Search results

The Spanish constitution proclaims Spanish unity to be indissoluble and, therefore, does not recognize the right to secession. However, this prevision could be reformed, even if it involves rather complicated processes. All said, it is good to bear in mind that different internal and international jurisdictions have recognized that national communities have a right to decide their political future collectively; including secession, understood to be a political aspiration, protected by the democratic principle of freedom of speech, and the right to participate can direct the modification of the constitutional order of a state, in a way that is legal and agreeable to all involved. However, there are cases of national communities that do not recognise that right, or the parent nation shows no desire to negotiate the terms of an improved accommodation of their political status, or allow a referendum to be held for this effect. In these cases, the recent practice of some States as well as comparative law, show the viability, under certain conditions, of a unilateral declaration of independence.

El actual debate político y social acerca de la mejora de la calidad democrática ha traído consigo un amplio cuestionamiento del rol de la denominada «ciudadanía activa» y la propuesta de nuevas formas de participación política más allá de los partidos políticos y la democracia electoral. Así, puede decirse que hoy en día lo que resulta determinante del concepto de democracia es la adecuada ponderación de formas de democracia representativa y mecanismos de democracia directa como el referéndum. Contra esta evidencia, en España persiste la actitud refractaria de las élites políticas y de parte del constitucionalismo, en base al recuerdo de la instrumentalización en clave plebiscitaria de esta modalidad de consulta durante el tardofranquismo, lo que ha contribuido a mantener una regulación constitucional y legal muy restrictiva. En los últimos años, el planteamiento de consultas de ámbito autonómico, vinculadas a decisiones sobre la «soberanía» del País Vasco o Cataluña, ha suscitado un intenso debate político y jurídico al respeto.

Los datos que sugieren que España transita hacia un cambio de era política no dejan de sucederse: los estudios sociológicos revelan niveles insólitos de desafección política producto de una percepción latamente instalada de actuación negligente de los poderes públicos durante la crisis económica, al mismo tiempo que del desánimo e indignación propiciada por el afloramiento de distintos episodios de corrupción pública. Los grandes partidos experimentan significativas y quizá irreversibles pérdidas de apoyo electoral, sintomáticos de que la fractura entre gran parte de la sociedad y las élites políticas tradicionales, con sus conexiones y complicidades con las de signo económico, es muy profunda. Así, la tradicional inhibición de dichas élites ante las periódicas crisis de legitimidad de la democracia representativa, consideradas, en muchos casos, como una suerte de impulsos adánicos que se repetían con el tiempo, se ha trocado en una creciente inquietud ante las expectativas que auguran la mayoría de encuestas, que apuntan incluso un vuelco en el escenario político tras el próximo ciclo electoral.

La Ley de Transparencia constituye un indudable punto de inflexión en la tradición administrativa española. En efecto, pese a que la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (LRJAP-PAC) ya hace referencia al acceso a la información en los procedimientos administrativos, por su objeto y funcionalidad los derechos establecidos en la nueva Ley van más allá de una mera garantía procesal [.].

Son abrumadores los datos que sugieren que España se encamina hacia un fin de ciclo político. Nunca como ahora se había dado una percepción tan altamente extendida de desafección política, a consecuencia de la gestión de la crisis y del desánimo que provoca la reiteración de episodios de corrupción. Es por ello que PP y PSOE están experimentando significativas y quizás irreversibles pérdidas electorales, a decir de algunas encuestas, además de que, sin llegar al extremo de otros países europeos donde, por idénticos motivos reverdece el populismo, la xenofobia o el nihilismo, emergen opciones políticas de nuevo cuño. Asistimos, pues, a una insólita crisis de legitimidad de las instituciones políticas y representativas.

Como anunció ayer Mariano Rajoy, a un año para finalizar la legislatura sólo van a ejecutarse, en el mejor de los casos, dos iniciativas legislativas del pomposo Plan de Regeneración Democrática aprobado por el Gobierno en septiembre de 2013: simplificando, la reforma de la financiación de los partidos y la llamada 'puerta giratoria'.

Hoy en día, la monarquía, en tanto que excepción a postulados básicos del sistema democrático como son la elección por sufragio de los cargos o la responsabilidad de los mismos, encuentra su legitimidad en el servicio a la sociedad. En el caso de la monarquía española, esta función estuvo clara en la época de la Transición y en el posterior desarrollo del régimen democrático. No obstante, en los últimos años, el cúmulo de errores cometidos por el rey Juan Carlos I, así como algunos episodios de corrupción en su entorno familiar, hicieron caer la aceptación popular de la Corona a los niveles más bajos de toda la historia de la democracia y han llevado a plantear a muchos sectores la necesidad de legitimar la institución en las urnas o incluso mediante un referéndum monarquía-república. Muy probablemente esta cuestión fue decisiva en la decisión del Rey Juan Carlos I de abdicar, como forma de mantener y relanzar la institución monárquica. A consecuencia de esta decisión, el Gobierno aprobó y envió a las Cortes un breve proyecto de ley orgánica que constataba la abdicación y daba paso a la coronación del príncipe Felipe, dando así continuidad a la ausencia de una ley orgánica sobre la Corona, que determine con claridad el estatus de sus miembros y desarrolle todos los aspectos esenciales vinculados a la institución, por ejemplo, la posición del ex Rey ante posibles procesos penales después de abandonar el trono, algo no previsto en la Constitución española.

La elaboración de leyes en materia de lucha contra la corrupción y, en general, de medidas tendentes al objetivo de la regeneración democrática constituye un bloque fundamental de la actividad parlamentaria de la X Legislatura de las Cortes Generales. Esta tarea se justifica, en unos momentos de notable desafección de los ciudadanos hacia el sistema político, por la necesidad de crear instrumentos que permitan atajar, eficazmente, el problema y reforzar la democracia. En este trabajo se analizan, en relación a los estándares de la mayoría de democracias avanzadas en la materia, algunas deficiencias que presentan las medidas formuladas en España, tanto de las leyes aprobadas como los proyectos de normas en tramitación.

Como respuesta al deterioro de la imagen de las instituciones, se ha iniciado un proceso de regulación, tanto a nivel estatal como autonómico, de distintos mecanismos de transparencia y acceso a la información pública similares a los ya existentes en otros países de nuestro entorno, con el propósito de avanzar hacia un modelo de organización administrativa abierta, transparente, participada y responsable, además de apoyada en medios electrónicos. El presente trabajo presenta una panorámica de las diferentes iniciativas normativas que en este ámbito han tenido lugar en la esfera autonómica a la lumbre de la reciente legislación estatal, analizando pormenorizadamente la aplicabilidad de la normativa estatal en el ámbito autonómico y el margen regulatorio en este ámbito.

Está incluida en los siguientes índices y bases de datos: ISOC, DIALNET, LATINDEX (Catálogo), ULRICH'S, RESH, MIAR, DICE, PIO, WESTLAW, IBZ, PAIS International, Social services abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, CIRC (B), CARHUS+ (B). Índice de impacto ICDS: 6.477

Por financiación de los partidos políticos se entiende el conjunto de métodos que estos utilizan para recaudar fondos que les permitan afrontar sus gastos como organizaciones y, singularmente, las campañas electorales. En esencia, estos fondos se proveen a través de la recaudación de las cuotas de afiliación, de los aportes voluntarios de individuos o empresarios en forma de donaciones corporativas, y por medio de subvenciones públicas. Pese a todas estas opciones, la financiación de los partidos a través de prácticas espurias y la corrupción política están muy presentes en la realidad, como demuestra el estallido de distintos episodios judicializados y algunas encuestas de percepción subjetiva. Ello ha llevado a impulsar diferentes planes y reformas legislativas en pro de la regularidad, la transparencia y el buen gobierno de estas organizaciones. Lo relevante sin embargo es que esta problemática empieza a ser vista como un indicador clave para la ciudadanía informada que ha pasado a elegir su opción política junto a los programas y los candidatos, especialmente en el actual contexto de crisis económica e institucional. Además, distintas voces abogan porque dichas reformas supongan no sólo un endurecimiento del control de la financiación sino también un recorte sustancial de las ayudas del Estado.

Como decía acertadamente Javier Tajadura en estas mismas páginas, la desafección hacia el sistema institucional se ha trocado en un amplio cuestionamiento de nuestro modelo de democracia representativa. Y en buena parte, esta crisis de legitimidad es debida al funcionamiento oligárquico de los partidos políticos, que siguen ostentando un papel hegemónico y asfixiante, diseñado en pleno posfranquismo, por razones obvias.

Son abrumadores los datos que sugieren que España se encamina hacia un fin de ciclo político. Nunca como ahora se había dado una percepción tan altamente extendida de desafección política, a consecuencia de la gestión de la crisis y del desánimo que provoca la reinteración de episodios de corrupción.

Como decía acertadamente Javier Tajadura en estas mismas páginas, la desafección hacia el sistema institucional se ha trocado en un amplio cuestionamiento de nuestro modelo de democracia representativa. Y en buena parte, esta crisis de legitimidad es debida al funcionamiento oligárquico de los partidos políticos, que siguen ostentando un papel hegemónico y asfixiante, diseñado en pleno posfranquismo, por razones obvias. Pero también a la creciente colonización que estos mismos partidos hacen de las instituciones. No hay más que observar los nombramientos que se han producido en algunos de los más altos órganos de la justicia ordinaria y constitucional o de otros órganos constitucionales o reguladores. Por otra parte, el carácter basal del combate contra la corrupción en la arquitectura institucional debería ser un incentivo para la articulación de instrumentos que permitan atajar eficazmente el problema. Y no lo es, como veremos. El resto lo hace la débil institucionalización de mecanismos de participación directa en nuestro sistema político: se sigue hurtando a la ciudadanía la capacidad de decidir tanto sobre cuestiones de especial trascendencia política como otras que afectan a la cotidianidad.

Con indudable lucidez, el filósofo burgués y posmaterialista del 68 francés, luego convertidoen paladín de la causa sarkozysta, André Glucksmann, señaló que si el combate en el sigloXX había sido entre democracia y totalitarismo, en el siglo XXI el antagonismo es entredemocracia y corrupción. Algo hay de exageración en esta aseveración, sobre todo en elactual contexto de aguda crisis económica, donde la jerarquía de inquietudes sociales pasaante todo por llegar a fin de mes u obtener un empleo. Sin embargo, también algo hay derazón en todo ello, además de que corrupción y crisis económica van de la mano