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Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 pretendían ser el inicio de un cambio político hacia la resolución de un conflicto social que ha expulsado a millones de venezolanos del país. Las fundamentadas sospechas de graves irregularidades afectan la credibilidad de los resultados oficiales que dan por vencedor a Nicolás Maduro y cierran la puerta a una pronta reconciliación.En contra de los sondeos previos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Nicolás Maduro con un 51,2% de los votos frente al opositor Edmundo González Urrutia al que se le atribuyó un 44,2% de apoyos con el 80% de votos escrutados. Mientras Maduro y sus seguidores celebraban el resultado en las inmediaciones de Miraflores, la oposición recomendó calma y tiempo para verificar el recuento, reclamando las actas que no han sido entregadas. La supuesta victoria de Nicolás Maduro, además de contradecir todas las encuestas pre-electorales publicadas que daban un margen de entre el 15 y el 20% a la oposición, ha ido acompañada de retrasos inexplicables en la transmisión de los datos que el gobierno achacó a un hackeo exterior del que no dio pruebas y, 24 horas después de anunciar la controvertida victoria, el Consejo Nacional electoral todavía no había presentado datos detallados de las elecciones.Salvo amigos incondicionales como los líderes de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Honduras, y aliados estratégicos como Irán, Rusia o China, estos últimos con pocas credenciales democráticas, una buena parte de los países de la región han expresado dudas sobre los resultados. Desde acusaciones directas como las de Argentina, Ecuador o Panamá, o la incredulidad de Chile expresada por su presidente y su canciller, a la exigencia de mayor transparencia de muchos otros países incluyendo Brasil y Colombia, que fueron los principales valedores de estas elecciones y reclaman ver los datos detallados. Estados Unidos, el Alto representante de la política exterior de la Unión Europea, y países como España, Portugal o Alemania, entre otros, reclaman los datos que no acaban de llegar. En comparecencia ante la prensa, el candidato González Urrutia y la líder María Corina Machado llamaron a la calma y afirmaron que han conseguido el 73% de las actas electorales y la victoria de la oposición es irrefutable A la espera de los informes de los pocos observadores que fueron autorizados a hacer el seguimiento electoral, se mantiene un tenso impasse en el interior y entre buena parte de la Comunidad Internacional. Una contienda desigualEstas elecciones fueron fruto de un conjunto de factores que propiciaron que gobierno y oposición firmaran el Acuerdo de Barbados en octubre de 2023 al que se llegó con la mediación de Noruega y el apoyo de países como México, Brasil y Colombia. El fracaso de la estrategia de confrontación de la parte más radical de la oposición, incluyendo la proclamación de un presidente encargado, Juan Guaidó, que llegó a contar con el reconocimiento de más de 60 países, consiguió convencer al grueso de la oposición de retomar la estrategia electoral. Por su parte, el gobierno de Maduro vio en el acuerdo la posibilidad de liberarse de las sanciones internacionales tras un acercamiento de Estados Unidos y la UE, interesados en asegurarse recursos petroleros tras la invasión rusa de Ucrania. Las expectativas de la oposición eran optimistas, pese a su clara desventaja ante la intimidación, los trucos legales y la manipulación por parte del gobierno. Además de estar en condiciones financieras y de poder muy desfavorables, durante la campaña se sucedieron encarcelamientos, inhabilitaciones e intimidación a opositores. Pero persistieron en participar pese a la inhabilitación de su candidata más popular y ganadora de las primarias de 2023, María Corina Machado, y acordaron unidos respaldar al veterano diplomático Edmundo González Urrutia. Se mantuvieron en la contienda, a pesar de la manipulación de los registros electorales y de los centros de votación, y del hecho de que el 90% de los más de siete millones de venezolanos en el exterior no podían participar. El gobierno denegó la entrada a varias delegaciones de partidos políticos y organismos independientes. Los escasos 635 observadores electorales procedieron de la Unión Africana, la red de Observación Electoral de Educación (una pequeña ONG), un pequeño panel de Expertos de Naciones Unidas (que no hace informe público) y observadores del Carter Center (del cual aún se esperan los informes). La Organización de Estados Americanos (OEA) no pudo enviar ninguna misión porque Venezuela abandonó la organización, y la UE fue desautorizada en mayo por el gobierno de Maduro debido a la continuidad de las sanciones selectivas. Brasil también retiró sus observadores debido a los ataques de Maduro contra su sistema electoral, aunque mantuvo como enviado al hoy asesor y exministro de Exteriores Celso Amorín.Todas estas maniobras del gobierno sirvieron para atribuirse una victoria que es poco creíble, teniendo en cuenta el deseo de cambio que se percibe en el país, el desgaste de 25 años en el poder, la corrupción galopante, la desinstitucionalización y la debacle económica y social que sumerge a más de un 50% de los venezolanos en la pobreza (según estudios independientes ya que no existen estadísticas oficiales). El oficialismo no está dispuesto a dejar el poder y asumir los costes legales y políticos de esta realidad. Antes del primer boletín electoral del CNE que anunció la victoria de Maduro, hubo declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del ministro de Interior advirtiendo que la respuesta ante posibles altercados sería contundente. En esta situación, la llamada de María Corina Machado a las Fuerzas Armadas a «contar la verdad» y a distanciarse del régimen de Maduro es ilusoria teniendo en cuentan que cogobiernan el país desde 1999 y la supervivencia del régimen es la suya propia.Un escenario postelectoral sombrío¿Qué pasará en los próximos meses? En primer lugar, continuará la movilización de la oposición contra el fraude electoral presentando sus pruebas. En segundo lugar, aunque se llamó a la calma, ha sido inevitable que las protestas tomaran la calle, provocando las primeras víctimas y detenciones. Pero, sobre todo, se apela al apoyo internacional en la región, a la UE y a EE.UU. exigiendo transparencia y reconocimiento de los resultados reales. Como el propio Maduro admitió en su discurso de victoria, la historia se repite. Nuevamente, la disputa política postelectoral girará en torno al reconocimiento del régimen o de la oposición en un enfrentamiento que ya dura un cuarto de siglo. Aunque la oposición fue unida y aceptando las desfavorables condiciones acordadas, una vez más se le ha impedido acceder al poder por las urnas. Las opciones para poner fin a 25 años de Chavismo son limitadas: las instituciones nacionales son cautivas del gobierno; la solidaridad de la comunidad internacional no ha tenido mucho efecto en el pasado porque Venezuela cuenta con el apoyo de actores como China y Rusia, aunque si se confirma el fraude aumentará el ostracismo internacional; finalmente, la opción de volver a las calles está reeditando nuevos episodios de violencia y represión. Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 confirmaron el enquistamiento de un autoritarismo competitivo donde no se da opción a la alternancia y el régimen se perpetua por las buenas o por las malas. Sin juego limpio, las elecciones solo sirven para tratar de legitimar la continuidad de Nicolás Maduro otros seis años, un largo mandato presidencial que en América Latina tiene únicamente México, con la gran diferencia que allí no hay reelección posible. Otros seis años del ineficiente y autoritario gobierno de Nicolás Maduro son una mala noticia para una reconciliación nacional y para el futuro económico, social y político del país. En el mejor de los casos, los próximos meses revelarán la verdad, pero nada asegura que prevalezca. Eso incrementará la inestabilidad y el enfrentamiento entre venezolanos, con consecuencias regionales negativas. Palabras clave: Venezuela, elecciones, Maduro, fraude, chavismo, oposición, América LatinaTodas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB o sus financiadores.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 pretendían ser el inicio de un cambio político hacia la resolución de un conflicto social que ha expulsado a millones de venezolanos del país. Las fundamentadas sospechas de graves irregularidades afectan la credibilidad de los resultados oficiales que dan por vencedor a Nicolás Maduro y cierran la puerta a una pronta reconciliación.En contra de los sondeos previos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Nicolás Maduro con un 51,2% de los votos frente al opositor Edmundo González Urrutia al que se le atribuyó un 44,2% de apoyos con el 80% de votos escrutados. Mientras Maduro y sus seguidores celebraban el resultado en las inmediaciones de Miraflores, la oposición recomendó calma y tiempo para verificar el recuento, reclamando las actas que no han sido entregadas. La supuesta victoria de Nicolás Maduro, además de contradecir todas las encuestas pre-electorales publicadas que daban un margen de entre el 15 y el 20% a la oposición, ha ido acompañada de retrasos inexplicables en la transmisión de los datos que el gobierno achacó a un hackeo exterior del que no dio pruebas y, 24 horas después de anunciar la controvertida victoria, el Consejo Nacional electoral todavía no había presentado datos detallados de las elecciones.Salvo amigos incondicionales como los líderes de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Honduras, y aliados estratégicos como Irán, Rusia o China, estos últimos con pocas credenciales democráticas, una buena parte de los países de la región han expresado dudas sobre los resultados. Desde acusaciones directas como las de Argentina, Ecuador o Panamá, o la incredulidad de Chile expresada por su presidente y su canciller, a la exigencia de mayor transparencia de muchos otros países incluyendo Brasil y Colombia, que fueron los principales valedores de estas elecciones y reclaman ver los datos detallados. Estados Unidos, el Alto representante de la política exterior de la Unión Europea, y países como España, Portugal o Alemania, entre otros, reclaman los datos que no acaban de llegar. En comparecencia ante la prensa, el candidato González Urrutia y la líder María Corina Machado llamaron a la calma y afirmaron que han conseguido el 73% de las actas electorales y la victoria de la oposición es irrefutable A la espera de los informes de los pocos observadores que fueron autorizados a hacer el seguimiento electoral, se mantiene un tenso impasse en el interior y entre buena parte de la Comunidad Internacional. Una contienda desigualEstas elecciones fueron fruto de un conjunto de factores que propiciaron que gobierno y oposición firmaran el Acuerdo de Barbados en octubre de 2023 al que se llegó con la mediación de Noruega y el apoyo de países como México, Brasil y Colombia. El fracaso de la estrategia de confrontación de la parte más radical de la oposición, incluyendo la proclamación de un presidente encargado, Juan Guaidó, que llegó a contar con el reconocimiento de más de 60 países, consiguió convencer al grueso de la oposición de retomar la estrategia electoral. Por su parte, el gobierno de Maduro vio en el acuerdo la posibilidad de liberarse de las sanciones internacionales tras un acercamiento de Estados Unidos y la UE, interesados en asegurarse recursos petroleros tras la invasión rusa de Ucrania. Las expectativas de la oposición eran optimistas, pese a su clara desventaja ante la intimidación, los trucos legales y la manipulación por parte del gobierno. Además de estar en condiciones financieras y de poder muy desfavorables, durante la campaña se sucedieron encarcelamientos, inhabilitaciones e intimidación a opositores. Pero persistieron en participar pese a la inhabilitación de su candidata más popular y ganadora de las primarias de 2023, María Corina Machado, y acordaron unidos respaldar al veterano diplomático Edmundo González Urrutia. Se mantuvieron en la contienda, a pesar de la manipulación de los registros electorales y de los centros de votación, y del hecho de que el 90% de los más de siete millones de venezolanos en el exterior no podían participar. El gobierno denegó la entrada a varias delegaciones de partidos políticos y organismos independientes. Los escasos 635 observadores electorales procedieron de la Unión Africana, la red de Observación Electoral de Educación (una pequeña ONG), un pequeño panel de Expertos de Naciones Unidas (que no hace informe público) y observadores del Carter Center (del cual aún se esperan los informes). La Organización de Estados Americanos (OEA) no pudo enviar ninguna misión porque Venezuela abandonó la organización, y la UE fue desautorizada en mayo por el gobierno de Maduro debido a la continuidad de las sanciones selectivas. Brasil también retiró sus observadores debido a los ataques de Maduro contra su sistema electoral, aunque mantuvo como enviado al hoy asesor y exministro de Exteriores Celso Amorín.Todas estas maniobras del gobierno sirvieron para atribuirse una victoria que es poco creíble, teniendo en cuenta el deseo de cambio que se percibe en el país, el desgaste de 25 años en el poder, la corrupción galopante, la desinstitucionalización y la debacle económica y social que sumerge a más de un 50% de los venezolanos en la pobreza (según estudios independientes ya que no existen estadísticas oficiales). El oficialismo no está dispuesto a dejar el poder y asumir los costes legales y políticos de esta realidad. Antes del primer boletín electoral del CNE que anunció la victoria de Maduro, hubo declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del ministro de Interior advirtiendo que la respuesta ante posibles altercados sería contundente. En esta situación, la llamada de María Corina Machado a las Fuerzas Armadas a «contar la verdad» y a distanciarse del régimen de Maduro es ilusoria teniendo en cuentan que cogobiernan el país desde 1999 y la supervivencia del régimen es la suya propia.Un escenario postelectoral sombrío¿Qué pasará en los próximos meses? En primer lugar, continuará la movilización de la oposición contra el fraude electoral presentando sus pruebas. En segundo lugar, aunque se llamó a la calma, ha sido inevitable que las protestas tomaran la calle, provocando las primeras víctimas y detenciones. Pero, sobre todo, se apela al apoyo internacional en la región, a la UE y a EE.UU. exigiendo transparencia y reconocimiento de los resultados reales. Como el propio Maduro admitió en su discurso de victoria, la historia se repite. Nuevamente, la disputa política postelectoral girará en torno al reconocimiento del régimen o de la oposición en un enfrentamiento que ya dura un cuarto de siglo. Aunque la oposición fue unida y aceptando las desfavorables condiciones acordadas, una vez más se le ha impedido acceder al poder por las urnas. Las opciones para poner fin a 25 años de Chavismo son limitadas: las instituciones nacionales son cautivas del gobierno; la solidaridad de la comunidad internacional no ha tenido mucho efecto en el pasado porque Venezuela cuenta con el apoyo de actores como China y Rusia, aunque si se confirma el fraude aumentará el ostracismo internacional; finalmente, la opción de volver a las calles está reeditando nuevos episodios de violencia y represión. Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 confirmaron el enquistamiento de un autoritarismo competitivo donde no se da opción a la alternancia y el régimen se perpetua por las buenas o por las malas. Sin juego limpio, las elecciones solo sirven para tratar de legitimar la continuidad de Nicolás Maduro otros seis años, un largo mandato presidencial que en América Latina tiene únicamente México, con la gran diferencia que allí no hay reelección posible. Otros seis años del ineficiente y autoritario gobierno de Nicolás Maduro son una mala noticia para una reconciliación nacional y para el futuro económico, social y político del país. En el mejor de los casos, los próximos meses revelarán la verdad, pero nada asegura que prevalezca. Eso incrementará la inestabilidad y el enfrentamiento entre venezolanos, con consecuencias regionales negativas. Palabras clave: Venezuela, elecciones, Maduro, fraude, chavismo, oposición, América LatinaTodas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB o sus financiadores.

El centro para solicitantes de asilo que el gobierno italiano ha abierto recientemente en Albania es económicamente costoso, legalmente controvertido, poco eficiente y de resultados inciertos. Aun así, no sólo la primera ministra Giorgia Meloni pretende sacarlo adelante, sino que la mayoría de estados miembros de la Unión Europea lo miran con atención a la espera de que pueda ser un modelo a seguir. ¿Por qué tanto interés si parece una propuesta abocada al fracaso?*Este artículo se publicó previamente en el diario ARA.Primero fue el Reino Unido del exprimer ministro Sunak con su centro para solicitantes de asilo en Ruanda. Después la Italia de Giorgia Meloni con un centro en Albania. También se han sumado diecisiete estados europeos, pidiendo soluciones «innovadoras» y «cambios de paradigma» en la política migratoria y de asilo. Hace pocos días, lo hacía también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proponiendo la creación de «dispositivos de retorno» fuera de la Unión Europea. ¿Por qué tanto apoyo a unos centros que están condenados al fracaso?El primer despropósito está en el coste. Según el diario italiano La Repubblica, el centro de Albania cuesta 297 euros al día por cada solicitante de asilo, es decir, casi 10 veces más que si la recepción se hiciera en Italia (que costaría 35 euros). Se calcula una inversión de 800 millones en los próximos cinco años. Las cifras también eran astronómicas en el caso del centro británico en Ruanda: además de los 370 millones de libras para su construcción, el coste ascendía a 20.000 libras por persona deportada. En conjunto, la BBC calculaba que la deportación aumentaría el coste total en 63.000 libras por persona.El segundo impedimento es legal. El pasado viernes un tribunal de Roma ordenó el retorno inmediato de doce personas detenidas en el centro de Albania por ser originarias de países (Egipto y Bangladesh) que, según el Tribunal de Justicia de la UE, no son seguros. En la práctica, esto quiere decir que no se les pueden aplicar los protocolos rápidos de asilo y expulsión que Italia pretende desplegar en Albania. La justicia británica también paralizó la entrada en vigor del centro en Ruanda. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminaba por unanimidad que el plan era ilegal porque los «refugiados genuinos» corrían el peligro de ser devueltos a sus países de origen.El tercer problema es de eficiencia. Si bien estos centros se presentan como un medio para reducir la inmigración irregular, los números no pueden ser más anecdóticos. Este primer intento de Meloni lo ilustra. De un grupo inicial de 85 personas, sólo dieciséis pudieron ser deportadas a Albania. Según el acuerdo entre Italia y Albania, los procedimientos acelerados en frontera solo pueden aplicarse a hombres solos no vulnerables procedentes de países seguros. Sin embargo, la mayoría de los que se dirigen a Italia son menores, mujeres, familias o vulnerables. Mientras se desplegaba todo este gran dispositivo sólo para dieciséis personas (que acabaron siendo doce, porque al final dos resultaron ser menores y dos vulnerables), más de mil personas desembarcaban en la isla de Lampedusa. Los números hablan por sí solos.La cuarta limitación es de resultados finales. Una vez en Albania y resueltas sus solicitudes de asilo, ¿qué pasaría con todos aquellos que finalmente no son reconocidos como refugiados? La propuesta no prevé nada más que su deportación, que es responsabilidad de las autoridades italianas. Pero sabemos que en la Unión Europea la mayoría de los que reciben una orden de expulsión (70-80%) no son finalmente deportados. La explicación recae sobre todo en las reticencias de los países de origen y tránsito. Recordemos –la UE lo olvida a menudo– que el retorno no es posible sin la aceptación expresa caso por caso de los gobiernos de estos países. Y normalmente no acostumbran a hacerlo, ya que el coste político no es menor.Volviendo a la pregunta inicial, si lo que se propone es caro, ilegal, ineficiente y susceptible de acabar en la nada, ¿por qué estos centros parecen estar convirtiéndose en el nuevo leitmotiv de las políticas migratorias europeas? La respuesta es que sus objetivos son diferentes a los expresados en público. De cara a los países de origen, estas políticas pretenden desincentivar nuevas salidas. La lógica es la siguiente: si saben que no serán bienvenidos, que serán deportados y finalmente devueltos, ¿qué incentivos habría para intentar llegar a Europa? Más allá de si este argumento funciona en contextos en los que la emigración es la única alternativa, este tipo de políticas llevan a una competencia entre países vecinos para tener las políticas más duras y, así, dejar de estar entre los destinos preferentes. Es un elemento más de discordia en una Unión Europea que o tiene unas políticas migratorias comunes o no será.De puertas adentro, esta política pretende poner en cuestión el actual marco legal. La discusión ya no es entre la extrema derecha y el resto de las fuerzas políticas. La diferencia entre unos partidos y otros, en materia de inmigración, es cada vez más insignificante. La gran disputa ahora es entre política y estado de derecho. Y la pregunta es inevitable: ¿será el estado de derecho lo suficientemente fuerte para parar los despropósitos de la política? ¿O es que de lo que se trata es de poner contra las cuerdas el estado de derecho, buscando las grietas, desprestigiando a los tribunales de justicia y apelando a cambios legislativos, que les afectarán a ellos primero, pero que, finalmente, nos acabarán afectando a todos nosotros?Palabras clave: migraciones, asilo, Italia, UE, Meloni, Albania, Ruanda, Reino Unido, deportación, retorno, estado de derecho, refugiadosTodas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución.Imagen: © European Union, 2023

Con una amplia victoria electoral y arropada por una mayoría absoluta, Claudia Sheinbaum se ha convertido en la primera presidenta de México. Sheinbaum, que ha recibido como legado de su predecesor el mandato de continuar la cuarta transformación del país, deberá enfrentar también las debilidades estructurales sociales, económicas y de seguridad que amenazan el futuro de México. Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer que ha asumido la presidencia del gobierno de México en su historia, fue elegida con la más amplia mayoría que ha tenido un jefe de Estado en el país. El resultado es fruto de un trasvase de votos del saliente presidente Andrés Manuel López Obrador, que acabó su sexenio de gobierno con una aprobación del 77% de la población, a la candidata del partido oficialista de izquierda Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Ese legado, en forma de apoyo popular, le da un gran capital político al nuevo gobierno, pero también genera unas expectativas muy altas que no serán fáciles de cumplir en el corto plazo. La presidenta se presenta como la continuadora del «segundo piso de la Cuarta Transformación» ideada por su mentor para profundizar en un cambio cuyo objetivo es centrarse en las necesidades del pueblo y acabar con las desigualdades y discriminaciones históricas. Sheinbaum mantiene la dialéctica de la defensa del pueblo frente a las élites -«primero los pobres»- como eje de su programa político, y apela a la movilización social para construir lo que el movimiento MORENA identifica como Humanismo Mexicano. También se reafirma en la austeridad republicana, en el combate a los privilegios y en la reivindicación de los pueblos indígenas.Entre los logros no contestados de la pasada legislatura está el haber conseguido reducir la pobreza en más del 5 % (nueve millones y medio de mexicanos) e incrementado los ingresos de los trabajadores mediante el aumento del salario mínimo en más de un 120%, complementado con transferencias monetarias a casi un 40% de las familias más necesitadas. También se han adoptado mejoras sobre las condiciones laborales, incluido el derecho a vacaciones. Sin embargo, según datos oficiales, todavía hay 47 millones de personas en la pobreza de los cuales 9 millones en pobreza extrema. Tampoco se ha conseguido reducir de forma efectiva el trabajo informal que está en torno al 54,5%, lo cual deja a más de la mitad de la población al margen de las prestaciones sociales laborales y con peores salarios. Además de ser origen de grandes desigualdades, la informalidad tiene consecuencias en la consolidación de un sistema de cobertura universal en los servicios públicos. Servicios como educación y salud han recibido fuertes críticas, incluso por parte de algunos de sus votantes.Otro aspecto que, a pesar de pasos positivos, aún es muy insuficiente, es la reforma fiscal. México tiene una presión fiscal muy por debajo de la media de América Latina, 17% del PIB frente 21,5% regional, y a gran distancia de la media de la OCDE (34%), organización de la que forma parte desde 1994. Esa baja recaudación, junto a un bajo crecimiento económico (2% con expectativas a la baja) han llevado al país a un déficit fiscal histórico y un endeudamiento del 47% del PIB que supone una gran carga para el erario y pone en cuestión la sostenibilidad en el tiempo de las políticas sociales emprendidas. La buena noticia es que la inversión extranjera directa ha sido un factor positivo para la recuperación tras la pandemia. México se está viendo favorecida por el efecto de la relocalización de inversiones, aunque estén muy concentradas en pocas industrias manufactureras en el norte del país. Las migraciones, un tema crucial y de gran peso en la campaña electoral norteamericana en curso, se han convertido en un capítulo importante en las relaciones de México con Estados Unidos. López Obrador consiguió llegar a acuerdos tanto con la administración Trump como con Biden para contener los flujos migratorios a cambio de cooperación, pero la presión sobre las fronteras no deja de crecer y tiene costes, no solo económicos, sino también en materia de derechos humanos. Una victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre podría tener consecuencias negativas, tanto en las políticas migratorias, como en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos que suponen más del 78% de su comercio exterior.López Obrador defendía que «la mejor política exterior es la interior» y se proclamó partidario acérrimo del principio de no injerencia recogido en la Constitución Mexicana. Sin embargo, la ha aplicado de forma selectiva según afinidades ideológicas. El desinterés por la política exterior y el sesgo ideológico de López Obrador han impedido que México haya ejercido una influencia sólida tanto en el ámbito global, como en el regional. Todavía es una incógnita qué proyecto de política exterior tendrá la nueva presidenta junto al canciller designado, Juan Ramón de la Fuente, con experiencia como embajador ante Naciones Unidas, pero en su discurso de toma de posesión, Sheinbaum reiteró los principios constitucionales y la autonomía: «Nos coordinamos, no nos subordinamos».La peor herencia recibida por Claudia Sheinbaum es la fracasada política en materia de seguridad. Los homicidios violentos han alcanzado niveles históricos sumando más de 190.000 muertes durante el sexenio, a los que se suman otros miles de desaparecidos. Las respuestas que se han dado no parecen tener efecto. López Obrador prometió un cambio de modelo de seguridad, pero acabó confiando la solución a la creación de una Guardia Nacional militarizada que no parece capaz de hacer frente a las bandas criminales organizadas que se han apoderado de partes del territorio del país. La doctora Sheinbaum, como suelen llamarla, ha prometido profundizar en el modelo de justicia social, que pretende ir a las raíces del problema de la violencia combatiendo la desigualdad. Es un buen plan en el medio y largo plazo que aún no se ha hecho realidad. Para el corto, sin embargo, anunció una nueva Estrategia de Seguridad Nacional y aludió a su experiencia como gobernadora de Ciudad de México.Junto a la promesa de continuidad, las primeras medidas anunciadas en sus «100 pasos para la transformación» también ofrecen algunas diferencias respecto a su predecesor, como un mayor énfasis en los temas relacionados del medio ambiente, desarrollo sostenible y la resiliencia climática, y una preocupación por mejorar la salud, la educación, la ciencia y la cultura, que presentan grandes carencias. También incorpora un capítulo dedicado a los derechos de las mujeres en el que, además de la igualdad, se aborda el tema de la violencia y de los cuidados. Todo ello fue enunciado minuciosamente en su discurso a la población en la plaza del Zócalo tras la toma de posesión, siguiendo la tradición de su predecesor de largos discursos llenos de promesas. Tras el baño de masas, llega el peso de la responsabilidad de gobernar un país complejo en un contexto internacional convulso, lleno de incertidumbres. De lo que no cabe duda es que, con su llegada a la presidencia, se ha roto un techo de cristal para las todas mujeres en el país, y eso sí es hacer historia.Palabras clave: México, Sheinbaum, AMLO, Cuarta Transformación, MORENA, Humanismo Mexicano, migracionesTodas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución

Con una amplia victoria electoral y arropada por una mayoría absoluta, Claudia Sheinbaum se ha convertido en la primera presidenta de México. Sheinbaum, que ha recibido como legado de su predecesor el mandato de continuar la cuarta transformación del país, deberá enfrentar también las debilidades estructurales sociales, económicas y de seguridad que amenazan el futuro de México. Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer que ha asumido la presidencia del gobierno de México en su historia, fue elegida con la más amplia mayoría que ha tenido un jefe de Estado en el país. El resultado es fruto de un trasvase de votos del saliente presidente Andrés Manuel López Obrador, que acabó su sexenio de gobierno con una aprobación del 77% de la población, a la candidata del partido oficialista de izquierda Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Ese legado, en forma de apoyo popular, le da un gran capital político al nuevo gobierno, pero también genera unas expectativas muy altas que no serán fáciles de cumplir en el corto plazo. La presidenta se presenta como la continuadora del «segundo piso de la Cuarta Transformación» ideada por su mentor para profundizar en un cambio cuyo objetivo es centrarse en las necesidades del pueblo y acabar con las desigualdades y discriminaciones históricas. Sheinbaum mantiene la dialéctica de la defensa del pueblo frente a las élites -«primero los pobres»- como eje de su programa político, y apela a la movilización social para construir lo que el movimiento MORENA identifica como Humanismo Mexicano. También se reafirma en la austeridad republicana, en el combate a los privilegios y en la reivindicación de los pueblos indígenas.Entre los logros no contestados de la pasada legislatura está el haber conseguido reducir la pobreza en más del 5 % (nueve millones y medio de mexicanos) e incrementado los ingresos de los trabajadores mediante el aumento del salario mínimo en más de un 120%, complementado con transferencias monetarias a casi un 40% de las familias más necesitadas. También se han adoptado mejoras sobre las condiciones laborales, incluido el derecho a vacaciones. Sin embargo, según datos oficiales, todavía hay 47 millones de personas en la pobreza de los cuales 9 millones en pobreza extrema. Tampoco se ha conseguido reducir de forma efectiva el trabajo informal que está en torno al 54,5%, lo cual deja a más de la mitad de la población al margen de las prestaciones sociales laborales y con peores salarios. Además de ser origen de grandes desigualdades, la informalidad tiene consecuencias en la consolidación de un sistema de cobertura universal en los servicios públicos. Servicios como educación y salud han recibido fuertes críticas, incluso por parte de algunos de sus votantes.Otro aspecto que, a pesar de pasos positivos, aún es muy insuficiente, es la reforma fiscal. México tiene una presión fiscal muy por debajo de la media de América Latina, 17% del PIB frente 21,5% regional, y a gran distancia de la media de la OCDE (34%), organización de la que forma parte desde 1994. Esa baja recaudación, junto a un bajo crecimiento económico (2% con expectativas a la baja) han llevado al país a un déficit fiscal histórico y un endeudamiento del 47% del PIB que supone una gran carga para el erario y pone en cuestión la sostenibilidad en el tiempo de las políticas sociales emprendidas. La buena noticia es que la inversión extranjera directa ha sido un factor positivo para la recuperación tras la pandemia. México se está viendo favorecida por el efecto de la relocalización de inversiones, aunque estén muy concentradas en pocas industrias manufactureras en el norte del país. Las migraciones, un tema crucial y de gran peso en la campaña electoral norteamericana en curso, se han convertido en un capítulo importante en las relaciones de México con Estados Unidos. López Obrador consiguió llegar a acuerdos tanto con la administración Trump como con Biden para contener los flujos migratorios a cambio de cooperación, pero la presión sobre las fronteras no deja de crecer y tiene costes, no solo económicos, sino también en materia de derechos humanos. Una victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre podría tener consecuencias negativas, tanto en las políticas migratorias, como en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos que suponen más del 78% de su comercio exterior.López Obrador defendía que «la mejor política exterior es la interior» y se proclamó partidario acérrimo del principio de no injerencia recogido en la Constitución Mexicana. Sin embargo, la ha aplicado de forma selectiva según afinidades ideológicas. El desinterés por la política exterior y el sesgo ideológico de López Obrador han impedido que México haya ejercido una influencia sólida tanto en el ámbito global, como en el regional. Todavía es una incógnita qué proyecto de política exterior tendrá la nueva presidenta junto al canciller designado, Juan Ramón de la Fuente, con experiencia como embajador ante Naciones Unidas, pero en su discurso de toma de posesión, Sheinbaum reiteró los principios constitucionales y la autonomía: «Nos coordinamos, no nos subordinamos».La peor herencia recibida por Claudia Sheinbaum es la fracasada política en materia de seguridad. Los homicidios violentos han alcanzado niveles históricos sumando más de 190.000 muertes durante el sexenio, a los que se suman otros miles de desaparecidos. Las respuestas que se han dado no parecen tener efecto. López Obrador prometió un cambio de modelo de seguridad, pero acabó confiando la solución a la creación de una Guardia Nacional militarizada que no parece capaz de hacer frente a las bandas criminales organizadas que se han apoderado de partes del territorio del país. La doctora Sheinbaum, como suelen llamarla, ha prometido profundizar en el modelo de justicia social, que pretende ir a las raíces del problema de la violencia combatiendo la desigualdad. Es un buen plan en el medio y largo plazo que aún no se ha hecho realidad. Para el corto, sin embargo, anunció una nueva Estrategia de Seguridad Nacional y aludió a su experiencia como gobernadora de Ciudad de México.Junto a la promesa de continuidad, las primeras medidas anunciadas en sus «100 pasos para la transformación» también ofrecen algunas diferencias respecto a su predecesor, como un mayor énfasis en los temas relacionados del medio ambiente, desarrollo sostenible y la resiliencia climática, y una preocupación por mejorar la salud, la educación, la ciencia y la cultura, que presentan grandes carencias. También incorpora un capítulo dedicado a los derechos de las mujeres en el que, además de la igualdad, se aborda el tema de la violencia y de los cuidados. Todo ello fue enunciado minuciosamente en su discurso a la población en la plaza del Zócalo tras la toma de posesión, siguiendo la tradición de su predecesor de largos discursos llenos de promesas. Tras el baño de masas, llega el peso de la responsabilidad de gobernar un país complejo en un contexto internacional convulso, lleno de incertidumbres. De lo que no cabe duda es que, con su llegada a la presidencia, se ha roto un techo de cristal para las todas mujeres en el país, y eso sí es hacer historia.Palabras clave: México, Sheinbaum, AMLO, Cuarta Transformación, MORENA, Humanismo Mexicano, migracionesTodas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución

La crisis que enfrenta el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tan solo dos meses después del inicio de su mandato, ha vuelto a poner al país andino en el punto de mira. Las bandas criminales han declarado la guerra al Estado desatando la violencia y amotinándose en las cárceles. La respuesta del gobierno ha sido sacar al ejército a las calles. Para ello, ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas y la aprobación de la mayoría de la población, pero los riesgos a los que se enfrenta el país van más allá de los brotes de violencia. *Este artículo se publicó previamente en La Vanguardia. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio por parte de sicarios del crimen organizado durante la campaña presidencial encendió las luces de alarma, y la seguridad se convirtió en un tema central del debate electoral. Las promesas de "mano dura" fueron parte esencial del programa de Noboa, con el referente de la gestión del problema de las maras de Nayib Bukele en El Salvador. Una buena parte de la población ecuatoriana es receptiva a ese discurso de respuestas contundentes, aun a costa de la pérdida de derechos y libertades.Pero, ¿cómo ha pasado Ecuador de ser un país con bajas tasas de delincuencia a ser el país con mayor número de homicidios de la región en apenas dos décadas? Los factores son tanto endógenos como externos. El final de la era de la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), una etapa próspera en sus inicios, coincidió con la crisis económica y dejó al país sumido en una polarización política que debilitó las estructuras institucionales. Los posteriores gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso dedicaron más tiempo a mantenerse vivos políticamente que a desarrollar las respuestas necesarias para hacer frente a los problemas estructurales del país. Las medidas económicas del primero levantaron protestas de ámbito nacional, que llevaron a la intervención militar y a la declaración del estado de excepción en 2019. Su sucesor, Guillermo Lasso, gobernó en minoría con una oposición férrea que acabó forzando su dimisión. En su debilidad para enfrentar la violencia de las bandas recurrió repetidamente al estado de excepción, sin que eso tuviera ningún efecto.La erosión institucional no solo ha afectado al gobierno, también a los cuerpos de seguridad, las instituciones penitenciarias y el sistema judicial, lo que permitió la penetración del crimen organizado a través de la corrupción. La consecuencia fue la impunidad y el desarrollo de una estructura paralela al Estado que tiene el control territorial sobre las rutas del crimen organizado, sobre todo en zonas fronterizas, pero también en zonas urbanas y en los establecimientos penitenciarios. La corrupción no solo afecta al sector público, también se ha infiltrado en el sector privado diversificando el negocio de la delincuencia transnacional.Pero la escalada exponencial de la violencia se explica, sobre todo, por la internacionalización de las redes criminales. La presión contra las bandas en países vecinos hizo que buscaran vías alternativas, y Ecuador pasó de ser territorio de tránsito a centro de producción y distribución de pasta de coca con destino a Estados Unidos, México, Europa y Brasil. El puerto de Guayaquil es el centro neurálgico de ese narcotráfico. La internacionalización de las bandas locales, con vínculos con los carteles mexicanos, brasileños y colombianos, ha llevado a una escalada de la rivalidad y al enfrentamiento entre bandas, con extorsión, asesinatos, sicariato y secuestros. El proceso de Paz en Colombia y el desmembramiento de las FARC hizo que algunos de los integrantes desmovilizados pasaran a incorporarse a las bandas criminales en Ecuador.Sin embargo, la pretensión de romper esta red de violencia solo con políticas de mano dura se ha mostrado vana ya en otros países como México. Puede haber una pacificación temporal pero el crimen transnacional requiere de pactos de Estado transversales y cooperación internacional. Algo que va mucho más allá de la seguridad. Es necesario revisar las estructuras que sostienen estas redes de delincuencia transnacional, y huir del espejismo populista de soluciones simples a problemas complejos.Palabras clave: Ecuador, Noboa, seguridad, crimen organizado, violencia, Bukele, securitización, erosión institucionalTodas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución

La Unión Europea ha aprobado la primera ley de inteligencia artificial del mundo con reglas vinculantes que impondrán obligaciones y límites a los distintos usos de la IA según el riesgo que comporten. La inteligencia artificial, y su desarrollo hiperacelerado, suponen un desafío tecnológico, económico, social y geopolítico, que los grandes poderes globales enfrentan desde visiones estratégicas a veces contradictorias. A estas distintas aproximaciones se suman las múltiples evidencias de las desigualdades originadas o reforzadas por el uso de modelos y programas de aprendizaje automático, que obligan a despejar incertidumbres y garantizar la rendición de cuentas.







La ubicuidad de la Inteligencia Artificial es indiscutible. Su capacidad de penetración abarca desde la seguridad del ciberespacio a la robótica doméstica; desde la imitación de la inteligencia humana al poder de decisión sobre préstamos bancarios o ayudas sociales. La IA parece infiltrarlo todo. Pero su desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan vertiginoso que no permite despejar incertidumbres. La gobernanza de la IA plantea problemas conceptuales, funcionales, analíticos, de orden práctico y jurídico. Sin embargo, arrastrados por esta temporalidad hiperacelerada, los grandes actores globales, públicos y privados, se han puesto a discutir sobre cómo regular la IA cuando todavía estamos intentando aprehender bien qué es y cuál es su verdadero alcance. Por eso fallan los consensos.Sin embargo, la Unión Europea ha tomado la iniciativa y ha conseguido cerrar un acuerdo interinstitucional, a finales de 2023, para aprobar la primera Ley de Inteligencia Artificial que pretende limitar los riesgos en el uso de la IA estableciendo distintas categorías (inaceptables, elevados, limitados o mínimos). Se consideran inaceptables y, por tanto, se prohíbe el uso de sistemas de reconocimiento de emociones; los sistemas de manipulación intencionada para influir en el comportamiento de las personas y causar daños físicos; y los sistemas que explotan vulnerabilidades de un grupo específico de personas. Otro de los temas espinosos de la negociación fue la inclusión de la IA generativa (los modelos fundacionales), que deberán cumplir con requisitos de transparencia. Todos los actores y usuarios de la IA en la Unión Europea deberán respetar un Código de Conducta ético respaldado por multas, ya que la ley prevé un sistema de sanciones, que puede llegar a un porcentaje del volumen total de negocios de la compañía infractora.​Ha sido una negociación larga, que deberá ratificarse en 2024 y contará con dos años de margen para su implantación gradual. La UE se convierte así en pionera en la definición de un marco legal. Sin embargo, también hay voces críticas que consideran que el esfuerzo se queda corto ya que se centra en el riesgo de los posibles usos de la IA, pero no soluciona los daños inherentes a la propia tecnología. Es imprescindible complementar los enfoques centrados en encontrar «soluciones a los problemas» –basados en minimizar los daños causados por la IA– con visiones centradas en el «diagnóstico de problemas», es decir que examinen el origen y las causas de los actuales imaginarios, y de la economía basada en la IA. Como se pregunta Urvashi Aneja, directora de Digital Futures Lab, «¿es suficiente un enfoque meramente regulatorio, cuando lo que está en juego es cómo conocemos y entendemos el mundo?». La Unión Europea asegura, por su parte, que el reglamento «tiene como objetivo garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores europeos».De hecho, la UE y sus estados miembros se encuentran en una situación de difícil equilibrio como reguladores y, a la vez, usuarios de los sistemas automatizados de toma de decisiones en el sector público. Por un lado, los gobiernos europeos deben proteger a los ciudadanos de los posibles daños de las tecnologías emergentes, pero también, y cada vez más, utilizan estas tecnologías para gobernar, en un contexto de plena consciencia sobre los efectos devastadores que los sesgos algorítmicos pueden tener sobre las predicciones, recomendaciones y decisiones públicas automatizadas. Es imposible, a estas alturas, negar el impacto discriminatorio de muchos de estos sistemas, aunque los gobiernos, en general, se nieguen a la trasparencia que reclaman las organizaciones civiles.Como defiende Lorena Jaume-Palasí, los sistemas algorítmicos centrados en perfiles humanos crean estándares, pero un perfil humano es ya en sí una distorsión del individuo. Los datos no son neutrales y solo son parcialmente representativos. En este contexto, la inteligencia artificial y los sistemas de gobernanza algorítmica han acabado reproduciendo sesgos discriminatorios. De hecho, los sesgos son sociales y, si no se corrigen, la regulación puede acabar teniendo un efecto legitimador y amplificador.Los riesgos del debate normativoEn este debate sobre la gobernanza de la IA, que va de la mano de la carrera geopolítica por liderar la innovación tecnológica, la Unión Europea, una vez más, lo fía todo a su credibilidad reguladora. 2024 será un año fundamental en todo el debate normativo, a pesar de que la falta de consensos entre grandes actores llega a un nivel tan básico como la propia definición de la Inteligencia Artificial. Algunos reguladores han optado por definiciones amplias, por temor a que el texto quedara obsoleto a corto plazo, como en los «Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial». Mientras, otros, en cambio, han preferido referirse a las características de la IA sin definirla al detalle.Pero no se trata solo de si debe regular o no, sino de quién debe hacerlo. Se vio perfectamente en la primera cumbre mundial sobre seguridad de la IA, convocada el 1 de noviembre por el primer ministro británico, Rishi Sunak. Un punto de encuentro de los grandes poderes globales –públicos y privados; tecnoautoritarios o abiertos– intentando regular o influir en los debates sobre regularización en curso. La «Declaración Bletchley», firmada por 28 países, recoge un compromiso para abordar las principales amenazas de la IA, un acuerdo para examinar los modelos de IA de empresas tecnológicas antes de su lanzamiento, así como un pacto para establecer un panel global de expertos sobre inteligencia artificial. Además, en la embajada de Estados Unidos en Londres, 31 países firmaron, en paralelo, una declaración (no vinculante) para establecer límites al uso militar de la Inteligencia Artificial.Pero esta cumbre global también ejemplifica uno de los riesgos del debate normativo: la potencia de las grandes empresas tecnológicas dominantes –y su esfuerzo por liderar el debate sobre los límites de los marcos reguladores de la misma manera que marcan el ritmo de la aceleración tecnológica– por encima de las voces de la sociedad civil. Es una confrontación no exenta de una nueva forma de colonialismo; de explotación de los usuarios, convertidos en una fuente infinita de datos a cruzar, analizar y comercializar. La protección y fiabilidad de los datos, por ejemplo, debería incluirse desde el mismo diseño de la tecnología. Y no sólo eso, debería tenerse en cuenta desde el mismo momento de la programación quien está siendo excluido de la toma de decisiones o de los datos que se utilizarán para la automatización de la toma de decisiones.Palabras clave: inteligencia artificial, IA, UE, marco regulatorio, gigantes tecnológicos, riesgo, ética, gobernanza algorítmica, datos, sesgos, automatización, BletchleyFinanciado por la Unión Europea. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución.

La Unión Europea ha aprobado la primera ley de inteligencia artificial del mundo con reglas vinculantes que impondrán obligaciones y límites a los distintos usos de la IA según el riesgo que comporten. La inteligencia artificial, y su desarrollo hiperacelerado, suponen un desafío tecnológico, económico, social y geopolítico, que los grandes poderes globales enfrentan desde visiones estratégicas a veces contradictorias. A estas distintas aproximaciones se suman las múltiples evidencias de las desigualdades originadas o reforzadas por el uso de modelos y programas de aprendizaje automático, que obligan a despejar incertidumbres y garantizar la rendición de cuentas.La ubicuidad de la Inteligencia Artificial es indiscutible. Su capacidad de penetración abarca desde la seguridad del ciberespacio a la robótica doméstica; desde la imitación de la inteligencia humana al poder de decisión sobre préstamos bancarios o ayudas sociales. La IA parece infiltrarlo todo. Pero su desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan vertiginoso que no permite despejar incertidumbres. La gobernanza de la IA plantea problemas conceptuales, funcionales, analíticos, de orden práctico y jurídico. Sin embargo, arrastrados por esta temporalidad hiperacelerada, los grandes actores globales, públicos y privados, se han puesto a discutir sobre cómo regular la IA cuando todavía estamos intentando aprehender bien qué es y cuál es su verdadero alcance. Por eso fallan los consensos.Sin embargo, la Unión Europea ha tomado la iniciativa y ha conseguido cerrar un acuerdo interinstitucional, a finales de 2023, para aprobar la primera Ley de Inteligencia Artificial que pretende limitar los riesgos en el uso de la IA estableciendo distintas categorías (inaceptables, elevados, limitados o mínimos). Se consideran inaceptables y, por tanto, se prohíbe el uso de sistemas de reconocimiento de emociones; los sistemas de manipulación intencionada para influir en el comportamiento de las personas y causar daños físicos; y los sistemas que explotan vulnerabilidades de un grupo específico de personas. Otro de los temas espinosos de la negociación fue la inclusión de la IA generativa (los modelos fundacionales), que deberán cumplir con requisitos de transparencia. Todos los actores y usuarios de la IA en la Unión Europea deberán respetar un Código de Conducta ético respaldado por multas, ya que la ley prevé un sistema de sanciones, que puede llegar a un porcentaje del volumen total de negocios de la compañía infractora.​Ha sido una negociación larga, que deberá ratificarse en 2024 y contará con dos años de margen para su implantación gradual. La UE se convierte así en pionera en la definición de un marco legal. Sin embargo, también hay voces críticas que consideran que el esfuerzo se queda corto ya que se centra en el riesgo de los posibles usos de la IA, pero no soluciona los daños inherentes a la propia tecnología. Es imprescindible complementar los enfoques centrados en encontrar «soluciones a los problemas» –basados en minimizar los daños causados por la IA– con visiones centradas en el «diagnóstico de problemas», es decir que examinen el origen y las causas de los actuales imaginarios, y de la economía basada en la IA. Como se pregunta Urvashi Aneja, directora de Digital Futures Lab, «¿es suficiente un enfoque meramente regulatorio, cuando lo que está en juego es cómo conocemos y entendemos el mundo?». La Unión Europea asegura, por su parte, que el reglamento «tiene como objetivo garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores europeos».De hecho, la UE y sus estados miembros se encuentran en una situación de difícil equilibrio como reguladores y, a la vez, usuarios de los sistemas automatizados de toma de decisiones en el sector público. Por un lado, los gobiernos europeos deben proteger a los ciudadanos de los posibles daños de las tecnologías emergentes, pero también, y cada vez más, utilizan estas tecnologías para gobernar, en un contexto de plena consciencia sobre los efectos devastadores que los sesgos algorítmicos pueden tener sobre las predicciones, recomendaciones y decisiones públicas automatizadas. Es imposible, a estas alturas, negar el impacto discriminatorio de muchos de estos sistemas, aunque los gobiernos, en general, se nieguen a la trasparencia que reclaman las organizaciones civiles.Como defiende Lorena Jaume-Palasí, los sistemas algorítmicos centrados en perfiles humanos crean estándares, pero un perfil humano es ya en sí una distorsión del individuo. Los datos no son neutrales y solo son parcialmente representativos. En este contexto, la inteligencia artificial y los sistemas de gobernanza algorítmica han acabado reproduciendo sesgos discriminatorios. De hecho, los sesgos son sociales y, si no se corrigen, la regulación puede acabar teniendo un efecto legitimador y amplificador.Los riesgos del debate normativoEn este debate sobre la gobernanza de la IA, que va de la mano de la carrera geopolítica por liderar la innovación tecnológica, la Unión Europea, una vez más, lo fía todo a su credibilidad reguladora. 2024 será un año fundamental en todo el debate normativo, a pesar de que la falta de consensos entre grandes actores llega a un nivel tan básico como la propia definición de la Inteligencia Artificial. Algunos reguladores han optado por definiciones amplias, por temor a que el texto quedara obsoleto a corto plazo, como en los «Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial». Mientras, otros, en cambio, han preferido referirse a las características de la IA sin definirla al detalle.Pero no se trata solo de si debe regular o no, sino de quién debe hacerlo. Se vio perfectamente en la primera cumbre mundial sobre seguridad de la IA, convocada el 1 de noviembre por el primer ministro británico, Rishi Sunak. Un punto de encuentro de los grandes poderes globales –públicos y privados; tecnoautoritarios o abiertos– intentando regular o influir en los debates sobre regularización en curso. La «Declaración Bletchley», firmada por 28 países, recoge un compromiso para abordar las principales amenazas de la IA, un acuerdo para examinar los modelos de IA de empresas tecnológicas antes de su lanzamiento, así como un pacto para establecer un panel global de expertos sobre inteligencia artificial. Además, en la embajada de Estados Unidos en Londres, 31 países firmaron, en paralelo, una declaración (no vinculante) para establecer límites al uso militar de la Inteligencia Artificial.Pero esta cumbre global también ejemplifica uno de los riesgos del debate normativo: la potencia de las grandes empresas tecnológicas dominantes –y su esfuerzo por liderar el debate sobre los límites de los marcos reguladores de la misma manera que marcan el ritmo de la aceleración tecnológica– por encima de las voces de la sociedad civil. Es una confrontación no exenta de una nueva forma de colonialismo; de explotación de los usuarios, convertidos en una fuente infinita de datos a cruzar, analizar y comercializar. La protección y fiabilidad de los datos, por ejemplo, debería incluirse desde el mismo diseño de la tecnología. Y no sólo eso, debería tenerse en cuenta desde el mismo momento de la programación quien está siendo excluido de la toma de decisiones o de los datos que se utilizarán para la automatización de la toma de decisiones.Palabras clave: inteligencia artificial, IA, UE, marco regulatorio, gigantes tecnológicos, riesgo, ética, gobernanza algorítmica, datos, sesgos, automatización, BletchleyFinanciado por la Unión Europea. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.

Con un discurso más sosegado que en sus primeros días de campaña, Javier Milei ha llegado a la presidencia de Argentina con la voluntad de poner en marcha reformas radicales que requieren un cambio del modelo de Estado instaurado durante cuatro décadas desde el retorno de la democracia. A partir del 10 de diciembre sus teorías libertarias tendrán como terreno de juego un país asolado por la inflación y los niveles de pobreza, poniendo a prueba la capacidad de responder a la grave situación económica que ha llevado a los votantes a abrazar una esperanza puesta en lo inexplorado. Los argentinos entregaron la presidencia de Argentina a Javier Milei con un contundente 55,7% de los votos. Su contrincante, el ministro de Economía Sergio Massa, que llevaba año y medio pilotando una economía con una inflación de tres dígitos (alrededor del 140%) y unos niveles de pobreza por encima del 40%, no consiguió arrastrar el voto del miedo a lo desconocido que atribuían al candidato libertario. Con el apoyo decidido del partido Propuesta Republicana (PRO) capitaneado por el expresidente Mauricio Macri y la candidata apeada de la carrera presidencial en la primera vuelta, Patricia Bullrich, Milei ganó en prácticamente todo el país con la excepción de la Provincia de Buenos Aires, bastión peronista, además de Santiago del Estero y Formosa, que retuvo Massa aunque por un margen limitado. El resto, desde Patagonia a Misiones, se entregó a Milei como encarnación del cambio frente a la asfixiante situación que vive Argentina con un gobierno endeudado y deficitario. La derrota de Massa es un fracaso del peronismo como formación hegemónica, aunque aún conserva la primera fuerza política en el Congreso y en el Senado, pero ha ido perdiendo poder territorial. La apuesta por Milei es también un voto de castigo al modelo kirchnerista de Estado interventor y con una extensa base de red clientelar, liderado por la aún vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Milei ha prometido cambios radicales en el modelo de Estado que suponen una reducción de todo el aparato institucional para limitar el papel del gobierno a lo mínimo necesario. Es lo que denominó el "paquete motosierra". Además de reducir los ministerios de los actuales 18 a 8, también ha prometido privatizar las empresas estatales, incluida la petrolera YPF, y rebajar los impuestos. Esta deconstrucción del Estado tiene su corolario con el cierre del Banco Central y la dolarización de la economía, y para ello ha fichado al economista Emilio Ocampo, que contará con un plazo más amplio al inicialmente previsto para llevarlo a cabo. Estabilizar la economía y evitar el riesgo de una hiperinflación es la primera tarea a la que se enfrentará el nuevo gobierno. Para ello prepara una terapia de shock que implica un ajuste del gasto público de hasta un 15% del PIB. El gobierno de Alberto Fernández, hoy en funciones, propuso un proceso de transición rápido, aunque Milei les conminó a que asuman sus responsabilidades hasta el día en que él ocupe la presidencia el 10 de diciembre.Milei ya ha empezado a desvelar los nombres de los que le acompañarán en el gobierno, pero quedan por aclarar los pactos con el PRO y otros sectores de provincias que le dieron su apoyo en la elección y a los que necesitará para gobernar. La Libertad Avanza (LLA) es una formación política novel y su presencia en las cámaras legislativas se limita a 38 diputados (sobre un total de 257) y 8 senadores sobre 72. La coalición de Juntos por el Cambio se rompió durante la segunda vuelta presidencial por el apoyo incondicional del PRO a Milei, mientras que sus socios de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica se manifestaron neutrales y han decidido ejercer una oposición responsable. En este sentido, se está produciendo una revisión del mapa político tanto en el nuevo oficialismo que se escora a la derecha, como en la futura oposición, con una necesaria reconfiguración del espacio de centro y del propio peronismo tras la derrota.A la ideología liberal en lo económico Milei ha incorporado posicionamientos de la extrema derecha. Así, ha planteado volver a penalizar el aborto; niega que el cambio climático esté relacionado con la actividad humana; es contrario a las políticas de género y de apoyo a las personas LGBTIQ+; y defendió la libre tenencia de armas (aunque eso lo retiró posteriormente). Pero las mayores críticas le vienen por sus declaraciones afirmando que las desapariciones de la dictadura fueron excesos policiales y no una política del gobierno. Por ello, junto a los argumentos de su compañera de campaña como vicepresidenta, Victoria Villarruel, que abiertamente rechaza el discurso sobre derechos humanos de las victimas de la dictadura, han sido acusados de ser un peligro para la democracia. Se añaden, además, los apoyos recibidos por líderes de la extrema derecha mundiales como Donal Trump, Jair Bolsonaro, Santiago Abascal, el Chileno José Antoni Kast, o la italiana Giorgia Meloni. Eso le sitúa en la órbita del auge internacional de la extrema derecha y puede tener consecuencias en sus relaciones internacionales, especialmente con China, uno de los principales socios del país durante el gobierno peronista. Milei ha afirmado que no se unirá al bloque de los BRICS al que pretendía incorporarse el actual gobierno. También ha habido desencuentros con el presidente de Brasil, Lula da Silva al que ha acusado de comunista y corrupto. Milei, en cambio, se declara amigo de Estados Unidos e Israel a los que ha anunciado que hará sus primeros viajes.Sin embargo, la principal preocupación del gobierno de Milei será la economía. El caudal de votos que recibió en la segunda vuelta, que supone un trasvase importante de apoyos respecto a la primera, quiere soluciones a sus problemas y los quiere a corto plazo. Ha llegado el momento en que el profesor universitario, que ha repetido hasta la saciedad sus teorías citando a los clásicos del liberalismo y de la escuela de Austria fundada por Carl Menger, los lleve a la práctica. Para ello tendrá que negociar y acomodar a diferentes sectores, pero ha afirmado que no habrá concesiones "gradualistas" como las que se hicieron durante el gobierno de Macri. Milei llega a la presidencia con un bagaje de legitimidad que le proporciona su contundente victoria. Sin embargo, el tiempo corre rápido y la paciencia de los argentinos está agotada después de tantas crisis reiteradas. Los ajustes que propone Milei tienen un coste social, él lo sabe y dice que está dispuesto a explicarlo y a tratar de convencer de que es la única solución para salvar al país y volver a convertirlo en una potencia mundial. Pero también es consciente que habrá resistencias de sectores contrarios a los ajustes, y que el peronismo lo aprovechará para desgastarle. Mientras conserve la esperanza de una parte de la población podrá impulsar su agenda liberal, pero si no hay resultados pronto los apoyos se volverán volátiles. Como la actual política argentina.Palabras clave: Argentina, Milei, elecciones, peronismo, kirschnerismo, Massa, privatización, inflación, liberalismoTodas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución.

Con un discurso más sosegado que en sus primeros días de campaña, Javier Milei ha llegado a la presidencia de Argentina con la voluntad de poner en marcha reformas radicales que requieren un cambio del modelo de Estado instaurado durante cuatro décadas desde el retorno de la democracia. A partir del 10 de diciembre sus teorías libertarias tendrán como terreno de juego un país asolado por la inflación y los niveles de pobreza, poniendo a prueba la capacidad de responder a la grave situación económica que ha llevado a los votantes a abrazar una esperanza puesta en lo inexplorado. Los argentinos entregaron la presidencia de Argentina a Javier Milei con un contundente 55,7% de los votos. Su contrincante, el ministro de Economía Sergio Massa, que llevaba año y medio pilotando una economía con una inflación de tres dígitos (alrededor del 140%) y unos niveles de pobreza por encima del 40%, no consiguió arrastrar el voto del miedo a lo desconocido que atribuían al candidato libertario. Con el apoyo decidido del partido Propuesta Republicana (PRO) capitaneado por el expresidente Mauricio Macri y la candidata apeada de la carrera presidencial en la primera vuelta, Patricia Bullrich, Milei ganó en prácticamente todo el país con la excepción de la Provincia de Buenos Aires, bastión peronista, además de Santiago del Estero y Formosa, que retuvo Massa aunque por un margen limitado. El resto, desde Patagonia a Misiones, se entregó a Milei como encarnación del cambio frente a la asfixiante situación que vive Argentina con un gobierno endeudado y deficitario. La derrota de Massa es un fracaso del peronismo como formación hegemónica, aunque aún conserva la primera fuerza política en el Congreso y en el Senado, pero ha ido perdiendo poder territorial. La apuesta por Milei es también un voto de castigo al modelo kirchnerista de Estado interventor y con una extensa base de red clientelar, liderado por la aún vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Milei ha prometido cambios radicales en el modelo de Estado que suponen una reducción de todo el aparato institucional para limitar el papel del gobierno a lo mínimo necesario. Es lo que denominó el "paquete motosierra". Además de reducir los ministerios de los actuales 18 a 8, también ha prometido privatizar las empresas estatales, incluida la petrolera YPF, y rebajar los impuestos. Esta deconstrucción del Estado tiene su corolario con el cierre del Banco Central y la dolarización de la economía, y para ello ha fichado al economista Emilio Ocampo, que contará con un plazo más amplio al inicialmente previsto para llevarlo a cabo. Estabilizar la economía y evitar el riesgo de una hiperinflación es la primera tarea a la que se enfrentará el nuevo gobierno. Para ello prepara una terapia de shock que implica un ajuste del gasto público de hasta un 15% del PIB. El gobierno de Alberto Fernández, hoy en funciones, propuso un proceso de transición rápido, aunque Milei les conminó a que asuman sus responsabilidades hasta el día en que él ocupe la presidencia el 10 de diciembre.Milei ya ha empezado a desvelar los nombres de los que le acompañarán en el gobierno, pero quedan por aclarar los pactos con el PRO y otros sectores de provincias que le dieron su apoyo en la elección y a los que necesitará para gobernar. La Libertad Avanza (LLA) es una formación política novel y su presencia en las cámaras legislativas se limita a 38 diputados (sobre un total de 257) y 8 senadores sobre 72. La coalición de Juntos por el Cambio se rompió durante la segunda vuelta presidencial por el apoyo incondicional del PRO a Milei, mientras que sus socios de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica se manifestaron neutrales y han decidido ejercer una oposición responsable. En este sentido, se está produciendo una revisión del mapa político tanto en el nuevo oficialismo que se escora a la derecha, como en la futura oposición, con una necesaria reconfiguración del espacio de centro y del propio peronismo tras la derrota.A la ideología liberal en lo económico Milei ha incorporado posicionamientos de la extrema derecha. Así, ha planteado volver a penalizar el aborto; niega que el cambio climático esté relacionado con la actividad humana; es contrario a las políticas de género y de apoyo a las personas LGBTIQ+; y defendió la libre tenencia de armas (aunque eso lo retiró posteriormente). Pero las mayores críticas le vienen por sus declaraciones afirmando que las desapariciones de la dictadura fueron excesos policiales y no una política del gobierno. Por ello, junto a los argumentos de su compañera de campaña como vicepresidenta, Victoria Villarruel, que abiertamente rechaza el discurso sobre derechos humanos de las victimas de la dictadura, han sido acusados de ser un peligro para la democracia. Se añaden, además, los apoyos recibidos por líderes de la extrema derecha mundiales como Donal Trump, Jair Bolsonaro, Santiago Abascal, el Chileno José Antoni Kast, o la italiana Giorgia Meloni. Eso le sitúa en la órbita del auge internacional de la extrema derecha y puede tener consecuencias en sus relaciones internacionales, especialmente con China, uno de los principales socios del país durante el gobierno peronista. Milei ha afirmado que no se unirá al bloque de los BRICS al que pretendía incorporarse el actual gobierno. También ha habido desencuentros con el presidente de Brasil, Lula da Silva al que ha acusado de comunista y corrupto. Milei, en cambio, se declara amigo de Estados Unidos e Israel a los que ha anunciado que hará sus primeros viajes.Sin embargo, la principal preocupación del gobierno de Milei será la economía. El caudal de votos que recibió en la segunda vuelta, que supone un trasvase importante de apoyos respecto a la primera, quiere soluciones a sus problemas y los quiere a corto plazo. Ha llegado el momento en que el profesor universitario, que ha repetido hasta la saciedad sus teorías citando a los clásicos del liberalismo y de la escuela de Austria fundada por Carl Menger, los lleve a la práctica. Para ello tendrá que negociar y acomodar a diferentes sectores, pero ha afirmado que no habrá concesiones "gradualistas" como las que se hicieron durante el gobierno de Macri. Milei llega a la presidencia con un bagaje de legitimidad que le proporciona su contundente victoria. Sin embargo, el tiempo corre rápido y la paciencia de los argentinos está agotada después de tantas crisis reiteradas. Los ajustes que propone Milei tienen un coste social, él lo sabe y dice que está dispuesto a explicarlo y a tratar de convencer de que es la única solución para salvar al país y volver a convertirlo en una potencia mundial. Pero también es consciente que habrá resistencias de sectores contrarios a los ajustes, y que el peronismo lo aprovechará para desgastarle. Mientras conserve la esperanza de una parte de la población podrá impulsar su agenda liberal, pero si no hay resultados pronto los apoyos se volverán volátiles. Como la actual política argentina.Palabras clave: Argentina, Milei, elecciones, peronismo, kirschnerismo, Massa, privatización, inflación, liberalismo

Desde su vuelta a la presidencia de Brasil en enero de 2023, la primera prioridad de la política exterior de Luiz Inácio Lula da Silva ha sido reconstruir la política exterior regional del país y recuperar la confianza de sus socios latinoamericanos y de las organizaciones internacionales. Sin embargo, ello acontece en una coyuntura internacional compleja –como las guerras en Ucrania y la Franja de Gaza– poco favorable a posiciones de neutralidad y autonomía.El Gobierno de Lula sitúa de nuevo a Brasil al lado de los países emergentes, adoptando una política hacia Asia Pacífico que cambia la jerarquía de prioridades externas a favor de China y otros países BRICS. Sus posiciones revisionistas frente al orden internacional causan tensiones en las relaciones con Occidente, aunque el pragmatismo evita la confrontación directa. Tras asumir por tercera vez la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2023, Lula da Silva proclamó: «Brasil está de vuelta» y muchos líderes mundiales le aclamaron esperando que retomara el compromiso con el multilateralismo tras el periodo de retraimiento del Gobierno de su predecesor Jair Bolsonaro (2019-2023). Sin embargo, el inicio de su mandato estuvo marcado por el asalto a las instituciones, en la Plaza de los Tres Poderes (Brasilia) el 8 de enero de 2023, por parte de seguidores radicales de su contrincante electoral. Este episodio fue un reflejo de la polarización y la crispación social que ha dominado la vida política brasileña durante la última década, desde la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. En este contexto, la prioridad de la agenda del Gobierno Lula en su primer año ha sido tratar de rebajar la tensión social y hacer frente con recursos limitados a los problemas socioeconómicos internos, aunque su vocación multilateral y voluntad de liderazgo en el plano de la política exterior han seguido presentes en su ADN. La presidencia rotatoria del G-20 en 2024 le dará la oportunidad de demostrarlo. Muchos han sido los factores que han alterado el mundo en los 12 años transcurridos desde el último mandato de Lula. El denominado Sur Global, en el que se inserta Brasil, ha evolucionado: es más diverso y también más fragmentado. Además, las pugnas entre China y Estados Unidos han reducido el margen de maniobra y no es fácil mantener el equilibrio entre las fuerzas que están reconfigurando el orden internacional en un mundo menos previsible y más conflictivo. La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la contundente respuesta bélica de Israel a los ataques de Hamás en la Franja de Gaza han complicado la posición de Brasil entre el Norte Atlántico y el Sur Global, en su apuesta por la no alineación ante situaciones que claramente vulneran principios del ordenamiento internacional, como los de no agresión y el derecho humanitario. Tampoco en su entorno tiene fácil la reactivación de la cooperación regional fracturada. Es difícil prever qué efectos tendrá en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) la inestabilidad de la Argentina de Javier Milei, dada su apuesta por el unilateralismo y su bajo compromiso regional; además, sentar al nuevo mandatario junto al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para refundar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) no va a ser tarea fácil, por no decir imposible. Asimismo, la sombra de un posible conflicto ente Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo pone a prueba las dotes de mediación de Lula y sus intentos de revitalizar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Recuperar el multilateralismo activo: continuidades y cambiosReconstruir la política exterior regional y global, tras la salida de Brasil de foros clave, o asumir los compromisos financieros con Naciones Unidas, previamente abandonados, así como recobrar la confianza de los socios y organizaciones internacionales, entre otras iniciativas, han ocupado la agenda del nuevo Gobierno de Lula desde los primeros meses.En el plano regional, el mismo enero de 2023, Brasil retornó a la CELAC y, en mayo de ese año, trató de reactivar la UNASUR en una cumbre celebrada en Brasilia. A nivel global, a finales de 2023, concluyó el período bienal de Brasil en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el que había sido elegido por undécima vez. Además, en noviembre de 2024, Rio de Janeiro será la anfitriona de la cumbre del G-20 y, en noviembre de 2025, se celebrará en Belém do Pará la 30ª conferencia de las partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Así, el tercer mandato de Lula refleja la continuidad de «la política exterior altiva y activa» que había liderado el ministro de Exteriores Celso Amorim, hoy asesor especial en asuntos internacionales, durante sus dos primeros mandatos. Junto con el actual canciller, Mauro Vieira, que ya lo fue en la presidencia de Dilma Rousseff, ambos garantizan la continuidad de una política exterior universalista y autonomista. Su objetivo es otorgar a Brasil un papel protagónico en el Sur Global mediante el regionalismo y el multilateralismo, a través de la diversificación de socios y abandonando el alineamiento del anterior Gobierno Bolsonaro con la Administración estadounidense de la era Trump.Una constante de todos los mandatos de Lula ha sido la diplomacia presidencial. Al finalizar sus ocho años de gobierno en 2011, se había convertido en el presidente más viajero de la historia de Brasil, lo que puede repetirse, al ejecutar gran parte de la política exterior del país. En 2023, ya se ausentó por un periodo equivalente a dos meses para visitar 24 países a partir de quince viajes (véase la tabla 1). La primera visita en enero de 2023 fue, siguiendo la tradición, a su aliado estratégico, Argentina, entonces gobernada por Alberto Fernández, un presidente ideológicamente afín. En Buenos Aires también participó en la Cumbre de la CELAC tras años de ausencia. Su siguiente estación fue la visita oficial a Estados Unidos, en febrero de 2023, seguida de viajes a China y a España y Portugal en el mes de abril. Estos viajes muestran las prioridades geográficas de Brasil, enumeradas por el canciller brasileño Mauro Vieira en su discurso de toma de posesión (véase la figura 1): en un primer círculo figura el regionalismo centrado en el MERCOSUR, la UNASUR –a la que Brasil se reincorporó en abril de 2023– y la CELAC; en un segundo círculo encontramos la cooperación Sur-Sur con Asia Pacífico, el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y África; en un tercero las relaciones bilaterales con socios clave como Estados Unidos, China o la Unión Europea (UE); y todo ello englobado en el multilateralismo, incluyendo el G-20, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el sistema de Naciones Unidas, en general, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la cual Bolsonaro había iniciado conversaciones para adherirse en 2022. Sin embargo, Brasil hoy cuenta con menos recursos financieros para su proyecto exterior, tras el fin del boom económico de las materias primas en 2013 que fue seguido por un declive económico exacerbado por la pandemia de la COVID-19 y una recuperación muy lenta. En 2020, Brasil entró en recesión (-3,3% del PIB) con una pérdida de un -23,3% del PIB per cápita hasta estabilizarse en 2022 al nivel de 2010. Por todo ello, el país bajó en la jerarquía económica, representando en 2022 solo un 2,04% del PIB mundial, menos de la mitad del PIB de Alemania (con una población de 82 millones frente a los 203 millones de Brasil). Si en el primer mandato de Lula da Silva (2003-2007), el gigante sudamericano había llegado a ser la séptima economía del mundo, en 2023 se situaba en una novena posición, subiendo 2 puestos desde el año anterior. Además, como la agenda exterior también es entendida como un instrumento para promover el desarrollo nacional, de ahí la priorización de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Brasil ante un contexto internacional conflictivoLula tiene que lidiar con una coyuntura internacional compleja y poco favorable a las posiciones de neutralidad y autonomía que caracterizaron sus gobiernos anteriores. Por una parte, está la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos y, por la otra, el aumento de la hostilidad de Occidente frente a Rusia a causa de la guerra en Ucrania. Con ambos países Brasil mantiene una alianza a través de los BRICS y, además, China es su principal socio comercial. Las guerras en Ucrania y la Franja de Gaza han revelado que Lula da Silva se alinea con posiciones críticas del Sur Global, no coincidentes con las de Estados Unidos y la UE. A finales de 2023, Brasil terminó sus dos años en el Consejo de Seguridad iniciados con el Gobierno Bolsonaro que, en marzo de 2022, había votado a favor de la condena de Rusia por la invasión de Ucrania en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, Bolsonaro había visitado a Putin en Moscú días antes del ataque, reiterando la neutralidad de Brasil en la crisis, algo en lo que Lula coincide. La negativa de este a apoyar a Ucrania, así como su rechazo al envío de armas, junto con unas polémicas declaraciones en las que atribuía la responsabilidad de la guerra a ambas partes por igual, provocaron las críticas del presidente ucraniano Volodímir Zelenski y de otros líderes occidentales que le acusaron de no distinguir entre víctima y agresor. El apoyo posterior a las propuestas de plan de paz de China, en su visita de abril de 2023 a Beijing, se interpretó como un apoyo al mayor aliado de Moscú. Esto, junto con la crítica a Estados Unidos y la UE por alimentar la guerra con armas y el rechazo de las sanciones a Rusia redujo el entusiasmo de los socios atlánticos por el regreso de Lula al escenario internacional. Y aunque la matización de algunas de sus declaraciones –como condenar la agresión, su propuesta de crear un grupo de países neutrales para hablar de paz, así como la reunión bilateral entre Lula y Zelenski, en otoño de 2023 durante la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, y el posterior rechazo en mayo de la propuesta de Putin de que visitara Rusia– calmaron algunas tensiones, no limaron asperezas con Estados Unidos y la UE. De momento, su iniciativa del grupo de países neutrales ha encontrado pocos seguidores y el propio Lula ha reconocido que no se dan las condiciones para la paz.Más contundente está siendo la política de Brasil respecto a la guerra en Gaza. En octubre de 2023, tras el ataque del día 7 de Hamás a Israel y la respuesta bélica de este, Brasil presentó ante el Consejo de Seguridad una resolución crítica con Israel que, a pesar de ser apoyada por 12 países, fracasó por el veto de Estados Unidos. En diciembre, Brasil apoyó la propuesta de Sudáfrica, ambos aliados en los BRICS, en su denuncia a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas por el «genocidio» en Gaza. Al respecto, Brasil se solidariza claramente con Palestina, donde abrió una Embajada en 2004 durante el primer mandato de Lula, quien es favorable a la solución de los dos estados. Esta propuesta va en la línea expresada por la UE a través del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, pero colisiona con el apoyo de Estados Unidos a Israel. Cabe recordar que, en diciembre de 2010, Brasil había reconocido el Estado de Palestina con las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967 y se había pronunciado a favor del ingreso de Palestina en organizaciones internacionales; una posición que contrastaba con la de Bolsonaro, quien había abierto una oficina comercial en Jerusalén alineándose con la Administración Trump. Brasil y el regionalismo fragmentadoCon Bolsonaro, Brasil se retiró de varias instituciones regionales que se habían creado durante los mandatos anteriores de Lula, como la CELAC, de la que se ausentó en protesta por la participación de regímenes autoritarios como los de Venezuela y Nicaragua, o la UNASUR, de la cual se alejó en 2019 junto con la mayoría de los países miembros por el bloqueo al que la habían sometido Venezuela, Bolivia y Ecuador al impedir el nombramiento del único candidato a secretario general. Así, recuperar el liderazgo regional ha sido una de las apuestas de Lula desde su vuelta, pero los resultados de las últimas elecciones en su vecindario muestran un giro a la derecha que dificulta los consensos. Incluso ni todos los países con gobiernos de izquierda están dispuestos a respaldar a regímenes autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua. Respecto a la CELAC, esta organización puede sortear las tensiones porque es un foro de diálogo con pocas implicaciones prácticas, pero no ocurre lo mismo con la reconstrucción de UNASUR, a la que Brasil regresó en 2023. Uno de los principales objetivos de este espacio es fomentar la confianza y la resolución de conflictos; sin embargo, rotos los consensos sobre los principios democráticos, es poco probable que pueda ser una institución de mediación efectiva. Lula podrá defender la no injerencia en los asuntos internos, pero difícilmente se puede sostener la coherencia entre encarnar la defensa de la democracia en su país frente a los bolsonaristas y mirar a otro lado cuando se violan los derechos humanos en países vecinos. El número de regímenes autoritarios en la región ha aumentado y se puede producir un efecto dominó si empiezan a normalizarse los discursos antidemocráticos, militaristas y ultranacionalistas. Las amenazas de Venezuela a Guyana para anexionarse el territorio en disputa del Esequibo, que está siendo objeto de examen por la CIJ, son otro punto de tensión en una región que se autodefine como una zona de paz. Además, Maduro ha vuelto a dar muestras de su nulo compromiso con la celebración de unas elecciones presidenciales competitivas en 2024, al inhabilitar a la candidata de unidad de la oposición.También MERCOSUR enfrenta dificultades tras la elección de Javier Milei como presidente de Argentina con su programa ultraliberal, ideológicamente cercano a Bolsonaro y muy distante de Lula, quien no acudió a su toma de posesión. La compleja situación económica de Argentina afectará la cohesión en el bloque, y las políticas de choque que pretende aplicar Milei pueden elevar aún más la conflictividad política y social del país. Asimismo, el bloqueo de las negociaciones comerciales con la UE y otros socios puede incrementar las tensiones internas con miembros que están dispuestos a iniciar negociaciones bilaterales si no se avanza en el plano regional. La relación con China, los BRICS y el Sur Global.El Gobierno de Lula sitúa de nuevo Brasil al lado de los países emergentes, adoptando una política que escora la jerarquía de prioridades externas a favor de China y los BRICS. En un escenario internacional conflictivo y binario como el actual, ello va en detrimento del viejo eje transatlántico, que pasa a un segundo plano. Ya en los dos primeros mandatos de Lula se abrieron 30 embajadas en África, se organizaron cumbres con Asia y África, se creó la Agencia Brasileira de Cooperación (ABC) y se estrechó la cooperación económica y política con los cuatro socios del BRICS. En la actualidad, Brasil comparte con China un cuestionamiento del vigente orden internacional, por lo que la alianza con los BRICS lo aleja de sus socios atlánticos. La reciente ampliación de los BRICS con Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, Egipto y Etiopía, hace que Brasil se acerque cada vez más a socios iliberales. El intento brasileño de incorporar a Argentina se esfumó con la elección de Milei y se agudiza la composición autocrática del bloque. Asimismo, el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) creado por el grupo –hoy presidido por la expresidenta Dilma Rousseff– se presenta como una alternativa al Fondo Monetario Internacional (FMI) y Lula ha criticado abiertamente el papel hegemónico del dólar, proponiendo desplazarlo por otras monedas, incluido el yuan.Durante la segunda cumbre virtual «Voces del Sur Global», convocada por la India previamente a la reunión del G-20 en 2023, Lula destacó que lo que une el Sur Global es una visión del mundo semejante, que busca un orden internacional más equitativo; aunque también descartó que esto supusiera un antagonismo con el Norte, con el que Brasil comparte lazos históricos y culturales. En el ámbito económico, Brasil divide su comercio exterior entre varios socios; si bien en la última década China destaca como su principal mercado, representando en 2022 casi una cuarta parte de sus intercambios comerciales, mientras que el de la UE supone un 16% y Estados Unidos un 15%. Si se suman los intercambios con China, India y Corea del Sur, Asia representa cerca de un tercio en las exportaciones e importaciones de Brasil, prácticamente el mismo porcentaje que los que mantiene con la UE y Estados Unidos (véase la tabla 2).La diversificación comercial coincide con la voluntad de mantener una equidistancia entre China y Estados Unidos. Sin embargo, la balanza se inclina cada vez más a favor de China, con la cual Brasil tiene una asociación estratégica establecida en el primer mandato de Lula. Sin embargo, ya entonces la dependencia asimétrica con China conllevó una reprimarización de las exportaciones de Brasil y, por tanto, una gran vulnerabilidad a los cambios de los precios de mercado y de la demanda china de productos sin valor añadido. El Gobierno brasileño intenta revertir esa tendencia con un plan de inversión en el sector industrial nacional, pero necesitará inversión extranjera directa (IED). Hoy en día, el origen mayoritario de la IED en Brasil sigue siendo la UE. Ante este escenario, durante la visita de Lula a Beijing en 2023 se firmaron nuevos acuerdos en sectores clave como el energético o las nuevas tecnologías. Brasil y OccidenteAunque los posicionamientos de Lula sobre la guerra de Ucrania y el orden internacional causan tensiones con Occidente, el pragmatismo es otra de las características de su política exterior, lo que evita una confrontación directa. La falta de empatía de Joe Biden con Bolsonaro, por su apoyo a Trump, había llevado las relaciones con Estados Unidos a un perfil muy bajo. Por ello, el triunfo de Lula fue recibido con alivio por la Administración estadounidense, aunque pronto aparecieron discrepancias que van más allá de Gaza y Ucrania. Estados Unidos ve con preocupación el apoyo de Lula a gobiernos autócratas de la región como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Aunque la Administración Biden ha suavizado las sanciones hacia Venezuela por intereses relacionados con el aprovisionamiento de crudo a cambio de avances en las negociaciones con la oposición, el respaldo incondicional de Lula a Maduro en la cumbre de Brasilia de mayo de 2023 fue mal recibido en Washington. Además, los ataques al dólar como divisa de referencia y el estrechamiento de los lazos con China también se observan con preocupación. En el discurso de Lula en el G-7 en Hiroshima (Japón), al que fue invitado después de casi 15 años, acusaba al FMI de inacción y denunció los estragos del dogma neoliberal. Sin embargo, en una reunión bilateral entre Biden y Lula durante la Asamblea General de Naciones Unidas, ambos líderes mostraron afinidad frente al cambio climático y pactaron una iniciativa para fomentar el empleo digno. Eso muestra que ninguno de los dos países tiene interés en tensar las relaciones. No obstante, ambos son conscientes de que no habrá una alineación completa de intereses, porque Brasil no renunciará a sus vínculos con el Sur Global y sus posicionamientos reformistas del orden global.Por otra parte, la buena noticia de la celebración de la Cumbre UE-CELAC en Bruselas de julio 2023 ha quedado eclipsada por el fracaso en la firma de un acuerdo comercial MERCOSUR-UE que pretendía cerrarse durante el 2024 tras un cuarto de siglo de negociaciones frustradas. Más allá de los debates técnicos sobre cuotas, normas o estándares sanitarios y medioambientales, los sucesivos retrasos en la firma se han visto condicionados por tensiones sobre cómo se posiciona Brasil en el escenario internacional, al diversificar sus relaciones económicas y abrir mercados con países africanos y otros socios asiáticos en detrimento de la cuota de mercado europea. Al respecto, el balance de las negociaciones durante el último año es mixto: por un lado, la política medioambiental de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, desbloqueó una parte de la agenda, que fue el mayor obstáculo durante la presidencia de Bolsonaro, y Brasil ostentó la presidencia pro tempore de MERCOSUR hasta diciembre de 2023, lo que avanzó un documento de consenso; sin embargo, por el otro, varios países de la UE, particularmente Francia, se resisten a la entrada de productos agrícolas para proteger la producción europea. El bloqueo del acuerdo MERCOSUR-UE tendrá efectos negativos para las relaciones mutuas y supone un descrédito sobre la fiabilidad de la UE como socio estratégico. Sin ese acuerdo, es muy probable que las relaciones sigan declinando en favor del Pacífico, pero también de otros países que están negociando acuerdos. Las elecciones al Parlamento Europeo, previstas en junio de 2024, determinarán el futuro liderazgo del Consejo de la UE y la Comisión Europea. Esta incertidumbre, junto con la presidencia de la Hungría del populista de derechas Víctor Orbán de la UE a partir de julio de 2024, no facilitarán las negociaciones. La Agenda para el Desarrollo SostenibleDurante su primer año de mandato, Lula ha mostrado su voluntad de retomar el liderazgo en temas como el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. El compromiso de Brasil con la reducción del calentamiento global se escenificó en la COP28 en Dubái de noviembre de 2023, donde este país participó con una delegación de 2.400 personas y con la promesa de su presidente de fomentar la cooperación para proteger la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo. Brasil será, además, la anfitriona de la COP30 en 2025 y ha tomado medidas nacionales para frenar la deforestación que, en los primeros once meses del Gobierno Lula, se ha reducido un 22%. El compromiso medioambiental incluye una política energética que apuesta por las renovables, aunque sin renunciar a fuentes energéticas tradicionales como el petróleo: en 2023 Brasil se convirtió en el primer país petrolero de América Latina y el noveno a nivel mundial1. Pero la negativa de la ministra Marina Silva a conceder licencias a empresas como Petrobras para la exploración petrolera en la Amazonía indica un potencial conflicto entre intereses económicos y medioambientales.En este sentido, Brasil sigue siendo un defensor de las negociaciones multilaterales para avanzar en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En su discurso ante la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas, Lula abogó por fortalecer el compromiso de Brasil al respecto y su programa para el G-20 de 2024 tiene tres prioridades: la lucha contra el hambre y la desigualdad; las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental); y la reforma de la gobernanza global.***La apuesta de Lula por el componente Sur-Sur de su política exterior se produce en medio de una polarización interna y en un escenario global conflictivo, con dos guerras abiertas además de otros conflictos. Por todo ello, la proyección autonomista de Lula encuentra más resistencias que en sus anteriores mandatos, lo que genera tensiones que conspiran contra la visión de un Brasil facilitador de consensos. Esta posición coloca al país y a su presidente en una situación difícil que le obligan a posicionarse y con poco margen de maniobra para terceras vías.En sus postulados sobre un mundo posoccidental, Brasil se posiciona en un Sur Global en el que los BRICS se alzan como contrapeso al G-7 que Lula ha tachado de obsoleto. Retrospectivamente, este giro a favor de los países emergentes ha cambiado el perfil y la imagen de Brasil. Su política de no alineamiento es coherente con una política de diversificación comercial y una diplomacia regional y global protagónica y activa. Aunque parece difícil que Lula pueda alcanzar el éxito en bastantes de los frentes hoy abiertos, ha logrado recolocar al país en los foros regionales e internacionales como un socio predecible e importante, aunque no exento de contradicciones.Nota:1- En enero de 2024 Brasil pasó a ser miembro observador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución.DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2024/301/es

Texto finalizado el 15 de diciembre de 2023. Esta Nota Internacional es el resultado de la reflexión colectiva del equipo de investigación de CIDOB. Coordinada y editada por Carme Colomina, en el proceso de redacción ha contado con aportaciones de Inés Arco, Anna Ayuso, Ana Ballesteros, Pol Bargués, Moussa Bourekba, Víctor Burguete, Anna Busquets, Javier Carbonell, Carmen Claudín, Francesc Fàbregues, Oriol Farrés, Agustí Fernández de Losada, Marta Galceran, Blanca Garcés, Seán Golden, Berta Güell, Julia Lipscomb, Bet Mañé, Ricardo Martínez, Esther Masclans, Óscar Mateos, Sergio Maydeu, Pol Morillas, Diego Muro, Francesco Pasetti, Héctor Sánchez, Reinhard Schweitzer, Antoni Segura, Cristina Serrano, Eduard Soler i Lecha, Alexandra Vidal, Pere Vilanova.  2024 será un año de urnas y armas. Las elecciones celebradas en más de 70 países, que actuarán como un test de estrés para el sistema democrático, y el impacto de la multiplicidad de conflictos que alimenta la inestabilidad global definirán un mundo en plena transición de poder y en claro retroceso humanitario y de derechos fundamentales.Se acentúa la erosión de las normas internacionales vigentes y aumenta la imprevisibilidad. 2024 empieza totalmente abierto, marcado por un mundo cada vez más diverso y (des)ordenado, definido por alianzas e intereses cambiantes en cuestiones como la competición geopolítica, las transiciones verde y digital o la seguridad internacional.Las consecuencias económicas de las sucesivas crisis serán más visibles que en años anteriores: el crecimiento económico será débil y el frenazo chino reverberará en las economías emergentes, cada vez más tensionadas por el endurecimiento de las condiciones financieras y la fortaleza del dólar.2024 será un año de urnas y armas. Un test de estrés tanto para el sistema democrático como para la multiplicidad de conflictos que alimenta la inestabilidad global. Seguimos ante un mundo desordenado, convulso y contestado, pero, esta vez, cualquier análisis pende del gran interrogante que supone el intenso ciclo electoral que marcará el próximo año. Con guerras abiertas en Ucrania, Palestina, Sudán o Yemen, el mundo concentra la mayor cantidad de conflictos activos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, la agenda geopolítica de los próximos meses se entreteje a partir del impacto mutuo entre los distintos conflictos bélicos y el veredicto que lanzarán los más de 70 procesos electorales marcados en el calendario.Hay elecciones que pueden definir guerras. Las consecuencias políticas de la brutal ofensiva israelí en Gaza o el estancamiento del frente de guerra ucraniano también dependen de la carrera presidencial en Estados Unidos. Las grietas en la unidad transatlántica y las cada vez más categóricas acusaciones de doble rasero en las lealtades de Occidente no son ajenas a lo que ocurra el 5 de noviembre de 2024 en las urnas estadounidenses. Un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca modificaría por completo las relaciones de fuerza y la posición de Washington en cada uno de estos conflictos, desde el suministro de armamento al Gobierno ucraniano, al apoyo a Israel, o en la confrontación con Rusia o China.Pero no se trata solo del futuro de la democracia en Estados Unidos: más de 4.000 millones de personas irán a las urnas en más de 70 países. La Unión Europea (UE), India, Pakistán, Indonesia, México, Taiwán, Venezuela o Senegal… grandes actores con peso demográfico e influencia geopolítica protagonizarán un año de una intensidad electoral sin precedentes, que definirá un mundo en plena transición global del poder y en claro retroceso humanitario y de derechos fundamentales. Sin embargo, tanta concentración de elecciones no significa más democracia. Estamos en tiempos de inteligencia artificial (IA) y de sofisticación extrema de la manipulación que amenazan la fiabilidad de las urnas. Los sistemas híbridos ganan terreno, y está por ver si el ciclo electoral de 2024 acaba siendo un momento de profundización de la degradación o de resistencia democrática. La sensación de desorden no es nueva, ni siquiera su aceleración. Pero cada año se acentúa la erosión de las normas internacionales vigentes y aumenta la imprevisibilidad. El mundo es cada vez más descentralizado, diversificado y multidimensional. Se consolida este «orden múltiplex» –como Amitav Acharya lo describió ya en 2017– porque todo ocurre simultáneamente. Y, sin embargo, seguimos ante un rediseño del mundo todavía abierto porque esta simultaneidad de cambios concentra distintas pugnas en liza. 1. Más conflictividad, más impunidad2023 ha sido uno de los años más conflictivos en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra mundial. En solo doce meses, la violencia política ha aumentado un 27%. Crece en intensidad y en frecuencia. La guerra en Gaza ha marcado el final de 2023, con sus más de 17.000 víctimas mortales contabilizadas hasta el momento, las advertencias por parte de Naciones Unidas del riesgo de colapso humanitario y de genocidio de la población palestina atrapada en la Franja, así como el pulso entre el primer ministro Benyamín Netanyahu y el secretario general de la Naciones Unidas, António Guterres, para intentar lograr un alto el fuego. En esta crisis continuada del orden liberal y en plena discusión sobre la validez del derecho internacional, Israel ha asestado un golpe profundo a la credibilidad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se ha convertido en un instrumento para la parálisis; una tenaza al servicio de los intereses de viejas potencias que han llevado a Guterres a admitir públicamente la frustración de la impotencia. Unas Naciones Unidas que, debilitadas políticamente, se aferran a su acción humanitaria sobre el terreno para intentar marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Más de 130 trabajadores humanitarios de Naciones Unidas han perdido la vida en Gaza desde el 7 de octubre, el mayor número de fallecidos entre su personal en un conflicto de su historia. 2023 ha sido un año violento. Se estima que 1 de cada 6 personas en el mundo ha estado expuesta a un conflicto en los últimos doce meses. La sensación de impunidad y de menosprecio por la legislación internacional se ha agravado. No solo en Gaza. El enquistamiento de la guerra en Ucrania; la expulsión de la población de origen armenio de Nagorno Karabaj; o la sucesión de golpes de estados vividos en seis países africanos en los últimos 36 meses dan buena cuenta de este momento de «desregulación del uso de la fuerza», que se ha ido fraguando durante años de erosión de las normas internacionales. Y si a finales de 2023 asistimos a la retirada de las tropas internacionales del G-5 Sahel desplegadas en Burkina Faso y Níger, como ya ocurrió un año antes con la expulsión de los soldados franceses de Mali, en 2024 será la misión de Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS) la que tendrá que abandonar el país antes del 29 de febrero. Una retirada que Human Rights Watch ha calificado de «abdicación catastrófica» porque aumenta el riesgo de atrocidades y abusos a gran escala en un escenario de guerra civil, limpieza étnica y hambruna que ya ha provocado más de siete millones de desplazados internos, convirtiendo Sudán en el país con un mayor número de desplazados internos de todo el planeta.Y, sin embargo, el combate internacional por poner límites a la impunidad se dotará de nuevos instrumentos en 2024. A partir del 1 de enero, la Convención Liubliana-La Haya en cooperación internacional para la investigación y persecución del crimen de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes internacionales podrá ser firmado (y ratificado) por los estados miembros de Naciones Unidas que deseen adherirse. Se trata del mayor tratado para la lucha contra la impunidad internacional, que facilita la cooperación interestatal en la investigación judicial de estos crímenes, garantiza la reparación para las víctimas y agiliza la extradición. En paralelo, Naciones Unidas también está elaborando una Convención contra los crímenes contra la humanidad con el objetivo de crear un tratado vinculante de derecho internacional, especialmente en un contexto marcado por el aumento de estos crímenes en países como Myanmar, Ucrania, Sudán o Etiopía. En otoño de 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas tendrá que valorar el progreso de las negociaciones. Todo ello ocurrirá coincidiendo con los 30 años del genocidio de Rwanda.En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra en Ucrania, hasta ahora sin consecuencias. Sin embargo, si en noviembre de 2024 Putin decidiera asistir a la próxima cumbre del G-20 en Brasil, eso supondría un desafío para el país anfitrión ya que, a diferencia de India, Brasil sí es parte del Estatuto de Roma de 1998, el tratado internacional que condujo a la creación de la CPI. Si en un principio el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Putin no sería detenido en caso de acudir a la cumbre, después matizó que la decisión recaería sobre la justicia brasileña y no en el Gobierno. A pesar del pesimismo que pueda generar la eficacia de estos tratados, en los últimos meses hemos visto como, tras la ofensiva militar azerí en Nagorno Karabaj, Armenia ratificó en noviembre el Estatuto de Roma de la CPI, adquiriendo el estatus de país miembro a partir de febrero de 2024. Además, a finales de 2023, Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, las Comores y Djibouti reclamaron una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Palestina. Asimismo, en noviembre de 2023, las autoridades judiciales francesas emitían una orden de detención internacional contra el presidente sirio Bashar al-Assad –rehabilitado este mismo año con su retorno a la Liga Árabe, más de una década después de su expulsión– y varios generales sirios por el uso de armas químicas contra su población civil en 2013.2. La democracia, a examenMás de 4.000 millones de personas están llamadas a las urnas en 76 países, casi el 51% de la población mundial. Mientras la mayoría de la ciudadanía de estos países votará en democracias plenas o con imperfecciones, uno de cada cuatro votantes participará en comicios en regímenes híbridos y/o autoritarios. Países como Rusia, Túnez, Argelia, Bielorrusia, Rwanda o Irán instrumentalizarán estos procesos electorales para tratar de fortalecer a los liderazgos en el poder y ganar legitimidad ante sus ciudadanos, mientras que casi la otra mitad del electorado ejercerá su derecho a voto en países que, en los últimos años, han mostrado una erosión democrática o tentaciones iliberales, como en Estados Unidos o India.2023 se cierra con la toma de posesión del «anarcocapitalista» Javier Milei a la presidencia argentina, que confirma la profunda crisis de los partidos tradicionales y el auge de las agendas radicales: desde el agresivo punitivismo penal de Nayib Bukele en El Salvador ―que aspira a la reelección en 2024―, a la irrupción electoral de Renovación Popular en Perú, refundada por el hoy alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Respuestas extremas a los distintos escenarios de crisis político-económicas y de seguridad. En Europa, las urnas europeas dieron una de cal y otra de arena, con la victoria de la oposición polaca, por un lado, y los buenos resultados del islamófobo Geert Wilders en los Países Bajos, por el otro. Pero el intenso ciclo electoral de 2024 será decisivo para saber si se consolida la contestación, la fragmentación y el auge del extremismo político que han transformado las democracias a nivel global, o bien si el sistema resiste.En este test democrático, el voto de las mujeres y los jóvenes será clave. Lo fueron en Polonia, como castigo a las políticas reaccionarias del Partido Ley y Justicia (PIS). En Brasil o Austria, por ejemplo, el apoyo de los hombres a fuerzas de extrema derecha es 16 puntos superior al de las mujeres. En México, las presidenciales de junio de 2024 elegirán, por primera vez a en su historia, a una mujer como presidenta del país. Las dos candidatas son Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la capital y representante del gubernamental partido de izquierdas, Morena, y Xóchitl Gálvez, en nombre de una coalición opositora de Frente Amplio por México, que agrupa, entre otros, al derechista Partido de Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En Estados Unidos, la movilización de las juventudes de origen latino será especialmente relevante. En los últimos años, más de 4,7 millones de jóvenes hispanos han obtenido el derecho a voto y su papel va a ser significativo en estados claves como Nevada o Arizona. Si bien esta cohorte tiende a mostrar una actitud e inclinación progresista, su perspectiva sobre los partidos dominantes es complicada: cuestiones identitarias, de discriminación o racismo suelen marcar su relación tanto con los Demócratas como con los Republicanos, y rechazan la identificación política, lo que refuerza la idea de que la polarización en Estados Unidos es más evidente entre los políticos que entre sus votantes. A pesar de ello, el miedo a unas elecciones injustas ha aumentado dramáticamente (del 49% en 2021 al 61% en 2023). Aunque la desigualdad económica sigue siendo la principal amenaza percibida (69%) entre los votantes estadounidenses, el mayor desafío en esta carrera electoral es, probablemente, la presencia de Donald Trump, no solo porque su futuro inmediato está en manos de los tribunales, sino también porque si su candidatura llegara a materializarse significaría que el Partido Republicano habría decidido entregar su futuro al hombre que intentó revertir los resultados electorales de hace cuatro años y que el propio comité del Congreso, que investigó la toma del Capitolio del 6 de enero de 2020, acusó de «insurrección». A partir de enero empezarán las elecciones primarias y los caucus estatales; sin embargo, a falta de concretarse los candidatos definitivos, el imaginario de un posible duelo electoral entre octogenarios se resuelve, de momento según las encuestas, a favor de Trump. Mientras tanto, la fecha del juicio al expresidente se acerca peligrosamente al supermartes del 5 de marzo, el día en que 13 estados votan en las primarias republicanas.Una investigación de The Guardian con la Universidad de Chicago afirma que un 5,5% de los estadounidenses, es decir, 14 millones de personas, creen que el uso de la fuerza está justificado para restaurar a Donald Trump en la presidencia, mientras que otro 8,9%, unos 23 millones de estadounidenses, creen que la fuerza está justificada para impedirlo. No se trata de una tendencia aislada. El riesgo de inestabilidad política y de violencia vinculada a procesos electorales va al alza, así lo confirma la Fundación Kofi-Annan.También el futuro de una Unión Europea, que afronta este invierno con dos guerras en su vecindario, se decidirá en las urnas. Además de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024, 12 estados miembros también tienen comicios. Las elecciones generales en Bélgica, Portugal o Austria serán un buen termómetro para medir la fuerza de la extrema derecha, que aspira a salir reforzada de las elecciones a la Eurocámara. Si los comicios de 2019 determinaron el fin de la gran coalición que, desde los orígenes del Parlamento Europeo, había garantizado a socialdemócratas y democristianos una mayoría de escaños en el pleno de Estrasburgo, ahora el gran interrogante está en saber dónde quedarán los límites de la derechización de la UE. Las últimas proyecciones en intención de voto muestran resultados importantes para el grupo Identidad y Democracia (ID) –hogar de partidos de extrema derecha como el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen o Alternativa para Alemania (AfD)– que llegaría hasta los 87 escaños y superaría a la otra familia de derecha radical, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que preside la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que pasaría de los 66 eurodiputados actuales a 83. Sin embargo, y a pesar de la pérdida de escaños que sufrirían las fuerzas tradicionales, el Partido Popular Europeo (PPE) seguiría como la principal familia política de la Unión. Por eso, unos de los interrogantes de este 2024 es saber si ¿estaría dispuesto el PPE, que preside el bávaro Manfred Weber, a buscar una posible mayoría con la derecha radical?Las nuevas mayorías en la UE serán cruciales para decidir el futuro de los compromisos climáticos, la continuidad de la ayuda a Ucrania y las urgentes reformas institucionales que deben facilitar la entrada de futuros miembros. La ampliación tiene que pasar de ser una promesa a una realidad, pero la UE está cada vez menos preparada para llevarla a cabo. En 2024, cuatro países candidatos a la Unión celebrarán elecciones: Bosnia y Herzegovina, Moldova, Macedonia del Norte y Georgia, además de la incógnita que pende sobre la convocatoria de elecciones en Ucrania. Según su Constitución, Ucrania debería celebrar comicios en marzo de 2024. Pero, bajo la ley marcial, impuesta tras la invasión de Rusia en 2022, con una parte del electorado reticente a ir a las urnas en plena excepcionalidad, y con ocho millones de refugiados ucranianos fuera del país, Volodímir Zelenski ya apuntó en noviembre que no era «el momento adecuado».También un Reino Unido en plena crisis política y social podría avanzar elecciones generales, previstas para enero de 2025. Con un escenario desafiante para los conservadores frente al Partido Laborista encabezado por Keir Starmer, el actual primer ministro, Rishi Sunak, tiene discreción para elegir la fecha de los comicios. Otro de los interrogantes es Libia que, tras quedar pospuesto indefinidamente en 2021 el plan de Naciones Unidas de celebrar elecciones, la incapacidad de alcanzar un acuerdo entre los miembros de los dos gobiernos en el este y el oeste del país ha vuelto a mover la fecha de una posible celebración de comicios a 2024.En África, se celebrarán 16 elecciones, aunque solo seis de ellas tendrán lugar en países considerados como democracias. Treinta años después de las elecciones de 1994 en Sudáfrica, que marcaron el inicio de un viaje democrático dominado desde entonces por el Congreso Nacional Africano (CNA), el panorama político empieza a cambiar. Las elecciones generales de 2024 pueden confirmar el debilitamiento del poder y de los apoyos al CNA, mientras los principales partidos de la oposición buscan alianzas para presentar una alternativa. Además, la complicada situación económica, unida a otros factores como la corrupción, ha hecho que crezcan en popularidad partidos extremistas.También en India la oposición se presenta más unida que nunca ante un Narendra Modi que aspira a renovar un tercer mandato en primavera. Aupado en el nacionalismo, la polarización y la desinformación, Modi exhibirá los logros económicos y geopolíticos del país que en 2023 superó a China como el más poblado del mundo.Finalmente, está por ver qué grado de participación podrá tener la oposición venezolana en las elecciones presidenciales pactadas por Nicolás Maduro para la segunda mitad del año. De momento, el panorama interno se ha enrarecido todavía más con la intensificación del conflicto territorial con Guyana y la movilización del ejército. 3. De la saturación informativa a la desconexión social Nos encontramos ante unas sociedades cada vez más cansadas. Abrumadas por la saturación de contenidos y exhaustas por la velocidad de los cambios que deben digerir. La incertidumbre política y electoral, así como la multiplicidad de conflictos que marcarán el 2024 alimentarán todavía más el desfase entre sociedad, instituciones y partidos políticos. La cantidad de personas que declara «evitar» ver las noticias permanece cerca de máximos históricos, y es especialmente visible en Grecia (57%), Bulgaria (57%), Argentina (46%) o el Reino Unido (41%). ¿Las razones principales? La repetición excesiva de algunas informaciones y el peso emocional que pueden comportar para la salud mental de la población. En concreto, esta fatiga apunta, según el Reuters Institute, a cuestiones como la guerra en Ucrania (39%), la política nacional (38%) y a acontecimientos relacionados con la justicia social (31%) con altos niveles de politización y polarización. Los ecos de la pandemia de la COVID-19, las imágenes de la violencia bélica y su impacto económico sobre unas condiciones de vida cada vez más adversas para la población han amplificado esta tendencia a la desconexión social, agravada por el sentimiento de soledad y la polarización. No obstante, esta reducción del consumo periodístico se ha dado en paralelo a un mayor uso de redes sociales: las nuevas generaciones, por ejemplo, cada vez prestan más atención a influencers que a periodistas. A su vez, crece la fragmentación de las redes sociales. La migración de usuarios hacia Instagram o TikTok también ha alterado la forma de consumir la actualidad, con una priorización del contenido de ocio en lugar del informativo. No se trata solo de una renuncia voluntaria a la información, sino que esta tendencia de desconexión también ha llevado a una reducción en la participación social y en los debates en redes tal como se vivieron durante las primaveras árabes en 2011, en la movilización del MeToo o en el Black Lives Matter. Casi la mitad de los usuarios de redes sociales abiertas (47%) ya no participa ni reacciona a las noticias. Pero, además, la desconexión informativa también está vinculada a la desconexión política y a las transformaciones sociales que han alterado claramente los comportamientos electorales. Los cambios demográficos relacionados con el uso de la tecnología y el contexto de volatilidad permanente también se han traducido en una menor fidelización del voto, lo que ha contribuido a la crisis de los partidos tradicionales. El elemento identitario de pertenencia a un partido ha mutado entre los más jóvenes. La identificación se construye desde el posicionamiento en cuestiones como el cambio climático, la inmigración, el racismo, los derechos de las mujeres o el colectivo LGTBI+, o incluso el conflicto de Israel y Palestina. El 65% de los adultos estadounidenses declara que se siente agotado, siempre o con frecuencia, cuando piensa en política. Según el Pew Research Center, 6 de cada 10 estadounidenses en edad de votar admite tener muy poca o ninguna confianza en el futuro del sistema político de su país. Y este descontento se extiende a las tres ramas del gobierno, a los actuales líderes políticos, y a los candidatos a cargos públicos. Cuando se les pide que resuman sus sentimientos sobre la política en una sola palabra, el 79% se muestra negativo o crítico. Las más repetidas son los adjetivos «divisiva», «corrupta», «caótica» o «polarizada», y lamentan la sobreexposición mediática de los conflictos entre republicanos y demócratas, y la poca atención prestada «a los problemas importantes que enfrenta el país». La paradoja, sin embargo, es que este descontento ha coincidido, en estos últimos años, con niveles históricamente altos de participación electoral. La duda es si se repetirán en las presidenciales del próximo noviembre, especialmente cuando coinciden con otro elemento de desafección generacional como es la gerontocracia. En 2023, la media de edad de los líderes mundiales ha sido de 62 años. Para los jóvenes, los partidos políticos tradicionales han sido incapaces de articular una forma de comunicación directa, aumentando la sensación de desconexión entre sociedad, políticos e instituciones. En este contexto, una reedición de la confrontación Biden-Trump en 2024 enfatizaría la extrema polarización entre republicanos y demócratas en un ciclo electoral considerado de riesgo. El derecho al aborto y la seguridad siguen siendo puntos fuertes de movilización para los votantes.Por otra parte, la desconexión también puede ser forzada y, en ese caso, el bloqueo informativo se convierte en un arma de represión y censura de la libertad de expresión. Irán, India y Pakistán fueron los tres países con más restricciones al acceso de Internet en la primera mitad de 2023, y los tres celebrarán elecciones en 2024. Con el auge y la consolidación de la IA, la desinformación será uno de los retos adicionales de este superaño electoral, ya que su rápido progreso, especialmente en el ámbito generativo, puede proyectar una sombra todavía mayor sobre la confianza en la información y en los procesos electorales. El perfeccionamiento de los deepfakes, la rápida y sencilla creación de imágenes, textos, audios o propaganda por IA, así como la creciente dependencia de las redes sociales para consultar e informarse de la realidad, representan un caldo de cultivo para la desinformación en un momento en el que aún no existe un control efectivo de estas tecnologías. Quizás por eso la palabra del año de 2023 para el diccionario Merriam-Webster ha sido «auténtico». Con el preludio de aquella «posverdad» de 2016, la capacidad tecnológica de manipular hoy la realidad no tiene precedentes, desde la autenticidad de una imagen a la redacción de un trabajo académico. Por eso, más de la mitad de los usuarios de redes sociales (56%) dudan sobre su propia capacidad de poder discernir aquello que es falso de la realidad en las noticias de Internet. 4. Inteligencia artificial: explosión y regulación 2023 fue el año de la irrupción de la IA generativa; el año de la presentación en sociedad de ChatGPT que, en enero, solo dos meses después de su lanzamiento, ya contaba con 100 millones de usuarios y, en agosto, llegó a los 180 millones. Pero, la revolución también trajo consigo una nueva consciencia de los riesgos, aceleración y transformación que supone una tecnología que aspira a compararse con la inteligencia humana, o incluso a mejorarla o superarla. Por eso, 2024 será un año fundamental para la regulación de la IA. Las bases ya están puestas y solo hay que repasar las distintas iniciativas en marcha. La más ambiciosa es la de la UE, que está decidida a convertirse en la primera región del mundo que se dota de una ley integral para regular la inteligencia artificial y liderar el salto adelante que hay en ciernes. La Unión ha optado por categorizar los riesgos (inaceptables, elevados, limitados o mínimos) que supone el uso de sistemas de IA y obligará a realizar una «evaluación de impacto en los derechos fundamentales» antes de que un sistema de IA de «alto riesgo» pueda ser sacado al mercado. El acuerdo alcanzado el 7 de diciembre se ratificará en el primer trimestre de 2024 y dará paso a un período de dos años hasta su implementación total en 2026.Casi también en tiempo de descuento, el G-7 adoptó el 1 de diciembre de 2023 una guía internacional para desarrolladores y usuarios de la inteligencia artificial, especialmente para la IA generativa, que menciona la necesidad de introducir medidas para gestionar la desinformación, considerada uno de los principales riesgos para los líderes del G-7 por su impacto en la manipulación de la opinión pública a las puertas de un año de sobreexcitación electoral global.Pero el debate de la gobernanza va de la mano de la carrera geopolítica por liderar la innovación tecnológica y, a diferencia de la UE, en el caso de Estados Unidos y China eso significa, además, el desarrollo de su aplicación militar. Ambos países buscan afianzar su liderazgo, y la primera cumbre mundial sobre seguridad de la IA, convocada por el primer ministro británico, Rishi Sunak, se convirtió en el punto de encuentro de los grandes poderes globales –públicos y privados; tecnoautoritarios o abiertos– intentando regular o influir en los debates sobre regularización en curso. La cumbre tendrá una segunda edición en Seúl y una tercera en París, ambas en 2024. De momento, deja sobre la mesa la «Declaración Bletchley», firmada por 28 países, que recoge un compromiso para abordar las principales amenazas de la IA, un acuerdo para examinar los modelos de IA de empresas tecnológicas antes de su lanzamiento, así como un pacto para establecer un panel global de expertos sobre inteligencia artificial, inspirado en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas. Además, en la embajada de Estados Unidos en Londres, 31 países firmaron, en paralelo, una declaración (no vinculante) para establecer límites al uso militar de la IA. Por su parte, China continúa avanzando hacia su objetivo de alcanzar un 70% de autosuficiencia en tecnología crítica para 2025, mientras va aumentando claramente su presencia en los principales organismos internacionales de estandarización relacionados con la tecnología.A toda esta hiperactividad normativa, se sumará la adopción, en septiembre de 2024, de un Pacto Digital Mundial, durante la Cumbre del Futuro que organizará Naciones Unidas. Este pacto supondrá la creación de un marco de cooperación multiactor y multisectorial entre gobiernos, empresas privadas y sociedad civil, que debería establecer unas reglas comunes que guíen el desarrollo digital en el futuro. La aplicación de los derechos humanos en Internet, la regulación de la IA y la inclusión digital serán algunos de los temas principales a discutir.Esta necesidad de regular la IA se verá acentuada también, en los próximos meses, por una creciente democratización de las herramientas de IA, lo que comportará una mayor integración en distintos sectores profesionales. El foco en una IA responsable se intensificará a escala local (más ciudades desplegando estrategias o marcos regulatorios de la IA), nacional y transnacional. Y es que, a medida que la IA adquiere un papel más importante en la toma de decisiones en toda la sociedad, la seguridad, la confiabilidad, la equidad y la responsabilidad son fundamentales. El informe anual de McKinsey sobre el uso de herramientas de IA generativa señala que un tercio de las empresas encuestadas han empezado a utilizar este tipo de programas. El sector tecnológico y de comunicaciones (40%), así como el financiero (38%) y el legal (36%), se encuentran a la cabeza en su uso y aplicación. Sin embargo, este mismo estudio también señala que justamente los sectores laborales que dependen en mayor medida del conocimiento de sus empleados serán los que verán un impacto más disruptivo de estas tecnologías –si este impacto es positivo o negativo es aún incierto–. A diferencia de otras revoluciones que han transformado el mercado laboral, son los llamados «trabajadores de cuello blanco» los que pueden sentirse más vulnerables ante la IA generativa. En cambio, un estudio del Banco Central Europeo asegura que la IA no está suplantando a los trabajadores, pero sí está reduciendo ligeramente sus sueldos, especialmente en empleos considerados como poco o medio cualificados, más expuestos a las herramientas de automatización, y entre las mujeres.En el marco de esta aceleración reguladora de la revolución digital, 2024 también será el año en que la UE desplegará, con todo su potencial, la nueva legislación de servicios y mercados digitales para fijar límites y obligaciones al poder monopolístico de las grandes plataformas y a su responsabilidad en la propagación algorítmica de desinformación y contenido dañino. A partir del 1 de enero, las Big Tech se enfrentan al imperativo de cumplir con estas regulaciones, con multas potenciales por incumplimiento que alcanzan hasta el 6% de la facturación global, según la DSA (Digital Services Act), y entre el 10% y el 20% de la facturación mundial según la DMA (Digital Markets Act). También aumentará en 2024 el flujo de datos internacionales, en particular las transferencias entre la UE y Estados Unidos, en virtud del nuevo Marco de privacidad de datos aprobado en julio de 2023. Veremos también un nuevo escrutinio por parte de ONG y grupos de defensa de los derechos digitales para determinar la legalidad y el respeto a la privacidad individual en estos intercambios.5. Resaca económica y sostenibilidad de la deudaEn 2024 serán más visibles las consecuencias económicas de la sucesión de crisis experimentadas en los últimos años, especialmente el impacto del aumento de los tipos de interés para hacer frente al mayor repunte de la inflación en cuarenta años tras la crisis energética de 2022. Asimismo, el endurecimiento de las condiciones de financiación limitará la política fiscal, tras el rápido aumento del endeudamiento para hacer frente a los impactos de la COVID-19 y la guerra en Ucrania.En este contexto, el crecimiento será débil. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no espera que la inflación se sitúe en el objetivo de la mayoría de bancos centrales hasta 2025, lo que augura tipos de interés elevados durante un largo período de tiempo, sobre todo si se vuelve a tensionar el precio del petróleo en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica. La previsión de crecimiento del FMI para 2024 es del 2,9%, una tasa muy similar a la estimada para 2023 e inferior a las tasas de crecimiento prepandemia.Sin embargo, el enfriamiento será dispar por economías. Estados Unidos parece haber evitado la recesión gracias a la fortaleza de su mercado laboral y a los estímulos fiscales, por lo que se enfrentaría a un aterrizaje suave. En ese país, las políticas de relocalización industrial, como la Inflation Reduction Act, los beneficios empresariales récord poscovid, así como la extraordinaria pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación han sido algunos de los ingredientes que explican el renacer del movimiento sindical estadounidense, sin precedentes desde los años setenta del siglo pasado. Su éxito puede ser contagioso a otros sectores y economías con mercados laborales tensionados. Así, en 2024, el descenso de la inflación y el alza de los salarios podría proveer de cierto alivio económico.En la UE habrá un mayor escrutinio sobre las cuentas públicas, especialmente de países con un menor margen financiero como Italia, tras el rápido aumento del endeudamiento para hacer frente a la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania, debido a las condiciones de financiación y la entrada en vigor de la reforma de las reglas fiscales. La «disciplina fiscal» estará también muy presente en la negociación del nuevo marco presupuestario de la UE (MFF, por sus siglas en inglés), donde la UE confrontará sus mayores deseos (apoyo a Ucrania, respaldo a la política industrial, la transición verde y aumento de las partidas para defensa, migración o el Global Gateway) con la realidad (falta de recursos y acuerdo para ampliarlos). La adopción de la Estrategia Europea de Seguridad Económica y el resultado de la investigación antidumping contra las subvenciones chinas al vehículo eléctrico determinarán en buena medida si en el frente económico la UE opta por alinearse con Estados Unidos en su competición estratégica con China o intenta mostrarse como paladín de una globalización reformada.También habrá que seguir de cerca la evolución de una China que se enfrenta a su menor crecimiento económico en 35 años, exceptuando los años de la COVID-19, lastrado por sus desequilibrios, especialmente en lo que concierne a una excesiva acumulación de deuda y a su dependencia del sector inmobiliario. El cambio de las reglas de la globalización impulsadas por la competencia estratégica de Estados Unidos lastrará también sus exportaciones y capacidad de atraer capital en un contexto en el que el liderazgo chino prioriza la seguridad económica al crecimiento. Con una demografía adversa, el país aún no ha conseguido erigir el consumo interno como motor de crecimiento.Por su parte, los países emergentes sentirán con fuerza el frenazo chino, especialmente aquellos con una mayor dependencia comercial y financiera. El éxito en términos de volumen de inversión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha visto ensombrecido por los problemas en la devolución de hasta el 60% de los préstamos, lo que ha llevado a Xi Jinping a anunciar una nueva etapa de inversiones con proyectos más pequeños. En 2024, el nuevo papel de China como prestamista de última instancia y su participación en los procesos de reestructuración de deuda de países en dificultades tendrán una creciente importancia en cómo es percibida y en su influencia geoeconómica sobre el Sur Global.Y es que un elevado número de países emergentes se encuentran en una delicada situación fiscal que, en un contexto de rápido tensionamiento de las condiciones financieras y de fortaleza del dólar, agrava también su vulnerabilidad externa. Aunque algunos de ellos, como México, Vietnam o Marruecos se están aprovechando de la reconfiguración del comercio y de las cadenas de valor (nearshoring), la mayoría de países emergentes pueden verse perjudicados por un escenario de mayor fragmentación económica. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio de bienes entre dos bloques geopolíticos hipotéticos –basados en los patrones de votación en Naciones Unidas– ha crecido entre un 4% y un 6% más lento que el comercio dentro de estos bloques desde la invasión de Ucrania.En este contexto de escaso margen monetario y fiscal, el colchón para amortiguar otra crisis es muy reducido, lo que puede exacerbar la volatilidad y el nerviosismo de los mercados ante episodios de incertidumbre. El principal foco de atención puede pasar de Ucrania a Oriente Medio, ya que los shocks de petróleo se transmiten a la economía de manera más amplia que los del gas natural. Esto podría afectar, directamente, a la UE y a España, especialmente dependientes porque importan más del 90% del petróleo que consumen. Además, las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos se encuentran en mínimos equivalentes a los de 1983, y los pocos países con margen para incrementar su producción de crudo (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia) puede que no estén por la labor de hacerlo sin concesiones políticas significativas.6. Sur(es) y Norte(s)tSi en nuestro ejercicio para 2023 anunciábamos la consolidación del Sur Global como espacio de confrontación y liderazgo, y apuntábamos a la presencia estratégica de India, Turquía, Arabia Saudí o Brasil, en 2024 esta reconfiguración dará una vuelta de tuerca más. Las contradicciones y fragmentaciones de esta lógica dicotómica Norte-Sur quedarán más expuestas que nunca. El Sur Global se ha consolidado como un actor clave en la contestación a Occidente bajo lógicas antiimperialistas o de doble rasero. La imagen más simbólica de este momento de expansión geopolítica la veremos en octubre de 2024, cuando los BRICS se reúnan en Rusia para formalizar su ampliación. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica suman a su club a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Juntos suponen el 46% de la población mundial, un 29% del PIB global, e incluyen a dos de los tres mayores productores de petróleo del mundo. De esta forma, los BRICS ganarán una voz todavía más potente, aunque inevitablemente también es posible que integren más contradicciones internas y agendas propias. No obstante, la elección de Javier Milei como presidente de Argentina, que ha confirmado su decisión de no unirse a los BRICS, también alimenta la idea de este choque de agendas e intereses en el Sur Global: Arabia Saudí e Irán son competidores por la influencia estratégica en el Golfo Pérsico, e India y China tienen sus propias disputas fronterizas en el Himalaya. El Sur Global seguirá ganando influencia, pero también heterogeneidad. Más allá de una retórica poscolonial compartida, su acción es muy diversa. El Sur Global es multirregional y multidimensional y está compuesto por regímenes políticos diferentes. Pero también es el espacio geográfico donde se consolidan los flujos comerciales globales como consecuencia de la reglobalización. El último informe anual de la OMC confirma que, a pesar de que las economías avanzadas siguen siendo actores clave del comercio mundial, ya no son dominantes. Sin embargo, si en 2023 hablábamos de la aceleración geopolítica de los «otros» con India como símbolo de este potencial liderazgo del Sur Global, en 2024 será América Latina quien tratará de adoptar un papel protagonista. Brasil será el país anfitrión del G-20, mientras que Perú acogerá la Cumbre de Cooperación Económica en Asia Pacífico (APEC).Y en esta superación de dicotomías, también el Norte Global puede sufrir una fractura interna profunda si se confirma el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. La distancia transatlántica se ha impuesto como el nuevo marco de unas relaciones con más carga transaccional que de alianza tradicional. El desencuentro entre Washington y Bruselas se agravará en 2024 cuando Estados Unidos pida a la UE aumentar su contribución al Gobierno de Volodímir Zelensky y la propia lógica de divisiones internas entre socios comunitarios lo impida. Especialmente tenso será el segundo semestre de 2024, cuando Hungría –el país más reticente de la UE sobre la ayuda militar y la futura adhesión de Ucrania– asuma la presidencia rotatoria de la Unión. Será también paradójico que esta brecha en el Norte Global se ensanche por la guerra de Ucrania. Precisamente, en 2023, la invasión rusa fue el mortero que cimentó la unidad transatlántica y confrontó a la UE y a Estados Unidos con los límites de su capacidad de influencia ante un Sur Global que cuestionaba el doble rasero de Occidente. En 2024, en cambio, la guerra en Ucrania puede aumentar la distancia entre Washington y Bruselas.A pesar de esta lógica de confrontación, la miopía geopolítica del binarismo está cada vez más fuera de lugar. Y, sin embargo, cuesta de superar. El hecho de que Estados Unidos y la UE sigan planteándose su relación con América Latina solo como espacio de explotación de recursos y de disputa geopolítica con China es parte de esa miopía. De momento, el fracaso reiterado de las negociaciones para un acuerdo UE-Mercosur alejan una vez más el sueño suramericano de poder reforzar su presencia comercial en el mercado único europeo. Las negociaciones se retomarán en el primer semestre de 2024, después de que Paraguay tome el relevo de Brasil en la presidencia de Mercosur.7. Retroceso en los compromisos internacionales2023 deja la cooperación internacional en la cuerda floja. Con un lenguaje cada vez más contundente, António Guterres declaraba que el mundo está «lamentablemente fuera de rumbo» en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en 2023 llegaron al ecuador de su implementación. 2024 tiene que demostrar si la comunidad internacional todavía es capaz y quiere consensuar respuestas coordinadas a problemas globales compartidos, a través de órganos de gobernanza colectiva. No será fácil. Estamos ante una aceleración de la crisis ecológica, ante un récord de migraciones y desplazamientos forzosos, así como ante una clara involución de la agenda para la igualdad de género.Por primera vez, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta que la demanda mundial de petróleo, carbón y gas natural alcanzará su punto máximo en esta década basándose únicamente en la configuración de políticas actuales, según World Energy Outlook 2023. A corto plazo, los países productores de combustibles fósiles ignoran las alertas climáticas y planean aumentar la extracción de carbón, petróleo y gas. La elección de un Estado petrolero, los Emiratos Árabes Unidos, como anfitrión de una cumbre climática y el nombramiento de un ejecutivo de combustibles fósiles para presidirla, ya era, como mínimo, un mal augurio. Y, sin embargo, la COP28 de Dubái ha sido la primera que ha conseguido sacar un texto que reconoce explícitamente la necesidad de «dejar atrás» los combustibles fósiles: el petróleo, el carbón y el gas, como principales responsables de la crisis climática. Si bien el acuerdo final ha sido celebrado como histórico por hacer referencia a esta necesidad de iniciar una transición (transitioning away from) para garantizar unas emisiones cero netas en 2050, el grado de ambición demostrado no es suficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Asimismo, si bien la creación de un Fondo para Pérdidas y Daños para compensar a los países más afectados por el cambio climático también es un paso positivo, la recaudación inicial de 700 millones de dólares queda muy por debajo de lo necesario. Cada año, los países en desarrollo hacen frente a 400.000 millones de dólares de pérdidas vinculadas a la acción climática. En este contexto, no solo se corre el riesgo de empeorar los impactos climáticos, sino que también veremos emerger, todavía con más fuerza, tensiones sociales y políticas entre gobiernos y sociedades por la explotación de los recursos. En Europa hay una creciente insatisfacción con las políticas de transición climática de la Unión, y el previsible ascenso de las fuerzas euroescépticas y de derecha radical en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024 puede aumentar todavía más esta presión. La hiperactividad regulatoria en cuestiones climáticas e industriales está aumentando la politización de este tema, avivando el malestar social en ciertos estados miembros. Italia, Polonia, los Países Bajos y ciertos sectores de Alemania, en especial del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), están tratando de limitar las ambiciones de la UE en materia climática. La llegada del nuevo Gobierno sueco, apoyado por la derecha radical, ha frenado de golpe los compromisos climáticos que lideraba uno de los países de la UE que más ha contribuido a las políticas medioambientales comunitarias. Un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca también haría tambalear de nuevo algunos de los limitados avances domésticos e internacionales en este ámbito.Según una encuesta realizada por Ipsos, mientras una gran parte de los hogares europeos continúan dando prioridad al medio ambiente frente al crecimiento económico, esta proporción está en declive: si en 2019 un 53% de los hogares preferían la protección del medio ambiente, en 2022 esta cifra se había reducido cinco puntos, pese al impacto evidente de los fenómenos climáticos. Sin embargo, esta tendencia de «no en mi patio trasero» no se limita a Europa. A finales de 2023, hemos visto la resistencia de los panameños contra la ampliación de contratos de minería. Algunos expertos hablan de «choque de ambientalismos» para referirse a la confrontación que surge entre aquellos que quieren proteger los recursos naturales de su país y el deterioro de los ecosistemas, y los intereses de gobiernos que buscan recursos para alimentar su transición energética. Lo mismo puede ocurrir en la UE. A principios de 2024, entrará en vigor la Ley de Materias Primas Críticas que quiere garantizar el suministro de níquel, litio, magnesio y otros materiales esenciales para la transición verde y las industrias estratégicas, vitales para los coches eléctricos y las energías renovables, los equipos militares y los sistemas aeroespaciales, así como para los ordenadores y los teléfonos móviles. Y, en este contexto, la UE prevé revivir la minería en el continente. Una decisión que puede movilizar protestas ecologistas en la Unión en los próximos meses.También en 2024 se espera que los estados miembros de Naciones Unidas lleguen a un acuerdo global para acabar con la contaminación por plásticos. Será un tratado internacional, jurídicamente vinculante, considerado como el pacto medioambiental multilateral más importante desde el Acuerdo de París, y que fijará un plan de actuación hasta 2040.Sin embargo, son las políticas de género y las políticas migratorias las que están más expuestas a esta ola radical que ha transformado las agendas gubernamentales, sobre todo, en la UE y en América Latina. Si bien es verdad que la igualdad de género durante 2023 se ha recuperado a niveles previos a la pandemia, el ritmo de progreso se ha desacelerado. A este paso, se necesitarán 131 años para alcanzar la plena paridad. Aunque la proporción de mujeres contratadas para puestos de liderazgo ha aumentado de manera constante en aproximadamente un 1% anual a nivel mundial durante los últimos ocho años, esta tendencia se revirtió en 2023, retrocediendo a los niveles de 2021. Las emergentes políticas exteriores feministas, que definían aquellos países con un claro compromiso de promover la igualdad de género en las relaciones internacionales, han sumado cuatro bajas importantes en los últimos meses: Suecia, Luxemburgo, los Países Bajos y Argentina. Los cambios de Gobierno, junto con la creciente politización y polarización de las cuestiones percibidas como «feministas», han demostrado el fácil abandono de estas iniciativas, dependientes de las orientaciones progresistas de los gobiernos en el poder. México, otro de los países que ha adoptado estas políticas, se enfrentará a unos comicios en junio que también marcarán la continuidad o el abandono de su compromiso con la igualdad de género en la acción exterior. Y, pese a no tener una política exterior feminista, el retorno de Trump a la Casa Blanca podría llevar al restablecimiento de políticas restrictivas sobre el aborto y de recortes de financiación contra las ONG internacionales que promueven los derechos sexuales y reproductivos.Además, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) denuncia el resurgimiento de tendencias antifeministas en países como Croacia e Italia, destacando discursos sexistas y homófobos por parte de líderes europeos como Viktor Orbán, Andrzej Duda o Giorgia Meloni, que justifican ataques a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+ y socavan años de esfuerzos para lograr avances en la ruptura de los estereotipos de género. Si bien el Plan de Acción en materia de Género III de la UE tiene vigencia hasta 2025, un cambio de orientación política en Bruselas también diluiría los compromisos de uno de los actores más implicados en este ámbito. En una nota más positiva, será interesante seguir en 2024 los avances de Naciones Unidas respecto a la Convención contra los crímenes contra la humanidad, ya que movimientos feministas y de la sociedad civil de todo el mundo aprovecharán esta oportunidad para tratar de codificar el apartheid de género como crimen contra la humanidad –especialmente debido a la continua discriminación y opresión del régimen talibán hacia las mujeres afganas y a la situación de las mujeres iraníes.También las políticas migratorias europeas han formalizado un retroceso importante. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que está previsto que salga adelante antes de las elecciones europeas de 2024, supone una legitimación de las políticas antiinmigración de la UE. Dicho pacto permite retrasar el registro de los solicitantes de asilo, instaurar procedimientos de asilo fronterizos de segunda categoría y ampliar el tiempo de detención en frontera; es decir, rebaja estándares y legaliza lo que hasta ahora era directamente ilegal. Este acuerdo en ciernes refleja los niveles de polarización y politización que marcan el paso de la respuesta europea a las migraciones. Y, en plena precampaña electoral, la utilización política del debate migratorio será todavía más evidente en los próximos meses. Ello forma parte, además, de otro proceso más de fondo: las políticas de externalización de la migración de la UE, que han alimentado también la estigmatización de los inmigrantes y refugiados en la región de Oriente Medio y Norte de Africa (MENA por sus siglas en inglés). 8. Desbordamiento humanitarioLas guerras y la violencia impulsaron el desplazamiento forzado a escala mundial hasta una cifra récord estimada de 114 millones de personas a finales de septiembre de 2023, según ACNUR. Los principales generadores de estos desplazamientos forzados fueron la guerra en Ucrania y los conflictos en Sudán, la República Democrática del Congo y Myanmar; además de la sequía, las inundaciones y la inseguridad que azota Somalia; así como una prolongada crisis humanitaria en Afganistán.Solo en los primeros seis meses de 2023, se presentaron 1,6 millones de nuevas solicitudes individuales de asilo a nivel mundial, la cifra más alta jamás registrada. No se trata de una situación excepcional. La reactivación de conflictos olvidados ha aumentado los niveles de volatilidad y violencia. En octubre de 2023, más de 100.500 personas –más del 80% de los 120.000 habitantes estimados de Nagorno Karabaj– huyeron a Armenia tras la toma de control del enclave por parte de Azerbaiyán. También hubo miles de desplazados en el norte de Shan, por la escalada de combates entre las Fuerzas Armadas de Myanmar y varios grupos armados. A finales de octubre de 2023, casi dos millones de personas se encuentran desplazadas internamente en Myanmar, en condiciones precarias y necesitadas de asistencia vital. Y las imágenes de más de un millón de palestinos huyendo de sus hogares por los bombardeos israelíes, que se iniciaron tras el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre, reflejan la crisis humanitaria que azota Gaza.Sin embargo, este incremento en el número de refugiados y desplazados no ha ido acompañado de un refuerzo de la ayuda internacional necesaria para cubrir sus necesidades. Más de un millón de refugiados rohingya en Bangladesh deberán hacer frente al menguante compromiso internacional. En 2023, Naciones Unidas redujo un tercio la asistencia alimentaria y la ayuda humanitaria a este colectivo. La falta de financiación internacional disminuyó considerablemente los niveles de asistencia en 2023, y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se vio obligado a recortar entre un 30% y un 50% el tamaño y el alcance de la asistencia alimentaria, monetaria y nutricional que ofrece. 2.300 millones de personas, casi un 30% de la población mundial, hoy están al límite de una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. El alza continuada del precio de los alimentos en 2024 y el impacto de las condiciones meteorológicas adversas en la producción agrícola pueden empeorar todavía más esta situación. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas prevé que entre 105 y 110 millones de personas necesitarán asistencia alimentaria al menos hasta principios de 2024, con un aumento de las necesidades en las regiones de África Austral y América Latina y el Caribe, y una disminución neta en África Oriental.De momento, los expertos alertan sobre el riesgo de una nueva crisis del arroz en 2024, como consecuencia de la restricción en las exportaciones que impuso India para intentar contener los efectos del descenso de producción interna. La ola expansiva de esta prohibición ha provocado también el encarecimiento de los precios del arroz en Tailandia y Vietnam, segundo y tercer mayor exportador de arroz después de India, que han visto aumentar los precios un 14% y un 22%, respectivamente. A ello se suman los efectos del fenómeno climático de El Niño, asociado con el calor y la sequía en todo el Océano Pacífico, que puede dañar la producción de 2024. Por todo ello, los expertos advierten que, si India mantiene las restricciones actuales, el mundo va camino de repetir la crisis del arroz de 2008. El fenómeno de El Niño, que no se disipará hasta mediados de 2024, suele estar asociado, por una parte, a un incremento de las precipitaciones en algunas zonas meridionales de América del Sur, del sur de los Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia central; pero, por la otra, también puede provocar graves sequías en Australia, Indonesia y partes del sureste asiático. El último episodio de este fenómeno, en 2016, significó el año más cálido jamás registrado, con unos récords globales de calor que todavía no se han superado.Los gobiernos donantes y las agencias humanitarias deben prepararse para un 2024 de grandes necesidades de asistencia en múltiples regiones. 2023 ya nos ha dejado varias muestras de ello: sequía extrema en el Amazonas y restricciones del tráfico marítimo en el canal de Panamá; incendios forestales en Bolivia y cortes de luz diarios en Ecuador debido a la baja producción de electricidad que proviene en más del 80% de centrales hidroeléctricas; las peores inundaciones registradas en el noroeste de Argentina, que provocaron además deslizamientos de tierra que afectaron a más de 6.000 personas; y un devastador huracán de categoría 5 en México que sorprendió a autoridades y científicos, los cuales no pudieron prever la intensidad del fenómeno. 9. Securitización versus derechosEl conflicto entre seguridad y derechos fundamentales ha sido una constante en 2023, y la incertidumbre electoral de los próximos meses fomentará, todavía más, la tentación de las políticas de control y mano dura. El debate público en toda América Latina, sin excepción, ha quedado copado por la seguridad, con efectos directos sobre otras crisis como la migratoria, que desde hace una década afecta a todo el continente, y que en 2024 se prevé todavía más intensa. El bukelismo gana adeptos. El nuevo presidente argentino, Javier Milei, ha declarado su admiración por las políticas de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. También la campaña electoral en Ecuador estuvo muy marcada por el debate de la seguridad. El continente lucha contra una nueva ola de criminalidad que se ha extendido a países tradicionalmente más estables, que ahora forman parte de rutas rentables del narcotráfico, como son los casos de Paraguay y Argentina. El tráfico de personas, sobre todo la explotación criminal de la crisis migratoria venezolana, también ha crecido en toda América Latina. En este contexto, Naciones Unidas y la Interpol han puesto en marcha una iniciativa conjunta contra la trata de seres humanos. Está por ver el impacto que las elecciones venezolanas puedan tener en esta crisis migratoria, que ya ha provocado la salida de más de siete millones de personas desde 2014.Asimismo, con el aumento de la impunidad, también ha crecido el riesgo de la tentación autoritaria por parte de los gobiernos de la región latinoamericana, con la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento democrático en todo el continente. También en la UE. La sensación de vulnerabilidad se ha convertido, desde hace tiempo, en un revulsivo político para determinadas fuerzas en Europa. Desde el inicio de la guerra en Gaza, algunos países europeos han extremado la seguridad por miedo a atentados, hasta el punto de prohibir manifestaciones de apoyo a la población palestina, como fue el caso en Francia. En este sentido, la securitización de los movimientos sociales también emerge como una estrategia que seguirá ganando peso en 2024. Cada vez más, los gobiernos democráticos están extremando la presión sobre los movimientos de protesta: multas, prohibiciones de la libertad de expresión o persecución judicial están empequeñeciendo el espacio de la protesta civil. En este contexto, la UE ha llegado a un acuerdo en 2023 para legislar contra las demandas estratégicas que pretenden desincentivar la participación pública o silenciar a medios independientes (las llamadas SLAP, en sus siglas en inglés) que debería ratificarse antes del final de mandato.Finalmente, el debate de la seguridad y su efecto sobre los derechos individuales marcará también los meses previos a los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Grupos de derechos humanos han denunciado los planes del Gobierno francés para la utilización de cámaras de reconocimiento con IA para detectar en tiempo real actividades sospechosas en las calles de la capital durante los juegos. La tecnología es un elemento crucial de la transformación que vive el binomio seguridad y conflicto. Los drones se han convertido en un arma clave para la resistencia en Ucrania, como también lo fue en el arsenal de Hamás utilizado en su ataque del 7 de octubre contra Israel. Precisamente unos Estados Unidos en pleno recorte presupuestario han asignado, en cambio, una inyección de dinero extra, en 2024, al Pentágono para el desarrollo de la llamada «guerra electrónica». 10. Desacoplamiento entre intereses y valoresHay un hilo conductor en muchos de los puntos anteriores que hilvana un mundo cada vez más diverso y (des)ordenado a través de intereses y alianzas cambiantes. En su informe de prospectiva estratégica de 2023, la Comisión Europea reconoce que la «batalla de narrativas» que durante tanto tiempo utilizó como argumento de la confrontación geopolítica entre democracia y autoritarismo está quedando obsoleta. Ello va más allá de la constatación de que Occidente ha perdido la batalla por el relato de la guerra de Ucrania y de que su doble rasero ante los conflictos del mundo empequeñece la capacidad de influencia de la UE. El caso de Sudán es el ejemplo más claro de cómo Occidente puede comprometerse con guerras que considera existenciales para la supervivencia de sus propios valores, como la de Ucrania, mientras ignora el genocidio que se está cometiendo, con asesinatos casa por casa, en los campos de refugiados de Darfur.El mundo se ha transformado en una «batalla de ofertas» que configura tanto la opinión pública como la acción de los gobiernos. Crece la diversidad de opciones y de alianzas. Las narrativas hasta hace poco hegemónicas o están contestadas o ya no sirven para explicar la realidad. En esta «multipolaridad desequilibrada» (unbalanced multipolarity), con potencias medianas marcando agendas regionales, los grandes actores tradicionales están obligados a buscar su propio espacio. La competición global por los recursos que deben alimentar las transiciones verde y digital acentúa, todavía más, esta geometría variable de acuerdos y alianzas. Y los resultados del ciclo electoral de 2024 pueden acabar reforzando está transformación. La tentación aislacionista de Estados Unidos es una realidad. Vladímir Putin revalidará en las urnas su capacidad de resistencia, después de haber sorteado los efectos de las sanciones internacionales y de haber construido un andamio económico para resistir una guerra larga en Ucrania. En India, la popularidad de Narendra Modi permanece intacta y alimenta el dominio de su partido. El interrogante electoral dibuja un 2024 que empieza totalmente abierto. La crisis del orden liberal, agudizada por la reacción internacional a los últimos conflictos, y la erosión del multilateralismo –con el desafío explícito a Naciones Unidas– alimentan todavía más esta sensación de dispersión del poder global hacia una variedad de potencias medianas dinámicas, capaces de ayudar a moldear el entorno internacional en las próximas décadas.Arranca un año clave para evaluar la capacidad de resistencia de unos sistemas democráticos sometidos, desde hace tiempo, a una profunda erosión. Estaremos pendientes del resultado de las urnas, así como de los límites de la impunidad con que actúan, cada vez más desacomplejadamente, las armas.Calendario CIDOB 2024: 75 fechas para marcar en la agenda1 de enero – Renovación Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Argelia, Guyana, la República de Corea, Sierra Leona y Eslovenia empezarán a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros no permanentes en sustitución de Albania, Brasil, Gabón, Ghana y los Emiratos Árabes Unidos que finalizan membresía. 1 de enero – Disolución de la República de Artsaj. La autoproclamada república de Nagorno Karabaj dejará de existir a comienzos de año, después de más de tres décadas de control del territorio. En septiembre de 2023, Azerbaiyán emprendió una ofensiva militar con el objetivo de reintegrar este enclave de población mayoritariamente armenia. Esta ofensiva llevó a la autoproclamada república a anunciar su disolución. 1 de enero – Ampliación de los BRICS. Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán se unirán como miembros de pleno derecho en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Finalmente, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha descartado el ingreso de su país. 1 de enero – Presidencia belga del Consejo de la UE. Bélgica asumirá la presidencia rotatoria de la UE en substitución de España y hasta el 30 de junio. El semestre belga marcará el fin de este ciclo institucional en la Unión Europea. 7 de enero – Elecciones parlamentarias en Bangladesh. Estos comicios tendrán lugar en un contexto de una profunda división política del país. Esta división ha llevado a manifestaciones multitudinarias por parte de la oposición a finales de 2023 para reclamar un gobierno interino que supervise las elecciones. La actual primera ministra, Sheikh Hasina Wajed, aspira a renovar su mandato tras 15 años en el poder, mientras su principal contendiente, la líder del Partido Nacional de Bangladesh, Khaleda Zia, se encuentra actualmente en arresto domiciliario por cargos de corrupción. 13 de enero – Elecciones generales en Taiwán. Por primera vez desde la democratización de Taiwán, tres candidatos compiten por la presidencia tras el fracaso de la oposición para establecer un frente común: el actual vicepresidente, Lai Ching-te del gobernante Partido Democrático Progresista; Hou You-yi del Kuomintang; y Ko Wen-je, exalcalde de Taipéi y líder del Partido Popular Taiwanés. El resultado de estas elecciones marcará el curso de la política de Taiwán respecto a China, con la mirada puesta en Estados Unidos, en un momento de crecientes tensiones entre Taipéi y Beijing. 14 de enero – Toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. La victoria del candidato del Movimiento Semilla en las elecciones de 2023 supuso una sorpresa general. Desde la celebración de los comicios, la tensión política y social se ha intensificado en el país debido a los esfuerzos de la fiscalía guatemalteca por impugnar los resultados electorales y evitar que Arévalo asuma el cargo. 15 – 19 de enero – Foro de Davos. Cita anual que reúne a los principales líderes políticos, altos ejecutivos de las compañías más importantes del mundo, líderes de organizaciones internacionales y ONGs, así como personalidades culturales y sociales destacadas. Esta edición se enfocará principalmente en examinar las oportunidades proporcionadas por el desarrollo de las tecnologías emergentes y sus repercusiones en la toma de decisiones y la cooperación internacional. 15 – 20 de enero – 19ª Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados. Uganda será la sede de la próxima Cumbre formada por los 120 países pertenecientes a esta agrupación de estados. El lema de esta edición es «Profundizar la cooperación para una riqueza global compartida» y está previsto que se aborden múltiples retos globales actuales con el objetivo de fomentar la cooperación entre los estados miembros. 21 – 23 de enero – Tercera Cumbre del Sur del G-77 + China. Uganda será la anfitriona de este foro que, bajo el lema «No dejar a nadie atrás» busca promover la cooperación Sur-Sur. Los 134 países miembros de Asia, África, América Latina y el Caribe se focalizarán en ámbitos como el comercio, la inversión, el desarrollo sostenible, el cambio climático y la eliminación de la pobreza. 4 de febrero – Elecciones presidenciales en El Salvador. Nayib Bukele, quien encabeza el partido Nuevas Ideas y ocupa actualmente la presidencia de El Salvador, se perfila como el claro favorito para su reelección. Desde marzo de 2022, el país se encuentra en estado de excepción, como respuesta a los desafíos de seguridad que afectaban a la nación. 8 de febrero – Elecciones generales en Pakistán. Desde la destitución de Imran Khan como primer ministro en abril de 2022, Pakistán se encuentra en una situación de inestabilidad política, una profunda crisis económica y un aumento de la violencia por grupos armados. Los comicios serán supervisados por un gobierno interino creado tras la disolución del Parlamento pakistaní en agosto de 2023. 14 de febrero – Elecciones presidenciales y legislativas en Indonesia. Tres aspirantes compiten por suceder al actual presidente, Joko Widodo, que, después de dos mandatos, no puede presentarse a la reelección. El próximo líder se enfrentará al desafío de impulsar el crecimiento en una economía dependiente del consumo interno, impulsar el desarrollo de la industria tecnológica y gestionar las presiones de China y Estados Unidos para proteger sus intereses nacionales. 16 – 18 de febrero – 60ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Con carácter anual, es el mayor foro independiente sobre políticas de seguridad internacional que reúne a figuras de más de setenta países con cargos de alto nivel. El fortalecimiento de un orden internacional basado en reglas, el impacto de las guerras en Ucrania y Gaza, la resistencia frente a tendencias revisionistas o las implicaciones del cambio climático para la seguridad serán algunos de los temas principales en la agenda de este año. 17 – 18 de febrero – Cumbre de la Unión Africana. Etiopía, quien ostenta la presidencia de la Unión Africana, será la organizadora de la cumbre. Este año se examinarán algunos de los numerosos frentes abiertos en el continente. Estos ejemplos incluyen: la situación de inestabilidad en el Sahel, la creciente inseguridad alimentaria mundial, los desastres naturales en el continente o el retroceso democrático. Además, las tensiones entre Marruecos y Argelia serán centrales ya que ambos países aspiran a la presidencia. 25 de febrero – Elecciones presidenciales en Senegal. Tras múltiples olas de protestas, el actual presidente senegalés, Macky Sall, anunció su decisión de no presentarse a un tercer mandato. Ha sido la primera vez en la historia democrática del país que un presidente incumbente no se presenta a la reelección. La necesidad de garantizar puestos de trabajo para la población joven del país será una de las cuestiones centrales en la campaña electoral. 26 – 29 de febrero – Mobile World Congress. Barcelona acoge el mayor evento de telefonía móvil del mundo donde reúne a las principales empresas tecnológicas y de comunicación internacionales. Esta edición estará dedicada a la tecnología 5G, la conectividad, la promoción de una inteligencia artificial humanista, o la transformación digital, entre otros temas. 1 de marzo – Elecciones parlamentarias en Irán. Con la mirada puesta en la sucesión del ayatolá Ali Jamenei por cuestiones de edad, los iraníes elegirán a los representantes de la Asamblea Consultiva Islámica y la Asamblea de Expertos; esta última encargada de elegir al nuevo líder supremo en los próximos años. No obstante, estos comicios se encontrarán marcados por la escalada de tensiones en Oriente Medio, y la profunda crisis económica y social que ha aumentado la desafección popular con el régimen. 8 de marzo – Día internacional de la mujer. Se ha convertido en una fecha clave en la agenda política y social de muchos países, como lo demuestran las movilizaciones masivas que han tomado impulso en los últimos años especialmente en América Latina, Estados Unidos y Europa. El objetivo común es la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de género en todo el mundo. 10 de marzo – Elecciones parlamentarias en Portugal. El país afronta elecciones anticipadas después de la crisis institucional abierta por la dimisión del primer ministro socialista António Costa. El exjefe de gobierno portugués fue objeto de una investigación judicial por presuntos delitos de corrupción que afectaron directamente a varios miembros de su gabinete. 17 de marzo – Elecciones presidenciales en Rusia. Aunque se presume que Vladímir Putin logrará la reelección manteniéndose en el poder hasta 2030, Rusia acude a las urnas en un contexto marcado por múltiples desafíos de seguridad interna. La retirada rusa de la región ucraniana de Járkov, el impacto de la guerra en Ucrania, el fallido levantamiento por parte de Wagner el pasado junio y los disturbios antisemitas en el Cáucaso Norte en octubre de 2023, podrían forzar a Putin a realizar profundas remodelaciones de la cúpula política y militar aprovechando el calendario electoral. 18 de marzo – Décimo aniversario de la anexión rusa de Crimea. La anexión de Crimea por parte de Rusia, país que había invadido la región semanas antes, fue formalizada mediante un referéndum sobre el estatus político de Crimea que sucedió sin reconocimiento internacional. La anexión se produjo tras la caída del entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, de orientación prorrusa, tras una serie de protestas que exigían una mayor integración europea. 21 – 22 de marzo – Cumbre sobre Energía Nuclear. La Agencia Internacional de la Energía Atómica junto al Gobierno belga reunirá en Bruselas a más de 30 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, así como a representantes de la industria energética y de la sociedad civil. La cumbre busca potenciar la energía nuclear frente a los desafíos que suponen la reducción del uso de combustibles fósiles, la mejora de la seguridad energética y el desarrollo económico sostenible. 31 de marzo – Elecciones presidenciales en Ucrania. Según la Constitución ucraniana, las elecciones presidenciales deben celebrarse en el último domingo de marzo durante el quinto año del mandato presidencial. Sin embargo, no es seguro que se acaben convocando ya que la ley marcial, impuesta desde el inicio de la invasión rusa del país en 2022, no permite su celebración. La falta de fondos y la oposición popular de los ucranianos a la celebración de los comicios en tiempo de guerra son factores a destacar. 31 de marzo – Elecciones locales en Turquía. El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de la oposición, aspira a conservar el control de los municipios clave que obtuvo en 2019. Entre ellos, la capital, Ankara, Estambul, y otras ciudades significativas. La reelección de Recep Tayyip Erdoğan y la retención de la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2023 han motivado a su formación, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), a tratar de recuperar terreno a nivel municipal. 7 de abril – 30 aniversario del inicio del genocidio en Rwanda. Tras la muerte de los presidentes de Burundi y Rwanda al estrellarse el avión en el que viajaban, se inició una campaña de exterminio sistemático organizada por el gobierno hutu contra la población tutsi que duraría 100 días. El 15 de julio de 1994, el Frente Patriótico Rwandés estableció un gobierno interino de unidad nacional en Kigali que pondrían fin al genocidio. Se estima que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas. Abril – Mayo – Elecciones generales en la India. Pese a las crecientes tendencias iliberales, la «mayor democracia del mundo» acude a las urnas entre abril y mayo. El actual primer ministro indio, Narendra Modi, aspira a un tercer mandato frente a una oposición más unida que nunca bajo la Alianza Inclusiva de Desarrollo Nacional de la India (INDIA por sus siglas en inglés). 2 de mayo – Elecciones locales en Reino Unido. Las elecciones para renovar los consejos locales y alcaldías en Inglaterra, incluyendo Londres y el condado de Gran Manchester, serán un indicador del nivel de apoyo tanto para el Partido Laborista como para los Conservadores, anticipando las elecciones generales previstas para enero de 2025. 5 de mayo – Elecciones generales en Panamá. La sociedad civil panameña elegirá nuevos representantes para la presidencia, Asamblea Nacional, alcaldía y otros representantes locales. Este proceso electoral tiene lugar en un contexto de marcada polarización y creciente tensión social, acentuadas por temas relacionados con la seguridad interna, disputas políticas y la gestión de los recursos naturales. 19 de mayo – Elecciones presidenciales y legislativas en la República Dominicana. El actual presidente, Luis Abinader, líder del Partido Revolucionario Moderno, busca la reelección en unas elecciones en las que la mayoría de los partidos de la oposición se unirán bajo la Alianza Opositora Rescate, RD. Las tensiones territoriales, migratorias y económicas con la vecina Haití serán temas centrales durante la campaña electoral. Junio – Elecciones presidenciales en Mauritania. El actual presidente, Mohammed Ould Ghazouani, buscará la reelección después de cuatro años de un gobierno continuista que comenzó tras la salida del expresidente Mohammed Ould Abdelaziz en 2019, quien hoy enfrenta acusaciones de múltiples delitos de corrupción. El ganador de las elecciones deberá afrontar crecientes tensiones sociales, así como conflictos geopolíticos en toda la región. 2 de junio – Elecciones generales y federales en México. Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), parte como clara favorita frente a la principal candidatura opositora del Frente Amplio por México, integrado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). En estas elecciones no solo se elige a la presidencia y el gobierno, sino también a senadurías y diputaciones federales, así como miles cargos estatales y/o municipales en 30 de las 32 entidades federativas. 6 – 9 de junio – Elecciones al Parlamento Europeo. Las elecciones se llevarán a cabo de manera simultánea en los 27 países que conforman la Unión Europea. Una de las mayores incógnitas será conocer el avance de los partidos populistas y de extrema derecha, el peso de las familias tradicionales socialdemócrata y conservadora, y las posibles alianzas que puedan surgir para la elección posterior de los principales cargos europeos. 9 de junio – Elecciones federales en Bélgica. Coincidiendo con la presidencia belga de la Unión Europea, el país celebrará elecciones federales, europeas y regionales el mismo día. Una de las incógnitas más significativas será el resultado del partido de ultraderecha Vlaams Belang, que aspira a aumentar considerablemente su apoyo hasta poner a prueba la resistencia del cordón sanitario que los ha mantenido hasta ahora apartados del poder. 13 – 15 de junio – 50ª Cumbre del G-7 en Italia. Savelletri, un pequeño pueblo en la región italiana de Apulia será el escenario de una nueva edición del G-7. En esta reunión, se abordarán los principales desafíos geopolíticos a nivel mundial y su impacto en la economía internacional, junto con otros temas fundamentales para la agenda italiana, como la inmigración y las relaciones con África. 20 de junio – Día Mundial del Refugiado. El número de personas desplazadas por la fuerza en 2023 ha alcanzado cifras récord. Los impactos de la guerra en Ucrania, los numerosos conflictos en Oriente Medio y en el continente africano, así como las catástrofes naturales vinculadas al cambio climático, han llevado a un mayor número de desplazados internos y refugiados. Durante esta semana de junio, se dará a conocer el informe anual de ACNUR de tendencias de desplazamientos forzados en todo el mundo. Primer semestre – Despliegue de la Misión Internacional en Haití. Kenia liderará el despliegue de un contingente de seguridad en el cual participarán diferentes países. El objetivo es hacer frente a la violencia de las pandillas haitianas que han provocado una importante crisis de seguridad y de gobernabilidad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, previa solicitud del secretario general y del primer ministro haitiano, autorizó una misión multinacional de seguridad con un año de duración, en octubre de 2023. Primer semestre – Cumbre del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD). India acogerá una nueva edición de este foro estratégico del Indo-Pacífico del que forman parte Australia, India, Japón y Estados Unidos para abordar cuestiones comunes en materia de comercio, tecnologías críticas, derechos humanos o cambio climático.Julio – 24ª Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai. Kazajistán asume la presidencia anual del principal foro regional de Asia Central en materia de seguridad, economía y política, compuesto por China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Los ejes de la presidencia kazaja estarán centrados en cuestiones de seguridad y unidad regional, así como en el desarrollo económico y el comercio regional. Además, se espera que Bielorrusia ingrese en la organización este año. 1 de julio – Hungría asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Durante el segundo semestre del año, Hungría asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, en plenas tensiones con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo por sus incumplimientos de la legislación comunitaria. 8 – 18 de julio – Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Líderes y representantes mundiales se reunirán en Nueva York para realizar el seguimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de presentar Informes Nacionales Voluntarios de los ODS. El lema de esta edición será «Reforzar la Agenda 2030 y erradicar la pobreza en tiempos de múltiples crisis: la adopción eficaz de soluciones sostenibles, resilientes e innovadoras». 09 – 11 de julio – Cumbre de la OTAN. Washington será la sede de la cumbre de la Alianza Atlántica donde se prevé la presentación de una estrategia de seguridad para el flanco sur en respuesta al mandato surgido de la cumbre de Vilna de 2023. Además, en 2024 se cumple el 75 aniversario de la fundación de la OTAN. 26 de julio – 11 de agosto – Juegos Olímpicos de Verano en París. Francia acoge la XXXIII edición del principal acontecimiento deportivo mundial que se realiza cada cuatro años; una buena oportunidad para el país anfitrión de dinamizar una economía estancada en los últimos años. Agosto – Elecciones presidenciales y parlamentarias en Ruanda. El actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, en el cargo desde 2000, opta a la reelección tras sucesivas elecciones en las que ha obtenido más del 90% de los votos. Septiembre – Elecciones parlamentarias en Austria. La mayor incógnita radica en si la actual coalición gobernante de los conservadores (ÖVP) y los verdes (Die Grünen) podrá revalidar su gobierno o si los resultados de la extrema derecha del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), y de los socialdemócratas del SPÖ podrían generar otras mayorías. 22 – 23 de septiembre – Cumbre del Futuro de Naciones Unidas. Basándose en el informe «Nuestra Agenda Común» presentado por el secretario general, António Guterres, en 2021 sobre multilateralismo y cooperación internacional, este evento de alto nivel tiene como objetivo acelerar el cumplimiento de compromisos internacionales existentes, y abordar desafíos y oportunidades emergentes. La culminación de este esfuerzo será la creación de un Pacto para el Futuro, que será negociado y respaldado por los países participantes. 24 de septiembre – 79ª Sesión de Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una cita anual que reúne a todos los líderes mundiales para evaluar el actual estado de sus políticas nacionales y su visión del mundo. 26 –27 de septiembre – 10º aniversario del caso Ayotzinapa. México conmemora el décimo aniversario del caso Ayotzinapa (o caso Iguala), uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente del país. Aún sin resolver, este caso supuso la desaparición forzosa de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero. Octubre – XVI Cumbre de los BRICS. Kazán será la sede de una nueva edición de los BRICS en Rusia, ahora ampliados a 11 países, lo que representa un impulso en los esfuerzos de Moscú por demostrar que el país no está aislado a pesar de la invasión a gran escala de Ucrania. 1 de octubre – 75º aniversario de la fundación de la República Popular de China. Se cumplen 75 años de la fundación de la República Popular China por Mao Zedong, que puso fin a la guerra civil entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang, que estalló inmediatamente tras la rendición de Japón y la disolución del Segundo Frente Unido entre ambas fuerzas políticas durante la segunda guerra sino-japonesa. 6 de octubre – Elecciones municipales en Brasil. Estas elecciones serán un buen termómetro para evaluar el grado de apoyo al Partido de los Trabajadores y al resto de partidos que respaldan al presidente Lula, así como el avance o retroceso de candidatos vinculados al bolsonarismo. En las ciudades donde se requiera una segunda vuelta, esta se llevará a cabo el 27 de octubre. 9 de octubre – Elecciones generales y regionales en Mozambique. El presidente, Filipe Nyusi, concluye su segundo y último mandato presidencial y, según la Constitución, no puede presentarse nuevamente. Su partido, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), en el poder desde hace décadas, deberá encontrar otro candidato. El próximo gobierno tendrá que hacer frente a diversos desafíos, incluyendo tensiones políticas, un aumento del terrorismo yihadista, y una pronunciada exclusión social. 24 de octubre – Día Internacional contra el Cambio Climático. Tiene como objetivo movilizar y sensibilizar a las sociedades y gobiernos de todo el mundo acerca de los efectos del cambio climático. Se trata de un buen momento para analizar las diferentes agendas de lucha contra la emergencia climática y los avances que se están dando desde los principales países contaminantes. 27 de octubre – Elecciones generales en Uruguay. El Frente Amplio (FA), un partido de centroizquierda, con fuertes vínculos con los sindicatos y otras organizaciones sociales, competirá por la victoria frente a la Coalición Multicolor de centroderecha, actualmente en el gobierno, y que ha enfrentado diversos casos de corrupción en los últimos meses. Noviembre – Cumbre de la APEC. Perú acogerá una nueva edición del foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, que reúne a 21 países y que se celebrará bajo el lema «Personas, Negocios, Prosperidad». Noviembre – Cumbre sobre el Cambio Climático, COP29. Azerbaiyán acogerá esta nueva edición de la mayor cumbre internacional dedicada al cambio climático. Por segundo año consecutivo, se celebrará en un país cuya economía depende de la producción de combustibles fósiles. Noviembre – XXIX Cumbre Iberoamericana. Ecuador acoge la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno bajo el lema «Innovación, Inclusión y Sostenibilidad». De forma paralela las principales ciudades de América Latina, España y Portugal celebrarán un «Encuentro de Ciudades Iberoamericanas» cuyas conclusiones serán presentadas durante la Cumbre. 4 – 8 de noviembre – XII Foro Urbano Mundial. El Cairo acogerá la reunión más importante en materia de urbanismo y asentamientos humanos organizada por ONU-Hábitat. 5 de noviembre – Elecciones presidenciales en Estados Unidos. El actual presidente Joe Biden aspira a la reelección y, a falta de confirmarse la candidatura del expresidente Donald Trump, la campaña electoral se prevé muy polarizada. El calendario electoral condicionará las decisiones de Washington en política exterior. 5 de noviembre – Elecciones generales en Georgia. La coalición gobernante Sueño Georgiano aspira a revalidar mandato. La guerra en Ucrania ha vuelto a dividir al país entre aquellos que buscan una integración más profunda con Occidente y aspiran a un futuro ingreso en la Unión Europea, y los que abogan por normalizar las relaciones con Rusia. 11 de noviembre – 20 aniversario muerte de Yasir Arafat. El histórico líder palestino y presidente de la Autoridad Nacional Palestina falleció hace 20 años en París. Su papel fue fundamental en el proceso de paz en Oriente Próximo, lo que, junto a los dirigentes israelíes Isaac Rabin y Shimon Peres, les valió el premio Nobel de la Paz en 1994. 18 – 19 de noviembre – Cumbre del G-20 en Brasil. Bajo el lema «Construir un mundo justo y un planeta sostenible», los ejes de discusión y de debate de esta edición incluirán las políticas de transición energética y desarrollo, la reforma de las instituciones de gobernanza global, así como la lucha contra la desigualdad, el hambre y la pobreza. Diciembre – Elecciones presidenciales en Argelia. El presidente, Abdelmadjid Tebboune, previsiblemente optará a la reelección. El país afronta varios desafíos de seguridad debido a la inestabilidad en el Sahel y las crecientes tensiones con Marruecos respecto al Sáhara Occidental. Además, desempeña un papel crucial como proveedor de gas para Europa, en medio de la crisis energética generada por la guerra en Ucrania. Diciembre – Elecciones generales en Sudán del Sur. Los acuerdos de paz de 2018, que pusieron fin al conflicto armado interno que duró cinco años, establecieron la formación de un Gobierno de Unidad Nacional liderado por el actual presidente, Salva Kiir. y su rival, el vicepresidente Riek Machar. Kiir ha propuesto la celebración de elecciones presidenciales libres para finales de 2024. 7 de diciembre – Elecciones presidenciales en Ghana. Se espera que las elecciones sean una carrera de dos entre Mahamudu Bawumia, actual vicepresidente del gobernante Nuevo Partido Patriótico (NPP), y el expresidente John Dramani Mahama, candidato del principal partido opositor, Congreso Nacional Demócrata (NDC). El país se enfrenta a su peor crisis económica en las últimas décadas, y a importantes desafíos de seguridad por el contexto geopolítico en el Sahel. Segundo Semestre – Elecciones presidenciales en Venezuela. El chavismo y la oposición, agrupada bajo el paraguas de la Plataforma Unitaria, acordaron en Barbados la celebración de elecciones presidenciales, a las que se podrá invitar a misiones técnicas electorales de organismos regionales e internacionales. Esta decisión se tomó de forma paralela al anuncio de Estados Unidos del levantamiento de sanciones al gas y al petróleo venezolanos en octubre de 2023. Pendiente – 53º Foro de las Islas del Pacífico. Tonga acogerá una nueva edición del principal foro de discusión panregional de Oceanía, que agrupa los intereses de 18 estados y territorios en materia de cambio climático, uso sostenible de los recursos marítimos, seguridad y cooperación regional. Un espacio geográfico de creciente interés por parte de China y Estados Unidos, que han iniciado una carrera diplomática para atraer a sus esferas de influencia a algunos de estos países y territorios. Pendiente – 44ª Cumbre de la ASEAN. Laos acogerá una nueva edición del principal foro regional del sudeste asiático que agrupa a 10 países, bajo el lema «Mejorar la conectividad y la resiliencia». Pendiente – Cumbre sobre la Seguridad de la Inteligencia Artificial. Francia acogerá la segunda edición de esta cumbre internacional que tiene como objetivo poner en marcha trabajos e iniciativas para abordar los riesgos tecnológicos que plantea la Inteligencia Artificial. La primera edición, celebrada en Londres en 2023, resultó en la Declaración Bletchley, que abogó por una mayor cooperación internacional para abordar los desafíos y riesgos asociados con la inteligencia artificial. Pendiente – XXXIII Cumbre de la Liga Árabe. Bahréin acogerá una nueva edición de la principal organización política que agrupa países de Oriente Medio y del Norte de África. El conflicto palestino-israelí, las cuestiones de seguridad alimentaria y energética, y los impactos regionales de la guerra en Ucrania, serán algunos de los temas principales de discusión y debate. Pendiente – Elecciones presidenciales y parlamentarias en Sri Lanka. La tensión social en el país, inmerso en una profunda crisis económica que ha llevado a un rescate por parte del Fondo Monetario Internacional, ha aumentado en los últimos meses y se espera que se intensifique durante todo el proceso electoral. Pendiente – Elecciones generales en Chad. El presidente interino de Chad, Mahamat Idriss Déby, que asumió el poder en abril de 2021 tras la muerte de su padre, Idriss Déby, mediante la instauración de una junta militar, prometió la celebración de elecciones libres a finales de 2024. El país se encuentra en una profunda crisis alimentaria y de seguridad. Pendiente – III Cumbre para la Democracia. Corea del Sur será la anfitriona de esta cumbre, impulsada por Estados Unidos, que desde 2021 reúne a líderes de gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Tiene como objetivo abordar los desafíos y oportunidades que enfrentan las democracias en el siglo XXI, relacionados con la gobernanza, la protección de los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción. Pendiente – Elecciones generales y regionales en Sudáfrica. El Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde las primeras elecciones libres y generales de 1994, aspira a revalidar el poder, aunque el principal partido opositor, la Alianza Democrática, podría dar una sorpresa. El país enfrenta innumerables desafíos, especialmente en materia de seguridad con altas tasas de criminalidad, una importante crisis energética, y niveles elevados de desempleo. Pendiente – Elecciones presidenciales en Túnez. Serán los primeros comicios tras el autogolpe de Estado del presidente tunecino, Kaïs Saied, en 2021, y el retorno al autoritarismo del único país que parecía haber consolidado la democracia tras las primaveras árabes de 2010-11. Saied ya ha anunciado que no permitirá la presencia de misiones de supervisión electoral extranjeras.