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La violencia terrorista que desde hace cinco décadas viene sufriendo España supone una de las mayores lacras sociales, ya que al dolor que origina en las víctimas hay que sumar la conmoción ciudadana que provoca, al implicar un ataque directo a los valores esenciales consagrados en la Constitución española. Por ello, desde el inicio del período democrático, en España se articuló un sistema de ayudas públicas a las víctimas del terrorismo que ha ido ampliándose progresivamente hacia un modelo de atención integral que busca no solo el resarcimiento económico sino también el reconocimiento moral. El presente trabajo analiza el alcance y contenido del conjunto de acciones y medidas contempladas por la legislación española para alcanzar la reparación integral de las víctimas del terrorismo, en el marco de la regulación constitucional e internacional de la que trae su causa.

Dentro del marco fijado por la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas pueden normar por ley ordinaria dentro de sus respectivas competencias el régimen jurídico de las asociaciones de consumidores. Así ha hecho el Estado con la Ley 44/2006, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que estableció el régimen jurídico básico de aplicación a todas las asociaciones de consumidores. También todas las Comunidades Autónomas, ejerciendo sus competencias, han dictado leyes estableciendo la regulación específica de las asociaciones de consumidores de ámbito autonómico. El objeto de este trabajo es analizar la regulación específica que han establecido las distintas Comunidades Autónomas respecto de las asociaciones de consumidores de ámbito autonómico, estudiar su adecuación a la legislación básica del Estado y plantear las reformas legislativas a acometer para que estas organizaciones puedan cumplir con su finalidad constitucional.

Within the organic framework of the Organic Law 1/2002, which regulates the right of association, both the State and the self-governing communities may rule by means of statutory law and within their competences, their legal system. An example of this is the Improvement of Consumer and User Protection Act (44/2006), which established a basic legal basis applicable to all consumers' associations, according to the powers vested the Spanish Constitution. Also the self-governing communities, in exercise of his competences for the protection of the consumer, have dictated laws that regulate the specific system of these associations when they have an area of regional action. The main aim of the present paper is to study this specific system established by the self-governing communities, his adequacy to the basic legislation of the State and determinate the legal reforms to realize in order that they could expire with his constitutional purpose. ; Dentro del marco fijado por la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas pueden normar por ley ordinaria dentro de sus respectivas competencias el régimen jurídico de las asociaciones de consumidores. Así ha hecho el Estado con la Ley 44/2006, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que estableció el régimen jurídico básico de aplicación a todas las asociaciones de consumidores. También todas las Comunidades Autónomas, ejerciendo sus competencias, han dictado leyes estableciendo la regulación específica de las asociaciones de consumidores de ámbito autonómico. El objeto de este trabajo es analizar la regulación específica que han establecido las distintas Comunidades Autónomas respecto de las asociaciones de consumidores de ámbito autonómico, estudiar su adecuación a la legislación básica del Estado y plantear las reformas legislativas a acometer para que estas organizaciones puedan cumplir con su finalidad constitucional.