial fueron reemplazados por otros entre los que se contaron figuras de la vieja política pero, también, la emergencia de hombres nuevos (sobre todo católicos). La segunda parte del capítulo aborda las transformaciones acontecidas en la Administración Local de la provincia de Sevilla, de acuerdo con nuestro objetivo de incardinar a la Diputación dentro de la jerarquía institucional. En consecuencia, se tratan los cambios producidos en el Gobiernos Civil y en los ayuntamientos, reservando un apartado al fenómeno de los delegados gubernativos, bisturí anticaciquil en la última epidermis municipal y supuesto espejo de las virtudes que habrían de conducir el futuro del país. El ruido de las primeras purificadoras fue mucho mayor de lo que en realidad se consiguió, aunque ciertas cosas sí llegaron a cambiar. La persistencia de caciques no implicó la subsistencia del caciquismo anterior al 13 de Septiembre de 1923 y, de hecho, la gestión de los organismos administrativos registró notables modificaciones. Un ejemplo fue la actividad desplegada por la Diputación dirigida por el abogado católico José María López-Cepero y Muru entre enero de 1924 y marzo de 1925. Precisamente, en ésta última fecha Calvo Sotelo publicó su Estatuto Provincial gracias al cual la actividad de las diputaciones mejoró sensiblemente durante casi cinco años. El tercer bloque de contenidos está dedicado al estudio del desarrollo de aquel Estatuto para el caso sevillano. Una vez expuesto en el segundo capítulo su significado legislativo y sus innovaciones, en éste se contemplan los efectos palpables producidos por el Estatuto en combinación con los acontecimientos políticos que se dieron cita en la Sevilla del período 1925-1930. Fue entonces cuando se fraguó el mayor esfuerzo económico de la institución provincial, en forma de caminos vecinales, mejoras en la beneficencia y contribución a la puesta a punto de la Exposición Iberoamericana. Esa gestión se adecuó a las pautas marcadas por el régimen, secundadas y suscritas plenamente por las dos figuras que ocuparon la presidencia de la Diputación en aquellos años: José María López-Cepero (abril 1925 – junio 1928) y Pedro Parias (julio 1928 – enero 1930). No obstante, el consenso alcanzado en lo administrativo se conjugó con una serie de crisis políticas –conectadas con el progresivo desgaste del régimen- entre las que destacamos la del Ayuntamiento (1927) y la de la Diputación (1928). La actuación del gobernador civil José Cruz-Conde es la clave de aquellos sobresaltos políticos en su afán por controlar el status quo de la Unión Patriótica (UP) y, sobre todo, por llevar a buen término la citada Exposición. No dudó en sustituir a los católico-mauristas por el apoyo incondicional de los grupos económicos (Unión Comercial) que apostaban decididamente por la celebración del Certamen, promesa para el desarrollo del comercio exterior. Relacionado con aquel auge de las élites económicas reservamos un espacio para el estudio de un fenómeno hasta la fecha prácticamente inédito: el rotarismo. De hecho, el Rotary Club de Sevilla experimentó un sensible auge entre 1927 (fecha de su inauguración) y 1930, militando en esta cantidad diputados provinciales pertenecientes a actividades industriales, mercantiles o profesiones liberales. Finalmente, la caída de Cruz-Conde, los últimos reajustes políticos, el balance presupuestario de las corporaciones provinciales primorriveristas y el significado de la III Asamblea de diputaciones, organizada en Sevilla, jalonan la fase terminal de la Dictadura en nuestro estudio. El cuarto capítulo refiere lo que fue el crítico año de 1930. Hemos centrado especial atención en los meses que median entre la Dictadura y la República porque, además de servir de bisagra a los dos períodos que determinan este trabajo, durante el mismo se planteó la reforma del marco legal de las diputaciones. En ese año, incluso bajo una atmósfera revisionista contra lo ejecutado durante el sexenio, nadie quiso volver a la vieja Ley Provincial de 1882, decantándose la mayor parte de las diputaciones por realizar una reforma a partir de lo plasmado en el Estatuto de Calvo Sotelo. Esa postura equivalió a reconocer la superioridad de la legislación provincial primorriverista respecto de la de la Restauración. Actitud aún más significativa por cuanto en 1930 muchos personajes de la vieja política se habían reincorporado a los ayuntamientos y diputaciones. En Sevilla, los conservadores –acaudillados por el marqués de Torrenueva- dominaron toda la estructura político-administrativa de la provincia, desde el Gobierno Civil a los ayuntamientos pasando, lógicamente, por la Diputación. El objetivo político de los gobiernos Berenguer y Aznar radicó en preparar las próximas citas electorales, definitivas para el futuro curso político del país y el sostenimiento de la monarquía de Alfonso XIII. Pero no pudo lograrse por falta de consenso entre las propias filas monárquicas, aderezado además por el progresivo crecimiento de las dificultades económicas. Problemas políticos y económicos actuaron como una auténtica pinza sobre aquellas corporaciones transitorias e incapaces de desarrollar una labor gestora a medio plazo. La Diputación sevillana acusó todos estos factores, aunque con la mejor voluntad intentara sobreponerse a ellos. Creó –algo tardíamente- la Caja de Ahorros Provincial (el precedente de la actual Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez) con una mínima infraestructura y bajo un contexto desfavorable para las imposiciones. Por otro lado, consiguió ganar un pulso al propio Gobierno Berenguer cuando éste intentó resumir el cobro de las contribuciones del Estado en la provincia, cesión efectuada durante la Dictadura. Algunos logro, pues, se registraron en el haber de la Diputación presidida por el conservador Manuel Sarasúa. Sin embargo, poco pudieron hacer los monárquicos ante el impacto de las elecciones del 12 de abril de 1931. Los sorprendentes resultados que arrojaron las urnas precipitaron la proclamación del régimen republicano, transformando radicalmente el perfil político de la provincia de Sevilla. Precisamente, el quinto capítulo centra su interés en el análisis pormenorizado de los primeros meses de República, fechas en las que se operó una deliberada planificación republicanizadora de las corporaciones locales. De ahí la relevancia que le otorgamos al estudio de las elecciones municipales del 12 de abril y 31 de mayo de 1931. Junto a ello, analizamos las características de los nombramientos gubernativos efectuados en el Gobierno Civil y en la Diputación Provincial (ésta pasaría a ser dirigida por una Comisión Gestora designada por el gobernador y los partidos). De gran interés ha resultado el examen de los rasgos neocaciquiles adquiridos por algunos políticos republicanos y el constatar la conversión de personajes antes adscritos a las filas monárquicas, corroborando en ambos extremos las observaciones de Shlomo Ben Ami en su Anatomía de una transición. Por otro lado, se trata el controvertido rema de la Masonería y sus relaciones con el mundo de la política a través de los órganos de la estructura administrativa local. Hemos cuantificado qué número de masones ocupó cargos políticos en el Gobierno Civil, la Diputación y los ayuntamientos para, con posterioridad, delimitar las fronteras de la fraternidad masónica y los compromisos partidistas. ¿Influía la masonería en la política republicana a través de los hermanos emplazados en cargos de representación? ¿Ejercitó la Orden el recurso a las vías de favor o, por el contrario, fue instrumentalizada por los hermanos para conseguir beneficios particulares? Son cuestiones planteadas y a las que pretendemos responder –según la documentación consultada- en su correspondiente epígrafe. En último lugar, realizamos un somero examen de los resultados de las elecciones generales de 28 de junio de 1931 (además de las parciales de 12 de julio y 4 de octubre) con la finalidad de conocer cuál era el pulso político de la provincia en esas fechas. Llegados a este punto, procedemos al examen de la gestión provincial republicana durante el primer bienio, prácticamente coincidente con la presidencia del socialista Hermenegildo Casas Jiménez. En ese balance abordamos un heterogéneo abanico de asuntos: la transformación ideológica de la beneficencia; el fomento de las obras públicas como fórmula para conjurar el desempleo, la politización del organismo administrativo; etc. Especial relieve le concedemos al papel desempeñado por la Diputación –gracias a los empeños de Casas- en la dirección del proceso autonómico para la región andaluza. Los avatares políticos nacionales y el desgaste de los republicanos-socialistas tuvieron su traducción en Sevilla y en su Diputación. Por un lado, Hermenegildo Casas abandonó el PSOE y se unió al grupo de disidentes del PRR, encabezados por Diego Martínez Barrio; por otro, las elecciones de 1933 cambiaron el espectro político y, en consecuencia, la corporación fue renovada a favor de una sólida mayoría radical liderada por el médico José Manuel Puelles. No obstante, aquella Diputación tuvo una corta existencia (febrero-septiembre 1934) debido a la crisis del PRR, muy acusada en las filas del radicalismo sevillano. Casi todos los cuadros del partido siguieron a Martínez Barrio, dejando unos huecos rellenados con personajes procedentes de la vieja política o de las derechas moderadas, bajo el control de Guillermo Moreno Calvo, subsecretario en los gobiernos lerrouxistas. En consecuencia, la corporación provincial propiamente rectificadora fue la dirigida por José Prieto Carreño, con un perfil político lerrouxista y cedista, más el añadido de algún agrario. La labor de rectificación emprendida por aquellos diputados no tuvo éxito. Tal y como describimos en el capítulo séptimo, las dificultades económica y la precariedad del marco legal de la Diputación fueron factores adicionales en la crisis política casi permanente del lerrouxismo hispalense (siempre en reorganización). Al final, el escándalo Nombela y el hundimiento político de Guillermo Moreno Calvo dieron al traste con los equipos políticos del PRR tanto en la Diputación como en los ayuntamientos. No faltaron lerrouxistas que ensayaran aproximaciones hacia la operación centrista tejida por el gabinete del Portela Valladares y, de hecho, uno de ellos fue el presidente José Prieto Carreño. Incluso, curiosamente, el ex-socialista Hermenegildo Casas aceptó durante una semana asumir la presidencia de la Diputación poco antes de las elecciones del 16 de febrero de 1936. Sin embargo, todos estos propósitos quedaron desbaratados tras el triunfo del Frente Popular en las urnas. Al igual que los demás comicios, las elecciones de febrero son analizadas para extraer el mapa político de la provincia. Con dicho análisis arranca el último capítulo, centrado en los recambios introducidos por el Gobierno Azaña en las instituciones político-administrativas sevillanas. A la Diputación volvió José Manuel Puelles de los Santos con una mayoría de diputados martinbarristas, aunque sin faltar representantes de los demás partidos: PSOE, Izquierda Republicana y comunistas. Lógicamente, prestamos suma atención a la gestión desplegada por aquella corporación en su esfuerzo por recuperar las líneas de trabajo del primer bienio, incluyendo la reactivación del proceso autonómico. De especial interés se han revelado las elecciones a compromisarios celebradas en abril de 1936 con motivo de la caída de Alcalá-Zamora como presidente de la república. Los compromisarios que habrían de elegir a Manuel Azaña como nuevo jefe del Estado estuvieron integrados en Sevilla mayoritariamente por miembros del Frente Popular, ante unas derechas que se abstuvieron de presentar candidatos. El rechazo de una parte del espectro de partidos a participar en esas elecciones era una muestra de hasta qué grado se había deteriorado la convivencia política. La República se había convertido en un régimen de una parte del país, en parte por la instrumentalización de unos y en parte por la desafección de otros. La Guerra Civil sería la trágica consecuencia de esa ruptura. Esta obra está inscrita en las líneas de trabajo abiertas en el Departamento de historia Contemporánea en torno al tema Política y políticos en la Sevilla contemporánea. Agradezco desde estos párrafos la colaboración de sus miembros y, en especial, a María Parias y Leandro Álvarez, con quienes he tenido el gusto de intercambiar puntos de vista en el proceso de elaboración de la presente Tesis Doctoral. Quiero reconocer, igualmente, las conversaciones, contraste de pareceres y densas jornadas de trabajo que he sostenido con el director del presente estudio, profesor Alfonso Braojos, a quien me une no sólo el compartir proyectos intelectuales sino también una bien fundada amistad. No resulta posible hilvanar todos aquellos nombres con quienes, de un modo u otro, sostengo deuda de gratitud. Asumiendo los riesgos de una sucinta relación y disculpando los probables olvidos, quiero referir en primer lugar el amable trato dispensando por el personal de los archivos consultados, en especial el de la Diputación Provincial de Sevilla, tanto por l que se refiere a su actual directora, Carmen Barriga, como a las encargadas del servicio, siempre atentas a mis peticiones y valiosas informadoras de los fondos allí custodiados. Iguales consideraciones he de consignar respecto de los empleados de la Hemeroteca Municipal. También el director de la prisión provincial Sevilla-1, Javier Romero, es acreedor de mi reconocimiento al facilitarme los trámites pertinentes ante instituciones Penitenciarias y el acceso a la documentación recientemente ordenada. Por otro lado, las consultas en la Capitanía General de la Segunda Región Militar hubieran permanecido en un mero deseo a no ser por los permisos concedidos por el Capitán General y los buenos oficios del comandante Carpintero y del capitán Subirá. Con independencia de los favores concedidos por los titulares de documentación particular y reiterándoles mi gratitud, quiero hacer mención a todos aquellos investigadores con los que he cambiado impresiones, ofreciéndome ideas estimables. Largas horas de charla y amistad he compartido con Manuel Ruiz Romero hablando de temas políticos en relación con el proceso autonómico andaluz durante la Segunda República. Una relación ésta que no sólo ha sido fecunda sino que comenzó con la mayor honestidad profesional que puede haber entre dos investigadores: intercambiándose información extraída de los archivos que cada uno había visitado. Igual transparencia y honradez intelectual he encontrado en el profesor y compañero Juan Ortiz Villalba. Su amplio conocimiento sobre la historia cordobesa me han servido para profundizar en los aspectos biográficos de José Cruz-Conde, objeto de un futuro proyecto investigador. También he encontrado colaboración y ayuda en otros colegas que han abordado el tema de la historia de las diputaciones. Entre ellos quiero destacar , en primer lugar, a la profesora Encarnación Lemus (Universidad de Huelva) y a los profesores Eduardo Alonso Olea (Universidad del País Vasco), Manuel Requena Gallego (Universidad de Albacete), Pedro Carasa Soto (Universidad de Valladolid) y José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja). Los aportes bibliográficos facilitados por la biblioteca de la Facultad de Derecho y el Instituto García Oviedo han resultado imprescindibles para completar los repertorios de obras de referencia. La última sección de agradecimientos, tal como corresponde a lo más importante, va dirigida a mis seres más queridos: mis padres que compartieron conmigo los primeros pasos de esta investigación y, especialmente, mi mujer, sin cuyo aliento, sacrificio, compresión y ayuda esta obra no habría tenido objetivo mi meta. A todos ellos, pues, y a todos los que no han sido mencionados, se dirige mi pública gratitud. Naturalmente y siendo justa la advertencia, las imprecisiones o ausencias que el lector pueda encontrar son de exclusiva responsabilidad del autor.

Introducción
Esta investigación surge a partir de la observación continua en las aulas de clase de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de Palermo, siendo notoria una mayor cantidad de estudiantes mujeres frente a los varones, siendo constante en la mayoría de las cátedras ofrecidas por la universidad.
En consecuencia, resulta interesante seleccionar el Diseño Textil y de Indumentaria, conocido también como Diseño de Modas en otras universidades como título de la carrera, porque en comparación a las otras carreras, como el Diseño Industrial, Gráfico, de Interiores o incluso Arquitectura, no presentan de igual forma una diferencia tan marcada en la cantidad de estudiantes de un solo género, siendo que hoy en día la inscripción a la universidad está abierta para ambos géneros y en cualquier campo.
La construcción cultural de esta sociedad, en específico los conceptos que se desarrollan en términos de género con respecto a las labores culturalmente asignadas a la mujer y al varón, y los estereotipos sobre los varones que estudian esta carrera, ha generado una limitación social y por tanto un efecto de influencia en la elección y permanencia por parte de los estudiantes en la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria.
Teniendo en cuenta que estos conceptos culturales se introducen de un modo normal en la sociedad, por medio de los padres, los amigos y los medios de comunicación, quienes contribuyen a la continuación de estos imaginarios, definiendo el desempeño y adaptación de los estudiantes en el entorno social y por tanto limitando la elección de carrera con base en los ideales que la sociedad tiene presente.
De esta forma, en el campo de la moda se ha dado protagonismo a la relación de la mujer con la indumentaria, además de considerarse a la costura como una labor tradicional propia de la mujer en el hogar, pero contradictoriamente la historia menciona que la profesión fue iniciada por los varones, siendo equitativo el desarrollo de grandes aportes como por ejemplo el diseño de la primera colección de diseño de autor elaborada por Charles Frederick Worth, o la innovación en cuanto a la vestimenta para la mujer propuesta por Coco Chanel durante la Primera Guerra Mundial.
Es por esto que, en una sociedad donde el varón es quien domina el campo laboral y a su vez se prioriza su desarrollo profesional, el trabajo y en consecuencia el salario que recibe la mujer es secundario. Con base en la teoría de género, se explica por qué el varón es culturalmente asociado a las labores de fuerza, creación y la protección de la sociedad, en lo referente a la esfera pública, de esta forma, en las sociedades modernas el varón se convierte en el principal sustento económico del hogar, mientras que, por otra parte, la mujer por su capacidad biológica es asociada a la reproducción y al cuidado de los hijos, y en consecuencia las labores dentro del hogar o de la esfera doméstica, considerando culturalmente que el trabajo que desempeña en la esfera pública es un ingreso adicional, a la vez que limita su participación en ciertos campos, disminuyendo su crecimiento profesional y sus condiciones laborales.
A partir de esto, inició el interés por estudiar los factores culturales que influencian la elección de los estudiantes por la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en Buenos Aires, con el fin de analizar la relación entre las creencias culturales y el interés de los estudiantes por las temáticas dentro de la carrera, tomando como punto de referencia los estudiantes de la Universidad de Palermo debido a su gran reconocimiento académico en el área del Diseño.
La publicidad que desarrolla la Universidad de Palermo en centros comerciales, vallas publicitarias, banners en internet, comerciales de televisión e incluso las reuniones informativas tanto en Buenos Aires como en otras ciudades capitales de Latinoamérica, cumple con el objetivo de convocar estudiantes a la vez que extiende su reconocimiento en el ámbito educativo y desarrolla oportunidades laborales para sus estudiantes.
Es por esto que estudiar la influencia de la mujer que se interesa por el Diseño de Indumentaria, a través de los medios de comunicación y la cultura visual globalizada, permitirá comprender cómo las definiciones sociales en épocas específicas han formado imaginarios culturales que afectan la posición de la mujer dentro de una determinada profesión, además de la influencia por parte de la industria del estilo que realiza constantemente un juicio moral sobre el cómo se es y el cómo se debería ser (Sabsay, 2009, p. ,76).
El movimiento feminista en Argentina y los estudios en torno a la mujer (Garone, 2003, Pérez, 2006, Zarza, 2001, De Felice, 2009, López, 2005), han señalado que las diseñadoras de indumentaria se interesan por obtener el reconocimiento de su profesión más allá de ser una tarea propia del rol de la mujer en el hogar, una idea construida desde el ámbito doméstico que no ha resultado fácil de cambiar, en especial cuando se intenta incursionar en el mundo laboral, intentando fomentar un concepto del Diseño de Indumentaria más como un proceso creativo para la concepción de una prenda que una labor de manufactura. (Pérez, 2006, p. 78).

Objetivos
En este marco, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: estudiar la influencia de la construcción cultural de la mujer en la elección de las estudiantes por la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de Palermo, abordando la temática desde tres perspectivas clave: el diseño textil y de indumentaria como profesión, la construcción de la mujer y su asociación con la moda, y la universidad como institución educativa para los nuevos profesionales.

Objetivos específicos
Los objetivos específicos proponen identificar los actores sociales, los imaginarios y los escenarios que influenciaron la elección los estudiantes por el Diseño Textil y de Indumentaria; analizar desde la perspectiva de los estudiantes, las temáticas y los medios que incentivaron el interés por los temas relacionadas con la moda y la producción de indumentaria; explorar la proyección del campo de acción propuesta por la universidad respecto a las expectativas laborales de las estudiantes en la industria de la moda y la situación actual de los diseñadores en el campo profesional; e identificar los conceptos socioculturales y de género presentes en la formación de los estudiantes que motivaron la elección de la carrera en el campo de la moda.

Hipótesis
En consecuencia, esta investigación postula la siguiente hipótesis: La relación cultural de las mujeres con la moda y la construcción socio-cultural de la profesión, aumenta la elección de las mujeres por la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en la universidad de Palermo (2015).
En este sentido, para responder a la sustentación de esta hipótesis esta investigación se estructura en cuatro capítulos. El primero aborda la profesión del Diseño Textil y de Indumentaria desde el diseño, las tendencias y la historia, de tal forma que genera un recorrido desde lo general hasta lo específico. De esta forma se analizan las diferentes posturas frente a la profesión, y la diferencia entre el Diseño de Moda, el Diseño de Indumentaria y el Diseño Textil, además de describir su afinidad con otras disciplinas que generan nuevas profesiones y que en el campo de la moda complementan el trabajo de los Diseñadores.
El segundo capítulo examina la construcción cultural de la mujer desde la sociología y la antropología, describiendo las labores tradicionales del hogar asignadas a la mujer en la sociedad. Esta investigación aborda la relación de estos roles tradicionales con la costura y la moda, siendo este último, el medio en el que se generan los estereotipos sobre el comportamiento y el desempeño de la mujer a nivel laboral en la industria de la indumentaria, de este modo relaciona aspectos referentes a las construcciones de género en la mujer y en el varón interesados por la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria.
Por otra parte, se hace un recorrido histórico del desempeño de la mujer, y del logro por parte del movimiento feminista para el ingreso de la mujer en la universidad y en el entorno laboral, desde la mano de obra de las fábricas hasta las grandes diseñadoras creadoras de tendencias.
En el tercer capítulo se plantea desde un aspecto general el sistema educativo universitario de Buenos Aires, planificado por el Estado, con el objetivo de introducir a las políticas, normas y posturas que las universidades deben tener con respecto a las carreras. Asimismo, diferenciar la educación pública y privada y sus principales características.
Por lo que desde un aspecto más específico se plantea el funcionamiento de la Universidad de Palermo como institución educativa, describir las características de la facultad, especí- ficamente la metodología de enseñanza y la estructura curricular para la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. En este punto es importante hacer énfasis en el contenido de las materias con el objetivo de fundamentar si existe influencia en los proyectos de clase que encaminen la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria hacia un perfil laboral específico. Finalmente, en el cuarto capítulo se desarrolla la metodología de investigación, basando el estudio en los perfiles de los estudiantes sobresalientes, esto como muestra del interés profesional de estos estudiantes para ser exitosos en el medio laboral que les espera, teniendo en cuenta además la diversidad cultural, debido a que una parte de los estudiantes son extranjeros. Aquí se pretende desde el trabajo de campo comprobar lo postulado en la hipótesis y por tanto sustentar el desarrollo de esta investigación.

Periodización
Esta investigación recorre desde el año de 1988 hasta el 2015, periodo en que Buenos Aires se convirtió en una ciudad interesada por la formación de diseñadores con iniciativa e ideas de innovación en la industria del textil y de indumentaria, además de que se funda la primera carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, permitiendo profesionalizar el oficio de la costura, una profesión que presenta variedad de conceptos socioculturales y en términos de género para los estudiantes que cursan esta carrera, la cual ha tenido gran éxito, al celebrar anualmente el FashionWeek, evento de gran importancia para los diseñadores locales quienes se benefician con el reconocimiento de su trabajo a nivel nacional e internacional.

Línea temática
El problema planteado en esta investigación se ubica principalmente en la Línea Temática Nuevos Profesionales, debido a que el enfoque del proyecto es el estudio de la influencia cultural sobre la decisión de las estudiantes en la carrera de Diseño Textil y de indumentaria, así mismo sobre la proyección laboral y la metodología de aprendizaje empleada en una carrera de grado. Los resultados de esta investigación aportarán conocimientos desde la cultura y el estudio del género, explicando cómo las concepciones culturales en la labor de la mujer se convierten en un factor que influencia la elección de los estudiantes en el diseño y la moda; en lo académico propone una reflexión sobre el cómo lograr una inclusión equitativa por parte de los estudiantes dentro de la carrera.

Estado del arte
Dentro de los estudios consultados para esta investigación, y detalladas a continuación, se evidencia que el rol de la mujer ha estado opacado por la desigualdad de género en ciertas labores, incluso en el campo del diseño. A través del tiempo, la participación de la mujer en el campo educativo y laboral ha sido cada vez más equitativa, por lo que resulta interesante observar que en la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria se presente una mayoría de estudiantes de un género más que de otro, en una carrera que es de libre inscripción. En consecuencia, la percepción que tiene la sociedad sobre la costura y labores del hogar asociadas a la mujer, mantiene los prejuicios sobre la participación equitativa de los gé- neros, y como resultado se generan estereotipos respecto a las labores en la industria de la moda, sin tener en cuenta que la realidad es diferente, y que en el Diseño Textil y de Indumentaria la participación de las mujeres y los varones es igualmente válida, de hecho en el ámbito laboral existe una participación mayor a la supuesta por parte de los hombres en las marcas de alta costura a nivel mundial.
Según Marina Garone (2003), esta situación no necesariamente debe generar competencia entre géneros, sino plantear el justo reconocimiento de las mujeres y los varones a través del trabajo que ha n realizado en las diferentes disciplinas del Diseño. En lo que respecta al enfoque histórico de la mujer, sostiene que en los años 1960 varios factores como la desigualdad estuvieron presentes en el terreno social, económico, político y legal, con lo cual se produjeron estereotipos en relación a las habilidades y capacidades del género femenino. Luego, en la década 1980 con influencia de movimientos feministas, se impulsaron políticas de todo tipo para equilibrar estos desbalances incluyendo la equidad de acceso e incorporación de la mujer en ámbitos laborales y educativos. Asimismo, el estudio explica que la participación académica de las mujeres en las universidades, presenta un aumento significativo en las carreras de Diseño, siendo el más alto para el Diseño Textil y de Indumentaria sobre el Gráfico y el Industrial (Garone, 2003).
Sin embargo, las egresadas del área de diseño presentan una situación no muy diferente, respecto a las egresadas de otras carreras en el aspecto laboral; los cambios en las organizaciones de trabajo, la flexibilización laboral y la fragmentación de los procesos productivos, han impactado en la división sexual del trabajo, en consecuencia las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras quedan en desventaja frente a las de los varones. En este contexto, las políticas laborales fortalecen la idea de que el trabajo que realizan las mujeres es secundario y de que su salario es complementario al ingreso familiar (Garone, 2003).
En este contexto se toma como referencia tres estudios realizados en países hispanohablantes. El primero, desarrollado por el Instituto de la Mujer en Madrid (2001), este estudio compara las áreas en las que la mujer y el varón se destacan a nivel educativo, desde los estudios primarios hasta los universitarios, destacando que el 61,11% del alumnado inscrito en las artes aplicadas y los oficios artísticos en el grado superior entre 1998 y 1999 son mujeres.
En relación a lo anterior, el estudio describe que la mayor participación por parte de las mujeres se encuentra en oficios como los tejidos, murales, grabado, encuadernación, cerámica, diseño o bordado y encajes, a diferencia de los varones los cuales estudian en su mayoría la forja artística, ebanistería y diseño industrial. En otras áreas como la talla de madera, diseño gráfico, dibujo publicitario o delineación artística la participación es equitativa. Sin embargo, el incremento de las mujeres inscritas en ciertas ramas se debe a que estos oficios han sido desempeñados tradicionalmente por mujeres como es el caso del Diseño de Indumentaria, Bordados y Encajes, Esmaltes Artísticos y Diseño de Interiores (Grañeras et al, 2001).
En otro sentido, la investigación realizada por Juan Antonio Chamorro (2004), determina que la formación de un profesional en Diseño está influenciada además por la percepción y el análisis del entorno que habita, convirtiéndose en un fuerte referente de imágenes mentales que contribuirán en el futuro al desarrollo de nuevos Diseños. Por ello es importante que los diseñadores no sólo se encuentren en su entorno regular sino que exploren otras posibilidades. Parte de la función de los educadores es incentivar a la exploración de nuevos entornos y con ello a desarrollar nuevas actividades para incrementar el conocimiento en cada futuro profesional.
Por otro lado, la investigación realizada en México por Abel Pérez Ruiz (2006) estudia un grupo de mujeres diseñadoras de indumentaria. Para ello toma dos enfoques de la carrera: el Diseño Artesanal y el Diseño Técnico, analizando la labor de trabajadoras que oscilan entre los 32 y los 38 años. El interés de este estudio se centra en presentar la actividad productiva de estas mujeres en función de sus significados y prácticas, para demostrar que a través de sus conocimientos, habilidades, destrezas experiencias y comportamientos estas profesiones son más que sólo el ejercicio rutinario de hacer cortes y trazos. En relación a lo anterior, la investigación de Pérez (2006) discute que las diseñadoras luchan por el reconocimiento de su profesión más allá de ser parte de su rol como mujeres, una idea construida desde un ámbito doméstico tradicional y que no resulta fácil de modificar cuando se lleva al mercado laboral, debido a que se compara con el trabajo realizado por las costureras. En consecuencia, las diseñadoras tratan de mostrar la práctica del Diseño como lo que en realidad es, una frontera de identidad y un proceso creativo para la concepción de una prenda, dando así otra perspectiva al mundo de la moda.
Es por esto que los resultados de la investigación de los enfoques del Diseño Artesanal y Técnico, permitieron ver la manera en que las diseñadoras despliegan una serie de prácticas con contenidos simbólicos específicos en función a sus espacios de interacción; en ambos procesos existe una absorción de referentes exteriores, imágenes arquetípicas que sirven de guía para el desarrollo de los modelos. Sin embargo la creatividad no se reduce al qué hacen y cómo lo hacen, sino que implica un cómo lo sienten y cómo lo viven, convirtiéndolo en una introspección especial e íntima, para descubrir cómo se ve a sí misma y a los demás, esta forma de creatividad sirve como elemento para justificar el desenvolvimiento dentro de la confección de ropa (Pérez, 2006).
Es por esto que en el área académica, el desarrollo de los proyectos estudiantiles es evaluado principalmente por la capacidad de desarrollo de conceptos expuestos en las aulas de clase, teniendo en cuenta que la producción de las mujeres y los hombres es diferente. De esta forma Céspedes (2009) complementa al exponer que indiferentemente de la disciplina del Diseño y sus particularidades, se deben tener en cuenta los criterios de evaluación como conocimientos adquiridos a través de la práctica. A este concepto en acción lo llama competencia. Esta es una combinación dinámica de atributos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o a lo que los alumnos son capaces de demostrar al final del proceso. Por otra parte, la investigación desarrollada por Martha Zarza (2001) expone que las habilidades de cada género en relación al campo del Diseño Industrial están determinadas por estereotipos, tanto para la mujer como para el varón, por lo que se considera que las mujeres tienen un mejor desempeño en labores relacionadas con el cuerpo y lo decorativo, siendo importante esta habilidad en el diseño de interiores, joyas, bordados y tejidos. De esta forma considera el hecho de que según el género se asignan habilidades específicas que determinan las capacidades dentro del diseño.
El factor que considera Zarza (2001) importante dentro de su investigación es la formación de los diseñadores en una sociedad patriarcal aparentemente natural e inalterable, lo que en consecuencia ha demostrado históricamente que se destaca en mayor medida el trabajo de los varones sobre el de las mujeres en el diseño.
En este sentido, la separación de labores por género ha desencadenado una relación estereotípica de la mujer con las habilidades en ciertos campos del diseño, principalmente en materias relacionadas con la moda y el área textil, sin embargo, generar consciencia respecto a esta situación expone Zarza (2001) podría disminuir las creencias sociales y fomentar la participación equitativa por parte de ambos géneros en todas las áreas de diseño.
Sin embargo, la presencia mayoritaria de mujeres en unas pocas áreas es señal de que los estereotipos de género aún están presentes en el campo laboral, no solo del diseño, por lo que en otros campos se segmenta de igual forma el trabajo tanto para las mujeres, en oficios relacionados con la docencia y la enfermería, como para los varones, en la ingeniería, medicina y el sector automotriz entre otros (Zarza, 2001). Por lo que respecta al Diseño Industrial, los espacios laborales se encuentran dominados por varones lo que limita el ascenso de las diseñadoras mujeres al mismo nivel de los varones, siendo la causa principal que la creencia que las mujeres son más sensibles y emotivas, respecto a los varones los cuales son más racionales y, en consecuencia, se le asignan proyectos a fines a estas características, clasificando a las mujeres en proyectos para el hogar, la cocina y los niños. Por otra parte, la comunicación vista desde la teoría de género y entendida como una cadena de transmisión de valores, creencias, formas de sentir y actuar, permite la creación de símbolos que representan la identidad de cada individuo en la sociedad. Como es el caso en Argentina, Andrea De Felice (2009) expone como la representación social de la mujer en los medios de comunicación reproducen, refuerzan o cuestionan posiciones sexistas, lo cual al estar en el entono diario de las personas se establece como una temática legítima y aparentemente natural.
En consecuencia se desarrolla una gran influencia a través de los medios en la imagen de la mujer sobre la sociedad. De Felice (2009) describe que la publicidad es su principal canal, en dónde se muestra a la mujer en diferentes roles, desde madres obsesionadas por la limpieza, siempre dulces y responsables del bienestar de sus hijos; mujeres jóvenes, trabajadoras en actitud seductora y con una apariencia femenina; o mujeres mayores con el ideal de encontrar en productos de belleza la juventud eterna. En comparación, los varones son resaltados con atributos de fortaleza, poder y determinación, mostrándolos seguros y exitosos, hábiles en las finanzas, en la tecnología o automovilismo, entre otros.
De esta forma, el contenido de la publicidad genera estereotipos, tanto para la mujer como para el varón, los cuales son empleados como referentes socioculturales, dando paso al cambio en el campo semántico y en categorías que redefinen la representación de los géneros. Sin embargo, estos estereotipos al no tener un sustento biológico obtienen la característica de ser socialmente modificables, por lo que a través del tiempo pueden ir cambiando y adaptarse a nuevos conceptos de diferentes grupos sociales (De Felice, 2009). La comunicación en las revistas, específicamente para mujeres, muestra que independientemente de la temática la construcción discursiva es similar, de esta forma según De Felice (2009) este contenido afecta directamente a las mujeres inseguras, las que necesitan ser aconsejadas en temas personales, familiares o del hogar, e incluso para integrarse al mundo laboral. En consecuencia, sólo muestra una imagen positiva e idealista de la mujer, a través del consumo de productos de belleza y del hogar que facilitan las tareas domésticas, por lo que al final distraen la atención de las situaciones reales de desigualdad o discriminación en contra de la mujer.
Es por esto que definir el estereotipo como una imagen o idea aceptada sobre un grupo y que según De Felice (2009) se convierte en "una concepción simplificada que somete a un patrón de símbolos y valores que anula la individualidad de todo grupo social" (p. 72). De esta manera, los estereotipos se convierten en creencias y juicios de valor sobre las personas, o los roles de género, siendo la publicidad quien refuerza de manera natural la diferenciación de género construida a través de la historia.
Esta situación genera la necesidad de sensibilizar a los nuevos profesionales en el área con el objetivo de fomentar la producción de publicidad no sexista. A la vez que en el público se fomenta una demanda por un contenido, en donde la audiencia reconozca sus derechos. De este modo, De Felice (2001) propone una reflexión en cuanto al uso de la lingüística y la educación de los nuevos profesionales, los cuales serán capaces de pensar y reinterpretar nuevas formas de ver el mundo. Es por esto que los estereotipos de género son más comunes de lo que se piensa. La investigación desarrollada por Pilar López Díez (2005) basada en tres estudios sobre la representación de los niños y niñas en los programas de televisión, en la publicidad y los comics, determina que la imagen proyectada de las figuras femeninas está en un segundo plano respecto a la de los hombres. Según los resultados, a los hombres se los identificaba por ser en la mayoría de los casos la figura central, al mismo tiempo que se generaba una relación dicotómica entre el personaje masculino y el femenino, ya que sin éste no se pueden demostrar todas las capacidades y características asignadas al hombre, en el cual se estarían dando atributos al personaje femenino relacionadas con la belleza y la feminidad.
Otras características presentes en el estereotipo de las niñas en las publicidades se evidencia cuando se las muestra en forma sumisa, representando el papel de ama de casa rodeada de objetos para el hogar o de belleza, las voces que acompañan estas escenas suelen ser femeninas, mientras que las publicidades dirigidas a los niños están compuestas por juguetes de acción, automóviles, de construcción o de ciencia, y son narradas por voces masculinas y acompañadas por efectos visuales. Por otra parte, en año 2001, en Buenos Aires miles de estudiantes deciden inscribirse en carreras de diseño, sin embargo la crisis económica presentada desde los años de 1990 en la cuidad, hizo que la inserción de futuros egresados al mundo laboral se convirtiera en una labor compleja. Esta situación se expone en la investigación desarrollada por Paula Miguel (2009) cuyo principal objeto de estudio son los profesionales de la carrera de Dise- ño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires, egresados entre el periodo del año 2000 y 2005 que decidieron trabajar de manera independiente. La inserción de nuevos estudiantes en esta carrera del Diseño se vio influenciada por eventos como la semana de la moda BAF Week y el surgimiento de espacios como los locales ubicados en el barrio Palermo fundados por los Diseñadores del Bajo, grupo de emprendedores independientes en las áreas de indumentaria, textil, industrial y mobiliaria, que por la crisis económica presentada en Buenos Aires, iniciaron una nueva oportunidad laboral influyendo en el enfoque de la ciudad hacia el Diseño.
El Anuario de Estadísticas Universitarias (2012) presentado por Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), informa que en Buenos Aires en el 2012 se graduaron 1.401 estudiantes de la Universidad de Palermo, de los cuales el 63.3% eran mujeres y 32.7% hombres (p. 119). En cuanto a la cantidad de egresados de la rama de ciencias aplicadas, la cantidad de estudiantes en Arquitectura y Diseño fue de 579 entre hombres y mujeres (p. 129).
Por otro lado, el Informe Final realizado como Evaluación Externa sobre la Universidad de Palermo por la CONEAU (1999), explica la metodología que la Facultad de Diseño y Comunicación aplica en sus las diferentes carreras, siendo la característica principal que los estudiantes dispongan de la variedad en los horarios de clase, previamente establecidos por la facultad, y además, pueden elegir materias electivas pertenecientes a otras carreras dentro de la misma facultad.
De acuerdo a lo anterior, el estudiante, además tiene la posibilidad de inscribirse en una carrera y utilizarla como base, para posteriormente continuar con otra y así obtener un título de mayor grado a la carrera inicial, en un tiempo menor al regular si se cursa por separado estas dos carreras. Por ejemplo, en el caso del área de moda, el estudiante que inicia en Producción de Moda, carrera de dos años, puede continuar los estudios y convertirse en Diseñador Textil y de Indumentaria, cursando otros dos años y medio adicionales, siendo esta última carrera, un programa que por separado requiere cuatro años de estudio y solo obtiene un título (Anexo 22).
A modo de conclusión, este estado de la cuestión genera un panorama de la temática, apoyándose en temas de género, educación y percepción cultural. Estas investigaciones discuten la construcción y la influencia de los medios de comunicación respecto a la construcción cultural de la mujer. Por otra parte, el desempeño de la mujer en el diseño se ve limitado por estereotipos que clasifican sus habilidades en ciertas materias, relacionadas con la costura, la moda y lo textil, que se relacionan con los roles culturalmente asignados a cada género. Además, el entorno principalmente dominado por varones en distintas áreas, y una cultura de género normalizada por los medios de comunicación, ha generado una desigualdad en las condiciones laborales que favorecen en ciertos aspectos a los varones, como en el ingreso salarial o el ascenso laboral más rápido en comparación al de las mujeres. Por otro lado, a nivel educativo, se trabajan los temas sobre metodología para enseñar Diseño y de la manera en que la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se encuentra organizada para ofrecer la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. Pero en ninguno de estos estudios e investigaciones se refiere a los factores culturales que intervienen influencia sobre las mujeres y los varones que deciden cursar esta carrera en la ciudad de Buenos Aires, generando así una mayor participación por parte de las mujeres en el Diseño Textil y de Indumentaria más que en otras áreas del Diseño.

E-COMMUNICATION AND DIGITAL CONTENTS IN THE XXI CENTURY ART MUSEUMS Resumen:El artículo busca mostrar las nuevas maneras de operar y los tipos de relación con los públicos que han generado las nuevas tecnologías de la información y la web 2.0 en tres museos de arte ubicados en Madrid. El artículo parte con una reflexión teórica sobre la cultura y la comunicación digital hasta ejemplificar de qué manera los museos han hecho uso y han aprovechado estas nuevas posibilidades para sus fines didácticos y de comunicación. Palabras clave: Cultura digital, comunicación, web 2.0, TIC, museos de arte. Abstract:This article aims to show the operation processes and types of relationships with the public that have been generated by the new information technologies and the web 2.0 in three art museums located in Madrid. The article starts with a theorical reflection about culture and digital communication until it exemplifies the way in which museums have made use of this possibilities for their didactic purposes and communication strategies. Keywords: Digital culture, communication, web 2.0, TIC, art museums * * * * * 1. Cultura digital y nuevas tecnologías Las sociedades actuales están caracterizadas por los cambios acelerados, la globalización, las migraciones, los problemas ambientales, los avances tecnológicos, las nuevas dinámicas de comunicación, las nuevas maneras de relacionarse. Estas sociedades contemporáneas, en los últimos años han pasado a conocerse como "aldeas globales", y se han convertido en contextos cambiantes, condicionadas por trasformaciones que generan nuevas necesidades y exigen diferentes maneras de operar. En este marco, surge un nuevo paradigma: las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en donde se desarrollan otras maneras de acceso a la información dando paso a un nuevo tipo de comunicación: la cultura digital. La cultura digital es entendida como una nueva forma de relacionarse y generar conocimiento. Hugo Lewin (2014), señala que nos encontramos en la era de la comunicación digital o e-comunicación, en donde la cultura digital se posiciona en un espacio de intercambios simbólicos y el usuario se convierte en el eje de la comunicación. La cultura digital ofrece plataformas en donde la interrelación es participativa, los usuarios no solo consumen información sino que contribuyen a la construcción de la misma. Estas plataformas se han convertido es un espacio importante para el diálogo ya que "[…] presentan poderosos espacios en red para la (re)construcción de la vida social, en la cual las motivaciones sociales, políticas y culturales prevalecen frente a otras basadas en el mercado". (Aleksandra Uzelac, 2014:32). Las nuevas tecnologías han impactado notablemente en el estilo de vida de las personas, ampliando las maneras para acercarse a la información. El ámbito digital ha permitido acceder a la gente más fácilmente a la cultura, educación, salud, etc., convirtiéndose en un medio para relacionarse entre las personas y el mundo, facilitando las posibilidades de acceso a distintos ámbitos que hasta el momento no estaban disponibles para todos. Marco Urresti (2014), en su artículo "La comunicación digital y las políticas del Estado como intervención cultural", explica, refiriéndose a la cultura digital, que la realidad social actual está compuesta de circuitos informativos contenedores de mensajes para transmitir órdenes y disposiciones. Estos circuitos se convierten en recursos fundamentales para el funcionamiento de las distintas instancias que componen la realidad. Por otro lado, destaca el importante rol que han adquirido las tecnologías de la información y la comunicación en el entorno digital para la gestión de cualquier institución, ya que además del alcance que tienen, acortan las distancias territoriales, ahorran tiempo de trabajo, maximizan el rendimiento de las fuerzas productivas y abaratan costos. La cultura digital e internet han modificado los modos de comunicación entre las personas y las formas de acceso a la información, convirtiéndose en un importante medio de difusión de contenidos. Sin embargo, es importante mencionar que para el acceso y uso de toda la sociedad de estas herramientas es necesario poner en marcha políticas públicas para la creación de infraestructuras para el acceso y formación de las tecnologías para todos los sectores de la sociedad. La cultura digital puede estar orientada a ser un espacio de comunicación activo y participativo. Como señala Insa Alba (2009), para explotar todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías es necesario implementar cuatro acciones para el desarrollo de las políticas de cultura digital: - La experimentación, para posibilitar a los creadores y agentes el acceso a las prácticas artísticas colectivas. - La producción discursiva, relacionada con creadores, gestores, público, (es necesario lograr una interacción entre todos, para mejorar la comprensión de los fenómenos y procesos artísticos). - La gestión a través de plataformas y redes para aumentar la participación de los públicos. - La divulgación tecnodigital, fundamentada sobre modelos de pensamiento crítico. En este sentido, visto el alcance de las nuevas tecnologías e internet a la hora de orientar gustos, opciones y valores, es importante recalcar el aporte de estos instrumentos como medio para la difusión de la diversidad cultural y el fomento del diálogo intercultural. Para fomentar la diversidad cultural en los contenidos digitales, según el informe de la UNESCO "Comunicación y contenidos digitales. Invertir en la diversidad cultural y en el diálogo intercultural", es necesario promover políticas que contribuyan al fomento del pluralismo y la libre circulación de ideas, aprovechando las posibilidades que ofrecen los nuevos medios y la participación de los usuarios. Así, es importante comprender que: Internet tiene potencial para apoyar la democracia comunicacional por medio de una serie de iniciativas culturales innovadoras que eluden las fuentes de información predominantes: el fomento de la identidad en el seno de las diásporas, el apoyo a estructuras que defienden los intereses de culturas minoritarias, comunidades en línea, grupos militantes y personas con intereses culturales comunes. (UNESCO, 2009:20) Este nuevo marco tecnológico no ha sido ajeno al mundo de la cultura que ha reconocido el impacto positivo de las nuevas tendencias de comunicación y se han ido adaptando a los nuevos códigos y hábitos de consumo en la red, aprovechando de esta manera la oportunidad para difundir sus contenidos, la información cultural, aumentar la participación del público en sus actividades y crear nuevas audiencias, otorgando a las nuevas tecnologías un papel importante en los procesos de producción y consumo cultural. Los contenidos digitales pueden contribuir a la diversidad cultural, para esto es necesario producir contenidos innovadores para garantizar la integración de la diversidad cultural en el sector cultural, ampliar el acceso y fomentar nuevas estrategias tanto de información como de comunicación y por último, obtener una representación equilibrada de las distintas partes de la sociedad. (UNESCO, 2014) La cultura digital e internet han ofrecido a las instituciones culturales la posibilidad de actuar como plataformas en donde los procesos de experimentación y producción son participativos, dando de esta manera la posibilidad de construir cultura de una manera colectiva. Insa Alba (2009), afirma que el verdadero reto de los gestores culturales al enfrentarse a la cultura digital consiste en "despertar una sensibilidad estética que desconecte para conectar" y tener la capacidad de transformar el espacio virtual a un espacio de aprendizaje y comunicación activo. Estas nuevas tecnologías además de haber cambiado la manera tradicional en que la cultura incide en la organización social y la experiencia artística, han sacado a la luz "[…] nuevos elementos de debate sobre aspectos que han estado en el centro de la definición de las políticas culturales contemporáneas, como son el acceso a la cultura y la participación cultural de la ciudadanía, los derechos culturales o la relación entre cultura, economía y sociedad". (Martínez, 2004: 3) Las instituciones culturales han tenido que adaptarse a este cambio de escenario, -resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías y la cultura digital-, y han ido incorporando nuevas estrategias institucionales intentando establecer un diálogo con los nuevos públicos y de esta manera responder a este nuevo paradigma. Este hecho se ha visto en una serie de acciones reflejadas en estrategias de participación, promoción, comunicación y difusión de actividades culturales o contenidos como son: la edición y publicación de páginas web, las redes sociales, los blogs, chats, listas de correo, el streaming, las visitas virtuales a colecciones y bibliotecas, las convocatorias para proyectos artísticos en red, los dispositivos móviles, las apps, el crowdfunding, entre otros, todos esos instrumentos brindan la posibilidad de interacción y ofrecen la posibilidad de acrecentar la experiencia del visitante y cubrir las necesidades del público contemporáneo. Hugo Lewin (2014) se refiere a cinco aspectos propuestos por Carlos Scolari que conforman la nueva comunicación: la digitalización de los productos culturales, la multimedialidad donde conviven en un mismo soporte medios y lenguajes, la navegación hipertextual, la reticularidad, es decir, una configuración muchos-a-muchos y por último a interactividad. Desde hace varias décadas, se ha visto una evolución de enfoques en el ámbito museológico. Los museos a lo largo de la historia se han ido adaptando a su entorno y este fenómeno no es ajeno a los nuevos contextos de la era digital. A partir de la década de los noventa, el museo se ha ido integrado al mundo digital y ha ido incorporado la tecnología como herramienta para cumplir sus objetivos de comunicación, difusión y acceso a sus contenidos a través de una serie de estrategias digitales. Las demandas del público contemporáneo han exigido a los museos generar nuevas identidades e integrarse al mundo global. En la actualidad, las nuevas tecnologías, internet y la web 2.0 han supuesto un cambio de paradigma dentro del ámbito museístico, los museos han incorporado estas nuevas estrategias virtuales y se han ido apoyando en plataformas de la web 2.0 como: flickr, youtube, vimeo, facebook, twitter, entre otros, para acceder más fácilmente al público, de esta manera asegurar una participación más activa y ofrecer una experiencia complementaria a la visita física. Las páginas web interactivas, las pantallas tecnológicas táctiles, la geolocalización, la realidad aumentada, los códigos QR, los podcast, las redes sociales, la digitalización de documentos, el crowdfunding, son estrategias que han conseguido que el museo traspase sus muros, convirtiéndolo en un lugar más social y dinámico. Con la innovación tecnológica y la web 2.0 las posibilidades de comunicación y de difusión del museo se multiplican, así como la participación del público para la interacción y la construcción de contenidos, en este sentido, la web 2.0 da la posibilidad al público además de la participación directa, generar información y ser parte del proceso informativo. Debido al alcance global y social de estas herramientas se han convertido en un medio fundamental para la comunicación, difusión de los contenidos y la participación de los públicos en los museos. Como explica Lewin: "los sistemas de comunicación actuales van más allá; aumentan la interconexión entre los usuarios y las posibilidades de modificar los objetos culturales". (2014:125) Las redes sociales reportan una serie de ventajas al sector cultural, permiten la participación directa de la sociedad civil y generan intercambios de contenidos, las instituciones culturales a través de las redes sociales pueden conocer mejor a sus usuarios, interactuar con ellos y a través de esta relación se puede obtener evaluaciones de su gestión, opiniones de las actividades propuestas, además se pueden obtener estadísticas. Las redes sociales son un tipo de marketing eficaz y mucho más económico que el tradicional, la información nos llega filtrada y a través de un "marketing de recomendación", tienen gran capacidad de convocatoria y movilización, contribuyen a una participación más accesible, incluso se han convertido en fuentes de financiación y micro-mecenazgo. El mantenimiento habitual de las redes sociales es una tarea fundamental, es importante crear una plataforma interactiva, novedosa y cercana con los usuarios para garantizar el éxito de las mismas. Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan las instituciones culturales es la falta de asistencia del sector juvenil a sus actividades, en ese sentido, las redes sociales en la red constituyen una importante herramienta para atraer a las nuevas generaciones a los espacios culturales. Los museos se han ido adaptando paulatinamente a los cambios propuestos por la cultura digital e internet, varios de los museos más representativos del mundo han ido integrando la tecnología y los dispositivos para la difusión de sus contenidos. Además, han apostado por la creación de entornos de experiencia centrados en el público, direccionando su acción de acuerdo a los nuevos retos que requieren las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades de los usuarios y públicos. Uno de los objetivos fundamentales de los museos es acercar sus contenidos a la sociedad, en ese sentido, la comunicación y difusión en el museo tiene una función primordial. Los museos en la actualidad enfocan la comunicación como parte principal en su estrategia organizativa, ellos han ido incorporando las nuevas tecnologías, internet y los nuevos modelos de relaciones para mejorar y lograr una comunicación directa con los públicos. Adaptarse a estos cambios no ha sido una tarea fácil, sin embargo; ya se han visto resultados positivos de los procesos de creación de comunidades culturales en los museos más representativos en el mundo, a través de redes como facebook, twiter, o youtube y de la incorporación de las nuevas tecnologías para la difusión de los contenidos del museo y el enriquecimiento de la visita del público. La razón fundamental para utilizar las redes sociales como estrategia comunicativa en los museos consiste en crear comunidades para compartir experiencias culturales y artísticas, como resultado de este proceso de interacción se pueden obtener "[…] dos efectos inmediatos: por una parte, compromiso y cercanía (engagement en la terminología del marketing) y por otra, difusión, más allá de lo que otros medios de comunicación son capaces de conseguir y a mucho menor precio". (De la Peña:2014:103). 1.1 Museos de arte, nuevas tecnologías y web 2.0 El Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía (MNCARS)[1] de Madrid constituye uno de los ejemplos paradigmáticos en cuanto a buenas prácticas en el uso los nuevos contenidos digitales, la estrategia de comunicación propuesta para las redes sociales y el uso de su página web como plataforma de distribución de los contenidos del Museo. El Museo Reina Sofía en lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías y la presencia en la red ha planteado a través del Plan General de actuación 2014-2017, los siguientes objetivos y proyectos: - Dinamizar el diálogo entre el Museo y sus públicos a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de la investigación y desarrollo de aplicaciones (apps) para dispositivos móviles y otras tecnologías de comunicación, que ofrezcan acceso a contenidos del Museo y el aumento de la presencia del Museo en las redes sociales y de su capacidad de interacción y expansión, desarrollo de programas online, web, y otras herramientas digitales. - Fomentar la edición y distribución digital de las publicaciones para ampliar y facilitar su difusión. - Desarrollar un programa de acción educativa para los diversos públicos con discapacidad, y mejora de la accesibilidad teniendo en cuenta los nuevos recursos tecnológicos. El Museo desde el 2004 con la aparición de las redes sociales ha buscado diversificar su acción online y responder a las necesidades de los usuarios y los nuevos públicos, obteniendo resultados positivos, en primer lugar ha logrado crear una potente comunidad en la red y en segundo lugar ha logrado un importante acercamiento e interacción con el público. Para el contacto en red con los usuarios el Museo utiliza las redes de facebook y twiter, a través de su cuenta propone las distintas actividades que organiza el museo, como inauguraciones de exposiciones, información sobre talleres, las conferencias se suelen transmitir en directo a través de twiter, de esta manera ofrece la posibilidad de producir un feedback entre el conferenciante, el público virtual y presencial. La cuenta de facebook del Museo, es una página activa, en donde se ofrece información y se debate sobre la actividad del Museo, la comunidad es participativa y se percibe una constante interrelación entre el público y la institución. La página cuenta con más de 37.000 seguidores. Además, el Museo usa las plataformas de twiter, delicious y flircks. Los nuevos canales de comunicación del museo han conseguido cubrir sus propósitos logrando establecer una plataforma virtual en donde convergen la comunicación y la participación activa del público. Esta comunicación interactiva y cercana se convierte en una ventaja para el Museo ya que el aporte de "Los nuevos sistemas de recomendación de contenidos culturales basados en la satisfacción real de anteriores visitas permitirán a los gestores culturales recomendar visitas de forma muy personalizada ya que conocerán las afinidades reales de sus clientes, así como el grado de satisfacción de las mismas". (Dosdoce.com Museos en la era digital, 2013:4) El Museo del Prado de Madrid[2] en su Plan estratégico 2013-2016, cuenta con el apartado "Prado online" en donde se proponen los lineamientos para el desarrollo de los recursos web y de los canales digitales del Museo. El Plan propone las líneas de actuación para el desarrollo de los canales y plataformas digitales para el cumplimiento de los siguientes objetivos: incrementar el conocimiento sobre la Colección y las actividades del Museo a través de internet; optimizar y facilitar el acceso online a contenidos e información sobre el Museo independientemente del lugar, dispositivo y plataforma de acceso y crear comunidad a través de las redes sociales participando en el diálogo actual sobre arte y museos. Las líneas de actuación se ejecutarán a partir de tres programas: el primero es el "Prado Web", consiste en incrementar el acceso, utilidad y conocimiento de la colección a través de su página web, para esto propone un nuevo diseño, estructura y funcionalidad de la página web a través de la reestructuración y ampliación de los contenidos del canal y la actualización tecnológica, otra propuesta dentro de este programa es la creación del nuevo website del canal Prado database por el cual se podrán acceder al catálogo actualizado y completo de la base de datos documentales de la colección del Museo; el segundo programa es el "Prado mobile" que tiene como objetivo la ampliación de la disponibilidad on line para el visitante y el usuario de contenidos multimedia. Una de las acciones prioritarias en este programa consiste en la creación de un programa para el desarrollo de las apps específicas para diferentes usos y públicos, diversos dispositivos y plataformas, el último programa propuesto es el "Prado. Redes Sociales", el programa tiene el objetivo de ampliar la presencia del museo en las redes sociales para ampliar la comunicación, cooperación e interacción del museo con los usuarios e instituciones interesadas. El Museo propone un plan de coordinación de las actividades de las distintas áreas del museo para los gestores de las redes sociales orientado a la difusión diaria de la actividad y los contenidos científicos y educativos de la institución y para promover la implicación de los usuarios con la institución por medio de concursos, encuentros on line, etc. Por último, el Museo del Prado hace la evaluación constante de la pertinencia en el uso de las redes sociales, el perfeccionamiento de las estrategias de comunicación on line y el monitoreo de las nuevas tendencias en redes sociales. El Museo del Prado tiene un apartado en su página web para el acceso directo a las páginas de las redes de facebook, twiter, instagran, pinterest, spotify y los canales rrss desde donde destaca las noticias más relevantes de las redes. De la Peña, explica en su artículo la importancia de las redes sociales para crear, financiar, impulsar y dar futuro a la cultura, al mismo tiempo señala sobre la creación de la cultura en las sociedades actuales que: La creación cultural ha de diseñarse tomando en cuenta esta nueva realidad, sabiendo que existe una cultura digital en la que confluir para encontrarse con su público más activo. Hay que abrir la cultura a esta nueva cultura digital y al mismo tiempo aprovechar lo que puede aportar y el ahorro que puede suponer en todo lo que suponga difusión. Hacerlo bien precisa de estrategia, de objetivos claros y de medición constante. (De la Peña, 2014:104). En cuanto a los contenidos digitales el Prado cuenta con la página web que potencia la interactividad directa y participativa con los usuarios y permite abarcar la actividad educativa, investigativa y científica el Museo, las aplicaciones para teléfonos celulares y tablets: La guía del Prado que proporciona información acerca de los contenidos del Museo y fomenta la interacividad. "Second cavas" que ofrece un estudio detallado de 14 obras en formato gigapixel de la colección del Museo, además ofrece radiografías e infrarrojos de los cuadros. Por último, tenemos a la aplicación "Photo Prado" es una aplicación de realidad aumentada que permite la realización de fotografías, el dispositivo reconoce puntos específicos y se crea una foto entre los visitantes y las obras, superando de esta manera los límites del Museo. Como hemos visto, además de las redes sociales los Museos se han decantado por incorporar a su estrategia de comunicación y educación las aplicaciones digitales para los dispositivos móviles conocidas como las "apps", disponibles por lo general para los smartphones y las tablets. Estos recursos se han convertido en una de las tendencias más importantes dentro de la comunicación y difusión del museo debido a las posibilidades que ofrecen para enriquecer la visita del público y por la facilidad que brindan para acceder a los contenidos desde cualquier parte del mundo. En los últimos años los museos se han ido posicionando como importantes espacios de cultura y aprendizaje, son espacios en los que han surgido proyectos que han significado verdaderas revoluciones didácticas. El área educativa de los Museos no ha desaprovechado la oportunidad que ofrecen los recursos digitales y la web, han surgido varios propuestas didácticas on line aportando varios proyectos educativos innovadores. Una iniciativa interesante para atraer la atención de los nuevos públicos de la red es a través de la gamificación, este es un recurso que toma los planteamientos de los juegos para involucrar a los usuarios, varios museos han realizado esta práctica con éxito, algunos de ellos han compartido los juegos en las redes sociales para acrecentar la difusión de la colección o las exposiciones temporales, el crecimiento de la comunidad y aumentar de interés de los "fans" por el mundo del arte. Existen varias propuestas del uso de este recurso en los museos españoles, el Museo del Prado cuenta con la sección llamada "Mi Prado", en este canal se pueden diseñar recorridos temáticos potenciado las cualidades curatoriales de los usuarios, de la misma manera están disponibles juegos que tienen el propósito de presentar las obras de colección a los usuarios a través de técnicas lúdicas. El Museo Thyssen-Bornemisza[3] de Madrid ha realizado una verdadera innovación tecnológica experimentando nuevas formas de transmitir conocimiento a través de las diferentes posibilidades que aportan las nuevas tecnologías e incorporado los recursos de la red y de la web 2.0 con fines educativos. En este sentido el Museo ha propuesto un programa de educación conocido como Educathyssen, es un proyecto del área de educación que cuenta con su propio espacio virtual, y a su vez está conectado con la página web principal. En esta página encontraremos los diferentes programas educativos y las acciones de apoyo interpretativo, divulgativo y de mediación entre el público y el Museo. El programa debido a su carácter innovador se ha convertido en uno de los referentes metodológicos en educación a nivel Iberoamericano. Educathyssen.org[4], es un portal que usa las tecnologías de la información y la comunicación como recurso educativo, está concebido como un espacio de reflexión y encuentro para el aprendizaje, el disfrute del arte y el intercambio del conocimiento de los contenidos del Museo a través de las nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrece la red y los diferentes canales. En esta página web, que en si constituye un recurso didáctico, encontramos varios proyectos educativos que usan las tecnologías de la información y comunicación como medio y herramienta de apoyo para el aprendizaje, como son los juegos y los videos educativos e informativos. Dentro del área de los juegos tenemos a uno de los más importantes proyectos de la estrategia digital propuesta por el área de educación, se trata de Nubla, es un juego estudiado y cuidado metodológicamente por especialistas, con el propósito de desarrollar acciones educativas en torno a la tecnología y los videojuegos. El videojuego es un laboratorio de innovación que tiene el objetivo de potenciar la creatividad de los usuarios por medio del arte y de acercarlos al Museo a través de la tecnología. El juego consiste en descubrir el pasado y la relación con las obras de arte, de un personaje que vive en el interior de los cuadros a través de diferentes rompecabezas. Estos rompecabezas tienen que ver con conceptos como el arte, la conservación, en un contexto de diferentes disciplinas. El juego ha sido diseñado por un equipo multidisciplinar de jóvenes programadores, diseñadores, ilustradores, historiadores, entre otros. Cuenta con disponibilidad además de la web, para dispositivos móviles con apps compatibles para tablets y smartphones. Como recursos educativos, además del área de juegos podemos encontrar propuestas como: Viaje al Oeste, es un viaje interactivo protagonizado por pintores amantes de la aventura, especialmente los norteamericanos del siglo XIX, es una experiencia que a través de los relatos de los artistas nos permite conocer sus biografías y los mapas de contexto. Experiment now!, a través de la participación lúdica de los participantes da a conocer las obras más importantes del Museo y las exposiciones temporales a través de un punto de vista didáctico. Publicaciones educativas "Quiosco Thyssen", son publicaciones digitales con carácter educativo. Itinerarios artísticos: son cuatro itinerarios propuestos para conocer la evolución del espacio en la pintura y la historia de las técnicas artísticas. En cuanto a los recursos de la web 2.0 para la comunicación y difusión de las actividades, el Museo cuenta con un canal en youtube donde publica toda la información de las actividades en formato video, el registro fotográfico de todas las actividades del Museo se puede encontrar en la cuenta de flickr, la presencia en las redes sociales y en la web 2.0 la encontramos en el perfil de twiter y la cuenta de facebook, que es usada con carácter sobretodo informativo. Todos estos canales han tenido gran aceptación y cuentan con un número importante de participación en Iberoamérica. Como hemos visto, la cultura digital y las nuevas tecnologías ofrecen numerosas posibilidades para enriquecer la comunicación, la investigación y la educación en un museo. Los resultados de la investigación del equipo de Dosdoce.com realizado en el año 2013, "Los Museos en la era digital. Uso de nuevas tecnologías Antes, Durante y Después de visitar un museo, centro cultural o galería de arte", muestran que existe un alto porcentaje de acceso por parte del público a las redes sociales y a los dispositivos móviles antes de la exposición, sin embargo; el nivel va disminuyendo durante la visita y después de la visita los índices son bajos por lo que recomienda potenciar las actividades y propiciar la interacción para el momento y después de la exposición. Por otro lado, la investigación antes citada, sugiere una serie de acciones para optimizar el desarrollo de las estrategias de comunicación y difusión de las colecciones y actividades de los museos como establecer una retroalimentación entre las acciones analógicas y digitales para enriquecer la experiencia del visitante, relacionar la estrategia digital a la estrategia global de la organización y extenderse a todos los departamentos de la institución para la captación de nuevas audiencias. Por último destaca que tanto la experiencia virtual como la analógica se complementan mutuamente. Conclusión Los Museos se han ido adaptando a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, además de lograr una integración de una comunidad para los fines del museo, han incorporado las tecnologías 2.0 como pilares fundamentales para el desarrollo de las estrategias de comunicación, difusión, educación e investigación de las instituciones. Las herramientas de las redes sociales y los recursos digitales han contribuido a lograr una participación del público más accesible y han permitido que la experiencia de la visita al museo se convierta en una interacción comunitaria. Varios estudios han constatado que el impacto del uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales en los Museos ha sido positivo, por esta razón, consideramos que es importante adaptarse y hacer uso de las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías y la web 2.0 pero sin perder la esencia del Museo. [1] Página web del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía (España), disponible en: http://www.museoreinasofia.es/en[2] Página web del Museo del Prado (España), disponible en: https://www.museodelprado.es/en[3] Página web disponible en: http://www.museothyssen.org/thyssen/home[4] Página web disponible en: http://www.educathyssen.org/

La moneda en su papel de "pregonera", transmisora de ideas y conceptos mediante el uso de la imagen. Es esta la faceta de la Numismática la que nos hemos planteado aplicar, estudiar y conocer en el ámbito de uno de los talleres monetarios hispanos más atractivos durante la dinastía de los Julio-Claudio: la ceca de Caesar Augusta. Ciertamente, pocas oficinas provinciales han legado grabados sobre el metal los repertorios iconográficos que nos transmiten las monedas cesaraugustanas a base de un rico elenco de imágenes, tanto en su número como en su variedad, y siempre dispuestos a ofrecernos sorprendentes matices si nos acercamos hasta ellos desde la óptica adecuada, formulando los planteamientos apropiados y desde una precisa metodología de trabajo. Esta, desde la década de los años sesenta del pasado siglo, aparece dominada por los planteamientos teóricos que propone la semiología en tanto que la moneda, como una realidad material más de la Antigüedad, contiene signos ligados a un significante, a unas circunstancias reales y a uno o más significados codificados a partir de un contexto cultural determinado. Un mensaje que, no lo olvidemos, debe ser descodificado en relación al contexto en el que ha sido emitido y, por supuesto, desde la intención determinada del emisor, aunque teniendo en cuenta la posible significación polisémica de una misma imagen si se operan cambios sustanciales en las circunstancias de su recepción o bien en la realidad social que la ha generado. Se trata, en definitiva, de superar los análisis formalistas y funcionalistas como de manera insistente han demandado autores como Paul Zanker, aunque para otros como Fabiola Salcedo, el gesto y la actitud de la imagen, o lo que tradicionalmente los historiadores del arte han venido denominando como el estilo, también son indicadores que no deben descartarse por contribuir, y no poco, a clarificar el mensaje desde el análisis de la forma. Superadas pues las corrientes positivistas, en parte gracias a la escuela materialista italiana y de la psicología del estilo de raíz kantiana liderada por Wilhelm Worringer en colaboración con la iconología, en la actualidad prima una postura que aboga por entender a una determinada obra como portadora y transmisora de ideas y conceptos y, en nuestro caso, también de mensajes propagandísticos, en sus contextos históricos y culturales. Los canales utilizados en la Antigüedad como soportes de mensajes propagandísticos fueron múltiples y variados. Como todo lo anterior, así lo ha referido Elena Castillo para los programas escultóricos estatales y para la arquitectura principalmente pero, sobre todo, y haciéndose eco de las tesis de otros autores como Jean-Pierre Bost, Andrew Wallace-Hadrill u Olivier Hekster, de manera especial para la moneda, el medio de difusión más eficaz utilizado en el mundo helenístico y romano capaz de propagar a lo largo y ancho del Imperio las ideas ligadas al poder emanadas desde la familia imperial. Cabe preguntarse, en primer lugar, quién fue la autoridad emisora de las prolíficas emisiones cesaraugustanas y la respuesta, al menos en el estado actual de nuestros conocimientos, se encuentra en el senado local y en sus magistrados, los duumuiri, que fueron los que casi siempre, mediante la nominación de sus nombres, refrendaron las acuñaciones. El hecho de que las emisiones no fueran continuas ni regulares en el tiempo, hizo innecesaria la existencia de una magistratura específica a diferencia de lo que ocurría en Roma, donde la tarea estaba encomendada a los tresuiri monetales. Por ello, y en nuestro caso, son los más altos cargos de la administración local los encargados de controlar las emisiones, algunas de ellas costeadas por ellos mismos, y como eficaz modo de propaganda para las élites ciudadanas. Probablemente, fue también a estos magistrados a los que les cupo la responsabilidad de la elección de los repertorios iconográficos que iban a figurar sobre cada uno de los bronces puestos en circulación, claro está que con una finalidad, pero no siempre fácil de determinar. En efecto, si la elección de las imágenes se produjo a instancias de los magistrados locales y no desde el centro del poder estatal resulta obligatorio interrogarse sobre si nos encontramos verdaderamente ante tipos propagandísticos sobre un soporte donde inmortalizar el exempla de comportamiento cívico en tanto que buena parte de los prototipos iconográficos se localizan previamente en las estatales, para las que sí existe una mayor certeza sobre la forma en la que se seleccionaban sus tipos a partir de autores como Richard Jones, Barbara Levick, Carol Humphrey Vivian Sutherland o Andrew Wallace-Hadrill. No solo eso, como afirma Elena Castillo, los miembros de la domus Augusta fomentaron la circulación de nuevos prototipos escultóricos cuando se produjeron cambios políticos relevantes, mientras que los gobernadores provinciales y los comitentes privados los reprodujeron en los lugares públicos de las ciudades con objeto de medrar en la escala social. A este respecto, Caesar Augusta también demostró una gran sensibilidad y versatilidad a la hora de adecuarse a las distintas coyunturas históricas que jalonaron los gobiernos de Augusto, Tiberio y Calígula, pues en los tres reinados, frente a una aparente línea continuista en el plano iconográfico de sus monedas, lo cierto es que se desarrollaron tres programas propagandísticos cívicos completamente distintos en cada uno de ellos, un hecho nunca lo suficientemente remarcado, pero siempre bajo la influencia y dependencia de la propaganda que, de manera contemporánea, estaba siendo desplegada y recibida fundamentalmente desde las cecas de Lugdunum y Roma. En otro orden de cosas, y una vez planteadas las incógnitas sobre la autoridad emisora de las monedas cívicas, también debemos interrogarnos sobre a quién y el qué estaban representando ese amplio repertorio de imágenes que formaban parte de un complejo engranaje simbólico que facilitaba la creación de identidades, bien comunitarias pero también de estatus concretos, reforzadas además por los códigos lingüísticos y sistemas gráficos que las acompañaban. Dicho de otro modo, si la iconografía estaba publicitando la imagen que Caesar Augusta tenía de sí misma o si se trataba, en cambio, de la imagen que la clase dirigente querían dar de sí misma, habida cuenta del papel protagonista desempeñado por las élites provinciales en la adopción del modelo urbanístico romano y en la introducción de ideas y signos externos del modo de vida romano con la clara intención de resaltar su pertenencia al Imperio. La diferencia entre una y otra cuestión no resulta banal, mucho menos si tenemos en cuenta el testimonio de Estrabón que nos habla de una sociedad heterogénea en la que convivieron tanto la población foránea como la comunidad indígena preexistente. A este respecto, para Pere Pau Ripollès la mayoritaria adopción del retrato imperial de las cecas hispanas para ilustrar los anverso monetales supuso que solo contaran con los reversos para grabar las imágenes que tuvieran una significación más localista, propia y, en ocasiones, hasta exclusiva y particular. Se trataba, en última instancia, tal y como ha referido Manuel Martín Bueno para el caso de la acuñaciones cívicas de la Tarraconense, de unos mensajes enunciados desde las ciudades emisoras en los reversos monetales al servicio del proyecto político como evidente foco de romanidad, a la par que servían a las clases dirigentes de instrumento de promoción y de auto representación, tanto de cara al interior como al exterior. Por último, debemos referir el debate existente en torno a la efectividad de la moneda como medio propagandístico ya que no es aceptada por todos los investigadores, o no al menos con una misma importancia. Así es, desde hace ya algunos años que se viene cuestionando la relevancia que tradicionalmente se le había conferido como potente medio de difusión de determinados valores ideológicos y a la eficacia comunicativa de las imágenes monetales que, en opinión de autores como Michael Crawford o Richard Jones, resultaron bastante limitados en contraposición de las posturas de Carol Humphrey Vivian Sutherland. Distinto es, en cambio, el matiz que proporciona Francisco Beltrán, pues aunque minimiza el impacto propagandístico de la moneda, de manera particular la provincial, reconoce el evidente interés que las imágenes contenidas en ella pudieron suscitar entre los habitantes de la entidad emisora e, incluso, entre las de los núcleos de población vecinos, al menos en el primer momento de ser acuñadas. En cambio, autores como José María Blázquez o Bernabé Ramírez destacan el importante papel de la moneda en la difusión del culto dinástico imperial como armazón del mismo Estado e institución política que fomentaba la cohesión social y el desarrollo de las ciudades, hasta el punto que el segundo de ellos afirmó que fue el Estado imperial quien puso en marcha un poderosísimo aparato de propaganda creado ex novo con una base fundamental en las acuñaciones monetarias. Elena Castillo, por su parte, refiere que el canal de comunicación de masas más importante en el mundo helenístico y romano fue el de las monedas, en cuyo soporte se daban a conocer distintos mensajes que, por su propia funcionalidad, eran difundidos de manera mucho más rápida. En esta misma dirección se manifiesta también Isabel Rodà, autora que reconoce que el papel de las monedas a este respecto fue, incluso, más importante que el de la epigrafía o la estatuaria, o Juan Antonio Mellado en cuanto a la efectividad de la propaganda monetal en la presentación pública de los herederos designados al solio imperial, una temática que retomó posteriormente José María de Francisco Olmos. Aunque sobre este debate vamos a volver en numerosas ocasiones a lo largo de estas tesis, por lo que a nosotros respecta queremos dejar claro, desde el principio, nuestra consideración de la moneda como un potente vehículo de propaganda oficial que mediante sus imágenes y epígrafes expresó y comunicó valores, ideas y conceptos que resultaban propios de la comunidad cesaraugustana. El planteamiento metodológico de esta tesis no se ha limitado solamente al estudio del documento monetal en general y de su iconografía en particular. Al contrario, siempre hemos creído necesario determinar el momento de creación de cada una de las imágenes, establecer bajo qué circunstancias históricas se crearon y cuáles fueron las que facilitaron su difusión, permanencia, evolución y, en algunos casos, también el de su sustitución definitiva por otras. Para esta empresa, resulta fundamental integrar todos los componentes que podemos tener a nuestro alcance, tanto las fuentes primarias como las secundarias: el material epigráfico, escultórico, arquitectónico, arqueológico, bibliográfico e historiográfico, pues todo este conjunto contribuye de manera más activa a determinar el significado del contexto social, político, religioso y cultural que generó el uso de una determinada iconografía y no de otra. De esta forma si, como hemos venido avanzado, la moneda fue y es portadora y transmisora de ideas y conceptos en sus contextos históricos y culturales, hemos creído conveniente dedicar el segundo capítulo, tras la presente introducción, a la predecesora de Caesar Augusta, la ciudad sedetana de Salduie referida por Plinio el Viejo como Saldubia. Aquí exponemos el intenso debate que existió hasta los años ochenta del pasado siglo con respecto a su ubicación bajo el solar zaragozano o bien en enclaves próximos. La ciudad, sin embargo, no parece cobrar cierto protagonismo en el escenario histórico hasta finales del siglo II a.C. como centro de reclutamiento de la turma Salluitana referida en el Bronce de Ascoli del 89 a.C., dos años antes de que el pretor Cayo Valerio Flaco sancionara la resolución de los magistrados de Contrebia Belaisca en lo concerniente a un pleito entre los salluienses y los allauonenses en relación a una canalización de aguas que los primeros realizaron en tierras de la Ciuitas Sosinestana, así como por la apertura de un taller monetal en el tránsito del siglo II y I a.C. con una única emisión conocida de unidades y mitades con el rótulo saltuie, de metrología semiuncial y de poco volumen de acuñación. El tercer capítulo se encuentra dedicado en su totalidad a Caesar Augusta, especialmente a las circunstancias históricas que hicieron posible su fundación como colonia inmune adscrita a la tribu Aniense para los veteranos licenciados de las legiones IV Macedonica, VI Victrix y X Gemina tras el final del conflicto cántabro y, por supuesto, a la revisión bibliográfica del tema que mayor controversia continúa planteando en el día de hoy en los estudios referentes a la colonia: el de su fecha fundacional que nosotros situamos en el año 18 a.C., coincidiendo con la presencia en el territorio de Marco Vipsanio Agripa, encargado de la reorganización política de Hispania. Estrechamente relacionado con lo anterior se encuentra también su identificación con la uncertain mint I, emisora de abundantes áureos y denarios batidos bajo Augusto entre los años 19-18 a.C. destinados a acometer el licenciamiento de veteranos legionarios y el pago de sus servicios, el traslado de las tropas al limes germánico y a la realización de las necesarias obras de ingeniería viaria. Se traza a continuación el desarrollo histórico de la colonia hasta la Antigüedad Tardía y no hasta el reinado de Claudio cuando cesaron sus emisiones. Para ello hemos recurrido a las fuentes literarias de Plinio el Viejo, Pomponio Mela, Estrabón, Ptolomeo, el Itinerario de Antonino, Cipriano de Cartago, las actas del Concilio de Elvira o Prudencio entre otros autores. En segundo lugar a las epigráficas, con referencias a todas las inscripciones que conforman el escaso corpus epigráfico de Caesar Augusta y otras aparecidas en diversos lugares, principalmente en Tárraco, la capital provincial y, por último, a las arqueológicas, porque las sucesivas campañas llevadas a cabo en los últimos años en el subsuelo zaragozano han sacado a la luz importantes vestigios de su arquitectura oficial, con ejemplos tan significativos como los complejos forenses; distintas infraestructuras hidráulicas y comerciales; el teatro dentro de los edificios de espectáculos o las termas públicas como espacios de recreación. Para todos ellos se incluyen los restos de la cultura material más significativos, con especial mención a los grupos estatuarios vinculados tanto al foro como al teatro. Avanzamos ya en este momento que la colonia romana se revela concebida y planificada desde sus orígenes con todas sus infraestructuras, pero reservando amplias zonas donde edificar en un futuro sus importantes espacios públicos. El proceso de monumentalización aconteció de manera más intensa durante el reinado de Tiberio, momento en el que el programa iconográfico de la ceca se modificó con respecto al desarrollado durante el de su antecesor, abogando ahora por unos tipos iconográficos centrados en la propaganda dinástica y en un incipiente culto imperial. La aparición entonces de figuraciones de templos y estatuas no solo respondieron a un fuerte orgullo cívico, sino también la intensa promoción edilicia que se estaba experimentando de manera paralela en la colonia. Seguidamente nos hacemos eco de la administración local y conventual de Caesar Augusta, donde el documento numismático adquiere una importancia de primer orden teniendo en cuenta los exiguos epígrafes conservados. Este nos ofrece la amplia nómina de los duumuiri, así como las únicas referencias conocidas de las tres ocasiones en las que el ordo Caesaraugustanum ofreció el duunvirato a cuatro miembros de la domus imperial: Germánico y sus tres hijos varones, los césares Nerón, Druso, y Cayo, el futuro Calígula, así como la identidad de algunos de los praefecti en los que estas destacadas figuras delegaron. Una vez precisado el marco geográfico e histórico en el que se desarrollaron las acuñaciones provinciales de la ciudad, el cuarto capítulo se dedica a la revisión historiográfica de su ceca, desde la obra de Antonio Agustín, Diálogos de las medallas, inscripciones y otras antigüedades editada en 1587, hasta los trabajos más recientes, conformando de esta manera un proceso evolutivo con el que pretendemos clarificar cómo se desarrolló el conocimiento de la oficina provincial desde diversas ópticas y vertientes; desde la naturaleza de las emisiones y los magistrados que nos documentan; las distintas propuestas cronológicas para buena parte de ellas; el funcionamiento del taller; un exhaustivo catálogo de todos los epígrafes monetales con referencias a sus paralelos en la amonedación estatal y su difusión en otros talleres provinciales. A continuación, acometemos un estado de la cuestión sobre los estudios iconográficos de la ceca, grueso de esta tesis doctoral, con especial mención a los retratos imperiales y a los tipos iconográficos de los reversos los que, en líneas generales, pueden englobarse en tres grandes bloques temáticos constituidos por los tipos fundacionales, los religiosos y aquellos otros relacionados con la propaganda dinástica y el culto imperial, aunque todos ellos se complementaron y solaparon indisolublemente en su trayectoria monetaria. En este mismo capítulo realizamos al final algunas apreciaciones en torno a los valores emitidos, los estudios de cuños y diversas evaluaciones con respecto a la circulación monetaria, tema ligado al de la funcionalidad del taller y, por lo tanto, clave en la compresión del fenómeno que pretendemos abordar por determinar la identidad de los destinatarios de las monedas cesaraugustanas y, por extensión, también los de sus mensajes. El capítulo quinto se enfoca al análisis de los anversos monetales como lugar de homenaje político a Augusto, sus sucesores y en general a los miembros de la domus Augusta mediante la figuración de sus respectivos retratos, posiblemente el símbolo más representativo de la amonedación de época imperial. Tras profundizar en el debate existente sobre las razones de su adopción, bien como un homenaje político voluntario de las cecas siguiendo la línea de las imágenes personales de las emisiones del Segundo Triunvirato, o por razones más funcionales como las de dotar a la moneda provincial de una garantía visual de autoridad que facilitase su función económica y reforzase su circulación y aceptación, nos adentramos individualmente en cada uno de ellos, analizando su representatividad en el contexto general, su orientación, la presencia o no de la característica láurea sobre las sienes de los emperadores, los valores a los que quedaron reservados, las leyendas a ellos vinculados y sus características y evoluciones estilísticas más sobresalientes con objeto de fijar paralelos iconográficos con la moneda imperial y, por supuesto, también a los modelos más en boga en aquellos momentos. Pero tan importantes como la omnipresencia del retrato sobre los bronces cesaraugustanos se revelan los casos excepcionales en los que este no fue representado. Sobre todos ellos también nos detenemos de manera especial, habiéndonos sido posible fijar esta tendencia a partir de la anualidad del 4-3 a.C., siempre de manera circunstancial, generalmente en valores de múltiplos de unas emisiones cuya iconografía general denota un interés conmemorativo fundacional, al menos en los casos que se produjeron con Augusto y Tiberio, aunque bajo el gobierno de este último acontecimientos religiosos trascedentes en la vida de la colonia, que bien pudieron corresponderse con el de la inauguración de algunos de sus templos, derivaron en la sustitución de la efigie por otro tipo de composiciones que se consideraron más apropiadas. Queda puesto de manifiesto que el primer gran programa cívico propagandístico de Caesar Augusta fue el fundacional, el de la plasmación visual de sus orígenes como el elemento más representativo de su romanidad al que dedicamos el capítulo sexto en su conjunto. Con la escena ritual de la yunta anunció que su sagrado nacimiento se había producido emulando al de Roma; con un amplio elenco de signa militaria recordó con orgullo su raíz militar; y con la inclusión de los instrumentos sacerdotales del lituus y simpulum junto al retrato de Augusto que su origen había estado protagonizado por los mismos auspicios y por los mismos dioses presentes en los gloriosos orígenes míticos del pueblo romano. A nuestro modo de ver, la proliferación de este tipo de imágenes solo puede ser entendida en el marco del nuevo uso que el Principado dio al mito fundacional de Roma como mito propio del Estado, por el que la figura de Rómulo terminó por consagrarse en el exemplum del princeps mediante una serie de imágenes que, si bien no resultaban desconocidas, adquirieron en este contexto nuevas e interesantes connotaciones, además de por la política de fundaciones coloniales y el asentamiento en ellas de veteranos legionarios verificada por Augusto. Por esta razón, los primeros epígrafes de este capítulo sexto están dedicados al mito fundacional de Roma, su plasmación en la moneda republicana en momentos muy determinados de su historia, su servicio a la exaltación mítica del Principado y el proceso evolutivo por el que Augusto terminó por ser tipificado como un nuevo Rómulo. Tras ello, la metodología que hemos seguido para analizar cada uno de los emblemas que hemos considerado fundacionales ha sido siempre la misma en todos ellos: el estudio de sus antecedentes en la amonedación republicana caso de que existan; la fijación de prototipos en la moneda imperial; su desarrollo tanto en las acuñaciones cívicas hispanas como en general en todas las provinciales; los motivos que justifican su presencia en estos talleres; las distintas tipologías adoptadas; su representatividad y evolución en los diferentes marcos geográficos y cronológicos en los que se desarrollaron; su relación o no con la condición jurídica de los centros emisores o los elementos iconográficos que se vincularon a ellos con la finalidad de complementar su significación y, por lo tanto, precisar lo máximo posible la que verdaderamente tuvo en Caesar Augusta. Hemos dedicado el capítulo séptimo al segundo bloque iconográfico que parece estar presidido en los primeros años de Tiberio por el emblema religioso del toro mitrado, que solo reapareció de manera circunstancial en la última emisión tiberiana. La imagen nunca formó parte de las emisiones que se centraron más detenidamente en la sucesión dinástica o el culto imperial, tampoco en aquellas otras de las que fueron magistrados honoríficos los césares, hijos de Germánico, Nerón, Druso y Cayo, las que honraron a Livia como Iulia Augusta ni las que incluyeron representaciones de templos y estatuas, argumentos que nos parecen lo bastante sólidos para justificar nuestra decisión de no incluirlo dentro del capítulo siguiente, dedicado a la propaganda dinástica y el culto imperial, y dedicarle, en cambio, uno propio. La historiografía especializada siempre ha insistido en que la presencia del toro como tipo iconográfico de la Numismática hispana en general y de la tarraconense en particular fue muy abundante, aunque también siga resultando en la actualidad uno de los más complejos de definir e interpretar. Sin embargo, el que en líneas generales haya sido estudiado globalizando todas las modalidades que ofrece el animal bajo el término genérico de "toro", omitiendo o minusvalorando las diferencias tipológicas de cada una de las cecas, ha tenido como consecuencia el que haya pasado desapercibido por completo un hecho histórico que consideramos de suma relevancia, pues el nacimiento del toro mitrado como emblema cívico monetal nació en Caesar Augusta y en el marco particular sobre el que se desarrolló, hacia el 7 d.C., la magistratura honorífica de Germánico. Tras el planteamiento de toda esta problemática que concierne al toro hemos seguido la misma metodología que la aplicada a los tipos fundacionales. El estudio de la presencia del animal en la amonedación republicana e imperial bajo múltiples tipologías, y el de su adopción, desarrollo y representatividad en los contextos provinciales nos ha permitido comprobar que los talleres hispanos se sintieron muy proclives a las representaciones de bóvidos pero no bajo el reinado de Tiberio, como de manera frecuente se afirma, posiblemente por la apertura entonces de nuevos talleres como los de Osicerda, Graccurris, Cascantum o Clunia que hicieron un uso reiterado del mismo, sino con mayor peso bajo Augusto gracias a las fecundas emisiones de la colonia Lepida-Celsa, como primera ceca hispana en representarlo, y del municipio de Calagurris, pero muy mermadas en su actividad productiva a partir de la muerte de Augusto. El capítulo octavo se centra en el tercer gran bloque iconográfico publicitado por las acuñaciones cesaraugustanas, esto es el de la propaganda dinástica y el culto imperial. Esta temática alcanzó su momento de mayor representatividad bajo el mando del emperador Tiberio, coincidiendo con ese cambio del programa propagandístico de la ceca al que nos venimos refiriendo y en el que la gloria de los orígenes, de tanto predicamento en la amonedación del periodo anterior, parece quedar ahora arrinconada. Cierto es que esta tendencia comienza a corroborase ya a finales del reinado de Augusto, cuando Germánico aceptó el desempeño de una magistratura mientras la colonia se hizo eco de los cambios a los que el princeps se vio obligado a realizar en la línea trazada de la sucesión dinástica. Sin embargo, fue con Tiberio cuando el apego y devoción de Caesar Augusta hacia la figura del emperador reinante y a la de su propia domus se intensificaron de manera extraordinaria en el lenguaje de unas imágenes variadas en su tipología y ricas en contenidos ideológicos, a las que como en los grupos anteriores también nos hemos aproximado intentando determinar los modelos, su presencia en el monetario provincial y las circunstancias históricas que, tanto a nivel local como general, facilitaron su nacimiento, difusión, permanencia u olvido. Un nuevo cambio de mentalidades constatamos de forma clara en el transcurso del mandato de Calígula, y precisamente por ello no solo resultó necesario recurrir a nuevas imágenes hasta entonces desconocidas, sino también recuperar otras olvidadas mientras se postergaron otras que no se adaptaban plenamente a los nuevos propósitos. En el primer grupo se circunscriben las más augusteas, mientras que en el segundo se encuentran las tiberianas. De esta manera, volvió a presidir el programa propagandístico de la ceca la yunta fundacional, la misma imagen vinculada a Augusto pero que ahora, sin embargo, adquirió matices nuevos que modificaron y readaptaron los mensajes a unos contextos históricos distintos a los que la generaron. No se trataba tanto de glorificar la génesis de la colonia como la de vincularla a Calígula como nueva cabeza del Imperio por medio de Marco Vipsanio Agripa, Germánico, Agripina la Mayor y el Diuus Augustus, presentes a consecuencia de la propaganda familiar elaborada desde Roma en su papel de legitimación dinástica. Por otro lado, somos conscientes que no todos los autores elevan a la categoría de emblemas cívicos propios a los tipos epigráficos y toponímicos, pero la reiteración del acrónimo y el uso que del mismo hizo Caesar Augusta parecen demostrar todo lo contrario. A lo largo del capítulo noveno esbozamos las líneas maestras que rigieron su evolución tanto en el contexto local como en el de otras cecas hispanas, desde su papel secundario en los últimos años del Principado de Augusto a su progresiva revalorización con Tiberio por la influencia que creemos que en este punto ejerció el taller de Tárraco, en un proceso que finalizó en las últimas emisiones tiberianas, con su independencia como tipo monetal con entidad propia, y que siguió manteniendo con Calígula. Tras las preceptivas conclusiones el trabajo prosigue con el capítulo dedicado a la bibliografía consultada que, por comodidad, hemos optado por subdividirla en cuatro sectores. En el primero se reúnen las abreviaturas utilizadas a lo largo del texto de los principales catálogos numismáticos y obras de referencia más importantes, para las revistas científicas se siguen las del L'Année Philologique. En el segundo recogemos las ediciones críticas y traducciones de las que nos hemos servido para las alusiones a los textos de los autores clásicos que, en todo momento, son citados según se recogen en la cuarta edición del Oxford Classical Dictionary. El tercer apartado lo hemos reservado para la bibliografía general, y el cuarto para las páginas webs consultadas. Asimismo, queremos dejar constancia que a lo largo del texto hemos optado por el uso indistinto de nombres latinos o de su castellanización, una combinación o alternancia que aligera la lectura y evita el uso excesivo de la letra itálica, así como el criterio de los latinistas modernos en el uso de la u y v en los documentos, letreros epigráficos y numismáticos. La tesis finaliza con una amplia gama de colecciones de tablas y mapas que dan cuenta de la difusión en el contexto general de las acuñaciones provinciales de los mismos emblemas cívicos utilizados por Caesar Augusta, razón por la cual no hemos incluido mapas -pero sí tablas- en los casos en los que una determinada tipología solo se documente en nuestra ciudad. Todo ello ha servido para conformar estas páginas en las que hemos pretendido acercarnos, por medio de la iconografía monetal, a la forma en que los cesaraugustanos se vieron a sí mismos y cómo quisieron que su colonia fuera reconocida desde el exterior. Gracias al lituus con el que los augures interpretaron la voluntad divina sobre la nueva fundación; a la yunta que arañó sus límites; a los signa militaria que guiaron a los colonos de las tres legiones fundadoras a su nuevo asentamiento en la margen derecha del Ebro; a los templos y grupos escultóricos que se levantaron en el foro y espacios públicos como signos inequívocos de prestigio, de su condición urbana y de adhesión fervorosa al centro del poder, o a los miembros de la domus Augusta que aceptaron magistraturas honoríficas y/o fueron representados en el monetario, Caesar Augusta, inmersa en el amanecer de los nuevos tiempos y conocedora de ser "la ciudad de Augusto", se alzó como referente de la gloria y del poder de Roma que, propiciado por un nuevo Rómulo la creó y convirtió en lo que Aulo Gelio definió durante el reinado de Marco Aurelio en quasi effigies paruae simulacraque de Roma.

La historia es una disciplina incómoda para los filósofos de las ciencias sociales. Piénsese en la respuesta a la pregunta: ¿es posible encontrar leyes del desarrollo histórico de las sociedades? K. Popper creía que no y afirmaba que la creencia en dicha posibilidad era la fuente de los totalitarismos del siglo XX. Eso afirmaba en"The poverty of historicism" en 1957. Unos años antes Carl Gustav Hempel creía haber encontrado la fórmula básica para expresar una explicación en términos científicos a través de la formulación de leyes en un estilo nomológico deductivo (ver HEMPEL, 2005). Y creía que dicha fórmula también se aplicaba a la historia. En el campo de la sociología fue George Homans quien dio impulso a las ideas de filósofos como C. G. Hempel y R. Braithwaite quienes creían que era posible llegar a teorías deductivas de la misma naturaleza tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales (ver HOMANS, 1970). A mediados de la década pasada, Philip S. Gorsky publica un provocador artículo en "Sociological Methodology" con el título "The poverty of deductivism" y retoma la vieja discusión sobre el lugar de la historia en la teorización en ciencias sociales (GORSKY, 2004). Lo hace, afirmando exactamente la tesis contraria a Popper: las ciencias sociales no son más que historia.Como señala Thomas Smith, el estudio de la historia es particularmente importante en la investigación en Relaciones Internacionales:"As either political backdrop or behavioral laboratory, history is never far removed from International theory and research. When theory is constructed from the bottom up, history provides the building blocks. When theory is constructed from the top down, history serves to test or falsify theoretical concepts. Case studies are focused, comparative historical analyses. The learning and institutionalist literature is explicitly historical and evolutionary. When quantitatively oriented researchers speak of 'events data' or 'data making', they are referring to historical representations abstracted from a welter of evidence. Normative theorists stress the historical context of moral action. Marxist theorists seek to uncover the hidden histories upon which international theory is founded, while postmodernists point out privileged views of the past that have shaped the discipline. (…) Formal theory, including game theory is perhaps the most ahistorical of theoretical approaches, yet increasingly it too is being put to the historical test". (SMITH, 1999, 8)La investigación histórica y el problema de la explicaciónEn el presente artículo retomaremos las ideas de uno de los sociólogos vivos más interesantes del siglo XX: Arthur L. Stinchcombe (1) (de aquí en más ALS). Al hacerlo pretendemos presentar una discusión del tema que está a medio camino entre las pretensiones deductivistas y el relativismo histórico. Al mismo tiempo pretendemos aportar elementos que apuntan a mostrar lo fructífero de la obra de investigadores que le dan una importancia clave a la historia en ciencias sociales.Antes de comenzar la exposición creemos importante dejar sentado que sentimos una profunda admiración por las ideas de ambos "bandos": aquellos que defienden el proyecto de que los resultados de la investigación deberían poder ser generalizables como la de aquellos que defienden que la investigación social debe explicar hechos históricos singulares e irrepetibles. Creemos que la postura de Stinchcombe busca un término medio mediante el cual, la investigación social se nutra de la particularidad histórica sin renunciar a encontrar generalizaciones aplicables más allá de los casos concretos que formaron parte del estudio realizado.Abordaremos el libro que ALS especialmente escribió sobre teoría social e historia y que se llama "Theoretical methods in social history" de 1978. En este libro Stinchcombe comienza a delinear una perspectiva sobre la explicación en ciencias sociales que hoy en día es una corriente ya instalada en el panorama de las mismas. Me refiero a la perspectiva analítica, la cual se nutre del pensamiento de cientistas sociales provenientes de diversas disciplinas como la economía (T. Schelling) o la sociología (R. Boudon, P. Hedström), así como de la filosofía (J. Elster, P. Manicas, W. Salmon) (2). La idea de mecanismo social como base de una explicación en términos científicos aparece delineada con claridad en la siguiente cita de Peter Hedström:"A social mechanism, as defined here, is a constellation of entities and activities that are linked to one another in such a way that they regularly bring about a particular type of outcome. We explain an observed phenomenon by referring to the social mechanism by which such a phenomenon is regularly brought about". (HEDSTRÖM, 2005, 11)La idea de "mecanismo" tiene una clara inspiración en el individualismo metodológico, la perspectiva según la cual toda explicación de un hecho social en términos agregados (como puede ser la civilización capitalista, la revolución rusa o las recientes revueltas en medio oriente) debe remitirse en última instancia a individuos y sus acciones. Para expresarlo en términos actuales, toda explicación en ciencias sociales debe tener micro fundamentos (LITTLE, 1991). Más allá de esta especificación, la idea de la existencia de un "mecanismo" vinculante entre causa y efecto pretende ser una alternativa a dos formas tradicionales de abordar la causalidad en ciencia: la explicación en términos nomológico - deductivos (covering law model) y la explicación en términos estadísticos. ¿Qué tiene de diferente la idea de mecanismo? Para entender su singularidad repasaremos en los siguientes excursos los principales elementos de las dos teorías rivales (covering law model y explicación estadística).Excurso 1. Covering law model: Carl Gustav HempelActualmente se reconoce en filosofía de la ciencia que el trabajo de C. G. Hempel sobre la explicación científica es la piedra angular de la discusión sobre la materia en la segunda mitad del siglo XX (SALMON 2006, MANICAS, 2006). Según W. Salmon el artículo original de Hempel con Paul Oppenheim de 1948 "is the fountainhead from which the vast bulk of subsequent philosophical work on scientific explanation has flowed –directly or indirectly" (SALMON, 2006, 8).Más allá de sus aciertos y errores hay que conocer el argumento de Hempel para adentrarse en la discusión contemporánea sobre qué es explicar en ciencia.En su formulación inicial, Hempel establece que una explicación científica adquiere la forma de un argumento deductivo con sus premisas y su conclusión. Supongamos que queremos explicar un cierto evento E. Dar respuesta a la pregunta ¿por qué E ocurre? implicaría subsumir el evento E en alguna ley general. Es decir, E queda explicado cuando su ocurrencia se deduce de ciertas leyes conocidas y de determinadas condiciones en las cuales el evento se produce. La explicación de un evento adquiere la forma de un silogismo en el cual una de las premisas establece al menos una ley general, otra premisa refiere a ciertas condiciones iniciales (ambas constituyen el explanans) y la conclusión es el evento que quiere ser explicado (explanandum). Se posee una explicación cuando el explanandum es una consecuencia lógica del set de premisas que constituyen el explanans.Esta idea puede representarse de la siguiente forma:Si ocurre A entonces ocurre B (la forma de una ley general)A ocurre (refiere a las condiciones iniciales o "relevantes") --- Por lo tanto, ocurre B (evento a ser explicado o explanandum)Esta explicación que está formulada para leyes universales también puede formularse de manera probabilística con lo cual tenemos un tipo de explicación que abarca procesos de pensamiento de tipo inductivo o estadístico (para profundizar en esta posibilidad ver MANICAS 2006; SALMON, 2006; HEDSTRÖM 2005).La debilidad habitualmente criticada a este modelo de la explicación científica es que no es suficientemente restrictivo como para eliminar explicaciones obvias o superficiales. Veamos un ejemplo conocido de este tipo de crítica al modelo de Hempel que aparece en Manicas (2006); Salmon, (2006) y Hedström (2005):Nadie que tome píldoras anticonceptivas en forma regular queda embarazadoPedro toma píldoras anticonceptivas regularmente --- Por tanto, Pedro no ha quedado embarazadoEl problema denunciado por los críticos de Hempel es que el covering law model está construido en términos de un argumento lógico en vez de estar construido en términos de causas y sus "poderes" para la producción de eventos ("poderes" o "capacidades" que hay que dilucidar teóricamente). La consecuencia que tiene esta deficiencia es que explicaciones incorrectas (como la presentada en el silogismo previo) deberían ser admitidas si se sigue estrictamente la propuesta del covering law model. En palabras de Hedström: "The fact to be explained can be logically derived from the premises –both of which can be assumed to be true- but the explanation is nevertheless incorrect because it refers to the wrong causal mechanisms" (HEDSTRÖM, 2005, 16).Veremos en la presentación de las ideas de Stinchcombe sobre la investigación histórica, que en éste tipo de perspectiva analítica no solo importa señalar que dos fenómenos aparecen juntos o uno sucede al otro sino que es necesario establecer por qué eso ocurre de determinada manera y en determinadas circunstancias. Precisamente, para Stinchcombe la investigación histórica es una fuente ineludible para descubrir y probar los mecanismos por los cuales determinadas causas producen determinados efectos.Excurso 2. La explicación estadísticaLa explicación estadística en su formulación tradicional está vinculada a la idea de "correlación" o "dependencia robusta". Si en el covering law model la explicación de un fenómeno implica que se posee una teoría desarrollada capaz de subsumir el fenómeno en sus leyes, el modelo estadístico desconfía de las teorías generales y se dirige a la constatación inductiva de regularidades. Esto es, a la asociación de dos fenómenos lo cual implica, en términos estadísticos, que los valores de dos variables tienden a variar en forma conjunta. Hay una sutileza a tener en cuenta cuando se aborda la explicación estadística: la asociación o correlación entre dos variables no necesariamente implica que una sea la causa de la otra, aunque sí es un indicador de que puede haber una relación de tipo causal. X e Y pueden tener una asociación robusta pero puede suceder que ambas sean un efecto de Z con lo cual la relación entre X e Y es espúrea (en términos llanos: se trata de una falsa relación de causalidad). Si bien siempre existe este riesgo también hay formas de controlar la espuriedad de la relación entre X e Y manteniendo constantes los valores de otras variables y observando qué ocurre con la relación original entre X e Y. De aquí viene uno de los pilares de la explicación estadística: una relación es robusta (y por tanto podemos creer que existiría una relación de causalidad entre ambas) si dicha relación al ser controlada por otras relaciones se mantiene firme.Hay dos problemas con este tipo de explicación. En primer lugar, no es posible controlar una relación entre dos variables mediante todas las posibles variables que podrían oficiar como control. En segundo lugar, constatar una regularidad no implica explicar porqué ocurre dicha regularidad. Ya desde Hume sabemos que la causalidad no es observable y este es un problema con mucha investigación orientada a la búsqueda de explicaciones meramente estadísticas. Por ejemplo, durante mucho tiempo se insistió en la importancia de la educación de la madre como predictor del nivel académico alcanzado por los hijos. Esta afirmación provenía de la constatación de una relación robusta entre el nivel educativo alcanzado por la madre y los resultados académicos de los niños. Ahora bien, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Se trata de una transmisión de conocimiento desde la madre hacia el hijo? ¿Es debido a que una mayor educación en la madre hace que ésta sea más sensible a la evolución educativa de sus hijos e intervenga para componer problemas en la misma? La investigación estadística es muy útil para explorar la pertinencia de hipótesis alternativas como las planteadas recién, pero no es la herramienta capaz de generar por sí misma explicaciones de los fenómenos. En última instancia, la explicación de las relaciones es una cuestión de teoría, es decir, de una perspectiva teórica capaz de develar los mecanismos por los cuales un cierto fenómeno influye sobre otro. Esta es la principal crítica que desde tiendas "analíticas" se hace al tipo de investigación que confía exclusivamente en la detección y control de regularidades.Una propuesta heterodoxa para la investigación históricaEn "Theoretical Methods in Social History" ALS cuestiona tanto la investigación histórica cuantitativa sin una orientación teórica como la idea deductivista de emplear la investigación histórica sólo para validar teorías. Para ALS la investigación histórica es útil para construir teorías. En sus propias palabras:"Our object has been to analyze how generality can be wrested from historical facts" (1978, 115). El desacuerdo con el deductivismo no pasa por negar que un objetivo del trabajo científico sea elaborar y trabajar con conceptos generales, sino en la metodología para construir dichos conceptos. Por su parte, ALS también se separa de la perspectiva que niega la posibilidad de generalizar a partir del estudio de la historia, "the Nietszche – Dilthey side of epistemology" tal como le llama el autor. ALS afirma que los conceptos deben poder captar la singularidad de los hechos y que esto es clave para construir conceptos generales con alto potencial de ingresar en sentencias causales fructíferas.Para ALS la "gran teoría" (como el marxismo o el estructural funcionalismo) solo sirve como un punto de partida: nos facilita ciertos conceptos que nos ayudan a determinar por donde comenzaremos a observar el fenómeno de interés. En definitiva, las grandes teorías pueden mostrar coherencia lógica, pero no necesariamente ser capaces de explicar de forma coherente una secuencia empírica de eventos.La investigación histórica permite avanzar en la teorización aportando precisamente la clase de ajuste "a los hechos" que toda buena teoría debería tener. Este ajuste hace que la teoría tenga un mayor caudal explicativo. ALS explica su idea con suma claridad en el siguiente párrafo:"Concepts are things that capture aspects of the facts for a theory; they are the lexicon that the grammar of theory turns into general sentences about the world.The argument is that the power and fruitfulness of those sentences is determined by the realism and exactness of the lexicon of concepts, and not by the theoretical grammar. The problem of eliminating false sentences by research, the traditional problem of epistemology, is not as problematic as the problem of having sentences interesting enough to be worth accepting or rejecting. And this is determined by whether or not our concepts capture those aspects of reality that enter into powerful and fruitful causal sentences". (1978, 115) (énfasis agregado M.B.)¿Qué método de abordaje propone ALS para investigar un fenómeno histórico y poder teorizar a partir de él? En su forma más sencilla se compone de cuatro pasos.Tomar una secuencia de hechos claramente delimitada en el tiempoObservar la secuencia de hechos a partir de algún concepto general(tomado de teorías previas) con un foco preciso: tratar de vincular una serie de hechos que están conectados a dicha noción general como causa y efecto.Tratar de componer dicha secuencia de hechos en una teoría causalque pueda explicar la secuencia de interés.Probar los conceptos a partir de su capacidad para generar analogíasA continuación retomaremos cada uno de los pasos planteados por ALS para abordar un objeto de estudio histórico. Nos proponemos mostrar la originalidad de su perspectiva.Tomar una secuencia de hechos claramente delimitada en el tiempoUn gran problema de las grandes teorías de la historia como el marxismo o la teoría de la modernización es que trabajan con largo períodos. Este abordaje lleva al investigador a darle prioridad a los aspectos narrativos de la gran secuencia histórica antes que a la formalización de una secuencia causal capaz de mostrar la conexión entre los fenómenos. El marxismo, la teoría de la concentración del poder político (de Jouvenel) y la teoría de la modernización todas tratan de explicar el transcurso desde el siglo XV al siglo XX apelando a algún mecanismo "maestro" que opera a través de la historia y cuyos efectos son acumulativos. Para el marxismo ese mecanismo está en los conflictos que surgen a partir de la propiedad de los medios de producción, para de Jouvenel está en la concentración de poder en los gobiernos centrales, para la teoría de la modernización está en los procesos de diferenciación. ¿Cómo podemos hacer para establecer cuál mecanismo es el más importante en la generación del mundo moderno?Para ALS, la única forma de hacerlo es investigar una secuencia relevante de acontecimientos históricos de moderada extensión que permita (a partir de la riqueza y profundidad que brinda un contexto específico) probar que el mecanismo explicativo "maestro" puede postularse como variable exógena. Es decir, oficia como causa del output final sin ser afectado por cambios en las variables que integran el modelo.Observar una secuencia de hechos históricos y tratar de componer dicha secuencia en una teoría causalLos pasos 2 y 3 son clave en la exposición de ALS porque es en el proceso de ajustar una secuencia de hechos en una cadena de causas y efectos cuando "emergen" los mecanismos explicativos más fructíferos. ALS afirma que los buenos historiadores que tienen una inclinación teorética, no importando el paradigma del cual parten, pueden llegar a descubrir similares mecanismos teóricos. ¿Por qué? "Por que han mirado los hechos" nos diría el autor. Vinculado a este punto, el autor plantea la siguiente paradoja (la cual intenta resolver en el capítulo 2 del libro de referencia):"De Tocqueville's theory of revolution is almost completely unanticipated in conservative thought, Trotsky's theory of the Russian Revolution almost completely unanticipated in Marxist thought; they are very similar, and both are probably basically true". (1978, 5)La teoría de la revolución que puede extraerse de los escritos de de Tocqueville (sobre la revolución francesa) y de Trotsky (sobre la revolución rusa) son muy parecidas ya que recaen en similares mecanismos explicativos. ¿Cómo es esto posible? Para ALS es posible porque ambos historiadores construyen teorías adecuadas a la secuencia de hechos que quieren explicar y dado que estos hechos son análogos un resultado posible es que las teorías también lo sean. Sin duda, es un argumento fuerte y dedicaremos unos breves párrafos a mostrar la pertinencia del análisis de ALS. Pero antes, es importante que resaltemos la riqueza del pensamiento del autor. Contra toda intuición previa, ALS nos dice que dos investigadores que políticamente se ubican en las antípodas piensan igual cuando trabajan como teóricos de la sociedad. ¿No es acaso una buena prueba de la importancia de "razonar los hechos" ésta que nos ofrece ALS?Sin ser exhaustivos repasaremos un mecanismo explicativo del quiebre revolucionario que –según ALS- aparece teorizado de la misma manera en Trotsky y de Tocqueville.El mecanismo básico del cambio revolucionario que abordan de manera muy similar Trotsky y de Tocqueville es el relativo a la crisis de la autoridad tradicional. Toda revolución implica un cambio de autoridad. Por ello, para ambos autores (Trotsky y de Tocqueville) la reflexión sobre cuáles son los elementos que propician en un sistema social este cambio, es un punto clave en su explicación de la revolución.A ambos les interesa la decadencia de la autoridad real y se concentran en los mecanismos que permiten mantener o que son capaces de erosionar la legitimidad de dicha autoridad.Ambos autores apuntan a conceptos que permitan dar cuenta de qué condiciones favorecen en las masas la formación de la creencia en la posibilidad de una alternativa a la autoridad instituida. Ambos niegan que la privación sea por sí sola capaz de movilizar a los grupos sociales que forman parte del conflicto. Antes que por las condiciones de vida de la población se preocupan por problemas tales como la percepción de injusticia como motor de un proceso de extrañamiento entre los grupos sociales, lo cual genera un contexto que estimula (aunque no sea causa directa) el proceso revolucionario. Como puede verse, ambos autores remiten su explicación a mecanismos que operan a través de individuos. Por tanto, ambos tienen una posición encuadrada dentro del individualismo metodológico.Ambos intentan dar cuenta de un cambio cognitivo en la población que va desde el respeto a la autoridad hacia el activo cuestionamiento de la legitimidad de la autoridad instituida. Este cambio, para ambos autores, no depende exclusivamente de las condiciones de vida (factores estructurales de la situación). Es fruto de un cambio cognitivo en el cual es clave la deslegitimación de la autoridad, la posibilidad de imaginar una alternativa y la evaluación de que dicha alternativa tiene posibilidades de triunfar.Un elemento central de la legitimidad de una autoridad está en su efectividad en el cumplimiento de los fines para los cuales ha sido creada: "effectiveness, especially in services to the public, legitimates authority, and ineffectiveness makes the privileges of authority galling" (1978, 35).Ambos autores intentan explicar cómo ciertos patrones sociales, ciertas prácticas de gobierno y ciertos eventos históricos provocan una distribución desigual de la fé en los propósitos de la autoridad instituida y en la percepción de su efectividad al ser comparada con la efectividad de sus posibles alternativas. El foco del análisis de ambos autores está en los procesos cognitivos (3), fundamentalmente comparativos, que producen deslegitimación de la autoridad. Esta es una lección muy valiosa que surge de la investigación de Trotsky y de Tocqueville sobre los procesos revolucionarios: determinar contra qué es comparada la autoridad instituida (por parte de los grupos sociales que desafían o participan, activa o pasivamente, del derrocamiento de la autoridad establecida).En definitiva, tanto Trotsky como de Tocqueville extraen de sus respectivas investigaciones históricas, mecanismos que operan a nivel de la cognición de los actores y es a partir de estos procesos de cambio que dan una explicación de la particular secuencia de hechos que concluye en el quiebre abrupto de vastos esquemas absolutos de poder. "They are all directed at the problem of explaining the decay of authority, they all have something to do with people forming purposes and believing, or not believing, that particular social organs are effective in pursuing those purposes, and they have to do with the perception of possibilities". (1978, 40)"The gradual spreading of the conviction that perhaps a better alternative is really possible (…) is what both Trotsky and de Tocqueville see as the basic psychological process of undermining the traditional authority". (1978, 40)Así como Trotsky y de Tocqueville enfatizan en los mecanismos que estimulan el proceso revolucionario, también son capaces de encontrar en sus investigaciones, los mecanismos que desestimulan dicho proceso. Para ambos autores, por ejemplo, la discusión pública y la participación de los diferentes grupos sociales en la elaboración de la política tienden a no erosionar la legitimidad de las autoridades instituidas. Este tipo de mecanismo impide que se dispare un proceso de enajenación respecto a la autoridad y quienes la ejercen.Probar los conceptos a partir de su capacidad para generar analogíasAhora bien, ¿cómo es posible saber si la teoría a la que se ha llegado es promisoria? Para ALS, una teoría es "fuerte" cuando los mecanismos causales que emplea para explicar un fenómeno son válidos para explicar diferentes instancias históricas concretas. Es decir, cuando nos permite realizar analogías.La analogía es un típico producto de la investigación empírica. Considerar a dos objetos como similares (los predicados que A y B tienen en común y que los diferencian de un tercer objeto C) surge de una comparación minuciosa entre los objetos. Para ello hay que investigar (puesto que hay que hacer comparaciones). Una vez que tenemos un concepto que separa a dos objetos de otros, tenemos en potencia un concepto con alta capacidad para poder ingresar en sentencias causales. ¿Por qué? Porque podemos presumir que la analogía encontrada es causa de comportamientos similares entre A y B, comportamiento que en otros objetos adquiere valores diferentes.En la medida en que ALS defiende la estrategia de investigar series de eventos históricos de moderada extensión, el hallazgo de analogías fructíferas a nivel del comportamiento de los actores (individuales o corporativos) tiene mayor probabilidad de emerger durante el trabajo de investigación mismo. Ya que el estudio cuidadoso de la historia le ofrece al investigador un campo "rico" en posibilidades para hallar fenómenos análogos (fenómenos en los cuales los mismos mecanismos producen similares resultados). Por tanto, el estudio de la historia para ALS es una fábrica de conceptos con mayor potencial explicativo que el pensamiento teórico en abstracto, desarraigado. Es más fructífero construir conceptos a partir de la elaboración de analogías históricamente situadas que elaborarlos en abstracto sin un "teatro de operaciones" que pueda ayudar al investigador.Esto no implica un llamado al inductivismo ingenuo, "it is about the use of facts to improve ideas, to make them richer, more flexible, more powerful" (1978, 24).Un ejemplo de razonamiento por analogía tomado de Letras InternacionalesPara ejemplificar el método propuesto por ALS tomaremos un análisis realizado en Letras Internacionales por Javier Bonilla en editorial correspondiente al número 100 de la revista. En dicho editorial Bonilla aborda el problema de los "fundamentalismos islámicos" y su explicación en tanto fenómeno político. Dice acerca de los mismos:"Si hoy alguien quiere creer que los talibanes afganos, así como la miríada de grupos más o menos afines, autónomos o apoyados por distintos estados, son sólo "fundamentalistas islámicos" que, indignados por la irrespetuosa fuerza de la globalización generada en Occidente, han optado por defender su identidad religiosa y cultural, estará seguramente en todo su derecho. Pero tendrá inevitablemente que explicar dos cosas.La primera: ¿como se "defiende" la pureza del Islam mediante el expediente de aplicar 200 azotes y ejecutar de tres tiros en la cabeza en la plaza pública a una viuda encinta?. Si esta metodología no es la forma misma de instaurar el Terror para controlar a la población por el ejercicio del Terror mismo, no imaginamos un mecanismo mejor.La segunda: ¿por qué razones, tanto el 'modus operandi' de la exhibición pública del Terror, como el sistemático recurso al desmentido propagandístico cínicamente reñido con las evidencias que utilizan los talibanes, resultan ser prácticamente idénticos a los métodos de Lenin, de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Enver Hoxha, de Tito, de Pol Pot, de Castro o de Kim Jong-il , entre otros ?"(4).Este razonamiento puede ser tomado como un ejemplo de aplicación de la propuesta de ALS respecto a las analogías. Veamos la propuesta del editorialista en términos sencillos:Todo régimen político que es análogo a otro régimen político en el ejercicio del terror en forma pública es también análogo en no aceptar ninguna limitación ética, en la intención de imponer su relato y lograr sus fines (5). En consecuencia, una forma de conceptualizar qué es el régimen talibán es hacerlo formar parte del mismo conjunto que integran la Alemania nazi o la Unión Soviética bajo Stalin.Estas analogías son muy valiosas cuando nos enfrentamos a la explicación de un fenómeno político. En primer lugar, implican una conceptualización que recorre un camino que podríamos llamar "bottom – up". En el sentido que parte desde características observables del régimen y asciende en la conceptualización de las mismas (el camino inverso es despreocuparse de las características observables y aplicar apresuradamente una categoría teórica tomando al régimen como un vago ejemplo de la misma). En segundo lugar, apunta a clasificar las características observadas en alguna categoría análoga y ya conocida de régimen político. Esto permite ahondar en el estudio del fenómeno contemporáneo al menos con una herramienta desarrollada como punto de partida. La comparación minuciosa nos dirá si nuestro punto de partida es el correcto o no. En tercer lugar, nos permite eludir explicaciones aparentemente poderosas como aquella que hace del florecimiento de fundamentalismos la consecuencia de una misteriosa fuerza llamada "globalización" (nunca definida con precisión y desprovista de todo anclaje individual). Eludir este tipo de explicaciones basadas en grandes abstracciones es muy importante aunque los cientistas sociales solemos ser adictos a ellas. Conceptos como "globalización" o "modernidad líquida" son adictivos porque nos transmiten la sensación de que podemos explicar casi cualquier cosa con ellos. Sin embargo, su problema es que la inconsistencia de la definición de los mismos y su nulo anclaje en la actividad concreta de individuos no nos permiten esclarecer cómo es que esa fuerza llamada "globalización" genera aquellos fenómenos que queremos explicar. La utilización indiscriminada de estos conceptos nos hace sentir que al menos tenemos una explicación, aunque no se tenga la más mínima idea de cómo es que opera el explanans en el mundo concreto de los individuos que hacen o dejan de hacer determinadas cosas y con ello producen resultados a nivel colectivo.(1) Arthur L. Stinchcombe (1933) es actualmente profesor emérito en el Departamento de Sociología en Northwestern University. Previamente enseñó en Johns Hopkins, Berkeley, University of Chicago y University of Arizona. En su carrera se destacan tanto sus contribuciones al área de la metodología como de la construcción de teorías en ciencias sociales. Ha escrito más de 12 libros en muy distintas áreas como desarrollo agrícola, organización industrial y educación. Su segundo libro es un clásico en el área de la construcción de teorías y se llama precisamente "Constructing social theories", publicado originalmente en 1968. Dicho libro ha sido traducido al español. Ganó a lo largo de su carrera muchos premios, destacamos los más recientes: en 2004 Distinguished Career Prize, American Sociological Association; en 2007 Lazarsfeld Award for career contribution of methodology, ASA Methods Section. Una excelente entrevista en la que puede leerse sobre su trabajo de investigación hasta finales de la década de 1980 está en Swedberg (1990, ver bibliografía).(2) La lista no es exhaustiva. Pueden consultarse tres antologías de exponentes de la corriente analítica en las siguientes referencias especificadas en la bibliografía de este artículo: Hedström y Silverberg 1998, Hedström y Bearman, 2009 y Noguera et. Al., 2006.(3) Proceso cognitivo que se produce a nivel de los individuos que forman parte de los grupos en conflicto.(4) Disponible en:http://www.ort.edu.uy/facs/boletininternacionales/contenidos/100/editorialbonilla100.html(5) No aceptar limitaciones y pretender una sumisión total es una de las virtudes del concepto de totalitarismo que permiten diferenciar este tipo de régimen de otros que pueden ser similares en algún aspecto. Pablo Brum escribe: "Hitchens acota que totalitarismo 'is a useful term, because it separates 'ordinary' forms of despotism –those which merely exact obedience from their subjects- from the absolutist systems which demand that citizens become wholly subjects and surrender their private lives and personalities entirely to the state, or to the supreme leader'" (BRUM, 2011). *Profesor de Fundamentos de la Investigación Social, Métodos de investigación y Taller de Monografía.Depto de Estudios InternacionalesFACS – ORT Uruguay(ma.baudean@gmail.com). BIBLIOGRAFÍABRAITHWAITE, Richard. 1965 [1953]. La explicación científica. Madrid, Tecnos.BRUM, Pablo. 2011. El Impacto del Totalitarismo en el Siglo XX. Documento de Investigación Nº 62. Montevideo, FACS-ORT.GORSKY, Philip S. 2004. The Poverty of Deductivism: A Constructive Realist Model of Sociological Explanation. En: Sociological Methodology, 2005.HEDSTRÖM, Peter; SWEDBERG, Richard. 1998. Social Mechanisms. An analytical approach to social theory. New York, Cambridge University Press.HEDSTRÖM, Peter. 2005. Dissecting the Social. On the Principles of Analytical Sociology. New York, Cambridge University Press.HEDSTRÖM P., BEARMAN, P. (Editors). 2009. The Oxford Handbook of Analytical Sociology. USA, Oxford University Press.HEMPEL, Carl G. 2005 [1965]. La explicación científica. Estudios sobre la filosofía de la ciencia. Barcelona, Paidós.HOMANS, George C. 1970. Naturaleza de la ciencia social. Buenos Aires, Eudeba.LITTLE, Daniel. 1991. Varieties of social explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science.Colorado: Westview Press.MANICAS, Peter. 2006. A realist philosophy of social science. Explanation and Understanding. New York, Cambridge University Press.Analytical Sociological Theory Papers. En: Papers Revista de Sociología (número especial), 80, 2006, p. 1-307.POPPER, Karl. 1969 [1957]. The poverty of historicism. London, Routledge.SALMON, Wesley. 2006 [1989]. Four decades of scientific explanation. USA, University of Pittsburgh Press.SMITH, Thomas W. 1999. History and International Relations. London, Routledge.STINCHCOMBE, Arthur L. 1978. Theoretical methods in social history. New York, Academic Press.SWEDBERG, Richard. 1990. Economics and sociology. Redefining their boundaries: conversations with economists and sociologists. New Jersey, Princeton University Press.

El presente artículo busca hacer una breve conceptualización del agotamiento del derecho marca de acuerdo a lo dispuesto por la legislación comunitaria europea, ya que para los bloques económicos suramericanos, en especial para la Comunidad Andina de Naciones (can), constituye un referente de cómo se ha logrado equilibrar los intereses de los agentes del mercado fomentando la libre competencia y la libre circulación de mercancías. Por lo tanto, mediante este análisis será posible determinar cuáles son los retos y debates que afrontan los países suramericanos sobre este tema. ; Derecho de marca; Agotamiento del derecho de marca; Mercado comunitario; Importaciones paralelas ; enero/junio 2015 ISSN: 0120-3754 Las PYME en América Latina, Japón, la Unión Europea, Estados Unidos y los clúster en Colombia Ángel Emilio Muñoz Cardona María Patricia Mayor López Movilidad urbana: cómo de nir el sistema de trans-porte público colectivo (SITP) en Bogotá Crispiniano Duarte Vega Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones Laila Katrina del Pilar Rojas Santana La participación del Instituto Nacional Electoral en las elecciones de Juntas Auxiliares en México Román Sánchez Zamora Gabriel Miranda Trejo Yunuén Catalina Reyes Archundia La adopción de las TIC con actitud crítica en el sector de la educación por parte del gobierno electrónico de Bogotá D. C. Un caso de éxito Jairo Augusto Ortegón Bolívar Las empresas como formadoras de identidad individual y grupal en la sociedad a partir de la fenomenología Germán Rubio Guerrero Luis Alfredo Muñoz Velasco Fernando Adolfo Fierro Celis Gestión para resultados en el desarrollo: hacia la construcción de buena gobernanza Sergio Alberto Chica Vélez Análisis de la estructura interna de los "grupos económicos" en Colombia en la transición del siglo XX al XXI Juan Sergio Cruz 61 45 Calle 44 n.º 53-37 CAN PBX 220 27 90 l FAX 315 25 60 A.A. 29745 l Bogotá, D.C. 40 41 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones* Laila Katrina del Pilar Rojas Santana Autora Laila Katrina del Pilar Rojas Santana Administradora pública, docente. Magíster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca. Profesora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional Bello, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Correo electrónico: rojaslaila@gmail.com Dirección postal: Carrera 96 b n.° 17b-40, apto 104, int. 10, Fontibón, Bogotá D. C. Fecha de recepción: 10.06.2015 Fecha de aprobación: 5.09.2015 Resumen El presente artículo busca hacer una breve conceptualización del agotamiento del derecho marca de acuerdo a lo dispuesto por la legislación comunitaria europea, ya que para los bloques económicos suramericanos, en especial para la Comunidad Andina de Naciones (can), constituye un referente de cómo se ha logrado equilibrar los intereses de los agentes del mercado fomentando la libre competencia y la libre circulación de mercancías. Por lo tanto, mediante este análisis será posible determinar cuáles son los retos y debates que afrontan los países suramericanos sobre este tema. Palabras clave: Derecho de marca, agotamiento del derecho de marca, mercado comunitario, importaciones paralelas. Abstract This paper presents research results on the identification of shortco-mings that communities suffer regarding the quality in the provision of touristic services and management of this economic activity. From there, a training process in touristic services is proposed with emphasis on community tourism strategies, as well as management tools that facilitate the integration of different agencies and communities of the sector. The text discusses, first, an approach to the concept of commu-nity tourism and its state of the art. Secondly, it presents the diagnostic and composition of the touristic product in the districts of Ciudad Bolivar, Usme and Sumapaz in the Colombian Capital City of Bogotá. Then, the article reviews the current activities of these communities in community tourism, under the auspices of the district government and some institutions such as universities and NGOs. Finally, quantitative and qualitative findings reached with the fieldwork, shown in tabulated results of surveys, observation and interview inquiries made by resear-chers and assistants are described. Keywords: tourism, empowerment, strategic plan, development. Resumo O presente artigo expõe os resultados da investigação de falências que têm as comunidades com relação à qualidade na prestação dos serviços turísticos e a gestão administrativa desta atividade econômi-ca. Daí, é proposto um processo de formação em serviços turísticos com ênfase nas estratégias de turismo comunitário, assim como nas ferramentas administrativas e de gestão que permitam a integração dos diferentes organismos e comunidades do setor. O texto aborda, no primeiro lugar, uma aproximação ao conceito de turismo comunitário e seu estado da arte. No segundo lugar, apresenta os diagnósticos e a composição do produto turístico nas localidades de Ciudad Bolívar, Usme e Sumapaz no Distrito Capital de Bogotá. Depois, resenha as atividades que são desenvolvidas atualmente nestas comunidades em matéria de turismo comunitário, sob o auspicio do governo distrital e algumas entidades como universidades e ONGs. Para finalizar, são descritos os avindos quantitativos e qualitativos alcançados com o tra-balho de campo, representado em resultados tabulados das pesquisas, indagações, observações participantes e entrevistas efetuadas pelos investigadores e auxiliares. Palavras chave: turismo, empoderamento, plano estratégico, desen-volvimento. * Este artículo fue redactado a partir de la tesis de grado "Agotamiento del derecho de marca", adelantada para optar al título de Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas, ofrecido por la Universidad de Salamanca Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 42 43 1. Introducción El agotamiento del derecho de marca ha sido un tema recurrente en las legislaciones internas de propiedad indus-trial y en los bloques económicos con el fin de impulsar el libre comercio. Es una pieza angular que permite la libre de circulación de mercancías, la libre competencia en la distribución de productos en el mercado interior y, por lo tanto, un resultado eficiente del mercado al aumentar la competencia en la distribución y generar efectos positivos para el consumidor. Actualmente existe un amplio análisis de agotamiento del derecho de marca en el Espacio Económico Europeo (eee) gracias a los abundantes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (tjce) porque el ago-tamiento es un instrumento clave para la libre circulación de mercancías y la libre competencia en la distribución de productos en el mercado interior comunitario. Es decir, el agotamiento de derechos de propiedad intelec-tual, y en particular el agotamiento del derecho de marca, se erige en un mecanismo jurídico fundamental para la construcción de un mercado único europeo sin fronteras geográficas ni políticas, regido por la libre competencia. Así pues, la concepción del agotamiento de marca es un punto de partida que nos permite comparar cómo este se ha desarrollado en otros ordenamientos comunitarios o regionales, en especial en el principal bloque económico suramericano: la Comunidad Andina de Naciones (can). 2. Derechos exclusivos otorgados por la marca y el agotamiento del derecho de marca Los bienes que hacen parte de la propiedad industrial tienen como función principal impulsar la competencia en el mercado. Las marcas, como propiedad intelectual, son una creación del intelecto derivada del talento humano y constituyen, como signos distintivos fruto de la creación, un bien incorporal o inmaterial al que la ley protege a través de norma especial, otorgando a su titular un derecho exclu-sivo sobre ellas (Bercovitz, 2002; Fernández, 2001). Las marcas son signos distintivos que fomentan la competencia en el mercado al evitar el riesgo de asociación y confusión entre los usuarios y, así mismo, otorgan una posición en el mercado a los productos bajo la marca. Una marca, entendida como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (Decisión 486, 2000, art. 134), cumple cuatro funciones principales en el plano económico: la función indicadora del origen empresarial, la función indicadora de la calidad de los productos o servicios, la función publicitaria y la función de condensación de la reputación o goodwill de la marca. Es un instrumento que les permite a los empresarios su actuación en el mercado y sirve para asegurar que todos los productos o servicios distinguidos con ella tienen el mismo origen empresarial (Bercovitz, 2008, p. 124), así mismo, la marca constituye el control de garantía por la cual una empresa es responsable de la calidad (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 2002, C-299/99, p. 10). y permite a su titular organizar su participación en el mercado y la comercialización de sus productos o servicios dentro del mismo (Bercovitz, 2008, p. 125). Por último, la marca es de gran utilidad para la protección de los consumidores, en la medida en que permite identi-ficar y distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen, posibilitando así la elección entre ellos (Bercovitz, 2008, p. 125). En este sentido, la reputación que genera la marca es una herramienta del mercado para evitar las ineficiencias causadas por la asimetría de la información entre consumidores y productores, así, esta busca el buen funcionamiento del mercado mediante la transparencia de la información y, por lo tanto, logra una competencia leal. Dadas las anteriores características, el titular de la marca adquiere una posición jurídica cuyo contenido esencial es el derecho exclusivo sobre la marca (Galán, 2008, p. 532). Sobre el particular, la can establece que: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguiente actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca […], b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca […]; c) fabricar materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales […], d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro […], e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, entre otros. (Decisión 486, 2000 art. 155) El derecho conferido por la can, así como la mayoría de ordenamientos, hace referencia a la vertiente negativa del derecho de marca ius prohibendi, ya que la marca es un bien inmaterial en el que cabe la utilización y posesión simultá-nea por otros, por lo cual, para crear una escasez artificial es esencial que se reconozca la prohibición de utilización de la marca a terceros. De esta manera, el titular de la marca tiene derecho le-gítimo a su uso, a introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, almacenar, transportar o vender los productos o servicios identificados con la marca en el mercado (Superintendencia de Industria y Comercio, 2008, p. 33) y autorizar a un tercero a usar la marca a través de las licencias. Sin embargo, el derecho del titular de la marca no es absoluto (Concepto 02007889, 2002, párr.19), ya que el derecho de exclusividad supone una restricción al libre comercio. El derecho de exclusión otorgado al titular no tiene como finalidad prohibir todos los usos de la marca, sino limitar los actos o los usos de la marca susceptibles a causar confusión en el público, por lo tanto, cuando no hay riesgo de confusión, no hay acto de infracción de marca (De las Heras, 1994, p. 113). En consecuencia: Una vez la marca ha cumplido su función no puede tolerarse el mantenimiento de aquellos derechos, ya que ello supondría permitir al titular de la marca controlar, de forma injustificada y en contra de los principios competitivos, la ulterior comercialización de los productos realizada al amparo de aquel derecho exclusivo. (Fernández, 1990, p. 171) Por consiguiente, el titular de la marca tiene un monopolio de decisión sobre la forma, modo de comercialización, cantidad, precio, calidad características esenciales, etc., otorgado por el derecho exclusivo de la marca, hasta la primera venta del producto. Pero una vez comercializado el producto, el titular pierde el control sobre las sucesivas comercializaciones, a menos que venda directamente el producto al consumidor final o lo haga mediante canales de distribución (Martin, 2001, p. 72). Es necesario señalar que mientras el mercado común se basa en la libre circulación de mercancías, el derecho de marca, restringe esa libertad de circulación y competencia al reconocer el derecho del titular de la marca a oponerse a la comercialización ulterior de los productos contraseñados con la marca. En este sentido, el derecho de marca y la libre circulación de mercancías son opuestos. No obstante, el principio de agotamiento del derecho de marca permite conciliar los intereses del titular de la marca y del público contra los actos de confusión, así como de los importadores paralelos. De esta manera, la función de la marca cumple un doble papel en la libre competencia. Por una parte la restringe, al excluir a los demás de participar en una actividad económi-ca específica, y por la otra, favorece la actividad competitiva (Parra, 2002, p. 23). Por lo anterior, las normas sobre defensa de la libre compe-tencia, respecto a las marcas, han buscado no solo impedir las restricciones a la libertad de competencia sino también Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 44 45 las restricciones al principio de libre circulación (Roncero, 1999, p. 351). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea (tjcee) sostiene que el titular de la marca tiene el derecho exclusivo sobre la primera comercia-lización del producto, protegiéndolo de competidores que pretendan abusar de la posición y del prestigio de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella (Asunto 17/74, 1974, p. 486). Pero una vez cumplidos los fines esenciales de la marca, el titular del derecho no puede limitar la libre circulación de las mercancías invocando este derecho (Roncero, 1999, p. 353). Si no se agota el derecho exclusivo del titular de la marca después de la primera comercialización, se generaría un obstáculo a la libre circulación de mercancías y con ello a la libre competencia en la distribución, ya que el titular podría invocar el ius prohibendi para oponerse a cualquier comercialización ulterior del producto, aun cuando no esté justificado. Además, como lo señala el tjcee, el titular de la marca tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros, sin que dicha restricción sea necesaria para garantizar el contenido del derecho exclusivo derivado de la marca (Asunto 17/74, 1974, p. 486 ). En definitiva, puede decirse que la regla del agotamiento constituye una norma promotora de la libre competencia insertada en la legislación de propiedad intelectual y, en particular, en la legislación marcaria, para limitar (o de-limitar) el alcance del derecho exclusivo en pro de la libre competencia en el sector de la distribución de mercancías. Ante la creciente expansión de redes de distribución con-troladas por el fabricante o licenciatarios de su marca, el agotamiento se muestra como un engranaje fundamental para facilitar el comercio paralelo o mercados grises en el sector de la distribución comercial; siempre que con ello no se afecte negativamente las funciones esenciales de la marca, los intereses del titular de la misma ni de los con-sumidores o usuarios en la capacidad de elección libre de las opciones que se ponen a su disposición en el mercado. El sistema de marcas es un instrumento destinado a pro-mover la libre competencia: la marca es un instrumento para competir. Su función esencial es permitir identificar los productos y permitir que los consumidores se informen. En este sentido, el derecho otorgado por la marca no tiene como fin que el titular de la marca controle la posterior distribución de las mercancías ni busca restringir la libre competencia (Martin, 2001, p. 73). Sin embargo, así como el derecho exclusivo de la marca no es absoluto, el agotamiento tampoco lo es, ya que este no se aplica cuando existen motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos. Esta excepción al agotamiento de marca se justifica en la medida en que se busca salvaguardar las funciones del signo. Por lo tanto, el titular de la marca podrá oponerse a la co-mercialización del producto contraseñado una vez agotado su derecho cuando exista el riesgo de crear confusión en el público acerca de las características esenciales del producto o de su origen empresarial (Martin, 2001, p. 73). Si el ti-tular de la marca no pudiera imponer su ius prohibendi en los casos en los que se realicen actos que puedan generar confusión en el público, no solo se estarían vulnerando los derechos de los consumidores, sino que no se protegería la lealtad de la competencia en el mercado. La can ha incluido en su legislación de marcas la posibi-lidad de que el titular de la marca se oponga a la posterior comercialización de los productos contraseñados, aunque, como veremos, poco se han desarrollado estas excepciones. 3. Clases de agotamiento de derecho de marca Existen tres regímenes de agotamiento del derecho de marca: el agotamiento nacional, el comunitario y el inter-nacional. Cada uno de ellos genera posiciones distintas del titular de marca frente a importadores paralelos. El agotamiento nacional se produce cuando el producto es comercializado por primera vez por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en el mercado nacio-nal. Así, el agotamiento del derecho está supeditado a que la primera comercialización se haya producido dentro del país. Esta opción es adoptada en aras de la unidad del mer-cado nacional y del libre comercio interior (De las Heras, 1994, p. 26) y ha sido implementada por países como Brasil. El agotamiento comunitario se origina cuando el producto es comercializado por primera vez por el titular de la mar-ca o por un tercero con su consentimiento en el mercado comunitario o regional. En este caso, el agotamiento del derecho supone como requisito que la primera comer-cialización del mismo se produzca dentro del mercado comunitario o regional. Este régimen tiene como objetivo el fortalecimiento y la libertad de comercio en el mercado común (De las Heras, 1994, p. 26), y supone la creación de una barrera al comer-cio internacional (Martin, 2001, p. 31). De esta manera, se configura el "agotamiento comunitario como excluyente del agotamiento internacional" (Ruiz, 2005, p. 353). La Unión Europea (ue) es, por excelencia, el representante de esta clase de agotamiento. Finalmente, el agotamiento internacional se produce cuan-do el producto es comercializado por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en cualquier país, es decir, en el mercado nacional, comunitario o regional, o en un mercado extranjero. El agotamiento internacional signi-fica "la libertad plena de las importaciones y subsiguientes ventas paralelas de los productos de la marca auténtica en el Estado importador en que esa marca estuviese registrado" (Martin, 2001, p. 27). Este régimen de agotamiento ha sido adoptado por la can y por Estados Unidos. La elección entre el régimen comunitario y el régimen internacional ha generado varios debates en la ue. Diversos han sido los argumentos que se han señalado para mante-ner el régimen comunitario del agotamiento del derecho de marca, entre ellos que la adopción del agotamiento internacional haría que las compañías europeas tuvieran que enfrentarse a una competencia en desventaja, ya que el proceso de integración no ha ocurrido todavía en el ámbito mundial. Sobre el particular, el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen sobre el agotamiento de los derechos conferidos por la marca. En el documento se sostiene que el régimen actual mantiene una cierta calidad de los productos y unos servicios postventa, características que los importa-dores paralelos no proveen a los consumidores europeos. Así mismo se señala que un cambio de régimen a largo plazo podría inhibir la inversión en nuevos productos o hacer que marcas registradas retirasen productos ya es-tablecidos en el mercado ante la falta de competitividad con los productos importados. También establece las grandes diferencias en materia de normas socio-laborales, administrativas y medio ambientales entre la ue y aquellos países en los que los importadores paralelos se proveen de los productos. Sostiene que el agotamiento comunitario garantiza que los consumidores europeos cuenten con la disponibilidad de los productos en todas sus posibilidades y gamas; y que un régimen de agotamiento internacional puede favorecer el aumento de productos falsificados en la ue, lo que generaría un efecto negativo sobre el crecimiento económico europeo (2001/C 123/05, 2001, pp. 31-32). De acuerdo con el dictamen, los aspectos positivos del agotamiento del derecho internacional referente a la dismi-nución de los precios en beneficio de los consumidores son contrarrestados por la consideración de que la introducción de nuevas tecnologías genera que los consumidores puedan acceder a una gran variedad de productos a precios más bajos (2001/C 123/05, 2001, p. 32 ). Respecto al comercio con terceros países ha señalado que no se puede comparar la integración europea y el esfuerzo por terminar con las barreras que impiden la libre circula-ción de mercancías con otros procesos, además, dado que las compañías europeas que compiten en un mercado global tienen que enfrentarse a compañías con costes bastante más bajos a los europeos en materia de producción, el régimen de agotamiento comunitario defiende de alguna manera a estas compañías, así como a las compañías no europeas que trabajan en el mercado único. Algunos autores indican que "el agotamiento comunitario no solo no beneficia a las empresas de la ue, sino que las perjudica" (Fernández, 2005, p. 32), ya que se ven discri-minadas en la medida en que las empresas comunitarias que fabrican en países comunitarios ven agotado su derecho de marca con la primera comercialización del producto en países comunitarios (De las Heras, 1994, p. 35). También se ha dicho que las empresas importadoras comuni-tarias se ven afectadas en la medida en que las importaciones de productos auténticos comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento en terceros Estados pueden ser impedidas por el titular de la marca. Igualmente, los consumidores se ven afectados, ya que no pueden disfrutar del aumento de la competencia y, por ende, de la disminución de precios y el aumento de la oferta. 4. Agotamiento del derecho de marca e importaciones paralelas El agotamiento del derecho de marca está íntimamente relacionado con las denominadas importaciones paralelas (Fernández, 2005, p. 1) o, en términos más generales, el comercio paralelo o comercio gris. Este último se produce cuando el precio en un país exportador es más bajo que en el país importador, de tal manera que los comerciantes parale-los aprovechan la diferencia de precios y ofrecen los produc-tos importados, a precios más bajos, en el país exportador. Estos dos temas adquieren relevancia debido a la supresión de barreras al comercio, suscritas tanto en los mercados comunes como en los tratados de libre comercio (tlc) suscritos de manera bilateral y multilateral. Así, la apertura de los mercados facilita la libre circulación de bienes, no obstante, "también aumenta la producción y distribución de falsificaciones de los productos originales de la marca" (Fernández, 2005, p. 4), lo que permite la aparición del mercado gris. Como lo señalan los análisis de distintos autores (Fernán-dez, 2005, p. 3), en el agotamiento del derecho y de las importaciones paralelas entran en conflicto los intereses Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 46 47 de varios agentes del mercado. Por una parte, el titular de la marca busca impedir las importaciones paralelas, no solo para conseguir vender a precios más altos, sino para evitar que esas importaciones infrinjan sus intereses legítimos en la medida en que las modificaciones o alteraciones a los productos, para facilitar su introducción en el mercado importador, menoscaban la reputación de la marca o per-judican la garantía de origen. Los consumidores, por otro lado, se ven beneficiados en la medida en que el libre comercio aumenta el número de productos entre los que puede elegir, y genera un aumento de competencia que disminuye los precios, ya que estos se acercan al coste marginal (Mankiw, 2008, p. 241). Por con-siguiente, se han buscado mecanismos que equilibren tanto los derechos del titular de la marca como los de los consu-midores, facilitando así la libre circulación de mercancías. 5. Agotamiento del derecho de marca en la can La búsqueda de integración de Bolivia, Ecuador, Colom-bia, Perú y Chile se llevó a cabo mediante el Acuerdo de Cartagena (ac), suscrito en el año 1969, acuerdo que tiene como objetivo promover el desarrollo de los países miem-bros mediante la integración y la cooperación económica y social, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. De esta manera, la can, conocida en ese entonces como el Pacto Andino, se puso en marcha. En 1973 Venezuela se adhirió al acuerdo y se retiró en 2006, así mismo, en 1976 Chile abandono la can. Uno de los objetivos para llevar a cabo esta integración fue el programa de liberación, que tiene por objeto "eli-minar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro" (Decisión 563, 2003, art. 72). Más adelante surgieron otros intentos, tales como el acta de La Paz, firmada en 1990, que tenía entre sus objetivos conformar una zona de libre comercio al 31 de diciembre de 1991 mediante la aceleración del programa de liberali-zación para la desgravación automática; y el acta de Bara-hona, firmada en 1991, que establecía el funcionamiento de la zona de libre comercio a partir de 1992, que empezó a funcionar finalmente a partir de 1993. En materia de propiedad industrial, la can se ha pronun-ciado mediante la Decisión 85 de 1974, que fue reem-plazada por la Decisión 313 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en el año 1991. Actualmente rige la Decisión 486 del 1.° de diciembre de 2000, por medio de la cual se adopta el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Tal como lo afirma Rubio (1996), citado por Parra (2002, p. 24), en función del libre comercio, la Decisión 486 del 1.° de diciembre de 2000 utiliza, entre otros mecanismos, el agotamiento del derecho de marca y la admisión de las im-portaciones paralelas "para garantizar que el ejercicio de los derechos derivados de la propiedad industrial no desborde el límite impuesto por un sistema de libre competencia". La importancia del agotamiento del derecho de marca en la can radica en que es un instrumento que permite consolidar un mercado común. Este precepto adquiere aún más relevancia si se tienen en cuenta el proceso y los esfuerzos adelantados por los países miembros para crear un mercado común en el marco de un proyecto integrador (Basombrio, 2004, p.14) En la can, a diferencia de otros ordenamientos comunita-rios, en especial del eee, el derecho que otorga el registro de la marca se limita al territorio en el que se otorga la respectiva concesión, y esta no puede extenderse más allá del territorio del respectivo Estado (Concepto 02065886, 2002, párr.2). Esta interpretación se desprende de lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486 (2000), que señala que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Respecto al comercio paralelo, los países miembros de la can lo han señalado como "una consecuencia lógica de economías liberalizadas", y que por lo tanto han reconoci-do que ese tema "va a adquirir mayor importancia con el aumento del tráfico de mercancías entre Estados" (Organi-zación Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 15). Aun cuando su importancia es evidente, el desarrollo de los supuestos en los cuales se produce el agotamiento, así como las excepciones que le permiten al titular oponerse a la comercialización de los productos contraseñados, no han sido tan desarrollados como en el eee. Como lo indica Lombeyda (2013, p. 192) el tjca no se ha pronunciado frente al agotamiento del derecho de mar-ca, únicamente ha realizado breves referencias al tema. Igualmente, la doctrina andina se ha limitado a un aná-lisis superficial, aun cuando la importancia del desarrollo de supuestos en los cuales se produce el agotamiento, así como las excepciones que permiten al titular oponerse a la comercialización de los productos contraseñados, es evidente, lo que indica que el grado de integración de los países miembros es todavía incipiente. Finalmente, cabe resaltar que los países miembros de la can señalan tres consecuencias específicas del comercio paralelo generado por la adopción del agotamiento inter-nacional del derecho de marca. Para el titular de la marca, es relevante Cuando existe una diferencia de precios sustancial […], ya que en ese momento es que a él le interesaría obtener una compensación del importador paralelo. Para los consumidores implica un aumento de la oferta del producto original, una competencia de precios y una disminución de los precios, así como fuentes alternativas de obtención. Para el sistema de libre empresa, entre los beneficios reconocidos se encuentran el fomento a competencia, una mejor satisfacción de la demanda y el incremento de la oferta. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 15) 6. Requisitos para el agotamiento del derecho de marca Para que se configure el agotamiento del derecho de marca en la can existen unos requisitos específicos, a saber, pro-ductos introducidos en el comercio (requisito objetivo), por el titular o por un tercero con su consentimiento (requisito subjetivo) y, dado que el agotamiento es internacional, esta introducción puede llevarse a cabo en cualquier país. Requisito objetivo: productos introducidos en el comercio Como requisito objetivo, la legislación comunitaria andina indica que el agotamiento del derecho de marca se da una vez los productos hayan sido introducidos en el comercio por el titular del registro o por otra persona con consenti-miento del titular o económicamente vinculada a él. Nótese que, a diferencia del agotamiento comunitario europeo, la can no utiliza el término "comercialización", sino que utiliza la introducción en el comercio para referirse al requisito objetivo. Por lo tanto, surge el debate acerca de si la introducción de productos en el comercio hace referencia a los actos asociados a la comercialización, por ejemplo la importación de productos sin que estos hayan sido comercializados, o si, por el contrario, la introducción en el comercio se entiende en el sentido restringido de la comercialización de los mismos. La elección de uno u otro concepto es determinante, ya que sus diferencias y sus efectos en la aplicación del ius prohi-bendi por parte del titular de la marca son distintos. Si se acepta la introducción de un producto en el comercio como la importación de mercancías con la intención de vender el producto, sin que este llegue a venderse, por ejemplo guardar una cantidad de un producto contraseñado con una marca en un almacén o en un depósito, habría lugar al agotamiento del derecho inmediatamente estos productos fueran importados; mientras que si la introducción de un producto en el comercio se entiende como la comerciali-zación del mismo, se estaría haciendo una interpretación semejante a la que hace el tjce, en el sentido de que la intención de vender un producto no transmite al tercero el derecho de disponer de los productos designados con la marca y no le permite al titular hacer efectivo el valor. Por lo tanto, el agotamiento del derecho se daría únicamente con la venta del mismo. En este sentido, la ompi aclara que cuando se hace refe-rencia a la introducción en el mercado de los productos o servicios identificados con la marca, no solo se alude exclusivamente a la comercialización, sino que también se incluyen aquellas actividades preparatorias o conectadas con la comercialización (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 7). Por lo tanto, el ago-tamiento del derecho de la marca en la can, a diferencia de las condiciones que plantea el legislador de la ue, no se restringe a la comercialización, sino que se amplía a todo su proceso (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 7) Requisito territorial: cualquier país A diferencia de la ue, que señala como requisito previo al agotamiento del derecho de marca la comercialización por primera vez de los productos en el eee, la can apunta al agotamiento de marca internacional. Esta interpretación se desprende del hecho de que el artículo 158 de la Decisión 486 se refiere al agotamiento del derecho de marca después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país. El tjca afirmó el agotamiento de marca internacional al señalar en la interpretación prejudicial que el agotamiento del derecho de marca está exceptuado de territorialidad (Proceso 17-IP-98, 1998, pp. 9-10 ). Así mismo, en el seminario de la ompi para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, dispone que, de acuerdo con el alcance territorial, el agotamiento adoptado por la can es el internacional, ya que con la primera comercialización de los productos identificados con la marca en un mercado extranjero se configura la limitación. "Significa la plena libertad de las subsiguientes ventas de los productos identificados con la marca auténtica tanto fuera como dentro del país en que se encuentra registrada, una vez su titular la ha comercializa-do en cualquier lugar del mundo" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2010, p. 14). Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 48 49 Requisito subjetivo: consentimiento del titular El agotamiento del derecho exclusivo de marca se da en virtud de la facultad que tiene el titular de la marca de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca, así en la faceta negativa esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios bajo el amparo de un signo igual o similar (Proceso 66-IP-2000, 2000, p. 7). De esta manera, la condición para el agotamiento del derecho de marca es que el producto haya sido puesto en el comercio por el titular o por un tercero, con el consen-timiento o económicamente vinculado a él (Decisión 486, 2000 art. 158). El consentimiento dado por el titular de la marca puede ser explicito, implícito o tácito. El consentimiento expreso se desarrolla a través del otorgamiento de una licencia sobre la marca. El consentimiento implícito se produce cuando el producto es comercializado por agentes o representantes autorizados o por filiales del fabricante que registran la marca a su nombre en los países donde se va a producir la comercialización por parte de la filial (Carbajo, 2009, p. 150). En este caso, la actuación fiduciaria no le permite al titular oponerse a su posterior comercialización. Por lo tanto, es fundamental aclarar qué tipo de consentimiento adopta, es decir, si este consentimiento debe ser expreso, implícito o tácito, en especial en cuestiones referentes a las importaciones paralelas y a la distribución selectiva. La interpretación prejudicial del tjca dispone en varios procesos que, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su mar-ca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causarle confusión al consumidor, que es a quien protege, en esen-cia, el derecho marcario. En este sentido, la interpretación prejudicial apunta a que la condición del agotamiento del derecho de marca está sujeta al consentimiento explícito por parte del titular (Proceso 33-IP-2000, 2000, Proceso 116-IP-2004, 2004). Es necesario hacer referencia a las importaciones paralelas para determinar si el titular de una marca puede impedir que terceros importen un producto originalmente marcado cuando estos productos han sido producidos o introduci-dos en el mercado extranjero por él mismo o por personas vinculadas económicamente a él. Este debate responde a la tensión que existe entre el reconocimiento del derecho exclusivo de marca, que se circunscribe al ámbito nacional, y el alcance del agotamiento del derecho de marca, que obedece al terreno internacional. 7. Excepciones al agotamiento de marca La legislación andina ha determinado excepciones al ago-tamiento del derecho de marca. Al respecto señala que: El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. (Decisión 486, 2000, art. 158) De lo anterior se puede deducir que una vez que se ha agotado el derecho, en los casos en los que el producto y envase o embalaje que estuviese en contacto directo con él hubiese sufrido alguna modificación, alteración o deterio-ro, el titular puede invocar su ius prohibendi para oponerse a la ulterior comercialización del producto contraseñado con la marca. Sin embargo, este no es el único caso en el que el titular de la marca puede invocar ius prohibendi una vez agotado el derecho, ya que el legislador, al decir "en particular", acepta que existen otras situaciones en las se puede permitir que el titular de la maca se oponga a su comercialización. Las excepciones al agotamiento del derecho de marca son importantes, en la medida en que favorecen que la marca cumpla su función esencial, es decir, que sirvan como indicadora del origen empresarial. Como se vio antes, aunque estas excepciones suponen una restricción al libre comercio, son necesarias en la medida en que fomentan la libre competencia y evitan la competencia desleal. Siguiendo lo dispuesto en la ue en cuanto a las excepciones al agotamiento de marca, haremos referencia a la altera-ción de los productos y al menoscabo de la reputación de la marca como causas por las cuales el titular de la marca puede invocar su ius prohibendi. Respecto a la modifica-ción de los productos, la Secretaria General de la can ha dispuesto que, si bien es cierto que el registro de una marca no le concede a su "titular el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto del producto protegido por dicho registro, ello está permitido, si y sólo si estos productos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro" (Resolución 590, 2002, p. 2). Es decir, el ordenamiento jurídico de la can prohíbe de manera expresa que los productos protegidos por una marca puedan ser modificados y comercializados, lo que consti-tuye una de las situaciones en las que el titular del derecho puede oponerse a la ulterior comercialización del mismo una vez se hayan dado las condiciones para el agotamiento del derecho. Ahora bien, el tjca no se ha pronunciado sobre los casos en los que estas modificaciones son necesarias para que el importador paralelo pueda acceder a los mercados de los países miembros. Sobre el particular, si llegase a realizar una interpretación similar a la sostenida por el tjce, en cuanto a las condiciones para el reetiquetado, reenvasado y sustitución de la marca, las restricciones sobre el comercio serían las mínimas posibles, ya que permitirían la modifi-cación de los productos (fomentando el libre comercio) y, al mismo tiempo, impondrían una serie de requisitos que garantizan la función esencial de la marca, con lo que se protege tanto a los consumidores como a los titulares de la marca de los actos de competencia desleal. Por otra parte, si opta por hacer una interpretación contraria, en la que no llegase a permitir ninguna alteración o modificación a los productos, estas medidas supondrían restricciones aún mayores al libre comercio en el mercado común. En cuanto al menoscabo de la reputación de la marca como excepción al agotamiento del derecho de marca, el tjca no se ha pronunciado. Sin embargo, es posible analizar en parte esta cuestión a la luz de la función esencial del derecho de marca. El tjca, mediante interpretación preju-dicial, ha determinado que "la finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado" (Proceso 11-IP-96, 1997, p. 34). La interpretación que hace la ompi en este sentido señala que el titular de la marca recobra su derecho de prohibir a terceros que realicen actos de uso de la marca que sean susceptibles de confundir al público consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto. Por lo anterior, en principio parece válido aceptar que el menoscabo a la reputación de una marca en la can consti-tuiría una excepción al agotamiento del derecho de marca, sin embargo, el tema no ha sido debatido por el bloque económico andino, entre otros factores porque allí no se ha desarrollado un mercado de productos de lujo y de prestigio tan ampliamente como en el mercado comunitario europeo. 8. Legislación interna y autoridad nacional competente El artículo 276 de la Decisión 486 señala que los países miembros de la can pueden regular aquellos asuntos no comprendidos en ella. El tjca, mediante interpretación prejudicial, ha concluido al respecto que los alcances de la regulación interna deben estar "inscritos en la filoso-fía y armonía jurídica que deben guardar con la norma comunitaria siempre prevaleciente" (Proceso 10-IP-94, 1995, p. 19). De esta manera, las disposiciones internas de los países miembros de la can en materia de agotamiento del derecho de marca solamente pueden reglamentar los vacíos o temas no tratados en la Decisión 486. En este sentido, en cada país andino hay una oficina nacio-nal competente y una autoridad nacional competente. La primera hace referencia al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, mientras que la autoridad nacional competente es el órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia (Decisión 486, art. 273) Bolivia: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual La oficina nacional competente en Bolivia es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). Fue creada por la Ley 1788 de 1997 y su misión es administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de la propiedad intelectual en todos sus componentes (Decreto Supremo 28152, arts. 3 y 4). Para cumplir las funciones que le atribuye la ley, el Senapi cuenta con direcciones técnicas que se encargan de la evaluación y el procesamiento de las solicitudes de dere-chos de propiedad intelectual. La Dirección de Propiedad Intelectual, en particular, es la encargada de velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, resolu-ciones, convenios, acuerdos internacionales y decisiones en materia de marcas y otros signos distintivos (Decreto Supremo 28152, art. 1 y 16). La ley reglamentaria de marcas, de 15 de enero de 1918, es la norma nacional que regula temas tales como los propietarios de marcas y de su registro de extinción, y las formalidades para el registro de marcas. Colombia: Superintendencia de Industria y Comercio Para Colombia, la oficina competente es la Superinten-dencia de Industria y Comercio (sic). El artículo 1.° del Decreto 2153 de 30 de diciembre de 1992 la define como "un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía admi-nistrativa, financiera y presupuestal". Su estructura fue reestructurada mediante el Decreto 4886 de diciembre 23 de 2011. Entre las funciones de este organismo, y que se relacionan con el agotamiento de derecho de marca, se encuentran: Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 50 51 62. Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma. 63. Expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden a la oficina nacional competente de propiedad industrial. 64. Impartir instrucciones en materia […] propiedad industrial […] y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. (Decreto 4886, art.1) La legislación interna en materia de propiedad intelectual ha sido desarrollada por el Decreto 2591 de 2000, que reglamenta la Decisión 486. En este decreto se regulan, entre otros, las marcas y diseños industriales. En cuanto al agotamiento del derecho de marca, la Superintendencia no lo reglamenta en su derecho interno, por el contrario, sus conceptos y resoluciones se refieren al artículo 158 de la Decisión 486 y a las interpretaciones prejudiciales que realiza el tjca. Así, la doctrina colombiana se ha referido al agotamiento del derecho exclusivo de marca en el concepto 02007889 del 04 de abril de 2002. En especial, ha señalado que res-pecto a las importaciones paralelas: Un licenciatario con pacto de exclusividad sobre el uso de un signo puede verse eventualmente afectado con ocasión de la importación paralela y lícita por parte de terceros, de productos marcados con el signo objeto de la licencia. En este evento, tales productos en principio ingresarían al mercado local provenientes no directamente de operaciones de exportación realizadas por el licenciante, sino de operaciones de exportación realizadas por personas distintas del mismo, a partir de otros mercados donde los productos de este se encontraran. (párr. 26) Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual En Ecuador la oficina competente es el Instituto Ecuato-riano de Propiedad Intelectual (iepi). Creado por la Ley de Propiedad Intelectual en 1998, el iepi es "el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender, a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual […]" (art.3). Para cumplir las funciones asignadas, el iepi cuenta con la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que tiene en-tre sus funciones administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, marcas, y administrar en materia de propiedad industrial los demás procesos administrativos contemplados en la ley (Ley de Propiedad Intelectual Codificada, art. 347 y 359). A diferencia de países como Colombia y Bolivia, que no hacen una trasposición a la legislación interna del agota-miento del derecho marca, Ecuador, mediante la Ley de Propiedad Intelectual, en su versión codificada, hace refe-rencia a la limitación del derecho que confiere el registro de marca para prohibir la ulterior comercialización de los productos: El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país. (art. 219) Perú: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual La oficina competente en la Republica de Perú es Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Creado por el Decreto Ley 25868, tiene entre sus funciones administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme a lo previsto por la ley (Decreto Legislativo 1033, art. 2). El Indecopi cuenta con la Dirección de Signos Distintivos, que tiene como función, entre otras, proteger los derechos otorgados sobre marcas; así, puede otorgar, reconocer o limitar tales derechos luego de un debido procedimiento (Decreto Legislativo 1033, arts. 42 y 36). La Ley de Propiedad Industrial regula el tema referente a las marcas, así mismo, en el Decreto Legislativo 1075, de 27 de junio de 2008, se señalan disposiciones comple-mentarias a la Decisión 486, entre ellas, las relativas al registro de marcas. Sin embargo, este no hace referencia al agotamiento del derecho de marca, por lo que la legislación peruana no hace una trasposición interna del artículo 158 de la Decisión 486. 9. Conclusiones En referencia al agotamiento del derecho de marca en Su-ramérica, este ha sido desarrollado por los dos principales bloques económicos en la región: la can y el Mercosur, con el fin de fomentar el libre comercio. En este sentido, aunque las principales jurisprudencias han establecido el mismo límite al derecho de marca, han surgido diferencias respecto a su extensión y excepciones. Así pues, de los bloques económicos en Suramérica, la can es la que más ha profundizado en el tema, al imple-mentar una legislación armonizada para todos los países miembros. Frente a lo desarrollado por este bloque, son varios los puntos que hay que analizar. La primera cuestión es si el régimen adoptado por la can realmente aporta a los objetivos de fortalecimiento del mercado común, toda vez que hasta el momento estos bloques económicos no se han consolidado debido a las diferencias que afrontan sus países miembros. La can ha optado por el régimen internacional del ago-tamiento del derecho de marca y, dado que este bloque económico no ha alcanzado un alto grado de consolidación, es debatible que lo haya adoptado, puesto que el régimen comunitario brinda mayor fortalecimiento y consolidación del mercado común. En ese sentido, fomentan en mayor medida los objetivos de señalados en el ac, tales como la integración económica, la formación gradual de un mer-cado común latinoamericano, la disminución de la vulne-rabilidad externa y el mejoramiento de la posición de los países miembros en el contexto económico internacional. El agotamiento internacional, por su parte, sitúa en posi-ción de desventaja a las empresas de los países de la can frente a empresas de otros bloques económicos o países que adoptan el agotamiento comunitario o nacional. Aunque algunos autores han resaltado los efectos positivos que el agotamiento internacional tiene frente al agota-miento comunitario, no son claras las razones que llevaron al legislador andino a adoptar este régimen. Lo anterior da lugar al planteamiento de que si lo que se buscaba era fortalecer el mercado común y el libre comercio intracomu-nitario, optar por el agotamiento comunitario hubiera sido una mejor opción, en la medida en que permite proteger la economía, las inversiones nacionales o comunitarias e impulsaría el comercio entre los países miembros. Por otra parte, el tjca ha interpretado la normatividad andina del agotamiento del derecho de marca en algunos aspectos, entre ellos, lo que se entiende por introducción en el comercio, respecto del cual se contemplan los actos de comercio y no únicamente la comercialización, a diferencia del agotamiento de marca en el eee. La Decisión 486, por medio de la cual se determinan el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en la Comu-nidad Andina y las demás normas que la rigen, solo puede ser interpretada por el tjca, ya que es el único órgano competente, de acuerdo a lo dispuesto en su tratado de creación y, sobre todo, porque con ello se asegura una apli-cación uniforme de las normas en toda la can (Concepto 02031947, 2002, párr. 5). En este sentido se entiende que la decisión es normativa o legislativa. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que el tjca no se ha pronunciado acerca de algunos temas específicos del artículo 158 de la Decisión 486 sobre el agotamiento del derecho de marca. Es decir, existen cues-tiones que no han sido objeto de interpretación prejudicial debido a que, hasta el momento, no se han presentado casos o situaciones que así lo requieran en este tema. Entre las cuestiones que se encuentran pendientes por aclarar se encuentra el consentimiento del titular, es decir, si este puede ser tácito o únicamente se acepta un consen-timiento expreso cuando un tercero invoca el agotamiento del derecho de marca. Por otra parte, tampoco ha aclarado si el consentimiento debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento, aunque, al parecer, una interpretación semejante a la que hace el tjce sería la solución más viable. Ahora bien, la legislación andina considera que varios pue-den ser los casos en los que una vez agotado el derecho de marca el titular del derecho puede oponerse a su posterior comercialización. Ha manifestado que cuando los produc-tos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos hubiesen sufrido alguna modificación, alteración o deterioro, el titular de la marca puede oponerse a los actos de comercio realizados por un tercero. Es decir, la modificación de los productos una vez comercializados le permite al titular del derecho invocar su ius prohibendi para impedir posteriores comercializaciones. Hasta el momento, el tjca no ha se ha referido a alteración de los productos cuando esta se sustente en la necesidad del importador para acceder a los mercados, y tampoco ha he-cho referencia a la reputación de la marca como factor que permita invocar su derecho cuando este se haya agotado. Respecto a este último, además de las consideraciones he-chas, cabe plantearse si el tjca adoptaría una interpretación similar a la que hace el ttjce para el caso específico de la comercialización de productos que gozan de una imagen de prestigio por parte de distribuidores autorizados o comer-ciantes paralelos en aquellos casos en los que la infracción Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 52 53 de las condiciones de comercialización impuestas por parte del titular de la marca producen un menoscabo de la sensación de lujo que emana de los productos. Finalmente, es necesario señalar que en la medida en que avancen en la integración del mercado comunitario andino, estas cuestiones serán desarrolladas por la legislación, ya que son necesarias para garantizar la función de la marca como instrumento para competir y para lograr el correcto funcionamiento del mercado. Referencias bibliográficas Basombrio, I. (2004). Integración andina: instituciones y derecho comunitario. Recuperado de http://www.cepal.org/brasil/ noticias/paginas/2/22962/BASOMBRIO-INTEGRA-CION% 20ANDINA-INSTITUCIONES%20Y%20 DERECHO.pdf Bercovitz, A. (2002). Apuntes de derecho mercantil (13ª ed.). 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Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55

Este documento recoge las principales conclusiones del CIDOB Global Cities Dialogues «La política exterior europea y la diplomacia sincrónica: la contribución de las ciudades», celebrado el 4 de julio de 2023 en la sede de CIDOB y organizado por el Programa de Ciudades Globales de CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. El informe1 analiza críticamente el rol que han jugado las ciudades en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea durante las últimas décadas, examinando tanto las estrategias e instrumentos formales de acción exterior de la UE, como otras iniciativas surgidas en el seno del ecosistema municipalista. Del análisis se desprenden unas recomendaciones para reforzar el papel de las ciudades en el diálogo político EU-CELAC en los próximos años.1. Una asociación estratégica reforzada 2023 parece ser el año en que la Unión Europea ha vuelto a colocar a América Latina y el Caribe (ALC) en el radar de sus prioridades en materia de política exterior, tratando de reforzar su asociación estratégica con la región. Esta es una asociación importante, puesto que tradicionalmente ALC ha sido el "socio natural y privilegiado" de la UE, al que considera clave para avanzar hacia un orden internacional basado en normas y defender la democracia, los derechos humanos, la paz y la seguridad. En este sentido, la apuesta por revitalizar la asociación estratégica resulta especialmente relevante en un contexto de competencia estratégica entre poderes hegemónicos y de fuertes tensiones geopolíticas.Así, uno de los objetivos de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE) durante el segundo semestre de 2023 es precisamente fortalecer la Asociación Estratégica Birregional (AEB) con ALC. Es en el marco de este objetivo que debemos situar la gira por América Latina realizada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en junio de 2023, con parada en Brasil, Argentina, Chile y México; la Comunicación conjunta al Parlamento y el Consejo en la que la Comisión Europea plantea una Nueva agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe; y la Cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), celebrada en Bruselas en julio del mismo año.En este contexto, los gobiernos locales deberían estar llamados a jugar un papel clave. Más allá del dilatado vínculo que une a ciudades europeas y latinoamericanas, alcaldesas y alcaldes son piezas fundamentales para el diálogo político.Tienen una posición privilegiada para movilizar actores y recursos y facilitar las relaciones económicas, culturales, científicas y tecnológicas. Así lo han entendido otras superpotencias globales, como los Estados Unidos y China, cuyo apoyo a la diplomacia urbana y subnacional es cada vez más importante. Europa, sin embargo, a pesar de que durante décadas priorizó el apoyo a la cooperación entre ciudades, la descentralización y el refuerzo de la gobernanza local como elementos relevantes de su política de cooperación internacional, parece que en la actualidad no tiene a los gobiernos locales en su radar estratégico.El presente CIDOB Briefing pretende ofrecer un análisis del papel que han jugado las ciudades en las relaciones entre América Latina y Europa en los últimos treinta años. La primera parte analiza su participación en la acción exterior de la Unión Europea, tanto en las estrategias formales impulsadas por las instituciones comunitarias (y muy especialmente el Global Gateway), como en la política de cooperación internacional. En la segunda parte se pone el foco en el análisis de los instrumentos que han orientado las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, analizando de nuevo no solo las estrategias formales impulsadas por las instituciones comunitarias, sino también aquellas iniciativas diplomáticas surgidas en el seno del ecosistema del municipalismo internacional. El artículo cierra con unas reflexiones finales para orientar el diálogo político EU-CELAC "desde abajo" en los próximos años. 2. Las ciudades en la acción exterior de la Unión Europea 2.1. Las ciudades en las estrategias de acción exterior de la UE: un análisis del Global GatewayHan pasado más de treinta años desde que el Tratado de Maastricht (1992) establecía la Política Exterior y de Seguridad Comuna (PESC) como uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea. Una política exterior que se ha ido desplegando a través de diferentes iniciativas y marcos estratégicos en los que la Unión ha ido construyendo su identidad global y fijando las prioridades políticas y los principios rectores que han de orientar su acción exterior. El más reciente de ellos es la "Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea" (2016), donde se afirma, entre otras cosas, la voluntad de la UE de proyectarse como un actor global unitario, y se sitúa la defensa del multilateralismo y el trabajo en alianza como una de sus señas de identidad.Quizás el elemento más emblemático de la política exterior de la UE, y el que hasta el momento la ha diferenciado de otros actores globales, es su particular modelo de cooperación internacional al desarrollo. Un modelo que en los últimos años se ha ido transformando, dando mayor peso a la geopolítica, en un esquema en el que los objetivos de desarrollo se fusionan con los de política exterior (Olivié y Santillán O'Shea, 2023). Es en este contexto que se formula el Global Gateway (Pasarela Mundial), la principal estrategia de inversión exterior de la UE. Adoptado en 2021, se define como una estrategia "para impulsar enlaces inteligentes, limpios y seguros con los países socios de la UE en los sectores digital, energético y del transporte, así como para reforzar los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo". Para ello, se propone movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones a través del denominado Team Europe (Equipo Europa), integrado por las instituciones de la UE, sus Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).En este contexto, y a pesar de que la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE alude a la necesidad de profundizar en alianza con la sociedad civil y con el sector privado como actores clave en un mundo que opera en red, no se menciona en ningún momento a las ciudades y a sus gobiernos. Algo similar sucede con el Global Gateway, que alude de forma vaga a las "comunidades locales" y de forma más clara a la importancia de trabajar con la sociedad civil y con las empresas en los países socios.Resulta paradójico que la estrategia de inversión exterior de la UE olvide a los gobiernos locales cuando una parte importante de las prioridades que define —transporte, clima y energía, sector digital o educación— y las inversiones que propone se sitúan en ámbitos que son de su responsabilidad competencial en la mayoría de los países del mundo. Olvidar a los gobiernos de las ciudades puede resultar potencialmente problemático. No reconocerlos como interlocutores necesarios puede limitar la capacidad real de impacto de las inversiones programadas y su ajuste a las realidades locales. Desconocer que sin ellos no es posible impulsar soluciones para la electrificación del transporte público, la descarbonización de los edificios o para reducir la brecha digital, por poner ejemplos concretos, implica renunciar a un conocimiento, unas capacidades y unos recursos que son clave para que dichas inversiones respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y del tejido socioeconómico de los países socios.Por otro lado, no deja de ser sintomático que el Global Gateway, que sitúa los valores democráticos y el buen gobierno como principios básicos para canalizar sus inversiones, se olvide de los gobiernos locales y, por lo tanto, de la democracia local. Hacerlo implica dejar de lado principios estructurantes tan importantes para la propia Unión Europea como el de subsidiariedad, que sitúa la proximidad a la ciudadanía como factor clave para el ejercicio del poder político, y descuidar la descentralización como mecanismo de control democrático.A pesar de todo ello, la Comisión parece estar tomado consciencia de las disfunciones que puede generar no habilitar un espacio para el diálogo con los gobiernos locales cuando se habla de inversiones. En este sentido, y en el marco de las disposiciones relativas a la gobernanza de la estrategia, se está impulsando una plataforma de diálogo con la sociedad civil y las autoridades locales que operará a partir del mes de octubre de 2023 como un grupo de trabajo en el marco del Foro Político para el Desarrollo. Habrá que ver qué recorrido tiene dicho diálogo en un mecanismo en el que la sociedad civil tiene mucho más peso que los gobiernos locales. 2.2. La dimensión territorial de la política europea de cooperación internacional al desarrolloLa ausencia de los gobiernos locales en los marcos estratégicos que regulan la acción exterior europea y su política de inversiones contrasta con el firme reconocimiento que en las últimas décadas han tenido para el impulso de su política de cooperación internacional al desarrollo. Un reconocimiento que se ha traducido en un apoyo continuado a las políticas de descentralización y a la democracia local en los países socios, así como a la cooperación descentralizada. Sin embargo, como se argumenta en este artículo, todo apunta a que en la actualidad la alianza que supo forjar la UE con las ciudades corre el peligro de diluirse.Desde que la Convención Lome IV firmada en diciembre de 1989 introdujo el concepto de cooperación descentralizada (todavía referido a todos los actores emergentes, los que no son el gobierno nacional u organismos internacionales), la Unión Europea ha venido reforzando su alianza con los gobiernos locales reconociendo su condición de actores, abriendo canales para el diálogo y poniendo sobre la mesa instrumentos financieros específicos.Por otra parte, el Consenso Europeo sobre Desarrollo (2006), documento que fija por primera vez los principios comunes que guían las políticas de cooperación al desarrollo de la UE y sus Estados miembros, apunta a un compromiso nítido con los procesos de descentralización y el reconocimiento del rol que juegan las autoridades locales en la gobernanza democrática y en los procesos de desarrollo sostenible. Un compromiso que se mantiene vivo en el Nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo (2017) en el que se reconoce la relevancia de las autoridades locales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la importancia de reforzar la gobernanza local para alcanzar un mayor impacto en materia de desarrollo.En los años que van entre ambos consensos, se multiplican los posicionamientos de las instituciones europeas en reconocimiento del papel que juegan los gobiernos locales y la necesidad de definir instrumentos financieros para apoyarlos. Destacan en este sentido el conocido Informe Schapira sobre autoridades locales y cooperación al desarrollo (2007), que inspiró la Comunicación de la Comisión "Autoridades Locales, actores de desarrollo" (2008) y la posterior "Capacitación de las autoridades locales en los países socios en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados del desarrollo" (2013).En este contexto, en 2009 la Comisión Europea abrió un espacio para el diálogo estructurado con las autoridades locales y la sociedad civil. Un espacio que en 2013 se consolida en el marco del Foro Político para el Desarrollo, todavía vigente, que permite a las autoridades locales, representadas por sus redes, incidir en el diseño e implementación de las políticas y estrategias que impulsa Bruselas, ya sea a nivel global como regional o nacional. Desde su puesta en funcionamiento, los diálogos han permitido a la Comisión Europea ajustar sus instrumentos financieros teniendo en cuenta las necesidades, intereses y aspiraciones de los gobiernos locales europeos y en los países socios. Aunque a tenor de la falta de financiación que padece la cooperación descentralizada en el actual marco financiero europeo (2021-2027), parece que su capacidad de incidencia ha sido más bien limitada o ha disminuido significativamente en los últimos años.Efectivamente, a pesar de todo lo anterior, los recursos que la Unión Europea ha destinado a apoyar a los gobiernos locales en el marco de su política de cooperación al desarrollo han sufrido una disminución muy importante. En 2013 se cierra la tercera fase del Programa URBAL, el último programa regional de apoyo al desarrollo urbano y territorial en América Latina, que concluyó su recorrido tras más de doce años y tres ediciones innovadoras y de gran impacto. URBAL se había lanzado en 1995 junto con otros programas de apoyo a la cooperación descentralizada como MedURBS o AsiaURBS que tuvieron un recorrido menor.Unos años más tarde, en 2021, la UE decide, no sin controversia, no dar continuidad al Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales en el formato que había tenido hasta entonces. Se pone fin así a un instrumento que, durante más de 20 años, desde 1998 como línea financiera y después como programa temático, ha dispuesto un mecanismo privilegiado de apoyo a las iniciativas de cooperación descentralizada de los gobiernos subnacionales europeos y de los países socios. Un instrumento que, en su última fase, ha financiado más de 300 proyectos altamente innovadores impulsados por ciudades europeas con sus homólogas en América Latina, África y Asia.El nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 no ha traído buenas noticias para la cooperación descentralizada. A pesar de que el reglamento que regula el nuevo Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI, por sus siglas en inglés), renombrado "Europa Global", reconoce a las autoridades locales como actores clave para el desarrollo y que incluye su refuerzo entre los ámbitos de aplicación de los programas temáticos y geográficos, lo cierto es que hasta el momento la dotación financiera que se les ha dedicado en su aplicación es muy reducida.Por un lado, el nuevo programa temático se limita a la sociedad civil. Por el otro, no parece que los nuevos programas regionales focalicen en los gobiernos locales y a pesar de que el NDICI apunta a una dotación de 500 millones de euros, esta no es más que una indicación. Una indicación dirigida a las delegaciones de la UE en los países socios para que apoyen a las autoridades locales, poniendo en valor el enfoque territorial del desarrollo y los procesos de descentralización, siempre a través de la programación acordada con los gobiernos nacionales. Una indicación que, sin embargo, no parece que vaya a ser fácil de ejecutar.A pesar de que las Delegaciones de la UE cuentan con la facilidad TALD (Territorial Approach To Local Development) que les brinda apoyo para optimizar su vínculo con los gobiernos subnacionales, no disponen de puntos focales especializados (como si los tienen para la interlocución con la sociedad civil) y su personal acostumbra a tener poca experiencia en políticas territoriales. Igualmente, la posibilidad de generar canales de diálogo con los gobiernos locales, o de abrir las puertas (y los fondos) a la cooperación descentralizada, acostumbra a topar con la resistencia de las autoridades nacionales de los países socios. Y sin el compromiso y la predisposición de estas es difícil impulsar iniciativas transformadoras.Sin embargo, no todo son malas noticias. La UE sigue teniendo sobre la mesa algunos instrumentos relevantes para apoyar a los gobiernos locales. Instrumentos con un importante recorrido como la propia facilidad TALD, los acuerdos marco firmados con algunas de las principales asociaciones municipalistas internacionales, el Programa para la Cooperación Internacional Urbana y Regional (IURC en sus siglas en inglés) o el Global Convenant of Mayors. Un recorrido que también tiene el trabajo que se está empezando a realizar en el marco de las Iniciativas Equipo Europa (IEE, TEI por sus siglas en inglés), el mecanismo de coordinación de las acciones de los Estados miembros y los principales agentes europeos en el ámbito del desarrollo.En este sentido, aunque el enfoque Equipo Europa no incluye inicialmente a los gobiernos locales como socio específico, no hay duda de que el desarrollo de las IEE/TEI podrían beneficiarse enormemente de las contribuciones y consultas con los gobiernos locales en los países socios. Un paso muy positivo en esta dirección es la inclusión de los gobiernos locales en el TEI sobre Democracia. En concreto, tres organizaciones municipalistas (PLATFORMA, VNG International y NALAS) han sido invitadas a participar de la TED Network (Team Europe Democracy Network), el mecanismo creado para mejorar el impacto de los esfuerzos de la UE para promover la democracia. 3. UE-LATAM: ¿un diálogo político birregional sin las ciudades? La UE se suele referir a la región de América Latina y el Caribe (ALC) como su socio natural y preferente, al que le unen profundos vínculos históricos, culturales, sociales y económicos. En lo político, las dos regiones han actuado tradicionalmente como aliados estratégicos a la hora de reforzar el orden internacional basado en normas y defender la democracia, los derechos humanos o el multilateralismo. En el terreno económico, la UE es el primer inversor en la región, su tercer socio comercial y el principal donante de ayuda al desarrollo. En este contexto de valores e intereses compartidos, durante las últimas décadas se ha construido una sólida relación respaldada por una amplia red de acuerdos bilaterales y regionales de asociación, tanto comerciales como políticos, que convierten ALC en la región con la red más densa de vínculos formales con la UE. Más allá de estos acuerdos birregionales, el actual marco político para la relación entre las dos regiones viene establecido por la recientemente aprobada Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo "Una nueva agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe" (2023), 1ue viene a substituir el anterior marco estratégico fijado en la Comunicación "La UE, ALC: aunar fuerzas para un futuro común" (2019).Cabe destacar que, a diferencia de su predecesora, la Nueva agenda omite totalmente el papel que podrían jugar las ciudades en el diálogo birregional UE-ALC. Lo más parecido a un reconocimiento a la importancia de los gobiernos locales es una referencia ambigua al potencial del Comité de las Regiones y sus homólogos en ALC para "movilizar a los entes regionales y locales, así como a los interlocutores económicos y sociales, para mejorar los contactos interpersonales". Esto contrasta con la anterior Comunicación de 2019, donde se reconoce de manera explícita la dimensión urbana de muchos de los retos conjuntos de las dos regiones, y se apela a que la UE intensifique sus compromisos con los socios de ALC en materia del fomento de las ciudades inteligentes y sostenibles mediante la cooperación fructífera entre ciudades. La Comunicación incluso llega a poner en valor una iniciativa municipalista concreta: el Pacto Mundial de los Alcaldes. Asimismo, se identifica la capacitación de las autoridades locales como un ámbito de actuación prioritaria.Como se apuntaba al inicio de este artículo, 2023 será recordado como el año de la apuesta por revitalizar el diálogo político UE-ALC. Así, semanas después de la presentación de la Nueva Agenda para las Relaciones entre la UE y ALC, la presidenta de la Comisión Europea anunciaba una inversión de 10.000 millones de euros en América Latina a través del Global Gateway, a implementar a través de las iniciativas del Equipo Europa. Sin embargo, el capítulo ALC del Global Gateway también adolece de la omisión de las ciudades como aliados imprescindibles para alcanzar los objetivos fijados, especialmente si uno tiene en cuenta que, como se apunta en la Declaración del Foro de Gobiernos Locales y Regionales América Latina y El Caribe - Europa (julio 2023), "el anclaje en el territorio que poseen las alcaldías y gobiernos regionales es fundamental para la implementación de un modelo de desarrollo bajo en carbono, energéticamente eficiente, inclusivo, sostenible y resiliente" .Junto con la publicación de la nueva Agenda y el anuncio de las inversiones del Global Gateway, la tercera gran iniciativa del 2023 ha sido la celebración de la Tercera Cumbre UE-CELAC (17-18 de julio en Bruselas). Después de prácticamente una década perdida en las relaciones entre las dos regiones2, en que la mayoría de los proyectos de acuerdo de asociación y comerciales se habían estancado, esta cumbre se anunciaba como "un paso diplomático imprescindible" (Borrell, 2023) para relanzar la asociación estratégica entre la UE y los países de ALC, y dar así una renovada forma política al sentimiento de comunidad que históricamente ha unido a las dos regiones. Pese a todo, estas iniciativas para revitalizar la relación UE-CELAC corren el riesgo de resultar inefectivas si no van acompañadas de un diálogo polifacético que tenga en cuenta los diferentes actores sociales, la sociedad civil, el sector privado y, evidentemente, también a los gobiernos locales. La mala noticia es que, por el momento, no parece que se esté avanzando en la buena dirección, puesto que ni en los procesos preparatorios de la cumbre, ni en los documentos que resultaron de la misma, se ha otorgado a los gobiernos locales el espacio para el diálogo y el reconocimiento político adecuado.Así, en vez de integrar el "Foro de Gobiernos Locales y Regionales UE-ALC"3 como parte oficial de la cumbre UE-CELAC, como históricamente vienen pidiendo las organizaciones municipalistas europeas y latinoamericanas4, la participación de las ciudades ha quedado relegada a un mero acto paralelo en el marco del "Foro UE-ALC: socios para el cambio" (Bruselas, 13-14 de julio). Este es sin duda un espacio relevante y necesario, pero pensado para la sociedad civil, no para actores gubernamentales. Tampoco la declaración resultante de la cumbre menciona una sola vez los gobiernos locales, y de las treinta actuaciones previstas en el Plan de acción 2023-2025, solo se les dedica una "Jornada de Diálogo UE-ALC Autoridades Locales y Sociedad Civil" (en claro contraste con las dos cumbres empresariales birregionales previstas).Esta omisión flagrante resulta aún más preocupante si se analiza en perspectiva histórica, puesto queno se trata de que los gobiernos locales aún no hayan conseguido el estatus que les correspondería en el diálogo político UE-CELAC, sino que estamos ante un retroceso a los niveles de reconocimiento que tenían hace diez años. Para dar cuenta de ello, basta consultar la declaración política que resultó de la Cumbre de 2015, donde se hacía hincapié en "la importancia del diálogo birregional sobre el desarrollo urbano y el refuerzo de los gobiernos locales" (art. 65, p. 14), o el Plan de Acción UE-CELAC del mismo año, donde abundan las referencias a la necesidad de trabajar con los municipios y las "comunidades locales" en sentido amplio. Y si uno echa la mirada aún más atrás, se puede fácilmente constatar como incluso en la declaración de la Cumbre UE-CELAC de 2013 y en iniciativas anteriores, los gobiernos locales reciben un grado de reconocimiento mayor que el actual.Como consecuencia de todo ello, la cooperación descentralizada eurolatinoamericana no dispone hoy de anclaje alguno en el presupuesto de la UE. Junto con la desaparición del capítulo de autoridades locales del programa temático, se constata que los programas regionales existentes, que antaño habían focalizado en la gobernanza local y territorial, ya no sitúan a los gobiernos subnacionales como actores elegibles. Programas como EUROsociAL+ o EUROCLIMA, que abordan desafíos con una clara dimensión territorial, parecen focalizar en la cooperación entre gobiernos nacionales, situando a los subnacionales como beneficiarios indirectos de las iniciativas desarrolladas. Igualmente, las asociaciones regionales de América Latina y el Caribe no se benefician de los acuerdos marco que la Comisión Europea ha firmado con otras organizaciones municipalistas internacionales. Una anomalía similar a la que se ha dado en el Programa IURC cuyo capítulo latinoamericano parece haber caído en el marco de la nueva programación 2021-2027. Queda la programación país, aunque por lo visto hasta el momento son contados los proyectos orientados a reforzar a los gobiernos locales.Sin embargo, la diplomacia urbana EU-LATAM se ha desarrollado más allá de las iniciativas de las instituciones europeas. Para empezar, dentro del municipalismo internacional existe una dilatada experiencia en promover iniciativas de cooperación entre ciudades europeas y latinoamericanas, que en algunos casos se ha institucionalizado en la forma de redes específicas de cooperación Euro-latinoamericana o iberoamericana. Una de las más antiguas es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), fundada en 1982 y precursora en casi diez años de las cumbres iberoamericanas iniciadas en 1991. Otros ejemplos son el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), que inició sus actividades en 1993, el Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE – LAC (lanzado en 2005 con apoyo de la UE y todavía activo) y el Proyecto AL-LAS, una alianza establecida en 2013 y orientada a promover la internacionalización de los gobiernos locales como instrumento de mejora de las políticas públicas. Este último fue financiado en sus primeros años de actividad por el Programa Temático Agentes no Estatales y Autoridades Locales. 4. Conclusión El reconocimiento de los gobiernos locales como actores del sistema de cooperación internacional al desarrollo se debe, en gran medida, a la apuesta que durante décadas ha hecho la Unión Europea por priorizar la descentralización y la democracia local y dar recorrido a la cooperación descentralizada. Desde los años ochenta del siglo pasado, Europa ha movilizado fondos y ha abierto canales para el diálogo político con los gobiernos locales, incorporándolos a la red global de actores con los que opera. Hoy, sin embargo, se observan indicios de que este apoyo puede estar diluyéndose, situando a la UE a contracorriente de lo que están haciendo otras potencias globales como los Estados Unidos o China, cuya apuesta por la diplomacia subnacional, aunque incipiente, parece firme y cargada de intencionalidad geoestratégica.A pesar de que el NDICI sigue dando cobertura normativa a la alianza con los gobiernos locales, la nueva estrategia global de inversiones, el Global Gateway, y los nuevos instrumentos financieros diseñados en el marco del presupuesto europeo para el período 2021-2027 confirman que la UE ya no prioriza a las ciudades y los territorios en la implementación de su política de acción exterior y de cooperación internacional. Programas con más de veinte años de recorrido han dejado de funcionar y la disponibilidad presupuestaria se limita a una indicación difícil de operativizar por parte de las delegaciones de la UE en los países socios.En este sentido, América Latina no es una excepción. Aun teniendo en cuenta la dilatada y consolidada relación que existe entre gobiernos locales europeos y latinoamericanos, y la importancia que ha tenido la cooperación europea para las ciudades y territorios de la región, la agenda que rige el diálogo político birregional y el presupuesto que sustenta las inversiones europeas parecen marcar otras prioridades. En el escenario actual, la cooperación descentralizada eurolatinoamericana no tiene referentes claros en el presupuesto europeo y las delegaciones de la UE se encuentran con obstáculos importantes para articular iniciativas de apoyo a los gobiernos locales y a la agenda de la descentralización.Todo ello plantea a una cierta paradoja puesto que, como hemos apuntado en este artículo, una parte importante de las inversiones que la UE plantea a través del Global Gateway se vinculan con ámbitos ligados a las competencias de los gobiernos locales en la mayoría de los países del mundo, también en América Latina. Hacer que estas inversiones respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y contextualizarlas con las realidades locales depende, en gran medida, de la capacidad de interlocutar con las ciudades y los territorios. En este sentido, contar con gobiernos locales democráticos, empoderados y dotados de los recursos necesarios es fundamental para impulsar las transformaciones que Europa plantea en su relación con el mundo.Revitalizar la asociación birregional con la CELAC y hacer que las inversiones previstas tengan el impacto deseado requiere un compromiso renovado con los gobiernos locales, reconociéndolos como socios imprescindibles. Para ello, sería necesario habilitar espacios para el diálogo político, institucionalizando, por ejemplo, el Foro de Gobiernos Locales y Regionales como mecanismo de seguimiento de los acuerdos adoptados en el marco del diálogo birregional. También sería pertinente valorar la oportunidad de recuperar instrumentos financieros, o crearlos de nuevo, para volver a apoyar la gobernanza local, la descentralización y la cooperación descentralizada. La revisión a medio término de los actuales programas temáticos, o el lanzamiento de nuevos programas regionales como EUROsociAL+ puede representar una oportunidad en este sentido. Finalmente, la UE debería plantearse reforzar las capacidades de las delegaciones de la UE en la región, dotándolas de las capacidades necesarias para trabajar con los gobiernos locales. Establecer puntos focales especializados sería una opción altamente aconsejable para lograr una efectiva implementación de los fondos disponibles.Avanzar en esta dirección dependerá en gran medida y por igual, de la visión que tengan las instituciones europeas, los Estados miembros de la UE y sus contrapartes en la CELAC y las asociaciones municipalistas. De estas últimas depende poner sobre la mesa argumentos verificables y ejercer la presión necesaria para que Europa vuelva a situar, en América Latina y en el resto de países socios, la agenda de la descentralización y la democracia local entre sus prioridades de inversión y acción política. Europa no debería permitirse ir a contracorriente en un ámbito cuyo liderazgo es todavía hoy incontestable. Referencias bibliográficas Borrell, Josep. «Después de la cumbre UE-CELAC: evitar otra década perdida». Opinión El País (julio 2023) (en línea) [Fecha de consulta 1.10.23] https://elpais.com/opinion/2023-07-25/despues-de-la-cumbre-ue-celac-evitar-otra-decada-perdida.html?rel=buscador_noticiasCEMR, PLATFORMA. «Position paper – EU External Financing for Local Authorities» (2023)De la Fuente Fernández. «10. Redes de cooperación descentralizada» en: Agost Felip, Rosa Cooperación descentralizada pública: Introducción, enfoques y ámbitos de actuación. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2013, p. 297 – 318Del Huerto Romero, María. «La cooperación descentralizada: Nuevos desafíos para la gestión urbana. Un abordaje a partir del Programa URB-AL de la Comisión Europea». Urbano, vol. 7 nº.9 (mayo, 2004), p. 76-85. (en línea) [Fecha de consulta 01.10.23] https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19800912Fernández de Losada, Agustí. «Resituar la cooperación descentralizada en la agenda eurolatinoamericana». Opinión CIDOB, nº 722 (marzo, 2022) (en línea) [Fecha consulta 01.10.23] https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2022/resituar_la_cooperacion_descentralizada_en_la_agenda_eurolatinoamericanaMartínez, Ricardo y Fernández de Losada, Agustí. «La Cumbre de Ciudades de las Américas: una apuesta por la diplomacia sincrónica». Opinión CIDOB, nº 767 (mayo, 2023) (en línea) [Fecha de consulta 01.10.23] https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2023/la_cumbre_de_ciudades_de_las_americas_una_apuesta_por_la_diplomacia_sincronicaOlivié, Iliana y Santillán O'Shea, María. «Ayuda al desarrollo y geopolítica: la iniciativa Global Gateway de la UE». Elcano Policy Paper (julio, 2023) (en línea) [Fecha de consulta 25.09.23] https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2023/07/policy-paper-ayuda-al-desarrollo-y-geopolitica-la-iniciativa-global-gateway-de-la-ue.pdfNotas:1- Una versión revisada de este artículo ha sido publicada por la Revista TIP de Paradiplomacia. 2- Esta fue la tercera cumbre que se celebraba después de la creación de la CELAC en 2010: las otras dos tuvieron lugar en 2013 (Santiago de Chile) y en 2015 (Bruselas).3- Esta no era la primera vez que tenía lugar este Foro, aunque sí la primera vez que el Foro se orientaba a incidir directamente en la cumbre CELAC. Las otras dos ediciones del foro tuvieron lugar en 2007 (antes de la creación de la CELAC) y en 2011 (dos años antes de la primera cumbre).4- PLATFORMA, el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CEMR), la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (Flacma), el Foro de Gobiernos Locales de la Commonwealth (CLGF) y Mercociudades.Autores:Agustí Fernández de Losada, investigador senior y director del Programa Ciudades Globales, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs).Marta Galceran-Vercher, investigadora principal, Programa Ciudades Globales, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs).Alexandra Vidal D'oleo, investigadora y gestora de proyectos, Programa Ciudades Globales, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs).

Siempre me pregunté por las razones de ciertos quebrantamientos sociales. El derecho representa mayormente una estructuración invencible que si bien admite conculcaciones unitarias, previstas por la ley, no acepta contradicciones estructurales que pongan en riesgo al sistema en sí, y con él, al imperio del estado para delimitar las conductas individuales. Sin embargo esta negación confrontada, exhibe un universo jurídico disociado, toda vez que la realidad se encarga de echar por tierra tamaña aspiración. Las aristas no sólo se circunscriben a razones cualitativas, sino que además la cantidad reconocible de marginales o asistémicos crece día a día, y los gobiernos se consumen en la impotencia ejecutoria. Extrañamente no abundan estudios dirigidos a encontrar las causas de un dilema repleto de significancias y creciente hasta el desasosiego. Sospecho que equívocamente en la autoridad ronda la idea de que esa dedicación podría representar una aceptación o reconocimiento inconveniente o directamente inadmisible. ¿Por este tiempo y en este lugar, se acata la ley? Para el caso esperable de una respuesta negativa, ya sea animada por razones experimentales o por simples sensaciones mayoritarias, ineludiblemente sobreviene el interrogante: ¿Por qué? Es que, cuando hablamos de ley ¿A qué nos referimos? ¿Sólo es posible considerar a la realidad jurídica desde el carácter positivo de sus normas? Más allá de las valoraciones doctrinarias, existen evidencias contundentes desde la mera observación, que hay vastos sectores sociales sobre los que mayormente el derecho positivo tiene incidencia mínima o nula. A la vera de cualquiera de estos caminos inciertos por transitar, o algún otro posible, seguro es que descubriremos que el contrasentido impera y la duda insistente aparece inagotable. Es por ello que como estudiosos del derecho, y aún a costa de los riesgos que ello implique, merecemos aventurarnos a encontrar algún fundamento explicativo frente a una materialidad ostensible. Si bien este es un trabajo perteneciente al campo jurídico, por esa razón así vista, y desde una nueva perspectiva, debemos acostumbrarnos a un enfoque global, integrador e inclusivo, una mirada en la que las disciplinas no se segmentan sino que se complementan, no se subordinan sino que se coordinan; prefiero anticipar y hacer parte desde su inicio al lector de esa decisión deliberada en su confección: la de desestimar las jerarquías y los sectarismos técnicos. La interdisciplina es una herramienta esencial para el diagnóstico y la incidencia material. Siendo así y tratándose de un principio ineludible para la intervención en el conflicto social, es entonces la modalidad elegida para el encuadre en la construcción o afirmación reflexiva de las páginas que siguen. Las características de diversidad, fraccionamiento y hasta neotribalización de nuestro tiempo, la posmodernidad, le conceden al derecho rasgos consecuentes con su origen y reconocen en su ejercicio, a la costumbre como ordenador social, equivalente y cuando no con preeminencia respecto a la ley positiva. La realidad social se ha vuelto extremadamente compleja y muta de manera constante; desde múltiples categorizaciones, las diversas herramientas disciplinarias propuestas para su abordaje y con certeza aptas, de inmediato pierden su validez. Eso presagia que las que concienzudamente se descubran con posterioridad, con el tiempo también se tornen inútiles, como en un ciclo maldito, infinito y vano. El ser humano, es una totalidad con su contexto, en la que sus múltiples facetas a la vez, se vinculan con el medio en el que se desenvuelve o desarrolla. Cualquier ciencia o disciplina científica, humanística o social que se precie entonces, y como su reflejo natural, debe repetir ese esquema complejo. El estudio de los comportamientos humanos, en el caso del derecho para regularlos, no debe abstraerse o escindirse de su contexto. Por el contrario merecen conjugarse, interpretárselos, como la unidad que son: hombre y realidad social. Contenido de la Investigación ¿Cómo entender racionalmente que algo pueda cambiar de apariencia y seguir siendo la misma cosa? Con la asistencia conceptual de la ipseidad tal vez, cuya virtud temática consiste en explicar cierta evolución para la superación de algunos antagonismos o trascender la paradoja. Esa presión antitética, la del desencuentro o resistencia de las nociones, es un motor de cambio constante que no impide u obsta a la identidad. Se trata de la cronología misma, la del incesante movimiento histórico y siempre inconcluso. En el fondo la diferencia no es otra cosa que la manifestación del todo. De esa coexistencia, incluso con la nada. Desde la mismidad entonces somos y no, porque estamos en un proceso de cambio interminable y continuo. Mutamos, pero no por eso dejamos de ser el mismo, aunque no lo mismo. En la posmodernidad, el pensamiento dialéctico dialoga incluso con el monoléctico. Inductivismo y deductivismo. La tesis dialoga con la antítesis. Pero la síntesis también lo hace con sus antecesoras. La identidad aparece más estática. La ipseidad es movimiento. La antítesis naturalmente no aspira a síntesis, sino a tesis. Y aunque así no se lo proponga, parece su destino inevitable. El de la mutación y la nada. La posmodernidad aporta a la realidad, la contradicción, la diferencia, la desafiliación, los desacuerdos y una simultánea coexistencia de la compatibilidad con la incompatibilidad, en dosis tan altas que aunque mal vistas, se han nivelado con la coherencia, la consecuencia, la congruencia -magnificadas y reclamada a gritos para el "beneficio" del o en el sistema-. Lo que demuestra que la realidad no siempre establece vínculos lógicos ni tampoco resulta dependiente de las definiciones o consideraciones doctrinarias. Y todo esto desde una conciencia cabal, con un alto sentido de empirismo y una conexión intensa con el sujeto social como protagonista de la trama. Es que el derecho es una disciplina científico social. Sin cortapisas o discusiones. Porque se trata nada menos que de un regulador de conductas humanas, un ordenador singular y colectivo, que desde esas cualidades impregna al concepto mismo de la juridicidad, en sus antecedentes, realidad y destino. Lo contrario, un conocimiento segmentado, corrompe la disciplina de que se trate. La limita, restringe su potencialidad, la desconecta de la teoría misma y de la praxis. En el caso de la juridicidad fundamentalmente porque se trabaja con una realidad para cuyo análisis se requiere de otros instrumentos cognitivos. De lo contrario la praxis se vuelve carente, anémica, desvalida. Sin perjuicio de ello y en la inclusión coincidente deberá impedirse que la ciencia de que se trate, en el caso el derecho, no se diluya ni pierda su autonomía en la multiplicidad fronteriza con el resto de los saberes, particularmente las disciplinas sociales. El puente establece la comunicación suficiente sin la desaparición contradictoria. Sus razones entonces, exceden el marco meramente normativo. Exigen entendimientos e integraciones mucho más comprensivos. Cuando menos de la realidad y sus influencias resultantes. Porque entre las tres -norma, sujeto social y su convergencia- conforman de mínima, toda consideración jurídica que se precie o contenga valor doctrinal cierto. El derecho es un saber complejo que nunca se agota en la estrechez teórica ni en las apreciaciones amojonadas. En su núcleo constitutivo germina hasta ocupar un lugar preferencial -sino abarcándolo todo- el conflicto. Porque sin conflicto social e individual no hay universo jurídico válido. Es el que le otorga sentido, razón de ser. Quiero decir que el conflicto no es algo externo a la juridicidad, al revés, lo integra desde su entraña misma, es justamente aquello que le da vida a la letra. Ciertos desentendimientos de esas partes integrantes, como la realidad, los resultados de las interacciones, el desacuerdo, obedecen a miradas sesgadas, recortadas. Deseosas de una condición científica absolutista -concepto muy en crisis- y para cuya adecuación no se escatima en forzamientos e incomprensiones. Porque si bien la norma permite las condiciones de objetividad deseadas por algunos, tales certezas se vuelven inútiles cuando se topan con la irracionalidad o alienación -imprevisión si se prefiere- de las conductas humanas. Es por eso que un enfoque incluyente de la trasgresión, que no deje por fuera a lo fortuito, a lo incierto de los comportamientos, es tan importante como el de la observancia fiel. Claro está que el sistema tiene un carácter reactivo más que activo. Responde al suceso al que intenta adecuar a la racionalidad. Normal viene de norma, ser normal es estar alineado, ajustado a la norma y por ello sano, natural. El problema es que el derecho si bien aspira a ese objetivo normalizado se nutre en realidad de su opuesto, del conflicto, de la trasgresión, de la irracionalidad así vista. La normalidad se perfila como una idealidad y como tal se hace inalcanzable. Trabajar desde semejante utopía con estrictez implica sesgarse, de algún modo volverse una expresión social inadaptada, una falacia mediante la que el desajuste se convierte en una medida absurda para ajustar, enderezar, alinear, normalizar. Es que las conductas reprochadas por el orden jurídico ya no obedecen a los patrones y variables que su construcción previó. La realidad ha concitado un vértigo, una velocidad imposible de alcanzar con una normativización constante, recurrente y harto criticada también, por la variabilidad permanente de las reglas del juego. Quiero decir en cuanto a la mal entendida solidez jurídica que existe la jactancia en algunos sectores de la doctrina a favor de aquellos Estados capaces de sostener leyes estructurales. Esto significa que está bien visto decir o aseverar por ejemplo, que hay normas históricas esenciales que deben mantenerse casi sin modificaciones, el caso de la Constitución, cuya condición ideal es la de pocas y mínimas reformas. Sin embargo se exige a la par la modernización y adecuación recurrente del Estado la más de las veces señalado por su lentitud e inoperancia. Las leyes suelen terminar corriendo arduas carreras detrás de los acontecimientos, porque el dinamismo y la velocidad del suceso exceden la posibilidad del anclaje o el monopolio en la respuesta. ¿Qué se impone entonces? ¿O es que la norma se antepone a la conducta y la condiciona, o es que la conducta determina la creación de la ley? ¿Y los intereses sectoriales? ¿Y los grupos corporativos como usinas del poder? ¿En cuánto influencian e inciden en aquella interacción? Todo influye, todo juega, todo contribuye. Es que La efectividad de la norma exige un sistema sólido pero a la vez maleable como para mutar en su realidad aplicativa. La solidez del sistema estaría conferida por su existencia misma, precedida por la vocación general de coordinar las conductas individuales para la convivencia social. Para ello habrá de valerse de las herramientas básicas, necesarias y sostenidas en la intensidad; pero con las variaciones suficientes en la calidad y cantidad como para otorgarle la plasticidad requerida. La dosis exacta. Sin embargo esta aspiración dista mucho de conquistarse. Y con los recaudos típicos, vemos en la cotidianeidad, que los resultados y el discurso por sí -no obstante su efecto disociador y constructivista-, en la generalidad de los Estados no alcanzan estándares tolerables de aceptación en la demanda de justicia. Sobre todo y porque como ya aduje, la ecuación de acción y reacción -norma y caso- mayormente no guardan coherencia o contienen a la lógica prevista en el origen. En ese sentido los medios de comunicación y las nuevas tecnologías juegan un papel preponderante. Sobre todo porque la subjetividad alcanzó un nivel de expansión científica tal que ya no se puede contener en un cuadrado mediático. Eso también exige alguna devolución desde los espacios de poder. En este caso no es la censura o el retaceo de la información como lo fue en otros tiempos, sino su exceso. La cantidad de datos circulante es también un buen modo de ocultamiento, vuelve aún más compleja a la realidad y desdibuja los límites en la convivencia social. Esto asimismo tiene un impacto directo en las prácticas jurídicas. Porque la incertidumbre se pronuncia, y con ella la impredecibilidad científica. Consecuentemente se avanza también en los atrincheramientos positivistas. ¿Cómo juzgar ante semejante cuadro? Algunos -que son muchos- proponen limitar la ponderación del juez, su ampliación subjetiva, sus posibilidades de interpretación. Desde la disociación con la realidad, el distanciamiento del caso, el abrazo eterno con el derecho como fin en sí mismo. Porque la deontología asumida, independientemente de su resultado, asegura, ampara, regala ciertos eximentes en la responsabilidad de los funcionarios encargados. Tal como lo adelanté y referí a lo largo del texto, el propósito de esta investigación fue en esencia, la afirmación de que el derecho no puede escindirse de su condición social, y la intención decidida de contribuir a cimentar un modelo interdisciplinario, de bases jurídicas, y con juicio amplio para el acometimiento del conflicto humano. El reconocimiento aplicativo de la valoración en la interlocución, del otro y el proceso mismo de investigación, dejaron una impronta en serie de importantes variaciones prácticas y metodológicas que se transcriben a continuación y que así también se reflejan en los cuadros estadísticos posteriores: 1. La aspiración en la realización de una investigación cualitativa que coseche una información primaria sobre la realidad social , en contextos de riesgo, fue validada con amplitud. Por su parte, el método investigativo y sus principios éticos, que implicaron un acercamiento pronunciado del investigador a la realidad concreta de estudio, fomentaron la intervención de un otro en diferentes etapas y sustentó el inicio de acciones para el planteamiento y encuadre de la problemática causal. 2. Los datos recogidos trasuntaron en una "base" -line-, obtenida con flexibilidad metodológica y participación de los actores involucrados y utilizada como medida cualitativa y cuantitativa de la respuesta social a escala local. 3. Los instrumentos de investigación dispuestos fueron validados en el contexto sociocultural aplicado (Partido de Malvinas Argentinas de la Provincia de Buenos Aires) y se exhibieron como herramientas facilitadoras tanto en la recolección de información como en el favorecimiento de la cercanía sensible y profunda de la problemática investigada. 4. El proceso de investigación, desarrollado en forma sistémica y holística permitió el desarrollo de destrezas, conocimientos y su transferencia a los equipos interdisciplinarios dedicados a la resolución de la conflictiva social impulsora. 5. Se constató que, aunque de una gran riqueza y utilidad, una investigación cualitativa es compleja y costosa en términos humanos y materiales. El tiempo programado originalmente para realizar el estudio se dilató. Y el proceso de transcripción de informes técnicos, así como su análisis, resultaron ser tareas complejas según la correlación entre sus ejes temporales y las problemáticas planteadas. 6. El proyecto de investigación, con un diseño apropiado en su calidad y cantidad cumplió así con su doble cometido, el de ser una herramienta para la producción de información y conocimientos, y el de convertirse en un instrumento para la movilización e intervención social. Con prescindencia de la eficacia o resultados, la objetividad parece ser el remedio más común entonces, porque a decir de la mayoría garantiza un considerable rigor científico y resguarda desempeños profesionales. Sin embargo desde esa exaltación objetiva -que no es ingenua- no se hace otra cosa que reincidir en el error madre o base: el de conferirle a la ley un carácter absoluto, un fin en sí mismo y desinteresado de sus destinatarios. La complejidad nunca se resuelve con pura objetividad, también requiere de la subjetividad. En todo caso la desconfianza en el juez, recortándole facultades interpretativas para juzgar, no debiera ser mayor a la que inspire el legislador. Salvo que se entienda a la condición general -legislar para todos indistintamente- que contiene la norma y en la que reposa la actividad del legislador, como más segura al resultado del lobby corporativo, que la cualidad particular que supone el caso concreto en la que el juez deba decidir. Este tema requeriría una profundización tan extensa como impropia, empero vale rescatar aquí la legitimidad democrática del legislativo y el carácter pseudo contramayoritario que doctrinalmente se le endilga al derecho y que este trabajo aspira a poner en crisis mas allá del método o proceso electivo. Paradójicamente mientras que el legislador, la más de las veces desprestigiado por su condición de tal en la consideración social y de los medios de comunicación, goza sin embargo de un respeto absoluto por el producto de su labor en el establecimiento de marcos generales para los comportamientos -casi una sacralización positiva-; a la inversa, el juez, más prestigioso por su rol, está atado a una manda, por la que debe acotárselo empero en los márgenes interpretativos durante su desempeño para las sentencias en cada caso particular. Parece que así dadas las cosas, de los dos operadores jurídicos por excelencia, se confía a la hora de valorar los resultados mucho más en el legislador que en el juez. Los motivos son múltiples, pero uno ciertamente considerado es que lo inductivo -valoración micro- se hace menos seguro a la "fidelidad" al sistema, por tratarse de una operación sobre el conflicto en directo, en crudo, según el reclamo de las partes por sus derechos; que lo deductivo, en que un pronunciamiento macro establezca las pautas para la sujeción de las conductas sin individualizaciones o particularismos. ¿Y por qué es que se somete al particularismo a semejante desdén, cuando tiene tanta incidencia en lo general como a la inversa? Así lo evidencia la experiencia científica más avanzada; las leyes de la física por ejemplo, que como noción menos discutida perfectamente puede asimilarse en este caso a las problemáticas sociales. Es que desde alguna perspectiva y más allá de la vocación por las disociaciones, no están tan disgregados como algunos nos quieren hacer creer el orden universal con el desarrollo humano -ironía que cabe-. Algunas lealtades entre lo abstracto y lo social, se evidencian tan ciertas como equívocamente desmerecidas. Y bien sirven en ese sentido, así considerado más cientificista, los valiosos estudios tendientes a la unificación o complementación de la cosmología -orden general- y la física cuántica -orden particular-. Resultan considerables las influencias y el uso analógico de tales relaciones, a priori y apresuradamente descartadas, con en el resto de las disciplinas o campos del saber . La retroalimentación de las variables extremas entre lo micro y lo macro -tan infinitos uno como el otro- potencia ambos canales positiva o negativamente. En la medida en que en la valoración sistémica se desatienda a alguno de estos dos aspectos predominantes la idea inevitablemente se devalúa. Porque son pilares de cada construcción que se precie y todo método debe necesariamente devenir de esa actuación interactiva. Vayamos al caso del derecho. Para la validación efectiva de un sistema jurídico es requisito ineludible considerar los hechos más graves, los grandes marcos normativos, las conductas más representativas; pero también, aquellas violaciones menores, más cotidianas, típicas de los orígenes de los comportamientos sociales. La postulación así vista, de alguna manera formula un gran observatorio en clave de evolución por el aporte esencial que otorgan los observados y destinatarios, tanto a la actividad legislativa -segmento de imposición de reglas para los condicionamientos conductuales- como a la judicial -segmento aplicativo-. Convengamos que el minuto, el instante, es la verdad más larga. No parece tan descabellada entonces la aspiración a una justicia de la realidad, de los pequeños actos. Que particularmente considere a la contingencia humana. Y que empero tan propia, a la primera de cambio no termine descalificada por apuros innecesarios, prejuicios e inexactitudes. A ver. Cuando hablamos de la mayor injerencia estadual a través de cualquier dispositivo, incluso el judicial, muchas veces se hace una asociación inmediata de esta posición con cierta "derechización" o "izquierdización" como concepciones más rigurosas e ideológicas. Se argumenta sobre la afectación a la autonomía de la voluntad, el principio de reserva, etc. desde las consideraciones más liberales, como mecanismos propios de las conquistas históricas del derecho y la civilidad en general. O al avance represivo del Estado para salvaguardar los beneficios sectoriales a espaldas del pueblo y de las conquistas sociales, para el caso de una noción de corte más socialista. En el sentido más ortodoxo y desde una clasificación típica, se podría pensar al derecho público sólo como marco genérico social y al derecho privado como camino y resguardo de la individualidad. Esto es, las conductas sociales, lo macro, genérico, bajo la órbita del derecho público y las individuales, micro, particulares, del privado. Sin embargo los planos de realidad no se subsumen a las abstracciones categóricas de los escalas del conocimiento. Así pues, sucede que disciplinas clásicas de lo público como el derecho administrativo hoy se miden mucho más desde la individualidad que de la generalidad, y a la vez, aquellas propias del mundo privado, como el derecho comercial, lo hacen desde su impacto social. Por lo que esa delimitación de los campos está absolutamente desdibujada. Para lidiar con tantos males se subraya o pronuncia más aún la importancia de la ley escrita, el guión, y el intento inútil y denodado de condicionar la realidad al libro. Todo problema se resuelve con una reforma legal que en lugar de integrar al conflicto, lo expulse. A decir verdad esa es la principal "anormalidad" y verdadera enajenación, la de la reducción del hecho a un texto y no la sindicada como irracionalidad por contradecirlo. De este modo es como se sucede el desencuentro histórico; desde una relación dialéctica no asumida entre la palabra y el suceso, entre el discurso y la realidad. El derecho por lo tanto, sufre hoy en su argumentación, una relación más estrecha con el discurso que con la realidad. Las reformas encierran siempre un reconocimiento tácito de variables corrompidas. Sobre todo a partir de la disociación de las instituciones con la historia. Y la verdad no está contenida ni en las instituciones, ni en la historia, sino fundamentalmente en el desarrollo social. Aunque cierto es que la palabra es el medio más propicio para alcanzarla. Porque somos hijos de un relato y es éste el que nos ubica en una perspectiva de superación. La integración dialéctica de la palabra y el suceso como síntesis ascendente. Detrás vienen las cavilaciones, el miedo a la variación paradigmática, porque se reconoce que cambiar el relato, el texto, el libro, es sinónimo de una revolución. Quizás se vuelva interesante en el mismo orden lógico echar mano a modo de ejemplo a la mitología griega. Se cuenta que Procusto era un bandido y posadero del Ática o de las afueras de Eleusis. Tenía una casa en las colinas en la que ofrecía posada a los viajeros solitarios. Allí los invitaba a tumbarse en una cama de hierro donde, mientras el viajero dormía, lo amordazaba y ataba a las cuatro esquinas del lecho. Si la víctima era alta y su cuerpo más largo que la cama, procedía a serrar las partes sobresalientes: los pies y las manos o la cabeza. Si por el contrario era de menor longitud, lo descoyuntaba a martillazos hasta estirarlo. Según algunas versiones, nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama porque Procusto poseía dos camas, una exageradamente larga y otra exageradamente corta. Este hijo de Poseidón, esposo de Silea y padre de Sinis, continuó con su reinado de terror hasta que se topó con el héroe Teseo, quien estratégicamente invirtió el juego. Así es que retó a Procusto a comprobar si su propio cuerpo encajaba con el tamaño de la cama. Cuando el posadero se hubo tumbado, Teseo lo amordazó y ató al mullido y una vez allí, lo torturó para "ajustarlo" como él hacía con los viajeros, cortándole a hachazos los pies y finalmente la cabeza. La alegoría vale. Porque al modo de Teseo, a esa ciencia procústea, que exige que la realidad se adecue de lleno a sus dictados, hay que redoblarle la apuesta. Ponerla de espaldas en su propio lecho y medida. Demandarle que se espeje en la consideración de las mayorías y su efectividad concreta. Es que el derecho, en su caso, supone una concepción compleja y superadora del fondo y la forma considerados individualmente, y aún en su conjunto, toda vez que se nutre de una variable tan atendible como generalmente minimizada, la realidad individual y social, que se instala sucesivamente en el comienzo y fin de su existencia relacional. Esto exige una transformación según los términos en que hoy se plantean las cosas. Si bien y tal como antes lo expresara, sabemos que cualquier modificación radicalizada o revolucionaria implica un corrimiento del viejo libro, cierto es que también en clave de posmodernidad cualquier mutación previsible, exige uno nuevo y ninguno a la vez. La página en blanco que materialice el suceso posible. De hecho, la última gran transformación histórica más lineal -a diferencia del sentido anárquico que propone este tiempo-, la modernidad, emergió y se potenció de la mano de la escritura que acercó distancias sociales y espaciales. Un libro nuevo y una época diferente a modo de codo civilizacional que hace rato entró en crisis y cuyo argumento aislado deviene tan inconsistente como inapropiado. Insisto, el diálogo entre la palabra y la realidad hizo a la historia. La escritura sensorialmente responde más al ojo que al oído, a la imagen, que a la vez se cimenta en la ideología. La topía mutó de las ciudades, de los espacios físicos, primero a la palabra autónoma y segmentadamente a los cuerpos que las emiten, para luego completarse en una síntesis dialéctica. El científico moderno en su momento copó el centro de la escena convencido de que la verdadera transformación de la sociedad encontraría como causa principalísima a su texto, a su ley. La posmodernidad echó por tierra la idea e inversamente, nos enseña que justamente el libro se vuelve desintegrado sin su correlato social. Retomo. Objetividad pero también subjetividad. Cuestión otra que se declama tanto como se incumple. Aquel argumento del reemplazo de las ideologías generales, por las unitarias o aquellas devenidas de la individualidad, también extensivas a los credos o fe religiosa, finalmente constituyen una explicación tan común como falaz. Suponen un truco de ilusión de discurso y acción, aparentando una subjetividad exaltada o su preponderancia, cuando en realidad el destino individual está normalmente jugado y sometido de antemano. Fundamentalmente al servicio de la producción so pretexto del desarrollo económico y la concreción de los derechos individuales. Nunca mejor referencia insistente que la de la preeminencia del mercado bajo el escudo del derecho privado. Allí se pondera la libertad, el individualismo y la iniciativa privada hasta el hartazgo, cuando lo que abunda verdaderamente es la tendencia a la masificación, al arreo cultural generalizado -razones de consumo, perfiles ideológicos, orientaciones políticas, etc.-, al monopolio, en síntesis; a la anulación o la relativización de las subjetividades. Y a la subsunción de la persona física en la persona jurídica. Moraleja: Lo que se enarbola en el discurso se invalida en la práctica. La exaltación auténtica de las subjetividades en los procesos históricos, por ejemplo, implica una vindicación o concesión que dota de mayor autenticidad a sus resultados. Fundamentalmente porque permite una interrelación vinculante entre las estructuras dirigentes con las bases sociales. Un diálogo más puro y menos viciado entre representantes y representados. Un mayor empoderamiento de éstos últimos. Hay dos nociones destacables en ese sentido, las de libertad y necesidad. Y no es lo mismo construir en la vinculación de las instituciones con su pueblo partiendo de una de ellas que de la otra. La libertad permite la maduración social, hasta por los propios errores en su devenir, mientras que la necesidad y por la urgencia, normalmente echa mano a la respuesta repentina y en la mayoría de los casos extraída de contextos ajenos y diferenciados. Es que la verdadera fortaleza de un sistema no está en su rigidez, sino en su mayor nivel de flexibilidad -sin quebrarse, claro-. La informalidad, para mejor decir, la irregularidad instituida -personas no inscriptas, empleo en negro, falta de registros dominiales, ausencias de documentación identificatoria, etc.-, son todos aspectos promotores de la violencia marginal, así como del control y la dominación de los factores de poder. Especialmente porque frente al abuso se dificultan en extremo las posibilidades de denuncia y reclamo, y las instituciones previstas para esos destinos consecuentemente se desvanecen en una ficción. El apoderamiento o lo que se da en llamar la colonización de la subjetividad es la moneda de cambio para la sumisión. El empoderamiento o la autoliberación subjetiva, es la respuesta natural para ese método opresivo. Por eso y desde una perspectiva política de la violencia, el permiso legal se vuelve de eficacia relativa. Subyace en el inconsciente la necesidad de liberación -etapa asociativa-. La anomia y la desautorización emergen como mecánicas defensivas mediante las que el sujeto se admite pensar que no es que le tienen que permitir, sino que es él quien debe autorizarse a sí mismo. La plenitud subjetiva hace a la diferencia. Y el campo jurídico es tan propicio para incidir en su concreción. Para ello resulta imperioso su reconocimiento y validación. Y ese ejercicio ha de cumplirse con la inclusión del sujeto como unidad y en la interacción con sus pares. Ley, norma y su resultante en clave de integración. Conclusiones Según los objetivos propuestos: 1) Se ha probado que el derecho no puede escindirse de su contexto social. Vista así la realidad como un suceso histórico. 2) Que la interdisciplina es un recurso indispensable para el abordamiento del conflicto, incluso desde una perspectiva fronteriza del y para el derecho. 3) Que es entonces la visión crítica y a modo falsacionista la que aporta una mejor respuesta a las exigencias cientificistas. 4) Que un sentido de tipo más funcionalista o pragmático, goza de una mejor condición para la desactivación del conflicto. 5) Que aun tratándose de una labor científica con condiciones de objetividad asumidas, esa razón por sí y sola no es suficiente y requiere además de la subjetividad típica de la condición humana. 6) Que el derecho es una expresión del poder y la anomia, la ruptura del pacto inicial o fundacional. 7) Que la esencia del derecho se anida en la dificultad de la interrelación humana por lo que es hijo del conflicto. Así también se logró concretar una elaboración amplia de criterio, desde la disciplina misma y con posibilidades de fluctuación con otros campos, particularmente humanísticos. El destino de la ciencia social es el hombre, según el encuentro de esa subjetividad con los desdoblamientos cognitivos. Párrafo especial, merece la incorporación empírica porque más allá de la multidisciplina y las miradas trascendentes del campo disciplinar, esta tesis indiscutiblemente es derecho porque nace comprobadamente de la praxis judicial. No obstante esa consideración, cabe destacar la necesidad en la amplitud prevista porque así es como se instituye y disemina el sistema de poder, y el derecho fue concebido también para ser su guardián. La valía de este trabajo de investigación se inscribe, principalmente, en un aporte para la adaptabilidad jurídica desde su reafirmación y a la mutación histórica, transparentada en el vértigo y la aceleración de nuestra realidad contemporánea. Es que la realidad concreta, la materialidad, es parte ineludible no sólo del concepto de derecho, sino también de su ejercicio efectivo. El derecho es un saber complejo que no tiene autonomía posible del suceso sobre el que opera, porque entre ambos se alimentan y son constitutivos. De esa dialéctica surge un tercer elemento, la síntesis que muta y alimenta las transformaciones constantes de aquellos dos primeros. Esa síntesis así vista, y si bien consecuencia, es parte integrante pero ajena a la vez de las dos variables originales. Conserva su individualidad justamente porque asume una condición distinta, no obstante permitir la modificación repetida e infinita de las otras a través de un diálogo sostenido. Encuentros y desencuentros que singularizan y perpetúan el vínculo. Entre los elementos para la definición conceptual del derecho entonces, están la norma, el ser humano sumido en la realidad social y la conclusión o síntesis de ambas que cambiante se multiplica infinitamente en el sistema. No incluyo al valor, tal como lo proponen algunos postulantes de la tridimensionalidad clásica, porque se trata de una cualidad humana integrada.

En esta tesis pretendo hacer una disección de la formación del estado nacional en la República de Colombia desde sus inicios, teniendo en cuenta sus diversos componentes sociales y culturales de su población. Parto desde su misma fundación siguiendo un método genético estructural para determinar como a lo largo de su historia han fungido los diversos intereses de los actores que han liderado la vida política nacional. El tema del carácter del estado nación desde la perspectiva del componente étnico de su población se ha constituido en un problema central en la actual configuración política del mundo contemporáneo (Gellner, Ernest. 1994). Se cuestionaba muy poco en los poderes centrales la problemática de la inclusión-exclusión de los diversos sectores de su población. En América Latina a pesar de una historia nacional que supera ya los dos siglos no se debatió seriamente las relaciones interétnicas y la necesidad de reconocer la composición multiétnica de los estados. Considero -y comparto como lo hace Benedict Anderson (1993)- que fue el grupo étnico del criollo –como se le suele llamar- el que generó y se benefició de las condiciones del movimiento independentista para establecer el nuevo estado con unas instituciones políticas excluyentes y liderar así su estructura con el carácter de etnia lateral que arrastró a su órbita las etnias verticales (Smith, A.: 1997) logrando someterlas a su influencia bipartidista liberal-conservadora durante todo el siglo XIX. De esta manera se constituyó lo que se llama entonación política que bien define Isidoro Moreno aparece cuando en una entonación cultural un sector significativo de la población, sea una clase social, un bloque de clases, capas intelectuales, etc. plantean un proyecto político de carácter autocentrado con el fin de controlar las decisiones sobre los asuntos económicos, políticos y culturales que atañen a la entonación y su territorio, incluida la forma de relación política con otras entonaciones y estados (Moreno 1994:143). Elementos que se desarrollan ampliamente en el capítulo primero de marco teórico y metodológico. En este segundo capítulo se analiza como el germen de este proceso de formación nacional se encuentra en la sociedad colonial, a pesar de la conciencia que los mismos creadores del estado nacional tenían del carácter multiétnico, como se advierte en las ideologías independentistas. El debate posterior sobre el racialismo que autores como Sergio Arboleda (1869,1972), José María Samper (1853 citado por Urueña 1994) o el ex presidente Laureano Gómez (1928) dieron sobre su influencia en la solución de los problemas nacionales demuestra la vigencia que durante más de un siglo de vida republicana despertó el tema. Estos autores decimonónicos influirían en el Presidente Rafael Núñez quien redactó la Constitución de 1886, la cual tuvo más de un siglo de vigencia. Estas condiciones ampliamente descritas generaron a comienzos del siglo XX una crisis política liderada por los movimientos sociales de diverso tipo que conllevaron a la cúspide de los conflictos sociales y que se urbano, el indígena y el guerrillero. Estos movimientos promovieron los cambios que impulsaron una transformación del país pues, aunque haya tenido un régimen de política civil y consecuentemente haya celebrado múltiples elecciones para todos los altos cargos, el hecho de haber estado tanto tiempo bajo una restricción política pactada por el bipartidismo liberal – conservador, en el caso de la situación vivida por el Frente Nacional (1958-1974), y en un constante estado de sitio, le impiden consolidarse como un régimen político democrático. Pero el control político sobre la sociedad por parte de este bipartidismo demuestra el carácter excluyente del sistema que ha llevado a calificarlo de diversas maneras como recoge Roll (1999:364). En consecuencia se puede hacer uso de la terminología de Dahl y dejar la palabra democracia para fijar el ideal de gobierno democrático y utilizar para el caso el término poliarquías. Incluso se puede definir como una "hegemonía cerrada", o en la terminología de Dahl el término adecuado es el de "oligarquía competitiva", toda vez que si bien está abierto al debate, pero no lo está a la participación (Roll 1999:365). A partir del desmonte del Frente Nacional, de las medidas de apertura y descentralización, se puede decir que el régimen intenta acercarse a una poliarquía. Otro factor que se considera limitante en la democracia colombiana es la restringida modernización económica y la inclusión sociopolítica, que ha impedido la modernización política. La democracia colombiana ha tenido constituyeron en una coyuntura crítica y en el leitmotiv principal en la búsqueda de unas instituciones políticas inclusivas, y a la necesidad de un nuevo orden constitucional. En este capítulo se desarrollan los principales movimientos sociales y sus características: el campesino, el obrero, el grandes carencias en los tres niveles de ascenso hacia la democracia económica y social. La inestabilidad crónica, la creciente pérdida del monopolio de la fuerza, el continuismo político, el clientelismo y el desfase en la modernización. Por último, la pobreza y la desigualdad en el ingreso señalan el fracaso de ese elemento distintivo de la democracia que es la justicia social. Esta situación de total control vino a romperse con el surgimiento de los primeros movimientos sociales a principios del siglo XX, por lo que se inicia con ellos un nuevo periodo en el proceso identitario del estado nación. En el segundo punto de este capítulo hago un recorrido del carácter sociocultural que identifico de estos movimientos cuya trayectoria permitió romper el monopolio establecido en la Constitución de 1886, no sin antes haber generado una nueva crisis –a otro nivel del ocasionado por las guerras civiles decimonónicas entre centralistas o federalistas- en el establishment político y social del país, que culminó con el nacimiento de una nueva Constitución en 1991 cuyo origen y significado se ven en el parágrafo tercero del segundo capítulo. Esta crisis significó el rompimiento del bipartidismo con todas sus consecuencias pues acarreó el desenmascaramiento del carácter exclusivista y oligárquico del estado nación. Por este motivo se requiere realizar un examen del sistema político como condición para entender la necesidad de una nueva Constitución política de carácter incluyente. Sin embargo la ruptura del sistema político significó la mayor crisis de la historia de Colombia y generó la alternancia de periodos de violencia, ya bipartidista (como fue la llamada Violencia [1948-1953]) o, su continuidad con los movimientos guerrilleros que le siguieron y que aún perduran, alimentados -después de la guerra fría- no con recursos de la hermandad socialista, sino del secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Con la Constitución de 1991 como con la ley de partidos de 1994 se cayó en el extremo opuesto: toda la normatividad tendió a favorecer el fraccionamiento y a la atomización de los partidos políticos existentes, así como la fragmentación de los movimientos emergentes. Hoy, según el concepto de Pizarro, no tenemos ni el viejo modelo bipartidista burócrata ni un modelo multipartidista moderado y eficiente (1997: 89). Sólo a partir de la fractura frentenacionalista (1962-1978), empezaron a darse condiciones definitivas para que diversas organizaciones populares de carácter de clase o de etnia, lograran definir en alguna medida sus propias reivindicaciones, que adquieren una expresión definitiva, especialmente en la Constitución de 1991, la cual considera la nación como multiétnica y pluricultural. Así se configuraron las unidades étnicas de indígenas y negros como receptores de transferencias de recursos del presupuesto nacional y, para el caso de los indígenas, de jurisprudencia especial. En el capítulo segundo también se estudia como la crisis política generada por los factores anteriormente explicados, en el cual los movimientos sociales de diverso tipo constituyen el leitmotiv principal para llegar a la búsqueda de una solución, conducen a la cúspide de los conflictos sociales y a la necesidad de un nuevo orden constitucional. Este está caracterizado por una nueva definición de la democracia como participativa, pero principalmente para nuestro interés su definición como pluriétnica y multicultural. Pero al reconocer los derechos particulares de las etnonaciones culturales o de sus minorías étnicas se podría entonces definir como plurinacional aunque así no lo contemple dada la tradición política de que todo estado se considere como una sola nación. Esta nueva Constitución es representativa de la época actual, en que por una parte, se ha limitado el concepto de soberanía nacional con la importancia de las entidades supranacionales y la doctrina de los derechos humanos y, de otra se vive el resurgir de los etnonacionalismos y la necesidad de reconocer sus derechos especiales. La elección popular de alcaldes y gobernadores, la ampliación de las posibilidades de participación a nivel municipal y el cambio de Constitución en 1991, son los cambios más importantes y su estudio completará el presente análisis para determinar en qué medida se está superando el continuismo político. Acogiéndose a este cambio mundial la Constitución del 91 definió al estado colombiano como un estado multiétnico y multicultural (art.7) en el cual además de los derechos universales se reconocen unos derechos colectivos para comunidades negras e indígenas (Pizarro 1997:86). Se pasó de una concepción de nación homogénea y católica a la consagración de la diversidad étnica sociocultural y religiosa. En cuanto hace a las comunidades indígenas, aun cuando la organización de éstas antecedió en dos décadas al menos a la Asamblea Nacional Constituyente, es indudable que las normas aprobadas en la nueva Constitución fueron un motor que contribuyó a acelerar esa construcción o, mejor, reconstrucción de identidad. Si bien el Consejo Regional Indígena de Colombia CRIC que nace en 1971 y la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC que surge en los ochenta, habían logrado organizar a muchas de las 81 comunidades indígenas existentes en el país, sólo será con los derechos y garantías alcanzados en la nueva Constitución que este movimiento adquirirá la madurez actual. Hoy por hoy se trata del movimiento social más activo del país, gozando además de una significativa representación en el Senado (3 senadores en 1994 o en 1998) (Pizarro 1997: 98). El reconocimiento de la multiplicidad étnica representa un incremento del sujeto de derecho, el cual inicialmente era únicamente el propietario-ciudadano, y se fue extendiendo por la lucha de los sectores obreros, o las mujeres quienes lograron que el circulo de sus derechos se fuera ampliando dejando atrás exclusiones en el derecho civil (de sucesiones, etc.), en el penal y en el laboral. Ahora el reconocimiento como sujetos de derecho fundamentales es para los indígenas, anteriormente señalados de salvajes o semisalvajes, un criterio que obedece a su carácter de grupo colectivo con formas diferentes de vida social a la occidental, las cuales debe asumir con vigor (Sánchez 1998: 78-82). El principio de igualdad ante la ley tiene una particularidad tratándose de los indígenas, requieren un tratamiento distinto por ser portadores de derechos específicos en tanto conservan la diferencia frente a los demás, lo que reconoce la nueva Constitución al definir el país como multiétnico y pluricultural. Si realmente el estado colombiano está constituido por un conjunto de etnonaciones, ¿Qué tratamiento le otorga a la diversidad de grupos étnicos existentes con distinto grado de desarrollo cultural? ¿Qué posibilidades tienen éstas de desarrollo de una etnopolítica que les permita acceder a algún grado de autodeterminación? Muchos planteamientos de antropólogos y otros científicos sociales han tratado el tema y propuesto un abanico de disímiles consideraciones. Se contempla la permanente agresión del estado por impulsar procesos de integración ante los cuales éstos sufren desde una actitud pasiva, hasta la existencia de múltiples posiciones como la necesidad de ser considerados minorías nacionales o nacionalidades. Si bien la Constitución de 1886 –según el magistrado Carlos Gaviria (Corte Constitucional. Sentencia C-139/96)- era unificadora y pretendía que todos pensáramos de la misma manera y que todos fuéramos iguales, la de 1991 ha diseñado una sociedad muy distinta, utópica, con la que muchos han soñado, y para ser construida sobre bases muy diferentes a la anterior. Uno de los retos que esta Constitución plantea es la construcción de una sociedad pluralista pero que exige tareas como la del Artículo 246 según el cual las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo con sus usos y costumbres, siempre que no contraríen la Constitución y la ley, en sus derechos fundamentales. Para el magistrado Gaviria si vamos a aplicar todas las reglas ortodoxas tendríamos que exigir, en primer lugar, que las comunidades indígenas tuvieran no simplemente un derecho positivo, sino un derecho escrito para satisfacer una exigencia del derecho penal occidental de acuerdo con el cual no puede haber delito sin ley escrita previa que lo determine, ni pena sin una ley que así la determine. Esta proposición implicaría que la normatividad cultural estuviera elaborada con las mismas pautas de lógica y racionalidad, cosa que no ocurre. El magistrado Gaviria propone la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y la minimización de los límites de que trata la Constitución. Lo cual demuestra como la proclamación del carácter pluralista y pluricultural hecha en la del 91 es un ideal por construir en el futuro. ¿Qué tipo de nación y qué tipo de estado es posible? Para entender más detalladamente este carácter nacional triétnico como resultado de la presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizos y blancos que se reproduce como un fractal de manera local o regional de lo que ocurre en todo el país, se analiza en el capítulo tercero el proceso de formación económico-social y político del Departamento de Caldas para ahondar en las anomalías políticas exclusivas que frenaron el proceso participativo por los vicios del clientelismo y la politiquería y reforzaron el carácter excluyente de la población en sus diversas manifestaciones socioculturales. En él se analiza el proceso de formación de la sociedad caldense dominante como resultado de la colonización antioqueña a partir de sus características económicas, sociales y culturales, con especial énfasis en la periodización política que ha tenido dos hitos principales como han sido la aparición de los llamados azucenos y de los grecocaldenses en su primera fase y su posterior suplantación por los que denomino barrococaldenses. De esta manera, se advierte los cambios que han sufrido las costumbres políticas en Caldas y que después de veinticinco años, aún no se han modificado. Considero que esta radiografía caldense puede, en gran medida, generalizarse para el país en su historia reciente de caciquismos, clientelismo y corrupción. Para entender los cambios ocurridos se toma como base la coyuntura creada por el hecho político, ocasionado por el retiro de esta actividad de empresarios que lideraban el desarrollo económico y su reemplazo por los políticos de oficio. Con este fin, es necesario establecer las características del desarrollo económico caldense a partir de la colonización proveniente del Departamento de Antioquia y el carácter del liderazgo que ejercieron tanto los azucenos como los grecocaldenses, y el cambio que significó el control político, por parte de los barrococaldenses, desde el llamado "robo a Caldas" situación que aún subsiste. En el capítulo cuarto tomo uno de los grupos étnicos indígenas más representativos de los más de setenta que han existido en el estado nacional para mostrar cual ha sido su itinerario desde el contacto con los españoles y de esta manera seguir su trayectoria en la historia de Colombia, en la cual ha sido el grupo étnico más activo y participativo. Este recuento nos permite conocer cuáles han sido sus luchas, vicisitudes y principios organizativos en los diversos periodos de su historia cultural y política en búsqueda de la sobrevivencia de su identidad. Esta etnonación lideró uno de los movimientos sociales más exitosos y a pesar de su limitación territorial y poblacional es ejemplo de conquistas y cambios en las condiciones políticas de la República para lograr la conservación de sus rasgos culturales básicos en un proceso de "emergencia política" (Moreno 1994:144), modelo especialmente idóneo para los demás grupos étnicos y sociales. Estos cambios se vieron reflejados en especial en el texto de la Constitución de 1991, que amplió de manera notoria los derechos de estas comunidades y les abrió un futuro más seguro, a pesar de las condiciones de violencia que debieron sortear por parte de los muchos actores que optaron por acciones armadas, ya sea porque afectaban sus intereses o por efecto de la actividad de los diversos grupos armados, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes en sus territorios tradicionales. Las condiciones de violencia generadas aún hoy día por fuerzas en especial de extrema derecha han definido como uno de sus blancos predilectos a los líderes de los movimientos sociales, ya sean sindicales, campesinos o indígenas. Sobre estos se han presentado las cosas así: En una publicación del diario de El Espectador del 9 de julio de 2001 la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- hace el siguiente llamado: Recurrimos al pueblo colombiano para que nos brinde, como muchas veces lo ha hecho en el pasado, su apoyo y en los últimos 17 años 33 líderes indígenas colombianos han perdido su vida en manos de la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares, la policía y el ejército, ya sea por defender sus territorios o por resistirse a integrar uno u otro bando interesado en la guerra. La presencia de los actores armados en sus territorios y su carácter amenazante son motivo de preocupación por parte de los indígenas pues representa muerte o desplazamiento. La amenaza contra nuestras vidas, culturas y territorios, barbarie comparable al genocidio y la esclavitud padecidos durante la Conquista, no parece importarle a nadie: ni a nuestros compatriotas ni al gobierno, dicen los líderes de 84 pueblos nativos de 209 municipios y que ocupan 30 millones de hectáreas. Ante estos casos es usual que el gobierno tarda mucho en reaccionar cuando las comunidades nativas están en peligro y no ofrece seguridad a las organizaciones ni protección para su sobrevivencia. Además del asesinato y la desaparición los indígenas sufren el desplazamiento a causa de la violencia, las obras de desarrollo, las fumigaciones de cultivos ilícitos o porque son desterrados por los terratenientes, los cultivadores de coca o los narcotraficantes. Sus resguardos son apetecidos por su estratégica ubicación. Se calcula que unos 15.000 indígenas han tenido que abandonar sus tierras y se encuentran en ciudades o en lugares de selva donde puedan defender su cultura, la unidad familiar, su religiosidad y su gobierno. Según la Defensoría del Pueblo existen desplazamientos en 16 departamentos que además tienen como consecuencia el sometimiento, y el cambio en las formas de pensar y de actuar. Otras causas del desplazamiento son la disputa por el control territorial por parte de la guerrilla, las autodefensas y el ejército. También la explotación de recursos naturales: madera, petróleo, oro, carbón, cobre entre otros, o la realización de grandes obras de infraestructura como carreteras, puentes o hidroeléctricas, o por la presencia de cultivos ilícitos, y la violencia que llevan implícita, así como sus fumigaciones. En ocasiones se presentan choques armados entre los actores de la violencia y la población civil se ve en la obligación de huir o se ven obligados a cumplir tareas de "raspachines" Para los nativos los desplazamientos representan desterritorialización y deculturación, pérdida de identidad y de autoridad. La organización social se resquebraja o se acaba, se pierden los valores, la autoestima, la religiosidad, el autoabastecimiento y se abandonan las tradiciones. Así pueden terminan mendigando en las ciudades como Barranquilla, Bogotá, Pereira, Medellín o Arauca, en donde pueden terminar delinquiendo o vinculándose a algún actor armado pues al abandonar sus tierras ya no pueden cultivar, pescar, cazar, intercambiar o vender productos. En Bogotá la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha demostrado preocupación por la dramática situación que afrontan las comunidades indígenas del país luego de los asesinatos de sus líderes. Sus muertes, amenazas, hostigamientos y el desplazamiento de estas comunidades y sus líderes por parte de estos grupos armados ponen de manifiesto la "vulnerabilidad" de su autonomía. Esta preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la comparte el Secretario General para los defensores de Derechos Humanos en Ginebra y la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, que exigieron la adopción de medidas que garanticen la vida, integridad, dignidad y cultura de los pueblos indígenas. Armando Valbuena, presidente de ONIC dijo en entrevista con El Tiempo (25 julio 2001 p.1-3) que el gobierno debe aclarar cuál es su política frente al etnocidio de que son víctimas los indígenas. Ochenta y cinco pueblos aborígenes agrupados en la ONIC, tomaron la determinación de retirarse de las mesas de concertación en las que participan con el gobierno y le dieron al Presidente un plazo de 30 días para que se pronuncie sobre las políticas estatales, pues no respetó los acuerdos sobre erradicación manual de cultivos ilícitos con las comunidades de Cauca y Nariño y se recurrió a su fumigación. Reveló como 365 indígenas han sido asesinados en los últimos diez años, (posteriores a la nueva Constitución), uno por semana. Tampoco se ha aclarado las denuncias de masacres de indígenas en el Alto Naya, la Sierra Nevada de Sta. Marta, en Chocó, Cauca y Córdoba. Esta situación aún subsiste. En su informe del 2012 la ONIC relata como en ese año murieron 104 indígenas y más de 12.000 fueron desplazados en especial en los departamentos del sur Cauca, Nariño o del occidente Risaralda y Choco afectados por asesinatos, minas antipersonales, combates y desnutrición (El Tiempo, 17 de abril de 2013 p.6). Estas notas periodísticas son solo una breve síntesis de la política de etnocidio sobre los diversos grupos étnicos en distintas regiones del país que se han practicado sin mayores resultados de justicia y reparación. La historia de los grupos étnicos especialmente de los indígenas de Colombia ha estado enmarcada por el etnocidio que se ha practicado sin mayores resultados de justicia y reparación. No tendremos que irnos hasta la discusión lascasiana para abordar el problema como resultado de la discriminación porque no solo los nativos son objeto de esta permanente agresión, muchos sectores sociales la sufren, pero quizá son aquéllos el eslabón más débil por tenerse como seres inferiores desde cualquier punto de vista, como lo manifestaran los autores de la matanza de La Rubiera (Arauca, 1967) (Castro 1979) , quienes ante el juicio que se les siguió conceptuaron que no sabían que los indios eran racionales. No podemos afirmar que sea política del estado la extinción de estas poblaciones, pero hasta qué punto "es válida la ecuación etnicidad=violencia" –como plantea el profesor Isidoro Moreno (1994:140)-.¿Será que como representan el grupo dominante ("criollo") pueden contribuir al despojo de las etnias nativas? O que "si un estado es multiétnico la etnia a la que pertenece la clase dominante estará globalmente en posición dominante, aunque también se ejerza la violencia dentro de ella, por la oposición de clases" y más adelante Moreno añade que esta clase "obstaculizará o reprimirá los intentos de las etnias dominadas de reafirmar su propia especificidad" (Moreno 1994:141). De este principio el profesor Isidoro concluye los diversos aspectos en que se manifiesta esta dominación como suelen ser la lengua, la religión, las leyes y constituciones, burocracia, medios de comunicación, fiestas nacionales y el uso de los cuerpos armados y así eliminar esta diversidad y lograr un estado nación homogéneo sin la pluralidad étnico-nacional, empobreciendo las demás "identidades etnico-nacionales" (Moreno 1994:146). Un país que contiene más de una nación no es una nación-estado, sino un estado multinacional, donde las otras culturas se encuentran en situación de dominación por un "etnocracia". (Kymlicka, W.1996:26; Guibernau, M. 1996: 70; Connor, W. 1998: 73) Tomamos el movimiento del grupo Páez, a lo largo de su historia como ejemplo de esta situación, es constante la presencia de fuerzas represoras por parte del estado y sus agentes, o de terratenientes quienes muchas veces con apoyo en la ley impiden a toda costa el restablecimiento -entre otros- de los derechos tradicionales sobre la tierra y su cultura, de importancia fundamental para la supervivencia étnica y sobre quienes se ha mantenido su despojo de manera sistemática. Muchas veces a esta violencia el grupo que resiste responde a su vez con violencia, entonces esta se tilda de terrorista o ilegitima. Así se verá como el grupo guerrillero del Quintín Lame constituido en el Cauca para hacer respetar la vida de los líderes de los cabildos se considera por fuera de la ley, a pesar que básicamente responda a las necesidades de autodefensa. El capítulo quinto está dedicado a estudiar la afrocolombianidad o afro descendencia o identidad cultural de las poblaciones con origen y tradiciones africanas que poblaron el territorio nacional desde la Colonia. Se compendian las discusiones en torno a la vigencia de sus orígenes, tradiciones y supervivencias para poder conceptuar en qué grado su identidad es total o parcialmente africana o corresponde a procesos identitarios sufridos después de su traslado a América que determinan diferencias regionales más que propiedades esencialistas. "La mayor parte de los negros no tienen ni desean una identidad nacional específica. Consideran que tienen derecho a la plena participación en cualquier nación americana. han luchado por la plena e igual participación en la sociedad global. cada vez es más común aceptar que se necesita un nuevo modelo de integración (Kymlicka 1996:44)" Finalmente en el segundo tema del capítulo quinto estudio, a partir del trabajo de campo realizado entre comunidades afrocolombianas, los efectos de artículo 55 transitorio de la nueva Constitución y de la ley 70 de 1993, trabajo de campo realizado en la región del alto Chocó biogeográfico. Es un común decir que si hablamos de territorio y de población negra nos tengamos que referir al Chocó. Es posible que así sea pues el Chocó constituyó durante muchos años, quizá varios siglos, una región del país llamada "marginada", es decir por fuera de la circulación de ciudadanos nacionales y sus mercancías. Por eso podemos considerar a esa región como un área cultural por excelencia de la cultura negra e indígena en Colombia, las cuales interactuaron formando un espacio de intercambios y préstamos. Hoy se discute si la cultura "negra" corresponde a una tradición africana y en tal caso a cuál o cuáles de tantas, hasta el punto de pretender señalar algunas de ellas como las antecesoras directas de los afrocolombianos con una tendencia a resolver el problema de una manera fundamentalista (Wade 1997). Hoy la población chocoana registra algunos rasgos como propios de su cultura entre los cuales se destaca su adaptación al medio ambiente que le ha permitido una óptima conservación de los recursos naturales, una forma de asociación para el trabajo agrícola y minero, y para la apropiación del territorio, ritos funerarios propios, expresiones lingüísticas, folklóricas y de alimentación. Los actuales movimientos sociales giran, ante todo, alrededor de la titulación del territorio como consecuencia de la ley 70 de 1993, aplicación del artículo transitorio 55 de la nueva Constitución. Podríamos establecer como punto de referencia dos momentos importantes de la vida social de las comunidades afrocolombianas del Chocó en general o del Alto San Juan en particular, o la forma tradicional de organización social, especialmente aquella que se da alrededor del trabajo en minga denominado también de la "mano cambiada" o del "tiempo cambiado", o la que se desarrolla hoy a partir de la titulación colectiva de la tierra. Obviamente entre las dos media una historia de cambios y sobresaltos en las condiciones tradicionales de vida. Quizá el más importante de todos por lo menos para el Alto San Juan sea la construcción de la carretera, pues tras ella ingresaron todo tipo de buscadores de fortuna como mineros, madereros y colonos ambiciosos de grandes haciendas y también cazadores de fauna silvestre. Junto con ellos vinieron los tenderos y negociantes del amor y la diversión para entretener la "nueva" sociedad. Esta abrupta transformación dejó muchas consecuencias en las comunidades, no sólo hijos de padres desconocidos, sino una desintegración social que condujo además a la ruina a sus pobladores ante los cambios radicales ocurridos, ya sea por las dificultades ocasionadas para lograr el oro, fruto del sencillo barequeo, sino también en la desaparición de la pesca por el alto grado de contaminación fluvial ocasionada por el mercurio y los efectos negativos sobre la salud por el manejo de aguas detenidas en pozos dejados por la remoción sin contemplación de suelos, propicios para criaderos de zancudos propagadores del paludismo. Podríamos sintetizar las nuevas condiciones de la vida social como resultado de la metalización del intercambio económico. La introducción del jornal minero conllevó la desintegración de la minga y con ella del tiempo cambiado y de la seguridad alimentaria. El pueblo afro chocoano ha sido arrastrado por el capitalismo salvaje a una condición de humillación y desintegración ante la mirada inerme de un agente externo que ha impuesto su "ley" con el respaldo de la única y válida ley de un estado "colonialista". El movimiento social que condujo a la redacción de una nueva constitución política para la nación, milagrosamente, le otorgó nuevas condiciones jurídicas a la realidad multicultural y pluriétnica del país, propiciando la redención del tratamiento de inferioridad dado a los grupos étnicos de indígenas y negros, reconociendo sus características culturales y "legalizando" su apropiación del territorio. Las nuevas normas (Artículo 55 transitorio, Ley 70 de 1993, Decreto 2284 de 1995, Decreto 1745 de 1995, entre otras) han impulsado por parte de líderes que venían actuando en juntas de acción comunal y asociaciones campesinas la creación de consejos comunitarios para gestar la titulación del territorio tradicional que permita el control de sus recursos y favorezca el desarrollo social y económico; sin embargo puede ser el origen de nuevos factores de tensión y conflicto en el ya oscuro escenario de las violencias que afectan al país. Un ejemplo son las tensiones en el Litoral Pacífico entre indígenas y negros por la delimitación territorial por el uso tradicional de los bosques como territorios de caza ancestral sin delimitaciones conocidas y que es motivo de debate en la actualidad. De manera que la tesis presenta el carácter estructural de la composición étnica del país desde su configuración nacional, mostrando los principales cambios ocurridos desde su concepción "racialista", blanqueadora, cristianizante, castellanizante o de integración aculturadora y mestizante, hasta lograr –gracias a las luchas populares expresadas en los movimientos sociales, especialmente de los indígenas Nasa o Páez y Guambianos- una nueva conformación político social e institucional determinada en la nueva Constitución de 1991. Con este fin se estructuran los capítulos. En el primero, marco teórico y metodológico, se definen las categorías y conceptos centrales desde la perspectiva de la antropología política y se resalta el carácter deductivo de su aplicación al análisis de las relaciones interétnicas de la sociedad colombiana; en el segundo la formación del estado nación como triétnico: blanco, indio y negro, y la participación de los distintos elementos que lo integran con el objetivo de lograr la unidad nacional y su identidad; en el tercero se toma el caso del Departamento de Caldas como muestra regional y local del desarrollo del acontecer nacional, especialmente como representación de las costumbres políticas que se demuestran son propias del país. En el capítulo cuarto se desarrolla la historia cultural y política de las étnicas indígenas del Departamento del Cauca –nasa o paez y guambianos– quienes con su tradición de luchas por lograr el respeto de sus territorios y cultura y por medio de la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC vienen a ser abanderados en los cambios constitucionales de 1991 que modifican radicalmente la definición de la nación al aceptar como principio organizativo su carácter multiétnico y pluricultural. En el capítulo quinto se trabaja la identidad afrocolombiana desde los comienzos del nacimiento del estado nación, se establece su importancia y las diferentes tesis acerca de su carácter cultural, para mostrar los efectos que sobre su sobrevivencia como tal, tiene la nueva Constitución tomando como ejemplo las comunidades negras del Alto San Juan. Considero que Colombia ha tenido unas instituciones político-sociales excluyentes, dominadas por un grupo étnico inicialmente criollo –conformado por los descendientes directos de los europeos- que cumplieron del papel de la llamada por Smith (1997) "la etnia lateral" y que posteriormente en un proceso de blanqueamiento de su población, el mestizaje vino a ser el dominante como propósito para el logro de la unidad nacional. Sin embargo sus criterios ideológicos fueron los tradicionalmente excluyentes del periodo colonial representados en el dominio de la iglesia y de la religión católica y con el aval de los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, con el fin de prevenir cualquier cambio revolucionario como se advierte en la definición del estado nación y en los propósitos de la Constitucion de 1886 que prevaleció hasta 1991, cuando por una nueva Asamblea Constituyente se acepta la condición plurietnica y multicultural de país, otorgándole derechos especiales a los grupos indígenas y afrodescendientes tradicionalmente excluidos, rompiendo la posición clásica de la teoría política liberal sobre la universalidad de los derechos. Ante la crisis del sistema político colombiano debido al control de las élites sobre el estado y los vicios producto de su práctica clientelista, de una parte, y por otra, la sobrevivencia cultural a partir de su historia reivindicatoria y del movimiento social en particular de los paeces habitantes del Departamento del Cauca, así como los movimientos sociales y luchas populares de campesinos, obreros, estudiantes y del movimiento armado, se acentuó de tal manera la crisis política que se llegó a la coyuntura necesaria para establecer un nuevo pacto social. Por último, vale la pena señalar que, como hizo Philip Abrams en su artículo "Notas sobre la dificultad de estudiar el estado" del que fui co-traductor para su publicación en Colombia (ver bibliografía), las palabras "iglesia" y "estado" aparecen en minúsculas, excepto en las citas, con el mismo ánimo desmitificador. No así cuando se trata de referencias personales a las autoridades como el Papa, el Presidente, etc.

El objetivo principal de nuestra tesis doctoral es presentar propuestas de regulación del régimen jurídico brasileño de evaluación de impacto ambiental, buscando fijar los elementos imprescindibles para que tal instrumento jurídico pueda funcionar eficazmente y coherentemente con el alto grado de protección ambiental que se desea lograr, ayudando a nuestro país a integrar la protección del medio ambiente en sus políticas de desarrollo económico. No obstante, para llegar a un esquema investigativo que nos permita el desarrollo de una propuesta institucional eficiente para Brasil, nos ocupamos también de describir los antecedentes, principios y objetivos de la política medioambiental brasileña en un intento de delimitar el tema específico objeto de nuestra tesis doctoral, a partir de consideraciones sobre el estado de derecho socioambiental instituido en Brasil con la promulgación de la Constitución Federal de 1988. Debemos poner de relieve que la utilización de la Unión Europea y en especial España y Francia como referencias obedece a supuestos comparativos estrictos, pues lo que pretendemos es determinar cómo se podrá perfeccionar la evaluación ambiental de proyectos e implantar en Brasil la evaluación ambiental estratégica, a partir de la experiencia exitosa de la Unión Europea, buscando la construcción de un corpus institucional que permita que Brasil logre un mayor desarrollo social, económico y político. Hay que dejar claro que no es la intención de este estudio usar el proceso europeo y las demás legislaciones nacionales como un modelo a implantar tal cual en Brasil sino más bien como una referencia a tener en cuenta, puesto que se tratan de Estados distintos, es decir, consideramos las disparidades y diferencias existentes entre Brasil y los países supra citados. Los avances tecnológicos realizados en los dos últimos siglos no fueron capaces de disminuir la incertidumbre acerca de los efectos de las actividades humanas en la naturaleza. Al contrario, en estos momentos, la sociedad teme más que nunca que los actuales modelos de producción y consumo generen, en un corto espacio de tiempo, efectos aún más devastadores e imprevisibles. El cambio climático, la escasez del agua, el agotamiento de fuentes energéticas y de otros recursos naturales son problemas que constituyen una amenaza real a nivel mundial . La necesidad de implantación y observancia de los principios de prevención y precaución, destacados en la Declaración de la Cumbre de Río, en 1992, es incontestable. En este contexto, la evaluación de impacto ambiental se presenta como un mecanismo indispensable para una actuación política capaz de conducir las actividades productivas en la perspectiva de la sostenibilidad. Aunque en el ordenamiento jurídico brasileño estén vigentes numerosas normas, tanto en el ámbito constitucional, legal o infra legal, para la regulación de la materia, id est, el régimen jurídico de protección del medio ambiente y en especial el sistema de evaluación de impacto ambiental de proyectos (EIA), ello no impide en Brasil la autorización administrativa de proyectos altamente impactantes (desde el punto de vista ambiental) y tampoco se exige a su promotor, ni la realización de las medidas de mitigación necesarias, ni se le imponen medidas compensatorias proporcionales a la magnitud de los impactos ambientales negativos generados por los proyectos y actividades objeto de la autorización. De la misma manera, en Brasil, los conflictos inherentes a la incorporación de lo condicionante ambiental al proceso de toma de decisiones públicas son frecuentes y exacerbados, lo que se debe, sobre todo, a la escasa transparencia del procedimiento administrativo de autorización ambiental y a la insuficiente participación ciudadana . Como consecuencia de la globalización, las normas de preservación del medio ambiente aparecen como óbices que retardan y dificultan el crecimiento económico del país, argumento este utilizado por el poder económico para obligar a los gobiernos a flexibilizar las normas de protección ambiental bajo la amenaza de invertir en otros países. Brasil ha cedido a estas presiones ejercidas por el capital, implementando políticas neoliberales que apoyan la flexibilización de las leyes de protección del medio ambiente . Con el objetivo de romper con ese movimiento irresponsable de regresión de la legislación de la protección ambiental, destacaremos la importancia de introducir mejoras en el régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental. En la presente tesis analizaremos el concepto de la evaluación de impacto ambiental, sus modalidades y su incorporación a diversos ordenamientos jurídicos a partir de finales de la década de los 60 del pasado siglo. En este sentido, estudiaremos el régimen jurídico europeo de evaluación de impacto ambiental y la transposición normativa realizada por el derecho español y francés, así como su repercusión, analizando los resultados obtenidos después de más de 40 años de experiencia en el uso de la evaluación de impacto ambiental en estos países con distintas tradiciones jurídicas y ambientales en relación a Brasil. El ejercicio comparativo nos llevará a presentar observaciones y sugerencias, consistentes en innovaciones metodológicas y mejoras procedimentales al régimen jurídico de la EIA vigente en Brasil, además de constatar la imprescindible y urgente necesidad de institucionalización de la evaluación de impacto ambiental de planes y programas, o lo que es lo mismo, la evaluación ambiental estratégica (EAE) en el ordenamiento jurídico brasileño. Mejoras estas que podrán conferir la necesaria transversalidad a las políticas públicas de preservación medioambiental, materializándose el principio de integración de la protección del medio ambiente en todas las políticas públicas, requisito indispensable para que se consiga un desarrollo económico que, de facto, pueda considerarse sostenible. El objetivo de este trabajo es, pues, apuntar medidas capaces de promover la mejora del régimen jurídico brasileño de la EIA y de la EAE, haciéndolo más completo, eficaz y eficiente. Con ello, en nuestra opinión, se evitará la producción de daños ambientales injustificables, a tenor de los beneficios económicos y sociales generados por la ejecución de las acciones planeadas, pues el carácter preventivo de la evaluación de impacto ambiental y su capacidad de orientar las acciones humanas para que estas se amolden a la necesidad de preservación del medio ambiente, son atributos necesarios para garantizar la utilización racional de los recursos naturales, de manera que el medio ambiente se integre armónicamente en el proceso productivo, evitando el desperdicio de recursos naturales y los daños ambientales. Asimismo, estos cambios que vamos a proponer conferirán, a nuestro juicio, mayor legitimidad a las leyes, a las políticas, planes y programas de gobierno implementados, una vez que la amplia participación ciudadana es un requisito intrínseco de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN La metodología que vamos a seguir en esta investigación es la que comúnmente se desarrolla en este tipo de estudios científicos jurídico-sociales, fundando nuestra investigación en la doctrina, legislación y jurisprudencia, que consideramos más autorizadas a la hora de proponer medidas para la mejora del régimen jurídico brasileño de la EIA y de la EAE. La metodología debe centrarse en los aspectos principales establecidos para una investigación relacionada con el ámbito del derecho ambiental, sobre todo por el carácter fragmentario del marco normativo e institucional que se encuentra en la producción y aplicación de las normas ambientales. En este sentido, deberán utilizarse métodos que permitan el análisis de la evolución de la normativa ambiental, específicamente de los principios generales del derecho ambiental y de los procedimientos de evaluación de impactos, dada su naturaleza obligatoria. Por lo tanto, el método histórico permitirá analizar cómo se desarrollaron los diferentes mecanismos de evaluación del impacto ambiental. También el método inductivo permitirá ver cuáles fueron los instrumentos de regulación incorporados por Brasil que efectivamente influyeron en la formación legislativa ambiental volcada hacia la creación de subsistemas específicos de evaluación de impactos. También se adoptará el método comparativo para establecer cómo es la adopción, aplicación y ejecución de las medidas relacionadas con la evaluación de impactos en España, en Francia y en la Unión Europea, aunque no se pretende crear ni adoptar un "modelo" específico, pues, como se ha señalado anteriormente, las diferencias existentes entre los sistemas jurídicos nacionales lo impide. Aún sobre los aspectos teóricos y metodológicos, buscamos seguir una vertiente critico-metodológica que, en las palabras de GUSTIN y DIAS : Supone una teoría crítica de la realidad y sostiene dos tesis de gran valor para repensar la ciencia del derecho y de sus fundamentos y objeto: la primera sostiene que el pensamiento jurídico es tópico y no deductivo, es problemático y no sistemático. Esa tesis trabaja con la idea de la razón práctica y de la razón prudencial para favorecer la decisión jurídica. La segunda tesis forma parte de la versión postulada por la teoría del discurso y por la teoría de la argumentación. Esa línea comprende el derecho como una red compleja de lenguajes y significados. Por supuesto, la multidisciplinariedad que siempre está presente en el tema de la protección del medio ambiente deberá abordarse desde el contexto de los temas transversales, tales como la ecología, la biodiversidad, los recursos hídricos, la gestión de los residuos, etc. Estos temas se vinculan, sin duda, a la aplicación de los principios generales del derecho ambiental y a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Tampoco podremos dejar de tratar su perspectiva histórica. Aunque se ha descrito brevemente, tuvo especial relevancia para el conocimiento de las circunstancias en las cuales se basaron las políticas medioambientales europea y brasileña. La estructura es el soporte de una investigación, siendo además la base que otorga coherencia al estudio. Los contenidos que se abordarán a lo largo de la presente tesis son ciertamente heterogéneos, por lo que se hace necesario encontrar el modo de conectarlos adecuadamente. Como nuestra tesis se fundamenta en un examen eminentemente comparativo, es menester realizar una precisión de orden metodológico con relación al derecho comparado que se utilizará a lo largo de la presente investigación. Para facilitar el ejercicio de comparación que presentamos, hemos dividido la presente tesis doctoral en dos partes, subdivididas en ocho capítulos. En este formato, la primera parte trata de la evolución de las políticas medioambientales de la Unión Europea y de Brasil. En el capítulo I nos dedicaremos al estudio de la evolución histórica y de la contextualización del concepto y de la definición del principio de desarrollo sostenible a fin de demostrar el camino recorrido hasta su concepción multidimensional actual. En el capítulo II, antes de adentrarnos en el tema de los principios generales del medio ambiente, presentaremos breves consideraciones sobre la distinción doctrinal entre principios y reglas jurídicas. A continuación, abordaremos el principio de ¿No Regresión¿, poniendo de relieve su importancia como principio rector del derecho ambiental. También destacaremos la interrelación entre la evaluación de impacto ambiental y los más importantes principios funcionales del derecho ambiental, además de señalar su conexión con el principio de integración ambiental y con el objetivo del desarrollo sostenible. En el capítulo III analizaremos brevemente la política medioambiental de la Unión Europea, destacando los aspectos que consideramos más relevantes para la comprensión de la evolución de la política medioambiental en el viejo continente, sobre todo intentando comprender porqué y de qué manera la UE está siendo capaz de lograr inserir la preservación ambiental en todas las acciones y políticas que repercuten en el medio ambiente. En el capítulo IV nos dedicaremos a describir y averiguar cómo se desarrolló la política medioambiental en Brasil. En este capítulo, presentaremos las bases del nuevo constitucionalismo ambiental brasileño, o sea, el estado de derecho socioambiental, instituido en Brasil por la Constitución Federal de 1988. La segunda parte es, indudablemente, el núcleo principal de la tesis doctoral, en la cual describimos la actual estructura del régimen jurídico brasileño de evaluación de impacto ambiental, analizándolo desde una visión crítica, a fin de determinar las vicisitudes que esta estructura comporta en aras de fijar los elementos que pueden ser modificados y perfeccionados. En el Capítulo V, realizaremos un análisis de la evolución histórica de la evaluación de impacto ambiental, abordando sus antecedentes y evolución en Europa. En seguida pasaremos al estudio de la evaluación ambiental de proyectos analizando los principales aspectos de esa herramienta jurídica en Brasil y en España y mencionando, aunque brevemente, el sistema francés de evaluación de impacto ambiental de proyectos. El capítulo VI se dedicará al estudio de la evaluación ambiental estratégica. Se pondrán de relieve las principales diferencias entre la EIA y la EAE, con el objetivo de comprobar que los dos instrumentos son complementarios e igualmente necesarios para el funcionamiento de un sistema de evaluación de impacto ambiental que se desee eficaz y eficiente. En este capítulo destacaremos la importancia de la evaluación ambiental estratégica de las leyes y de las políticas públicas. Aunque la aplicación de tales modalidades de evaluación estratégica no tenga carácter obligatorio en los Estados miembros de la UE es el objetivo de este estudio demostrar que son también necesarias para concretar el principio de integración ambiental, ya que es incontestable que las leyes y las políticas públicas pueden generar impactos significativos en el medio ambiente. En el capítulo VII trataremos de la participación ciudadana en la evaluación del impacto ambiental. A partir de consideraciones sobre la participación ciudadana en los regímenes jurídicos brasileño y español, intentaremos aportar sugerencias para ampliar la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental. La propuesta institucional expuesta en el Capítulo VIII constituye la verdadera aportación de la tesis doctoral, al establecer las características, la naturaleza jurídica y los requisitos que deberán orientar la institucionalización de la evaluación ambiental estratégica en Brasil. Para conseguir este objetivo, analizaremos en primer lugar los efectos de las políticas neoliberales implantadas en Brasil en los últimos años. A partir de los errores identificados en la política medioambiental de nuestro país en una sociedad de riesgo, indicaremos las razones que nos llevan a considerar la evaluación ambiental estratégica como uno de los instrumentos más eficaces para garantizar la sostenibilidad, que solo se alcanzará poniendo en práctica el principio de integración de la protección del medio ambiente en todas las acciones públicas de desarrollo. Finalmente, destacamos que nuestra aportación se basa en la creación de un sistema que incremente el grado de protección volcada hacia la tutela anticipatoria de los riesgos que podrían causar daños al medioambiente. CONCLUSIONES PRIMERA: Se constata que en Brasil los efectos ambientales de las acciones de desarrollo económico no son sistemáticamente evaluados, ya sea en el ámbito federal, por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), o ya sea en el ámbito estatal, por los distintos organismos estatales con competencia en materia medioambiental. En este sentido, se ha pronunciado una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la Unión Federal ¿ TCU en 2009, que ha puesto de relieve que el IBAMA en el proceso de otorgamiento de licencias ambientales no tiene un sistema eficiente para evaluar los beneficios de la concesión de licencias y el impacto real de las obras o emprendimientos licenciados en el medio ambiente. Y, además, señala que no son utilizados por el citado instituto (IBAMA) instrumentos capaces de identificar y medir los beneficios, ni siquiera saber si las medidas de preservación del medio ambiente están siendo adoptadas por los responsables. Hay una falta sistemática de seguimiento de las licencias concedidas. La falta de seguimiento del impacto ambiental de las actividades licenciadas obstaculiza el desarrollo de normas y criterios para orientar a los promotores y a sus equipos técnicos en la preparación del estudio de impacto ambiental, lo que genera un círculo vicioso. Además, con mayor seguridad en torno a la falta de seguimiento de las licencias ambientales, se observa, asimismo, que, en Brasil, acarrea la ausencia de verificación y por tanto la imposibilidad de proponer medidas para disminuir los impactos ambientales negativos de la obra o actividad, permitiendo que ocurra graves e irreversibles daños ambientales. Además, se constata que en Brasil durante el procedimiento de otorgamiento de licencias ambientales se producen indeseables injerencias, como las presiones políticas para la concesión de licencias, como hemos visto ha tenido lugar con la autorización de la Central Hidroeléctrica de Belo Monte. SEGUNDA: Se constata la escasa efectividad del sistema de evaluación del impacto ambiental en Brasil. Las causas que motivan esta escasa efectividad pueden resumirse en las siguientes: a) La no vinculación del órgano ambiental responsable de la concesión de licencias ambientales a lo apuntado en los estudios técnicos realizados durante el procedimiento de licenciamiento ambiental. b) La no vinculación del órgano ambiental responsable de la concesión de licencias a lo discutido en las audiencias públicas, excluyéndose a los ciudadanos de la participación en el proceso de toma de decisiones. c) La baja calidad de los estudios técnicos y la inconsistencia de sus diagnósticos, dada la falta de una valoración adecuada de los proyectos, lo que lleva a resultados y conclusiones negligentes, contrarios a la teoría y estudios científicos existentes. d) La falta de imparcialidad de los técnicos contratados, que presentan análisis tendenciosos y de baja calidad técnica para apoyar los objetivos de los proponentes del proyecto. e) La vulneración del derecho de los ciudadanos de acceso a la información medioambiental. f) La ausencia de sanciones efectivas, tanto de naturaleza civil, como penal, a los funcionarios responsables de la expedición de licencias, así como a los técnicos responsables de la elaboración de los estudios medioambientales e incluso a los proponentes de los proyectos, por incumplimiento de las normas que regulan la evaluación de impacto ambiental en Brasil, cuando sea pertinente y esté prevista en el ordenamiento jurídico vigente. TERCERA: Como ha quedado expuesto, la evaluación de impacto ambiental de proyectos y la evaluación ambiental estratégica son instrumentos complementarios e interdependientes. Como hemos señalado, un sistema de evaluación de impacto ambiental para que sea completo, eficaz y eficiente necesita establecer la evaluación de los impactos ambientales desde la fase embrionaria del proceso de toma de decisiones, esto es, desde la fase del planeamiento estratégico del desarrollo, cuando, al menos en teoría, todas las opciones aún están abiertas, incluso, la opción cero, que significa no realizar la acción cuando los estudios ambientales realizados demuestren que sus potenciales beneficios no justificarían los perjuicios que su implementación traería al medio ambiente. Pues bien, en virtud de lo expuesto, concluimos que el sistema de evaluación de impacto ambiental brasileño es incompleto, ineficiente e ineficaz, ya que no determina, no contempla, la evaluación de impacto ambiental a partir de la fase del planeamiento estratégico. CUARTA: El crecimiento económico continua siendo el principal objetivo de las políticas públicas en Brasil, que posterga y desplaza a un segundo plano la protección ambiental. En este sentido, hemos podido comprobar cómo alcanza incluso al Poder Legislativo que ha dado origen a un movimiento de flexibilización de la legislación de protección del medio ambiente. Así pues, bajo la ¿justificación¿ (burda excusa) de que el rigor de las leyes ambientales está suponiendo un obstáculo para el crecimiento económico del país, se están promulgando leyes que permiten la ocupación irrestricta de áreas de protección ambiental, que amnistían de penalidades a los causadores de daños ambientales o que flexibilizan las normas procedimentales de protección ambiental, que están permitiendo autorizar obras y actividades sin que sus impactos ambientales sean previamente evaluados, causando un grave retroceso en materia de protección medioambiental y desarrollo sostenible. QUINTA: Además de lo anterior, también hemos puesto de relieve en nuestro estudio la ausencia de reglamentación jurídica de la EAE en Brasil. A nuestro juicio, ésta es la principal deficiencia del régimen jurídico brasileño de evaluación de impacto ambiental. Tal deficiencia le impide a Brasil hacer efectivo el principio de integración de la protección del medio ambiente en su proceso de crecimiento económico, sobre todo, ello es aún más grave si se tiene en cuenta que el desarrollo sostenible constituye un principio y un objetivo del Estado de Derecho Socioambiental establecido por la Constitución Federal de 1988. Por ello, ante esta grave deficiencia del ordenamiento jurídico ambiental brasileño, hemos propuesto (con la finalidad de suplir esta laguna jurídica) una metodología inspirada en el derecho comparado, en el derecho europeo y en la normativa de algunos de sus Estados miembros, para que, sobre todo (sin ánimo de exhaustividad en este momento) se someta a evaluación de impacto ambiental las decisiones públicas desde la fase de su planificación, gestionando los riesgos al medio ambiente, garantizando que la participación ciudadana sea real y efectiva en dicho procedimiento, lo que conferirá mayor legitimidad a las políticas públicas. Además, nuestra propuesta llega más lejos, pues, entendemos que en Brasil no solo los planes y programas capaces de generar impactos ambientales significativos deben ser sometidos a EAE, sino que también deben serlo las leyes que tengan tal potencialidad. Entendemos que de ser así, en Brasil se daría un gran paso para alcanzar el reto que supone avanzar hacia un verdadero ¿desarrollo sostenible¿. BIBLIOGRAFÍA MÁS RELEVANTE A. LIBROS BAUMAN Z. La globalización. Consecuencias humanas, Fondo de cultura económica, México, 2010. BAUMAN, Z. Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, 2002. BECK, U. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 1998. BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade, 2a edición, Editora 34, São Paulo, 2011. CUYÁS PALAZÓN, M. M. Urbanismo Ambiental y Evaluación Estratégica, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2007. ESTEVE PARDO, J. El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de la ciência, Marcial Pons, Madrid, 2009. ESTEVE PARDO, J. Ley de Responsabilidad Medioambiental Comentario Sistemático, Marcial Pons, Madrid, 2008. ESTEVE PARDO, J. Derecho del medio ambiente, 2ª edición, Marcial Pons, Madrid, 2008. 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Este documento recoge las principales conclusiones del seminario «Una Alianza para el Futuro entre la Unión Europea y América Latina y Caribe», organizado por CIDOB el 8 de abril de 2024 y financiado por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales. En un contexto internacional convulso, el objetivo es analizar algunas de las principales cuestiones planteadas en las negociaciones a partir de los primeros documentos surgidos de las mismas y tratar de vincularlas a los retos que plantea la reactivación de la Agenda de cooperación entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) tras la cumbre celebrada en Bruselas en julio de 2023. Se pretende identificar cuáles son los elementos de posible convergencia para proporcionar una mayor dimensión estratégica a la relación interregional al tiempo que se impulsa una institucionalidad internacional más inclusiva y eficaz.







La iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de convocar una Cumbre para aprobar un Pacto del Futuro ha generado una serie de debates y negociaciones que son el punto de partida para abordar tres temas estratégicos: en primer lugar, las propuestas de transformación de la arquitectura financiera internacional y sobre la financiación del desarrollo para tratar de reducir el déficit creciente de recursos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en segundo lugar, los debates relacionados con la transición digital, atendiendo tanto a la prevención y reducción de las brechas digitales, como a la necesidad de mejorar la gobernanza del uso de los avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial (IA); finalmente, en tercer lugar, las propuestas para la elaboración de la Declaración sobre las Generaciones Futuras, que busca promover la protección de sus derechos con un enfoque intergeneracional a medio y largo plazo.1. La arquitectura financiera internacional y el déficit de financiación del desarrolloEl sistema financiero internacional vigente no ha sabido responder eficazmente a las crisis económicas, financieras, energéticas o sanitarias de las últimas décadas, y los actuales mecanismos de financiación no son suficientes para afrontar los retos que plantea la agenda de desarrollo. Muchos países están en niveles históricos de endeudamiento, lo que les impide financiar las políticas económicas y sociales que impulsen la agenda de desarrollo. Ello se debe, en gran medida, a la vulnerabilidad ante las crisis. El imperativo de dar respuestas a las urgencias a corto plazo y el escaso margen de espacio fiscal impiden financiar reformas políticas indispensables. América Latina y el Caribe (ALC) y la UE también son vulnerables a la inestabilidad financiera y han tenido que hacerle frente, aunque con capacidades e instrumentos regionales asimétricos. Ambas son conscientes de la necesidad de respuestas globales, pero la reforma de la arquitectura institucional financiera es una cuestión compleja y multidimensional que enfrenta resistencias. Una primera cuestión de debate son las reformas institucionales necesarias para dar respuesta a las crisis financieras y fortalecer una red de seguridad que asista a los países más débiles. Desde la gran crisis del 2008, sucesivas crisis han puesto en tensión el sistema multilateral, pero las instituciones financieras, no solo no han respondido eficazmente a ellas, sino que han contribuido a los desequilibrios. Un ejemplo es el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que a cada miembro se le asigna una cuota basada en su posición relativa en la economía mundial y determina su poder de decisión y la cantidad de recursos a la que tiene acceso. En la reforma de 2010 la modificación de la proporción de votos del FMI no cambió significativamente las cuotas. En la revisión más reciente de 2020, no hubo modificaciones en las cuotas compartidas ni en las asignaciones de derechos especiales de giro (DEG). La siguiente oportunidad para que el FMI altere la proporción de votos entre países será en 2028. Este sistema refuerza las desigualdades históricas: alrededor del 70%, 450.000 millones de DEG, del total de los emitidos durante las cuatro asignaciones generales históricas del FMI se destinó a los 57 países más ricos. Por el contrario, los países más vulnerables, de bajo nivel de renta, recibieron una proporción de las asignaciones totales del 2%, 10.500 millones de DEG (Bulletin de la Banque de France, 2023).En la Declaración de la Cumbre UE-CELAC de 2023 se reconoce la necesidad fortalecer la colaboración en las instituciones financieras internacionales y reforzar el nivel de participación que garantice la representación de los países en desarrollo (p. 18). Asimismo, el borrador cero del Pacto del Futuro llama a una reforma de la arquitectura financiera internacional y a modernizarla para que refleje la realidad del mundo actual (p. 139-140). Pero, aunque la demanda de una estructura institucional más equilibrada es generalizada, no parece haber una propuesta concreta de ninguna coalición para aumentar la representación de los países de ALC en las instituciones financieras similar a los exitosos esfuerzos de los líderes africanos por lograr un asiento de la Unión Africana en el G20 y un tercer asiento del África subsahariana en el directorio ejecutivo del FMI. En 2024, durante la presidencia del G20 de Brasil, el Grupo de trabajo sobre Arquitectura financiera internacional se ha propuesto debatir, entre otras cosas, la demanda de una representatividad más efectiva y equitativa en las instituciones financieras. Sin embargo, debido a la falta de cooperación regional, las propuestas de ALC en su conjunto para reformar la arquitectura financiera no parecen llegar a la agenda internacional para la Cumbre del Futuro.Otro de los temas fundamentales es el de la sostenibilidad de la deuda soberana. Existe consenso internacional en que es muy importante fortalecer la red de seguridad para los países que sufren una mayor vulnerabilidad al cambio climático y los riesgos naturales. Desde el Caribe, la Iniciativa Bridgetown, presentada por Barbados, hizo propuestas de políticas que cubren la reforma de la deuda, el apoyo a la liquidez y el comercio, y la gobernanza. En la declaración UE-CELAC acordaron seguir de cerca estas iniciativas, pero a pesar de los actuales niveles históricos de endeudamiento, las cuestiones relativas a la gestión de la deuda soberana han estado bastante ausentes, debido a que los países que presentan problemas en este sentido no generan riesgos sistémicos.Cabe señalar, además, que la mayoría de la deuda externa se encuentra en manos de acreedores privados. Pero, para aquellos países que no tienen acceso al mercado de crédito, los bancos multilaterales son la principal fuente de recursos. Por ello, existe consenso en que estos bancos necesitan tener políticas que se ajusten a las realidades de los países en desarrollo. El Pacto de París para las Personas y el Planeta, adoptado en la Cumbre de junio de 2023 y apoyado por treinta y cinco gobiernos de África, Asia, Europa y América Latina, pidió tratamientos de suspensión de deuda acelerados y una mejor coordinación entre los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para movilizar préstamos de bajo costo tomando en consideración las necesidades de los países en desarrollo para poder enfrentar las crisis financieras. En cuanto a los mecanismos, la posibilidad de canje de deuda por sostenibilidad se considera un avance importante para evitar las crisis de deuda soberana. Se trata de un instrumento que la CARICOM ha puesto sobre la mesa con mucha fuerza aunque existe una crítica sobre si estos instrumentos y mecanismos de los BMD son suficientemente transformadores.La sección dedicada a la reforma de la arquitectura de la deuda del borrador cero del Pacto del Futuro menciona la necesidad de hacer propuestas que permitan formular recomendaciones concretas para su reforma (párrafo 14) en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en 2025. Sin embargo, algunos países, como México, advierten que se debe evitar un proceso en el que la financiación para el desarrollo esté indebidamente vinculada a cuestiones de reforma de la gobernanza. La creación de un marco jurídico vinculante y multilateral de la ONU sobre la deuda que garantice una amplia cancelación de la deuda, aunque parece necesaria para reestructurar los actuales desequilibrios sin hipotecar el desarrollo, no forma parte de las propuestas que se están negociando en el Pacto. Sin embargo, sí figura en la agenda para la Cumbre Mundial sobre Financiación del Desarrollo prevista para 2025 y debería ser objeto de propuestas más concretas.La financiación del desarrollo para dar un impulso a la Agenda 2030 es otro de los ejes del debate sobre el Pacto del Futuro y ahí donde la relación UE-ALC ha dedicado más esfuerzos. El informe América Latina y el Caribe ante el desafío de acelerar el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030: transiciones hacia la sostenibilidad, de abril de 2024, muestra que la región ha sufrido retrocesos en un 32% de las metas de cumplimiento de los ODS desde la medición anterior. Existen problemas estructurales que impiden el progreso. Según el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2023, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las políticas actuales no articulan un desarrollo para el conjunto de la región, sino solamente para algunos países en función de sus recursos naturales, como el triángulo del litio. En lugar de ayudar a los países a integrarse al desarrollo, hay una tendencia hacia una mayor desigualdad y fragmentación regional. La región necesita insertarse en las cadenas de valor globales, y el desafío es hacerlo de manera inteligente y no repetir errores del pasado. Hoy en día, alrededor del 75% de las exportaciones de la región están vinculadas a materias primas. América Latina necesita políticas que fomenten el desarrollo económico y la colaboración público-privada. Los BMD trabajan en conexión con el G-20 para alinear procesos y estándares, y utilizar mejor el capital existente para movilizar más recursos del sector privado. El punto de partida es que el capital de ningún banco multilateral de desarrollo es suficiente para hacer frente a cualquier tipo de demanda en ALC o a nivel global. Por lo tanto, todo el trabajo innovador se orienta hacia la creación de incentivos adecuados, el desarrollo de instrumentos novedosos y la reducción del riesgo que el sector privado pueda percibir al ingresar en algunas geografías. Las acciones desde los BMD, como los canjes de deuda por sostenibilidad, tienen como objetivo incentivar al sector privado a lanzarse e invertir. La iniciativa Global Gateway de la UE encaja aquí, ya que a pesar del gran interés geopolítico para los gobiernos europeos y también del sector privado, los incentivos para estos en ALC no son evidentes. Es necesario impulsar una estrategia general para una economía más diversificada y transformar la estructura productiva, identificando qué sectores pueden impulsar una mayor productividad e inversión en tecnología. La idea central de la Agenda de inversiones del Global Gateway en América Latina es que la transición verde y digital tienen el potencial de diversificar las economías y generar empleo formal, sin embargo, esta iniciativa podría también percibirse como la réplica de una lógica de extractivismo en búsqueda de intereses estratégicos en la nueva competición global, como los paquetes que proveen China y Estados Unidos. Así, frente a planes billonarios como los del presidente Xi Jinping para sostener el crecimiento de China, o el de reindustrialización del presidente Biden en Estados Unidos, la respuesta europea no puede operar al mismo nivel porque no tiene los mismos recursos para competir. Quizá en Centroamérica y el Caribe, donde los países dependen mucho más de la ayuda al desarrollo, podría ser efectivo, pero para los grandes como México y Brasil, no sería un factor detonante del desarrollo. Así pues, hay que pasar de la lógica de una política de ayuda al desarrollo a una política de desarrollo industrial en la que se destinen recursos capaces de generar incentivos para que el sector privado funcione e invierta, sin olvidar que el Global Gateway es un espacio de cooperación integral que va más allá de la inversión privada.Cabe señalar que ALC sí está involucrada en las cadenas de valor globales alimentarias, pero estas han tenido un impacto negativo en la degradación ambiental, la contaminación y la destrucción de la biodiversidad. Además, ha habido una gran influencia en los procesos legislativos parlamentarios, no solo de la agroindustria, sino también de la explotación minera. Cualquier intento de mejorar la inversión en ese ámbito a través del crédito y de la financiación, solo puede ser efectivo si hay normas muy claras de regulación de la responsabilidad jurídica corporativa. La UE y ALC deberían involucrarse en el proceso que se desarrolla en Naciones Unidas sobre responsabilidad jurídica de las transnacionales con respecto a los derechos humanos y el medio ambiente. Con la creación de instrumentos para incentivar al sector privado se corre el riesgo, además, de que los fondos de desarrollo acaben sirviendo para transferir recursos públicos a dicho sector. Por lo tanto, un tema fundamental para un pacto mundial es establecer un mínimo de imposición fiscal global. Es necesario, no solo para ampliar la base fiscal, sino también porque sin una fiscalidad internacional, no hay manera de gravar a las grandes fortunas en un contexto en el cual la desigualdad está creciendo enormemente. En este sentido, la OCDE ha estado impulsando la iniciativa de un impuesto mínimo a las corporaciones o empresas privadas, sobre todo vinculado a lo digital, para establecer un mínimo del 15% de impuesto global y para que se paguen impuestos donde las empresas generan ganancias. Es importante que esta iniciativa prosiga y se continúen implementando otros impuestos a nivel internacional, ya que es muy difícil que los países lo puedan hacer a escala nacional, porque desencadenaría la competencia por quién tiene los estándares más bajos. Asimismo, es importante que la UE y ALC se involucren en las propuestas en curso. Tras la Declaración de Nairobi de 2023, la UE está debatiendo una propuesta para un impuesto a las transacciones financieras con ingresos canalizados hacia inversiones climáticamente positivas, y la Cumbre de París para un Nuevo Pacto Financiero Mundial (2023) propuso un grupo de trabajo para abordar el tema. El borrador cero del Pacto del Futuro también propone continuar con las discusiones para una convención sobre cooperación internacional en materia de fiscalidad (p. 143). Otro componente clave es contar con mejores estructuras, políticas y capacidades, y avanzar hacia sistemas fiscales que sean más progresivos, que incentiven el emprendimiento y también reduzcan las desigualdades. Para que se logren estos objetivos es necesario abordar la cuestión social, así como las capacidades y la educación de los trabajadores. Dichas desigualdades son muy peligrosas para la democracia y la gobernanza, ya que deslegitiman enormemente el sistema democrático a los ojos de la ciudadanía y pueden conducir al populismo y al autoritarismo. En este sentido, el pilar social del Global Gateway sobre Sociedades Inclusivas y Equitativas es importante para fortalecer la resiliencia de las sociedades y el progreso social. Otro ámbito de interés relacionado con la justicia social es el de la seguridad ciudadana. El artículo 32 de la declaración final de la Cumbre UE-CELAC propone consolidar y reforzar las iniciativas de cooperación en materia de justicia y seguridad, combatiendo la delincuencia organizada en todas sus formas, así como la corrupción y el blanqueo de capitales, en particular mediante el desarrollo de capacidades. En este ámbito es muy relevante la cooperación internacional, pues a escala nacional los países no tienen suficientes herramientas para impedir la opacidad financiera. 2. Cooperación para la transición digital y la gobernanza de las nuevas tecnologíasLas negociaciones del Pacto del Futuro incluyen la adopción de un Pacto Mundial Digital —del que ya existe un borrador cero— que consta de diez principios y cinco objetivos. Entre estos últimos, los fundamentales son: cerrar las brechas digitales y acelerar el progreso en los ODS; ampliar las oportunidades de inclusión en la economía digital; y fomentar un espacio digital inclusivo, abierto, seguro y protegido, con una gobernanza internacional de datos equitativa, incluyendo las tecnologías emergentes como la IA. El Pacto Mundial Digital que Naciones Unidas está negociando no trata tanto de establecer reglas de gobernanza obligatorias, sino de disponer un mínimo de principios y recomendaciones comunes suficientemente consensuado en el que todos puedan sentirse incluidos.El borrador del pacto reconoce que cerrar las brechas digitales requiere inversiones significativas y alineadas por parte de los gobiernos y, en particular, el sector privado, y se compromete a invertir en la infraestructura digital mundial. También reconoce que es necesario garantizar la alfabetización digital y capacitar a los funcionarios públicos y las instituciones y trabajar en la creación de competencias. Considera, asimismo, que los motores clave de la transformación digital inclusiva son los bienes públicos digitales, y enuncia el compromiso de desarrollar infraestructuras públicas digitales en los países en desarrollo, con la transferencia voluntaria de tecnologías a los países en desarrollo y la promoción de iniciativas de intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología, así como la cooperación sur-sur y triangular. La cuestión es averiguar qué espacios de cooperación reales puede haber entre ALC y la UE para que la transición digital sea sostenible y justa y cómo lograr mayor soberanía digital para ambos en un contexto de creciente competencia entre las dos grandes potencias.Tanto en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas como en la UE existen iniciativas para tratar de abordar esta transición de forma equilibrada: en la CEPAL, mediante la Agenda digital eLAC2024, y en la UE, a través de la Estrategia Digital, que presentó en 2020. Asimismo, en el marco de la iniciativa Global Gateway, se lanzó en 2023 la Alianza Digital Unión Europea – América Latina y el Caribe, y la declaración de la cumbre UE-CELAC también recogía la necesidad de avanzar en la transición energética justa. Para que ésta avance, es necesario escuchar cuáles son las necesidades y las agendas de los países de ALC en función de las iniciativas que se están trabajando, tanto a nivel nacional como regional. Con frecuencia, existe un cierto desconocimiento acerca de lo que la región está haciendo y cuáles son los elementos importantes para la transformación digital en ALC.La región aún no ha resuelto las bases para la transformación digital inclusiva, tanto en el tema de infraestructura y conectividad como en el de habilidades y competencias digitales, así como en materia de gobernanza y seguridad. ALC es mejor consumiendo Internet que usándolo en el entorno productivo. La digitalización ha permitido el desarrollo de numerosas empresas de base tecnológica en la región (ocho de cada diez empresas emergentes fundadas son digitales), pero muchas de ellas terminan exportando y se pierden los encadenamientos con los procesos productivos. Por tanto, existe un espacio para mejorar ese vínculo y esa digitalización de los sectores productivos, tanto tradicionales como estratégicos. Un sector empresarial europeo digitalizado puede ser un aliado sustancial de ALC cooperando para implementar la transformación digital en los procesos productivos, en la economía digital, la innovación y el cambio del Internet del consumo al Internet de la producción. En Europa hay empresas de movilidad, infraestructura, energía, banca y seguros que aún tienen cierta ventaja frente a otros actores de ALC.Por otro lado, hay que considerar la importancia que esta transformación digital tiene para el bienestar social y cómo hacer que estos servicios lleguen a la mayor parte de la población y se conviertan en algo que sea útil para las personas. Eso implica garantizar la inclusión en el mundo digital, con la conectividad como condición necesaria. Los servicios públicos digitales permiten que las personas que no tienen acceso puedan obtenerlo, y sirven tanto para fortalecer emprendimientos a nivel local como para dar acceso a sectores económicos menos favorecidos. La Alianza Digital Unión Europea – América Latina, que se coordina desde la CEPAL, insiste en materializar la inclusividad en aspectos como la asequibilidad, los servicios para los dispositivos móviles, las habilidades digitales y la cobertura de redes, así como el acceso a estas, todo lo cual requiere un mayor nivel de inversión. Los países de la UE y ALC son aliados en el objetivo de abordar las brechas digitales y aprovechar la digitalización para avanzar o relanzar los ODS, en colaboración con otros organismos internacionales, como la CEPAL, la OCDE o la UNESCO. Es crucial que en estas relaciones de cooperación se incluya el aprendizaje de las plataformas de la sociedad civil que trabajan en temas digitales.Si se desencadena una movilización de recursos público-privada sustancial y se invierte, no solo en conectividad, sino también en ciberseguridad, nuevos sectores tecnológicos y nuevas oportunidades de servicios digitales, el Global Gateway puede ser una oportunidad financiera y geopolítica. Sin embargo, a pesar de que hay muchos valores comunes compartidos con la UE, también hay otros países sentados a la mesa. El modelo europeo no produce empresas de amplia innovación en lo digital, y los modelos americano y chino están ganando espacios en ese ámbito en ALC en cuanto a infraestructura digital. Pero la UE se encuentra en una posición más cercana a la de ALC frente a potencias digitales como China y Estados Unidos y puede haber un aprendizaje conjunto en la cuestión de cómo lograr mayor autonomía digital. Esto requiere mirar más allá de los intereses geopolíticos o de entender que el Global Gateway es solo una forma de recuperar posiciones como socio comercial e inversor. ALC y la UE pueden aprender juntos a adoptar una mirada crítica a los procesos de digitalización y los efectos de la transición digital en la ampliación de derechos y la reducción de brechas o la generación de bienestar. Sin embargo, no se puede obviar que existe una tensión entre valores e intereses. Durante mucho tiempo, la UE proyectó la voluntad de convertirse en la campeona de la regulación, aunque, en el caso de los temas digitales, se ha cuestionado si es lo suficientemente flexible, dado que no tiene ninguna empresa tecnológica líder. Los grandes jugadores globales son todos americanos o chinos y la actividad se concentra cada vez más en unos pocos actores, algo que representa un riesgo claro para algunos países que podrían convertirse en meros productores de datos mientras continúan pagando por los servicios. La Alianza Digital UE-ALC ha puesto mucho énfasis en la convergencia regulatoria, pero en realidad los países de la región que aún no han resuelto el tema de la infraestructura ven la excesiva regulación como un posible obstáculo para atraer inversiones.En la UE, la Estrategia Digital ha desarrollado un aparato normativo como el Reglamento general de protección de datos (2016) y el Reglamento sobre Gobernanza de Datos (2022) y está trabajando intensamente para crear un marco jurídico que regule la IA para establecer estándares de protección con la intención de globalizarlos. Algunos países terceros, también de Latinoamérica, han incorporado una parte los contenidos de dicha legislación en sus ordenamientos, provocando un efecto de difusión de una estandarización de protección de datos a nivel global. Pero otros se plantean si la UE es el ejemplo a seguir en materia regulatoria, ya que ha sido demasiado ambiciosa, algo que puede frenar la innovación, y prefieren una legislación más laxa. La UE ha visto la necesidad de regular antes de que la tecnología esté completamente consolidada, ya que después resulta mucho más difícil cambiar las reglas del juego. Los propios desarrolladores de IA ven necesaria una regulación para establecer unas bases mínimas globales, que a posteriori cada país o región pueda adaptar a sus especificidades. De hecho, muchos de ellos suspendieron sus operaciones para adaptarse a la regulación en curso en la UE. En los próximos meses y años se verá si otros países siguen la misma senda respecto a la normativa de la IA. Una dificultad añadida es que no puede haber muchas legislaciones divergentes porque hay muchas jurisdicciones en juego.Asimismo, existen cuestiones que afectan a la seguridad, la integridad y la intimidad de los ciudadanos, por lo que también se necesitan parámetros éticos para medir determinadas regulaciones. Un caso concreto sensible es el de los datos biométricos; por una parte, su uso puede aportar beneficios a los estados, especialmente en temas como seguridad o salud pública, pero, por otra, son datos personales que por su naturaleza identifican de manera única al individuo y deben protegerse.Las tecnologías digitales también tienen efectos disruptivos en sectores vulnerables: en las poblaciones campesinas y rurales, desplazando cultivos tradicionales; con plataformas como Uber o Airbnb, que contribuyen a la gentrificación y marginación de los sectores más empobrecidos de las ciudades, o con un impacto significativo en las condiciones laborales. Además, las grandes empresas que se encuentran detrás de la transición digital, y muchos de los contenidos ofrecidos en ALC y la UE, están vinculados a las plataformas y a paquetes de conectividad cerrados, lo que impide que surjan alternativas más diversificadas. Por lo tanto, es crucial garantizar que estos grandes creadores de contenidos sean regulados adecuadamente, y disponer de modelos alternativos que generen autonomía estratégica y que representen una oportunidad real para ampliar derechos. No se trata, pues, de no utilizar las innovaciones tecnológicas, sino de utilizarlas bien y de hacerlo con el propósito adecuado, incorporando una mirada crítica sobre los procesos de digitalización y transición digital. En este sentido, es problemático que dicha dimensión apenas se esté tratando en las discusiones del Pacto Digital Mundial que se está negociando en Naciones Unidas.El pacto propone reconocer las funciones y responsabilidades de todas las partes interesadas, se compromete a establecer las garantías adecuadas para prevenir y abordar cualquier impacto sobre los derechos humanos derivado del uso de tecnologías digitales y emergentes, y pide a las empresas de tecnología digital que incorporen la legislación sobre dichos derechos y se comprometan a promoverlos, protegerlos y respetarlos en línea.Cabe señalar que en la negociación del Pacto Digital, el tema de la gobernanza de las tecnologías emergentes, incluida la IA, genera tensiones: Estados Unidos ha presentado una resolución propia, paralela a la negociación del pacto, que se acordó en la última cumbre entre Estados Unidos y China. Por su lado, la UE defenderá su modelo y no aceptará reducir sus estándares mínimos de protección. Respecto a ALC, no parece que haya una visión propia, lo cual también tiene que ver con el hecho de que no negocia conjuntamente en Nueva York, algo que, de nuevo, es un problema institucional y de integración. Las soluciones siguen siendo básicamente nacionales, sin avanzar en respuestas regionales.En la balanza entre valores e intereses, es necesario encontrar un equilibrio, puesto que tanto los valores como los intereses son relevantes. En el Global Gateway los intereses compartidos son el motor principal, pero no se debe dejar de lado la dimensión ética y de equidad. Dicho enfoque representa una ventaja comparativa en las relaciones de la UE con ALC. Además, la demanda de regulación no surge del empeño de Bruselas, sino que es una solicitud de la sociedad civil para proteger sus derechos, algo que es compartido. Desde una mirada crítica sobre lo digital y su efecto en lo social, ALC debe ser mucho más estratégica y convertir la transición digital en una oportunidad para la ampliación de derechos económicos, sociales y ambientales. Esto implica permitir el acceso mediante la alfabetización digital y la capacitación de personas vulnerables, del medio rural y mayores, garantizando la protección en línea de los derechos de los ciudadanos. 3. Cooperación para garantizar los derechos de las generaciones futurasLas negociaciones del Pacto del Futuro incorporan la aprobación de una Declaración sobre las Generaciones Futuras de la que existe, también, un borrador cero. Este analiza cómo pensar y actuar en beneficio de las generaciones del futuro y promover la solidaridad y la responsabilidad intergeneracional, respetando los derechos humanos, incluyendo derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, a la vez que garantiza la sostenibilidad ambiental.El Pacto también pretende abarcar tanto a las generaciones presentes como a las del futuro, implicando los derechos de todos. Desde el artículo 28, el primer borrador de la Declaración busca establecer una interdependencia entre el compromiso con las generaciones futuras y cuestiones prácticas, como las relacionadas con la nueva medición de indicadores de desarrollo más allá del producto interior bruto (PIB), una herramienta esencial que podría construir la institucionalidad a largo plazo que se necesita para incorporar los derechos de las generaciones futuras en el proceso de toma de decisiones. Existe una voluntad de iniciar un diálogo sobre visiones de futuro y hacia dónde deberíamos dirigirnos, para que esas visiones guíen la acción política.En esa línea, en Europa se aprobaron los Principios de Maastricht sobre los derechos humanos de las generaciones futuras en febrero de 2023, mientras que en América Latina existen la Declaración especial por las generaciones futuras, la lucha global contra el cambio climático y el desarrollo sostenible de la CELAC, de septiembre de 2021, y la Declaración de Belém de los Estados Parte del Tratado Amazónico, de agosto de 2023, aunque estas últimas se vinculan, sobre todo con la sostenibilidad ambiental.Por parte de Europa, se ha reconocido la urgencia del reto y se ha incorporado la prospectiva como una prioridad política, aunque probablemente con un objetivo más orientado a navegar entre incertidumbres que a transformarlas. Sin embargo, no parece que la metodología prospectiva, que actualmente se utiliza en cierta medida en las instituciones públicas europeas, quede reflejada en las negociaciones de la declaración de Naciones Unidas. Sin embargo, en el proceso de la Cumbre, existe interés en la posibilidad de considerar algún tipo de protección legal para los intereses de las generaciones futuras por medio de nuevos mecanismos. Otra cuestión que preocupa en Europa es considerar que, a nivel global, las generaciones futuras estarán en África y Asia y hay que pensar qué tipo de implicaciones tendrá eso respecto a las relaciones entre la UE y ALC.Con respecto a las posiciones de ALC, la Declaración de la CELAC de 2021 refleja principalmente el deseo de los países de la región de obtener financiamiento frente a las consecuencias del cambio climático, amparándose en una responsabilidad histórica por las emisiones de Europa y los países industrializados. En ALC, las políticas están condicionadas por la recepción de financiación del Norte, más allá no existe una agenda operativa compartida. Existe, por tanto, una tensión entre las posiciones Norte-Sur en las relaciones UE-CELAC. Dos grandes temas se perfilan como centrales en las negociaciones: uno es la necesidad de promover sociedades inclusivas para las generaciones futuras y el otro es cómo incorporar a las generaciones futuras a los debates de la gobernanza global.El borrador de la Declaración incluye el compromiso de promover sociedades pacíficas, inclusivas y justas; eliminar las desigualdades históricas y estructurales; promover la diversidad cultural; preservar los ecosistemas y las comunidades; proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y garantizar la justicia climática para salvaguardar a las comunidades.De hecho, una gran inspiración de los Principios de Maastricht sobre los derechos humanos de las generaciones futuras fueron los pueblos indígenas, muchos de ellos latinoamericanos, que desde tiempos milenarios han considerado que son los cuidadores de los bienes que pertenecen a sus nietos y sus nietas, y que toman decisiones pensando en el impacto que pueden tener en un número determinado de generaciones en el futuro. Asimismo, se reconoce la relación intrínseca entre las personas y la naturaleza, rechazando la idea de dominación de la naturaleza por parte del ser humano.En ALC varias constituciones han recogido los derechos de las generaciones futuras e, igualmente, el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. En base a ello, ha habido jurisprudencia de varias cortes constitucionales que reconocen los derechos humanos de las generaciones futuras. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia histórica de marzo de 2024, en el caso Oroya contra Perú, condenó a dicho país por los daños causados por contaminación a la población, pero también tuvo en cuenta la equidad intergeneracional. Tanto en ALC como en Europa, movimientos juveniles, pero también campesinos y activistas reclaman la responsabilidad de las corporaciones y los estados de preservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.El tema de las generaciones futuras afecta a muchos ámbitos de la política pública, aunque normalmente no haya una representación de estas generaciones y sus derechos. Con todo, una preocupación importante durante las negociaciones de los Principios de Maastricht fue el tema de la justicia intergeneracional, teniendo en cuenta que nos encontramos cada vez generaciones más inequitativas. Una conclusión importante es que mientras no se corrijan las injusticias del presente y se reconozcan las del pasado, no habrá justicia para el futuro.Una disposición específica establece que los estados deben adoptar medidas especiales para eliminar y prevenir todas las formas de discriminación contra grupos y pueblos que han experimentado formas históricas o sistemáticas de discriminación como la esclavitud, el colonialismo, el racismo, las normas y prácticas discriminatorias de género y el patriarcado. Estas medidas deben incluir la eliminación y prevención de la transmisión intergeneracional de la desigualdad, la pobreza y la opresión, y los estados también deben corregir los efectos continuados de las injusticias del pasado con miras a garantizar que las generaciones presentes y futuras no sufran abusos similares. Esta disposición fue muy relevante para los representantes de grupos oprimidos y movimientos sociales, incluidos los rurales y de mujeres.En los principios de Maastricht, se destaca también la importancia del acceso a la información para la toma de decisiones sobre los derechos de las generaciones futuras, así como la necesidad de tener en cuenta las obligaciones extraterritoriales, especialmente en temas ambientales. Se mencionan, asimismo, los deberes y las responsabilidades de los agentes no estatales, como las empresas, que deben cumplir con la debida diligencia y asumir la responsabilidad legal. Se hace hincapié en la implementación de medidas legales para proteger a las víctimas e implementar remedios efectivos, que incluyen la rehabilitación, la prevención y las garantías de no repetición y restitución.En el primer borrador de la Declaración de Naciones Unidas, no se trata consistentemente el tema desde la perspectiva de los derechos, ya que solo se habla de intereses o necesidades. En este sentido, es importante que no solo la Declaración, sino todo el Pacto del Futuro incorpore la perspectiva de las generaciones futuras y es necesaria una lectura más holística sobre la gobernanza global. Esto conlleva cambios imprescindibles en la arquitectura financiera internacional, que deberían comprender la reestructuración o cancelación de la deuda, la tributación de la riqueza y el reconocimiento de la triple crisis planetaria, comprendiendo que muchas soluciones al cambio climático podrían afectar a otros componentes o los derechos humanos.Las normas deben reflejar los intereses de las personas, de modo que estas sientan aquellas como propias y no las perciban como algo derivado de las preocupaciones de los tecnócratas o de los sectores privilegiados. La Declaración propone cuatro posibles formas de incorporar la voz de las generaciones futuras en las Naciones Unidas: la creación de la figura de un Enviado Especial para las Generaciones Futuras, un foro anual para reafirmar y actualizar la responsabilidad con las generaciones futuras, incluir la cuestión de las generaciones futuras en el orden del día de la Asamblea General, y disponer de un informe anual sobre la puesta en práctica y la incorporación del pensamiento a largo plazo (p. 36).La idea del enviado que propone la Declaración gira en torno a la necesidad de que los jóvenes y los niños tengan una representación especial; sin embargo, existe el peligro de que aquellos que sufrirán los impactos de estas decisiones en el Sur global no tengan oportunidad de participar. Para garantizar una mayor diversidad y representación, es crucial que haya instituciones y organismos accesibles e inclusivos a todos los niveles, que incluyan a quienes han sido históricamente marginados. En este sentido, el problema radica en quién elige a los representantes a quienes se otorga acceso a las instituciones. Asimismo, es importante considerar cómo se movilizan los actores y cómo se interpretan sus intereses. Existe un riesgo significativo de cooptación y de reacción por parte de aquellos que no son invitados, no pueden participar y no se sienten escuchados. Las organizaciones de la sociedad civil a menudo tienen capacidades que los estados no poseen, pero a veces están vinculadas a ciertas agendas. Con frecuencia, son personas mayores quienes crean sistemas para evaluar los futuros impactos de las decisiones sobre los derechos de las generaciones venideras, pero lo hacen desde paradigmas inherentes a la suya propia. Eso provoca el desapego de los jóvenes, que se niegan a participar, rechazando ser instrumentalizados para legitimar la política. Es crucial buscar la legitimidad, no solo a través de la participación, sino también mediante resultados tangibles.Existe preocupación por el hecho de que en la Cumbre del Futuro las decisiones se tomarán por consenso, lo que, en el clima actual de polarización, podría significar un debilitamiento de los estándares ya aceptados por los estados. Además, se observa una reproducción de los grupos y clivajes existentes en otros foros, lo que dificulta la capacidad de instituciones como las Naciones Unidas para cambiar. Existe un riesgo de reeditar el camino ya trazado sin que se produzca una verdadera reforma. El valor agregado de este gran esfuerzo no es evidente, si no se impulsa una reforma real que logre relegitimar las instituciones multilaterales y mejorar su funcionamiento. Las dinámicas fuertemente intergubernamentales de las negociaciones de la Declaración no facilitan que la misma incorpore grandes innovaciones. Sin embargo, la puesta en común de los procesos participativos existente puede permitir el establecimiento de las bases para la incorporación de la perspectiva de la justicia intergeneracional en la agenda internacional.4. Una Cumbre ambiciosa en un contexto de incertidumbreLa iniciativa del secretario general para convocar la Cumbre del Futuro surgió de la constatación de que la gobernanza global se enfrenta a una crisis de legitimidad y de autoridad que afecta a su capacidad de dar respuesta a los retos globales y a los episodios traumáticos que han transformado a la sociedad internacional. Es un diagnóstico sobre el que hay un amplio consenso, aunque la forma en como remediarlo tiene perspectivas muy diversas. Tanto la UE como ALC están comprometidas con el multilateralismo y con una gobernanza basada en normas y, aunque hay aspectos en los que se dan posiciones divergentes, existe una voluntad de contribuir a recuperar la confianza en las instituciones internacionales. Y eso pasa por la reforma del sistema de Naciones Unidas.Ante la visión geopolítica del mundo dominante en la que prima la competencia entre diversos actores, es necesario que ambas regiones cooperen en base a intereses complementarios y valores comunes compartidos. Durante el seminario, en los tres ámbitos analizados que se están negociando para el Pacto del Futuro, se identificaron muchos objetivos comunes, pero también se evidenciaron las diferencias y las asimetrías entre los diversos actores implicados. En el ámbito de la reforma financiera internacional es donde radica una mayor complejidad y donde el componente geopolítico es más determinante. El Global Gateway ofrece una oportunidad para avanzar en una relación con una visión más estratégica que se adapte a las nuevas condiciones de la economía internacional en transformación. La Alianza Digital ofrece elementos de complementariedad y un interés compartido de evitar la confrontación entre las potencias digitales y ganar autonomía, aunque hay diferencias sobre el alcance de la convergencia regulatoria y el rol normativo de la UE. En la cuestión de los derechos de las generaciones futuras, en ambas regiones se da la presencia de movimientos sociales que piden responsabilidades a los estados y las corporaciones locales, pero también existen reclamos sobre la responsabilidad histórica de Occidente respecto a los pueblos originarios. Existe consenso sobre la necesidad de buscar mecanismos para la participación y la inclusión de las generaciones futuras en los diversos niveles de gobernanza, aunque la estructura intergubernamental de Naciones Unidas lo dificulta.Con un presente cargado de incertidumbre y urgencias, la llamada a pensar en un futuro más equitativo y próspero puede parecer ilusoria. Sin embargo, históricamente la manera de avanzar en la gobernanza global siempre ha sido ir construyendo a base de buscar consensos y crear alianzas. La Cumbre obliga a los estados a posicionarse sobre aquellas cuestiones de la agenda que precisan ser abordadas y a partir de allí las negociaciones pueden llegar a puntos en común. En sus relaciones birregionales, la UE y ALC, desde sus diferentes percepciones, intereses y situaciones, pueden y deben contribuir a la gobernanza global al tiempo que fortalecen la importancia estratégica de sus relaciones más allá de la competencia geopolítica global.

Este documento recoge las principales conclusiones del seminario «Una Alianza para el Futuro entre la Unión Europea y América Latina y Caribe», organizado por CIDOB el 8 de abril de 2024 y financiado por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales. En un contexto internacional convulso, el objetivo es analizar algunas de las principales cuestiones planteadas en las negociaciones a partir de los primeros documentos surgidos de las mismas y tratar de vincularlas a los retos que plantea la reactivación de la Agenda de cooperación entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) tras la cumbre celebrada en Bruselas en julio de 2023. Se pretende identificar cuáles son los elementos de posible convergencia para proporcionar una mayor dimensión estratégica a la relación interregional al tiempo que se impulsa una institucionalidad internacional más inclusiva y eficaz.







La iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de convocar una Cumbre para aprobar un Pacto del Futuro ha generado una serie de debates y negociaciones que son el punto de partida para abordar tres temas estratégicos: en primer lugar, las propuestas de transformación de la arquitectura financiera internacional y sobre la financiación del desarrollo para tratar de reducir el déficit creciente de recursos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en segundo lugar, los debates relacionados con la transición digital, atendiendo tanto a la prevención y reducción de las brechas digitales, como a la necesidad de mejorar la gobernanza del uso de los avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial (IA); finalmente, en tercer lugar, las propuestas para la elaboración de la Declaración sobre las Generaciones Futuras, que busca promover la protección de sus derechos con un enfoque intergeneracional a medio y largo plazo.1. La arquitectura financiera internacional y el déficit de financiación del desarrolloEl sistema financiero internacional vigente no ha sabido responder eficazmente a las crisis económicas, financieras, energéticas o sanitarias de las últimas décadas, y los actuales mecanismos de financiación no son suficientes para afrontar los retos que plantea la agenda de desarrollo. Muchos países están en niveles históricos de endeudamiento, lo que les impide financiar las políticas económicas y sociales que impulsen la agenda de desarrollo. Ello se debe, en gran medida, a la vulnerabilidad ante las crisis. El imperativo de dar respuestas a las urgencias a corto plazo y el escaso margen de espacio fiscal impiden financiar reformas políticas indispensables. América Latina y el Caribe (ALC) y la UE también son vulnerables a la inestabilidad financiera y han tenido que hacerle frente, aunque con capacidades e instrumentos regionales asimétricos. Ambas son conscientes de la necesidad de respuestas globales, pero la reforma de la arquitectura institucional financiera es una cuestión compleja y multidimensional que enfrenta resistencias. Una primera cuestión de debate son las reformas institucionales necesarias para dar respuesta a las crisis financieras y fortalecer una red de seguridad que asista a los países más débiles. Desde la gran crisis del 2008, sucesivas crisis han puesto en tensión el sistema multilateral, pero las instituciones financieras, no solo no han respondido eficazmente a ellas, sino que han contribuido a los desequilibrios. Un ejemplo es el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que a cada miembro se le asigna una cuota basada en su posición relativa en la economía mundial y determina su poder de decisión y la cantidad de recursos a la que tiene acceso. En la reforma de 2010 la modificación de la proporción de votos del FMI no cambió significativamente las cuotas. En la revisión más reciente de 2020, no hubo modificaciones en las cuotas compartidas ni en las asignaciones de derechos especiales de giro (DEG). La siguiente oportunidad para que el FMI altere la proporción de votos entre países será en 2028. Este sistema refuerza las desigualdades históricas: alrededor del 70%, 450.000 millones de DEG, del total de los emitidos durante las cuatro asignaciones generales históricas del FMI se destinó a los 57 países más ricos. Por el contrario, los países más vulnerables, de bajo nivel de renta, recibieron una proporción de las asignaciones totales del 2%, 10.500 millones de DEG (Bulletin de la Banque de France, 2023).En la Declaración de la Cumbre UE-CELAC de 2023 se reconoce la necesidad fortalecer la colaboración en las instituciones financieras internacionales y reforzar el nivel de participación que garantice la representación de los países en desarrollo (p. 18). Asimismo, el borrador cero del Pacto del Futuro llama a una reforma de la arquitectura financiera internacional y a modernizarla para que refleje la realidad del mundo actual (p. 139-140). Pero, aunque la demanda de una estructura institucional más equilibrada es generalizada, no parece haber una propuesta concreta de ninguna coalición para aumentar la representación de los países de ALC en las instituciones financieras similar a los exitosos esfuerzos de los líderes africanos por lograr un asiento de la Unión Africana en el G20 y un tercer asiento del África subsahariana en el directorio ejecutivo del FMI. En 2024, durante la presidencia del G20 de Brasil, el Grupo de trabajo sobre Arquitectura financiera internacional se ha propuesto debatir, entre otras cosas, la demanda de una representatividad más efectiva y equitativa en las instituciones financieras. Sin embargo, debido a la falta de cooperación regional, las propuestas de ALC en su conjunto para reformar la arquitectura financiera no parecen llegar a la agenda internacional para la Cumbre del Futuro.Otro de los temas fundamentales es el de la sostenibilidad de la deuda soberana. Existe consenso internacional en que es muy importante fortalecer la red de seguridad para los países que sufren una mayor vulnerabilidad al cambio climático y los riesgos naturales. Desde el Caribe, la Iniciativa Bridgetown, presentada por Barbados, hizo propuestas de políticas que cubren la reforma de la deuda, el apoyo a la liquidez y el comercio, y la gobernanza. En la declaración UE-CELAC acordaron seguir de cerca estas iniciativas, pero a pesar de los actuales niveles históricos de endeudamiento, las cuestiones relativas a la gestión de la deuda soberana han estado bastante ausentes, debido a que los países que presentan problemas en este sentido no generan riesgos sistémicos.Cabe señalar, además, que la mayoría de la deuda externa se encuentra en manos de acreedores privados. Pero, para aquellos países que no tienen acceso al mercado de crédito, los bancos multilaterales son la principal fuente de recursos. Por ello, existe consenso en que estos bancos necesitan tener políticas que se ajusten a las realidades de los países en desarrollo. El Pacto de París para las Personas y el Planeta, adoptado en la Cumbre de junio de 2023 y apoyado por treinta y cinco gobiernos de África, Asia, Europa y América Latina, pidió tratamientos de suspensión de deuda acelerados y una mejor coordinación entre los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para movilizar préstamos de bajo costo tomando en consideración las necesidades de los países en desarrollo para poder enfrentar las crisis financieras. En cuanto a los mecanismos, la posibilidad de canje de deuda por sostenibilidad se considera un avance importante para evitar las crisis de deuda soberana. Se trata de un instrumento que la CARICOM ha puesto sobre la mesa con mucha fuerza aunque existe una crítica sobre si estos instrumentos y mecanismos de los BMD son suficientemente transformadores.La sección dedicada a la reforma de la arquitectura de la deuda del borrador cero del Pacto del Futuro menciona la necesidad de hacer propuestas que permitan formular recomendaciones concretas para su reforma (párrafo 14) en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en 2025. Sin embargo, algunos países, como México, advierten que se debe evitar un proceso en el que la financiación para el desarrollo esté indebidamente vinculada a cuestiones de reforma de la gobernanza. La creación de un marco jurídico vinculante y multilateral de la ONU sobre la deuda que garantice una amplia cancelación de la deuda, aunque parece necesaria para reestructurar los actuales desequilibrios sin hipotecar el desarrollo, no forma parte de las propuestas que se están negociando en el Pacto. Sin embargo, sí figura en la agenda para la Cumbre Mundial sobre Financiación del Desarrollo prevista para 2025 y debería ser objeto de propuestas más concretas.La financiación del desarrollo para dar un impulso a la Agenda 2030 es otro de los ejes del debate sobre el Pacto del Futuro y ahí donde la relación UE-ALC ha dedicado más esfuerzos. El informe América Latina y el Caribe ante el desafío de acelerar el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030: transiciones hacia la sostenibilidad, de abril de 2024, muestra que la región ha sufrido retrocesos en un 32% de las metas de cumplimiento de los ODS desde la medición anterior. Existen problemas estructurales que impiden el progreso. Según el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2023, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las políticas actuales no articulan un desarrollo para el conjunto de la región, sino solamente para algunos países en función de sus recursos naturales, como el triángulo del litio. En lugar de ayudar a los países a integrarse al desarrollo, hay una tendencia hacia una mayor desigualdad y fragmentación regional. La región necesita insertarse en las cadenas de valor globales, y el desafío es hacerlo de manera inteligente y no repetir errores del pasado. Hoy en día, alrededor del 75% de las exportaciones de la región están vinculadas a materias primas. América Latina necesita políticas que fomenten el desarrollo económico y la colaboración público-privada. Los BMD trabajan en conexión con el G-20 para alinear procesos y estándares, y utilizar mejor el capital existente para movilizar más recursos del sector privado. El punto de partida es que el capital de ningún banco multilateral de desarrollo es suficiente para hacer frente a cualquier tipo de demanda en ALC o a nivel global. Por lo tanto, todo el trabajo innovador se orienta hacia la creación de incentivos adecuados, el desarrollo de instrumentos novedosos y la reducción del riesgo que el sector privado pueda percibir al ingresar en algunas geografías. Las acciones desde los BMD, como los canjes de deuda por sostenibilidad, tienen como objetivo incentivar al sector privado a lanzarse e invertir. La iniciativa Global Gateway de la UE encaja aquí, ya que a pesar del gran interés geopolítico para los gobiernos europeos y también del sector privado, los incentivos para estos en ALC no son evidentes. Es necesario impulsar una estrategia general para una economía más diversificada y transformar la estructura productiva, identificando qué sectores pueden impulsar una mayor productividad e inversión en tecnología. La idea central de la Agenda de inversiones del Global Gateway en América Latina es que la transición verde y digital tienen el potencial de diversificar las economías y generar empleo formal, sin embargo, esta iniciativa podría también percibirse como la réplica de una lógica de extractivismo en búsqueda de intereses estratégicos en la nueva competición global, como los paquetes que proveen China y Estados Unidos. Así, frente a planes billonarios como los del presidente Xi Jinping para sostener el crecimiento de China, o el de reindustrialización del presidente Biden en Estados Unidos, la respuesta europea no puede operar al mismo nivel porque no tiene los mismos recursos para competir. Quizá en Centroamérica y el Caribe, donde los países dependen mucho más de la ayuda al desarrollo, podría ser efectivo, pero para los grandes como México y Brasil, no sería un factor detonante del desarrollo. Así pues, hay que pasar de la lógica de una política de ayuda al desarrollo a una política de desarrollo industrial en la que se destinen recursos capaces de generar incentivos para que el sector privado funcione e invierta, sin olvidar que el Global Gateway es un espacio de cooperación integral que va más allá de la inversión privada.Cabe señalar que ALC sí está involucrada en las cadenas de valor globales alimentarias, pero estas han tenido un impacto negativo en la degradación ambiental, la contaminación y la destrucción de la biodiversidad. Además, ha habido una gran influencia en los procesos legislativos parlamentarios, no solo de la agroindustria, sino también de la explotación minera. Cualquier intento de mejorar la inversión en ese ámbito a través del crédito y de la financiación, solo puede ser efectivo si hay normas muy claras de regulación de la responsabilidad jurídica corporativa. La UE y ALC deberían involucrarse en el proceso que se desarrolla en Naciones Unidas sobre responsabilidad jurídica de las transnacionales con respecto a los derechos humanos y el medio ambiente. Con la creación de instrumentos para incentivar al sector privado se corre el riesgo, además, de que los fondos de desarrollo acaben sirviendo para transferir recursos públicos a dicho sector. Por lo tanto, un tema fundamental para un pacto mundial es establecer un mínimo de imposición fiscal global. Es necesario, no solo para ampliar la base fiscal, sino también porque sin una fiscalidad internacional, no hay manera de gravar a las grandes fortunas en un contexto en el cual la desigualdad está creciendo enormemente. En este sentido, la OCDE ha estado impulsando la iniciativa de un impuesto mínimo a las corporaciones o empresas privadas, sobre todo vinculado a lo digital, para establecer un mínimo del 15% de impuesto global y para que se paguen impuestos donde las empresas generan ganancias. Es importante que esta iniciativa prosiga y se continúen implementando otros impuestos a nivel internacional, ya que es muy difícil que los países lo puedan hacer a escala nacional, porque desencadenaría la competencia por quién tiene los estándares más bajos. Asimismo, es importante que la UE y ALC se involucren en las propuestas en curso. Tras la Declaración de Nairobi de 2023, la UE está debatiendo una propuesta para un impuesto a las transacciones financieras con ingresos canalizados hacia inversiones climáticamente positivas, y la Cumbre de París para un Nuevo Pacto Financiero Mundial (2023) propuso un grupo de trabajo para abordar el tema. El borrador cero del Pacto del Futuro también propone continuar con las discusiones para una convención sobre cooperación internacional en materia de fiscalidad (p. 143). Otro componente clave es contar con mejores estructuras, políticas y capacidades, y avanzar hacia sistemas fiscales que sean más progresivos, que incentiven el emprendimiento y también reduzcan las desigualdades. Para que se logren estos objetivos es necesario abordar la cuestión social, así como las capacidades y la educación de los trabajadores. Dichas desigualdades son muy peligrosas para la democracia y la gobernanza, ya que deslegitiman enormemente el sistema democrático a los ojos de la ciudadanía y pueden conducir al populismo y al autoritarismo. En este sentido, el pilar social del Global Gateway sobre Sociedades Inclusivas y Equitativas es importante para fortalecer la resiliencia de las sociedades y el progreso social. Otro ámbito de interés relacionado con la justicia social es el de la seguridad ciudadana. El artículo 32 de la declaración final de la Cumbre UE-CELAC propone consolidar y reforzar las iniciativas de cooperación en materia de justicia y seguridad, combatiendo la delincuencia organizada en todas sus formas, así como la corrupción y el blanqueo de capitales, en particular mediante el desarrollo de capacidades. En este ámbito es muy relevante la cooperación internacional, pues a escala nacional los países no tienen suficientes herramientas para impedir la opacidad financiera. 2. Cooperación para la transición digital y la gobernanza de las nuevas tecnologíasLas negociaciones del Pacto del Futuro incluyen la adopción de un Pacto Mundial Digital —del que ya existe un borrador cero— que consta de diez principios y cinco objetivos. Entre estos últimos, los fundamentales son: cerrar las brechas digitales y acelerar el progreso en los ODS; ampliar las oportunidades de inclusión en la economía digital; y fomentar un espacio digital inclusivo, abierto, seguro y protegido, con una gobernanza internacional de datos equitativa, incluyendo las tecnologías emergentes como la IA. El Pacto Mundial Digital que Naciones Unidas está negociando no trata tanto de establecer reglas de gobernanza obligatorias, sino de disponer un mínimo de principios y recomendaciones comunes suficientemente consensuado en el que todos puedan sentirse incluidos.El borrador del pacto reconoce que cerrar las brechas digitales requiere inversiones significativas y alineadas por parte de los gobiernos y, en particular, el sector privado, y se compromete a invertir en la infraestructura digital mundial. También reconoce que es necesario garantizar la alfabetización digital y capacitar a los funcionarios públicos y las instituciones y trabajar en la creación de competencias. Considera, asimismo, que los motores clave de la transformación digital inclusiva son los bienes públicos digitales, y enuncia el compromiso de desarrollar infraestructuras públicas digitales en los países en desarrollo, con la transferencia voluntaria de tecnologías a los países en desarrollo y la promoción de iniciativas de intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología, así como la cooperación sur-sur y triangular. La cuestión es averiguar qué espacios de cooperación reales puede haber entre ALC y la UE para que la transición digital sea sostenible y justa y cómo lograr mayor soberanía digital para ambos en un contexto de creciente competencia entre las dos grandes potencias.Tanto en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas como en la UE existen iniciativas para tratar de abordar esta transición de forma equilibrada: en la CEPAL, mediante la Agenda digital eLAC2024, y en la UE, a través de la Estrategia Digital, que presentó en 2020. Asimismo, en el marco de la iniciativa Global Gateway, se lanzó en 2023 la Alianza Digital Unión Europea – América Latina y el Caribe, y la declaración de la cumbre UE-CELAC también recogía la necesidad de avanzar en la transición energética justa. Para que ésta avance, es necesario escuchar cuáles son las necesidades y las agendas de los países de ALC en función de las iniciativas que se están trabajando, tanto a nivel nacional como regional. Con frecuencia, existe un cierto desconocimiento acerca de lo que la región está haciendo y cuáles son los elementos importantes para la transformación digital en ALC.La región aún no ha resuelto las bases para la transformación digital inclusiva, tanto en el tema de infraestructura y conectividad como en el de habilidades y competencias digitales, así como en materia de gobernanza y seguridad. ALC es mejor consumiendo Internet que usándolo en el entorno productivo. La digitalización ha permitido el desarrollo de numerosas empresas de base tecnológica en la región (ocho de cada diez empresas emergentes fundadas son digitales), pero muchas de ellas terminan exportando y se pierden los encadenamientos con los procesos productivos. Por tanto, existe un espacio para mejorar ese vínculo y esa digitalización de los sectores productivos, tanto tradicionales como estratégicos. Un sector empresarial europeo digitalizado puede ser un aliado sustancial de ALC cooperando para implementar la transformación digital en los procesos productivos, en la economía digital, la innovación y el cambio del Internet del consumo al Internet de la producción. En Europa hay empresas de movilidad, infraestructura, energía, banca y seguros que aún tienen cierta ventaja frente a otros actores de ALC.Por otro lado, hay que considerar la importancia que esta transformación digital tiene para el bienestar social y cómo hacer que estos servicios lleguen a la mayor parte de la población y se conviertan en algo que sea útil para las personas. Eso implica garantizar la inclusión en el mundo digital, con la conectividad como condición necesaria. Los servicios públicos digitales permiten que las personas que no tienen acceso puedan obtenerlo, y sirven tanto para fortalecer emprendimientos a nivel local como para dar acceso a sectores económicos menos favorecidos. La Alianza Digital Unión Europea – América Latina, que se coordina desde la CEPAL, insiste en materializar la inclusividad en aspectos como la asequibilidad, los servicios para los dispositivos móviles, las habilidades digitales y la cobertura de redes, así como el acceso a estas, todo lo cual requiere un mayor nivel de inversión. Los países de la UE y ALC son aliados en el objetivo de abordar las brechas digitales y aprovechar la digitalización para avanzar o relanzar los ODS, en colaboración con otros organismos internacionales, como la CEPAL, la OCDE o la UNESCO. Es crucial que en estas relaciones de cooperación se incluya el aprendizaje de las plataformas de la sociedad civil que trabajan en temas digitales.Si se desencadena una movilización de recursos público-privada sustancial y se invierte, no solo en conectividad, sino también en ciberseguridad, nuevos sectores tecnológicos y nuevas oportunidades de servicios digitales, el Global Gateway puede ser una oportunidad financiera y geopolítica. Sin embargo, a pesar de que hay muchos valores comunes compartidos con la UE, también hay otros países sentados a la mesa. El modelo europeo no produce empresas de amplia innovación en lo digital, y los modelos americano y chino están ganando espacios en ese ámbito en ALC en cuanto a infraestructura digital. Pero la UE se encuentra en una posición más cercana a la de ALC frente a potencias digitales como China y Estados Unidos y puede haber un aprendizaje conjunto en la cuestión de cómo lograr mayor autonomía digital. Esto requiere mirar más allá de los intereses geopolíticos o de entender que el Global Gateway es solo una forma de recuperar posiciones como socio comercial e inversor. ALC y la UE pueden aprender juntos a adoptar una mirada crítica a los procesos de digitalización y los efectos de la transición digital en la ampliación de derechos y la reducción de brechas o la generación de bienestar. Sin embargo, no se puede obviar que existe una tensión entre valores e intereses. Durante mucho tiempo, la UE proyectó la voluntad de convertirse en la campeona de la regulación, aunque, en el caso de los temas digitales, se ha cuestionado si es lo suficientemente flexible, dado que no tiene ninguna empresa tecnológica líder. Los grandes jugadores globales son todos americanos o chinos y la actividad se concentra cada vez más en unos pocos actores, algo que representa un riesgo claro para algunos países que podrían convertirse en meros productores de datos mientras continúan pagando por los servicios. La Alianza Digital UE-ALC ha puesto mucho énfasis en la convergencia regulatoria, pero en realidad los países de la región que aún no han resuelto el tema de la infraestructura ven la excesiva regulación como un posible obstáculo para atraer inversiones.En la UE, la Estrategia Digital ha desarrollado un aparato normativo como el Reglamento general de protección de datos (2016) y el Reglamento sobre Gobernanza de Datos (2022) y está trabajando intensamente para crear un marco jurídico que regule la IA para establecer estándares de protección con la intención de globalizarlos. Algunos países terceros, también de Latinoamérica, han incorporado una parte los contenidos de dicha legislación en sus ordenamientos, provocando un efecto de difusión de una estandarización de protección de datos a nivel global. Pero otros se plantean si la UE es el ejemplo a seguir en materia regulatoria, ya que ha sido demasiado ambiciosa, algo que puede frenar la innovación, y prefieren una legislación más laxa. La UE ha visto la necesidad de regular antes de que la tecnología esté completamente consolidada, ya que después resulta mucho más difícil cambiar las reglas del juego. Los propios desarrolladores de IA ven necesaria una regulación para establecer unas bases mínimas globales, que a posteriori cada país o región pueda adaptar a sus especificidades. De hecho, muchos de ellos suspendieron sus operaciones para adaptarse a la regulación en curso en la UE. En los próximos meses y años se verá si otros países siguen la misma senda respecto a la normativa de la IA. Una dificultad añadida es que no puede haber muchas legislaciones divergentes porque hay muchas jurisdicciones en juego.Asimismo, existen cuestiones que afectan a la seguridad, la integridad y la intimidad de los ciudadanos, por lo que también se necesitan parámetros éticos para medir determinadas regulaciones. Un caso concreto sensible es el de los datos biométricos; por una parte, su uso puede aportar beneficios a los estados, especialmente en temas como seguridad o salud pública, pero, por otra, son datos personales que por su naturaleza identifican de manera única al individuo y deben protegerse.Las tecnologías digitales también tienen efectos disruptivos en sectores vulnerables: en las poblaciones campesinas y rurales, desplazando cultivos tradicionales; con plataformas como Uber o Airbnb, que contribuyen a la gentrificación y marginación de los sectores más empobrecidos de las ciudades, o con un impacto significativo en las condiciones laborales. Además, las grandes empresas que se encuentran detrás de la transición digital, y muchos de los contenidos ofrecidos en ALC y la UE, están vinculados a las plataformas y a paquetes de conectividad cerrados, lo que impide que surjan alternativas más diversificadas. Por lo tanto, es crucial garantizar que estos grandes creadores de contenidos sean regulados adecuadamente, y disponer de modelos alternativos que generen autonomía estratégica y que representen una oportunidad real para ampliar derechos. No se trata, pues, de no utilizar las innovaciones tecnológicas, sino de utilizarlas bien y de hacerlo con el propósito adecuado, incorporando una mirada crítica sobre los procesos de digitalización y transición digital. En este sentido, es problemático que dicha dimensión apenas se esté tratando en las discusiones del Pacto Digital Mundial que se está negociando en Naciones Unidas.El pacto propone reconocer las funciones y responsabilidades de todas las partes interesadas, se compromete a establecer las garantías adecuadas para prevenir y abordar cualquier impacto sobre los derechos humanos derivado del uso de tecnologías digitales y emergentes, y pide a las empresas de tecnología digital que incorporen la legislación sobre dichos derechos y se comprometan a promoverlos, protegerlos y respetarlos en línea.Cabe señalar que en la negociación del Pacto Digital, el tema de la gobernanza de las tecnologías emergentes, incluida la IA, genera tensiones: Estados Unidos ha presentado una resolución propia, paralela a la negociación del pacto, que se acordó en la última cumbre entre Estados Unidos y China. Por su lado, la UE defenderá su modelo y no aceptará reducir sus estándares mínimos de protección. Respecto a ALC, no parece que haya una visión propia, lo cual también tiene que ver con el hecho de que no negocia conjuntamente en Nueva York, algo que, de nuevo, es un problema institucional y de integración. Las soluciones siguen siendo básicamente nacionales, sin avanzar en respuestas regionales.En la balanza entre valores e intereses, es necesario encontrar un equilibrio, puesto que tanto los valores como los intereses son relevantes. En el Global Gateway los intereses compartidos son el motor principal, pero no se debe dejar de lado la dimensión ética y de equidad. Dicho enfoque representa una ventaja comparativa en las relaciones de la UE con ALC. Además, la demanda de regulación no surge del empeño de Bruselas, sino que es una solicitud de la sociedad civil para proteger sus derechos, algo que es compartido. Desde una mirada crítica sobre lo digital y su efecto en lo social, ALC debe ser mucho más estratégica y convertir la transición digital en una oportunidad para la ampliación de derechos económicos, sociales y ambientales. Esto implica permitir el acceso mediante la alfabetización digital y la capacitación de personas vulnerables, del medio rural y mayores, garantizando la protección en línea de los derechos de los ciudadanos. 3. Cooperación para garantizar los derechos de las generaciones futurasLas negociaciones del Pacto del Futuro incorporan la aprobación de una Declaración sobre las Generaciones Futuras de la que existe, también, un borrador cero. Este analiza cómo pensar y actuar en beneficio de las generaciones del futuro y promover la solidaridad y la responsabilidad intergeneracional, respetando los derechos humanos, incluyendo derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, a la vez que garantiza la sostenibilidad ambiental.El Pacto también pretende abarcar tanto a las generaciones presentes como a las del futuro, implicando los derechos de todos. Desde el artículo 28, el primer borrador de la Declaración busca establecer una interdependencia entre el compromiso con las generaciones futuras y cuestiones prácticas, como las relacionadas con la nueva medición de indicadores de desarrollo más allá del producto interior bruto (PIB), una herramienta esencial que podría construir la institucionalidad a largo plazo que se necesita para incorporar los derechos de las generaciones futuras en el proceso de toma de decisiones. Existe una voluntad de iniciar un diálogo sobre visiones de futuro y hacia dónde deberíamos dirigirnos, para que esas visiones guíen la acción política.En esa línea, en Europa se aprobaron los Principios de Maastricht sobre los derechos humanos de las generaciones futuras en febrero de 2023, mientras que en América Latina existen la Declaración especial por las generaciones futuras, la lucha global contra el cambio climático y el desarrollo sostenible de la CELAC, de septiembre de 2021, y la Declaración de Belém de los Estados Parte del Tratado Amazónico, de agosto de 2023, aunque estas últimas se vinculan, sobre todo con la sostenibilidad ambiental.Por parte de Europa, se ha reconocido la urgencia del reto y se ha incorporado la prospectiva como una prioridad política, aunque probablemente con un objetivo más orientado a navegar entre incertidumbres que a transformarlas. Sin embargo, no parece que la metodología prospectiva, que actualmente se utiliza en cierta medida en las instituciones públicas europeas, quede reflejada en las negociaciones de la declaración de Naciones Unidas. Sin embargo, en el proceso de la Cumbre, existe interés en la posibilidad de considerar algún tipo de protección legal para los intereses de las generaciones futuras por medio de nuevos mecanismos. Otra cuestión que preocupa en Europa es considerar que, a nivel global, las generaciones futuras estarán en África y Asia y hay que pensar qué tipo de implicaciones tendrá eso respecto a las relaciones entre la UE y ALC.Con respecto a las posiciones de ALC, la Declaración de la CELAC de 2021 refleja principalmente el deseo de los países de la región de obtener financiamiento frente a las consecuencias del cambio climático, amparándose en una responsabilidad histórica por las emisiones de Europa y los países industrializados. En ALC, las políticas están condicionadas por la recepción de financiación del Norte, más allá no existe una agenda operativa compartida. Existe, por tanto, una tensión entre las posiciones Norte-Sur en las relaciones UE-CELAC. Dos grandes temas se perfilan como centrales en las negociaciones: uno es la necesidad de promover sociedades inclusivas para las generaciones futuras y el otro es cómo incorporar a las generaciones futuras a los debates de la gobernanza global.El borrador de la Declaración incluye el compromiso de promover sociedades pacíficas, inclusivas y justas; eliminar las desigualdades históricas y estructurales; promover la diversidad cultural; preservar los ecosistemas y las comunidades; proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y garantizar la justicia climática para salvaguardar a las comunidades.De hecho, una gran inspiración de los Principios de Maastricht sobre los derechos humanos de las generaciones futuras fueron los pueblos indígenas, muchos de ellos latinoamericanos, que desde tiempos milenarios han considerado que son los cuidadores de los bienes que pertenecen a sus nietos y sus nietas, y que toman decisiones pensando en el impacto que pueden tener en un número determinado de generaciones en el futuro. Asimismo, se reconoce la relación intrínseca entre las personas y la naturaleza, rechazando la idea de dominación de la naturaleza por parte del ser humano.En ALC varias constituciones han recogido los derechos de las generaciones futuras e, igualmente, el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. En base a ello, ha habido jurisprudencia de varias cortes constitucionales que reconocen los derechos humanos de las generaciones futuras. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia histórica de marzo de 2024, en el caso Oroya contra Perú, condenó a dicho país por los daños causados por contaminación a la población, pero también tuvo en cuenta la equidad intergeneracional. Tanto en ALC como en Europa, movimientos juveniles, pero también campesinos y activistas reclaman la responsabilidad de las corporaciones y los estados de preservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.El tema de las generaciones futuras afecta a muchos ámbitos de la política pública, aunque normalmente no haya una representación de estas generaciones y sus derechos. Con todo, una preocupación importante durante las negociaciones de los Principios de Maastricht fue el tema de la justicia intergeneracional, teniendo en cuenta que nos encontramos cada vez generaciones más inequitativas. Una conclusión importante es que mientras no se corrijan las injusticias del presente y se reconozcan las del pasado, no habrá justicia para el futuro.Una disposición específica establece que los estados deben adoptar medidas especiales para eliminar y prevenir todas las formas de discriminación contra grupos y pueblos que han experimentado formas históricas o sistemáticas de discriminación como la esclavitud, el colonialismo, el racismo, las normas y prácticas discriminatorias de género y el patriarcado. Estas medidas deben incluir la eliminación y prevención de la transmisión intergeneracional de la desigualdad, la pobreza y la opresión, y los estados también deben corregir los efectos continuados de las injusticias del pasado con miras a garantizar que las generaciones presentes y futuras no sufran abusos similares. Esta disposición fue muy relevante para los representantes de grupos oprimidos y movimientos sociales, incluidos los rurales y de mujeres.En los principios de Maastricht, se destaca también la importancia del acceso a la información para la toma de decisiones sobre los derechos de las generaciones futuras, así como la necesidad de tener en cuenta las obligaciones extraterritoriales, especialmente en temas ambientales. Se mencionan, asimismo, los deberes y las responsabilidades de los agentes no estatales, como las empresas, que deben cumplir con la debida diligencia y asumir la responsabilidad legal. Se hace hincapié en la implementación de medidas legales para proteger a las víctimas e implementar remedios efectivos, que incluyen la rehabilitación, la prevención y las garantías de no repetición y restitución.En el primer borrador de la Declaración de Naciones Unidas, no se trata consistentemente el tema desde la perspectiva de los derechos, ya que solo se habla de intereses o necesidades. En este sentido, es importante que no solo la Declaración, sino todo el Pacto del Futuro incorpore la perspectiva de las generaciones futuras y es necesaria una lectura más holística sobre la gobernanza global. Esto conlleva cambios imprescindibles en la arquitectura financiera internacional, que deberían comprender la reestructuración o cancelación de la deuda, la tributación de la riqueza y el reconocimiento de la triple crisis planetaria, comprendiendo que muchas soluciones al cambio climático podrían afectar a otros componentes o los derechos humanos.Las normas deben reflejar los intereses de las personas, de modo que estas sientan aquellas como propias y no las perciban como algo derivado de las preocupaciones de los tecnócratas o de los sectores privilegiados. La Declaración propone cuatro posibles formas de incorporar la voz de las generaciones futuras en las Naciones Unidas: la creación de la figura de un Enviado Especial para las Generaciones Futuras, un foro anual para reafirmar y actualizar la responsabilidad con las generaciones futuras, incluir la cuestión de las generaciones futuras en el orden del día de la Asamblea General, y disponer de un informe anual sobre la puesta en práctica y la incorporación del pensamiento a largo plazo (p. 36).La idea del enviado que propone la Declaración gira en torno a la necesidad de que los jóvenes y los niños tengan una representación especial; sin embargo, existe el peligro de que aquellos que sufrirán los impactos de estas decisiones en el Sur global no tengan oportunidad de participar. Para garantizar una mayor diversidad y representación, es crucial que haya instituciones y organismos accesibles e inclusivos a todos los niveles, que incluyan a quienes han sido históricamente marginados. En este sentido, el problema radica en quién elige a los representantes a quienes se otorga acceso a las instituciones. Asimismo, es importante considerar cómo se movilizan los actores y cómo se interpretan sus intereses. Existe un riesgo significativo de cooptación y de reacción por parte de aquellos que no son invitados, no pueden participar y no se sienten escuchados. Las organizaciones de la sociedad civil a menudo tienen capacidades que los estados no poseen, pero a veces están vinculadas a ciertas agendas. Con frecuencia, son personas mayores quienes crean sistemas para evaluar los futuros impactos de las decisiones sobre los derechos de las generaciones venideras, pero lo hacen desde paradigmas inherentes a la suya propia. Eso provoca el desapego de los jóvenes, que se niegan a participar, rechazando ser instrumentalizados para legitimar la política. Es crucial buscar la legitimidad, no solo a través de la participación, sino también mediante resultados tangibles.Existe preocupación por el hecho de que en la Cumbre del Futuro las decisiones se tomarán por consenso, lo que, en el clima actual de polarización, podría significar un debilitamiento de los estándares ya aceptados por los estados. Además, se observa una reproducción de los grupos y clivajes existentes en otros foros, lo que dificulta la capacidad de instituciones como las Naciones Unidas para cambiar. Existe un riesgo de reeditar el camino ya trazado sin que se produzca una verdadera reforma. El valor agregado de este gran esfuerzo no es evidente, si no se impulsa una reforma real que logre relegitimar las instituciones multilaterales y mejorar su funcionamiento. Las dinámicas fuertemente intergubernamentales de las negociaciones de la Declaración no facilitan que la misma incorpore grandes innovaciones. Sin embargo, la puesta en común de los procesos participativos existente puede permitir el establecimiento de las bases para la incorporación de la perspectiva de la justicia intergeneracional en la agenda internacional.4. Una Cumbre ambiciosa en un contexto de incertidumbreLa iniciativa del secretario general para convocar la Cumbre del Futuro surgió de la constatación de que la gobernanza global se enfrenta a una crisis de legitimidad y de autoridad que afecta a su capacidad de dar respuesta a los retos globales y a los episodios traumáticos que han transformado a la sociedad internacional. Es un diagnóstico sobre el que hay un amplio consenso, aunque la forma en como remediarlo tiene perspectivas muy diversas. Tanto la UE como ALC están comprometidas con el multilateralismo y con una gobernanza basada en normas y, aunque hay aspectos en los que se dan posiciones divergentes, existe una voluntad de contribuir a recuperar la confianza en las instituciones internacionales. Y eso pasa por la reforma del sistema de Naciones Unidas.Ante la visión geopolítica del mundo dominante en la que prima la competencia entre diversos actores, es necesario que ambas regiones cooperen en base a intereses complementarios y valores comunes compartidos. Durante el seminario, en los tres ámbitos analizados que se están negociando para el Pacto del Futuro, se identificaron muchos objetivos comunes, pero también se evidenciaron las diferencias y las asimetrías entre los diversos actores implicados. En el ámbito de la reforma financiera internacional es donde radica una mayor complejidad y donde el componente geopolítico es más determinante. El Global Gateway ofrece una oportunidad para avanzar en una relación con una visión más estratégica que se adapte a las nuevas condiciones de la economía internacional en transformación. La Alianza Digital ofrece elementos de complementariedad y un interés compartido de evitar la confrontación entre las potencias digitales y ganar autonomía, aunque hay diferencias sobre el alcance de la convergencia regulatoria y el rol normativo de la UE. En la cuestión de los derechos de las generaciones futuras, en ambas regiones se da la presencia de movimientos sociales que piden responsabilidades a los estados y las corporaciones locales, pero también existen reclamos sobre la responsabilidad histórica de Occidente respecto a los pueblos originarios. Existe consenso sobre la necesidad de buscar mecanismos para la participación y la inclusión de las generaciones futuras en los diversos niveles de gobernanza, aunque la estructura intergubernamental de Naciones Unidas lo dificulta.Con un presente cargado de incertidumbre y urgencias, la llamada a pensar en un futuro más equitativo y próspero puede parecer ilusoria. Sin embargo, históricamente la manera de avanzar en la gobernanza global siempre ha sido ir construyendo a base de buscar consensos y crear alianzas. La Cumbre obliga a los estados a posicionarse sobre aquellas cuestiones de la agenda que precisan ser abordadas y a partir de allí las negociaciones pueden llegar a puntos en común. En sus relaciones birregionales, la UE y ALC, desde sus diferentes percepciones, intereses y situaciones, pueden y deben contribuir a la gobernanza global al tiempo que fortalecen la importancia estratégica de sus relaciones más allá de la competencia geopolítica global.

Este documento recoge las principales conclusiones del seminario «Una Alianza para el Futuro entre la Unión Europea y América Latina y Caribe», organizado por CIDOB el 8 de abril de 2024 y financiado por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales. En un contexto internacional convulso, el objetivo es analizar algunas de las principales cuestiones planteadas en las negociaciones a partir de los primeros documentos surgidos de las mismas y tratar de vincularlas a los retos que plantea la reactivación de la Agenda de cooperación entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) tras la cumbre celebrada en Bruselas en julio de 2023. Se pretende identificar cuáles son los elementos de posible convergencia para proporcionar una mayor dimensión estratégica a la relación interregional al tiempo que se impulsa una institucionalidad internacional más inclusiva y eficaz. La iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de convocar una Cumbre para aprobar un Pacto del Futuro ha generado una serie de debates y negociaciones que son el punto de partida para abordar tres temas estratégicos: en primer lugar, las propuestas de transformación de la arquitectura financiera internacional y sobre la financiación del desarrollo para tratar de reducir el déficit creciente de recursos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); en segundo lugar, los debates relacionados con la transición digital, atendiendo tanto a la prevención y reducción de las brechas digitales, como a la necesidad de mejorar la gobernanza del uso de los avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial (IA); finalmente, en tercer lugar, las propuestas para la elaboración de la Declaración sobre las Generaciones Futuras, que busca promover la protección de sus derechos con un enfoque intergeneracional a medio y largo plazo.1. La arquitectura financiera internacional y el déficit de financiación del desarrolloEl sistema financiero internacional vigente no ha sabido responder eficazmente a las crisis económicas, financieras, energéticas o sanitarias de las últimas décadas, y los actuales mecanismos de financiación no son suficientes para afrontar los retos que plantea la agenda de desarrollo. Muchos países están en niveles históricos de endeudamiento, lo que les impide financiar las políticas económicas y sociales que impulsen la agenda de desarrollo. Ello se debe, en gran medida, a la vulnerabilidad ante las crisis. El imperativo de dar respuestas a las urgencias a corto plazo y el escaso margen de espacio fiscal impiden financiar reformas políticas indispensables. América Latina y el Caribe (ALC) y la UE también son vulnerables a la inestabilidad financiera y han tenido que hacerle frente, aunque con capacidades e instrumentos regionales asimétricos. Ambas son conscientes de la necesidad de respuestas globales, pero la reforma de la arquitectura institucional financiera es una cuestión compleja y multidimensional que enfrenta resistencias. Una primera cuestión de debate son las reformas institucionales necesarias para dar respuesta a las crisis financieras y fortalecer una red de seguridad que asista a los países más débiles. Desde la gran crisis del 2008, sucesivas crisis han puesto en tensión el sistema multilateral, pero las instituciones financieras, no solo no han respondido eficazmente a ellas, sino que han contribuido a los desequilibrios. Un ejemplo es el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que a cada miembro se le asigna una cuota basada en su posición relativa en la economía mundial y determina su poder de decisión y la cantidad de recursos a la que tiene acceso. En la reforma de 2010 la modificación de la proporción de votos del FMI no cambió significativamente las cuotas. En la revisión más reciente de 2020, no hubo modificaciones en las cuotas compartidas ni en las asignaciones de derechos especiales de giro (DEG). La siguiente oportunidad para que el FMI altere la proporción de votos entre países será en 2028. Este sistema refuerza las desigualdades históricas: alrededor del 70%, 450.000 millones de DEG, del total de los emitidos durante las cuatro asignaciones generales históricas del FMI se destinó a los 57 países más ricos. Por el contrario, los países más vulnerables, de bajo nivel de renta, recibieron una proporción de las asignaciones totales del 2%, 10.500 millones de DEG (Bulletin de la Banque de France, 2023).En la Declaración de la Cumbre UE-CELAC de 2023 se reconoce la necesidad fortalecer la colaboración en las instituciones financieras internacionales y reforzar el nivel de participación que garantice la representación de los países en desarrollo (p. 18). Asimismo, el borrador cero del Pacto del Futuro llama a una reforma de la arquitectura financiera internacional y a modernizarla para que refleje la realidad del mundo actual (p. 139-140). Pero, aunque la demanda de una estructura institucional más equilibrada es generalizada, no parece haber una propuesta concreta de ninguna coalición para aumentar la representación de los países de ALC en las instituciones financieras similar a los exitosos esfuerzos de los líderes africanos por lograr un asiento de la Unión Africana en el G20 y un tercer asiento del África subsahariana en el directorio ejecutivo del FMI. En 2024, durante la presidencia del G20 de Brasil, el Grupo de trabajo sobre Arquitectura financiera internacional se ha propuesto debatir, entre otras cosas, la demanda de una representatividad más efectiva y equitativa en las instituciones financieras. Sin embargo, debido a la falta de cooperación regional, las propuestas de ALC en su conjunto para reformar la arquitectura financiera no parecen llegar a la agenda internacional para la Cumbre del Futuro.Otro de los temas fundamentales es el de la sostenibilidad de la deuda soberana. Existe consenso internacional en que es muy importante fortalecer la red de seguridad para los países que sufren una mayor vulnerabilidad al cambio climático y los riesgos naturales. Desde el Caribe, la Iniciativa Bridgetown, presentada por Barbados, hizo propuestas de políticas que cubren la reforma de la deuda, el apoyo a la liquidez y el comercio, y la gobernanza. En la declaración UE-CELAC acordaron seguir de cerca estas iniciativas, pero a pesar de los actuales niveles históricos de endeudamiento, las cuestiones relativas a la gestión de la deuda soberana han estado bastante ausentes, debido a que los países que presentan problemas en este sentido no generan riesgos sistémicos.Cabe señalar, además, que la mayoría de la deuda externa se encuentra en manos de acreedores privados. Pero, para aquellos países que no tienen acceso al mercado de crédito, los bancos multilaterales son la principal fuente de recursos. Por ello, existe consenso en que estos bancos necesitan tener políticas que se ajusten a las realidades de los países en desarrollo. El Pacto de París para las Personas y el Planeta, adoptado en la Cumbre de junio de 2023 y apoyado por treinta y cinco gobiernos de África, Asia, Europa y América Latina, pidió tratamientos de suspensión de deuda acelerados y una mejor coordinación entre los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para movilizar préstamos de bajo costo tomando en consideración las necesidades de los países en desarrollo para poder enfrentar las crisis financieras. En cuanto a los mecanismos, la posibilidad de canje de deuda por sostenibilidad se considera un avance importante para evitar las crisis de deuda soberana. Se trata de un instrumento que la CARICOM ha puesto sobre la mesa con mucha fuerza aunque existe una crítica sobre si estos instrumentos y mecanismos de los BMD son suficientemente transformadores.La sección dedicada a la reforma de la arquitectura de la deuda del borrador cero del Pacto del Futuro menciona la necesidad de hacer propuestas que permitan formular recomendaciones concretas para su reforma (párrafo 14) en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en 2025. Sin embargo, algunos países, como México, advierten que se debe evitar un proceso en el que la financiación para el desarrollo esté indebidamente vinculada a cuestiones de reforma de la gobernanza. La creación de un marco jurídico vinculante y multilateral de la ONU sobre la deuda que garantice una amplia cancelación de la deuda, aunque parece necesaria para reestructurar los actuales desequilibrios sin hipotecar el desarrollo, no forma parte de las propuestas que se están negociando en el Pacto. Sin embargo, sí figura en la agenda para la Cumbre Mundial sobre Financiación del Desarrollo prevista para 2025 y debería ser objeto de propuestas más concretas.La financiación del desarrollo para dar un impulso a la Agenda 2030 es otro de los ejes del debate sobre el Pacto del Futuro y ahí donde la relación UE-ALC ha dedicado más esfuerzos. El informe América Latina y el Caribe ante el desafío de acelerar el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030: transiciones hacia la sostenibilidad, de abril de 2024, muestra que la región ha sufrido retrocesos en un 32% de las metas de cumplimiento de los ODS desde la medición anterior. Existen problemas estructurales que impiden el progreso. Según el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2023, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las políticas actuales no articulan un desarrollo para el conjunto de la región, sino solamente para algunos países en función de sus recursos naturales, como el triángulo del litio. En lugar de ayudar a los países a integrarse al desarrollo, hay una tendencia hacia una mayor desigualdad y fragmentación regional. La región necesita insertarse en las cadenas de valor globales, y el desafío es hacerlo de manera inteligente y no repetir errores del pasado. Hoy en día, alrededor del 75% de las exportaciones de la región están vinculadas a materias primas. América Latina necesita políticas que fomenten el desarrollo económico y la colaboración público-privada. Los BMD trabajan en conexión con el G-20 para alinear procesos y estándares, y utilizar mejor el capital existente para movilizar más recursos del sector privado. El punto de partida es que el capital de ningún banco multilateral de desarrollo es suficiente para hacer frente a cualquier tipo de demanda en ALC o a nivel global. Por lo tanto, todo el trabajo innovador se orienta hacia la creación de incentivos adecuados, el desarrollo de instrumentos novedosos y la reducción del riesgo que el sector privado pueda percibir al ingresar en algunas geografías. Las acciones desde los BMD, como los canjes de deuda por sostenibilidad, tienen como objetivo incentivar al sector privado a lanzarse e invertir. La iniciativa Global Gateway de la UE encaja aquí, ya que a pesar del gran interés geopolítico para los gobiernos europeos y también del sector privado, los incentivos para estos en ALC no son evidentes. Es necesario impulsar una estrategia general para una economía más diversificada y transformar la estructura productiva, identificando qué sectores pueden impulsar una mayor productividad e inversión en tecnología. La idea central de la Agenda de inversiones del Global Gateway en América Latina es que la transición verde y digital tienen el potencial de diversificar las economías y generar empleo formal, sin embargo, esta iniciativa podría también percibirse como la réplica de una lógica de extractivismo en búsqueda de intereses estratégicos en la nueva competición global, como los paquetes que proveen China y Estados Unidos. Así, frente a planes billonarios como los del presidente Xi Jinping para sostener el crecimiento de China, o el de reindustrialización del presidente Biden en Estados Unidos, la respuesta europea no puede operar al mismo nivel porque no tiene los mismos recursos para competir. Quizá en Centroamérica y el Caribe, donde los países dependen mucho más de la ayuda al desarrollo, podría ser efectivo, pero para los grandes como México y Brasil, no sería un factor detonante del desarrollo. Así pues, hay que pasar de la lógica de una política de ayuda al desarrollo a una política de desarrollo industrial en la que se destinen recursos capaces de generar incentivos para que el sector privado funcione e invierta, sin olvidar que el Global Gateway es un espacio de cooperación integral que va más allá de la inversión privada.Cabe señalar que ALC sí está involucrada en las cadenas de valor globales alimentarias, pero estas han tenido un impacto negativo en la degradación ambiental, la contaminación y la destrucción de la biodiversidad. Además, ha habido una gran influencia en los procesos legislativos parlamentarios, no solo de la agroindustria, sino también de la explotación minera. Cualquier intento de mejorar la inversión en ese ámbito a través del crédito y de la financiación, solo puede ser efectivo si hay normas muy claras de regulación de la responsabilidad jurídica corporativa. La UE y ALC deberían involucrarse en el proceso que se desarrolla en Naciones Unidas sobre responsabilidad jurídica de las transnacionales con respecto a los derechos humanos y el medio ambiente. Con la creación de instrumentos para incentivar al sector privado se corre el riesgo, además, de que los fondos de desarrollo acaben sirviendo para transferir recursos públicos a dicho sector. Por lo tanto, un tema fundamental para un pacto mundial es establecer un mínimo de imposición fiscal global. Es necesario, no solo para ampliar la base fiscal, sino también porque sin una fiscalidad internacional, no hay manera de gravar a las grandes fortunas en un contexto en el cual la desigualdad está creciendo enormemente. En este sentido, la OCDE ha estado impulsando la iniciativa de un impuesto mínimo a las corporaciones o empresas privadas, sobre todo vinculado a lo digital, para establecer un mínimo del 15% de impuesto global y para que se paguen impuestos donde las empresas generan ganancias. Es importante que esta iniciativa prosiga y se continúen implementando otros impuestos a nivel internacional, ya que es muy difícil que los países lo puedan hacer a escala nacional, porque desencadenaría la competencia por quién tiene los estándares más bajos. Asimismo, es importante que la UE y ALC se involucren en las propuestas en curso. Tras la Declaración de Nairobi de 2023, la UE está debatiendo una propuesta para un impuesto a las transacciones financieras con ingresos canalizados hacia inversiones climáticamente positivas, y la Cumbre de París para un Nuevo Pacto Financiero Mundial (2023) propuso un grupo de trabajo para abordar el tema. El borrador cero del Pacto del Futuro también propone continuar con las discusiones para una convención sobre cooperación internacional en materia de fiscalidad (p. 143). Otro componente clave es contar con mejores estructuras, políticas y capacidades, y avanzar hacia sistemas fiscales que sean más progresivos, que incentiven el emprendimiento y también reduzcan las desigualdades. Para que se logren estos objetivos es necesario abordar la cuestión social, así como las capacidades y la educación de los trabajadores. Dichas desigualdades son muy peligrosas para la democracia y la gobernanza, ya que deslegitiman enormemente el sistema democrático a los ojos de la ciudadanía y pueden conducir al populismo y al autoritarismo. En este sentido, el pilar social del Global Gateway sobre Sociedades Inclusivas y Equitativas es importante para fortalecer la resiliencia de las sociedades y el progreso social. Otro ámbito de interés relacionado con la justicia social es el de la seguridad ciudadana. El artículo 32 de la declaración final de la Cumbre UE-CELAC propone consolidar y reforzar las iniciativas de cooperación en materia de justicia y seguridad, combatiendo la delincuencia organizada en todas sus formas, así como la corrupción y el blanqueo de capitales, en particular mediante el desarrollo de capacidades. En este ámbito es muy relevante la cooperación internacional, pues a escala nacional los países no tienen suficientes herramientas para impedir la opacidad financiera. 2. Cooperación para la transición digital y la gobernanza de las nuevas tecnologíasLas negociaciones del Pacto del Futuro incluyen la adopción de un Pacto Mundial Digital —del que ya existe un borrador cero— que consta de diez principios y cinco objetivos. Entre estos últimos, los fundamentales son: cerrar las brechas digitales y acelerar el progreso en los ODS; ampliar las oportunidades de inclusión en la economía digital; y fomentar un espacio digital inclusivo, abierto, seguro y protegido, con una gobernanza internacional de datos equitativa, incluyendo las tecnologías emergentes como la IA. El Pacto Mundial Digital que Naciones Unidas está negociando no trata tanto de establecer reglas de gobernanza obligatorias, sino de disponer un mínimo de principios y recomendaciones comunes suficientemente consensuado en el que todos puedan sentirse incluidos.El borrador del pacto reconoce que cerrar las brechas digitales requiere inversiones significativas y alineadas por parte de los gobiernos y, en particular, el sector privado, y se compromete a invertir en la infraestructura digital mundial. También reconoce que es necesario garantizar la alfabetización digital y capacitar a los funcionarios públicos y las instituciones y trabajar en la creación de competencias. Considera, asimismo, que los motores clave de la transformación digital inclusiva son los bienes públicos digitales, y enuncia el compromiso de desarrollar infraestructuras públicas digitales en los países en desarrollo, con la transferencia voluntaria de tecnologías a los países en desarrollo y la promoción de iniciativas de intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología, así como la cooperación sur-sur y triangular. La cuestión es averiguar qué espacios de cooperación reales puede haber entre ALC y la UE para que la transición digital sea sostenible y justa y cómo lograr mayor soberanía digital para ambos en un contexto de creciente competencia entre las dos grandes potencias.Tanto en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas como en la UE existen iniciativas para tratar de abordar esta transición de forma equilibrada: en la CEPAL, mediante la Agenda digital eLAC2024, y en la UE, a través de la Estrategia Digital, que presentó en 2020. Asimismo, en el marco de la iniciativa Global Gateway, se lanzó en 2023 la Alianza Digital Unión Europea – América Latina y el Caribe, y la declaración de la cumbre UE-CELAC también recogía la necesidad de avanzar en la transición energética justa. Para que ésta avance, es necesario escuchar cuáles son las necesidades y las agendas de los países de ALC en función de las iniciativas que se están trabajando, tanto a nivel nacional como regional. Con frecuencia, existe un cierto desconocimiento acerca de lo que la región está haciendo y cuáles son los elementos importantes para la transformación digital en ALC.La región aún no ha resuelto las bases para la transformación digital inclusiva, tanto en el tema de infraestructura y conectividad como en el de habilidades y competencias digitales, así como en materia de gobernanza y seguridad. ALC es mejor consumiendo Internet que usándolo en el entorno productivo. La digitalización ha permitido el desarrollo de numerosas empresas de base tecnológica en la región (ocho de cada diez empresas emergentes fundadas son digitales), pero muchas de ellas terminan exportando y se pierden los encadenamientos con los procesos productivos. Por tanto, existe un espacio para mejorar ese vínculo y esa digitalización de los sectores productivos, tanto tradicionales como estratégicos. Un sector empresarial europeo digitalizado puede ser un aliado sustancial de ALC cooperando para implementar la transformación digital en los procesos productivos, en la economía digital, la innovación y el cambio del Internet del consumo al Internet de la producción. En Europa hay empresas de movilidad, infraestructura, energía, banca y seguros que aún tienen cierta ventaja frente a otros actores de ALC.Por otro lado, hay que considerar la importancia que esta transformación digital tiene para el bienestar social y cómo hacer que estos servicios lleguen a la mayor parte de la población y se conviertan en algo que sea útil para las personas. Eso implica garantizar la inclusión en el mundo digital, con la conectividad como condición necesaria. Los servicios públicos digitales permiten que las personas que no tienen acceso puedan obtenerlo, y sirven tanto para fortalecer emprendimientos a nivel local como para dar acceso a sectores económicos menos favorecidos. La Alianza Digital Unión Europea – América Latina, que se coordina desde la CEPAL, insiste en materializar la inclusividad en aspectos como la asequibilidad, los servicios para los dispositivos móviles, las habilidades digitales y la cobertura de redes, así como el acceso a estas, todo lo cual requiere un mayor nivel de inversión. Los países de la UE y ALC son aliados en el objetivo de abordar las brechas digitales y aprovechar la digitalización para avanzar o relanzar los ODS, en colaboración con otros organismos internacionales, como la CEPAL, la OCDE o la UNESCO. Es crucial que en estas relaciones de cooperación se incluya el aprendizaje de las plataformas de la sociedad civil que trabajan en temas digitales.Si se desencadena una movilización de recursos público-privada sustancial y se invierte, no solo en conectividad, sino también en ciberseguridad, nuevos sectores tecnológicos y nuevas oportunidades de servicios digitales, el Global Gateway puede ser una oportunidad financiera y geopolítica. Sin embargo, a pesar de que hay muchos valores comunes compartidos con la UE, también hay otros países sentados a la mesa. El modelo europeo no produce empresas de amplia innovación en lo digital, y los modelos americano y chino están ganando espacios en ese ámbito en ALC en cuanto a infraestructura digital. Pero la UE se encuentra en una posición más cercana a la de ALC frente a potencias digitales como China y Estados Unidos y puede haber un aprendizaje conjunto en la cuestión de cómo lograr mayor autonomía digital. Esto requiere mirar más allá de los intereses geopolíticos o de entender que el Global Gateway es solo una forma de recuperar posiciones como socio comercial e inversor. ALC y la UE pueden aprender juntos a adoptar una mirada crítica a los procesos de digitalización y los efectos de la transición digital en la ampliación de derechos y la reducción de brechas o la generación de bienestar. Sin embargo, no se puede obviar que existe una tensión entre valores e intereses. Durante mucho tiempo, la UE proyectó la voluntad de convertirse en la campeona de la regulación, aunque, en el caso de los temas digitales, se ha cuestionado si es lo suficientemente flexible, dado que no tiene ninguna empresa tecnológica líder. Los grandes jugadores globales son todos americanos o chinos y la actividad se concentra cada vez más en unos pocos actores, algo que representa un riesgo claro para algunos países que podrían convertirse en meros productores de datos mientras continúan pagando por los servicios. La Alianza Digital UE-ALC ha puesto mucho énfasis en la convergencia regulatoria, pero en realidad los países de la región que aún no han resuelto el tema de la infraestructura ven la excesiva regulación como un posible obstáculo para atraer inversiones.En la UE, la Estrategia Digital ha desarrollado un aparato normativo como el Reglamento general de protección de datos (2016) y el Reglamento sobre Gobernanza de Datos (2022) y está trabajando intensamente para crear un marco jurídico que regule la IA para establecer estándares de protección con la intención de globalizarlos. Algunos países terceros, también de Latinoamérica, han incorporado una parte los contenidos de dicha legislación en sus ordenamientos, provocando un efecto de difusión de una estandarización de protección de datos a nivel global. Pero otros se plantean si la UE es el ejemplo a seguir en materia regulatoria, ya que ha sido demasiado ambiciosa, algo que puede frenar la innovación, y prefieren una legislación más laxa. La UE ha visto la necesidad de regular antes de que la tecnología esté completamente consolidada, ya que después resulta mucho más difícil cambiar las reglas del juego. Los propios desarrolladores de IA ven necesaria una regulación para establecer unas bases mínimas globales, que a posteriori cada país o región pueda adaptar a sus especificidades. De hecho, muchos de ellos suspendieron sus operaciones para adaptarse a la regulación en curso en la UE. En los próximos meses y años se verá si otros países siguen la misma senda respecto a la normativa de la IA. Una dificultad añadida es que no puede haber muchas legislaciones divergentes porque hay muchas jurisdicciones en juego.Asimismo, existen cuestiones que afectan a la seguridad, la integridad y la intimidad de los ciudadanos, por lo que también se necesitan parámetros éticos para medir determinadas regulaciones. Un caso concreto sensible es el de los datos biométricos; por una parte, su uso puede aportar beneficios a los estados, especialmente en temas como seguridad o salud pública, pero, por otra, son datos personales que por su naturaleza identifican de manera única al individuo y deben protegerse.Las tecnologías digitales también tienen efectos disruptivos en sectores vulnerables: en las poblaciones campesinas y rurales, desplazando cultivos tradicionales; con plataformas como Uber o Airbnb, que contribuyen a la gentrificación y marginación de los sectores más empobrecidos de las ciudades, o con un impacto significativo en las condiciones laborales. Además, las grandes empresas que se encuentran detrás de la transición digital, y muchos de los contenidos ofrecidos en ALC y la UE, están vinculados a las plataformas y a paquetes de conectividad cerrados, lo que impide que surjan alternativas más diversificadas. Por lo tanto, es crucial garantizar que estos grandes creadores de contenidos sean regulados adecuadamente, y disponer de modelos alternativos que generen autonomía estratégica y que representen una oportunidad real para ampliar derechos. No se trata, pues, de no utilizar las innovaciones tecnológicas, sino de utilizarlas bien y de hacerlo con el propósito adecuado, incorporando una mirada crítica sobre los procesos de digitalización y transición digital. En este sentido, es problemático que dicha dimensión apenas se esté tratando en las discusiones del Pacto Digital Mundial que se está negociando en Naciones Unidas.El pacto propone reconocer las funciones y responsabilidades de todas las partes interesadas, se compromete a establecer las garantías adecuadas para prevenir y abordar cualquier impacto sobre los derechos humanos derivado del uso de tecnologías digitales y emergentes, y pide a las empresas de tecnología digital que incorporen la legislación sobre dichos derechos y se comprometan a promoverlos, protegerlos y respetarlos en línea.Cabe señalar que en la negociación del Pacto Digital, el tema de la gobernanza de las tecnologías emergentes, incluida la IA, genera tensiones: Estados Unidos ha presentado una resolución propia, paralela a la negociación del pacto, que se acordó en la última cumbre entre Estados Unidos y China. Por su lado, la UE defenderá su modelo y no aceptará reducir sus estándares mínimos de protección. Respecto a ALC, no parece que haya una visión propia, lo cual también tiene que ver con el hecho de que no negocia conjuntamente en Nueva York, algo que, de nuevo, es un problema institucional y de integración. Las soluciones siguen siendo básicamente nacionales, sin avanzar en respuestas regionales.En la balanza entre valores e intereses, es necesario encontrar un equilibrio, puesto que tanto los valores como los intereses son relevantes. En el Global Gateway los intereses compartidos son el motor principal, pero no se debe dejar de lado la dimensión ética y de equidad. Dicho enfoque representa una ventaja comparativa en las relaciones de la UE con ALC. Además, la demanda de regulación no surge del empeño de Bruselas, sino que es una solicitud de la sociedad civil para proteger sus derechos, algo que es compartido. Desde una mirada crítica sobre lo digital y su efecto en lo social, ALC debe ser mucho más estratégica y convertir la transición digital en una oportunidad para la ampliación de derechos económicos, sociales y ambientales. Esto implica permitir el acceso mediante la alfabetización digital y la capacitación de personas vulnerables, del medio rural y mayores, garantizando la protección en línea de los derechos de los ciudadanos. 3. Cooperación para garantizar los derechos de las generaciones futurasLas negociaciones del Pacto del Futuro incorporan la aprobación de una Declaración sobre las Generaciones Futuras de la que existe, también, un borrador cero. Este analiza cómo pensar y actuar en beneficio de las generaciones del futuro y promover la solidaridad y la responsabilidad intergeneracional, respetando los derechos humanos, incluyendo derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, a la vez que garantiza la sostenibilidad ambiental.El Pacto también pretende abarcar tanto a las generaciones presentes como a las del futuro, implicando los derechos de todos. Desde el artículo 28, el primer borrador de la Declaración busca establecer una interdependencia entre el compromiso con las generaciones futuras y cuestiones prácticas, como las relacionadas con la nueva medición de indicadores de desarrollo más allá del producto interior bruto (PIB), una herramienta esencial que podría construir la institucionalidad a largo plazo que se necesita para incorporar los derechos de las generaciones futuras en el proceso de toma de decisiones. Existe una voluntad de iniciar un diálogo sobre visiones de futuro y hacia dónde deberíamos dirigirnos, para que esas visiones guíen la acción política.En esa línea, en Europa se aprobaron los Principios de Maastricht sobre los derechos humanos de las generaciones futuras en febrero de 2023, mientras que en América Latina existen la Declaración especial por las generaciones futuras, la lucha global contra el cambio climático y el desarrollo sostenible de la CELAC, de septiembre de 2021, y la Declaración de Belém de los Estados Parte del Tratado Amazónico, de agosto de 2023, aunque estas últimas se vinculan, sobre todo con la sostenibilidad ambiental.Por parte de Europa, se ha reconocido la urgencia del reto y se ha incorporado la prospectiva como una prioridad política, aunque probablemente con un objetivo más orientado a navegar entre incertidumbres que a transformarlas. Sin embargo, no parece que la metodología prospectiva, que actualmente se utiliza en cierta medida en las instituciones públicas europeas, quede reflejada en las negociaciones de la declaración de Naciones Unidas. Sin embargo, en el proceso de la Cumbre, existe interés en la posibilidad de considerar algún tipo de protección legal para los intereses de las generaciones futuras por medio de nuevos mecanismos. Otra cuestión que preocupa en Europa es considerar que, a nivel global, las generaciones futuras estarán en África y Asia y hay que pensar qué tipo de implicaciones tendrá eso respecto a las relaciones entre la UE y ALC.Con respecto a las posiciones de ALC, la Declaración de la CELAC de 2021 refleja principalmente el deseo de los países de la región de obtener financiamiento frente a las consecuencias del cambio climático, amparándose en una responsabilidad histórica por las emisiones de Europa y los países industrializados. En ALC, las políticas están condicionadas por la recepción de financiación del Norte, más allá no existe una agenda operativa compartida. Existe, por tanto, una tensión entre las posiciones Norte-Sur en las relaciones UE-CELAC. Dos grandes temas se perfilan como centrales en las negociaciones: uno es la necesidad de promover sociedades inclusivas para las generaciones futuras y el otro es cómo incorporar a las generaciones futuras a los debates de la gobernanza global.El borrador de la Declaración incluye el compromiso de promover sociedades pacíficas, inclusivas y justas; eliminar las desigualdades históricas y estructurales; promover la diversidad cultural; preservar los ecosistemas y las comunidades; proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y garantizar la justicia climática para salvaguardar a las comunidades.De hecho, una gran inspiración de los Principios de Maastricht sobre los derechos humanos de las generaciones futuras fueron los pueblos indígenas, muchos de ellos latinoamericanos, que desde tiempos milenarios han considerado que son los cuidadores de los bienes que pertenecen a sus nietos y sus nietas, y que toman decisiones pensando en el impacto que pueden tener en un número determinado de generaciones en el futuro. Asimismo, se reconoce la relación intrínseca entre las personas y la naturaleza, rechazando la idea de dominación de la naturaleza por parte del ser humano.En ALC varias constituciones han recogido los derechos de las generaciones futuras e, igualmente, el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. En base a ello, ha habido jurisprudencia de varias cortes constitucionales que reconocen los derechos humanos de las generaciones futuras. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia histórica de marzo de 2024, en el caso Oroya contra Perú, condenó a dicho país por los daños causados por contaminación a la población, pero también tuvo en cuenta la equidad intergeneracional. Tanto en ALC como en Europa, movimientos juveniles, pero también campesinos y activistas reclaman la responsabilidad de las corporaciones y los estados de preservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.El tema de las generaciones futuras afecta a muchos ámbitos de la política pública, aunque normalmente no haya una representación de estas generaciones y sus derechos. Con todo, una preocupación importante durante las negociaciones de los Principios de Maastricht fue el tema de la justicia intergeneracional, teniendo en cuenta que nos encontramos cada vez generaciones más inequitativas. Una conclusión importante es que mientras no se corrijan las injusticias del presente y se reconozcan las del pasado, no habrá justicia para el futuro.Una disposición específica establece que los estados deben adoptar medidas especiales para eliminar y prevenir todas las formas de discriminación contra grupos y pueblos que han experimentado formas históricas o sistemáticas de discriminación como la esclavitud, el colonialismo, el racismo, las normas y prácticas discriminatorias de género y el patriarcado. Estas medidas deben incluir la eliminación y prevención de la transmisión intergeneracional de la desigualdad, la pobreza y la opresión, y los estados también deben corregir los efectos continuados de las injusticias del pasado con miras a garantizar que las generaciones presentes y futuras no sufran abusos similares. Esta disposición fue muy relevante para los representantes de grupos oprimidos y movimientos sociales, incluidos los rurales y de mujeres.En los principios de Maastricht, se destaca también la importancia del acceso a la información para la toma de decisiones sobre los derechos de las generaciones futuras, así como la necesidad de tener en cuenta las obligaciones extraterritoriales, especialmente en temas ambientales. Se mencionan, asimismo, los deberes y las responsabilidades de los agentes no estatales, como las empresas, que deben cumplir con la debida diligencia y asumir la responsabilidad legal. Se hace hincapié en la implementación de medidas legales para proteger a las víctimas e implementar remedios efectivos, que incluyen la rehabilitación, la prevención y las garantías de no repetición y restitución.En el primer borrador de la Declaración de Naciones Unidas, no se trata consistentemente el tema desde la perspectiva de los derechos, ya que solo se habla de intereses o necesidades. En este sentido, es importante que no solo la Declaración, sino todo el Pacto del Futuro incorpore la perspectiva de las generaciones futuras y es necesaria una lectura más holística sobre la gobernanza global. Esto conlleva cambios imprescindibles en la arquitectura financiera internacional, que deberían comprender la reestructuración o cancelación de la deuda, la tributación de la riqueza y el reconocimiento de la triple crisis planetaria, comprendiendo que muchas soluciones al cambio climático podrían afectar a otros componentes o los derechos humanos.Las normas deben reflejar los intereses de las personas, de modo que estas sientan aquellas como propias y no las perciban como algo derivado de las preocupaciones de los tecnócratas o de los sectores privilegiados. La Declaración propone cuatro posibles formas de incorporar la voz de las generaciones futuras en las Naciones Unidas: la creación de la figura de un Enviado Especial para las Generaciones Futuras, un foro anual para reafirmar y actualizar la responsabilidad con las generaciones futuras, incluir la cuestión de las generaciones futuras en el orden del día de la Asamblea General, y disponer de un informe anual sobre la puesta en práctica y la incorporación del pensamiento a largo plazo (p. 36).La idea del enviado que propone la Declaración gira en torno a la necesidad de que los jóvenes y los niños tengan una representación especial; sin embargo, existe el peligro de que aquellos que sufrirán los impactos de estas decisiones en el Sur global no tengan oportunidad de participar. Para garantizar una mayor diversidad y representación, es crucial que haya instituciones y organismos accesibles e inclusivos a todos los niveles, que incluyan a quienes han sido históricamente marginados. En este sentido, el problema radica en quién elige a los representantes a quienes se otorga acceso a las instituciones. Asimismo, es importante considerar cómo se movilizan los actores y cómo se interpretan sus intereses. Existe un riesgo significativo de cooptación y de reacción por parte de aquellos que no son invitados, no pueden participar y no se sienten escuchados. Las organizaciones de la sociedad civil a menudo tienen capacidades que los estados no poseen, pero a veces están vinculadas a ciertas agendas. Con frecuencia, son personas mayores quienes crean sistemas para evaluar los futuros impactos de las decisiones sobre los derechos de las generaciones venideras, pero lo hacen desde paradigmas inherentes a la suya propia. Eso provoca el desapego de los jóvenes, que se niegan a participar, rechazando ser instrumentalizados para legitimar la política. Es crucial buscar la legitimidad, no solo a través de la participación, sino también mediante resultados tangibles.Existe preocupación por el hecho de que en la Cumbre del Futuro las decisiones se tomarán por consenso, lo que, en el clima actual de polarización, podría significar un debilitamiento de los estándares ya aceptados por los estados. Además, se observa una reproducción de los grupos y clivajes existentes en otros foros, lo que dificulta la capacidad de instituciones como las Naciones Unidas para cambiar. Existe un riesgo de reeditar el camino ya trazado sin que se produzca una verdadera reforma. El valor agregado de este gran esfuerzo no es evidente, si no se impulsa una reforma real que logre relegitimar las instituciones multilaterales y mejorar su funcionamiento. Las dinámicas fuertemente intergubernamentales de las negociaciones de la Declaración no facilitan que la misma incorpore grandes innovaciones. Sin embargo, la puesta en común de los procesos participativos existente puede permitir el establecimiento de las bases para la incorporación de la perspectiva de la justicia intergeneracional en la agenda internacional.4. Una Cumbre ambiciosa en un contexto de incertidumbreLa iniciativa del secretario general para convocar la Cumbre del Futuro surgió de la constatación de que la gobernanza global se enfrenta a una crisis de legitimidad y de autoridad que afecta a su capacidad de dar respuesta a los retos globales y a los episodios traumáticos que han transformado a la sociedad internacional. Es un diagnóstico sobre el que hay un amplio consenso, aunque la forma en como remediarlo tiene perspectivas muy diversas. Tanto la UE como ALC están comprometidas con el multilateralismo y con una gobernanza basada en normas y, aunque hay aspectos en los que se dan posiciones divergentes, existe una voluntad de contribuir a recuperar la confianza en las instituciones internacionales. Y eso pasa por la reforma del sistema de Naciones Unidas.Ante la visión geopolítica del mundo dominante en la que prima la competencia entre diversos actores, es necesario que ambas regiones cooperen en base a intereses complementarios y valores comunes compartidos. Durante el seminario, en los tres ámbitos analizados que se están negociando para el Pacto del Futuro, se identificaron muchos objetivos comunes, pero también se evidenciaron las diferencias y las asimetrías entre los diversos actores implicados. En el ámbito de la reforma financiera internacional es donde radica una mayor complejidad y donde el componente geopolítico es más determinante. El Global Gateway ofrece una oportunidad para avanzar en una relación con una visión más estratégica que se adapte a las nuevas condiciones de la economía internacional en transformación. La Alianza Digital ofrece elementos de complementariedad y un interés compartido de evitar la confrontación entre las potencias digitales y ganar autonomía, aunque hay diferencias sobre el alcance de la convergencia regulatoria y el rol normativo de la UE. En la cuestión de los derechos de las generaciones futuras, en ambas regiones se da la presencia de movimientos sociales que piden responsabilidades a los estados y las corporaciones locales, pero también existen reclamos sobre la responsabilidad histórica de Occidente respecto a los pueblos originarios. Existe consenso sobre la necesidad de buscar mecanismos para la participación y la inclusión de las generaciones futuras en los diversos niveles de gobernanza, aunque la estructura intergubernamental de Naciones Unidas lo dificulta.Con un presente cargado de incertidumbre y urgencias, la llamada a pensar en un futuro más equitativo y próspero puede parecer ilusoria. Sin embargo, históricamente la manera de avanzar en la gobernanza global siempre ha sido ir construyendo a base de buscar consensos y crear alianzas. La Cumbre obliga a los estados a posicionarse sobre aquellas cuestiones de la agenda que precisan ser abordadas y a partir de allí las negociaciones pueden llegar a puntos en común. En sus relaciones birregionales, la UE y ALC, desde sus diferentes percepciones, intereses y situaciones, pueden y deben contribuir a la gobernanza global al tiempo que fortalecen la importancia estratégica de sus relaciones más allá de la competencia geopolítica global.