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El Derecho Tributario ha encontrado a lo largo de los últimos cien años el rango de disciplina autónoma dentro del amplio ámbito del Derecho Público, como producto del esfuerzo continuado y sin pausa de una acuciosa e infatigable doctrina compuesta por una pluralidad de nombres cuyo largo elenco escapa a la brevedad que signa estas páginas. Bien dicho está que la definición de una disciplina jurídica ha de hacerse en razón del objeto que regula, si bien, las relaciones jurídicas que emanan del mismo, las cuales ofertarán un cúmulo de especiales características cuya principal consecuencia será la autonomía científica de tal disciplina, y que en el caso que nos ocupa se limitan al estudio del tributo y sus especies -esto es, impuestos, tasas y contribuciones especiales-, cual instituto jurídico en torno al cual gravita el Derecho Tributario. Hablar del objeto central de nuestra ciencia nos remite a profundas reflexiones de antiquísima data que ciñen su desarrollo a la existencia del Estado, tal y como actualmente se concibe. Así pues, la existencia material de los modernos Estados no puede explicarse sino en razón de las aportaciones que los ciudadanos realizan por mandato, hoy en día constitucional, a efectos de cumplir con el deber cívico y solidario de sufragar los gastos públicos en aras de la realización del bien común, sobre la base de su capacidad contributiva. El Código tributario se incardina en el ordenamiento jurídico como un cuerpo de leyes que ordena la creación y aplicación de tributos, y que obedece a un conjunto de principios jurídicos con un contenido normativo definido por la ciencia jurídico tributaria, presentes en nuestra Constitución. Si el poder tributario se entiende como la atribución constitucional otorgada al Estado a efectos de crear, modificar, suprimir y aplicar el sistema de tributos, cuyo ejercicio ofrece el contenido al Derecho Tributario, los principios de justicia tributaria son los límites fundamentales al ejercicio de tal poder, es decir, constituyen como la otra cara de la moneda de la creación de tributos, y en tanto que límites del Estado respecto del ámbito tributario, se conforman como la última línea infranqueable para la defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes.

La calificación económica es una facultad atribuida a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, mediante la cual esta entidad puede determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible en función de los actos económicos efectivamente realizados, lo cual implica desconocer, para efectos tributarios, actos jurídicos realizados por deudores tributarios. Así, a fin de evitar que la SUNAT incurra en arbitrariedades y de garantizar los derechos de los contribuyentes, dicha facultad debe estar expresamente regulada y debidamente delimitada en una norma. En Perú, la calificación económica está regulada en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario vigente, siendo su antecedente la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 (1996). No obstante, a diferencia de la Norma VIII, la Norma XVI dispone, de manera expresa, la aplicación de la norma tributaria que grave los actos simulados que la SUNAT califique, lo cual pareciera negar la posibilidad de aplicar la norma tributaria correspondiente a otro tipo de actos calificados por dicha Administración Tributaria, que conlleven la elusión del pago de tributos. La jurisprudencia del Tribunal Fiscal diferencia la utilización de figuras jurídicas discordantes con el contenido económico de los hechos (discordancia entre forma y fondo) de la simulación, siendo que antes de la Resolución N° 06686-4-2004 dicho Tribunal resolvía los casos de calificación económica aplicando la discordancia entre forma y fondo, mientras que, después de tal resolución, generalmente aplicó la simulación. Así, a partir de una interpretación e integración jurídica de la Norma XVI y del análisis de la mencionada jurisprudencia, se sostiene que la calificación regulada en dicha Norma comprende únicamente la simulación, no quedando claro si ésta incluye la discordancia entre forma y fondo. Atendiendo a ello, se propone modificar la Norma XVI a fin de precisar sus alcances. ; Trabajo de investigación

Mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo No. 1421 (PDCT), publicado en septiembre de 2018, se reguló legislativamente el inicio del plazo de prescripción de la acción para exigir el cobro de las deudas tributarias, sobre deudas tributarias cuyo plazo de prescripción en mención ocurrió hasta el 1 de enero de 2012. La entrada en vigencia de la PDCT generó -en su momento y hasta la fecha- discusión en diversos foros acerca de si se infringió o no diversas disposiciones, constitucionales y legales, asociadas -principalmente- a la aplicación correcta de la ley en el tiempo y a la seguridad jurídica. Esta controversia, en el plano judicial, se resolvió con la sentencia No. 556/2020, emitida por el Tribunal Constitucional, en la que se analizó la declaración de inconstitucionalidad de la PDCT. En el presente trabajo, sobre la base previa del análisis de los principales aspectos jurídicos involucrados en la materia, se advertirá si la sentencia 556/2020 incurre en errores al realizar el análisis jurídico constitucional del principio de irretroactividad de las normas tributarias. Así, de un lado, apreciaremos si ha considerado en su análisis las decisiones previas sobre tal principio, afectando la predictibilidad que debe tener todo órgano del Estado que resuelve controversias y, con ello, la seguridad jurídica. Y, por otro lado, si al disponer la aplicación de la PDCT a situaciones que a su entrada en vigencia constituían hechos consumados, se ha generado dos (2) efectos inconstitucionales: (i) que la prescripción ya consumada se haya reiniciado; y, (ii) que, al día de hoy, el régimen de prescripción extintiva en materia tributaria sea imprescriptible. ; By means of the First Transitory Complementary Provision of Legislative Decree No. 1421 (PDCT by its acronym in Spanish), published in September 2018, the beginning of the statute of limitations period of the action to demand the collection of tax debts was legislatively regulated, on tax debts whose statute of limitations ...

The Political Constitution establishes the fundamental framework for Tax Law that, since its origin dating back to French Revolution, defined that tax matters are restricted to the scope of laws issued by the Legislative Branch, being the Executive Branch banned from assessing taxes, thus restricting its actions to regulatory jurisdiction. ; La Constitución Política establece el marco fundamental del Derecho Tributario, que desde su origen en la Revolución Francesa definió que la materia de los impuestos, está restringida para el ámbito de la ley, emanada del Poder Legislativo, siéndole al Poder Ejecutivo vedado imponer tributos, restringiendo su acción a la vía reglamentaria.

Este libro trata sobre un tema relevante del área del Derecho y Economía (Law Economics) referido al estudio de la incidencia de las leyes tributarias en la economía real de un país. De esta manera se intenta cubrir una necesidad superlativa que enfrenta el servicio de Justicia al momento de tener que identificar los hechos reales que están en discusión en los litigios o cuestiones relacionadas con el tema tributario y sobre los cuales habrá de emitir sus sentencias. En ese objetivo se intenta advertir las alternativas de orden fiscal y de otros instrumentos de política económica que plantean soluciones de "equivalencias tributarias", de "equivalencias fiscales" y/o de "equivalencias de políticas públicas" en general, de forma de poder comprender muchas decisiones gubernamentales que para el común de los profesionales no economistas distan de tener algún tipo de vinculación; en cambio, identificar complementariedades y posibles sustituciones entre instrumentos legales intentando lograr determinados objetivos de política, tanto las de orden fiscal, como las referidas a las políticas de liquidez (monetarias y de deuda pública), las políticas cambiarias, la política de ingresos, la política comercial, y las regulaciones en general. Asimismo, el libro cubre las cuestiones de diseño institucional en base a las cuales las decisiones tributarias y de financiamiento en general de la actividad de los Estados —al igual que el empleo de cualquier otro instrumento de política— se habrán de implementar. En este sentido, los aportes de la corriente public choice estarán presentes en estos análisis. ; This book deals with "Law Economics" in the field referred to taxation incidence of tax law on the real economy of a country. The aim is to fulfill a superlative need of the service of Justice facing the problem of identify real facts that are present in litigations dealing with taxation, on which Justice shall elaborate their judgments. The focus is to explain the use of fiscal instruments and other economic policy alternatives that represent "taxation-equivalence" decisions, or "fiscal-equivalence" and/or "public policy equivalence" decisions in general, analyzing many government decisions, which for many non economy professionals have not relationship. Instead, identify possible complementarities and substitutions between legal instruments trying to achieve similar policy objectives, both of fiscal order or other policies such as liquidity policy (monetary and debt policies), exchange rate policies, income policies, trade policies, and regulations in general. The book also covers issues dealing with social and public institutions design through which taxation and financing decisions in general —like the use of any other policy instrument— governments have to implement. On this issue, contributions of public choice literature will be present. ; Facultad de Ciencias Económicas

El derecho bancario es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan el quehacer de los bancos y de las demás instituciones financieras análogas que desarrollan, primordialmente, una actividad de intermediación financiera y de prestación de servicios, también, financieros, con recursos propios y del público. En perspectiva eminentemente jurídica, la actividad que desarrollan los bancos y demás entidades de crédito se asienta sobre la base de la constitución de relaciones patrimoniales con otros sujetos, mediante la conclusión de contratos. De esa forma queda al descubierto el doble aspecto del Derecho bancario, pudiéndose diferenciar, de una parte, el grupo de normas que afectan a la institución crediticia como sujeto de esa actividad, y, de otra, aquellas que inciden sobre la propia actividad que dicha institución emprende. El primer aspecto se rige, sobre todo, por normas de Derecho Público administrativo, y a éste compete el estudio de la noción jurídica de banco y de las demás instituciones de crédito, a la vez que la del ejercicio de la profesión de banquero. Por su parte, el segundo aspecto es tutelado, en gran medida, por normas de Derecho privado, que regulan las operaciones bancarias, mismas que se materializan, normalmente, en contratos privados que celebra el banco con sus clientes. En casi todos los ordenamientos jurídicos conocidos, el Estado regula de forma coactiva el ejercicio de la profesión de banquero, en atención a la enorme difusión de dichas entidades en el Estado moderno y, especialmente, por su pasmosa influencia económico-social en su calidad de mediadores en el crédito y en su papel de valiosos instrumentos de la política crediticia en la organización económica de un país. Es por ello que el Estado viene a establecer un conjunto de garantías a favor de la clientela y, en general, de todo el sistema financiero (entre muchas otras: la fijación de la proporción que debe existir entre los recursos propios del banco y los recursos ajenos que maneja; normas sobre reparto de dividendos activos; sobre apertura de oficinas bancarias o sobre formulación de balances). No cabe duda que, en este aspecto institucional, los bancos también se someten a una importante gama de normas jurídicas de carácter privado, entre las que sobresalen aquellas que disciplinan la constitución y el funcionamiento de la sociedad anónima que explotará la "empresa bancaria". Tampoco debe perderse de vista que el Derecho contractual bancario, si bien es cierto se caracteriza por una notable influencia de las normas jurídico-privadas, no deja de estar influenciado por algunas normas jurídico-públicas, ya que en sede práctica es imposible establecer una tajante separación entre la disciplina de la profesión de banquero y la disciplina de aquellas operaciones en que se va a manifestar dicha profesión. En síntesis, podemos afirmar que el Derecho Bancario no es más que un Derecho Mercantil especializado. Mismo que se caracteriza, como no podía ser de otra forma, por la especial influencia de normas jurídicas privadas en las materias atinentes a la constitución del empresario bancario y a la contratación con terceros. Pero, además, ese derecho mercantil especializado, que es el Derecho Bancario, está fuertemente influido por una serie de normas de carácter público administrativo, sobre todo en lo que respecta al ejercicio de la actividad que desarrolla el susodicho empresario bancario.

Si bien el Estado tiene la facultad de ejercer la potestad tributaria imponiendo obligaciones tributarias, dicha facultad se encuentra limitada por los Principios Constitucionales Tributarios previstos en el artículo 74 de la Constitución, que actúan como garantía para todos los ciudadanos en caso de que se vean afectados sus derechos por las actuaciones arbitrarias del Estado; en ese sentido, los actos que realice la Administración Tributaria deben realizarse en cumplimiento de los principios constitucionales tributarios. Si bien la Administración Tributaria tiene como finalidad recaudar tributos para solventar los gastos del Estado, sin embargo, esta función casi siempre se ve afectada por el tratamiento tributario que suele darse a las operaciones que realizan los contribuyentes, como es el caso de las operaciones interlineales, cuya falta de tratamiento tributario generó interpretaciones erróneas respecto a su inclusión o no en el procedimiento de prorrata para determinar el crédito fiscal. La presente investigación tiene como objetivos determinar cómo la Administración Tributaria viene aplicando el procedimiento de prorrata para determinar el Crédito Fiscal cuando el contribuyente realiza operaciones interlineales, si el procedimiento de prorrata aplicado por la Administración Tributaria se encuentra regulado en el Reglamento de la Ley del IGV y si hacer uso de un procedimiento de prorrata no contemplado en el Reglamento de la Ley del IGV vulnera el Principio Constitucional de Reserva de Ley. Para el desarrollo de esta investigación se consideró necesario analizar, durante una línea de tiempo, los argumentos contenidos en las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal respecto a los reparos al Crédito Fiscal y su procedimiento de prorrata, ello cuando las operaciones interlineales se encontraban fuera del ámbito de aplicación del Impuesto, y posteriormente cuando fue regulado tributariamente mediante el Decreto Legislativo N° 980 publicado el 15 de marzo del 2007. Del análisis se advierte como problema ...