Open Access#12021
[Carta al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la crisis constitucional y política que atraviesa El Salvador]
Acción Ciudadana, AC; Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP; Centro de Estudios Jurídicos, CEJ; CRISTOSAL, Promoviendo Derechos Humanos en Centroamérica; Fundación para el Debido Proceso, DPLF; Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD; Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN
Acción Ciudadana, AC; Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP; Centro de Estudios Jurídicos, CEJ; CRISTOSAL, Promoviendo Derechos Humanos en Centroamérica; Fundación para el Debido Proceso, DPLF; Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD; Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN; Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, FUDECSO; Fundación Nacional para el Desarrollo, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional; Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES; Asociación por un Futuro Abierto, FUTURO ABIERTO; Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI; Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, IIDC, Sección El Salvador; Mentes Jóvenes, El Salvador; Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador, MODES; Ni una menos, El Salvador; Red Ambientalista Comunitarios de El Salvador, RACDES; Salvadoreñxs Construyendo Memoria, -; Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos, TRACODA; Tutela Legal, María Julia Hernández; Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA; Youth into Action, #MakingTheDifference. y una más
Las organizaciones de sociedad civil nacionales, regionales e internacionales firmantes de la presente carta, dirigida al Secretario General de la OEA, muestran su preocupación por la crisis constitucional y política que atraviesa El Salvador; consideran que mientras las personas ilegalmente designadas el 1 de mayo como magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General de la República ocupen ilegítimamente esos cargos, permanecerá la violación al orden constitucional y al principio de separación de poderes. Dada la gravedad de lo que ocurre en el país, las organizaciones le presentan acá dos solicitudes.