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The rights of indigenous communities have been the subject of research from different angles of knowledge, covering historical, social, political and normative aspects, addressed from theoretical approaches. However, this topic is often not investigated as a primary object, but as a secondary variable in relation to other factors such as education, production, health and economy, which has limited its role as "fundamental rights of indigenous peoples". For this reason, the objective of this article is to provide a comprehensive overview of the research available in the Scopus and Web of Science databases between 2017 and 2022 and to critically analyze the evidence that demonstrates how the regulatory framework and the promotion of greater active participation of Indigenous Communities can contribute to the effective protection of their rights and resources in situations of natural resource exploitation and industrial projects. As a result of the analysis, it became evident that the main topics investigated are those that deepen the normative nature of indigenous communities, as well as the importance of dialogue and their participation in decision making. Likewise, proposals and contributions related to these topics were identified with a high frequency.

El Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático (Stern Review on the Economics of Climate Change) es un documento redactado por el economista Sir Nicholas Stern, antiguo miembro del Banco Mundial por encargo del Tesoro Británico, sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial al afirmar que se necesita de una inversión equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático; caso contrario, el universo estaría expuesto a una recesión que podría alcanzar al 20 % del PIB. Se trata de un informe político riguroso que logró conseguir la atención de la opinión pública sobre las implicancias y consecuencias del cambio climático, dejándonos conclusiones claras y contundentes sobre una pronta actuación. Su discusión trata sobre cómo mitigar el cambio climático y si estamos preparados para este proceso desde el enfoque económico. El informe presenta un análisis sobre la economía del cambio climático, utilizando resultados de estudios científicos publicados y evaluados. Se encuentra estructurado en 6 partes que contienen 27 capítulos. La parte VI International Collective Action, que abarca desde el capítulo 21 al 27, trata, entre otros temas, de la coordinación de la acción colectiva internacional frente al cambio climático, que supone la existencia de un planificador central preocupado por el bienestar mundial y de la conveniencia de frenar la deforestación. Las consideraciones de este artículo se basan en la Acción Internacional Cooperativa, desarrollada en el Capítulo VI del Informe Stern, orientada a la implementación de las acciones necesarias para atenuar los efectos del cambio climático. Las acciones para afrontar los efectos adversos del cambio climático consisten en una amplia gama de actividades de distintos niveles y dimensiones para las cuales se requiere de un único marco de referencia internacional para reducir de manera efectiva la emisión de gases de efecto invernadero. Es así que los acuerdos internacionales para el cambio climático son la base fundamental para la cooperación; no obstante, existen retos inherentes en este aspecto debido a la naturaleza de la problemática, como son la provisión de un bien público como el clima y la atmósfera, el costo de la implementación de las acciones para el cambio climático, la transición de la economía global del carbono hacia una economía global limpia y la difusión pública de la importancia de participar en este proceso. La inversión, investigación e implementación de tecnologías para afrontar el cambio climático requieren de una planificación estratégica gubernamental adecuada que incluya reglas del juego firmes y que promuevan la adopción privada de acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.

El artículo pretende hacer una aproximación a la responsabilidad social empresarial desde el enfoqueempresas mineras versus el entorno que las rodea, como eje estratégico para alcanzar una línea de negociosocial y ambientalmente sostenible. El objetivo de la investigación fue determinar las prácticasde responsabilidad social empresarial gestionadas por la actividad minera formal, analizándolas desdesu dimensión ambiental y económica a fin de identificar qué criterios o acciones de responsabilidadsocial faltan fortalecer y si se evidencian fallas o desviaciones en el cumplimiento de normas y políticaspor parte de los titulares mineros en relación con el cuidado del medio ambiente y el desarrolloeconómico local. Se analizan los alcances de la (i) responsabilidad social y de (ii) la industria minera,para comprender necesidades y requerimientos de las comunidades y poblaciones en esta relación.Se recomienda involucrar a las empresas mineras y a la comunidad en alianzas estratégicas con unavisión de desarrollo sostenido, donde ambos ganen, considerando que este vínculo debe generar valor,más allá de la vida misma de la operación minera. Bajo este orden de ideas, es necesario conocerla trayectoria y perspectiva de las comunidades, sus ejes económicos, su convivencia con la actividadminera, sus estrategias sociales para conseguir el desarrollo local en base a sus actividades económicas,considerando la ecuación: minería - economía - entorno social - medio ambiente.

El Perú es un país que goza de una larga tradición minera en América Latina y el mundo. Se le conoce por ser el segundo productor de cobre, plata y zinc a nivel mundial. En América Latina, ocupa el primer lugar en la producción de oro, zinc y plomo. Posee las mayores reservas de plata del mundo y se ubica en tercer lugar en reservas de cobre a nivel mundial, mientras que en Latinoamérica lidera el ranking en reservas de plomo, zinc y molibdeno. Ello refleja el enormepotencial mineralógico que alberga. Es un país bendecido con la existencia de estos recursos naturales y la potestad de su aprovechamiento recae en el Estado, pues fija las condiciones para su aprovechamiento, el mismo que tiene que ser sostenible, y la generación de riquezas proveniente de ese aprovechamiento debe ser repartido de una manera justa y equilibrada a toda la Nación. Sin embargo, nuestro modelo de distribución del canon minero previsto constitucionalmente en el artículo 77, con el reconocimiento del derecho que le asiste a los Gobiernos locales y regionales para recibir una porción de lo recaudado en beneficio de su comunidad, calculado sobre la base de la totalidad de ingresos y rentas provenientes de la explotación de recursos naturales desus circunscripciones, presenta serias deficiencias, advirtiéndose desigualdad social, corrupción y conflictos sociales. El Congreso de la República aprobó en 2018 la utilización de los recursos del canon para el financiamiento de proyectos de vivienda social; sin embargo, consideramos que si bien es cierto representa avance en la utilización del canon, existen problemas graves que requierende otras medidas; por ejemplo, vemos un pueblo rico conviviendo al costado de otro pobre en cuyas áreas se realiza actividad minera, visualizando una inequidad en la distribución y utilización del canon minero. ¿Qué hacer? Contestando la interrogante, planteamos la implementación depolíticas para la repartición y manejo del canon minero mediante cinco recomendaciones que presentamos al final de este artículo, para su utilización eficiente. No proponemos el ejercicio irrestricto de las prácticas fiscales sino mejoras en su reasignación, división y utilización con la finalidad de mermar la inequidad y desigualdad de los pueblos.