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El ideario de la separación de poderes y el equilibrio entre los mismos ha sido una constante en los textos constitucionales de todo Estado. La determinación de la finalidad y competencias de cada uno de los tres poderes clásicos ha sido la tarea del constituyente, siendo el Poder legislativo quien, en esencia asume la tarea legislativa del Estado. Dicha potestad con el pasar de los años, los cambios constitucionales y el rediseño de Estado ha conllevado a que la tarea legislativa recaiga en forma conjunta entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, siendo este último quien en la actualidad emite mayor normatividad por encima del Parlamento. En la presente investigación, se analizará y desarrollará la competencia del Poder Ejecutivo de emitir, decretos de urgencia, decretos legislativos y suscribir tratados ejecutivos internacionales, como también los mecanismos de control parlamentario para desarrollar control político sobre los mismos, de esta forma, equilibrar la facultad legislativa otorgada al Poder Ejecutivo. En el desarrollo de la investigación el lector, podrá advertirse la eficacia y eficiencia del proceso de control político desarrollado por el Parlamento sobre los actos legislativos emitidos por el Jefe de Estado, potestades que si bien en algunos casos tiene como antecedente la Constitución de 1993, en los más veintiocho años de vida que tiene el texto constitucional, no ha merecido un análisis de fondo en razón a determinar su efectividad y si realmente existe el ansiado control inter institucional. La necesidad de control de los decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados ejecutivos internacionales por parte del Parlamento, conlleva un proceso interno que en muchos de los casos es obstruido por los mismos grupos parlamentarios, ello, dada su cercanía al partido de gobierno o por la dejadez en el control de dichas normas, siendo más efectivo, en algunos casos el control constitucional al político, dado los sujetos legitimados para interponer los procesos constitucionales. La presente investigación desarrolla propuestas de modificación constitucional y del Reglamento del Congreso, ello, a efecto de mejorar el control político sobre los mismos, medidas que de ser aplicadas resguardarían la naturaleza de las normas emitidas por el Presidente de la República.