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El presente estudio versa sobre la regulación que de los convenios administrativos hace la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que positiviza este instrumento jurídico por vez primera de una manera plena en nuestro Derecho Administrativo en la línea prevista por la Moción 878/2010, de 30 de noviembre, del Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales, sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas. Tras más de veinte años de sequía en la materia por la deficiente y escasa regulación que de los convenios se hacía en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la nueva norma desarrolla un régimen jurídico completo de los mismos, estableciendo una definición y unos tipos de convenios, unos requisitos para su validez y eficacia, delimitando su contenido, regulando los trámites preceptivos para su suscripción y sus efectos, determinando sus causas de extinción y los efectos de su resolución, así como su remisión al Tribunal de Cuentas. Se trata de una regulación parcialmente satisfactoria, toda vez que, una vez decidido el legislador a abordar el vacío legal existente, entre otros motivos, para evitar la utilización del instrumento convencional para huir de los rígidos controles de la legislación de contratos, o de la legislación de subvenciones, debería de haber hilado más fino, máxime tratándose de una norma eminentemente técnica. Esta juridificación de los convenios se analiza aquí desde un punto de vista crítico, pero desde la crítica constructiva, planteando asimismo la distinción entre convenios, contratos y subvenciones, precisamente para intentar evitar utilizaciones impropias de un instrumento como el convencional, cuyo uso se ha ido incrementando con el paso del tiempo a pesar de su fragilidad jurídica.

Permitiendo la perspectiva estatutaria entender la importancia de la costumbre como fuente del Derecho Administrativo, toda vez que permite la superación del enfoque del Estado como simple aparato organizado para el ejercicio del poder y, como tal, único protagonista de la producción del Derecho, la presencia de la colectividad social en el sistema de producción de fuentes es innegable. Partiendo de ello, y, a pesar de su limitada presencia en Derecho Administrativo, la costumbre únicamente admisible en nuestro Derecho va a ser la extra legem o praeter legem, esto es, aquella que opera como fuente en virtud de remisión expresa por ley escrita y la que opera como fuente supletoria en ausencia de remisión legal expresa. Entre los supuestos de la primera modalidad pueden aislarse y distinguirse las auténticas normas consuetudinarias en Derecho Administrativo, que surgen cuando el legislador se remite directamente a ellas considerándolas pura y simplemente como costumbre. Mientras que, entre los supuestos de la segunda modalidad, la presencia de la costumbre es, o ha sido menor, aunque no inexistente. En definitiva, debe reconocerse la existencia de la costumbre -mayormente local- que pervive y convive con la ordenación positiva como exponente de la conciencia jurídica del pueblo y que como tal tiene contrastada presencia en distintos sectores e instituciones del Derecho Administrativo.

SUMARIO:
I. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES HISTÓRICO-JURÍDICOS SOBRE LA CULTURA DE LA VIDA Y LA MUERTE. BREVE APUNTE. II. APROXIMACIÓN A UNA CONCEPTUACIÓN SOBRE EL SUICIDIO. III. TERRORISTAS EN HUELGA DE HAMBRE CONDENADOS A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. HUELGA DE HAMBRE DE ENFERMOS TERMINALES. IV. EUTANASIA.V. CASO ECHEVARRÍA: DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. VI. TESTAMENTO VITAL. VII. A MODO DE EPÍLOGO