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El alquiler de vivienda es una práctica en crecimiento en gran parte de Argentina. Este trabajo analiza el proceso de inquilinización y las iniciativas de regulación del mercado de alquileres en Rosario, tercera ciudad con mayor número de inquilinos del país entre 2003-2023. Los datos que arrojan los documentos oficiales, no oficiales y notas de prensa, muestran que la legislación nacional favorece la desregulación del mercado habitacional. La escasez de políticas habitacionales para inquilinos contrasta con la disponibilidad de viviendas que no se alquilan debido a conflictos y falta de control estatal respecto de precios, regulación y mediación contratos. La elaboración de una política pública para este mercado debería incluir una propuesta de impuestos a la vivienda desocupada, alquiler social e incentivos para la construcción de nuevas viviendas para atender la demanda de alquiler.

Durante las últimas décadas en Argentina, la vivienda no tuvo un fin social sino financiero como resguardo de capital, por lo cual se construyó sin ningún tipo de planificación de la forma urbana, con desequilibrios socio-territoriales y desigual acceso a vivienda, infraestructuras, servicios y equipamientos. En este contexto, surgió≤ el Plan Nacional de Suelo Urbano (PNASU) que propuso la generación de suelo para vivienda producido o promovido por el Estado, para ampliar la accesibilidad de las familias y desalentar las prácticas especulativas, promoviendo ciudades compactas, equitativas y accesibles. A partir de los antecedentes nacionales y provinciales, este artículo tiene como objetivo analizar el PNASU, en cuanto a su contenido y sus desafíos. La metodología se centra en el análisis de contenido de documentos escritos. Los resultados esbozan cuatro ejes argumentativos en torno a los desafíos del plan en su implementación y el impacto que podría tener sobre la planificación urbana y habitacional. En conclusión, si bien llena el vacío en políticas territoriales, deberá considerar la integración de la política habitacional con la territorial, el protagonismo de los actores locales, la construcción de instrumentos de captación de plusvalías en términos redistributivos, la función social de la tierra y la vivienda, entre otras.

La emergencia provocada por la pandemia de la covid-19 reactualizó numerosos debates sobre las protecciones sociales requeridas para los diferentes grupos laborales y la necesidad de garantizar el trabajo y los ingresos de la población. Este artículo se centra en la experiencia de personas que trabajan sin vínculos con un patrón y que se autoidentifican como parte de la economía popular, social y solidaria (EPSS) en Argentina. Se propone abonar al debate académico al respecto identificando aquellas condiciones que favorecieron la sostenibilidad y la organización de sus labores más allá del contexto de la emergencia. En particular, se busca reconocer si la situación abierta por la pandemia devino en nuevos procesos de reconocimiento, institucionalización y protección para estos colectivos laborales. Se desarrolló un trabajo de investigación cualitativo basado en entrevistas a referentes de 14 organizaciones de EPSS del Gran Rosario (fuentes primarias) y la revisión de las medidas de emergencia y los programas implementados por los tres niveles de Gobierno –nacional, provincial y local– desde la declaración de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2021 (fuentes secundarias). En las reflexiones finales se recuperan los principales resultados fundamentando que las respuestas del Estado no dieron lugar a nuevas instituciones, derechos y protecciones, sino que "organizaron" y "administraron" la institucionalidad que ya existía.