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The guidelines of the Washington Covenant in the 90s, involved the political and economic transformation of the Latin American states due to the liberalization of the economy, government reform, deregulation and privatization. Following these guidelines, the term "foreign investment" became an imperative for economic growth and development, so that the states to achieve such purposes resorted to bilateral solutions, modifying national legislation and signing Bilateral Investment Treaties (bit). The incorporation of a series of protection standards as fair treatment, expropriation clauses, most favored nation, as a condition for the participation of foreign investors in the public services of the states, are a clear example of this new reality. The system for the promotion and protection of foreign investment has been becoming a new "subsystem" international law, with its own rules and its own enforcement mechanism for dispute resolution through international arbitration tribunals, although in some where collision States constitutional standards. ; Las directrices del Consenso de Washington en los años 90, implica­ron la transformación política y económica de los Estados de Latinoamérica caracterizada por la liberalización de la economía, la reforma del Estado, la des­regulación del sistema financiero y las privatizaciones de los servicios públicos. Siguiendo estas directrices, el término "inversión extranjera" se transformó en un imperativo de crecimiento económico y desarrollo, por lo que los Estados, para conseguir tales fines, recurrieron a soluciones bilaterales, modificando la legislación nacional y suscribiendo tratados bilaterales de inversiones extranje­ras (TBI). La incorporación de una serie de estándares de protección como trato justo, cláusulas de expropiación, de nación más favorecida; como condición para la participación de inversores extranjeros en la prestación de servicios públicos de los Estados son un claro ejemplo de esta nueva realidad. De esta manera, el régimen de promoción y protección de inversiones extranjeras ha venido constituyéndose en un nuevo "subsistema" jurídico internacional, con sus particularismos normativos y su propio mecanismo de solución de controversias, a través de tribunales arbitrales internacionales, aunque en algunos casos en colisión con normas constitucionales de los Estados. ; Les directives du Consensus de Washington, dans les années 1990, impliquaient une transformation politique et économique des États latino-américains, caractérisée par la libéralisation de l'économie, la réforme de l'État, la dérégulation du système financier et la privatisation des services publics. Suivant ces directives, le terme "investissement étranger" s'est transformé en un impératif de croissance économique et de développement. Les États, afin d'atteindre ces objectifs, ont eu recours à des solutions bilatérales, en modifiant la législation nationale et concluant des traités bilatéraux d'investissements étrangers (TBI). L'incorporation d'une série de standards de protection tels que le traitement juste, les clauses d'expropriation, les clauses de la nation la plus favorisée, comme condition pour la participation des investisseurs étrangers à la prestation des services publics des États, est un exemple clair de cette nouvelle réalité. De la sorte, le régime de promotion et protection des investissements étrangers est devenu un nouveau "sous-système" juridique international, avec ses particularismes normatifs et son propre mécanisme de règlement des différends à travers des tribunaux arbitraux internationaux ; et cela, dans certains cas, en collision avec des normes constitutionnelles des États.

La CNMF (Cláusula de la Nación más favorecida), insertada de forma casi automática en los tratados bilaterales de promoción y/o de protección de las inversiones durante las décadas de 1960 y 1970, devela hoy una dinámica sorprendente. Vía las decisiones de diferentes tribunales CIADI (Centro International de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), presentamos la "evolución" o cambio que protagoniza esta cláusula. Para esto, se analizará el mecanismo de la cláusula, el cual a priori circunscrito (por los Estados y la doctrina) a la importación de disposiciones de fondo, parece estar implícitamente habilitado para importar también disposiciones de procedimiento. La nueva faceta de la cláusula impone un estudio retrospectivo de sus principios, su enunciado y su objetivo. Mas dicha perspectiva no es el resultado de un cambio sustancial en el enunciado de la cláusula sino en la valoración que los árbitros, Estados e inversionistas hacen de ella. Así, la instrumentalización de la CNMF además de permitir una mayor liberalización del sector repercute en otras estructuras del derecho internacional y resalta el papel que desempeñan los Estados, sus cocontratantes privados y el CIADI en la relectura de la CNMF.

This article addresses the rise of private authority in contemporary global governance based on the role of global law firms in the management of a specific international regime such as international investment arbitration. The purpose of the research is to demonstrate the presence and influence of private actors in the management of agendas, topics, and global issues, which derives from them being considered as authorities of a private nature. The CIADI arbitrations related to the economic and political crisis of Argentina in the period 1999-2002 are the case study that illustrates the presence of private authority in the conduction of an international regime. ; Este texto trata la emergencia de la autoridad privada en la gobernanza global contemporánea a partir del papel que desempeñan las oficinas globales de abogados en la gestión de un régimen internacional específico como el del arbitraje internacional de inversiones. El objetivo de la investigación es demostrar la presencia e influencia de los actores privados en la administración de agendas, temas y asuntos globales, que se deriva de su consideración como autoridades de naturaleza privada. Los arbitrajes CIADI relacionados con la crisis económica y política de la Argentina en el período 1999-2002 son el caso de estudio que permite ilustrar la presencia de la autoridad privada en la conducción de un régimen internacional.

This article addresses the rise of private authority in contemporary global governance based on the role of global law firms in the management of a specific international regime such as international investment arbitration. The purpose of the research is to demonstrate the presence and influence of private actors in the management of agendas, topics, and global issues, which derives from them being considered as authorities of a private nature. The CIADI arbitrations related to the economic and political crisis of Argentina in the period 1999-2002 are the case study that illustrates the presence of private authority in the conduction of an international regime. ; Este texto trata la emergencia de la autoridad privada en la gobernanza global contemporánea a partir del papel que desempeñan las oficinas globales de abogados en la gestión de un régimen internacional específico como el del arbitraje internacional de inversiones. El objetivo de la investigación es demostrar la presencia e influencia de los actores privados en la administración de agendas, temas y asuntos globales, que se deriva de su consideración como autoridades de naturaleza privada. Los arbitrajes CIADI relacionados con la crisis económica y política de la Argentina en el período 1999-2002 son el caso de estudio que permite ilustrar la presencia de la autoridad privada en la conducción de un régimen internacional.

Este artículo pretende evidenciar el renovado debate sobre las causales de exclusión de ilicitud en la responsabilidad internacional del Estado en materia de compromisos económicos y, particularmente, realizar un aporte al entendimiento del concepto de estado de necesidad. Para ello, se acude a un conjunto particular de casos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. En este sentido, el análisis jurídico de este trabajo se construye con base en la distinción de la fuente a partir de la cual se invoca el estado de necesidad y en los efectos de esta diferenciación en cuanto a la carga de la prueba de la necesidad, al interés esencial del Estado que se ve afectado, al cálculo de daños y a la anulación de ciertos laudos por la incorrecta aplicación de tal causal. ; The article studies, from the concept of necessity developed by international law, the developing debate of the state of economic necessity and the way it operates as a circumstance precluding wrongfulness in the doctrine of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. The article analyses the developments on the topic in the ICSID. The study aims to contribute in the debate on the effectiveness of circumstances precluding wrongfulness in the presence of the State's financial commitments and tries to make a contribution to the understanding of "necessity". The article intents to identify the legal effects when invoking the doctrine of necessity, such as the burden of proof of the necessity, the identification of a essential interest of the State that is affected, its effects on the calculation of damages and the annulment of certain awards by the misapplication of such doctrine. Key words: International Centre for Settlement of Investment Disputes, state of necessity in international law, responsibility of states for internationally wrongful acts, circumstances precluding wrongfulness, bilateral investment treaties.

El marco de la pandemia global por el COVID-19 ha alterado la vida de miles de millones de personas, pero también ha generado uno de los mayores impactos en la historia internacional reciente en materia sanitaria, con aproximadamente 4.22 millones de personas fallecidas (Our World In Data, 26/09/2021b) y más de 206 millones de personas infectadas desde el inicio de la pandemia al 26 de septiembre de 2021 (Our World In Data, 26/09/2021a). Sin embargo, la pandemia hace relucir las condiciones que ya eran preexistentes y que reflejan la desigualdad con la que países enteros, sociedades, individuos y clases sociales pueden hacer frente a esta amenaza global. En este marco de crisis, las empresas multinacionales ya están amenazando a distintos Estados en la región y fuera de ella a entablar demandas ante organismos de arbitraje internacional a fin de reclamar la protección de sus inversiones en contra de las medidas tomadas por los diferentes gobiernos en el mundo para contener la propagación del COVID-19. La presentación versará sobre cómo el sistema de solución de controversias inversor- Estado va a ser una versión más de la crisis provocada por la pandemia global, y cómo ello profundizará la crisis quitando recursos públicos que podrían utilizarse para sostener los sistemas sanitarios y las economías nacionales, incrementando así las desigualdades en vez de ayudar a resolverlas. ; The framework of the global pandemic due to COVID-19 has altered the lives of billions of people, but it has also generated one of the greatest health impacts in recent international history, with more than a million people dead and 32 one billion people infected. However, the pandemic highlights the conditions that were already pre-existing and that reflect the inequality with which entire countries, societies, individuals and social classes can cope with this global threat. In this context of crisis, multinational companies are already threatening different States in the region and outside of it to file lawsuits before international arbitration bodies in order to demand the protection of their investments against the measures taken by the different governments in the world to contain the spread of COVID-19. The presentation will deal with the investor-State dispute settlement system, which will be one more version of the crisis caused by the global pandemic, and how this will deepen the crisis by removing public resources that could be used to sustain health systems and national economies. thus increasing inequalities rather than helping to solve them. ; Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 6, n. 2, 2013, pp 377-396 ; Una vez que el Derecho aplicable es elegido, a fin de regir el contrato entre la entidad soberana y el inversor o simplemente a fin de regir toda su relación económica, el inversor suele sentir la necesidad de proteger tal elección, asegurándose de que la entidad soberana no la modifica introduciendo nuevas condiciones en su relación o nueva normativa. Es habitual que los inversores traten de alcanzar estos objetivos introduciendo cláusulas de estabilización en los contratos de inversión. La clasificación, validez y efectos de tales cláusulas está sujeta a cierta controversia porque, entre otras cuestiones, puede afectar a la soberanía legislativa de los estados. ; Once the applicable law is chosen in order to govern the contract between the sovereign entity and the investor or simply in order to govern their economic relationship as a whole, the investor usually feels the need to protect that choice, making sure the sovereign entity does not alter it by introducing new conditions in their relationship or new regulations. It is common that investors try to achieve these purposes by introducing stabilisation clauses in investment contracts. The classification, validity and effects of such clauses is subject to some controversy because, among other issues, it may affect the legislative sovereignity of states.

En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 6, n. 2, 2013, pp 377-396 ; Una vez que el Derecho aplicable es elegido, a fin de regir el contrato entre la entidad soberana y el inversor o simplemente a fin de regir toda su relación económica, el inversor suele sentir la necesidad de proteger tal elección, asegurándose de que la entidad soberana no la modifica introduciendo nuevas condiciones en su relación o nueva normativa. Es habitual que los inversores traten de alcanzar estos objetivos introduciendo cláusulas de estabilización en los contratos de inversión. La clasificación, validez y efectos de tales cláusulas está sujeta a cierta controversia porque, entre otras cuestiones, puede afectar a la soberanía legislativa de los estados. ; Once the applicable law is chosen in order to govern the contract between the sovereign entity and the investor or simply in order to govern their economic relationship as a whole, the investor usually feels the need to protect that choice, making sure the sovereign entity does not alter it by introducing new conditions in their relationship or new regulations. It is common that investors try to achieve these purposes by introducing stabilisation clauses in investment contracts. The classification, validity and effects of such clauses is subject to some controversy because, among other issues, it may affect the legislative sovereignity of states.

En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 3, n. 2, 2010, pp 411-432 ; Como en cualquier tipo de arbitraje, el arbitraje de inversiones se fundamenta en el acuerdo de las partes. El consentimiento al arbitraje tanto por parte del Estado receptor de la inversión como por parte del inversor es un requisito indispensable para la competencia del tribunal arbitral. De forma tradicional el consentimiento se otorgaba a través de un acuerdo directo entre el inversor y el Estado receptor de la inversión. Pero en los últimos años, el consentimiento resulta de una oferta unilateral realizada por el Estado receptor de la inversión, que se contempla en su legislacion o en un Tratado internacional, que posteriormente es aceptada por el inversor. Este trabajo analiza cuando este tipo de disposiciones constituyen una oferta inequívoca de arbitraje y cuando, por el contrario, constituyen promesas futuras e incluso una simple consideración general favorable hacia este método de solución de controversias. Una interpretación correcta de estas cláusulas tiene una decisiva importancia si observamos que algunos países, especialmente de Latinoamérica, están empezando a diseñar estrategias para limitar su exposición al arbitraje, comenzando por la denuncia de la Convención CIADI. ; Like any form of arbitration, investment arbitration is always based on an agreement. Consent to arbitration by the host State and by the investor is an indispensable requirement for a tribunal's jurisdiction. Traditionally this would take place by a direct agreement between the host State and the investor. But in the last years, consent result from a unilateral offer by the host State, expressed in its legislation or in a treaty, which is subsequently accepted by the investor. This article analyzes when these provisions constitute an unequivocal offer to arbitrate and when contain simple promises of future consent or hold out a general prospect of sympathetic consideration. A correct interpretation of these clauses has today great importance, if we observe that some countries, especially in Latin America, have started to design strategies to limit their exposure to investment arbitration, beginning by the denunciation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (The ICSID Convention).

En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 3, n. 2, 2010, pp 411-432 ; Como en cualquier tipo de arbitraje, el arbitraje de inversiones se fundamenta en el acuerdo de las partes. El consentimiento al arbitraje tanto por parte del Estado receptor de la inversión como por parte del inversor es un requisito indispensable para la competencia del tribunal arbitral. De forma tradicional el consentimiento se otorgaba a través de un acuerdo directo entre el inversor y el Estado receptor de la inversión. Pero en los últimos años, el consentimiento resulta de una oferta unilateral realizada por el Estado receptor de la inversión, que se contempla en su legislacion o en un Tratado internacional, que posteriormente es aceptada por el inversor. Este trabajo analiza cuando este tipo de disposiciones constituyen una oferta inequívoca de arbitraje y cuando, por el contrario, constituyen promesas futuras e incluso una simple consideración general favorable hacia este método de solución de controversias. Una interpretación correcta de estas cláusulas tiene una decisiva importancia si observamos que algunos países, especialmente de Latinoamérica, están empezando a diseñar estrategias para limitar su exposición al arbitraje, comenzando por la denuncia de la Convención CIADI. ; Like any form of arbitration, investment arbitration is always based on an agreement. Consent to arbitration by the host State and by the investor is an indispensable requirement for a tribunal's jurisdiction. Traditionally this would take place by a direct agreement between the host State and the investor. But in the last years, consent result from a unilateral offer by the host State, expressed in its legislation or in a treaty, which is subsequently accepted by the investor. This article analyzes when these provisions constitute an unequivocal offer to arbitrate and when contain simple promises of future consent or hold out a general prospect of sympathetic consideration. A correct interpretation of these clauses has today great importance, if we observe that some countries, especially in Latin America, have started to design strategies to limit their exposure to investment arbitration, beginning by the denunciation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (The ICSID Convention).

This paper will focus on a specific case of international arbitration, for which the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) released a Final Award on Jurisdiction in December 2016: The Renco Group vs. Republic of Peru case. This was the first case where an American-based transnational mining company sued the Peruvian State under the legal framework of the US-Peru FTA, which entered into force in February 2009; with a favourable result for the Peruvian State. In order to understand the causes of this outcome, we deal with two different but complementary problems: the impact of the US-Peru FTA in domestic politics and its public policy outcomes, as well as the influence of these reforms in the Final Award given by the ICSID arbitration court. ; Este trabajo se centra en un caso específico de arbitraje internacional, para el cual el Centro Internacional para el Arbitraje de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) emitió un veredicto final en diciembre del año 2016: el caso Renco Group vs. la República del Perú. Este fue el primer caso en el que una compañía minera transnacional con base en los Estados Unidos denuncia al Estado peruano bajo el marco legal del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EE.UU., el cual entró en vigor en febrero de 2009, siendo el resultado 'parcialmente' favorable para el Estado peruano. Para entender las causas de este resultado, analizamos dos diferentes, pero complementarios, problemas: el impacto político doméstico del Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos, junto con su impacto en la formulación de las políticas públicas ambientales; así como la influencia que dichas reformas tuvieron en el veredicto final emitido por el tribunal del CIADI.

Al regular la jurisdicción del Centro, el artículo 25 del Convenio del CIADI, determina la dimensión subjetiva de las controversias, limitándolas, exclusivamente, a aquellas que tengan lugar entre un Estado y un nacional de otro Estado contratante. No obstante, como consecuencia del crecimiento exponencial de la inversión pública internacional a través de empresas estatales, se plantea un debate interesante respecto de la posibilidad de que estas entidades adquieran ius standi ante los tribunales arbitrales de inversión. Si bien, a partir del denominado "test de Broches" los árbitros han permitido su comparecencia, es necesario establecer criterios adecuados y precisos que permitan clarificar la competencia ratione personae de los tribunales arbitrales de inversión en las controversias que involucren a las empresas estatales.

En primer lugar, este artículo describe las características de la solución de controversias inversor-Estado como un régimen internacional, dentro de un espacio mayor: la protección de inversiones extranjeras. En segundo lugar, el trabajo se focaliza en el examen del régimen a la luz del modelo institucional de las relaciones internacionales, e identifica tres instancias de resistencia del modelo relacional: el retiro del CIADI –Bolivia, Ecuador y Venezuela-, el planteo de alternativas a los mecanismos de resolución de disputas actuales –sistema de tribunales de inversiones propuesto por la Unión Europea-, y la recuperación de la competencia de resolver en los tribunales locales aquellos conflictos jurídicos surgidos con inversores extranjeros –Sudáfrica-.
Palabras clave: Solución de controversias inversor-Estado; relaciones internacionales; modelo relacional; modelo institucional, Estados