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El proyecto: "Fortalecimiento del Sistema de Justicia Juvenil" tiene como objetivo fortalecer el sistema de justicia juvenil de El Salvador para mejorar la reintegración social y la reducción de las tasas de reincidencia de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.

El Derecho Penal de menores frecuentemente ha sido vinculado a la exclusión social. La etiología de la delincuencia juvenil a menudo se asocia con determinadas situaciones de marginalidad, llegándose a realizar atribuciones injustas a determinados colectivos, etiquetándolos y criminalizándolos. Si bien es cierto que detrás de algunos jóvenes que incurren en conductas desviadas se pueden encontrar situaciones de exclusión o de riesgo de exclusión social, hay otras muchas variables que influyen en el fenómeno delictivo de una manera determinante y que tienen más que ver con cuestiones de vulnerabilidad, de oportunidad y de desarrollo evolutivo. El contacto de un adolescente con el sistema de Justicia Juvenil puede servir de mecanismo compensatorio ante determinadas carencias emocionales, educativas o de otro tipo que estén ejerciendo un efecto criminógeno sobre él, de tal manera que se le proporcionen recursos y alternativas de vida y de conducta que lo capaciten para la convivencia en sociedad sin incurrir en conductas disruptivas. No obstante, el contacto de un adolescente con el sistema de justicia juvenil también puede tener un efecto adverso de estigmatización y, con ello, de incremento del riesgo de exclusión social o incluso de afianzamiento de la conducta delictiva. En noviembre se presentarán unos Estándares Comunes para Iberoamérica sobre Determinación y Revisión Judicial de Sanciones Penales de Adolescentes en cuya elaboración hemos intervenido y en los que se dan pautas para evitar una aplicación discriminatoria del Derecho Penal de adolescentes. Estando a pocos meses de que se cumplan 20 años de la aprobación de la LO Reguladora de la responsabilidad penal de los menores y habiéndose publicado recientemente una nueva Observación General del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en materia de Justicia Juvenil, parece un momento adecuado para reflexionar sobre estas cuestiones a la luz de nuestra regulación. ; Juvenile Justice System has frequently been linked to social exclusion. The etiology of juvenile delinquency is often associated with marginality, leading to unfair attributions to certain groups, labeling and criminalizing them. While it is true that behind some young people who engage in deviant behavior, situations of exclusion or risk of social exclusion can be found, there are many other variables that influence the criminal phenomenon in a decisive way and that have more to do with issues of vulnerability, opportunity and evolutionary development. The contact of an adolescent with the Juvenile Justice System can serve as a compensatory mechanism for certain emotional, educational or other lacks that may have a criminogenic effect on him/her, in such a way that resources and alternatives of life and behavior are provided to enable him/her to live in society without incurring in disruptive behavior. However, the contact of an adolescent with the Juvenile Justice System can also have an adverse effect of stigmatization and, thereby, of increasing the risk of social exclusion or even strengthening criminal behavior. In November, will be presented a Common Standards for Ibero-America on the Determination and Judicial Review of Criminal Penalties of Adolescents in whose elaboration we have intervened. One of the aims of these guidelines is to avoid a discriminatory application of the Criminal Law to adolescents. With only a few months left for the twenty years after the Spanish Law on criminal responsibility of minors was passed, and with the recent publication of a new General Observation of the United Nations Committee on Rights of the Child on Juvenile Justice, it seems a good time to reflect on these issues in accordance with our Legislation. ; info:eu-repo/semantics/draft

En el año 1967 la sociedad japonesa se estremeció al conocer los sucesos del apresamiento de un adolescente de nombre Nagayama Norio acusado de asesinar a tres personas en una senda de violencia que devino en la determinación de la pena de muerte, opción válida en ese entonces y aún ahora para el Estado japonés como resolución justa para casos tan graves como los de asesinato. El responsable de los asesinatos era al momento de haberlos cometido un adolescente y al tener en perspectiva la pena impuesta, vale la pena interrogarnos en torno a la validez reñida con los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de las condenas semi carcelarias o carcelarias y el uso de la violencia para solucionar la violencia adolescente. El presente artículo propone, a partir del análisis de un caso emblemático de condena de pena de muerte a un adolescente, la elaboración de pautas para la praxis social y judicial con poblaciones de adolescentes en conflicto con la ley, la solución definitiva, agotadora del derecho humano, resolutiva de la pena de muerte expuesta como contrasentido de la solución humanitaria responsable, sistemática, basada en el derecho humano.

Los tribunales tutelares de menores surgieron a principios del siglo XX con el principal propósito de crear un sistema especializado que apartara a los menores de la justicia penal ordinaria. El objetivo fue crear un espacio diferente que permitiera darle un sentido educativo al castigo juvenil y de acuerdo con unos procedimientos adaptados para sus jóvenes destinatarios. El interés del menor se ha erigido siempre en el principio rector de todas las intervenciones y durante décadas se han ido desarrollando marcos legislativos, fundamentalmente desde instancias supranacionales, que han hecho posible el desarrollo y la consolidación de este sistema especializado. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la adaptación al menor que se ha ido realizando en los sistemas de justicia juvenil ha ido modificándose; y el sentido de lo que significa un sistema adaptado al menor no es lo mismo hoy día que cuando se constituyeron los primeros tribunales tutelares. En este trabajo se presenta esa transformación histórica que permitirá comprobar no sólo cómo ha cambiado el modelo de justicia de menores y la finalidad que se le otorga al castigo juvenil, sino también la evolución del concepto infancia que se ha producido en la sociedad. Juvenile courts emerged at the beginning of the 20th century to separate juvenile offenders from adult criminal courts. The objective was to create a different space to provide an educative punishment and to develop procedures adapted for young people. The best interest of the child, promoted by international institutions, has been the main principle which guides all interventions involving children and young people. However, over the time we have seen that these adaptations have changed, and the meaning of the system which are adapted to the young people is different today than in the first juvenile courts. In this paper this historic transformation is featured, and it is shown how the model of the juvenile justice, the purpose of the juvenile punishment and the concept of childhood have changed through the time.

La investigación compara el funcionamiento de la justicia juvenil en dos jurisdicciones de Minas Gerais (Brasil): una en la capital y otra en el interior del país. Se analizaron las implicaciones de estos modelos para prácticas, decisiones de los actores, resultados de los procesos y flujos. Se combinaron audiencias, entrevistas, lectura de expedien-tes y análisis de los resultados de los procesos. En la capital, la justicia es casi "instantánea". En el interior, la eficiencia se garantiza mediante acuerdos y conexiones interpersonales entre agentes. Se concluyó que ambas jurisdicciones funcionan como líneas de montaje informales. La diferencia es que, en la capital, las interacciones informales son inducidas por mecanismos institucionales, mientras que en el interior tienen un contenido eminentemente personal.

En los últimos años han visto la luz varios informes sobre la reincidencia juvenil en el ámbito de distintas comunidades autónomas. Dentro del marco de un proyecto más amplio sobre seguridad ciudadana, se diseñó una investigación con la pretensión de abordar las variables legales y/o sociales que distinguen a los reincidentes de los no reincidentes en Andalucía. Con este trabajo, partiendo del marco legal constituido por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, y sus sucesivas reformas, presentamos la reiteración delictiva de los menores obtenida a partir de una muestra de expedientes judiciales del sistema de justicia penal juvenil, así como una descripción panorámica de las variables personales, sociales y legales que nos permiten diferenciar con un análisis bivariable y de forma estadísticamente significativa, al grupo de menores reincidentes del de los no reincidentes en los tres juzgados andaluces analizados.

Resumen El presente artículo aborda la problemática de los derechos humanos de los/las jóvenes-adolescentes "en situación de conflicto con la ley" en relación con las reformas que se proponen para su tratamiento en un contexto de neoconservadurismo. Pensar en las luchas por los derechos humanos y ubicar las estrategias del Trabajo Social en los espacios institucionales sociojurídicos habilita el debate profesional y fundamenta las acciones políticas desplegadas para la defensa de los derechos, en particular, de jóvenes-adolescentes. En este marco, la instalación mediática de la problemática y la aparición de la reforma legal como único camino resultan un abordaje unilateral y sesgan la compresión del campo de la justicia juvenil. Sostenemos que existe en la justicia juvenil una seducción por los derechos procesales, más no por la integralidad de los derechos humanos, en particular de jóvenes-adolescentes. Se han producido, sin embargo, una serie de intentos de reforma de este estado de cuestión, los trabajadores sociales hemos participado generando una rica experiencia.

El presente artículo tiene carácter de ensayo y el objetivo es demostrar que, un abordaje integral y diferenciado de la justicia juvenil adolescente es posible desde una perspectiva sociojurídica y en el desarrollo de la justicia juvenil restaurativa. Para ello es necesario abordar cuestiones atinentes al campo de la justicia juvenil en relación con las disputas en juego respecto de las políticas judiciales y públicas, con diversos sentidos y direccionalidades, que operan en relación con las y los adolescentes que han infringido leyes penales. Se observan intencionalidades reformistas entre las distintas posiciones jurídicas, sean retribucionistas, restaurativas, etc., que nos desafían a ahondar en sus matrices epistemológicas subyacentes, dado que las consecuencias políticas de las mismas incidirán en las transformaciones institucionales y en los sistemas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En América Latina ha predominado la idea de transformar el paradigma tutelar en regímenes de responsabilidad penal juveniles. Las consecuencias no han sido las mejores, pudiéndose observar fenómenos de adultización en los modos de abordaje de niñas, niños y adolescentes y altas tasas de encarcelamiento. En este marco, las orientaciones hacia lo que se denomina justicia juvenil restaurativa aparecen como novedad para algunos, aunque para otros constituyan un camino que ya se viene transitando con convicción. Existen, no obstante, ciertos riesgos en su adopción, y uno de ellos es tomar lo restaurativo como modelo aplicar. No compartimos esta posición, sino que pensamos, al decir de Howard Zehr, en procesos y continuos restaurativos. Indagar sobre los sentidos y direccionalidades en juego en los distintos modos de abordaje adoptados en justicia juvenil es lo que se pretende en el presente ensayo, de modo de insistir en la necesidad de revisar atentamente sus consecuencias políticas e institucionales en pos de asegurar un abordaje diferenciado para las y los adolescentes infractores de la ley penal. Reflexionar desde un enfoque sociojurídico sobre las intervenciones interdisciplinarias, los roles y funciones en la administración de justicia se torna ineludible.

El objetivo del artículo es analizar los procesos judiciales de tráfico de drogas en Petrolina-PE (2011-2014) de adolescentes, según la teoría de la sentencia. Se estudió el contenido social de las variables legales y extralegales desde el efecto acumulativo de los determinantes de las sentencias. Las decisiones judiciales más encontradas fueron la extinción procesal y la absolución. Las medidas socioeducativas de advertencia, libertad y semilibertad son más recurrentes que la internación. Sin embargo, hay desigualdades de sentencias en casos análogos e imputación de penalización análogas en casos dispares. Se concluye que el sistema penal es productor de discrepancias sociales, y el castigo se percibe y utiliza como técnica de control y transformación de adolescentes pobres incautados con pequeñas cantidades de drogas.

El presente artículo sintetiza las principales características que promocionan el trabajo educativo en sistema de justicia juvenil catalán para el logro de la rehabilitación y reinserción social de la juventud. A su vez, analiza la legislación que dirige dicho sistema seleccionando y sintetizando las ideas que orientan los principios y valores que más tienen que ver con educación. Para tener una visión internacional del tema tratado, hemos recorrido a leyes y recomendaciones de referencia tanto a nivel mundial como europeo, español y catalán. Los resultados demuestran que la normativa actual permite concebir la intervención socioeducativa como una acción y un proceso que puede considerar y favorecer el empoderamiento juvenil ; This article summarizes the main characteristics promoted by educational work in the Catalan youth justice system for young people to achieve rehabilitation and social reintegration. It also analyses the legislation governing said system by selecting and summarizing the ideas expressed in it that guide principles and values most related to education. In order to provide an international overview of the subject, we have analysed reference laws and recommendations at the worldwide, European, Spanish and Catalan levels. Our results show that current regulations allow socio-educational intervention to be conceived as an action and process that both take youth empowerment into account and favour it

El año 2007 se implementa en Chile la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, llevando a cabo distintos programas centrados en el control social, los cuales han sido ejercidos históricamente por trabajadores sociales. Esto ha llevado a repensar la acción profesional, en la que se evidencian distintas tensiones; por una parte, un sistema enfocado en que los adolescentes infractores de ley lleven a cabo sus medidas y sanciones respecto de los delitos cometidos y que frente a esto logren la reinserción social, pero, por otra, la invisibilización de un sistema neoliberal, altamente desigual y violento, en el que se responsabiliza únicamente a los jóvenes y a sus familias. Es decir, un sistema que vulnera y pasa por alto todo tipo de derecho, que a través de políticas públicas de reinserción social nos hace creer que encuentra la solución respecto de las mismas problemáticas que este ha creado desde el surgimiento de la cuestión social.