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La historia de Colombia se ha desarrollado a través de los conflictos, y por más de medio siglo ha existido un conflicto armado que se ha incrementado exponencialmente, con un resultado inaudito en tema de víctimas. Las victimas a lo largo de los gobiernos y los periodos legislativos han sido marginadas, vulneradas, al tal punto que la corte constitucional declaro el estado de cosas inconstitucional respecto de la situación en la que viven, y su primer clamor a través de los mecanismos de protección de derechos fundamentales ha sido el acceso a la justicia, para mitigar esta situación en 2011 se expidió la ley 1448 conocida como la ley de restitución de tierras y reparación a victimas vista por el gobierno como la solución efectiva a los problemas de las víctimas. Sin embargo desde la entrada en vigencia de la ley, la creación de las unidades administrativas especiales de restitución de tierras y los juzgados especializados de restitución, no se ha evidenciado de forma clara que se haya cumplido los objetivos propuestos por el gobierno en la aplicación de la ley, tal y como lo evidencia el segundo informe de la contraloría quien hace el respectivo seguimiento del proceso de restitución, además de la ineficiente aplicación de la ley y los bajos índices de restitución, el problema se extiende más allá de un asunto administrativo y judicial, el problema y sobre esto se han pronunciado importantes organismos como amnistía internacional y Human RightWatch consiste en los constantes ataques realizados contra los líderes de restitución de tierras, y las victimas que retornan a sus predios que siguen siendo atacados por grupos al margen de la ley. Así las cosas esta serie de casos evidencian que no se ha realizado un programa completo de apoyo y asistencia a las víctimas en el proceso de restitución razón por la cual se contrasta la percepción de los beneficiarios de la ley con los casos evidenciados y la aplicación de la norma; el resultado se interpreta como una percepción de ilegitimidad del proceso por la ineficiencia en su aplicación, lo cual podría desencadenar vías de hecho por parte las victimas ante la falta de garantía por parte del estado a su protección y a sus derechos. ; The history of Colombia has developed through conflicts, and for more than half a century there has been an armed conflict that has increased exponentially, with an unprecedented result on the subject of victims. Victims throughout governments and legislative periods have been marginalized, violated, to such an extent that the constitutional court declares the unconstitutional state of affairs regarding the situation in which they live, and their first clamor through the mechanisms of Protection of fundamental rights has been access to justice, to mitigate this situation in 2011 issued law 1448 known as the law of restitution of land and reparation to victims seen by the government as the effective solution to the problems of the victims. However, since the entry into force of the law, the creation of special administrative units for the restitution of land and specialized restitution courts, it has not been clearly established that the objectives proposed by the government in the application of The law, as evidenced by the second report of the comptroller who does the respective follow-up of the restitution process, in addition to the inefficient application of the law and the low rates of restitution, the problem extends beyond an administrative and Judicial, the problem and on this have been pronounced important organisms as international amnesty and Human RightWatch consists of the constant attacks against the leaders of land restitution, and the victims who return to their lands that continue to be attacked by groups outside the law. Thus, this series of cases shows that a complete program of support and assistance to the victims in the restitution process has not been carried out, which is why the perception of the beneficiaries of the law is contrasted with the evidenced cases and the application of the rule; The result is interpreted as a perception of illegitimacy of the process by the 10 Inefficiency in its application, which could trigger de facto ways on the part of the victims before the lack of guarantee by the state to its protection and its rights.