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En el periódico holandés NCR Handelsblad del 25 de octubre de 2004 pueden verse en portada dos titulares aparentemente contradictorios: "A la gente le da miedo una sociedad endurecida" y "Cohen (el alcalde de Ámsterdam, del RvS) quiere ordenar la prohibición de la conducta incívica". El primero de los artículos es acerca del Informe bianual Cultura y Sociedad del año 2004 en el que se entrevista a unas dos mil personas sobre sus deseos y expectativas para la Holanda del 2020. Según dicho informe, existe disparidad entre lo que la gente desea y las que, de hecho, son sus expectativas para el futuro. Desearían una sociedad con mayor cohesión social y más solidaria, pero se temen que ésta será cada vez más competitiva y que el clima social continuará endureciéndose. El segundo artículo es sobre [...]

En la literatura criminólogica internacional Holanda es generalmente caracterizado como un país tolerante y liberal: permisivo hacia muchos vicios, amistoso con los extranjeros y bendecido con un clima penal suave. Todo esto se percibe ahora como la indulgencia malentendida del pasado, indulgencia que nos ha llevado a una situación con problemas que se nos van de las manos. Con este supuesto pasado presentado como un error, Holanda en los últimos años se ha convertido en un país confundido, intolerante, punitivo y que está obsesionado con la seguridad. En este respecto, analizaremos como las ideas inclusivas sobre prevención local del delito se convirtieron en políticas excluyentes de inseguridad ciudadana. Aunque en las consecuencias existen paralelos con otros países europeos, particularmente con el Reino Unido, los factores que explican el porqué de este giro en Holanda son un tanto diferentes. El aumento del racismo contra minorías islámicas, que se desarrolló tras el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y el asesinato de un líder populista de derechas y un director de cine en Ámsterdam, ha sido un catalizador importante del nacimiento de una cultura del control guiada por el pánico. Otros factores que hay que considerar son el papel de los políticos populistas y los periodistas que en la actualidad actúan como "traficantes del miedo" y en los problemas de identidad que la "gente ordinaria" confronta como resultado de la globalización de la economía y la erosión del sector publico

This article places the history of Déviance et Société in the context of the simultaneous development of critical criminology in Europe. The reasons given for the establishment of the journal, the need to explicitly cover studies of deviance and institutionalised control in a social perspective, resembles those reasons for which the critical perspective has emerged. In the first years volumes, critical criminology received a clear place next to more conventional studies, be it that the interactionist perspective clearly prevailed over neo- Marxist approaches. From 1983 on the link with the critical debate seems to have got a bit lost. This gap is been matched again in the 1990s, when the debate on risk and social safety receives a central place both in Déviance et Société and in critical criminology, whilst, vice versa, positivist and social aetiological themes which have always been represented in Déviance et Société are also taken up again within the European critical criminologies.

Abstract: Post‐war Dutch penitentiary policy has been characterised by the principle of rehabilitation. In the 1980s, the optimism of reaching this ideal by 'improving' prison conditions has been tuned down. Sanctions which are executed 'closer to the community', as it is currently called, are now considered to have a greater rehabilitative potential. Many of these so‐called 'alternative sanctions' currently function in a model of diversion from the penal system in early phases of the penal process. Recent white papers indicate, however, a tendency to develop such 'alternatives' further by transforming them into principal modes of punishment ‐ that is, codifying them and having them imposed by a judge. The basis of this article is, that this move from diversion back to punishment might well diminish intended rehabilitative effects, because in this way the negative (side‐) effects of a fully penal execution are taken aboard. Eight guiding principles are outlined to safeguard the status of alternative sanctions as a possible impetus of penal reform.