Suchergebnisse

El gobierno español ha aprobado diversas medidas que reportan una reducción de los derechos sociales como consecuencia de la crisis económica. Esa crisis se inició desde principios de 2008 como consecuencia de la falta de control por parte del gobierno anterior del sistema financiero y bancario. Ambos casos son considerados como ejemplos de responsabilidad por acción y omisión teniendo en cuenta la repercusión en los derechos sociales reconocidos en la Constitución Española, considerando especialmente lo que respecta al sistema público de sanidad, la educación pública, función pública, pensiones públicas, cuotas tributarias en función del principio de progresividad, el acceso a la vivienda y a un amplio espectro de servicios que han sido considerados como prescindibles dados los recortes presupuestarios y las exigencias de austeridad procedentes de la UE, afectando al mismo tiempo a la estabilidad de las familias y los derechos de los ciudadanos en su condición de consumidores de servicios e incluso en sus derechos civiles y políticos. Esa situación pone de manifiesto la polémica cuestión acerca del posible control judicial no solo dirigido a la Administración sino también al gobierno y sus miembros en términos de una justicia real y no puramente formal. En resumen, el pago de la deuda no puede justificar cualquier medida, y mucho menos, la violación de derechos civiles, políticos y sociales. --- Spanish government has approved several measures that mean lack of social rights due to the economic and financial crisis. That crisis was born since early 2008 as a consequence of former government negligence in its duties of financial and bank system control. Both cases are targeted as liability examples by action and omission considering the attempt against social rights recognized in Spanish Constitution, especially concerned to public health system, public education, civil service, old age public pensions, a tax fare distribution based on a progressiveness, housing access, and a wide range of services that have been considered as noncritical due to the budget cuts and the austerity exigencies coming from EU, concerning, at the same time, the families stability and the rights of citizens as services consumers and even its civil and political rights. That situation lays out the embarrassing question about the possible judicial control not only focused on the Administration but the Government and its members as well in terms of real and not only formal justice. In sum, debt payment cannot justify any measure, and much less, the civil, political and social rights violation.

El gobierno español ha aprobado diversas medidas que reportan una reducción de los derechos sociales como consecuencia de la crisis económica. Esa crisis se inició desde principios de 2008 como consecuencia de la falta de control por parte del gobierno anterior del sistema financiero y bancario. Ambos casos son considerados como ejemplos de responsabilidad por acción y omisión teniendo en cuenta la repercusión en los derechos sociales reconocidos en la Constitución Española, considerando especialmente lo que respecta al sistema público de sanidad, la educación pública, función pública, pensiones públicas, cuotas tributarias en función del principio de progresividad, el acceso a la vivienda y a un amplio espectro de servicios que han sido considerados como prescindibles dados los recortes presupuestarios y las exigencias de austeridad procedentes de la UE, afectando al mismo tiempo a la estabilidad de las familias y los derechos de los ciudadanos en su condición de consumidores de servicios e incluso en sus derechos civiles y políticos. Esa situación pone de manifiesto la polémica cuestión acerca del posible control judicial no solo dirigido a la Administración sino también al gobierno y sus miembros en términos de una justicia real y no puramente formal. En resumen, el pago de la deuda no puede justificar cualquier medida, y mucho menos, la violación de derechos civiles, políticos y sociales. --- Spanish government has approved several measures that mean lack of social rights due to the economic and financial crisis. That crisis was born since early 2008 as a consequence of former government negligence in its duties of financial and bank system control. Both cases are targeted as liability examples by action and omission considering the attempt against social rights recognized in Spanish Constitution, especially concerned to public health system, public education, civil service, old age public pensions, a tax fare distribution based on a progressiveness, housing access, and a wide range of services that have been considered as noncritical due to the budget cuts and the austerity exigencies coming from EU, concerning, at the same time, the families stability and the rights of citizens as services consumers and even its civil and political rights. That situation lays out the embarrassing question about the possible judicial control not only focused on the Administration but the Government and its members as well in terms of real and not only formal justice. In sum, debt payment cannot justify any measure, and much less, the civil, political and social rights violation. ; Artículo revisado por pares

Constitutions worldwide protect an increasingly long list of rights. Constitutional scholars point to a variety of top-down and bottom-up explanations for this pattern of rights expansion. This article, however, identifies an additional, under-explored dynamic underpinning this pattern in certain countries—i.e. the pairing of constitutional rights with various forms of structural constitutional change, as part of a trade between civil society and dominant political actors in their aspirations, or support, for constitutional change. This form of trade, the article further suggests, has potential troubling consequences for democracy: it can pave the way for the consolidation of dominant party or presidential rule in ways that limit the -term effectiveness of rights-based constitutional changes themselves, and pose a major threat to the institutional "minimum core" necessary for a true democracy. This, the article argues, suggests a greater need for caution on the part of civil society before accepting rights as a form of 'bribe', or inducement, to support certain forms of structural constitutional change. For democratic constitutional designers, it also points to the advantages of 'unbundling' different forms of constitutional change. The article explores these arguments by reference to two recent examples of constitutional change, in Ecuador and Fiji, involving the combination of rights-based change with increasingly non-competitive forms of democratic rule. ; Las constituciones a nivel mundial protegen una creciente lista de derechos. Los constitucionalistas apuntan a una variedad de explicaciones "ascendentes" y "descendentes" de estos patrones de expansión de derechos. Este artículo, sin embargo, identifica una dinámica adicional y poco explorada, que subyace a este patrón en algunos países –p.e. el emparejamiento de derechos constitucionales con varias formas de reforma constitucional estructural, como parte de un trato entre la sociedad civil y los actores políticos dominantes en sus aspiraciones, o apoyo, por reformas constitucionales. Estas formas de tratos, como sugiere este artículo, pueden traer consecuencias problemáticas para la democracia: pueden preparar el camino para la consolidación de un partido dominante o un mandato presidencial en formas que limiten la efectividad de estas mismas reformas basadas en derechos, y crear una amenaza mayor al "núcleo mínimo" necesario para una verdadera democracia. Por ello, como parte del artículo, se sugiere una necesidad de mayor cuidado por parte de la sociedad civil antes de aceptar derechos como una forma de "soborno", o incentivo, para apoyar determinadas formas de reforma constitucional estructural. Para los artífices de la democracia constitucional, también se señalan las ventajas de "dividir" las diferentes formas de reforma constitucional. El artículo explora estos argumentos tomando como referencia dos recientes ejemplos de reforma constitucional, en Ecuador y Fiyi, que contenían una combinación de reforma basada en derechos con formas crecientes de mandato democrático sin competencia.

El presente trabajo de investigación, tiene por objeto analizar sobre la reincidencia, desde el punto de vista de la criminalización del pasado judicial, es decir que en la legislación ecuatoriana existe en su normativa la reincidencia, el cual es aplicable a las personas que han cometido un nuevo delito con los mismos elementos, de esta manera violentando principios Constitucionales que se contrapone a esta normativa en particular de la reincidencia. El Código Penal, antes de la publicación del Código Orgánico Integral Penal ya contemplaba esta normativa de la reincidencia en su artículo 77, decía que hay reincidencia cuando el culpado vuelve a cometer un delito después de haber cometido uno anterior por el que recibió sentencia condenatoria. En la actualidad nuestro Código Orgánico Integral Penal mantiene esta normativa pero hace énfasis al cometimiento de una nueva infracción penal con los mismos elementos, es decir se refiere a la reincidencia específica de tipicidad: dolo y culpa en donde se incrementa un tercio a la pena a la persona que vuelva a cometer un delito. En este sentido podemos observar que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 numeral 2 garantiza la no criminalización por el pasado judicial de las personas, lo que implicaría violación al debido proceso. Se considera que debe ser eliminado este artículo que contempla nuestro Código Orgánico Integral Penal ya que si tenemos una norma supra que es la Constitución de la República del Ecuador, no podría existir una norma que transgreda los derechos de las personas que tienen que ser procesados por cuanto es inconstitucional, siendo evidente que se vulneran los Derechos Constitucionales. ; The present research work, Its purpose is to analyze the recidivism, from the point of view of the criminalization of the judicial past, that is to say that in Ecuadorian legislation there is recidivism in its regulations, which is applicable to people who have committed a new crime with the same elements, in this way violating Constitutional principles that contrasts with this particular regulation of recidivism. The criminal code, before the publication of the Organic Comprehensive Penal Code already contemplated this rule of recidivism in its article 77, said that there is recidivism when the accused returns to commit a crime after having committed an earlier one for which he received a conviction. Currently our Organic Comprehensive Criminal Code maintains this regulation but emphasizes the commission of a new criminal offense with the same elements, that is to say it refers to the specific recidivism of typicity: deceit or fault, where a third of the penalty is increased for the person who commits another crime. In this sense we can observe that the Constitution of the Republic of Ecuador in article 11 number 2, guarantees non-criminalization by the judicial past of the persons, which would imply a violation of due process. It is considered that this article must be eliminated that contemplates our Integral Organic Penal Code since if we have a supra norm that is the Constitution of the Republic of Ecuador, There could not be a rule that violates the rights of people who have to be prosecuted because it is unconstitutional, It is evident that Constitutional Rights are violated.

Reformas como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, el nuevo Código Penal o la próxima Ley de Seguridad Nacional despiertan en España, al calor del desmantelamiento del Estado constitucional, la infausta tradición del punitivismo, empleado con preferencia contra la disidencia política.

Semblanza del concepto de Dignidad Humana en la legislación española y los derechos humanos.

En el presente artículo se da a conocer cómo han ido evolucionando los derechos constitucionales en la legislación ecuatoriana, en donde vemos que actualmente la Constitución ecuatoriana ha establecido un sistema de derechos y libertades totalmente novedoso respecto al sistema constitucional ecuatoriano anterior, que se incluye en lo que se ha dado en llamar Neoconstitucionalismo latinoamericano, y que pasa por el reconocimiento y garantía de un gran elenco de derechos.

En el trabajo se realiza un análisis entre los artículos 83 y 84 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, los cuales consagran, respectivamente el Silencio administrativo negativo, como regla general, y el Silencio administrativo positivo, como regla excepcional, y los artículos 60, 40 y 41 del decreto 01 de enero 02 de 1984, derogado por la Ley 1437 de 2011. Si bien el artículo 60 de la ley derogada establecía que "transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa", este artículo se refería expresamente al silencio administrativo frente a la decisión de los recursos y no a al silencio frente a la presentación de peticiones, por lo tanto el trabajo hará un énfasis en lo preceptuado en los citados artículos 40 y 41, teniendo en cuenta que el artículo 40 del decreto 01 de 1984, anterior código Contencioso Administrativo, hacía alusión al silencio administrativo negativo, como regla general, en unos términos tales que posibilitaba que pudiesen vulnerarse los principios Constitucionales, y que el artículo 41 del mismo código, que consagraba la regla excepcional, diese pocas oportunidades al administrado, por cuanto sólo operaba este silencio en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales. Al entrar en vigencia la Constitución Política de Colombia de 1991, se adopta para Colombia el modelo de Estado Social de Derecho y dado este tipo de Estado, se debe tener presente que sus fines esenciales deben estar enmarcados en lo humano, justo y social. A partir del 02 de julio del año 2012, entró en vigencia de la ley 1437 del 18 de enero de 2011 que establece el nuevo "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", en la cual puede observarse que se sigue configurando el fenómeno del silencio administrativo negativo y positivo de la misma manera que se desarrollaba en los artículos 40 y 41 del Decreto 01 de 1984 anterior CCA. Por lo antes expuesto se sigue presentando la posibilidad de violación de algunos principios y disposiciones constitucionales tales como el de la dignidad humana (artículo 1° de la Constitución Política), los fines del Estado (artículo 2 - Garantizar la efectividad de los principios), la supremacía de la Constitución y la consecuente obligación política de obedecerla (artículo 4° Constitución Política), Entre otros. ; In this dissertation is done an analysis between Articles 83 and 84 of Law 1437 of January 18, 2011, current Administrative Procedure Code and of the Administrative contentious CPACA, which enshrines respectively negative administrative silence, as a rule, and the positive administrative silence, as an exceptional rule, and the Articles 60, 40 and 41 of the Decree 01 January 02, 1984, repealed by Act 1437 of 2011. Although Article 60 of the repealed Act provided that "after a period of two (2) months from the filing of the application for reconsideration or appeal without being notified about them express decision means that the decision is negative", this article specifically referring to administrative silence on the decision of the resources and not the silence on the submission of petitions, therefore, the work will make an emphasis on the precepts of the said Articles 40 and 41, considering that Article 40 of Decree 01 of 1984, former administrative contentious code, alluded to the negative administrative silence, as a rule, on terms such that enabled that could be violated Constitutional principles, and that Article 41 of the same administrative contentious code, which enshrined the exceptional rule, give few opportunities to the administered, because this silence operated only in the cases expressly provided for special provisions. Upon enactment of the Political Constitution of Colombia 1991, in Colombia is adopted the model the rule of social law and since this type of state, it must be remembered that the essential purposes must conform to the human, social and fair. Starting from July 02, 2012, entered into force of the law 1437 of January 18, 2011 establishing the new "Administrative Procedure code and Administrative contentious code", which can be seen that continues configuring the phenomenon of the negative and positive administrative silence the same way that is developed in the Articles 40 and 41 of the Decree 01 of 1984 previous CCA. By the above it still has the possibility of violation of some constitutional provisions and principles such as human dignity (Article 1° of the political Constitution), the goals of the State (Article 2 - Ensure the effectiveness of the principles) the supremacy of the Constitution and the consequent political obligation to obey it (article 4 of the political Constitution). Among others.