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Este artículo analiza el trabajo de dos agencias gubernamentales mexicanas con migrantes oaxaqueños y de otros estados del sur de México a la península de Baja California, localizada en la frontera entre México y Estados Unidos, durante la segunda mitad de los 1990s. Sostengo que las agencias gubernamentales promovieron que los migrantes se identifiquen como indígenas y que refuercen lo que oficialmente se entiende por su organización social tradicional. El Instituto Nacional Indigenista y la Dirección General de Educación Indígena llegaron a redefinir y expandir la categoría de indígena para mantener la frontera étnica en una situación de migración y cambio cultural. El trabajo que los funcionarios indigenistas realizaron en los años noventa tuvo efectos complejos en Baja California: Por un lado, los migrantes reconocieron estar al tanto de sus derechos y sentirse orgullosos de su identidad étnica gracias al trabajo institucional. Por otro lado, el tipo de identidad promovido por las agencias estatales mexicanas no reconoció necesariamente su historia y sus experiencias, sino que les impuso una identidad indígena genérica. Esto tuvo lugar en un contexto en el que gran parte de los migrantes desean asimilarse a la sociedad nacional para mejorar económica y socialmente ya que trabajan en la agricultura de exportación por sueldos más bajos y en peores condiciones que los mestizos.