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La evolución de la política exterior japonesa desde la doctrina Yoshida hasta las doctrinas Abe y Kishida refleja un proceso de normalización que busca adaptar la diplomacia del país a las nuevas realidades internacionales, dejando atrás el pacifismo adoptado tras la Segunda Guerra Mundial, pero sin incurrir en el militarismo.Las reformas impulsadas por los gabinetes de Abe y Kishida han fortalecido las capacidades defensivas de Japón y han promovido su participación más activa en la seguridad global, especialmente en la región del Indopacífico.Esta normalización de Japón responde al pragmatismo de sus élites políticas, que buscan asegurar la autonomía y la influencia del país en un orden internacional liberal en crisis. La anhelada normalización de la diplomacia japonesaEn la Cumbre por la Paz en Ucrania celebrada en junio de 2024 en Suiza, el primer ministro japonés Fumio Kishida anunciaba por sorpresa su intención de copresidir el diálogo sobre seguridad nuclear y de organizar una conferencia internacional sobre el desminado en Ucrania para este mismo año. Además, desde su cauta diplomacia, iba un paso más allá y calificaba esta guerra como una clara violación del derecho internacional y un intento de Rusia de alterar el statu quo existente. Kishida urgía a proporcionar ayuda militar a Kiev y alertaba de que «Ucrania hoy podría ser Asia Oriental mañana», una de las frases más repetidas en los dos últimos meses por el primer ministro. Estas declaraciones resultan especialmente sorprendentes, ya que, además de romper con su tradicional postura pacifista y de mínima intervención, reflejan un cambio histórico en una diplomacia dispuesta a asumir un rol más activo en la resolución de conflictos globales. Hasta recientemente, romper el «tabú nuclear» o discutir abiertamente sobre cualquier tipo de remilitarización o ayuda militar por parte del Gobierno japonés habría sido impensable y habría llevado a la dimisión inmediata del primer ministro. Sin embargo, esta situación de aversión hacia lo militar ha experimentado un cambio significativo desde el inicio de la guerra en Ucrania. Según una encuesta de opinión realizada en 2024 por el Gobierno nipón, más del 57% de los encuestados creía que su país debería desempeñar un mayor liderazgo en respuesta a la invasión rusa, mientras que el 75% respaldaba la iniciativa gubernamental de promover la democracia y el libre comercio en la zona del Indopacífico. ¿Qué ha motivado este cambio en la percepción de la sociedad japonesa respecto a la orientación de su diplomacia tradicionalmente pacifista?Desde el inicio de la Guerra Fría, Japón se había convertido en toda una anormalidad en el escenario político internacional, puesto que nunca antes una segunda potencia económica había contado tan poco en materia política y, sobre todo, en cuestiones de seguridad. Con la Constitución pacifista de 1946, la nación adoptó en materia de política exterior la doctrina Yoshida, una estrategia diseñada para reflotar la economía, asegurar el bienestar de la población y delegar la defensa nacional a Estados Unidos, que pasaron de ser un enemigo a un aliado privilegiado. Esta anormalidad –alimentada por un contexto bipolar, por los límites constitucionales de Japón y por un pacifismo que había arraigado en la sociedad japonesa– ha dejado de ser sostenible. Así, desde el final de la Guerra Fría, la élite política japonesa ha estado debatiendo sobre qué postura defensiva debería adoptar y cuál debería ser el papel del país en un escenario global cada vez más incierto e inseguro. Primero Shinzo Abe (2012-2020) y luego Fumio Kishida (2021) han ido deshojando la margarita del pacifismo japonés, hasta implementar los mayores cambios de la diplomacia japonesa en décadas. Los distintos gabinetes desde Abe han impulsado una transición hacia una política exterior que busca convertir a la nación en un futsū no kuni (普通の国) o «país normal», es decir, que ejerce una responsabilidad en el ámbito exterior comparable a la de otros países soberanos. Con la llamada doctrina Abe se inicia un hito en la historia reciente del país que busca romper con las restricciones que impiden su papel más activo en la región, lo que abre la puerta a la participación de Japón en actividades militares fuera del país. La reacción doméstica a dicha doctrina no es uniforme y, junto con los partidos políticos que históricamente han abogado por el pacifismo y la interpretación restrictiva del artículo 9 de la Constitución –como el Partido Comunista y el Partido Socialista–, encontramos una tercera vía del principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional, que coincide con las voces mayoritarias de la opinión pública. Estas, si bien entienden la doctrina Abe como una evolución natural y necesaria en un entorno de seguridad regional cambiante (como las crecientes tensiones con China y Corea del Norte), se mantienen en contra de cambiar el artículo 9 y apuestan por limitar el papel de Japón en misiones bajo la bandera de Naciones Unidas. Aunque la trágica desaparición de Abe, fallecido en un atentado en 2022, dejó al país en un estado de conmoción, la llegada del primer ministro Kishida representa la consolidación de una nueva diplomacia que opera en un contexto en los que los principios, normas e instituciones del orden internacional liberal que tantos frutos había brindado a Japón como potencia mercantilista, se encuentran en una fase de crisis y contestación (Barbé, 2021). ¿Cuáles son los elementos distintivos de la doctrina Abe y la doctrina Kishida? ¿Se trata de un retorno al militarismo o más bien del pragmatismo de unas élites que buscan adaptarse a las nuevas realidades del entorno doméstico e internacional?La doctrina Yoshida durante la Guerra FríaTras la ocupación estadounidense (1945-1951), Japón inició un período de «milagro económico» gracias a una serie de políticas industriales y comerciales que convirtieron al país en una superpotencia económica en tan solo una década. Este enfoque mercantilista, conocido como la doctrina Yoshida en honor al primer ministro Shigeru Yoshida (1946-1954), caracterizará la política japonesa durante la Guerra Fría y se basará esencialmente en tres premisas fundamentales: priorizar la recuperación y el crecimiento económico del país, mantener una diplomacia prooccidental y anticomunista, y fortalecer la alianza militar con Estados Unidos para hacer frente a los desafíos que la Constitución pacifista de 1946 impedía abordar. Ello incluía, además y gracias a la firma del Tratado de Seguridad entre Washington y Tokio, la aceptación de bases militares estadounidenses en su territorio. Durante las décadas venideras, Japón será un gigante económico, pero un gusano en términos de seguridad. Durante la Guerra Fría, la doctrina Yoshida experimentó algunos cambios clave, pero Japón se mantuvo como un «país mercantilista y pacifista, aunque ligeramente armado» (Kawashima, 2003). En la década de 1950, Yoshida estableció las Fuerzas de Autodefensa (FAD) bajo una política «exclusivamente orientada a la defensa», de protección del territorio japonés y sin capacidad de participar en ninguna acción militar al exterior. Posteriormente, el primer ministro Kishi Nobusuke (1957-1960) revisaría el tratado de seguridad con Estados Unidos, eliminando las asimetrías existentes anteriormente y asegurando que Japón no fuera abandonado (obligatoriedad de defender al país) ni involucrado en ninguna guerra por la potencia norteamericana1 A diferencia del tratado anterior, el nuevo acuerdo incluía garantías por parte de Estados Unidos de responder ante cualquier ataque armado contra Japón, quedando ambos estados vinculados jurídicamente al respecto. Finalmente, a mediados de los años setenta y considerando el nuevo entorno de seguridad marcado por la segunda Guerra Fría, el Gobierno japonés aprobó una serie de documentos, como el Programa de Defensa Nacional (1976) y las Directrices de Cooperación en Defensa con Estados Unidos (1978), en los cuales se redefinía el concepto de amenaza tradicional. Ahora se entendía que dicha amenaza podría venir no solo por una invasión a gran escala por parte de la Unión Soviética, sino también a escala más limitada o convencional. Ante esta eventualidad, Japón debía tener la capacidad mínima para repeler cualquier agresión mediante una acción inmediata de las FAD, coordinadas con el mando militar estadounidense. De este modo, Japón se convertiría en la lanza defensiva y Estados Unidos en el escudo.El final del mundo bipolar y los límites de la doctrina Yoshida Tras la disolución de Unión Soviética, Japón experimentó un período de confusión, tanto por el futuro de su pacto de seguridad con Estados Unidos como por su papel como potencia en el nuevo orden mundial posguerra fría; un contexto de incertidumbre que coincidiría con la invasión de Kuwait por parte de Irak. Japón, que dependía en gran medida del petróleo del Golfo, inicialmente permaneció en silencio pero, a inicios del año 1991, anunció una contribución de 13.000 millones de dólares para sufragar el coste de la coalición internacional contra Iraq. Estados Unidos también solicitó el envío de sus FAD, pero tras arduos debates parlamentarios, el Gobierno japonés declinó esta propuesta bajo el argumento de que ello contradecía el artículo 9 de su Constitución. Tras la liberación, el emir de Kuwait expresó su gratitud hacia la coalición internacional en anuncios en los principales periódicos del mundo, pero sin mencionar a Japón en los agradecimientos. Ello generó acusaciones de que Japón practicaba una «diplomacia del talonario» (小切手外交, kogitte gaikō), lo que causó una profunda desazón en la sociedad nipona y una constatación: que la doctrina Yoshida resultaba totalmente inapropiada. Como reacción a las críticas por el bajo perfil desempeñado, el Gobierno japonés aprobó en junio de 1992 la Ley de cooperación internacional, que permitía la participación japonesa en misiones de paz de Naciones Unidas bajo estrictas condiciones, como la obligación de obtener el consentimiento del poder legislativo (Dieta Nacional). El primer envío de fuerzas japonesas al exterior desde la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en el marco de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Camboya (UNTAC), seguido de otras «contribuciones internacionales», un concepto lo suficientemente elástico como para incluir operaciones de mantenimiento de la paz, de ayuda humanitaria o de monitoreo electoral: en el continente africano (Congo, Rwanda, Mozambique, Angola y Sudán), en Oriente Medio (Irak, Palestina y Altos del Golán) y en Asia (Afganistán, Nepal y Timor-Leste). Tras este primer período de incertidumbre, cuatro cuestiones han representado desde entonces los desafíos más importantes a la seguridad y a la propia existencia de Japón como potencia del sistema. En primer lugar, la excesiva dependencia de Japón con respecto a Estados Unidos y las tendencias unilateralistas de algunas de sus administraciones (Bush o, más recientemente, Trump) han aumentado el dilema de la alianza: el temor de ser abandonados o arrastrados a un conflicto, contradiciendo la Constitución pacifista. La relación entre Japón y Estados Unidos fue puesta a prueba el 11 de septiembre de 2001 y durante la guerra contra el terrorismo liderada por George W. Bush. A diferencia de su negativa en la primera guerra del Golfo en 1991, Japón respondió de manera diferente y, a pesar de las dudas legales sobre dicha invasión, el Gobierno de Junichiro Koizumi (2001-2006) decidió apoyar la coalición liderada por Estados Unidos y enviar 600 soldados para realizar operaciones de rehabilitación y mantenimiento de servicios públicos en territorio iraquí. La decisión de «poner las botas japonesas en territorio iraquí», en palabras del subsecretario de Estado Richard L. Armitage, más que un cambio de estrategia marcó el inicio de una serie de transformaciones en la política de seguridad que ya habían comenzado en la década de los noventa.En segundo lugar, surgió a nivel regional la primera crisis nuclear con Corea del Norte (1993), exponiéndose las limitaciones de la alianza con Estados Unidos para hacer frente al chantaje nuclear de Pyongyang. Desde entonces, Corea del Norte ha representado un creciente desafío, con su programa nuclear y de misiles balísticos, capaces de alcanzar el territorio japonés en cuestión de minutos. Las pruebas de misiles Taepodong y los ensayos nucleares han aumentado la sensación de vulnerabilidad en Japón, lo que ha impulsado la necesidad de una defensa más autónoma, ha hecho incrementar su presupuesto de defensa, ha mejorado el sistema de destructores Aegis y PAC-3 y ha fortalecido alianzas con Estados Unidos y la OTAN. Como afirman algunos académicos (Hughes, 2004), Corea del Norte se convirtió en el «catalizador» de la reformulación de la política de seguridad de Japón. En tercer lugar, el ascenso de China se ha convertido en el mayor revulsivo de su política exterior. Aunque la interdependencia económica entre ambos países es indiscutible, siendo el factor explicativo del crecimiento de la economía japonesa, Beijing es a la vez su mayor preocupación en términos de seguridad. El aumento del presupuesto de defensa chino –el segundo más grande del mundo–, el recrudecimiento de la cuestión taiwanesa –un tema de máxima preocupación para Japón–, y la postura de China en los conflictos marítimos en el Mar de la China Meridional o en la disputa de las Islas Senkaku, han obligado a Tokio a buscar un equilibrio entre unas relaciones económicas calientes y unas relaciones políticas frías. El resultado ha sido una política de naturaleza dual (hedging strategy) con China, es decir, una estrategia de compromiso económico, en paralelo al aumento de sus capacidades militares: «desear lo mejor de China, pero estar preparado para lo peor» (Vidal López et al., 2024). Por último, desde el final de la Guerra Fría, se inició la desaceleración económica de Japón, que ha afectado significativamente su papel como potencia global. En los años noventa se produjo la llamada «década perdida» de la economía japonesa, un período de estancamiento económico y deflación que el país experimentó tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria y que perduró hasta bien entrado el nuevo milenio. Este período dejó a Japón con la deuda pública más elevada del planeta (en 2010 ya presentaba más del 2000% de su PIB) y con una población que manifestaba poca confianza en su economía. Tras el final de esa «década perdida», se puso de manifiesto que Japón, a pesar de encontrarse en la zona más dinámica del planeta, sufría la mayoría de los problemas de cualquier economía madura: un ritmo de crecimiento bajo o nulo, bajas tasas de consumo interno, una productividad y competitividad rezagadas y una sociedad altamente envejecida con unas tasas de fecundidad que imposibilitan cualquier tipo de crecimiento neto de la población.Este proceso de decrecimiento económico y de estancamiento generalizado de su economía que ya había cristalizado cuando China le arrebató en 2010 la segunda posición como potencia con un mayor PIB. Ello, además de reducir su capacidad de inversión en la acción exterior y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ha debilitando su influencia en organismos globales donde China ya le ha superado como mayor contribuidor (en Naciones Unidas o en la Organización Mundial del Comercio [OMC]). La doctrina Abe: hacia la creación de una potencia global La política doméstica y exterior de Japón de los últimos 70 años ha estado intrínsecamente vinculada con la familia de Shinzo Abe, con tres primeros ministros (como su abuelo materno, Nobusuke Kishi) y un ministro de Asuntos Exteriores (su padre, Shintaro Abe). Cuando Shinzo Abe entró en política, una carrera fulgurante lo llevó a convertirse, a los 50 años, en secretario general del Partido Liberal Democrático (PLD). Aunque su mandato como primer ministro en 2006 fue breve y terminó al cabo de un año con su dimisión por una serie de escándalos, logró elevar la Agencia de Defensa al rango de ministerio –equiparándolo a cualquier otro ministerio de defensa occidental– e impulsar la iniciativa del «Arco de Libertad y Prosperidad» promovida por el ministro de Asuntos Exteriores Taro Aso. Ello buscaba crear una coalición de naciones democráticas que defendiese la libre navegación en la zona del Indopacífico, contrarrestando la creciente influencia de China en la zona. La propuesta fue bien acogida inicialmente por los Estados Unidos, Australia e India, que iniciaron una serie de diálogos de seguridad semioficiales llamados Quadrilateral Security Dialogue o, simplemente, Quad.El retorno de Abe como primer ministro en 2012 –después de varios gobiernos del Partido Democrático que generaron un gran descontento popular– le permitió retomar el liderazgo del país. Gracias al control que mostró de su partido, el PLD, y a una holgada mayoría absoluta, se propuso aplicar la «abenomics», un conjunto de políticas económicas destinadas a revitalizar la economía japonesa. Siguiendo el proverbio japonés que señala que tres flechas unidas no pueden quebrarse, esta política se fundamentaba en tres pilares: una política monetaria hiperexpansionista, con el objetivo de lograr una inflación del 2%; una política fiscal expansiva, que estimulara la demanda mediante la inversión en obras públicas, y unas reformas estructurales como la transformación del sector agrario para mejorar la competitividad del país. El resultado durante los ocho años de Gobierno de Abe fue un desempleo en mínimos históricos, un empleo femenino en niveles récord, un PIB nominal que creció significativamente, y un aumento en las exportaciones y los ingresos de las pymes. Sin embargo, la deuda pública se incrementó y la inflación permaneció baja, a menudo negativa, sin alcanzar el objetivo del 2%. La abenomics además de proporcionar una base económica sólida, buscaba fortalecer las alianzas con los países del sudeste asiático y crear acuerdos de libre comercio con sus aliados de toda la zona de Asia-Pacífico. Con un Japón más fuerte económicamente, y una vez asumido su rol de liderazgo regional, Abe pretendía a la postre llevar a cabo una política exterior más proactiva a nivel global. Es precisamente en la diplomacia donde quiso brillar más. Si bien la estrategia de reformar Japón no es nueva entre los líderes del PLD, Abe representa como nadie esta voluntad de solucionar los problemas de un país con una economía en crisis y una sociedad envejecida. Con las lecciones aprendidas tras su breve primer Gobierno, se comprometió a rejuvenecer Japón y convertirlo en una potencia global. Como trataba de ilustrar en 2013 la portada de la revista The Economist con un Abe disfrazado de Superman, el primer ministro quería volver a volar alto y convertir a Japón en una potencia acorde a su posición como tercera economía del mundo en ese momento.Para dar respuesta a un entorno de seguridad cada vez más complejo y desafiante, Abe lanzó en 2013 la primera Estrategia de Seguridad Nacional, que refleja un cambio significativo en la política exterior del país: se defendía una diplomacia capaz de realizar una «contribución proactiva a la paz» (積極的平和主義, sekkōyoku-teki heiwashugi), una retórica de nacionalismo y realismo que, más que buscar una remilitarización del país, pretendía que Japón jugara un papel militar más activo, capaz de abordar los nuevos desafíos y tensiones regionales, especialmente las provocadas por Corea del Norte y una China cada vez más coercitiva. Por un Japón menos consumidor y más proveedor de seguridad, Abe decidió incrementar su presupuesto de defensa, fortalecer sus capacidades militares con la adquisición de aviones de combate F-35 y submarinos, y modernizar su guardia costera, un auténtico cuarto brazo de las FAD que resulta crucial para proteger los intereses marítimos de un país-archipiélago como es Japón. Además, implementó la Ley de secretos especialmente designados, una legislación que otorga al Gobierno la potestad de decidir qué información se clasifica como secretos especiales para la seguridad y aplicar severas penas a aquellos medios de comunicación que la publicaran o filtraran. Aprobada en 2013 con el 80% de la opinión pública en contra, esta ley permitió que en tan solo tres años se identificaran medio millón de documentos clasificados como secretos, lo que provocó que Japón descendiera de la posición 11 en 2010 a la 72 en 2016 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.Otra dimensión crucial de la doctrina Abe fue su política de alianzas no solamente con Estados Unidos sino con otros países como Australia, India y del sudeste asiático. Ante una mayor presencia de China en la región de Asia-Pacífico, y con una política cada vez más asertiva, Abe propuso en agosto de 2016 el Plan para un Indopacífico Libre y Abierto (FOIP, por sus siglas en inglés), basado en una alianza de países que defiende los principios democráticos y la libre navegación y del comercio para una lograr la estabilidad y la prosperidad en el área. Siendo un concepto más restrictivo que excluye abiertamente a China, el plan prevé el desarrollo de infraestructuras que conecten la región del Indopacífico con el continente africano, donde se encuentran economías en crecimiento y oportunidades de negocio para las empresas japonesas (Tirado, 2020). El gran logro fue que un concepto algo difuso como el de Indopacífico fuera tan bien recibido entre sus principales aliados y socios: Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, la Unión Europea e incluso, con más cautela, India. Todos han comenzado a incorporar sus propias estrategias oficiales hacia la zona del Indopacífico. Ello no sólo valida la visión de Abe, sino que además busca contrarrestar el creciente orden sinocéntrico y refleja una consolidación de alianzas basadas en valores compartidos como la democracia y el estado de derecho, enfrente de una coalición de países iliberales que están más alineados con las políticas asertivas o con el modelo autoritario de China o Rusia (Zakaria, 1997). Ahora bien, el FOIP es ante todo un plan diseñado para mejorar la seguridad marítima de una nación-archipiélago como Japón, que quiere mantener libres las «líneas de comunicación marítimas» (SLOC, por sus siglas en inglés) para el transporte de personas, mercancías y energía. Para ello, Abe logró reactivar en 2017 el Quad, que había quedado diluido por las protestas enérgicas de China y la retirada de Australia del diálogo. Desde 2017, se volvieron a iniciar diálogos entre sus miembros para llegar a acuerdos en temas de seguridad marítima, respuesta a desastres naturales y la promoción de normas internacionales en la región. Además, en el marco del Quad se han llevado a cabo ejercicios militares conjuntos, siendo uno de los más destacados el ejercicio Malabar de 2023, en el que participaron más de 2.000 efectivos de los cuatro países involucrados y se desplegaron destructores de las FAD marítimas de Japón (destructor JS Shiranui), Estados Unidos (USS Rafael Peralta), la India (INS Kolkata) o Australia (HMAS Brisbane). El pilar central de esta doctrina es la reinterpretación del artículo 9 de la Constitución que, durante años, ha sido un obstáculo fundamental para transformar la política exterior, dado que cualquier modificación implicaba reformar una cláusula pacifista en una Constitución con mecanismos de reforma muy rígidos. Para modificarla, se requiere el voto de dos tercios de la Dieta Nacional y la aprobación por mayoría absoluta en un referéndum nacional. Además, en una sociedad donde el pacifismo y el antimilitarismo están profundamente arraigados, cualquier cambio en el artículo 9 provoca una fuerte oposición. Para superar estas barreras y cumplir con el marco constitucional sin reformarlo, Abe aprobó en 2015 la Legislación por la paz y la seguridad, un conjunto de 10 leyes que amplían las capacidades de las FAD, permitiéndoles apoyar a aliados como Estados Unidos durante tiempos de paz, situaciones de emergencia y, por primera vez en la historia reciente, en períodos de guerra. En la práctica, esto significa que Japón puede ejercer su derecho de autodefensa colectiva reconocido por la Carta de Naciones Unidas en casos donde su seguridad esté amenazada, abriendo la puerta a la participación en alianzas militares. Con ello, busca dejar de ser percibido como el «polizón» (free-rider) del sistema internacional, sin provocar temores nuevamente entre sus vecinos por una posible remilitarización del país.Hacia el establecimiento de una doctrina Kishida orientada en los valores Después del fugaz y continuista Gobierno de Yoshihide Suga (septiembre 2020 - octubre 2021), el actual primer ministro Fumio Kishida ha vuelto a situar la política exterior como la máxima prioridad del Gobierno. Aunque en un inicio mantuvo una posición continuista con la doctrina Abe, la guerra en Ucrania, las crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán y la cada vez mayor asertividad de China, junto con la incertidumbre sobre una posible nueva administración Trump que regrese al unilateralismo, han impulsado a Kishida a reaccionar y tomar un nuevo rumbo diplomático. En un discurso en el Foro de Diálogo Shangri-La, en junio de 2022, dijo que la invasión rusa de Ucrania había sacudido los cimientos del orden internacional, y que Japón entraría en una nueva era de «diplomacia realista», distanciándose de su pacifismo post-Segunda Guerra Mundial. En efecto, el enfoque de Kishida ha evolucionado hacia una nueva era de diplomacia realista (現実主義, genjitsu shugi), pero que combina con elementos de la diplomacia de valores (価値の外交, kachi no gaikō); conceptos ambos que, a menudo, se perciben como contradictorios. La diplomacia realista se centra en priorizar la estabilidad y los intereses nacionales, lo que a veces implica llegar a compromisos pragmáticos con estados que no necesariamente comparten los mismos valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. Este enfoque pragmático puede ser evidente en relaciones bilaterales con países como Vietnam o Myanmar, donde se buscan acuerdos que beneficien los intereses estratégicos de Japón, aunque ello implique transigir en aspectos relacionados con los derechos humanos o la democracia.Kishida ha continuado con la transformación de la política de defensa con la actualización de tres documentos aprobados en 2022: la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Defensa Nacional y el Programa de Refuerzo de la Defensa. Para llevar a cabo las medidas que esta diplomacia más activa plasmada en los documentos conlleva, el Gobierno ha aumentado un 16,5% su presupuesto de defensa para el año 2024, en respuesta a lo que el primer ministro calificó como «el entorno de seguridad más severo y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial». Su propósito es seguir incrementando el presupuesto hasta alcanzar el 2% del PIB en 2027, una cifra nunca alcanzada antes por un país que tradicionalmente se ha autolimitado en su presupuesto en defensa al 1%2. Si estas cifras continúan, Japón se convertirá en el cuarto país con mayor gasto militar para finales de esta década. Los tres documentos incluyen la posibilidad de que Japón utilice sus capacidades de contraataque para actuar contra instalaciones militares enemigas. Además, Japón ha terminado con la prohibición de exportar armas y está fabricando aviones de combate F-X por parte de Mitsubishi, en colaboración con Italia y el Reino Unido. Igualmente, Kishida ha ordenado la compra de misiles Tomahawk estadounidenses, capaces de alcanzar objetivos a más de 1.000 km de distancia, y ha elaborado un proyecto de ley para impulsar las capacidades de «ciberdefensa activa», un concepto que pretende evitar ciberataques contra el país mediante el seguimiento de las señales de alerta temprana.Asimismo, Kishida quiere devolver a Japón el papel de liderazgo en innovación tecnológica. En los últimos años China ha invertido parte de su enorme potencial económico en desarrollar nuevas tecnologías especialmente avanzadas, como la ciberdefensa, la guerra electrónica, los drones o las armas autónomas letales. Otrora líder de la tercera revolución industrial, el primer ministro Kishida desveló en junio de 2023 su plan por conseguir un «nuevo capitalismo», un proyecto destinado a impulsar la inversión en recursos humanos, ciencia y tecnología, innovación y startups, así como en la transformación verde y digital, como impulsores clave del crecimiento. En definitiva, busca reposicionar a Japón como un líder en áreas como la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas, la robótica avanzada y otras tecnologías emergentes, para evitar, así, que China lidere la cuarta revolución industrial 4.0.Por otra parte, Kishida ha tratado de aproximarse al Sur Global con un nuevo enfoque que busca promover el crecimiento económico y fortalecer los lazos con países en desarrollo en Asia Meridional, el Pacífico y, en menor medida, África y América Latina, sin involucrarlos en un bloque anti-China. En 2022, Japón era el tercer donante de AOD en números absolutos, con un total de 17.000 millones de dólares. Dada su Constitución pacifista y las restricciones impuestas, Tokio se abstuvo de brindar ayuda de tipo militar y destinó su presupuesto de AOD únicamente para fines no militares, como la seguridad humana, la seguridad marítima y la construcción de la paz. Ahora bien, Kishida ha introducido un nuevo instrumento llamado Asistencia Oficial en Seguridad (OSA, por sus siglas en inglés) que permite proporcionar ayuda financiera, equipamiento militar y suministros a las fuerzas armadas de países del Sur Global. Solo en 2023, el Gobierno japonés aprobó un paquete de 5.000 millones de yenes en su presupuesto fiscal de 2024 para financiar OSA en países como Filipinas, Fiyi, Malasia o Bangladesh. Gracias a ello, Japón puede fortalecer las capacidades de defensa de países en desarrollo afines y adoptar un mayor papel regional en la seguridad y estabilidad del Indopacífico. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha puesto de relieve algunas debilidades en la política exterior de Japón, que incluyen sus relaciones tensas con Rusia, país con el que aún no ha firmado un tratado de paz por el conflicto por las Islas Kuriles. Asimismo, tiene preocupaciones sobre su seguridad energética debido a su dependencia del Oriente Medio (de dónde proviene el 90% de sus importaciones de crudo). Por último, la Ley de promoción de la seguridad económica aprobada por Kishida en 2022 prioriza las cadenas de suministro y la protección de los sectores tecnológicos japoneses a fin de evitar una dependencia excesiva del exterior. En definitiva, la doctrina Yoshida de la Guerra Fría ha sido cuidadosamente desmantelada. A pesar de las preocupaciones iniciales sobre una posible remilitarización, la llamada «normalización» de la política exterior japonesa ha evolucionado hacia una posición en la que el Gobierno busca participar más activamente en las alianzas de seguridad, lograr una mayor autonomía y ser un defensor del orden liberal internacional. Este cambio refleja no solo la adaptación de Japón a un entorno global fragmentado y conflictivo, sino también un pragmatismo de unas élites japonesas que no pueden ni deben olvidar el pacifismo y antimilitarismo de la sociedad japonesa, y todo ello sin renunciar al bienestar conseguido durante toda la Guerra Fría. Referencias bibliográficasBarbé, Esther (dir.). Las normas internacionales ante la crisis del orden liberal. Tecnos, 2021.Hugues, Christopher W. Japan as a Global Military Power: New Capabilities, Alliance Integration, Bilateralism-Plus. Cambridge University Press, 2022. Kawashima, Yutaka. Japanese Foreign Policy at the Crossroads: Challenges and Options for the Twenty-First Century. Brookings, 2003. McCarthy, Mary (ed.). Routledge Handbook of Japanese Foreign Policy. Routledge, 2018.Rozman, Gilbert y Blosserman, Brad (eds.). Japan's Rise as a Regional and Global Power, 2013-2023: A Momentous Decade. Routledge, 2024. Samuels, Richard J. Securing Japan: Tokyo's Grand Strategy and the Future of East Asia. Cornell University Press, 2007. Takeda, Hiroko y Williams, Mark (eds.). Routledge Handbook of Contemporary Japan. Routledge, 2021. Tirado, Carmen (2020). «Free and Open Indo-Pacific: Una iniciativa japonesa de política exterior para la cooperación global». Global Affairs Journal, vol. 2, n.º 20 (2020), p. 28-35.Vidal López, Lluc; Pelegrín Solé, Àngels y Gonzalez-Pujol, Ivan. «Diversifying economic risks: Japan's economic hedging toward China». International Relations of the Asia-Pacific, vol. 24, n.º 2 (2024), p. 315-355.Zakaria, Fareed. «The Rise of Iliberal Democracy». Foreign Affairs, vol. 76, n.º 6 (1997), p. 22-46. Notas:1- Cualquier acción militar estadounidense desde sus bases en Japón requeriría consulta previa a Tokio.2- La autolimitación en el gasto en defensa de hasta el 1% del PIB fue una decisión del gabinete de la administración del primer ministro Takeo Miki en 1976 para evitar que Japón se convirtiera en una potencia militar, y mantener su perfil bajo en temas de seguridad.

La evolución de la política exterior japonesa desde la doctrina Yoshida hasta las doctrinas Abe y Kishida refleja un proceso de normalización que busca adaptar la diplomacia del país a las nuevas realidades internacionales, dejando atrás el pacifismo adoptado tras la Segunda Guerra Mundial, pero sin incurrir en el militarismo.Las reformas impulsadas por los gabinetes de Abe y Kishida han fortalecido las capacidades defensivas de Japón y han promovido su participación más activa en la seguridad global, especialmente en la región del Indopacífico.Esta normalización de Japón responde al pragmatismo de sus élites políticas, que buscan asegurar la autonomía y la influencia del país en un orden internacional liberal en crisis. La anhelada normalización de la diplomacia japonesaEn la Cumbre por la Paz en Ucrania celebrada en junio de 2024 en Suiza, el primer ministro japonés Fumio Kishida anunciaba por sorpresa su intención de copresidir el diálogo sobre seguridad nuclear y de organizar una conferencia internacional sobre el desminado en Ucrania para este mismo año. Además, desde su cauta diplomacia, iba un paso más allá y calificaba esta guerra como una clara violación del derecho internacional y un intento de Rusia de alterar el statu quo existente. Kishida urgía a proporcionar ayuda militar a Kiev y alertaba de que «Ucrania hoy podría ser Asia Oriental mañana», una de las frases más repetidas en los dos últimos meses por el primer ministro. Estas declaraciones resultan especialmente sorprendentes, ya que, además de romper con su tradicional postura pacifista y de mínima intervención, reflejan un cambio histórico en una diplomacia dispuesta a asumir un rol más activo en la resolución de conflictos globales. Hasta recientemente, romper el «tabú nuclear» o discutir abiertamente sobre cualquier tipo de remilitarización o ayuda militar por parte del Gobierno japonés habría sido impensable y habría llevado a la dimisión inmediata del primer ministro. Sin embargo, esta situación de aversión hacia lo militar ha experimentado un cambio significativo desde el inicio de la guerra en Ucrania. Según una encuesta de opinión realizada en 2024 por el Gobierno nipón, más del 57% de los encuestados creía que su país debería desempeñar un mayor liderazgo en respuesta a la invasión rusa, mientras que el 75% respaldaba la iniciativa gubernamental de promover la democracia y el libre comercio en la zona del Indopacífico. ¿Qué ha motivado este cambio en la percepción de la sociedad japonesa respecto a la orientación de su diplomacia tradicionalmente pacifista?Desde el inicio de la Guerra Fría, Japón se había convertido en toda una anormalidad en el escenario político internacional, puesto que nunca antes una segunda potencia económica había contado tan poco en materia política y, sobre todo, en cuestiones de seguridad. Con la Constitución pacifista de 1946, la nación adoptó en materia de política exterior la doctrina Yoshida, una estrategia diseñada para reflotar la economía, asegurar el bienestar de la población y delegar la defensa nacional a Estados Unidos, que pasaron de ser un enemigo a un aliado privilegiado. Esta anormalidad –alimentada por un contexto bipolar, por los límites constitucionales de Japón y por un pacifismo que había arraigado en la sociedad japonesa– ha dejado de ser sostenible. Así, desde el final de la Guerra Fría, la élite política japonesa ha estado debatiendo sobre qué postura defensiva debería adoptar y cuál debería ser el papel del país en un escenario global cada vez más incierto e inseguro. Primero Shinzo Abe (2012-2020) y luego Fumio Kishida (2021) han ido deshojando la margarita del pacifismo japonés, hasta implementar los mayores cambios de la diplomacia japonesa en décadas. Los distintos gabinetes desde Abe han impulsado una transición hacia una política exterior que busca convertir a la nación en un futsū no kuni (普通の国) o «país normal», es decir, que ejerce una responsabilidad en el ámbito exterior comparable a la de otros países soberanos. Con la llamada doctrina Abe se inicia un hito en la historia reciente del país que busca romper con las restricciones que impiden su papel más activo en la región, lo que abre la puerta a la participación de Japón en actividades militares fuera del país. La reacción doméstica a dicha doctrina no es uniforme y, junto con los partidos políticos que históricamente han abogado por el pacifismo y la interpretación restrictiva del artículo 9 de la Constitución –como el Partido Comunista y el Partido Socialista–, encontramos una tercera vía del principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional, que coincide con las voces mayoritarias de la opinión pública. Estas, si bien entienden la doctrina Abe como una evolución natural y necesaria en un entorno de seguridad regional cambiante (como las crecientes tensiones con China y Corea del Norte), se mantienen en contra de cambiar el artículo 9 y apuestan por limitar el papel de Japón en misiones bajo la bandera de Naciones Unidas. Aunque la trágica desaparición de Abe, fallecido en un atentado en 2022, dejó al país en un estado de conmoción, la llegada del primer ministro Kishida representa la consolidación de una nueva diplomacia que opera en un contexto en los que los principios, normas e instituciones del orden internacional liberal que tantos frutos había brindado a Japón como potencia mercantilista, se encuentran en una fase de crisis y contestación (Barbé, 2021). ¿Cuáles son los elementos distintivos de la doctrina Abe y la doctrina Kishida? ¿Se trata de un retorno al militarismo o más bien del pragmatismo de unas élites que buscan adaptarse a las nuevas realidades del entorno doméstico e internacional?La doctrina Yoshida durante la Guerra FríaTras la ocupación estadounidense (1945-1951), Japón inició un período de «milagro económico» gracias a una serie de políticas industriales y comerciales que convirtieron al país en una superpotencia económica en tan solo una década. Este enfoque mercantilista, conocido como la doctrina Yoshida en honor al primer ministro Shigeru Yoshida (1946-1954), caracterizará la política japonesa durante la Guerra Fría y se basará esencialmente en tres premisas fundamentales: priorizar la recuperación y el crecimiento económico del país, mantener una diplomacia prooccidental y anticomunista, y fortalecer la alianza militar con Estados Unidos para hacer frente a los desafíos que la Constitución pacifista de 1946 impedía abordar. Ello incluía, además y gracias a la firma del Tratado de Seguridad entre Washington y Tokio, la aceptación de bases militares estadounidenses en su territorio. Durante las décadas venideras, Japón será un gigante económico, pero un gusano en términos de seguridad. Durante la Guerra Fría, la doctrina Yoshida experimentó algunos cambios clave, pero Japón se mantuvo como un «país mercantilista y pacifista, aunque ligeramente armado» (Kawashima, 2003). En la década de 1950, Yoshida estableció las Fuerzas de Autodefensa (FAD) bajo una política «exclusivamente orientada a la defensa», de protección del territorio japonés y sin capacidad de participar en ninguna acción militar al exterior. Posteriormente, el primer ministro Kishi Nobusuke (1957-1960) revisaría el tratado de seguridad con Estados Unidos, eliminando las asimetrías existentes anteriormente y asegurando que Japón no fuera abandonado (obligatoriedad de defender al país) ni involucrado en ninguna guerra por la potencia norteamericana1 A diferencia del tratado anterior, el nuevo acuerdo incluía garantías por parte de Estados Unidos de responder ante cualquier ataque armado contra Japón, quedando ambos estados vinculados jurídicamente al respecto. Finalmente, a mediados de los años setenta y considerando el nuevo entorno de seguridad marcado por la segunda Guerra Fría, el Gobierno japonés aprobó una serie de documentos, como el Programa de Defensa Nacional (1976) y las Directrices de Cooperación en Defensa con Estados Unidos (1978), en los cuales se redefinía el concepto de amenaza tradicional. Ahora se entendía que dicha amenaza podría venir no solo por una invasión a gran escala por parte de la Unión Soviética, sino también a escala más limitada o convencional. Ante esta eventualidad, Japón debía tener la capacidad mínima para repeler cualquier agresión mediante una acción inmediata de las FAD, coordinadas con el mando militar estadounidense. De este modo, Japón se convertiría en la lanza defensiva y Estados Unidos en el escudo.El final del mundo bipolar y los límites de la doctrina Yoshida Tras la disolución de Unión Soviética, Japón experimentó un período de confusión, tanto por el futuro de su pacto de seguridad con Estados Unidos como por su papel como potencia en el nuevo orden mundial posguerra fría; un contexto de incertidumbre que coincidiría con la invasión de Kuwait por parte de Irak. Japón, que dependía en gran medida del petróleo del Golfo, inicialmente permaneció en silencio pero, a inicios del año 1991, anunció una contribución de 13.000 millones de dólares para sufragar el coste de la coalición internacional contra Iraq. Estados Unidos también solicitó el envío de sus FAD, pero tras arduos debates parlamentarios, el Gobierno japonés declinó esta propuesta bajo el argumento de que ello contradecía el artículo 9 de su Constitución. Tras la liberación, el emir de Kuwait expresó su gratitud hacia la coalición internacional en anuncios en los principales periódicos del mundo, pero sin mencionar a Japón en los agradecimientos. Ello generó acusaciones de que Japón practicaba una «diplomacia del talonario» (小切手外交, kogitte gaikō), lo que causó una profunda desazón en la sociedad nipona y una constatación: que la doctrina Yoshida resultaba totalmente inapropiada. Como reacción a las críticas por el bajo perfil desempeñado, el Gobierno japonés aprobó en junio de 1992 la Ley de cooperación internacional, que permitía la participación japonesa en misiones de paz de Naciones Unidas bajo estrictas condiciones, como la obligación de obtener el consentimiento del poder legislativo (Dieta Nacional). El primer envío de fuerzas japonesas al exterior desde la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en el marco de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Camboya (UNTAC), seguido de otras «contribuciones internacionales», un concepto lo suficientemente elástico como para incluir operaciones de mantenimiento de la paz, de ayuda humanitaria o de monitoreo electoral: en el continente africano (Congo, Rwanda, Mozambique, Angola y Sudán), en Oriente Medio (Irak, Palestina y Altos del Golán) y en Asia (Afganistán, Nepal y Timor-Leste). Tras este primer período de incertidumbre, cuatro cuestiones han representado desde entonces los desafíos más importantes a la seguridad y a la propia existencia de Japón como potencia del sistema. En primer lugar, la excesiva dependencia de Japón con respecto a Estados Unidos y las tendencias unilateralistas de algunas de sus administraciones (Bush o, más recientemente, Trump) han aumentado el dilema de la alianza: el temor de ser abandonados o arrastrados a un conflicto, contradiciendo la Constitución pacifista. La relación entre Japón y Estados Unidos fue puesta a prueba el 11 de septiembre de 2001 y durante la guerra contra el terrorismo liderada por George W. Bush. A diferencia de su negativa en la primera guerra del Golfo en 1991, Japón respondió de manera diferente y, a pesar de las dudas legales sobre dicha invasión, el Gobierno de Junichiro Koizumi (2001-2006) decidió apoyar la coalición liderada por Estados Unidos y enviar 600 soldados para realizar operaciones de rehabilitación y mantenimiento de servicios públicos en territorio iraquí. La decisión de «poner las botas japonesas en territorio iraquí», en palabras del subsecretario de Estado Richard L. Armitage, más que un cambio de estrategia marcó el inicio de una serie de transformaciones en la política de seguridad que ya habían comenzado en la década de los noventa.En segundo lugar, surgió a nivel regional la primera crisis nuclear con Corea del Norte (1993), exponiéndose las limitaciones de la alianza con Estados Unidos para hacer frente al chantaje nuclear de Pyongyang. Desde entonces, Corea del Norte ha representado un creciente desafío, con su programa nuclear y de misiles balísticos, capaces de alcanzar el territorio japonés en cuestión de minutos. Las pruebas de misiles Taepodong y los ensayos nucleares han aumentado la sensación de vulnerabilidad en Japón, lo que ha impulsado la necesidad de una defensa más autónoma, ha hecho incrementar su presupuesto de defensa, ha mejorado el sistema de destructores Aegis y PAC-3 y ha fortalecido alianzas con Estados Unidos y la OTAN. Como afirman algunos académicos (Hughes, 2004), Corea del Norte se convirtió en el «catalizador» de la reformulación de la política de seguridad de Japón. En tercer lugar, el ascenso de China se ha convertido en el mayor revulsivo de su política exterior. Aunque la interdependencia económica entre ambos países es indiscutible, siendo el factor explicativo del crecimiento de la economía japonesa, Beijing es a la vez su mayor preocupación en términos de seguridad. El aumento del presupuesto de defensa chino –el segundo más grande del mundo–, el recrudecimiento de la cuestión taiwanesa –un tema de máxima preocupación para Japón–, y la postura de China en los conflictos marítimos en el Mar de la China Meridional o en la disputa de las Islas Senkaku, han obligado a Tokio a buscar un equilibrio entre unas relaciones económicas calientes y unas relaciones políticas frías. El resultado ha sido una política de naturaleza dual (hedging strategy) con China, es decir, una estrategia de compromiso económico, en paralelo al aumento de sus capacidades militares: «desear lo mejor de China, pero estar preparado para lo peor» (Vidal López et al., 2024). Por último, desde el final de la Guerra Fría, se inició la desaceleración económica de Japón, que ha afectado significativamente su papel como potencia global. En los años noventa se produjo la llamada «década perdida» de la economía japonesa, un período de estancamiento económico y deflación que el país experimentó tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria y que perduró hasta bien entrado el nuevo milenio. Este período dejó a Japón con la deuda pública más elevada del planeta (en 2010 ya presentaba más del 2000% de su PIB) y con una población que manifestaba poca confianza en su economía. Tras el final de esa «década perdida», se puso de manifiesto que Japón, a pesar de encontrarse en la zona más dinámica del planeta, sufría la mayoría de los problemas de cualquier economía madura: un ritmo de crecimiento bajo o nulo, bajas tasas de consumo interno, una productividad y competitividad rezagadas y una sociedad altamente envejecida con unas tasas de fecundidad que imposibilitan cualquier tipo de crecimiento neto de la población.Este proceso de decrecimiento económico y de estancamiento generalizado de su economía que ya había cristalizado cuando China le arrebató en 2010 la segunda posición como potencia con un mayor PIB. Ello, además de reducir su capacidad de inversión en la acción exterior y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ha debilitando su influencia en organismos globales donde China ya le ha superado como mayor contribuidor (en Naciones Unidas o en la Organización Mundial del Comercio [OMC]). La doctrina Abe: hacia la creación de una potencia global La política doméstica y exterior de Japón de los últimos 70 años ha estado intrínsecamente vinculada con la familia de Shinzo Abe, con tres primeros ministros (como su abuelo materno, Nobusuke Kishi) y un ministro de Asuntos Exteriores (su padre, Shintaro Abe). Cuando Shinzo Abe entró en política, una carrera fulgurante lo llevó a convertirse, a los 50 años, en secretario general del Partido Liberal Democrático (PLD). Aunque su mandato como primer ministro en 2006 fue breve y terminó al cabo de un año con su dimisión por una serie de escándalos, logró elevar la Agencia de Defensa al rango de ministerio –equiparándolo a cualquier otro ministerio de defensa occidental– e impulsar la iniciativa del «Arco de Libertad y Prosperidad» promovida por el ministro de Asuntos Exteriores Taro Aso. Ello buscaba crear una coalición de naciones democráticas que defendiese la libre navegación en la zona del Indopacífico, contrarrestando la creciente influencia de China en la zona. La propuesta fue bien acogida inicialmente por los Estados Unidos, Australia e India, que iniciaron una serie de diálogos de seguridad semioficiales llamados Quadrilateral Security Dialogue o, simplemente, Quad.El retorno de Abe como primer ministro en 2012 –después de varios gobiernos del Partido Democrático que generaron un gran descontento popular– le permitió retomar el liderazgo del país. Gracias al control que mostró de su partido, el PLD, y a una holgada mayoría absoluta, se propuso aplicar la «abenomics», un conjunto de políticas económicas destinadas a revitalizar la economía japonesa. Siguiendo el proverbio japonés que señala que tres flechas unidas no pueden quebrarse, esta política se fundamentaba en tres pilares: una política monetaria hiperexpansionista, con el objetivo de lograr una inflación del 2%; una política fiscal expansiva, que estimulara la demanda mediante la inversión en obras públicas, y unas reformas estructurales como la transformación del sector agrario para mejorar la competitividad del país. El resultado durante los ocho años de Gobierno de Abe fue un desempleo en mínimos históricos, un empleo femenino en niveles récord, un PIB nominal que creció significativamente, y un aumento en las exportaciones y los ingresos de las pymes. Sin embargo, la deuda pública se incrementó y la inflación permaneció baja, a menudo negativa, sin alcanzar el objetivo del 2%. La abenomics además de proporcionar una base económica sólida, buscaba fortalecer las alianzas con los países del sudeste asiático y crear acuerdos de libre comercio con sus aliados de toda la zona de Asia-Pacífico. Con un Japón más fuerte económicamente, y una vez asumido su rol de liderazgo regional, Abe pretendía a la postre llevar a cabo una política exterior más proactiva a nivel global. Es precisamente en la diplomacia donde quiso brillar más. Si bien la estrategia de reformar Japón no es nueva entre los líderes del PLD, Abe representa como nadie esta voluntad de solucionar los problemas de un país con una economía en crisis y una sociedad envejecida. Con las lecciones aprendidas tras su breve primer Gobierno, se comprometió a rejuvenecer Japón y convertirlo en una potencia global. Como trataba de ilustrar en 2013 la portada de la revista The Economist con un Abe disfrazado de Superman, el primer ministro quería volver a volar alto y convertir a Japón en una potencia acorde a su posición como tercera economía del mundo en ese momento.Para dar respuesta a un entorno de seguridad cada vez más complejo y desafiante, Abe lanzó en 2013 la primera Estrategia de Seguridad Nacional, que refleja un cambio significativo en la política exterior del país: se defendía una diplomacia capaz de realizar una «contribución proactiva a la paz» (積極的平和主義, sekkōyoku-teki heiwashugi), una retórica de nacionalismo y realismo que, más que buscar una remilitarización del país, pretendía que Japón jugara un papel militar más activo, capaz de abordar los nuevos desafíos y tensiones regionales, especialmente las provocadas por Corea del Norte y una China cada vez más coercitiva. Por un Japón menos consumidor y más proveedor de seguridad, Abe decidió incrementar su presupuesto de defensa, fortalecer sus capacidades militares con la adquisición de aviones de combate F-35 y submarinos, y modernizar su guardia costera, un auténtico cuarto brazo de las FAD que resulta crucial para proteger los intereses marítimos de un país-archipiélago como es Japón. Además, implementó la Ley de secretos especialmente designados, una legislación que otorga al Gobierno la potestad de decidir qué información se clasifica como secretos especiales para la seguridad y aplicar severas penas a aquellos medios de comunicación que la publicaran o filtraran. Aprobada en 2013 con el 80% de la opinión pública en contra, esta ley permitió que en tan solo tres años se identificaran medio millón de documentos clasificados como secretos, lo que provocó que Japón descendiera de la posición 11 en 2010 a la 72 en 2016 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.Otra dimensión crucial de la doctrina Abe fue su política de alianzas no solamente con Estados Unidos sino con otros países como Australia, India y del sudeste asiático. Ante una mayor presencia de China en la región de Asia-Pacífico, y con una política cada vez más asertiva, Abe propuso en agosto de 2016 el Plan para un Indopacífico Libre y Abierto (FOIP, por sus siglas en inglés), basado en una alianza de países que defiende los principios democráticos y la libre navegación y del comercio para una lograr la estabilidad y la prosperidad en el área. Siendo un concepto más restrictivo que excluye abiertamente a China, el plan prevé el desarrollo de infraestructuras que conecten la región del Indopacífico con el continente africano, donde se encuentran economías en crecimiento y oportunidades de negocio para las empresas japonesas (Tirado, 2020). El gran logro fue que un concepto algo difuso como el de Indopacífico fuera tan bien recibido entre sus principales aliados y socios: Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, la Unión Europea e incluso, con más cautela, India. Todos han comenzado a incorporar sus propias estrategias oficiales hacia la zona del Indopacífico. Ello no sólo valida la visión de Abe, sino que además busca contrarrestar el creciente orden sinocéntrico y refleja una consolidación de alianzas basadas en valores compartidos como la democracia y el estado de derecho, enfrente de una coalición de países iliberales que están más alineados con las políticas asertivas o con el modelo autoritario de China o Rusia (Zakaria, 1997). Ahora bien, el FOIP es ante todo un plan diseñado para mejorar la seguridad marítima de una nación-archipiélago como Japón, que quiere mantener libres las «líneas de comunicación marítimas» (SLOC, por sus siglas en inglés) para el transporte de personas, mercancías y energía. Para ello, Abe logró reactivar en 2017 el Quad, que había quedado diluido por las protestas enérgicas de China y la retirada de Australia del diálogo. Desde 2017, se volvieron a iniciar diálogos entre sus miembros para llegar a acuerdos en temas de seguridad marítima, respuesta a desastres naturales y la promoción de normas internacionales en la región. Además, en el marco del Quad se han llevado a cabo ejercicios militares conjuntos, siendo uno de los más destacados el ejercicio Malabar de 2023, en el que participaron más de 2.000 efectivos de los cuatro países involucrados y se desplegaron destructores de las FAD marítimas de Japón (destructor JS Shiranui), Estados Unidos (USS Rafael Peralta), la India (INS Kolkata) o Australia (HMAS Brisbane). El pilar central de esta doctrina es la reinterpretación del artículo 9 de la Constitución que, durante años, ha sido un obstáculo fundamental para transformar la política exterior, dado que cualquier modificación implicaba reformar una cláusula pacifista en una Constitución con mecanismos de reforma muy rígidos. Para modificarla, se requiere el voto de dos tercios de la Dieta Nacional y la aprobación por mayoría absoluta en un referéndum nacional. Además, en una sociedad donde el pacifismo y el antimilitarismo están profundamente arraigados, cualquier cambio en el artículo 9 provoca una fuerte oposición. Para superar estas barreras y cumplir con el marco constitucional sin reformarlo, Abe aprobó en 2015 la Legislación por la paz y la seguridad, un conjunto de 10 leyes que amplían las capacidades de las FAD, permitiéndoles apoyar a aliados como Estados Unidos durante tiempos de paz, situaciones de emergencia y, por primera vez en la historia reciente, en períodos de guerra. En la práctica, esto significa que Japón puede ejercer su derecho de autodefensa colectiva reconocido por la Carta de Naciones Unidas en casos donde su seguridad esté amenazada, abriendo la puerta a la participación en alianzas militares. Con ello, busca dejar de ser percibido como el «polizón» (free-rider) del sistema internacional, sin provocar temores nuevamente entre sus vecinos por una posible remilitarización del país.Hacia el establecimiento de una doctrina Kishida orientada en los valores Después del fugaz y continuista Gobierno de Yoshihide Suga (septiembre 2020 - octubre 2021), el actual primer ministro Fumio Kishida ha vuelto a situar la política exterior como la máxima prioridad del Gobierno. Aunque en un inicio mantuvo una posición continuista con la doctrina Abe, la guerra en Ucrania, las crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán y la cada vez mayor asertividad de China, junto con la incertidumbre sobre una posible nueva administración Trump que regrese al unilateralismo, han impulsado a Kishida a reaccionar y tomar un nuevo rumbo diplomático. En un discurso en el Foro de Diálogo Shangri-La, en junio de 2022, dijo que la invasión rusa de Ucrania había sacudido los cimientos del orden internacional, y que Japón entraría en una nueva era de «diplomacia realista», distanciándose de su pacifismo post-Segunda Guerra Mundial. En efecto, el enfoque de Kishida ha evolucionado hacia una nueva era de diplomacia realista (現実主義, genjitsu shugi), pero que combina con elementos de la diplomacia de valores (価値の外交, kachi no gaikō); conceptos ambos que, a menudo, se perciben como contradictorios. La diplomacia realista se centra en priorizar la estabilidad y los intereses nacionales, lo que a veces implica llegar a compromisos pragmáticos con estados que no necesariamente comparten los mismos valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. Este enfoque pragmático puede ser evidente en relaciones bilaterales con países como Vietnam o Myanmar, donde se buscan acuerdos que beneficien los intereses estratégicos de Japón, aunque ello implique transigir en aspectos relacionados con los derechos humanos o la democracia.Kishida ha continuado con la transformación de la política de defensa con la actualización de tres documentos aprobados en 2022: la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Defensa Nacional y el Programa de Refuerzo de la Defensa. Para llevar a cabo las medidas que esta diplomacia más activa plasmada en los documentos conlleva, el Gobierno ha aumentado un 16,5% su presupuesto de defensa para el año 2024, en respuesta a lo que el primer ministro calificó como «el entorno de seguridad más severo y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial». Su propósito es seguir incrementando el presupuesto hasta alcanzar el 2% del PIB en 2027, una cifra nunca alcanzada antes por un país que tradicionalmente se ha autolimitado en su presupuesto en defensa al 1%2. Si estas cifras continúan, Japón se convertirá en el cuarto país con mayor gasto militar para finales de esta década. Los tres documentos incluyen la posibilidad de que Japón utilice sus capacidades de contraataque para actuar contra instalaciones militares enemigas. Además, Japón ha terminado con la prohibición de exportar armas y está fabricando aviones de combate F-X por parte de Mitsubishi, en colaboración con Italia y el Reino Unido. Igualmente, Kishida ha ordenado la compra de misiles Tomahawk estadounidenses, capaces de alcanzar objetivos a más de 1.000 km de distancia, y ha elaborado un proyecto de ley para impulsar las capacidades de «ciberdefensa activa», un concepto que pretende evitar ciberataques contra el país mediante el seguimiento de las señales de alerta temprana.Asimismo, Kishida quiere devolver a Japón el papel de liderazgo en innovación tecnológica. En los últimos años China ha invertido parte de su enorme potencial económico en desarrollar nuevas tecnologías especialmente avanzadas, como la ciberdefensa, la guerra electrónica, los drones o las armas autónomas letales. Otrora líder de la tercera revolución industrial, el primer ministro Kishida desveló en junio de 2023 su plan por conseguir un «nuevo capitalismo», un proyecto destinado a impulsar la inversión en recursos humanos, ciencia y tecnología, innovación y startups, así como en la transformación verde y digital, como impulsores clave del crecimiento. En definitiva, busca reposicionar a Japón como un líder en áreas como la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas, la robótica avanzada y otras tecnologías emergentes, para evitar, así, que China lidere la cuarta revolución industrial 4.0.Por otra parte, Kishida ha tratado de aproximarse al Sur Global con un nuevo enfoque que busca promover el crecimiento económico y fortalecer los lazos con países en desarrollo en Asia Meridional, el Pacífico y, en menor medida, África y América Latina, sin involucrarlos en un bloque anti-China. En 2022, Japón era el tercer donante de AOD en números absolutos, con un total de 17.000 millones de dólares. Dada su Constitución pacifista y las restricciones impuestas, Tokio se abstuvo de brindar ayuda de tipo militar y destinó su presupuesto de AOD únicamente para fines no militares, como la seguridad humana, la seguridad marítima y la construcción de la paz. Ahora bien, Kishida ha introducido un nuevo instrumento llamado Asistencia Oficial en Seguridad (OSA, por sus siglas en inglés) que permite proporcionar ayuda financiera, equipamiento militar y suministros a las fuerzas armadas de países del Sur Global. Solo en 2023, el Gobierno japonés aprobó un paquete de 5.000 millones de yenes en su presupuesto fiscal de 2024 para financiar OSA en países como Filipinas, Fiyi, Malasia o Bangladesh. Gracias a ello, Japón puede fortalecer las capacidades de defensa de países en desarrollo afines y adoptar un mayor papel regional en la seguridad y estabilidad del Indopacífico. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha puesto de relieve algunas debilidades en la política exterior de Japón, que incluyen sus relaciones tensas con Rusia, país con el que aún no ha firmado un tratado de paz por el conflicto por las Islas Kuriles. Asimismo, tiene preocupaciones sobre su seguridad energética debido a su dependencia del Oriente Medio (de dónde proviene el 90% de sus importaciones de crudo). Por último, la Ley de promoción de la seguridad económica aprobada por Kishida en 2022 prioriza las cadenas de suministro y la protección de los sectores tecnológicos japoneses a fin de evitar una dependencia excesiva del exterior. En definitiva, la doctrina Yoshida de la Guerra Fría ha sido cuidadosamente desmantelada. A pesar de las preocupaciones iniciales sobre una posible remilitarización, la llamada «normalización» de la política exterior japonesa ha evolucionado hacia una posición en la que el Gobierno busca participar más activamente en las alianzas de seguridad, lograr una mayor autonomía y ser un defensor del orden liberal internacional. Este cambio refleja no solo la adaptación de Japón a un entorno global fragmentado y conflictivo, sino también un pragmatismo de unas élites japonesas que no pueden ni deben olvidar el pacifismo y antimilitarismo de la sociedad japonesa, y todo ello sin renunciar al bienestar conseguido durante toda la Guerra Fría. Referencias bibliográficasBarbé, Esther (dir.). Las normas internacionales ante la crisis del orden liberal. Tecnos, 2021.Hugues, Christopher W. Japan as a Global Military Power: New Capabilities, Alliance Integration, Bilateralism-Plus. Cambridge University Press, 2022. Kawashima, Yutaka. Japanese Foreign Policy at the Crossroads: Challenges and Options for the Twenty-First Century. Brookings, 2003. McCarthy, Mary (ed.). Routledge Handbook of Japanese Foreign Policy. Routledge, 2018.Rozman, Gilbert y Blosserman, Brad (eds.). Japan's Rise as a Regional and Global Power, 2013-2023: A Momentous Decade. Routledge, 2024. Samuels, Richard J. Securing Japan: Tokyo's Grand Strategy and the Future of East Asia. Cornell University Press, 2007. Takeda, Hiroko y Williams, Mark (eds.). Routledge Handbook of Contemporary Japan. Routledge, 2021. Tirado, Carmen (2020). «Free and Open Indo-Pacific: Una iniciativa japonesa de política exterior para la cooperación global». Global Affairs Journal, vol. 2, n.º 20 (2020), p. 28-35.Vidal López, Lluc; Pelegrín Solé, Àngels y Gonzalez-Pujol, Ivan. «Diversifying economic risks: Japan's economic hedging toward China». International Relations of the Asia-Pacific, vol. 24, n.º 2 (2024), p. 315-355.Zakaria, Fareed. «The Rise of Iliberal Democracy». Foreign Affairs, vol. 76, n.º 6 (1997), p. 22-46. Notas:1- Cualquier acción militar estadounidense desde sus bases en Japón requeriría consulta previa a Tokio.2- La autolimitación en el gasto en defensa de hasta el 1% del PIB fue una decisión del gabinete de la administración del primer ministro Takeo Miki en 1976 para evitar que Japón se convirtiera en una potencia militar, y mantener su perfil bajo en temas de seguridad.Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB o sus financiadoresISSN: 2013-4428DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2024/307/es

This study offers a comprehensive overview of the Norwegian involvement in the Venezuelan peace process as a facilitator of the peace talks between the Venezuelan government and the opposition. It explains what Norway does as a facilitator (the process), as well as how (approach) and why (characteristics of Norway as a suitable mediator, and possible interests), not only in terms of the characteristics making Norway a suitable facilitator, but also its interests and motivations. The main goal is to draw attention to the importance and the usefulness of soft power tools for the achievement of foreign policy objectives and, in particular, peace-making. The study concludes that, for Norway, mediation as foreign policy is, in general but also in the case of Venezuela, the result of a combination of idealist, value-oriented motivations (humanitarian reasons and international stability), and realist, non-altruistic interests (status and access) arising from its constructed national identity and role conception.

Documents CIDOB: 15Winner of the Global Talent Award, launched by CIDOB and Banco Sabadell Foundation in the framework of Programa Talent Global.ABSTRACTThis study offers a comprehensive overview of the Norwegian involvement in the Venezuelan peace process as a facilitator of the peace talks between the Venezuelan government and the opposition. It explains what Norway does as a facilitator (the process), as well as how (approach) and why (characteristics of Norway as a suitable mediator, and possible interests), not only in terms of the characteristics making Norway a suitable facilitator, but also its interests and motivations. The main goal is to draw attention to the importance and the usefulness of soft power tools for the achievement of foreign policy objectives and, in particular, peace-making. The study concludes that, for Norway, mediation as foreign policy is, in general but also in the case of Venezuela, the result of a combination of idealist, value-oriented motivations (humanitarian reasons and international stability), and realist, non-altruistic interests (status and access) arising from its constructed national identity and role conception. 1. INTRODUCTIONSince the early 2010s, Venezuela has been embroiled in a grave economic, political, and humanitarian crisis resulting in institutional disarray that reached critical point in 2017. It was in this year that the constitutional order was broken after Decision 156 of the Supreme Tribunal of Justice in Venezuela, whereby this organ attributed to itself the functions of the National Assembly, the country's legislative organ. Deemed unconstitutional by the political parties with a majority in the National Assembly, this move led to mass protests. The government reacted by calling for a new constitution to be drafted by a newly created Constituent National Assembly which, in August 2017, granted itself powers to pass legislation, thus overriding the National Assembly (Bronstein & Cobb, 2017). This was not recognised by the National Assembly but, in 2018, the Constituent National Assembly went ahead and blocked the participation of the main opposition parties in the presidential elections that year. These elections were rejected by a broad sector of the international community, among them the European Union (EU) and the Lima Group.1From 2017, Norway, with a population of just 5.5 million, has been exploring possibilities in Venezuela for political dialogue between the government of Nicolás Maduro and the opposition, first through the Norwegian Centre for Conflict Resolution (NOREF), an independent foundation that receives funding from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA), and later, after 2019, with direct state involvement. Norway has built an image as a peace broker with its success in processes like the Oslo Accords between Israel and the Palestine Liberation Organisation (PLO), and in the talks between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). But why did Norway decide to facilitate the peace talks in Venezuela? How does Norway approach peacebuilding in this conflict? This article aims to analyse the causes, process, approaches, and motivations for Norwegian mediation in Venezuela, in order to draw attention to the importance and the usefulness of soft power tools for the achievement of foreign policy objectives and, in particular, peace-making. I therefore explore the comprehensive role of Norway in the Venezuelan peace talks, the background, the process, and Norway's possible interests as a facilitator. I argue that,for Norway, mediation as foreign policy is, in general, but also in the case of Venezuela, the result of a combination of idealist, value-oriented motivations (humanitarian reasons and international stability), and realist, non-altruistic interests (status and access) arising from its constructed national identity and the way it perceives its role as a peace-making nation. As mentioned above, the Norwegian state became officially involved in the Venezuelan conflict in 2019. The domestic situation had come to a head on 23rd January when Juan Guaidó, leader of the opposition and president of the National Assembly, rejected the authority of Nicolás Maduro and declared himself acting president of Venezuela. However, the strategy failed when the military remained loyal to Maduro. Negotiation then became a last resort (NUPI 2020) and Norway began to facilitate negotiations between government and opposition, first in Oslo and then in Barbados, in 2019. These efforts led to further discussion between the parties through 2021 and 2022, in Mexico. In 2022, the war in Ukraine prompted changes in the positions regarding Venezuela of certain actors, notable among them the United States (U.S.) and the EU. As the Spanish Institute of Strategic Studies (Remacha, 2023) points out, U.S. concerns about energy security made it necessary to find a way of guaranteeing the international supply, and Venezuela was (and is) considered to be a strategic source. Contacts between the U.S. and Venezuela were made in 2022, and talks began about removing the sanctions imposed on the country. Given its economic situation, and the presidential elections due in 2024, Venezuela welcomed the rapprochement. If the sanctions were to be removed (at least partially), it was necessary to resume dialogue with the opposition, so in November 2022, negotiations recommenced in Mexico with Norway's mediation. Significant progress was made, and the release of previously frozen international funds was agreed upon (up to 3,000 million dollars earmarked mainly for public health, education, and food), as well as the lifting of some sanctions. Maduro's government is also aware that the 2024 elections should be held according to a model that respects democratic safeguards, with unrestricted participation by the opposition, so that results will be internationally recognised. Venezuela would then be able to resume relations with countries and regions like the U.S. and the EU, thus enabling international investment, particularly in the oil industry, and an improved economic situation (NUPI, 2020). Although the presidential crisis formally lasted until 5th January 2023 when Guaidó's acting presidency was abolished by the National Assembly, the political crisis with the opposition continues to the present day, in November 2023. 1.2. Research goals and objectivesThis study aims to explore the role of Norway as a facilitator in the Venezuelan peace talks, focusing on what it does (the process), how (approach), and why (characteristics of Norway as a suitable mediator, and possible interests). It seeks to demonstrate that, given Norway's national conception as a peacemaker, its strategy in Venezuela expresses a broad foreign policy endeavour that has humanitarian but also reputational and political motivations. More broadly, the importance of soft power tools for state actors to achieve their foreign policy objectives is discussed. Constructivism and Holsti's theory of National Role Conceptions (NRC) help to explain Norway's self-image as a peacemaker, while idealism and realism, together with Touval's "mediation as foreign policy" theory shed light on Norway's use of mediation as a foreign policy tool. Qualitative methods based on analysis of primary and secondary sources, complemented with semi-structured interviews with experts and officials of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, have been used. 1.3. Relevance and justificationNorway is a small country in terms of population but one with a notable ability to influence international affairs thanks to soft power. One of ways it exercises its influence is its internationally recognised image as a peacemaker, evidenced through its involvement in several peace processes. Indeed, since 1993, Norway has been engaged in 11 different peace processes (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2019) with some major successes but also others that were limited. The case of Norwegian facilitation of the Venezuelan peace talks is studied for two main reasons. First, is its relevance in terms of policy significance, as it is an ongoing process, which leads to questions about why Norway acts as a facilitator, and the possible interests it has in doing so, apart from the goal of peace itself. Second, is the practical reason of the author's knowledge of the three languages relevant for this research (English, Spanish, and Norwegian), which is a valuable asset in terms of good understanding of the information from primary and secondary sources written in the three languages. This is an advantage in the research, as it allows cross-checking of information, and offers a broader perspective on the topic. 2. NORWAY AS A PEACEBUILDING NATIONScholars offer several explanations of Norway's involvement in peace processes arising from international conflicts. The result of a pragmatic foreign policy, it combines idealist and realist elements in a seemingly contradictory policy which, in fact, accommodates different domestic interests and maintains inter-party foreign policy consensus (Riste, 2001; Ekengren, 2022).From a constructivist perspective, the notion of Norway as a nation for peace partly comes from its conception of its role as a small, rich, peaceful state, with a clear focus on human rights and humanitarian assistance (Leira et al., 2007). While it is true that the so-called value-oriented (idealist) diplomacy wasstrengthened, above all in the 1990s, with the increased involvement of Norway in several peace processes, its self-image as a peacebuilding nation has always been present (Leira, 2015). The Norwegian peace activist and later Foreign Affairs Minister, Halvdan Koht (1873-1965), argued in 1902 that, although the fact of its being a small state could limit its flexibility in foreign policy actions, Norway could and should secure its status by promoting peace and development. More than 80 years later, in 1989, Jan Egeland, who would become State Secretary in the Norwegian Ministry of Foreign Affairs from 1990 to 1997, argued that a small, rich country like Norway could be more effective in promoting human rights and peace than old colonial powers or superpowers with their historical baggage and policies based on self-interest and dominance (Sørbø, 2018).Moreover, the notion of status, which is closely linked with the concept of identity, has been prominent in Norway since the nation's beginnings. Leira (2015) describes the pursuit of status as a peace-making nation in the 19th and early 20th century as a way of achieving independence (through moral authority), a means of saving money (as the policy for peace was cheaper than power politics), and as sound realpolitik for a small state. He also refers to the words of Ole Jacob Broch in 1864 when he argued that, when small states need to "engage in the strife of other states", they should do it decisively because, "for them, honour and prestige are even more important than for the greater powers" (Broch cited in Leira 2015, p.22).The role performance of Norway, or itsbehaviour with, and approach to foreign policy actions is, according to Gulbrandsen (2022), influenced by the logic of appropriateness (March & Olsen, 1998), dictated by the image the state has of itself, and constituting a basis for adopting a role in any specific context. In Holsti's view (1970), the main explanation for the role performance of a state arises from policy makers' conceptions of the role of the nation in a system (National Role Conception), but adoption of a role is also influenced by what he calls role prescriptions, which come from the external environment. In this case, if the Norwegian government and the Norwegian people have an image of Norway as a nation for peace, and if the external image they project in other countries is also that of a nation for peace, the logic of appropriateness and the role prescription will dictate that Norway will have to behave as a nation for peace, and thus engage in peacebuilding policy.For Skånland (2010) the Norwegian involvement in peace processes is the result of a discursive construction, amplified by the media, above all after 1993. Media coverage of the Norwegian involvement in the Middle East peace process gave a very positive picture of Norway in general, an image that was strengthened thanks to the perceived successes in the peace processes of Sri Lanka, Guatemala, and Mali. All this crystallised into three main discursive constructions: (1) the decisive significance of the Norwegian contribution for the outcome of peace processes, (2) the importance of peace promotion as a foreign policy tool, and (3) Norway's distinctive approach for peace promotion.Other authors emphasise Norway's peace engagement efforts from a more realist perspective and, in particular, as a policy instrument in its own right (Touval, 2003). Some, like Matlary (2002) argue that mediation is used as an institutionalised strategy for dealing with some of the challenges of being a small state, as well as for promoting Norway's interests in the international arena, and having some influence in international relations. As Stokke (2014) notes, although it has a small population, Norway has a disproportionate importance in other areas (fishing, oil and gas, shipping etc.), thus implying interests beyond its borders as well as influence in other domains because of this prominence. According to Matlary (2002), some Norwegian interestsidentified from a realpolitik standpoint are security (addressed through NATO), economic interests vis-à-vis the EU, access to political decision-making power in the EU and, outside the West, considerable economic interests in oil prices and oil export. Matlary, who collected data through a series of anonymous interviews with diplomats and politicians, alludes to the effects of value-oriented diplomacy in matters of matters and concludes that, apart from a good image and profile, what value-oriented diplomacy provides is access to other arenas where one needs the best possible entry. Her interviewees referred, above all, to access to the leaders of the U.S. Department of State through the policy of peace engagement, especially in the Middle East and, to a much lesser extent, to leaders of EU states. However, she says, it was difficult to collect specific insights into the effects of such access, a perspective shared by Stokke (2010, p.166) who argues that "the extent and manner in which recognition is translated into international influence is complex and may vary from one policy field to another and between different arenas of international relations. This means that it is notoriously difficult to detect and measure the direct benefits from peace engagement". Finally, another interesting perspective is that provided by Neumann (2011). For him, the peace and reconciliation efforts of medium and small countries are a means to maintain a system with which they are reasonably satisfied, because they are not as well equipped as bigger powers to deal with other (more violent) types of conflict resolution methods, and he refers specifically to the institutionalisation of peace and reconciliation efforts by Norway.To conclude, Norway's peacebuilding policy may be understood as apparently idealist (value-oriented diplomacy) and based on a self-image as a nation for peace, which includes both idealist (moral responsibility) and realist (influence in the international arena and security) motivations. Until now, there have been no major conflicts between those two angles (Stokke, 2014), but in an increasingly polarised world, it is becoming more and more difficult for Norway to maintain a balanced policy in peacebuilding processes. 3. THEORETICAL FRAMEWORKThis study draws on the theory of constructivism to explain Norway's national role conception and considers the notions of idealism and realism to explain mediation as its foreign policy. A theoretical framework based on such apparently antagonistic ideas is, perhaps, not very common but, as Barkin (2003) puts it, a constructivist epistemology and a classical realist theory are, in fact, compatible and, moreover, this kind of framework can be useful in International Relations (IR) theory, as it can specify the relationship between the study of power in IR and the study of IR as social constructions. Indeed, constructivism and perceptions can—and are—often applied to fulfil or justify realist objectives and policies.For the purposes of this study, I consider that mediation as foreign policy is a result of idealist (value-oriented) and realist (power) motivations arising from a constructed national identity and role conception.3.1. Constructivism and national role conceptionFor Barnett (2018), constructivism as an international relations social theory is "concerned about how to conceptualise the relationship between agents and structures, but it is not a substantive theory" (p.88). The basic premise is that the world is socially constructed, which means that "social reality is a product of human consciousness. Consciousness is created and constituted through knowledge that shapes meaning and categories of understanding and action; such knowledge and meanings can be institutionalised in social life; and this institutionalisation, in turn, shapes the construction of social reality" (p.88). These categories shape not only external reality but also its actors, which is an indicator of the importance of the social construction of interests and identity. For example, Norway's identity may shape its national interests, and one of those interests might be security, but the concept of security and how it can be achieved may be linked to Norway's identity.National Role Conceptions, a concept first developed by Holsti (1970), is defined as "the policymakers' own definitions of the general kinds of decisions, commitments, rules, and actions suitable to their state, and of the functions, if any, their state should perform [...] in the international system" (p. 245-246). These are, as mentioned in section 2, the main explanation for the role performance of a state, understood by Holsti as the "general policy behaviour of governments" (p. 245). Role performance is also influenced by what he calls role prescriptions, which come from the external environment and have, as some of their sources, system-wide values, the structure of the international system, and the traditions, rules and expectations of states expressed through various legal instruments (p. 246).The notion of national role conception is related to that of politics of identity, which, in Aggestam's words (1999), is a set of ideas that policymakers use to create a sense of solidarity and cohesion and thus to legitimise general trust in a nation's foreign policy. She argues that speeches sometimes reveal subjective we-feelings of a cultural community related to territory, myths, rituals, institutions, and customs, and she refers to the "institutionalisation" of national identity, which makes identity constructions relatively resistant to change. Moreover, citing March & Olsen (1998), she indicates that certain practices and rules of behaviour that legitimise and explain specific identity constructions are reinforced by such institutionalisation.The starting point of the present study is, therefore, the idea that Norway's national role conception is that of a small, rich, peaceful, democratic state, whose official discourse in peace engagement, especially since the 1990s, emphasises its altruistic contribution as a "peaceful nation that has the values, competences and economic resources" for such an endeavour, but whose work is also "beneficial for Norway's own interests" (Stokke, 2014, p.8).3.2. Idealism, realism, and mediation as foreign policyThere is no generally accepted definition of idealism because there is no settled ontology of the term but, according to Wilson (2012), it generally refers to any goal, idea, or practice that is considered impractical from a state perspective, for example the prohibition and disarmament of nuclear weapons, or global eradication of poverty. In IR it is normally used in both the broad and narrow senses. Broadly speaking, idealism seeks to transcend anarchy to create a more harmonious world order while, in the narrow sense, it is a doctrine tied to the inter-war period (1919-1939) and seen as emphasising the growing interdependence of mankind. I shall focus on the first meaning, which refers to "an approach to international politics that seeks to advance certain ideals or moral goals, for example, making the world a more peaceful or just place" (Wilson, 2019).Realism is a substantive theory of IR that considers states to be the main actors in the international arena, and mainly concerned with the pursuit of their own national interests, security, and struggle for power. Realists view the international arena as a sphere without justice, and with active or potential conflict among its members. They show scepticism about the relevance of ethical norms (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017). This theory has a variety of ramifications but in this study I consider, first and foremost, classical realism because, although idealism is usually heavily criticised by realists, according to Barkin (2003), classical realism perceives the art of international politics as "the practical balancing of the demands of power on the one hand and morality on the other—a dialectic between power and morality [...]. Idealism, for the classical realist, is necessary to inform our actions and underlie our interests in the pursuit of international politics, but realism will always remain a necessary part of relations among states" (p.333). Also relevant is the perspective of neoclassical realism because, while classical realism focuses on the system-level factors, neoclassical realism considers domestic-level factors as variables that can shape foreign policy, which is highly pertinent if NRC theory is used to explain Norway's behaviour in the international arena. Neoclassical realism considers that "objective reality exists, but decision making is impaired by uncertainty and the complexity of the environment" (Rathbun, 2008, p.296).According to Touval (2003), mediation as foreign policy needs to be understood as a policy instrument, as distinct from mediation theory. He argues that it derives from the mediator's perception of the international system, its foreign policy objectives and strategies, and domestic needs. I would also argue that it stems from the mediator's own national role conception and self-perception. Touval (2003) considers that ending a conflict is no longer the main concern of the mediating state, but only a part of a broadly conceived foreign policy as the mediation is also shaped by affairs that are external to the conflict. He highlights three issues arising from a state's international and domestic concerns: (1) mediation is perceived by the public and the officials engaged in it as a moral obligation, which is seldom criticised; (2) foreign and domestic motivations, apart from being an incentive for states to engage in mediation, also shape their strategies and tactics of the mediation; (3) the mediation is evaluated not only in terms of settlement of a dispute, but also the primary goals motivating the mediation. Beriker (2017) offers an expanded perspective of Touval's work, arguing that once mediation is proven to be a viable foreign policy tool, engaging in mediation enables medium-sized powers to create a political space that otherwise would not be available. 4. METHODOLOGYThis study is both descriptive and explanatory, as it inquires more deeply into the events as well as exploring why and how Norway became involved in the Venezuela peace process from 2017 to May 2023. In a deductive approach, existing theories —NRC, mediation as foreign policy, idealism, and realism— are drawn on to explain Norway's behaviour in its peacebuilding policy. The epistemology used is empiricism, since the focus is explanation rather than interpretation, and the ontology is pragmatist because, while the world is understood as existing independently from social actors, the influence of these actors to shape social realities should also be taken into account, together with the fact that, in some cases, this may affect realities existing independently of them.The methods are qualitative, as information provided with quantitative methods would be too superficial for a study that seeks to determine the existence and the characteristics of Norway's engagement in the Venezuelan peace process. The analysis is primarily based on a range of online primary and secondary sources, including government reports, memorandums of understanding, recorded interviews, articles, and academic publications. I consulted these sources, first, for better understanding of the issues and to organise this material around the research question, as well as to identify possible gaps of knowledge. I then conducted semi-structured interviews, with an official from the Norwegian MFA (Ministry of Foreign Affairs) and a Norwegian academic, to fill some of the previously identified knowledge gaps, to record their perceptions, and to triangulate the documentary information thus gathered.The first interview, conducted by videoconference on 2 August 2023, was with Professor Benedicte Bull, from the University of Oslo and, inter alia, president of the Nordic Institute for Latin American Studies, whose research has been focused on Venezuela in recent years. The second was with David C. Jourdan, who coordinates the Norwegian MFA's facilitation team in the Venezuelan peace process. This interview was conducted in Oslo on 8 August 2023. Both Bull and Jourdan have given their consent to use their names in the present study. NOREF was also contacted but stated that it could not give interviews on the Venezuelan peace process. 5. ANALYSIS AND DISCUSSION5.1. Norwegian involvement in the Venezuelan peace processNo official documentary information about the specific manner Norway engaged in the Venezuela conflict during 2017 and 2018 has been found, apart from the mere fact stated in the NOREF website that it was engaged in talks on the conflict in those years. According to its strategic plan 2019-2023, NOREF is a "non-state actor that is able to complement formal Norwegian peacemaking efforts [... and] build directly on the Norwegian tradition of informal conflict resolution". This makes it possible "to support formal peace processes (track I), and informal back-channel conflict diplomacy (track 1.5 and 2)" (NOREF, 2019). This institution has a permanent staff of professionals, experts in conflict resolution, and is governed by a board whose director is appointed by the Norwegian MFA, and whose members come, in general, from different areas of the public sector. In the interview with David C. Jourdan of the Norwegian MFA (2023), he confirmed that NOREF's engagement consists of track 2 approaches. Moreover, he stressed that, although NOREF receives public funds and works closely with the Norwegian state, it is a separate, independent institution. Norway's involvement in the peace process after 2019, when it became public, is described in some detail below. 2019: the first official talksAccording to the Norwegian MFA (2023), Norway has been involved in Venezuela since 2018. However, it was only in May 2019 that talks between the Venezuelan parties, facilitated by Norway, first became public. In this early stage, the negotiations between the delegations of Nicolás Maduro and Juan Guaidó lasted until August 2019, and although significant progress was made, no agreements for solving the political conflict were reached. However, the Norwegian MFA (2023) stresses that these negotiations were a stepping-stone for further talks between the parties, which signed a collaboration agreement in June 2020, with the objective of using frozen funds in the U.S. for a joint response to the COVID-19 pandemic, with support from the Pan American Health Organisation. Several newspaper articles describing the negotiations during that year provide additional information that has been used in this study.In May 2019, Juan Guaidó sent a delegation to Oslo to participate in exploratory talks with representatives of Maduro's government to try to find a solution to the political crisis the country had faced since Guaidó declared himself acting president of Venezuela at the beginning of that year (NRK, 2019a), information that was confirmed by Jorge Valero, Venezuela's ambassador to the UN in Geneva, and the UN spokesperson in New York, Stephane Dujarric. The Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) reported the talks for the first time on 15 May but, according to an anonymous source, this was the second time that the parties had been in Oslo, and negotiations had previously been taking place in Cuba.Shortly afterwards, on the night between 16 and 17 May, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs issued a press release confirming that there had been contacts between key political actors in Venezuela as a part of an exploratory phase aiming to find a solution to the country's situation. The Maduro government representatives present at the talks were Héctor Rodríguez, governor of the province of Miranda, and Jorge Rodríguez, minister of Communication. The opposition representatives were Gerardo Blyde, member of parliament, and Fernando Martínez Mattola, who had been minister during the government of President Carlos Andrés Pérez.In the last week of May 2019, the Norwegian minister of Foreign Affairs confirmed that the parties would travel again to Oslo during the following week to continue with the process (NRK, 2019b). Almost at the same time, Juan Guaidó insisted that the meetings in Oslo were not part of a dialogue or negotiation, but a mediation in Norway (El Nacional, 2019). According to Voice of America/Voz de América (VOA) (2019a), Nicolás Maduro appeared a few days later on the Venezuelan public TV channel after the opposition declared that the conversations in Oslo that week had ended on 29 May without any agreement being reached. Maduro stated that conversations had been taking place in secret during the three previous months, that he was proud of his delegation, and that dialogue with the opposition had been constructive. Moreover, he insisted on his wish to find a peaceful solution for Venezuela. Indeed, VOA pointed out that Dag Nylander, a Norwegian diplomat who would become chief facilitator of the Venezuelan peace process, had been travelling to Caracas and meeting with the political actors involved in the crisis since January 2019.The peace talks resumed one month later in Barbados. On 11 July 2019, after three days of conversations, Norway announced that the negotiations would continue (Reuters, 2019). Yet, only a few weeks later, the Maduro government withdrew from the talks when the U.S. president, Donald Trump, announced his decision to block U.S. citizens from engaging in business in Venezuela and to freeze the country's assets in the U.S. According to the Venezuelan government, this had been instigated by Juan Guaidó, while the opposition accused the government of reneging on its commitment to dialogue. Norway's facilitator, Dag Nylander, took note that the planned meetings would not take place and emphasised Norway's role as a facilitator acting at the request of the parties and planning the meetings according to their availability. He added that the facilitation process would continue as long as the parties wished, and provided that there was a realistic position on a solution in the best interests of the Venezuelan people (VG, 2019).According to Bull (2023), Norway, as the facilitating country, was displeased when the talks went public in May, believing that this was premature and that it would complicate the peace process. She also stresses that the Trump administration had no clear strategy for ending the conflict and that, when the U.S. sanctions were announced, there had not been any proper coordination with Norway. She also notes that mentions of the U.S. seem to refer to a single homogeneous actor, when the reality is that there are many actors involved, among them the Pentagon and the Department of State, and these actors may work in different directions, sometimes disrupting a given policy. The Norwegian MFA (2023) confirms it was not aware of the U.S. sanctions that were announced in early August 2019. Both parties and facilitator were taken by surprise.2021: The signing of a Memorandum of Understanding and negotiation rounds in MexicoA year and a half later, in March 2021, new exploratory talks began after the Biden administration's position on Venezuela allowed the parties to negotiate a Memorandum of Understanding (MoU), which led to the launch of a new negotiation process, starting in August that year. On 5 August, the Mexican President, Manuel López Obrador confirmed that Mexico would host talks between the government of Venezuela and the opposition (Reuters, 2021) and, a few days later, the Norwegian government confirmed its involvement with a tweet (Ministry of Foreign Affairs, 2021a). The new negotiation process was launched in Mexico City on 13 August, with Dag Nylander as chief facilitator, Jorge Rodríguez representing the Venezuelan (Maduro's) government, and Gerardo Blyde representing the Unitary Platform (the opposition). A MoU —which I refer to in more detail in section 5.3— was released, defining the objective, agenda, method, and composition of the negotiation team. The Norwegian minister of Foreign Affairs, Ine Eriksen Søreide, declared in a press note that the parties were ready to negotiate constructively and that, in the process, they would consult members of civil society as well as political actors. She also noted that there was mutual agreement on the sensitive nature of the negotiations, which was necessary for giving the parties space to make progress (Norwegian MFA 2021b).A second round of negotiations took place at the beginning of September 2021. The parties released a joint statement reporting that two agreements had been reached, the first being to act jointly in the claim of Venezuelan sovereignty over Guyana Esequiba, and the second, a "partial agreement on the social protection of the Venezuelan people". The parties conveyed that the points to be addressed in the following round of negotiations would be "respect for the Constitutional Rule of Law", protection of the national economy, and measures for the social protection of the Venezuelan people.Between the second and the third rounds of negotiation, Erna Solberg, the Norwegian Prime Minister, spoke at the UN General Assembly on 21 September, referring to Venezuela as a country where human right violations were occurring. Her comment was criticised by Dag Nylander as it could, he said, damage the credibility of Norway's role. In a tweet on 25 September, the MFA reaffirmed its commitment as an impartial facilitator in the negotiations and declared that the statement in the UN should not be interpreted as being inconsistent with that (NRK, 2021). The Venezuelan government responded to this diplomatic hitch with a slight delay in proceedings when its representatives arrived one day late at the negotiation round scheduled in Mexico from 24 to 27 September, but which finally took place after 25 September (Euronews, 2021).After this third round of negotiations, the parties released a new joint statement, focused this time on the issue of inclusion and, specifically, on the need for a gender focus in the negotiations, identification of inclusive consultation mechanisms for political and social actors, and condemnation of xenophobic attacks on Venezuelan migrants that had recently occurred in Chile. According to an article by Diego Santander in the Spanish newspaper El Mundo (2021), this third round was so fraught with problems that no specific agreements were reached. Maduro's delegation insisted on its plans to include Alex Saab in the negotiation. Saab, a Venezuelan businessman, was accused of being Maduro's front man, and a key figure in the international economic and financial activities to circumvent the U.S. economic sanctions against his government. However, Saab had been arrested for money laundering in June 2020 in Cabo Verde and was extradited to the U.S. on the weekend of October 16.Negotiations, set for 17 October, were suspended on 16 October when the Maduro government decided not to participate in the next round of negotiations, because of Saab's extradition, which Jorge Rodríguez referred to as a "kidnapping" as it had been carried out "without a warrant and without due process" and accused the U.S. of trying to prevent the dialogue (Gilbert, 2021). The Norwegian government then tweeted that it was still convinced that the negotiations were the only solution for Venezuela, and that it would keep working to encourage the parties to continue (Norwegian MFA, 2021c). In Bull's opinion (2023), while the U.S. system may have its faults, the legal proceedings are independent from political powers so, on that occasion, there was little that U.S. politicians could do to stop the extradition.2022 — 2023: talks after the beginning of the war in UkraineIn March 2022, a new chapter of the dialogue began after the Russian invasion of Ukraine. A U.S. delegation formed by members of the Department of State visited Caracas to meet with the Venezuelan government and discuss an eventual isolation of Vladimir Putin. Some analysts also indicated that Venezuela was seen as a possible alternative oil supplier if the U.S. opted to restrict oil exports from Russia, which meant that removal of the sanctions on Venezuela could be considered (VOA, 2022a). Indeed, in May 2022, the U.S. announced that economic sanctions against Venezuela would be eased as a gesture in favour of reactivating the dialogues and also allowing the U.S. company Chevron to negotiate potential future activities with the state-owned oil and natural gas company PDVSA (Agobian, 2022). According to the Norwegian MFA (2023), these actions were a catalyst for the reactivation of the negotiations.Immediately after the announcement, Jorge Rodríguez and Gerardo Blyde met to discuss renewal of the talks (Ocando Alex, 2022a) but, by the end of May, according to Reuters, the Venezuelan government had demanded the withdrawal of Norway as a facilitator, and the presence of Russia (formally an accompanying country in the negotiations after 2021) as conditions for reactivating the negotiations. However, convinced that the Norwegians were their only guarantee for a successful process, the opposition disagreed (Oré, 2022). Bull (2023) specifies that the stance of the Venezuelan government might have been because it saw Norway as taking an excessively "pro-allies" position after the start of the war in Ukraine. She adds that Norway prefers to involve Russia and other big powers in the negotiations rather than excluding them, as they would provide legitimacy to the Mexico talks as the only acceptable platform for solving the Venezuelan political crisis. When interviewed, David C. Jourdan of the Norwegian MFA (2023), made it clear that Norway was never asked to relinquish its role as facilitator. Management of the process resides with the parties, which have remained committed to the MoU that names Norway as the facilitating country.On 21 and 22 June 2022, the Norwegian government held the Oslo Forum, an annual retreat focused on conflict mediation and peace processes. Around 100 conflict mediators, experts, peace process actors, and high-level decision makers from around the world gathered at Losby Gods Manor with the goal of sharing their experience on conflict resolution and peace diplomacy (Norwegian MFA, 2022). Among the peace process actors who attended the Oslo Forum were Jorge Rodríguez and Gerardo Blyde. A Norwegian source told VOA (2022b) that it was "probable" that the conversations would be initiated again, but "not immediately".On 14 September 2022, a group of 18 countries from the Americas and Europe agreed to call upon Maduro and the opposition to urge a resumption of the negotiations in Mexico (Ocando Alex, 2022b).Official negotiations began again on 26 November 2022. This time, a joint statement was issued indicating that the main agenda of the meeting would be social protection of the people. A partial agreement was reached, in which the measures agreed upon were: 1) creation of an organism to implement specific actions and programmes for the social protection of the Venezuelan people (Mesa Nacional de Atención Social, or MNAS); 2) creation of an organism auxiliary to the MNAS to evaluate its processes and the effects of implementation of the measurements adopted; 3) definition of the social areas which, requiring the most urgent attention, needed to be addressed through specific programmes, in particular the public health system, the national electrical system, development of the World Food Programme, educational infrastructure, and rebuilding of the infrastructure damaged as a consequence of the torrential rains in the latter half of 2022; 4) requesting from the UN support for the design and creation of a fund for social support of the Venezuelan people; 5) identification of frozen assets belonging to the Venezuelan state that might be progressively accessed and incorporated into this fund; 6) creation of a commission to assess and verify implementation of the agreement.After this meeting, the negotiations stalled again when the Venezuelan government accused the opposition of not complying with the agreement reached but, mainly and above all, because the frozen US$3,000 million that were to be incorporated into the Fund for the Social Protection of the Venezuelan People had not yet been released (August 2023). According to Maduro, this was a condition sine qua non for resuming the talks. The Colombian president, Gustavo Petro, organised a conference on 25 April 2023 in Bogotá, with representatives from numerous countries to discuss the Venezuelan situation. The shared positions of the Venezuelan government and the opposition were explained to the international community, in particular regarding the removal of sanctions, free elections, and reactivation of the peace talks. One of the shared positions for renewal of the talks was that of establishing the Fund for the Social Protection of the Venezuelan People (Ramírez Vargas & Alcalde, 2023). The message that came out of the Venezuela Conference of Bogotá was very clear: the UN trust fund for Venezuela should be set up as swiftly as possible. According to a Reuters report by Spetalnik, Sequera and Armas (2023), on 19 May the Biden administration notified the UN that the money could operate within the U.S. financial system, and that there would be no risk of creditors seizing it to repay the outstanding Venezuelan debt. Accordingly, the UN-administered fund could have been operative at the end of May 2023. However, the decision to establish the trust fund ultimately lies with the UN Secretariat in New York and some insiders allude to the complexity of the process involved and stress that establishing the fund depends on a number of factors. As of late August 2023, it had not been established by the UN. 5.2. Norway's distinctive approach to peace diplomacyIn an interview for the Centre of Humanitarian Dialogue, when asked about the distinctive approach of Norwegian diplomacy in international conflicts, Dag Nylander (2020) identified four main elements: (a) collaboration with Norwegian and international NGOs, (b) low-key diplomacy, (c) long-term commitment, and (d) the ability to make quick decisions.[5] In this section, these four elements will be briefly discussed.Norway's distinctive approach to its engagement in peace processes and with non-state actors was defined after the decentralisation of its foreign policy in the early 1990s. Humanitarian assistance and development policies called for closer cooperation between the Norwegian MFA and non-governmental actors and, according to Lehti (2014), this approach was extended to the area of peace-making. In the 1990s the Ministry responded positively to proposals and initiatives from various NGOs and well-connected individuals with regard to conflictive areas. The range of actors involved in peace-making was broadened, and Norway was then able to act beyond the bounds of government-centred diplomacy with a distinctive, more informal approach to peace diplomacy. Ann Kelleher and James Taulbe (2006) refer to this approach as "Track I½ Diplomacy", understanding Track I diplomacy as that with official representatives of governments and Track II diplomacy as that involving unofficial representatives and sectors of the civil society. An important feature of the collaboration between the state, NGOs and research institutions is that it is extensively funded by the state (Bandarage, 2011). Indeed, some Norwegian NGOs receive more than 90% of their funding from the state which, in Kelleher's view (2006), almost makes them quasi-governmental organisations.As for low-key diplomacy, Nylander (2020) affirms that activities pertaining to peace diplomacy rarely appear in the news, and that they are discreet and unnoticed, often with the involvement of low-level and mid-level diplomats, an approach that allows flexibility in seeking opportunities and in dealing with problems with relative freedom.Norway's long-term commitment to peace diplomacy is based on a broad political consensus for the promotion of peace and reconciliation. Hence, changes of government will not influence the country's engagement in any given conflict. According to the MFA (2000), the goal is not only ending violence but also support for economic, social, and political processes that lead to durable liberal peace in the country concerned.Finally, the ability of Norwegian diplomats to make quick decisions stems from the smallness of the country, not only in terms of population but also social distance. Dag Nylander (2020) mentions that the distance between a diplomat in the field and the ministry of Foreign Affairs is very short, and that it takes just a quick phone call or a text message, sometimes directly to the Minister, to obtain any clearance that may be needed. 5.3 Norwegian approach to facilitation the Venezuelan peace processNorway's approach to facilitation in Venezuela is consistent with its work in other peace processes. It began with secret talks between the parties (low-key diplomacy) and then, having advanced towards a more public and official format, it was formalised with the MoU signed in Mexico on 13 August 2021. In the MoU, the parties defined the agenda and methods for the talks. David Jourdan of the Norwegian MFA (2023) highlighted the importance of this Memorandum, which contains not only the agenda and format for the negotiations, but also a shared vision of the process and the country.As for the method, it is important to mention that it is based on a "nothing is agreed until everything is agreed" principle (comprehensive approach), although partial agreements can be reached if the parties consider that a subject has been sufficiently discussed and urgent action is required. This was the case with the two partial agreements on the Guyana Esequiba, and Social Protection of the Venezuelan people signed at the end of the talks in Mexico. This approach has its advantages, such as ensuring "big picture" negotiation, but it also comes with the risk the parties can renege anytime on anything they have agreed to. It was first used in other peace processes including Britain-Ireland in 1995, Palestine-Israel, and in Cyprus and Colombia. The Norwegian MFA (2023) emphasises that understanding the needs of the parties and ensuring that they are in charge of the process, has been key to making progress throughout the negotiations. The Venezuelan conflict is political in nature and requires political solutions, and the negotiation process provides a confidential space where the two parties have an opportunity to reconcile their interests. David Jourdan, sharing the MFA's approach to the political process, points out that Norway has probably been a more active facilitator in the Venezuelan negotiations than in other peace processes.An essential point of the MoU is participation, as it establishes mechanisms of consultation for political and social actors. The aim is for the process to be as inclusive and legitimate as possible. However, there is little information available as to whether this is actually the case and David Jourdan (2023) admits that it is not yet possible to speak of results in this area.Moreover, it should be noted that the Norwegian approach to facilitation, based on discretion and confidentiality, is one thing and how the parties actually behave is quite another matter. On more than one occasion, as can be seen in several documents and declarations, the Norwegian government has emphasised the need for the parties to be careful with their public declarations. In an interview with El País in February 2023, Anniken Huitfeldt, Norwegian Minister of Foreign Affairs, wryly acknowledges an anecdote sometimes repeated by high-profile Venezuelan politicians, according to which politicians will normally control themselves in public but, in private, tell someone else what they really think but, in Venezuela, the opposite occurs: what is said in private becomes amplified in front of a microphone (Lafuente 2023). Vicente Díaz, former director of the Venezuelan National Electoral Council, who participated in the talks held in the Dominican Republic, Oslo, and Barbados says that, since the process in Mexico was "very public" (as occurred in the Dominican Republic), it created difficulties for the parties, since national and international expectations were generated, which meant that more attention was given to audiences than to the talks (openDemocracy 2022). 5.4 Norwegian interests in VenezuelaIn this section and in keeping with the theoretical framework described above, I discuss four possible reasons for Norway's mediation in the Venezuelan conflict: (a) peace and stability (value-oriented diplomacy), (b) reputation, (c) political interests, and (d) economic interests.Value-oriented diplomacy focused on peace promotion makes sense for Norway, a country whose identity as a peaceful country and peace broker has existed at least since the late 19th century. Those values are so widely embedded that a broad political consensus exists among the population over a peace promotion policy, supported institutionally and by an extensive network of non-state actors coordinated by the state. Norway's constructed identity as a peace broker (especially intensified since the 1990s) means that the country acts as such. Moreover, promotion of such values makes even more sense when security has become globalised, and when a conflict in a faraway country can have humanitarian, political, economic, and ecological consequences in distant parts of the world. In this sense, value-oriented diplomacy may acquire realist motivations although, according to Bull (2023), this is discourse that appeared, above all from the 1980s, to justify Norway's involvement in peace processes. One of its proponents was the diplomat and former Labour Party politician, Jan Egeland.Ensuring peace and stability in Venezuela could, for example, (1) help to mitigate the external displacement crisis, which mainly affects neighbouring countries like Colombia and Ecuador as well as the U.S. and others in Europe, with all the humanitarian and economic consequences for those receiving refugees; (2) ensure Venezuela's participation, as a democratic state, in international organisations, thus promoting democratic values and human rights; (3) promote social and economic development in the country, which would create value for its nationals as well as attracting international investment and; (4) finally, through social and economic development, reduce the presence of paramilitary organisations in the country, including the Ejército de Liberación Nacional (ELN), which is involved in drug trafficking. During the interview with David Jourdan (2023), we shared these points and he replied that this may well be so, but that such possibilities could also arise as a consequence of a political settlement that includes the removal of the sanctions. He added that the main reasons for Norway's peace diplomacy are the goals of preventing and reducing human suffering, as well as contributing to peaceful societies and stability.Peace diplomacy does not give rapid results (when it actually gives results), but Norway sees it as a policy consistent with its values, and as one whose long-term effects are sufficiently relevant as to justify investment in it.When it comes to image and reputation, Norway's approach on peace has been used as a public diplomacy branding tool, together with the country's natural environment and gender equality, to solve one of the image problems of small countries: invisibility.Indeed, discretion and a low profile do not necessarily mean invisibility, and as long as the right aspects of Norway's peace diplomacy are emphasised in a public diplomacy strategy —for example its role as a facilitator, an engaged partner, and good multilateralist— the discretion that peace diplomacy requires would not be jeopardised (Leonard and Small, 2003). Success in mediation of the Venezuelan conflict would, of course, be positive for Norway's image as a peace broker, although this constructed image is also enhanced through pertinent media coverage mentioning the Norwegian involvement during the Venezuelan peace process. This can be explained by NRC theory since the Norwegian image is constructed not only through success in a certain process but also through the mediating process itself. To give one example, the Google search "peace talks Venezuela Norway" offers almost 4.85 million results, while the Spanish search with "mediación de paz Venezuela Noruega" offers 1.28 million results. Moreover, when Norway uses the word "facilitation"2 it transfers responsibility for the results to the parties, implying that it has the role of supporting and accompanying them, but it will not be responsible if the parties decide that they do not want to continue with the process. This safeguard for Norway's image as a peace broker applies to the Venezuelan case.Political influence has also been identified as one of Norway's possible interests. As Matlary (2003) notes, access to key international actors can result from Norway's engagement in peace processes, including in the case of Venezuela, especially in a context of international energy insecurity, and political tensions due to the high-profile conflict between Russia and Ukraine. In my interview with David Jourdain (2023), "close dialogue with key international stakeholders" together with increased political capital were mentioned as benefits that Norway could reap by engaging in Venezuela. He also pointed out that one of the key features of this conflict is the importance of the U.S. as an actor with the capacity to contribute to the outcome of the peace process.The U.S. is now particularly concerned to find new energy suppliers, and ensuring political stability in Venezuela could provide international legitimacy for oil and gas transactions with its government. Giovanna de Michele, internationalist lecturer at the Central University of Venezuela, told VOA that the best way to extract oil from Venezuela would be through U.S. companies, but the sanctions would have to be eased if this was to happen (Ramírez Vargas & Alcalde 2023). Norway offers an internationally recognised platform for making this possible: the talks in Mexico. It could therefore be a key actor in helping to resolve the political crisis in Venezuela while also supporting an ally, which would contribute to its status as a reliable partner of the U.S. However, as Matlary notes, it is difficult to quantify or define the scope of the access Norway gleans from its peace policy.Finally, with regard to economic interests, there are currently no Norwegian state-owned companies operating in Venezuela, although they can be represented through the investments of the Norwegian National Pension Fund3 in foreign companies that do operate in the country, for example, some Colombian companies, among them Bancolombia, Banco Popular, Banco Davivienda, and Cementos Argos. And, at the beginning of 2023, Ecopetrol, which is financed by Norfund, asked the U.S. for permission to negotiate with the state-owned company PDVSA to explore gas imports from Venezuela to Colombia (Quesada 2023). Among Norwegian investments in the U.S. are Chevron and Occidental Petroleum Corp, and the U.S. has recently given permission to Chevron to negotiate with the PDVSA and, at the end of 2022, a United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) court found that Venezuela was liable for discriminatory conduct in its payment of dividends from an oil and gas venture and ordered Venezuela to pay US$105 million to a Barbadian subsidiary of Occidental Petroleum Corp (Ballantyne 2022). If an improved political situation in Venezuela increases the revenues of these companies, it could also be positive for Norwegian investments.It should be added that, until 2021, Statoil (later Equinor), the national oil company of Norway, was present in Venezuela where it invested more than one billion dollars between 1995 and 2013 and participated in the Sincor heavy crude oil project with Total and PDVSA. However, due to concerns about the workforce and practical difficulties, Equinor pulled out of the project and transferred its 9.67% participation to CVP, a subsidiary of PDVSA, although it did keep its 51% stake in the exploration license of block 4 on Plataforma Deltana off Cocuina(Øye Gjerde, n.d.). Accordingly, Equinor participation in Venezuela is currently on hold but a greater presence in Venezuela of Norwegian companies, in particular from the oil and gas sector is possible if the country's situation improves.To sum up, although economic links between Norway and Venezuela do exist, they would seem to be limited and not sufficient to explain Norway's participation as a facilitator in the Venezuelan peace process. 6. CONCLUSIONSThe core question of this study is why and how does Norway facilitate the Venezuela peace talks? The results suggest that, for Norway as a facilitator of the Venezuelan peace process, the main goals of mediation-as-foreign-policy are humanitarian, security (better understood as promoting stability in the region), projection of its image as a peaceful nation and a peacemaker, and of its status vis-à-vis key international actors (especially the U.S.).All these goals can be explained through the Holsti's theory of National Role Conceptions (NRC) and Norway's own role prescription as a small, democratic, and peaceful nation, which means it would promote these values through altruistic (idealist) and non-altruistic (realist) actions and perspectives.Interestingly, economic factors do not seem to play a major role as a mediation-as-foreign-policy objective. The economic ties between Norway and Venezuela are presently not significant and, thanks to the diversification of the investment portfolio of the Norwegian National Pension Fund, Venezuela only represents a very small part of Norwegian economic interests.It is therefore relevant to consider the importance of constructivist aspects such as national values and self-conception in shaping the foreign policy of small countries, despite the apparent predominance of realpolitik aspects in an international context of increasing competition. These constructivist aspects offer key information for understanding and explaining the behaviour of small countries and should not be overlooked.Besides, it is worth reflecting on the definition of a mediation success in real, and in mediation-as-foreign policy terms. In the real sense, mediation is successful when it produces long-term reconciliation between the parties, in the eyes of a domestic audience while, for an audience external to the conflict, mediation may be successful simply when a peace agreement between the parties is signed. Meanwhile, for the mediating country or its allies, a mediation is deemed effective when foreign policy objectives are achieved. The approach used by Norwegian mediators in the Venezuelan process is similar to that of previous peace processes. It starts with the organisation of secret meetings and then advances towards a more public and official format. However, some distinctive traits of this peace process have been (1) a somewhat more active role of Norway as a facilitator when compared to other peace processes, (2) the weighty influence of the U.S. in causing setbacks or advances in the negotiations , and (3) premature publicity of this process, when the parties have been too eager to share their views with the press and the public, which may have been an obstacle for achieving progress. Despite these challenges, as of November 2023, Norway has continued to honour its long-term commitment to achieving a peaceful solution to the Venezuelan conflict.This study has created a first timeline of the Norwegian involvement in the Venezuelan peace process by means of consulting information in primary and secondary sources and, when relevant, adding further details obtained in interviews with two experts. This timeline provides an overview of the main milestones of the peace process while highlighting Norway's role as a facilitating country. Possible reasons for its engagement in the Venezuelan peace process have been identified. At a tactical level, the moral and security elements seem to be a high priority for people working in the field. These actors have considerable expertise in conflict resolution and perform their duties diligently. At a more strategic and state-centred level, besides the moral and security components, attention is given to building political capital by means of offering an attractive image to international stakeholders, especially close allies like the U.S. This is, therefore, an excellent example of the importance of peace diplomacy as a soft power tool for a middle-level country like Norway.The limits of the study arise from the nature of an ongoing mediation process. Since silence sometimes carries more weight than words and as discretion is necessary for the process to move forward, only limited information could be directly obtained from relevant actors in the peace talks. In terms of Norway's interests in certain areas, the limits of qualitative methods have not allowed quantification of the importance of each of these interests. The aim of the interviews was to obtain in-depth information that could confirm that such interests exist, and to provide distinctive details that might enrich knowledge of this peace process, rather than quantifying the results. Finally, now that Norway's possible interests as a facilitator have been identified, future research could be addressed at quantifying the weight of each of them in Norway's peacebuilding policy over the last two decades. 7. ReferencesAggestam, Lisbeth. "Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy". ARENA Center for European Studies Working Paper, vol. 99/8 (1999). 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"Idealism in international relations" in: Dowding, Keith (ed.) Encyclopedia of Power, Thousand Oaks: Sage Publications, p. 332-333.Notes:1- Originally consisting of 12 Latin American nations and formally created on 8 August 2017, the Lima Group is a multilateral body whose goal is to explore mechanisms for a peaceful solution to the political crisis in Venezuela and restoration of a democratic order (Government of Colombia 2017).2- In this study, I use the terms "mediation" and "facilitation" interchangeably. However, mediation normally involves a formal mandate from the parties of a conflict, covering involvement in both the substance and process of the negotiation, while a facilitator is less directive (Greminger 2007).3- The Norwegian National Pension Fund, the world's largest sovereign fund, has investments in over 9,000 companies in 70 countries (Oljefondet n.d.).Key words: Venezuela, Norway, national role conception, mediation, peacebuilding, foreign policy, conflict resolution