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El lavado de activo se ha caracterizado como un delito frecuente perpetrado por organizaciones criminales que en diversos casos se han fusionado delictivamente con empresas, afectando a la sociedad y en particular a la economía del país, cuyo propósito es ocultar el origen de los recursos ilícitos para pretender convertirlos en lícitos para integrarlo en el mercado económico. El agente sólo le interesa obtener riqueza y poder económico, para después adquirir poder político, tratando de aparecer como legales activos que tienen una procedencia ilícita. La procedencia ilícita de los activos lavados debe acreditarse con prueba directa y/o con prueba indiciaria, aunque ésta última es la más común. La globalización de los mercados ha permitido que estos actos ilícitos se inserten en la economía legal, intentando invertir y limpiar sus ganancias fruto del narcotráfico u otras actividades ilícitas. Para afrontar estos actos delictivos es importante que en nuestro país se capaciten en esta área a los jueces, fiscales, abogados, banqueros, corredores inmobiliarios, entre otros, para que tengan conocimientos específicos para prevenir la ejecución de estos delitos. De estar comprometidos las empresas, el poder judicial debe aplicar el levantamiento del velo societario dado que sus activos tienen una procedencia delictiva, este aporte lo fundamentaremos en el desarrollo de la presente tesis. En cuanto al delito fuente o delito previo al que hace mención la "Casación N° 92-2017- Arequipa, sigue siendo un elemento normativo del tipo objetivo de los artículos 1° 2° y 3° del Decreto Legislativo N° 1106, modificado por el Decreto Legislativo N° 1249 y que cumple una triple función dogmática, como es: (i) otorga contenido al objeto material del delito; (ii) da sentido a la imputación subjetiva; y (iii) justifica la agravante de la pena. En tal sentido, no se puede negar que el delito previo constituye un elemento normativo del delito de lavado de activos, porque implicaría defender una interpretación formal y asistemática de los ...

Las Naciones Unidas impone a todos los gobiernos garantizar los derechos a una audiencia pública justa por un tribunal competente, lo que está consagrado en la cláusula 1 del artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos requiere que los gobiernos presten la más seria atención a los asuntos de jurisdicción. Este artículo analiza cambios legislativos realizados desde finales de 2001, tendencias inherentes a períodos del desarrollo de Rusia, el sistema judicial de la República de Croacia y la jurisdicción del tribunal de primera instancia. El artículo aborda disposiciones inherentes a los procedimientos judiciales de los tribunales municipales en forma de procedimientos simplificados y condiciones de su aplicación.

"Planestadef 2013-2016, Programa anual 2013" ; "Avance Anuario Estadístico Militar. Año 2012"

La generalización y uso masivo del comercio web internacional realizado por consumidores encierra grandes ventajas y a la vez un gran peligro: el no poder defenderse en caso de tener que realizar reclamos. Es necesario que las normas nacionales protejan a los consumidores otorgándoles la posibilidad de demandar en su país, y que el derecho internacional privado proporcione las herramientas necesarias para que ante la expansión del fenómeno se clarifiquen los temas vinculados a ley aplicable y jurisdicción en caso de conflictos judiciales.

Con análisis de edad, sexo, nivel de formación, universidades de egreso, docencia universitaria, empleo anterior, si escribió libros y forma de vinculación en la rama; un trabajo de campo del año 2009, sobre 7 de 30 distritos judiciales, 944 de 4.569 jueces y magistrados, crea unas características del juez de la jurisdicción ordinaria; y en su explicación expone la historia constitucional y legislativa de la carrera judicial en Colombia, consecuencias de su inexistencia, regulaciones fallidas y normativas inaplicadas, hasta el logro de su efectiva vigencia. La irrupción del Consejo Superior de la Judicatura sus reglamentaciones de carrera judicial, la ley estatutaria y los distintos concursos por él realizados; luego contrasta el trabajo de campo inicial con los datos de los participantes posesionados del último curso-concurso adelantado, para concluir que el perfil del juez mejora con la carrera judicial, aunque falencias en su diseño generan discrecionalidad al nombrar. (texto tomado de la fuente) ; Base on the analysis of age, gender, formation level, graduation universities, university teaching, previous employment, whether it has written books and the way of linking to the judicial branch ; a fieldwork done in 2009, about 7 from 30 judicial districts, 944 from 4569 judges and magistrates, it establishes some features of the ordinary jurisdiction´s judge. Besides, inside its explanation, it exposes the constitutional and legal history of the judicial career in Colombia: consequences of its non-existence, frustrated regulations and non-applicable normative until the achievement of its effective force. The irruption of the Consejo Superior de la Judicatura, its regulations about judicial career, the statutory law and the different contests accomplished by It; then it contrasts the initial fieldwork with the data of the installed participants of the last course-contest gone ahead in order to conclude that the judge profile improves with the judicial career, although some failures into it design generate a ...

The Colombian government is facing a different social reality, multiethnic and multicultural increasingly evident that demands not only a social recognition, but constitutional, so it is necessary to observe and analyze social and legal practice as a special indigenous jurisdiction in the criminal field, has an impact on the Colombian criminal ordinary jurisdiction, that given them by the Constitution of 91 indigenous authorities their own cultural identity, with political, administrative and specific judicial, whose customs, rules and procedures have an impact in national law. ; El Estado Colombiano se enfrenta a una realidad social diversa, multiétnica y pluricultural cada vez más palpable, que demanda no solo un reconocimiento social, sino constitucional, de tal forma que es necesario observar y analizar como en su práctica sociojurídica la jurisdicción especial indígena, en su campo penal, tiene un impacto en la jurisdicción ordinaria penal Colombiana, que habida cuenta les reconoce la Constitución del 91 a las autoridades indígenas su identidad cultural propia, con organización política, administrativa y judicial específicas, cuyas costumbres, normas y procedimientos tienen un impacto, en el ordenamiento Jurídico Nacional.

The Colombian government is facing a different social reality, multiethnic and multicultural increasingly evident that demands not only a social recognition, but constitutional, so it is necessary to observe and analyze social and legal practice as a special indigenous jurisdiction in the criminal field, has an impact on the Colombian criminal ordinary jurisdiction, that given them by the Constitution of 91 indigenous authorities their own cultural identity, with political, administrative and specific judicial, whose customs, rules and procedures have an impact in national law. ; El Estado Colombiano se enfrenta a una realidad social diversa, multiétnica y pluricultural cada vez más palpable, que demanda no solo un reconocimiento social, sino constitucional, de tal forma que es necesario observar y analizar como en su práctica sociojurídica la jurisdicción especial indígena, en su campo penal, tiene un impacto en la jurisdicción ordinaria penal Colombiana, que habida cuenta les reconoce la Constitución del 91 a las autoridades indígenas su identidad cultural propia, con organización política, administrativa y judicial específicas, cuyas costumbres, normas y procedimientos tienen un impacto, en el ordenamiento Jurídico Nacional.

Tema sumamente delicado y preocupante es el relativo a la Jurisdicción Militar, y que ahora está relacionado con el título de la presente tesis Conflictos de competencia entre el Poder Judicial y la Jurisdicción Militar en el contexto constitucional. Y se presenta más arduo todavía si se toma en cuenta que su tratamiento académico ha sido descuidado en los ámbitos constitucional y legal. Y qué decir cuando se ve que el poder político, a través de la línea evolutiva histórica –en especial, el Poder Ejecutivo– ha sido el que ha impuesto las reglas de juego para el desarrollo y aplicación de la Jurisdicción Militar, resultando muchas veces excesivas las decisiones que, en un momento determinado, expidieron los Tribunales Militares, precisamente integrados por jueces reclutados por el propio Poder Ejecutivo, desconociéndose a los demás aparatos estatales. La historia nos enseña que la función política de las Fuerzas Armadas ha sido un fenómeno persistente en América Latina, y en el caso peruano se deja notar esta dura realidad, lo cual ha permitido que se lleven a cabo permanentes oscilaciones de la autoridad civil que trajo como producto la ruptura de los diques de la democracia, por parte de las camarillas políticas, de casta y elitista, con el propósito de controlar el poder social y político. Frente a esto surge la siguiente interrogante: ¿Estado Constitucional o Estado Militar? La respuesta se podrá apreciar a lo largo del presente estudio. ; Tesis

Tema sumamente delicado y preocupante es el relativo a la Jurisdicción Militar, y que ahora está relacionado con el título de la presente tesis Conflictos de competencia entre el Poder Judicial y la Jurisdicción Militar en el contexto constitucional. Y se presenta más arduo todavía si se toma en cuenta que su tratamiento académico ha sido descuidado en los ámbitos constitucional y legal. Y qué decir cuando se ve que el poder político, a través de la línea evolutiva histórica –en especial, el Poder Ejecutivo– ha sido el que ha impuesto las reglas de juego para el desarrollo y aplicación de la Jurisdicción Militar, resultando muchas veces excesivas las decisiones que, en un momento determinado, expidieron los Tribunales Militares, precisamente integrados por jueces reclutados por el propio Poder Ejecutivo, desconociéndose a los demás aparatos estatales. La historia nos enseña que la función política de las Fuerzas Armadas ha sido un fenómeno persistente en América Latina, y en el caso peruano se deja notar esta dura realidad, lo cual ha permitido que se lleven a cabo permanentes oscilaciones de la autoridad civil que trajo como producto la ruptura de los diques de la democracia, por parte de las camarillas políticas, de casta y elitista, con el propósito de controlar el poder social y político. Frente a esto surge la siguiente interrogante: ¿Estado Constitucional o Estado Militar? La respuesta se podrá apreciar a lo largo del presente estudio. ; Tesis