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Resumen: La doctrina del acto de Estado es una regla jurisprudencial aplicada en aquellos casos que implican en forma directa la legalidad de una norma o acto gubernamental extranjero realizado en su propio territorio. Desde sus orígenes hasta la actualidad su análisis se ha complicado pues el ámbito no solo se relaciona con actos como expropiaciones o repudiación de contratos, sino con otras áreas tales como los derechos humanos, el terrorismo y los monopolios. El presente artículo analiza sus orígenes y desarrollo en la jurisprudencia norteamericana. ; Abstract: The act of state doctrine is a judicial rule of abstention to be applied in those cases that concern directly the legality of a governmental action or rule, done or enacted by a sovereign State in its own territory. Since its origin to present times, the analysis has been tangled, as its scope is not only related nowadays with expropriations or contract breaches, but other areas such as Human Rights, terrorism and antitrust. This paper deals with the origins and evolution of the act of state doctrine in United States' case law.

Resumen: En el ámbito internacional se han establecido una serie de estándares construidos, en gran parte, por prácticas basadas en legislaciones internas, que han tomado en consideración tres áreas de regulación de los lobbies: la transparencia, la integridad y la participación, buscando un consenso y respetando las diferencias entre los Estados. El derecho a expresar las preocupaciones e intereses, y en consecuencia influir en las políticas púbicas, es fundamental para un sistema democrático y republicano. Es este un derecho que no solo le corresponde a los ciudadanos, sino a los grupos que representan intereses colectivos. Las empresas, los sindicatos y los grupos de intereses tienen derecho a ejercer sus derechos de petición y de realizar lobby en aras de sus propios intereses o de aquellos más amplios dentro un marco económico social o ambiental. No obstante, esto acarrea sus peligros, siendo uno de ellos la crisis de legitimidad que se provoca. Lo que un tiempo fue una conducta de individuos apasionados se ha convertido en una industria gigantesca con recursos que pueden competir con los políticos o los funcionarios públicos. ; Abstract: International Law has adopted a series of standards based on practices and internal legislation taking into consideration three areas in lobby regulation: transparency, integrity and participation, seeking consensus and respecting contexts and differences between States. The right to express problems and interests and to influence policies and outcomes is basic to a republican and democratic system. This right pertains not only to individual citizens but also to other groups and associations representing individual or collective interests. Corporations, trade unions, and interest groups exercise their rights through lobbies, whether in their own benefit t or enhancing those of the communities in economic, social or environmental matters. In spite of these benefits, there are dangers; and one of them is the crisis of legitimacy. What was at the beginning actions by passionate individuals has become an industry with resources that compete and even surpass those of States, unduly influencing politicians and public officials.

En 1704 el Peñón de Gibraltar es capturado por las escuadras del Almirante Rooke y el Príncipe de Hesse- Darmstadt, en el transcurso de la Guerra de la Sucesión Española capitulando el 4 de agosto de ese año. Desde entonces el territorio ha sido objeto de controversia entre España y el Reino Unido. La ocupación británica es legitimada a través del Tratado de Utrecht en 1713, convirtiéndose en Colonia en 1830. La Guerra de la Sucesión Española provoca que los territorios de la Corona Hispánica en Europa fueran entregados. Saboya recibe a Sicilia y parte del Ducado de Milán, y Carlos VI de Austria los Países Bajos Españoles, el Reino de Nápoles, Cerdeña y la mayor parte del Ducado de Milán. Portugal por su parte obtiene el reconocimiento de su soberanía entre los Ríos Amazonas y Oyapock u Oiapo que, en Brasil, y en 1715 recobra la Colonia del Sacramento que España había conquistado en la guerra. Por el Articulo X España debe ceder Gibraltar y por el XI Menorca a Gran Bretaña, además de otorgar una serie de privilegios comerciales. España intentó recuperarla militarmente en 1704, 1727, y el llamado Gran Asedio entre 1779 y 1783, sin embargo su decadencia irreversible en el Siglo XIX, y el ascenso de Gran Bretaña a potencia suprema, tornan este camino irrealizable. Allí comienza un largo sendero de reivindicaciones de carácter diplomático. España entiende que Gibraltar fue ocupado dentro del marco de una disputa monárquica española reclamando la soberanía, agregando que las estipulaciones del artículo X del Tratado de Utrecht no incluían el istmo ni las aguas territoriales.

Resumen: Este artículo analiza la cuestión de las islas Malvinas, dentro del contexto histórico que le dio origen. Estudia su desarrollo posterior, a la luz de los principios que regulan los títulos jurídicos de adquisición del territorio, la autodeterminación, descolonización y aquiescencia. Concluye haciendo referencia a la legitimidad de las acciones de 1982, en el marco de la tensión entre el Derecho Internacional y el poder. ; Abstract: This paper analyzes the question of the Malvinas/Falkland/ Islands, in the historical context that originated it. It also describes its subsequent developments in the light of the titles of acquisition of territory, self-determination, decolonization and acquiescence. It concludes with a reference to the legitimacy of the military actions in 1982, stressing the tension between International Law and naked power.

Abstract. Recent events show that extradition, political offense and the so called diplomatic or extraterritorial asylum present a series of challenges to the theories of International Law, and that the related questions take us to the junction of internal legislation, international treaties and political considerations that collide with the established legal norms. Therefore the article begins with the history of extradition and its evolution, basically through treaties as a mean of state intercourse. Afterwards the political offense exceptionis treated together with the judicial arquitecture built around the concept and its limitations. The consequences of this exception are analyzed, and also the alternatives to extradition, basically the two most important that are the abduction and the so calledextraordinary rendition. Finally the political or extraterritorial asylum is studied, and its consequences as a humanitarian exception against the host State sovereignty, within the framework of diplomatic immunities. ; Resumen. Acontecimientos recientes nos demuestran que la extradición, la noción de delito político y el llamado asilo diplomático o extraterritorial presentan una serie de desafíos a las teorías del derecho internacional público, y que las cuestiones relativas a ellas llevan a la intersección de la legislación penal interna, los tratados internacionales sobre la materia y, sobre todo, consideraciones de carácter político que entran en conflicto permanentemente con los postulados legales. En consecuencia, se analiza en primer lugar la historia de la extradición y su evolución, así como los tratados referentes a ella como medio de comunicación entre Estados.Tras el análisis se procede a estudiar la llamada excepción del delito político; se hace un análisis de algunas construcciones jurispruden ciales sobre el concepto y su alcance. También se analizan sus implicaciones frente a la estructura de los tratados, así como lasalternativas a la extradición, básicamente la abducción y la llamada rendición extraordinaria. Finalmente se analiza el llamado asilo político o extraterritorial, sus implicaciones como excepción humanitaria y el conflicto entre las inmunidades diplomáticas y el otorgamiento del asilo, en el marco de la colisión entre este y la soberanía estatal.

En este trabajo se intentará realizar un análisis sobre la génesis y el desarrollo de la cuestiónpolitica en el sistema judicial de los Estados Unidos. Posteriormente se procederá al estudio dealgunas de las disposiciones constitucionales en materia de relaciones exteriores; y la aplicación dela doctrina de la cuestión politica en ese ámbito. Finalmente se pondrá especial énfasis en algunostemas planteados recientemente ante los Tribunales Federales y la Corte Suprema de Justicia alrespecto.

<p>Los resultados de investigación que se presentan en estas páginas, hacen parte del proyecto La actividad sancionadora de la administración en Colombia, estudio que tiene por objetivo principal analizar el eje central del poder sancionador de la administración: la sanción administrativa. Para el abordaje de este tema, partimos de una revisión doctrinal y legal del ius puniendi del Estado; luego, nos centramos en el concepto de sanción y sus elementos, para revisar en último lugar, las reglas extraídas básicamente de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se ha ocupado de la cuestión. De esto se concluye que la sanción administrativa es el pilar de este campo de intervención de la administración, que se ha desarrollado <br />a partir de las respuestas del juez constitucional, y no por la iniciativa del legislador o de la comunidad científica nacional sobre el particular.</p>

BACKGROUND: UNAIDS has set a 90-90-90 target to curb the HIV epidemic by 2020, but methods used to assess whether countries have reached this target are not standardised, hindering comparisons. METHODS: Through a collaboration formed by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) with European HIV cohorts and surveillance agencies, we constructed a standardised, four-stage continuum of HIV care for 11 European Union (EU) countries for 2013. Stages were defined as: 1) number of people living with HIV (PLHIV) in the country by end of 2013; 2) proportion of stage 1 ever diagnosed; 3) proportion of stage 2 ever initiated ART; and 4) proportion of stage 3 who became virally-suppressed (≤200 copies/mL). Case surveillance data were used primarily to derive stages 1 (using back-calculation models) and 2, and cohort data for stages 3 and 4. RESULTS: In 2013, 674,500 people in the 11 countries were estimated to be living with HIV, ranging from 5,500 to 153,400 in each country. Overall HIV prevalence was 0.22% (range 0.09%-0.36%). Overall proportions, of each previous stage, were 84% diagnosed, 84% on ART, and 85% virally-suppressed (60% of PLHIV). Two countries achieved ≥90% for all stages, and over half had reached ≥90% for at least one stage. CONCLUSIONS: EU countries are nearing the 90-90-90 target. Reducing the proportion undiagnosed remains the greatest barrier to achieving this target, suggesting further efforts are needed to improve HIV testing rates. Standardising methods to derive comparable continuums of care remains a challenge.