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El Perú, siendo un país minero, encuentra el grueso de sus ingresos a través del desarrollo de proyectos de aprovechamiento de recursos minerales mediante inversiones de gran significancia para la economía del país. Asimismo, contamos con comunidades nativas que ostentan un derecho ancestral respecto a las tierras que hoy ocupan, en cuyo subsuelo pueden encontrarse minerales que pudieran ser susceptibles de explotación. Es en ese momento en el que se configura una situación que debe ser estudiada: la explotación de los recursos minerales dentro de los territorios ocupados por las comunidades indígenas. Para ello contamos como instrumento principal al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el cual sirve como base interpretativa de los diversos cuerpos legales que estudiaremos. La correcta o incorrecta aplicación del Convenio 169 dentro del ámbito legislativo nacional es el objeto del presente estudio.