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En nuestro país, atendiendo las exigencias internacionales de protección reforzada de las menores de edad, entendidas dentro del marco del aumento punitivo de las normas penales que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual, se ha limitado el otorgamiento de beneficios penales en casos de delitos sexuales (de menores entre los doce y los catorce años), que inician su actividad sexual con jóvenes mayores de edad, y en donde conforman una familia, comoquiera que se presume que para estos casos el consentimiento no es válido. Esta problemática surge dentro de una sociedad que se está adecuando a las nuevas concepciones de protección especial de las menores, en donde, sin embargo, hay factores socioculturales y socioeconómicos que llevan a que las menores inicien de manera voluntaria su vida sexual antes de cumplir la edad señalada por el legislador, lo cual conlleva un cuestionamiento de si se debe aplicar una sanción penal en dichos casos. Esta problemática es abordada desde el análisis del principio de necesidad de la pena, soportado en diferentes debates dados desde la criminología crítica y la victimología para señalar el carácter relativo del derecho respecto al rango de la edad, tanto para establecer la mayoría de edad como para presumir la validez del consentimiento, trayendo a colación estudios internacionales y nacionales que han mostrado que las menores están empezando su actividad sexual cada vez más temprano. Se analiza el debate dado desde el punto de vista criminológico y victimológico para señalar que se debería acudir a investigaciones empíricas y a enfoques diferentes a los jurídicos para obtener una visión general de las problemáticas y así buscar soluciones alternativas al sistema penal que solucionen conflictos, y en donde se busque situar a la víctima en el centro de la discusión, resolviendo el conflicto desde la óptica de aquella y no de los denunciantes ni del Estado. Se trae al debate cómo los operadores jurídicos en cumplimiento de su deber de aplicar política criminal podrían dar aplicación al principio de la necesidad de la pena, de conformidad con lo normado en los artículos 3 y 4 del C.P., con el objeto de que se logre una dogmática orientada por la política criminal dirigida hacia las consecuencias, en donde se pueden satisfacer necesidades de prevención especial, pero también se analice la situación concreta a partir de la aplicación de derechos fundamentales que deben integrarse para solucionar problemas penales, con el objeto de que la imposición de la sanción pueda responder a "los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad", y así dar cabal cumplimiento con las "funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado", analizando la posibilidad de aplicar sanciones alternativas a la privación de la libertad, o la concesión de subrogados, con el objeto de garantizar la efectividad de los principios y fines de la pena. ; In our country, attending to the international policy of underage children, specifically in the case of girls, understood from the point of view of the increment in penal regulations that are against the freedom, integrity and sexual development, penal benefits have been limited in sexual harassment (in the case of girls between 12 and 14 years old), that have started their sexuality with teenager and overaged people (>18 years old) , in which they conform a family, any old way that is presumed for these cases there is no consent. This quandary emerge inside a society that is constantly changing and adapting to the new conceptions of special children protection , where it is well known, there are sociocultural as well as socioeconomic aspects that push underage girls into a new way of explore and develop their sexuality before turning into a legal aged person, thus questioning if it is or not necessary impose penalties in such cases. This dilemma is address from the analysis of the need of penalty, supported in different discussions given from the point of view of the critical criminology and victimology to emphasize the relative character of law respect to the range of age, to presume the validity of consent as well as establish a policy of overage, bringing then the international, as well as national, that have shown that underage girls are starting their sexual life earlier. Here this discussion is tackle from the point of criminology and victimology, to point that from the legal point of view is not possible to obtain a general vision of the problem and instead is necessary an empirical research to find an alternative and viable solution to this problem, in which the victim is the center of discussion, thus solving the conflict from the victim instead of the one from the accusers or the state. Here is argued the fact that the juridic procedure, in the case of the criminal policy, could extend the principle of the need of the penalty, following the articles 3 and 4 from the criminal code; with main objective, get a dogmatic oriented by the criminal policy aimed to the consequences, in which it can satisfy the special prevention as well as analyze the concrete situation imposing their fundamental rights as a priority, and thus solving penal problems, with the goal that the penalty imposed could answer the need of the need of the penalty, principle of proportionality and reasonableness, and thus satisfy the general functions of prevention , fairly contribution, special prevention, social reintegration and the protection to the convicted person, evaluating the possibility of applying alternative penalties to the deprivation of liberty or the concession of substitutes, having in mind the goal of guarantee the effectiveness of the principles and the end of the penalty. ; CRAI-USTA Bogotá ; orcid:0000-0002-5663-629X ; https://scholar.google.com/citations?user=FMV0mBcAAAAJ&hl=es ; http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001378605 ; http://unidadinvestigacion.usta.edu.co

Los autores analizan en el marco de la gobernanza a través del crimen que se ha extendido actualmente en el mundo, principalmente en los países periféricos, la razonabilidad y legitimidad de la mal denominada pena de muerte, que constituye un clamor popular y revela una de las manifestaciones más visibles del populismo punitivo de nuestros días. El objetivo del artículo es fomentar la toma de conciencia respecto a la necesidad de una estricta cautela criminológica en el ejercicio del ius puniendi estatal, cuyo uso selectivo, discriminatorio y violento crea criminalidad, derecho de castigar que en el caso de la máxima pena, concluyen los autores, devendría en el ocaso de la pena toda vez que semejante acto de crueldad insólita es impropio del concepto penal de sanción en un sistema penal democrático. ; The authors analyze in the framework of governance through crime that has now spread throughout the world, mainly in peripheral countries, the reasonableness and legitimacy of the so-called death penalty, which constitutes a popular clamor and reveals one of the most visible manifestations of punitive populism of our day. The objective of the article is to promote awareness of the need for a strict criminological caution in the exercise of the State punishments, whose selective, discriminatory and violent use creates criminality, the right to punish that in the case of the maximum penalty, they conclude the authors, it would become in the twilight of the penalty whenever such an act of unusual cruelty is unfit for the penal concept of sanction in a democratic penal system.

Negamos la posibilidad de que la reincidencia se basa en una culpabilidad por el carácter, sino, más bien, en un juicio de reproche estrictamente personal que se manifiesta, concretamente, en la reiterada conducta del hombre en cometer hechos de igual naturaleza, pese haber sido ya amonestado o sancionado por la justicia a razón a un hecho punible cometido con anterioridad. Reincidencia es la ejecución de uno o más delitos por un sujeto después de haber sido condenado por sentencia firme por otro u otros delitos. Hallar la fundamentación de la reincidencia no es en realidad empresa fácil, pues pesan sobre su origen, concepciones criminológicas y fines de prevención especial; las primeras hacen alusión a un concepto propio de la personalidad del autor, y los segundos penetran en las características del autor en la medición de la Pena. En el foro español, la reincidencia como agravante (genérica y específica) ha sido y continúa siendo objeto de discusión por los políticos y, sobre todo, por el doctrinario. Más que bien la reincidencia como consecuencia que agrava la responsabilidad penal de los autores aún se encuentra latente en el Código Penal Español de 1,995, concretamente en el artículo 22 inciso 8; claro está, con una serie de precisiones y limitaciones que se dirigen a contener su cuestionamiento. En una cultura jurídica de fiel respeto a los derechos humanos, y con ello a los principios fundamentales que limitan el ejercicio del jus puniendi en un Estado Social y Democrático de Derecho (principio de culpabilidad por el hecho), es lógico que las posturas dogmáticas se inclinen más por su abolición que por su pervivencia. Para Bacigalupo la reincidencia es una circunstancia agravante que no resulta explicable por una mayor culpabilidad por el hecho cometido, como las resultantes contempladas en el artículo 22 del Código Penal, español. La repetición del comportamiento delictivo tiene un significado de sintomatología caracterologica15. Zulgaldia Espinar objeta también la reincidencia, señalando de que todas las repuestas posibles al problema social y jurídico de la reincidencia, la de agravar la pena al autor reincidente es, parte de la más rancia y menos imaginativa, la peor desde el punto de vista político – criminal16. Muñoz Conde y García Aran también se muestran opuestos a la reincidencia, al señalar: "Lo cierto es que resulta difícil encontrar razones en las que fundamentar una mayor culpabilidad por el hecho que se enjuicia y sobre el recae la agravante. Su fundamento se encuentra más propiamente en lo recalcitrante de la actitud del sujeto que insiste en la desobediencia de las normas penales, bien en su mayor peligrosidad; sin embargo ni la peligrosidad puede presumirse iuris et de iure como hace el código en esta materia ni es un concepto en el que pueda asentarse una mayor gravedad de la pena que debe ir referida a la culpabilidad17. Bustos Ramírez señala que no se ve fundamentación precisa para su existencia como agravante, ya que generalmente se funda en el desprecio permanente en contra de los bienes jurídicos por parte del sujeto, lo que no puede implicar ni mayor responsabilidad (ya que se funda en un rasgo permanente) ni mayor injusto (por su carácter permanente) 18. Merece destacar mención aparte la postura de Cerezo Mir, quien refiriéndose a la agravante de la reincidencia (numeral 15 del artículo 10 de CP Español), señala que no se basa en la culpabilidad por la conducta de vida, sino en la mayor gravedad de la culpabilidad por el hecho. ; Negamos a possibilidade de reincidência é baseada na culpa por natureza, mas, sim, em um juízo de censura estritamente pessoal manifesta especificamente na conduta reiterada do homem para cometer atos da mesma natureza, apesar de ser e advertido ou sancionado pela justiça devido a um crime cometido antes. A reincidência é a execução de uma ou mais infracções por uma pessoa que tenha sido condenado por sentença transitada em julgado por um ou outros crimes. Encontre a base de recorrência não é realmente uma tarefa fácil, pois eles pesam sobre a sua origem, conceitos criminológicos e propósitos especiais de prevenção; a primeira dica a um conceito da personalidade do autor, e este último penetrar perfil do autor na medida da Pena. No fórum espanhol, a reincidência como agravante (genéricos e específicos) foi e continua sendo objeto de discussão por políticos e, acima de tudo, pela doutrinário. Mais do que bem, devido a reincidência agravar a responsabilidade penal dos responsáveis ainda é latente no espanhol Código Penal 1995, especificamente o artigo 22, parágrafo 8; Claro que, com uma série de esclarecimentos e limitações que visam conter o interrogatório. Em uma cultura jurídica de verdadeiro respeito pelos direitos humanos, e, portanto, os princípios fundamentais que limitam o exercício do jus puniendi em um Estado social e democrático de direito (princípio da culpabilidade pelo fato), é lógico que as posturas dogmáticas mais inclinados do que a sua abolição para a sua sobrevivência. Para Bacigalupo reincidência é uma circunstância agravante que não pode ser explicado por uma maior culpabilidade pelo ato cometido, eo resultado nos termos do artigo 22 do Código Penal, espanhol. A repetição de um comportamento criminoso tem um significado de sintomas caracterologica15. Espinar Zulgaldia também objetos reincidência, indicando que todas as respostas possíveis para o problema social e legal de reincidência, a penalidade para agravar o autor desviado faz parte da mais antiga e menos imaginativos, a pior desde o politicamente - criminal16. Muñoz García Conde e Aran também se opõe à recaída, dizendo: "A verdade é que é difícil encontrar motivos em que se baseiam a mais culpa sobre quem é julgado e cai sobre o agravante. Sua base encontra-se mais propriamente em atitude recalcitrante da pessoa que insiste em desobediência das leis penais, bem para o mais perigoso; No entanto, nem pode a presunção inilidível perigo como faz o código nesta área e é um conceito que pode se instalar a maior gravidade da pena que deve ser encaminhado para o culpabilidad17. Bustos Ramirez observa que nenhum fundamento é necessário para a sua existência como agravante, uma vez que geralmente é baseado no desprezo em curso contra os interesses jurídicos da questão, que não pode envolver mais responsabilidade (em que se baseia em um característica permanente), nem mais injusto (por permanente) 18. Digno de nota postura especial menção Cerezo Mir, que se referiu a circunstância agravante da reincidência (parágrafo 15 do artigo 10 do CP espanhol) observa que não é baseada em culpa pela conduta de vida, mas no mais grave a culpa sobre. ; Tesis

En el presente trabajo se plantea la cuestión de cómo se realiza el contenido del principio de proporcionalidad en uno de los ámbitos esenciales de la actividad judicial, a saber, en el proceso de determinación de la pena, así como también la necesidad de motivar dicho proceso en el texto de la sentencia condenatoria. ; This study addresses the question of how the principle of proportionality is used in one of the key components of judicial decision-making, namely, sentencing. It also argues for the need to indicate, in the text of the sentence, how the principle of proportionality has been used. ; Le travail ci-dessous se pose la question de comment se réalise le contenu du principe de proportionnalité dans l'un des domaines essentiels de l'activité judiciaire, à savoir, dans le processus de détermination de la peine. De même, il s'interroge sur la nécessité de motiver cette procédure dans l'arrêt de condamnation. ; No presente trabalho é apresentada a questão de como é realizado o conteúdo do princípio de porporcionalidade em um dos âmbitos essenciais da atividade judiciária, a saber, no processo da determinação da pena, assim como a necessidade de motivar tal processo no texto da sentença condenatória. ; 163 - 187 ; jorge.nunez@tsj.gov.ve ; anual

El presente trabajo buscó analizar el art. 217 A CP, a la luz del principio de proporcionalidad de la pena, para identificar si dicho artículo se inscribe o no en una tendencia de política legislativa punitivista e irracional, y si se vulneraría el principio de proporcionalidad de la pena.

En este artículo se pretende revisar de forma sistemática la discusión jurisprudencial en torno a la admisibilidad de la pena de muerte. Para ello se revisarán las sentencias de la Suprema Corte norteamericana recaídas en casos donde se pretende aplicar la pena de muerte. Luego se proceden a revisar los principales argumentos esgrimidos en Chile en la discusión legislativa en torno a la promulgación de la ley 19.734, derogatoria de la pena de muerte.

Se ha mantenido en silencio por el temor al estigma de una sociedad injusta frente a un ser humano, que en su actuar contravino la norma y como consecuencia de ello ha sido sancionado con la imposición de una pena privativa de su libertad. El Código Orgánico Integral Penal permite a determinados sentenciados, a que la pena privativa de la libertad que le fuera impuesta sea suspendida de manera condicional, cumpliendo las condiciones legales que le sea impuesta por el juzgador y por un tiempo igual al de la pena impuesta. La suspensión condicional de la pena como figura jurídica, otorga el beneficio de cumplir la pena sin necesidad de que sea coartada la libertad, condicionándola al cumplimiento de determinadas condiciones legales.

(System Details) System requirements: Internet connectivity; Web browser software. ; (Statement of Responsibility) por Jacobo de la Pezuela.

El estudio de la dignidad humana a partir de su aparición en los principales instrumentos internacionales ha obligado a los investigadores a interesarse en diversos puntos de vista que van desde el derecho hasta la bioética, desde la política hasta las religiones, así sea en el extremo para refutar la idea misma de una dignidad humana. Aquí se exploran las interpretaciones que han venido haciendo los Tribunales al respecto, y se propone que estas interpretaciones hasta ahora están lejos de ser convincentes, porque omiten considerar la experiencia misma de la dignidad. ; The study of human dignity from its appearance in the main international instrument has forced researchers to take interest in diverse views ranging from law to bioethics, from politics to religion, so be it in the end to refute the idea of human dignity. Here we explore the interpretations that the courts have made about it, and we put forward that these interpretations proposed until now are far from convincing, because they fail to consider the experience of dignity.

4 páginas ; Se hace una reflexión sobre el nuevo Real Decreto 53/2013 por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia; de acuerdo con la Ley 32/2007 solo se podrán utilizar animales cuando su uso esté justificado por la finalidad que se persigue, valorando su oportunidad siempre en términos de sus potenciales beneficios. Se establece como principio general la promoción e implantación del principio de las tres erres, el reemplazo, la reducción y el refinamiento de los procedimientos, en la evaluación toxicológica de nuevas sustancias, fomentando el de métodos alternativos a la experimentación con animales vivos, cuando ello lo permita. Por tanto vamos a considerar el desarrollo legislativo, la necesidad de la experimentación animal, los métodos alternativos y el proceso docente de la formación del personal que esté implicado. La conclusión definitiva es que la evaluación toxicológica por el momento no puede prescindir totalmente del uso de animales de experimentación. ; Peer reviewed

El 23 de noviembre de 1995 se aprobaba en España un nuevo Código penal, el llamado ¿Código penal de la democracia¿, con el que, con algo de retraso y tras varios intentos, se pretendía adecuar la materia penal a la nueva situación política y legal nacida del fin de la dictadura y de la puesta en marcha de la monarquía parlamentaria en España tras la Constitución de 1978. Este nuevo Código penal, que entró en vigor en mayo de 1996 y que, por tanto, apenas tiene nueve años de vigencia, ha sido objeto ya de múltiples reformas tanto en su parte general como en su parte especial. Con algunas excepciones, la mayoría de ellas se caracterizan, además, por introducir un tratamiento más punitivo que el que se encontraba inicialmente previsto en el Código penal de 1995. Esta tendencia puede constatarse muy claramente, por ejemplo, en la regulación de la pena de prisión, en la que el legislador español parece haber olvidado la obligación que le impone la Constitución de orientar la pena a la reinserción social del condenado para adoptar una postura más retribucionista e inocuizadora. Para demostrar esta afirmación, intentaré en este artículo analizar, muy resumidamente, cuál ha sido la evolución legal de la pena de prisión, sobre todo en lo que respecta a sus límites mínimos y máximos y al acceso al tercer grado y la libertad condicional, exponiendo en primer lugar cuál era la regulación originaria en el Código penal de 1995 para explicar, después, en qué consisten las reformas introducidas con posterioridad. Para ello habrá de tenerse en cuenta tanto la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, como la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. ; Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ; Postprint

Fil: Gargarella, Roberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Cátedra Derecho Constitucional. Buenos Aires, Argentina