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Este artículo analiza las condiciones de vida en la ciudad fronteriza de Tijuana (México) de mujeres mexicanas desplazadas forzosas de sus lugares de residencia por ser víctimas de violencia familiar y del crimen organizado, huyendo hasta esa ciudad con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos. Debido a que este país gestiona la recepción de solicitudes de asilo por medio de un sistema de cuotas diarias en montos insuficientes para atender la demanda, todo aspirante al asilo queda contenido en la frontera del lado mexicano a la espera de poder presentar su solicitud, lo que puede prolongarse más de un año. Para las mujeres mexicanas desplazadas, la interrupción de su huida las coloca en la frontera en un estado liminal en términos de subsistencia, seguridad y salud mental, exponiéndolas a la revictimización. A partir de marzo de 2020, ello se vio agravado por las medidas contra la COVID-19.