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Understanding what motivates a woman to deradicalise or disengage from a terrorist
organisation remains among the less explored academic topics today. This study explores the
reasons why thirteen women in Spain either began their process of disengagement from IS,
and/or initiated a change in their belief system. The research is based on personal interviews
with inmates linked to the Islamic State, as well as with prison officials, psychologists, and
educators. The article shows that the decision to stop deviant behaviour, or the experience of a
cognitive rejection of beliefs, was preceded by disenchantment, the acquisition of new goals, or
the feeling of being accepted by and/or integrated into new social networks.

Los espacios periurbanos de nuestras ciudades son espacios de conflicto. Espacios codiciados por su proximidad a la ciudad central y sus posibilidades para ser transformados en zonas de expansión residencial. Su valor inmobiliario en base a su plusvalía edificatoria se define en los instrumentos de planeamiento local ortodoxos de manera que la mayoría de estos espacios únicos de origen agrario y con un gran potencial para el desarrollo de la agricultura periurbana han desaparecido. Los que han llegado hasta nuestros días son espacios valiosísimos para equilibrar el metabolismo urbano, constituyendo auténticos lugares de descongestión de la densa trama construida. Los suelos de origen agrario en el entorno de la ciudad son suelos fértiles singulares con valores patrimoniales territoriales que exigen su salvaguarda. Este texto describe un estudio de caso en la ciudad de A Coruña, el área periurbana de San Pedro de Visma, que ha generado un gran debate ciudadano en relación a su transformación como suelo urbanizable para ejecutar cerca de 4.000 viviendas en uno de los últimos espacios abiertos de origen agrario de la ciudad. El proceso administrativo avanza inexorable; sirva esta investigación como contribución para la defensa de un espacio único.

El recurso a la participación ciudadana para legitimar democráticamente las normas europeas ha de situarse en el contexto de una política regulatoria que aboga por racionalizar la elaboración de actos legislativos, considerando que no se trata de legislar más, sino mejor. Precisamente, la participación de los ciudadanos en los procesos de producción normativa es uno de los elementos que caracterizan esta ¿regulación de segunda generación¿, dirigida a la producción de normas cuya aprobación ha sido planificada de antemano, que pretenden ser efectivas y eficaces al incidir sobre cuestiones que realmente necesitan de una regulación europea, que tratan de anticipar sus efectos sobre el sector sobre el que se proyectan, y que están sometidas a un continuo proceso de evaluación durante su vigencia para detectar aquellos contendidos que pueden ser mejorados o que han devenido obsoletos o excesivamente gravosos. El resultado es la llamada ¿legislación inteligente¿, que hace uso de los mecanismos de la democracia participativa y los remodela y adapta a sus necesidades y objetivos, integrándolos en los procedimientos de elaboración de normas. En este trabajo se analizan los citados mecanismos, se valora su eficacia práctica y su repercusión en el ordenamiento jurídico, poniendo de manifiesto los problemas y carencias que impiden y dificultan su completa efectividad o los distraen del objetivo principal para el que fueron concebidos, al tiempo que se realizan propuestas dirigidas a reformular su tratamiento jurídico para adecuarlos a su finalidad primigenia
Legegintza-egintzen prestaketa arrazionalizatzearen alde egiten duen arautze-politikaren testuinguruan kokatu behar da Europako arauak demokratikoki legitimatzeko herritarrek izango duten parte-hartzea, kontua ez baita lege gehiago egitea, hobeto egitea baizik. Hain zuzen ere, herritarrek arau-ekoizpeneko prozesuetan parte hartzea da ¿bigarren belaunaldiko erregulazio¿ horren elementuetako bat. Izan ere, erregulazio horren bidez sortuko diren arauak aldez aurretik planifikatuta egongo dira, eraginkorrak eta efikazak izango dira Europako arauketa behar duten gaietan eragingo dutelako, proiektatzen diren sektorean izango dituzten ondorioak aurreratzen saiatuko dira, eta, indarrean dauden bitartean, etengabe ebaluatuko dira, hobetu daitezkeen edo zaharkituak edo garestiegiak izan daitezkeen edukiak hautemateko. ¿Legeria adimenduna¿ deritzona da emaitza, hau da, demokrazia parte-hartzailearen mekanismoak erabiltzen dituena eta bere behar eta helburuetara egokitzen dituena, arauak egiteko prozeduretan integratuz. Lan honetan, mekanismo horiek aztertzen dira, haien eraginkortasun praktikoa eta ordenamendu juridikoan duten eragina baloratzen da, eta agerian uzten dira mekanismo horien eraginkortasun osoa eragozten eta zailtzen duten arazoak eta gabeziak, edo mekanismo horiek sortu zireneko helburu nagusitik aldentzen dituztenak. Horrez gain, lan honetan, mekanismo horien tratamendu juridikoa birformulatzeko proposamenak egiten dira, haien jatorrizko helburura egokitzeko.
Citizens collaborate with the government in the lawmaking process at an early stage and throughout the life of a legislative act by means of periodic consultations and citizens´ initiatives. This paper focuses on consultation and citizens´ initiatives as the principal mechanisms for participatory democracy in the context of smart regulation lawmaking in the European Union.
A regulatory policy based on smart regulation takes the view that legislation and regulations serve the economy and, therefore, legal acts must aim to create conditions capable of boosting national economies and economic growth.
Such a regulatory policy is informed by a set of principles which includes transparency, cooperation, accountability, efficiency, effectiveness, participation and openness, and is applicable to both regulatory institutions and regulations. This regulatory approach takes the view that regulations are of better quality when they have been influenced by citizens, and smart regulation results in participatory democracy.

El procedimiento de elección de los miembros del Parlamento europeo tiene una enorme repercusión en la correcta configuración y funcionamiento de la arquitectura institucional de la Unión Europea, al incidir sobre el correcto funcionamiento de la democracia representativa en que aquella se sustenta. Su influjo se proyecta también en la consolidación de un concepto de ciudadanía, esencial para que prospere el proyecto de integración. Al tratarse de un procedimiento democrático llamado a determinar la composición de una institución de naturaleza supranacional, las instancias europeas están llamadas a incidir en su regulación. Y en este sentido, y sólo en el ámbito de las elecciones al Parlamento europeo, se ha reconocido a la citada institución la capacidad para proponer al Consejo las disposiciones necesarias para la elección de sus miembros por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme, o, en su defecto, de acuerdo con unos principios comunes que unifiquen la materia. Cualquiera de estos dos objetivos ha probado ser harto difícil, desde el momento en que los estados se atrincheran en su soberanía y son incapaces de ceder terreno en esta materia. Buena prueba de ello es la reforma del Acta electoral europea, aprobada en 2018, y con la que encaramos las pasadas elecciones. Analizamos en este artículo la necesidad de articular un procedimiento electoral europeo y las repercusiones de futuro que pueden derivarse de la incapacidad para consensuar un mínimo electoral entre los estados miembros. ; The procedures for electing members of the European Parliament are governed both by European legislation defining common rules for all Member States and by specific national provisions, which vary from one state to another. The last amendments to the 1976 Electoral Act were adopted by Council Decision (EU, Euratom) 2018/994, July 13, 2018, which includes provisions on the possibility of different voting procedures; on thresholds; on the protection of personal data; on the penalisation of 'double voting' by national legislation; on voting in third countries; and on the visibility of European political parties on ballot papers. However, many other important matters, such as the precise electoral system and the number of constituencies, are governed by national laws. This paper deals with the impact of electoral procedures on the organization and operation of the European Parliament and the European Union and analyzes the difficulties in establishing a common electoral procedure for the election of members of the European Parliament.

El Informe de 2018 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la
aplicación de la Directiva 94/80/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio
del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales, COM (2018)
44 final, ha puesto de manifiesto como cada vez más los ciudadanos de la Unión
Europea hacen uso de su derecho de libre circulación y residencia en otros estados
miembros, de forma que se calcula que existen 14 millones de ciudadanos
europeos desplazados en edad de votar. Sin embargo, los niveles de inscripción
electoral de estos ciudadanos en las elecciones locales siguen siendo muy poco
significativos y su participación en los comicios locales se mantiene en índices
extremadamente bajos. Estos datos reflejan que un porcentaje muy alto de estos
ciudadanos no pueden ejercer sus derechos electorales, ni en su país de origen, ni
en aquel en el que están desplazados, excluyendo por completo su participación
democrática. Ello resulta especialmente paradójico en un ámbito, la UE, que propugna
la democracia como uno de sus valores y atribuye a los derechos electorales
la condición de derechos fundamentales.
En este trabajo se abordan los límites del estatuto de la ciudadanía para garantizar
la plena participación de los ciudadanos europeos en los asuntos públicos
del país de residencia y los condicionantes jurídicos que influyen en el ejercicio
efectivo de tales derechos en el ámbito interno de los estados, proponiendo una reformulación de los mismos capaz de otorgar un sello distintivo al estatuto de la
ciudadanía en lo que se refiere a los derechos inherentes a la participación política
en el país de residencia.
Toki-hauteskundeetan parte hartzeko sufragio aktiboaren eta
pasiboaren eskubidea egikaritzeko modalitateak finkatzen dituen 94/80/EE Zuzentaraua
aplikatzeari dagokionez, COM (2018) 44 (azkena), Europako Parlamentuarentzat,
Kontseiluarentzat, Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearentzat eta Eskualdeetako
Lantaldearentzat Batzordeak 2018an egindako txostenaren arabera,
geroz eta Europar Batasuneko herritar gehiagok baliatzen du zirkulazio librerako
eta estatu kideetan bizitzeko eskubidea. Hala, 14 milioi europar dira bizilekua aldatu
eta bozkatzeko adina dutenak. Hala ere, herritar horietatik gutxi batzuk baino
ez daude oraindik ere toki-hauteskundeetarako erroldatuta eta horien parte-hartzea
toki-hauteskundeetan benetan maila baxuetan dago. Datu horiek adierazten dute
hiritar horien ehuneko altu batek ezin dituela hauteskunde eskubideak baliatu, ez
jatorrizko herrialdean ezta lekualdatutako herrialdean, eta horrenbestez, horien
parte-hartze demokratikoa guztiz baztertzen da. Hori bereziki paradoxikoa da EBen,
demokrazia balore bezala aldarrikatzen baita eta hauteskunde eskubideei oinarrizko
eskubide izaera ematen baitzaie.
Lan honetan herritarren estatutuaren mugak jorratzen dira, europarrek bizileku
duten herrialdeetako gai publikoetan parte hartzen dutela bermatzeko, eta jorratu
egiten dira, halaber, eskubide horiek benetan baliatzeko orduan estatuen barne-esparruan
eragina duten baldintza juridikoak. Eta horiek berriz formulatzea proposatu
da, bizileku den herrialdeetako parte-hartze politikoarekin lotutako eskubideei
dagokienez herritarren estatutuari zigilu bereizgarria eman ahal izateko.
The 2018 Report of the Commission to the European Parliament,
Council, Economic Social Committee of the Regions on the application of Directive
94/80/CE on the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections,
COM (2018) 44 final, has shown how an increasing number of citizens from the
European Union make use of their right to free movement and residence in
other member states, so that it is estimated that there are 14 millions of moving
European citizens of voting age. However, the levels of electoral registration in
local elections are quite insignificant and their participation in local polls remain
extremely low. These figures reflect that a very high proportion of these citizens
cannot exercise their electoral rights, neither at their home countries nor at the
country where they moved, so disqualifying them from democratic participation.
That is specially paradoxical in a field, the EU, that has advocated for democracy
as one of its core values and that considers electoral rights fundamental rights.
This work deals with the limits of the citizenship status in order to guarantee the
full involvement of European citizens in public affairs of their country of residence
and the legal constraints that influence on the effective exercise of such rights
within the domestic sphere of states by proposing a reformulation of them that is
able of granting a distinctive status to citizenship as far as those inherent rights to
political participation at the country of residence are concerned.

El Informe de 2018 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la aplicación de la Directiva 94/80/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales, COM (2018) 44 final, ha puesto de manifiesto como cada vez más los ciudadanos de la Unión Europea hacen uso de su derecho de libre circulación y residencia en otros estados miembros, de forma que se calcula que existen 14 millones de ciudadanos europeos desplazados en edad de votar. Sin embargo, los niveles de inscripción electoral de estos ciudadanos en las elecciones locales siguen siendo muy poco significativos y su participación en los comicios locales se mantiene en índices extremadamente bajos. Estos datos reflejan que un porcentaje muy alto de estos ciudadanos no pueden ejercer sus derechos electorales, ni en su país de origen, ni en aquel en el que están desplazados, excluyendo por completo su participación democrática. Ello resulta especialmente paradójico en un ámbito, la UE, que propugna la democracia como uno de sus valores y atribuye a los derechos electorales la condición de derechos fundamentales. En este trabajo se abordan los límites del estatuto de la ciudadanía para garantizar la plena participación de los ciudadanos europeos en los asuntos públicos del país de residencia y los condicionantes jurídicos que influyen en el ejercicio efectivo de tales derechos en el ámbito interno de los estados, proponiendo una reformulación de los mismos capaz de otorgar un sello distintivo al estatuto de la ciudadanía en lo que se refiere a los derechos inherentes a la participación política en el país de residencia.

This paper deals with the influence of having council appointed mayors on local governments. Five elements of local government systems are considered: the electoral system and its influence on the political composition of the local government; the local government structure and the distribution of functions and powers between mayor and council; the role of political parties; scrutiny of the executive and accountability; and citizen participation. This analysis highlights the effect that a council appointed mayor system has in terms of accountability and legitimacy, transparency and efficiency.

This paper deals with the influence of having council appointed mayors on local governments. Five elements of local government systems are considered: the electoral system and its influence on the political composition of the local government; the local government structure and the distribution of functions and powers between mayor and council; the role of political parties; scrutiny of the executive and accountability; and citizen participation. This analysis highlights the effect that a council appointed mayor system has in terms of accountability and legitimacy, transparency and efficiency. ; El presente artículo toma en consideración los efectos que el sistema de elección del Alcalde tiene sobre la democracia local, basándose en la consideración cinco aspectos: el sistema electoral y su influencia en la composición política de las administraciones locales; la estructura de la administración local y la distribución de funciones entre los alcaldes y el pleno municipal; el papel de los partidos políticos; los mecanismos de control del ejecutivo local y la participación ciudadana. El estudio subraya especialmente la incidencia que el sistema de elección del alcalde por los concejales tiene en relación con los principios de responsabilidad, legitimidad, transparencia y eficiencia de la gestión local.

El presente artículo toma en consideración los efectos que el sistema de elección del Alcalde tiene sobre la democracia local, basándose en la consideración cinco aspectos: el sistema electoral y su influencia en la composición política de las administraciones locales; la estructura de la administración local y la distribución de funciones entre los alcaldes y el pleno municipal; el papel de los partidos políticos; los mecanismos de control del ejecutivo local y la participación ciudadana. El estudio subraya especialmente la incidencia que el sistema de elección del alcalde por los concejales tiene en relación con los principios de responsabilidad, legitimidad, transparencia y eficiencia de la gestión local

La Constitución promueve la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a lo largo de su articulado. Así, el artículo 9.2 recoge el deber de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La participación ciudadana queda elevada a la categoría de principio constitucional. Posteriormente este principio proyecta su influencia sobre los distintos ámbitos de actuación pública, tanto a nivel legislativo como administrativo y judicial, de forma que todos los ámbitos funcionales de lo público tienen reconocida en el texto constitucional una forma de participación ciudadana.

Las consultas populares son una forma de democracia participativa, que alcanza reconocimiento legislativo en el ámbito de la Administración local, y a través de las cuales los vecinos de un municipio pueden expresar su opinión sobre asuntos relevantes de la competencia local. No constituyen una manifestación de soberanía popular, ni implican el ejercicio de poder político, sino que se insertan en el marco de una función o actividad de naturaleza administrativa que implica la colaboración de los ciudadanos con la Administración. Cuando además se plantean a iniciativa de los vecinos el principio de participación democrática en la actividad administrativa alcanza su máxima expresión. En este trabajo se analiza la verdadera naturaleza jurídica de las consultas populares locales teniendo en cuenta la STC 103/2008 de 11 de septiembre, relativa a la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, que ha perfi lado el régimen jurídico del referéndum consultivo, d