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La discriminación laboral contra la comunidad LGBTIQ+ presenta una problemática compleja de derechos humanos en Ecuador. La exclusión en los mercados laborales refleja una discriminación arraigada en la sociedad, que juzga a estas personas basándose en su identidad sexual más que en sus habilidades, socavando sus oportunidades laborales. Este problema desencadena cuestiones legales fundamentales y surge de la resistencia a aceptar la diversidad sexual, chocando con patrones culturales, patriarcales y homofóbicos; de ahí, la necesidad de políticas laborales que respeten la igualdad, la diversidad y garanticen la no discriminación resulta crucial para asegurar un entorno laboral inclusivo y justo para la comunidad LGBTIQ+ en el país.

La investigación propuesta tiene como objetivo analizar las garantías normativas como mecanismos fundamentales de protección de los derechos humanos. Estas garantías se establecen para intervenir en casos de violación de los derechos fundamentales, y se basan en la normativa constitucional que sustenta el ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano; sin embargo, resulta evidente que esta figura jurídica por sí sola no es suficiente para garantizar la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos. La potestad normativa recae en la Asamblea Nacional, como una competencia exclusiva para adecuar las leyes infraconstitucionales a la norma suprema. Es importante recordar, que los derechos no deben ser simplemente enunciados en catálogos, sino cumplidos y protegidos en la práctica.

La maternidad subrogada es aquella en la cual una mujer bajo un contrato quedará embarazada con el fin de que cuando el niño nazca será entregado a sus padres de crianza. El problema en esta situación radica en poder descubrir los argumentos constitucionales necesarios que ayuden a entender acerca del derecho de la maternidad subrogada en Ecuador. El objetivo de la investigación consiste en identificar la falta de normas constitucionales que garanticen los derechos de los padres de crianza, ya que no existe una norma que lo regule y estén expuestos a lo que diga un contrato, olvidando la principal meta que consiste en la vida de un ser humano y tener un hijo.

El derecho a la resistencia está consagrado en el artículo 98 de la Constitución del Ecuador, en el capítulo donde habla de la organización colectiva para la participación democrática. La resistencia es un derecho del ser humano, el cual esboza al ser humano con poder de libertad a un sistema político o jurídico, teniendo la obligación de oponerse a quien incumpla su deber de protección. El objetivo principal de este estudio es analizar las circunstancias del derecho a la resistencia, en el contexto del Estado de derechos y de repercusión en la convivencia de los ciudadanos. Para hacer este trabajo se utilizó el método histórico-lógico, llegando a la conclusión que el derecho a la resistencia permite garantizar y consolidar el régimen democrático del país.

El tema propuesto se refiere al abuso de los empleadores, que haciendo uso del despido intempestivo, violento y fracturo el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores, en una de las épocas más complejas para el mundo la pandemia del COVID 19. Los empleadores se aprovecharon de esta coyuntura de salud para despedir a sus trabajadores sin pagarles lo que la ley prevé, contrariando lo que dispone el Código de Trabajo que nació como instrumento de la Constitución para que se materialicen los derechos de los trabajadores y se garantice la estabilidad laboral. El presente trabajo ayuda a evidenciar la prepotencia y el abuso de parte de los dueños de los medios de producción, ocasionando la precarización laboral.

El tema aborda los derechos y libertades, particularmente la libertad de expresión que tiene como fundamento buscar, recibir, producir, y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Lamentablemente, en Ecuador, violentando todo derecho, se intentó presentarle como un servicio público, por lo que la relatoría especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación sobre la temática del derecho a la libertad de expresión como un servicio público, lo que el Estado asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente mediante el medio que cada persona escoja para hacerlo.

La Constitución de Ecuador, como norma suprema, abarca la organización del Estado y los derechos fundamentales. Entre estos derechos, se incluyen algunos de gran importancia intrínseca, como la vida y la libertad, así como otros relacionados con procedimientos legales como la seguridad jurídica y los derechos de protección. La motivación se destaca como un pilar esencial del Derecho Constitucional, garantizando la justicia y transparencia en las decisiones judiciales y administrativas. La Corte Constitucional ecuatoriana, en su sentencia No. 1158-17 EP/21, ha introducido un nuevo enfoque en la motivación, abandonando el tradicional "test de motivación", que requería razonabilidad, lógica y comprensibilidad en las sentencias. Este cambio marca un hito significativo en la evolución del derecho constitucional del país.

Este estudio se enfoca en el Derecho al Olvido como una vía para eliminar los registros en la plataforma E-SATJE en casos de sentencias absolutas. Se observa que la plataforma contiene registros de delitos para personas absueltas, indicando posibles denuncias maliciosas o infundadas. Se basa en una revisión bibliográfica y jurisprudencial, con un enfoque exploratorio y cualitativo. La conclusión principal es que el Derecho al Olvido, al utilizarse para eliminar registros en E-SATJE tras sentencias absolutorias, protege efectivamente el derecho a la honra, buen nombre y la privacidad de datos personales.

La independencia judicial es la base fundamental de un Estado democrático, debe ser garantizada y respetada por todos los órganos estatales. Para gozar de esa independencia, se requiere estructurar un modelo institucional y la normativa que disminuya la injerencia interna y externa, y a la vez, garantizar que esa estructura no implique su aislamiento del contexto social, económico y político; es decir, la independencia de los jueces debe ser responsable y democrática. El objetivo es analizar la trascendencia, ventajas e implicaciones de la estructura del Consejo de la Judicatura, para la garantía de la independencia judicial. El resultado es una sistematización de la importancia que reviste la independencia judicial para una correcta defensa de los derechos de las personas.

Judicial independence is the fundamental basis of a democratic State and must therefore be guaranteed and respected by all State bodies. In order to enjoy such independence, it is necessary to structure an institutional and regulatory model that reduces internal and external interference; and at the same time, to ensure that such a structure does not imply isolation from the social, economic and political context; in other words, the independence of judges must be accountable and democratic. The aim is to analyse the significance, advantages and implications of the structure of the Judiciary Council for guaranteeing judicial independence. The result is a systematization of the arguments of the importance of judicial independence for a correct defence of people's rights. ; La independencia judicial es la base fundamental de un Estado democrático, debe ser garantizada y respetada por todos los órganos estatales. Para gozar de esa independencia, se requiere estructurar un modelo institucional y la normativa que disminuya la injerencia interna y externa, y a la vez, garantizar que esa estructura no implique su aislamiento del contexto social, económico y político; es decir, la independencia de los jueces debe ser responsable y democrática. El objetivo es analizar la trascendencia, ventajas e implicaciones de la estructura del Consejo de la Judicatura, para la garantía de la independencia judicial. El resultado es una sistematización de la importancia que reviste la independencia judicial para una correcta defensa de los derechos de las personas.