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A pesar de la reforma que elevó los derechos humanos a rango constitucional en México, la falta de garantías para el ejercicio de los mismos persiste, la potencia que debía reflejar dicha reforma todavía no se traduce en mayores estándares de respeto a los derechos humanos y la respuesta insuficiente del Estado orilla a la la ciudadanía a padecer sistemáticamente las consecuencias de los altos niveles de impunidad. Esta situación produce, en medio de las crisis, temor, indiferencia, pero también organización social coyuntural y de largo plazo, movilizando claramente agendas ciudadanas numerosas y dinámicas que contrastan frecuentemente con la pobreza de las estrategias que desde los distintos niveles de gobierno se establecen y con la criminalización de las voces denunciantes.

El cambio de la democracia tiene que ver con la manera en la que las mujeres participan políticamente en un país, en una localidad, el razonamiento fácil concluye con ligereza que la realidad contemporánea es distinta, que ahora las mujeres participan en muchos espacios antes impensables, que es visible su presencia, que ha aumentado el número de mujeres profesionistas, diputadas, senadoras, empresarias o directoras; si bien es cierto lo anterior habrá que matizar la idea que se tiene de dicha participación.

El mundo global nos presenta en una de sus caras un avance tecnológico y científico que cambia día a día vertiginosamente, abriendo posibilidades, antes impensables, para atender la salud, comunicarse u obtener conocimiento por ejemplo; en pocas palabras pareciera que se acortan las distancias físicas y culturales. Otra cara de la globalidad es su selectividad, la cual hace llegar los beneficios sólo a una franja de personas y se los niega a otra, que por lo regular sólo recibe las consecuencias negativas de la inviabilidad de los modelos económicos y de desarrollo instrumentados.

Este artículo propone una discusión sobre los distintos modos de entender la política pública y opta por interpretarla como un proceso de interacción política entre la esfera del Estado, entendido como aparato institucionalizado, y la sociedad civil.El enfoque de género le proporciona una necesaria reorientación que la ubica como una decisión intencional, que considera la desigualdad existente en la sociedad y demanda una acción pública, con todas las implicaciones y dificultades que conlleva la relación entre la autoridad municipal y las y los actores de la sociedad civil.La conclusión apunta a la necesidad de un modelo de políticas públicas más sofisticado, que contemple la complejidad de problemáticas sociales como la desigualdad de género y su inclusión permanente en la agenda pública

Los autores de este texto plantean la violencia como un obstáculo para la construcción de una sociedad digna y basada en el respeto a los derechos humano.