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Recensión al libro de Lucía Alarcón Sotomayor, Los derechos fundamentales de las personas jurídico-privadas frente a la Administración, Thomson-Aranzadi, 2023, 200 pp., prólogo de José María Baño León. Esta obra analiza si las personas jurídicas de naturaleza privada pueden ser titulares, y en qué medida, de los derechos fundamentales consagrados en la CE frente a las Administraciones públicas. Para ello, estudia la jurisprudencia que ha elaborado nuestro TC y, a partir de ahí, determina las consecuencias de esa atribución. Dos son las aportaciones más originales y arriesgadas. Por un lado, la exigencia de distinguir entre las diferentes clases de personas jurídicas lo que lleva a la autora a negar la titularidad de estos derechos a las sociedades anónimas abiertas, especialmente, a las cotizadas, que son entidades deshumanizadas. La otra gran aportación es el estudio y conclusión de que la triple vertiente de la concepción objetiva de los derechos fundamentales, como valores objetivos, deberes de protección y garantías institucionales, tiene una clara propensión a expandirlos como normas objetivas, también y especialmente, en favor de las personas jurídico-privadas.

Se sintetiza la jurisprudencia sobre la invalidez de los planes y se ponen de relieve sus consecuencias desproporcionadamente perjudiciales y la debilidad de sus fundamentos. En ese contexto se señalan las aportaciones del artículo 7 de la nueva ley andaluza y se expone que, aunque obligadamente modestas, están en la dirección correcta. Asimismo se hacen reflexiones más generales sobre la necesaria reconsideración del régimen de la nulidad en el Derecho Administrativo español.

En Derecho Administrativo sancionador se parte de reglas claras sobre la retroactividad o irretroactividad de sus normas. Pero su aplicación suscita dudas. Para solventarlas, se ha analizado separadamente la regla de la prohibición de la retroactividad desfavorable y la de la obligada retroactividad favorable. Las soluciones que se ofrecen respecto a la primera, cuyos fundamentos son sólidos, tienden a su radical entendimiento; pero se excluye de su ámbito las normas procedimentales y las relativas a la ejecución de las sanciones. Además, se aborda la cuestión del momento en que han de entenderse cometidas las infracciones. Muy distinto es el enfoque que merece la regla de la obligada retroactividad favorable, de fundamento positivo y material más endeble. Con ese punto de vista, se trata de restringir su ámbito de aplicación para no llevarla más allá de los casos en que el legislador ha cambiado su valoración negativa de la conducta. Asimismo, se analiza hasta qué momento cabe esta aplicación retroactiva. Y para ambas reglas se exponen las consecuencias de su violación y las vías de reacción.

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa introdujo como causa de nulidad la contradicción de sentencias para permitir que fuese declarada en ejecución de sentencia. No obstante, esa causa de nulidad, cuyo alcance no es del todo claro, puede declararse por otras vías. Aquí se exponen las circunstancias y los requisitos para que pueda ser declarada. También los cauces procedimentales en que puede ser alegada con éxito, cauces que no son sólo los de la ejecución de sentencias. Todo ello se aborda para que esta causa de nulidad sirva de refuerzo al derecho a la tutela judicial efectiva pero al mismo tiempo tratando de evitar excesos que lleven a la ejecución lo que no es propio de ella.

This paper analyses the principle of non-retroactivity and its application in the field of administrative sanctions, where there are clear rules about the retroactivity and the non-retroactivity of sanctioning norms but also doubts about its application. To solve them, the principle of non-retroactivity of unfavourable rules is studied as well as the rule of obligatory favourable retroactivity. Regarding the first principle, its validity seems peaceful, although its application is excluded with respect to procedural norms and those related to the execution of sanctions. Also, it is analysed the moment when the infractions must be understood to have been committed. The rule of favourable retroactivity is studied in a very different way. It is intended to restrict its scope of application to implement this rule only in cases in which the legislator has changed his negative assessment of the conduct. It also analyses up to what point this rule can be applied. Finally, this work exposes the consequences of the violation of both rules, as well as the possible ways of reaction. ; En Derecho Administrativo sancionador se parte de reglas claras sobre la retroactividad o irretroactividad de sus normas. Pero su aplicación suscita dudas. Para solventarlas, se ha analizado separadamente la regla de la prohibición de la retroactividad desfavorable y la de la obligada retroactividad favorable. Las soluciones que se ofrecen respecto a la primera, cuyos fundamentos son sólidos, tienden a su radical entendimiento; pero se excluye de su ámbito las normas procedimentales y las relativas a la ejecución de las sanciones. Además, se aborda la cuestión del momento en que han de entenderse cometidas las infracciones. Muy distinto es el enfoque que merece la regla de la obligada retroactividad favorable, de fundamento positivo y material más endeble. Con ese punto de vista, se trata de restringir su ámbito de aplicación para no llevarla más allá de los casos en que el legislador ha cambiado su valoración negativa de la conducta. Asimismo, se analiza hasta qué momento cabe esta aplicación retroactiva. Y para ambas reglas se exponen las consecuencias de su violación y las vías de reacción.

La autonomía local es compatible con potestades de control otorgadas por las leyes a las Administraciones estatal y autonómicas. Pero ello, dentro de ciertos límites que se derivan de la misma consagración de la autonomía. Se exponen las líneas maestras de esos límites y cómo han ido evolucionando en los últimos años hasta llegar a la situación actual que parece a la búsqueda de un nuevo equilibrio. En concreto, se estudia la solución que a este respecto ofreció la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Con ese marco, se analizan los rasgos esenciales de las principales técnicas que canalizan ese control y los problemas que plantean. En especial, la anulación y suspensión de los actos locales; la subrogación; y las autorizaciones y aprobaciones. También otras fórmulas alternativas y complementarias. Finalmente, se ensaya una reconstrucción general de la tutela sobre la base de la Carta Europea de la Autonomía Local.

Local autonomy is compatible with the existence upon it of control powers of the State and the regional administrations conferred by the law. But only within certain limits derived from the legal recognition of the local autonomy itself. This paper exposes those limits and how they have evolved in recent years seeking a new balance. Specifically, it analyses the standpoint provided by the Law establishing the Basic Regulation of Local Government. Within this framework, it examines the main control techniques and the problems that they pose, focusing on the annulment and suspension of the local administrative acts, the subrogation and the authorizations and approvals. Along with those main control techniques, others alternatives and complementary techniques are analyzed as well. Finally, a general rebuilding of the concept of tutelage is proposed on the basis of European Document of Local Self-Government. ; La autonomía local es compatible con potestades de control otorgadas por las leyes a las Administraciones estatal y autonómicas. Pero ello, dentro de ciertos límites que se derivan de la misma consagración de la autonomía. Se exponen las líneas maestras de esos límites y cómo han ido evolucionando en los últimos años hasta llegar a la situación actual que parece a la búsqueda de un nuevo equilibrio. En concreto, se estudia la solución que a este respecto ofreció la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Con ese marco, se analizan los rasgos esenciales de las principales técnicas que canalizan ese control y los problemas que plantean. En especial, la anulación y suspensión de los actos locales; la subrogación; y las autorizaciones y aprobaciones. También otras fórmulas alternativas y complementarias. Finalmente, se ensaya una reconstrucción general de la tutela sobre la base de la Carta Europea de la Autonomía Local.

La jurisdicción penal está ampliamente abierta al control de la Administración. No sólo impone penas a las autoridades o funcionarios, sino que además declara la responsabilidad civil de la Administración y hasta anula sus actos. Todo ello con extensa legitimación para ejercer la acción penal, sin filtros ni posible colaboración de la jurisdicción contencioso-administrativa. El sistema resultante tiene aspectos positivos, pero también riesgos elevados que deben moderarse.

Zigor-arloko jurisdikzioa zabal irekita dago Administrazioa kontrolatzeko. Agintari nahiz funtzionarioei zigorrak jarri ez ezik, Administrazioaren erantzukizun zibila deklaratzen du, eta haren egintzak deuseztatu ere egiten ditu. Hori guztia, akzio penala egikaritzeko legitimazio zabalarekin, iragazkirik gabe, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren lankidetzarako aukerarik gabe. Ondorioztatzen den sistemak alderdi onak ditu, baina arrisku handiak ere bai, eta moderatu edo neurriratu behar dira.

Criminal jurisdiction is widely open to the control to Public Administration. Not only does it impose penalties on the authorities or officials, it also declares the civil liability of the Administration, and even annuls its acts. Moreover, there is an extensive legal standing to bring a criminal action, without filters or possible collaboration with the administrative jurisdiction. The resulting system has positive aspects, but also high risks that should be mildered.

Se analiza qué licencias urbanísticas pueden o deben sustituirse por comunicaciones o declaraciones responsables, en qué casos lo permite o hasta impone la legislación estatal y en qué medida lo han hecho ya las leyes autonómicas. También qué alcance deben tener estas cargas alternativas de modo que entrañen una auténtica simplificación y no se arruinen las ventajas de la opción por estos controles más livianos.

This paper analyses which urban licenses can or must be replaced by communications or responsible statements, in which cases it is allowed or even imposed by the state legislation and to what extent the regional laws have already done it. Also, it is analysed what scope these alternative charges should have so that they involve a real simplification and do not ruin the advantages of the option for these lighter controls. ; Se analiza qué licencias urbanísticas pueden o deben sustituirse por comunicaciones o declaraciones responsables, en qué casos lo permite o hasta impone la legislación estatal y en qué medida lo han hecho ya las leyes autonómicas. También qué alcance deben tener estas cargas alternativas de modo que entrañen una auténtica simplificación y no se arruinen las ventajas de la opción por estos controles más livianos.

Una combinación de lo poco que dice el legislador y de lo mucho que dice la jurisprudencia está determinando las causas y los efectos de la anulación de los reglamentos. También de los planes de urbanismo. Esa jurisprudencia es sólida y coherente. Pero quizá demasiado apegada a dogmas clásicos sobre la nulidad y excesivamente drástica. Los efectos que prevé para las sentencias anulatorias de los reglamentos es lo que aquí se expone. Sobre todo, sus consecuencias en cuanto a la cesación de efectos del reglamento anulado y a la destrucción de los ya producidos durante su aparente vigencia.

Tradicionalmente ha habido dos ramas de la Administración que se ocupaban de la salud de los animales: una lo hacía para proteger la salud humana; otra lo hacía para proteger la ganadería como sector económico. Toda la legislación y toda la organización pública estaban articuladas sobre esa distinción; también lo estaba la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Pero esa división, que siempre fue relativa, resulta hoy por completo artificiosa. Por eso últimamente se tiende a configurar un régimen jurídico unitario de toda la sanidad animal. En este artículo se pone de relieve la progresiva aproximación de esos dos géneros de actuación administrativa y sus principios comunes.

El principio de prevalencia del Derecho estatal sobre el Derecho autonómico ha sido mínimamente utilizado por el Tribunal Constitucional que ha desperdiciado todas sus posibilidades. Ello ha tenido lamentables consecuencias. Las peores se han manifestado en la jurisprudencia constitucional reciente, de la que es acabado ejemplo la STC 66/2011, que merma gravemente la capacidad del legislador estatal para imponer efectivamente reformas. Frente a ello, aquí se destaca la necesidad, fundamento e importancia del principio de prevalencia. Se sostiene que urge restablecerlo en toda su dimensión y operatividad. Asimismo, se precisa su función, alcance y efectos según la clase de conflictos que se presenten.

Presentación del número 2 de <em>Documentación Administrativa</em>