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Dados los cuestionamientos por la implementación del voto electrónico en el Ecuador, se presenta una técnica de auditoría forense a resultados electorales basada en la Ley de Benford, empleada para detectar fraudes contables o fiscales, y últimamente, anomalías electorales. De esta manera se propone responder a aquellas controversias sobre la legitimidad de votos contabilizados; contribuyendo con un proceso de control ciudadano, que refuerce nuestro sistema democrático. Se emplea para el estudio, la información oficial de votos a nivel de junta receptora, en las provincias que aplicó esta modalidad de sufragio y se contrata la técnica con otras provincias del país con condiciones geográficas, electorales y poblacionales similares, y del proceso electoral del 2009. Se escoge la dignidad de Prefecto como caso muestra de análisis. Newcomb (1881) dedujo que los dígitos iniciales de los números en la naturaleza, no son igualmente probables sino se distribuyen bajo una distribución logarítmica. Benford (1938) lo postula como la Ley de números anómalos. Hill en 1995 presentó una demostración teórica formal de esta Ley, desarrolló su formulación. Bajo ésta, los números presentes en la naturaleza, no siguen una distribución uniforme como en números inventados, simulados e incluidos o generados con ordenadores. Para probar estas cifras (votos), se analiza la distribución observada en sus primeros números contra la teórica de Benford que debería tender, bajo el supuesto que los datos reales siguen esta ley y los fabricados no. Se analizaron los 1ros y 2dos dígitos significativos en los votos. Se emplea como prueba incondicional de bondad de ajuste, la Ji-cuadrado sugerida por M.J. Nigrini. Los resultados por candidatos (con menor y mayor votación) y tipo de elección, verifican la Ley en la mayoría de casos; sin embargo, se detectaron importantes diferencias que revelan anomalías en ciertos resultados electorales, sin que puedan ser descartadas.