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El 28 de junio del año 2009, día en que fue roto el orden constitucional de Honduras por la vía ilegal de un golpe de Estado, se rompió algo más que un esquema legal e institucional. Se destruyó el precario equilibrio tradicional que durante decenas de años había caracterizado al escenario político nacional. Ese equilibrio, basado esencialmente en un sistema bipartidista tan antiguo como funcional, garantizaba niveles aceptables de gobernabilidad política y permitía, de alguna manera, que siguiera avanzando un proceso de transición política, desde el autoritarismo militar hacia la democracia civil, que había comenzado en los inicios de los años ochentas del siglo pasado.