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En los albores del tercer milenio, la complejización del horizonte conceptual de la ciudadanía se ha convertido en una de las cuestiones más desarrolladas dentro de las ciencias sociales y especialmente en el campo de la investigación sociopolítica. La centralidad de los debates que esta problemática ha generado se debe a la importancia que la reflexión sobre sus fundamentos tiene para comprender las tensiones y problemas que caracterizan la vida de las actuales democracias, tanto aquellas institucionalizadas y de larga tradición como las que parecieran estar siempre "en transición hacia".

En los albores del tercer milenio, la complejización del horizonte conceptual de la ciudadanía se ha convertido en una de las cuestiones más desarrolladas dentro de las ciencias sociales y especialmente en el campo de la investigación sociopolítica. La centralidad de los debates que esta problemática ha generado se debe a la importancia que la reflexión sobre sus fundamentos tiene para comprender las tensiones y problemas que caracterizan la vida de las actuales democracias, tanto aquellas institucionalizadas y de larga tradición como las que parecieran estar siempre "en transición hacia".

Luego de las campañas militares al norte y sur de nuestro país, las tierras incorporadas se organizaron en Territorios Nacionales, creados por la ley 1532 del año 1884. Estas nuevas jurisdicciones a diferencia de las provincias carecían de autonomía, pues tanto su organización política y administrativa como la asignación de fondos presupuestarios fue responsabilidad del Estado Nacional. A la vez, sus habitantes tenían los derechos políticos limitados a los comicios municipales y estaban privados de participar en la elección de las autoridades nacionales y territoriales. La presente ponencia aborda la organización de la justicia en los Territorios Nacionales, partiendo del análisis de la normativa legal dispuesta para su ordenamiento y los efectos que tuvo en la implementación. La investigación reveló, por un lado, la instauración de una justicia distinta a la implantada en las provincias y, por el otro, que la imprecisión legal definió una relación conflictiva con las demás instituciones territoriales, sobre todo con la política representada por el gobernador. El marco referencial desde donde se estudió su puesta en funcionamiento, las dificultades que se derivaron y los conflictos que enfrentó, lo constituyó el Territorio Nacional de Río Negro. En este sentido nos interesó estudiar cómo respondió la estructura judicial ante la realidad socioeconómica territoriana. En tanto los conflictos se2 estudiaron en la medida en que su gravedad llegó a comprometer el regular funcionamiento institucional. El período estudiado comienza en el año 1887, con la instalación del primer juzgado letrado en Río Negro y finaliza a mediados de la primera década del siglo XX, pues consideramos -en base a investigaciones realizadas- que, en el orden gubernamental, en Río Negro se estaba concluyendo el ciclo inicial de la instalación y conformación de las instituciones estatales, encauzándose a una nueva etapa de mayor afianzamiento de los poderes ejecutivo y judicial. En lo metodológico se procuró ampliar la exploración a numerosos repositorios, esto posibilitó ubicar fuentes de diversa procedencia con la consecuente obtención de información muy variada

Luego de las campañas militares al norte y sur de nuestro país, las tierras incorporadas se organizaron en Territorios Nacionales, creados por la ley 1532 del año 1884. Estas nuevas jurisdicciones a diferencia de las provincias carecían de autonomía, pues tanto su organización política y administrativa como la asignación de fondos presupuestarios fue responsabilidad del Estado Nacional. A la vez, sus habitantes tenían los derechos políticos limitados a los comicios municipales y estaban privados de participar en la elección de las autoridades nacionales y territoriales. La presente ponencia aborda la organización de la justicia en los Territorios Nacionales, partiendo del análisis de la normativa legal dispuesta para su ordenamiento y los efectos que tuvo en la implementación. La investigación reveló, por un lado, la instauración de una justicia distinta a la implantada en las provincias y, por el otro, que la imprecisión legal definió una relación conflictiva con las demás instituciones territoriales, sobre todo con la política representada por el gobernador. El marco referencial desde donde se estudió su puesta en funcionamiento, las dificultades que se derivaron y los conflictos que enfrentó, lo constituyó el Territorio Nacional de Río Negro. En este sentido nos interesó estudiar cómo respondió la estructura judicial ante la realidad socioeconómica territoriana. En tanto los conflictos se estudiaron en la medida en que su gravedad llegó a comprometer el regular funcionamiento institucional. El período estudiado comienza en el año 1887, con la instalación del primer juzgado letrado en Río Negro y finaliza a mediados de la primera década del siglo XX, pues consideramos -en base a investigaciones realizadas- que, en el orden gubernamental, en Río Negro se estaba concluyendo el ciclo inicial de la instalación y conformación de las instituciones estatales, encauzándose a una nueva etapa de mayor afianzamiento de los poderes ejecutivo y judicial. En lo metodológico se procuró ampliar la exploración a numerosos repositorios, esto posibilitó ubicar fuentes de diversa procedencia con la consecuente obtención de información muy variada. ; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Luego de las campañas militares al norte y sur de nuestro país, las tierras incorporadas se organizaron en Territorios Nacionales, creados por la ley 1532 del año 1884. Estas nuevas jurisdicciones a diferencia de las provincias carecían de autonomía, pues tanto su organización política y administrativa como la asignación de fondos presupuestarios fue responsabilidad del Estado Nacional. A la vez, sus habitantes tenían los derechos políticos limitados a los comicios municipales y estaban privados de participar en la elección de las autoridades nacionales y territoriales. La presente ponencia aborda la organización de la justicia en los Territorios Nacionales, partiendo del análisis de la normativa legal dispuesta para su ordenamiento y los efectos que tuvo en la implementación. La investigación reveló, por un lado, la instauración de una justicia distinta a la implantada en las provincias y, por el otro, que la imprecisión legal definió una relación conflictiva con las demás instituciones territoriales, sobre todo con la política representada por el gobernador. El marco referencial desde donde se estudió su puesta en funcionamiento, las dificultades que se derivaron y los conflictos que enfrentó, lo constituyó el Territorio Nacional de Río Negro. En este sentido nos interesó estudiar cómo respondió la estructura judicial ante la realidad socioeconómica territoriana. En tanto los conflictos se2 estudiaron en la medida en que su gravedad llegó a comprometer el regular funcionamiento institucional. El período estudiado comienza en el año 1887, con la instalación del primer juzgado letrado en Río Negro y finaliza a mediados de la primera década del siglo XX, pues consideramos -en base a investigaciones realizadas- que, en el orden gubernamental, en Río Negro se estaba concluyendo el ciclo inicial de la instalación y conformación de las instituciones estatales, encauzándose a una nueva etapa de mayor afianzamiento de los poderes ejecutivo y judicial. En lo metodológico se procuró ampliar la exploración a numerosos repositorios, esto posibilitó ubicar fuentes de diversa procedencia con la consecuente obtención de información muy variada

Luego de las campañas militares al norte y sur de nuestro país, las tierras incorporadas se organizaron en Territorios Nacionales, creados por la ley 1532 del año 1884. Estas nuevas jurisdicciones a diferencia de las provincias carecían de autonomía, pues tanto su organización política y administrativa como la asignación de fondos presupuestarios fue responsabilidad del Estado Nacional. A la vez, sus habitantes tenían los derechos políticos limitados a los comicios municipales y estaban privados de participar en la elección de las autoridades nacionales y territoriales. La presente ponencia aborda la organización de la justicia en los Territorios Nacionales, partiendo del análisis de la normativa legal dispuesta para su ordenamiento y los efectos que tuvo en la implementación. La investigación reveló, por un lado, la instauración de una justicia distinta a la implantada en las provincias y, por el otro, que la imprecisión legal definió una relación conflictiva con las demás instituciones territoriales, sobre todo con la política representada por el gobernador. El marco referencial desde donde se estudió su puesta en funcionamiento, las dificultades que se derivaron y los conflictos que enfrentó, lo constituyó el Territorio Nacional de Río Negro. En este sentido nos interesó estudiar cómo respondió la estructura judicial ante la realidad socioeconómica territoriana. En tanto los conflictos se2 estudiaron en la medida en que su gravedad llegó a comprometer el regular funcionamiento institucional. El período estudiado comienza en el año 1887, con la instalación del primer juzgado letrado en Río Negro y finaliza a mediados de la primera década del siglo XX, pues consideramos -en base a investigaciones realizadas- que, en el orden gubernamental, en Río Negro se estaba concluyendo el ciclo inicial de la instalación y conformación de las instituciones estatales, encauzándose a una nueva etapa de mayor afianzamiento de los poderes ejecutivo y judicial. En lo metodológico se procuró ampliar la exploración a numerosos repositorios, esto posibilitó ubicar fuentes de diversa procedencia con la consecuente obtención de información muy variada

Since the late 19th Century, Territorios Nacionales [National territories] witnessed deep socioeconomic transformations and a process of state installation different from the rest of historical provinces. Demographic statistics, and especially morbidity and mortality records were used by hygienist projects to enhance Argentinian material progress in the most developed areas of the country, but mechanisms and information gathering as well as tabulation and systematization implied important problems for the new areas. By using documentation produced in the Departamento Nacional de Higiene [National Hygiene Department] and other public agencies, an analysis is developed concerning the difficulties for the access to demographic information related to sanitary aspects, which were, nonetheless, crucial to future planning of public policies and for the formation of new public health institutions. Gaunt and fragmented knowledge of diseases and death causes in the Territorios Nacionales did not prevent its formalization, even with delays and limitations, but such a situation is related to political needs for institutional emergence during the 1930's and 1940's and not necessarily a deeper demographic knowledge of the population that was to be medicalized ; Desde finales del siglo XIX, los Territorios Nacionales fueron escenario de profundas transformaciones socioeconómicas y de un proceso de instalación estatal diferente del resto de las provincias históricas. Las estadísticas demográficas, sobre todo, los registros de morbilidad y mortalidad, fueron utilizados por los proyectos higienistas para realzar el progreso material argentino de las áreas más desarrolladas del país, pero los mecanismos y formas de captación de la información, así como su tabulado y sistematización, implicaban problemas de magnitud para las nuevas áreas. A partir de documentación originada en el Departamento Nacional de Higiene y de otras agencias públicas, se plantea un análisis de las dificultades para el acceso a la información demográfica vinculada con los aspectos sanitarios, que sin embargo, era fundamental para la planificación futura de las políticas públicas y para la conformación de nuevas instituciones de atención médica estatal. El conocimiento desvaído y fragmentado de enfermedades y causas de decesos en los Territorios Nacionales no impidió la formalización de las mismas, aún con retraso y limitaciones, pero tal situación se relaciona con las necesidades políticas de gestación institucional de los años '30 y '40 y no necesariamente con un conocimiento demográfico más profundo de la población a medicalizar.