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La arquitectura del derecho a la autodeterminación informativa, en su vertiente digital, está ahormada por la doctrina jurisprudencial. Ayuna de una regulación propia hasta la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el 25 de mayo de 2018, la autodeterminación informativa se ha ido conformando con el cincel de tres órganos jurisdiccionales (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo) que han ido perfilando y delimitando su contenido y alcance. Desde su reconocimiento por el TJUE en su archiconocida decisión de 13 de mayo de 2014, la evolución que presenta es muy notoria. En la actualidad, una búsqueda en Internet con dos apellidos es suficiente para reconocer este derecho si con ello se lesiona el honor, la intimidad personal o familiar o la propia imagen de su titular. Así lo ha avalado el Tribunal Supremo en la STS 4016/2020, de 27 de noviembre. En este artículo se abordan los hitos jurisprudenciales más relevantes al objeto de bosquejar una cartografía jurídica actual del derecho a la autodeterminación informativa.

El «Internet de las Cosas» (IoT, en sus siglas en inglés) es un fenómeno complejo que está ayuno de una regulación propia. Su naturaleza híbrida, conformada por una amalgama de tecnología, economía y derecho, plantea problemas sui generis, pues no encuentra fácilmente acomodo en un concreto sector normativo, lo que supone un desafío regulatorio al que urge dar respuesta. De ello se ocupa, precisamente, la obra Internet de las Cosas, de Moisés Barrio Andrés, una monografía rigurosa y exhaustiva que examina en clave jurídica tanto los aspectos tecnológicos sustantivos como los retos que plantea su cualidad disruptiva.