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El ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad está condicionado por el grado de accesibilidad de los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, entendidos éstos en su sentido más amplio. Las exigencias técnicas de accesibilidad de los edificios y establecimientos se recogen en el ordenamiento jurídico estatal, autonómico y en su caso local. A nivel estatal, las condiciones básicas de accesibilidad se establecen en los documentos básicos de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) y de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE). Por otro lado, los criterios de flexibilidad para la adecuación efectiva de los edificios y establecimientos existentes a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad se contemplan en el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA/2. La institución del ajuste razonable para facilitar la accesibilidad y garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos, lleva consigo su propio límite, ya que no todos los ajustes resultan obligados, sólo procede imponer aquellos que sean razonables, no representando una carga desproporcionada. Debido a la aplicación de criterios discordantes por parte de algunos técnicos de administraciones públicas tanto autonómicas como locales, con la presente comunicación se pretende realizar un análisis de la evolución legislativa del concepto de ajuste razonable y la problemática de su aplicación directa, aportando directrices técnicas y jurídicas para la aplicación efectiva de la normativa relativa a la adecuación de las condiciones básicas de accesibilidad en edificios y establecimientos existentes. Para alcanzar el objetivo general propuesto, el marco metodológico se desarrolla en dos fases, en la primera se utiliza un método descriptivo, a partir de una revisión bibliográfica y reglamentaria, y una segunda fase donde se aplica un método explicativo, aportando criterios de intervención para la mejora y adecuación efectiva de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, tanto en edificios de vivienda como en pequeños establecimientos.