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This research is conducting a study of the subject of proceedings: victim and their evolution over legislation and doctrine Peruvian and treatment internationally, specifically focuses on studying their rights at the level of doctrine and legislation, to establish whether the rights possessed by the victim, who in addition to being touched in their legal right by the commission of the offense, is also affected by the consequences of the criminal proceedings (secondary victimization); however the State despite recognize rights expressly enshrined in Article 95 of the Criminal Procedure Code does not give sufficient mechanisms to exercise their rights, unlike the defendant, in favor of which have been issued garantistas rules of their rights and has been established, among other procedural mechanisms, the figure of protection of rights that can be used when in the criminal proceedings do not have their rights respected, so the effective enforcement of the principle of equality in the Peruvian legal system is not guaranteed, although it is recognized constitutional and legal level, to suggest that both victim and accused are equal in criminal proceedings. This research aims to determine the current situation in which the victim in criminal proceedings both substantive, procedural and case-level in accordance with the principle of equality and study is whether the guarantees provided by the procedural system they are sufficient to ensure that principle is of vital importance in national law, to what has been discussed doctrine, legislation and performed the analysis of fiscal folders that have corroborated our hypothesis that in fact the principle is not guaranteed equality of arms because not enough regulation of express powers in the Criminal Procedure Code but need to be granted the necessary mechanisms for the exercise of their rights such as the active entitled to seek protection of rights and respect for their physical and psychological integrity in the criminal proceedings would be achieved by the implementation of protection measures for the victim and the appointment of public defenders greater number of victims, especially minors; having concluded that the failure to confront the victim the criminal proceedings after suffering the injury to his legal right, it generates a new victimization, nevertheless, it is not given the necessary resources to address this situation, especially in the cases where the victims are minors, victims of rape, sexual exploitation, trafficking and domestic violence. The study material of this study consisted of the sample of 50 tax folders processed in the Second Provincial Prosecutor Corporate Criminal Huaraz in the period January 2015 to December 2015, using the methods: Historical, by which it was made a study of the evolution of the regulation of the powers granted to the victim in the Peruvian justice system, hermeneutical method for national and international regulation was analyzed with regard to the protection of the rights of victims in criminal proceedings, method descriptive as the current situation of the victim described, regarding their rights during the pendency of the criminal proceedings and finally the inductive method as party analysis of individual cases (50 fiscal folders) where we discuss is whether the rights of the victim in criminal proceedings are being exercised and respected by the criminal justice system. Also in this study it was concluded that much remains to be done in our national system, compared with European legislation have been analyzed in this thesis, and we can redeem positive contributions as the establishment of the right to non-victimization and the establishment of funds for victims and others. ; El presente trabajo de investigación realiza un estudio del sujeto procesal: víctima y su evolución a lo largo de la legislación y doctrina peruana así como su tratamiento a nivel internacional, específicamente se centra en estudiar sus derechos a nivel de doctrina y legislación, a fin de establecer si efectivamente los derechos que posee el agraviado, quien además de haber sido afectado en su bien jurídico por la realización del delito, también es afectado por las consecuencias del trámite del proceso penal(victimización secundaria); sin embargo el Estado pese a reconocerle derechos consagrados expresamente en el artículo 95 del Código Procesal Penal, no le otorga los mecanismos suficientes para el ejercicio de sus derechos, a diferencia del imputado, a favor de quien se han dictado normas garantistas de sus derechos y se ha establecido, entre otros mecanismos procesales, la figura de tutela de derechos que puede ser utilizada cuando dentro del proceso penal no se respeten sus derechos, de esta manera no se garantiza la vigencia efectiva del Principio de igualdad procesal en el ordenamiento jurídico peruano, pese a que se encuentra reconocido a nivel constitucional y legal, que permita afirmar que tanto victima e imputado se encuentren en igualdad de condiciones dentro del proceso penal. La presente investigación tiene como objetivos determinar la situación actual en la que se encuentra la víctima en el proceso penal tanto a nivel sustantivo, procesal y casuístico, de conformidad con el Principio de Igualdad Procesal así como estudiar si las garantías que le otorga el sistema procesal son suficientes para garantizar el referido Principio que es de vital importancia en el ordenamiento nacional, para lo que se ha analizado doctrina, legislación y se ha realizado el análisis de carpetas fiscales que han permitido corroborar nuestra hipótesis de que efectivamente no se garantiza el principio de igualdad procesal ya que no resulta suficiente la regulación de atribuciones expresas en el Código Procesal Penal sino hace falta que se le conceda los mecanismos necesarios para el ejercicio de sus derechos tales como la legitimidad activa para solicitar la tutela de derechos así como el respeto a su integridad física y psicológica en el proceso penal que se lograría con la implementación de las medidas de protección a favor de la víctima así como la designación de mayor número de defensores públicos a las víctimas, en especial a los menores de edad; habiéndose concluido de que el hecho de enfrentarse la víctima al proceso penal luego de haber sufrido la lesión a su bien jurídico, le genera una nueva victimización, no obstante ello, no se le brinda los recursos necesarios para enfrentar dicha situación, en especial en los casos en que las víctimas son menores de edad, víctimas de violación sexual, explotación sexual, trata de personas y violencia familiar. Que el material de estudio de la presente investigación ha consistido en la muestra de 50 carpetas fiscales tramitadas en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz en el periodo de enero 2015 a diciembre del 2015, utilizándose los métodos: Histórico, mediante el que se realizó un estudio de la evolución de la regulación de las atribuciones otorgadas a la víctima en el sistema procesal peruano, método Hermenéutico pues se analizó la regulación nacional e internacional en lo que respecta a la protección de los derechos de la víctimas en el proceso penal, método descriptivo pues se describió la situación actual del agraviado, respecto a sus derechos, durante la tramitación del proceso penal y finalmente el método inductivo pues se ha partido del análisis de casos singulares(50 carpetas fiscales) en las que analizaremos si los derechos del agraviado en proceso penal están siendo ejercidos y son respetados por el sistema de justicia penal. Asimismo en el presente trabajo se ha concluido que aún falta mucho por hacer en nuestro ordenamiento nacional, a comparación de legislaciones europeas que han sido analizadas en la presente tesis, y de la que podemos rescatar aportes positivos como el establecimiento del derecho a la no victimización y el establecimiento de fondos a favor de las víctimas entre otras.