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Recent changes in the Spanish Organic Law of the General Electoral Regime have placed Spain among the few States that vests person with disabilities with political participation rights on an equal basis with others, regardless the type or degree of that disability, in application of the article 29 in the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In this work, the different measures passed by the Spanish legislative to facilitate the participation of persons with disabilities in political life are analysed and we point out some aporias and failures in the current legislation. ; La reciente reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ha situado a España en el aún reducido número de Estados que, en aplicación del artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consagra el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con respecto a las demás y con independencia del motivo o grado de la discapacidad. Se analizan en este trabajo de manera crítica las medidas adoptadas por el legislador español para facilitar la participación de los discapacitados en la vida política, señalando algunas aporías e insuficiencias de la regulación vigente.

La reciente reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ha situado a España en el aún reducido número de Estados que, en aplicación del artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consagra el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con respecto a las demás y con independencia del motivo o grado de la discapacidad. Se analizan en este trabajo de manera crítica las medidas adoptadas por el legislador español para facilitar la participación de los discapacitados en la vida política, señalando algunas aporías e insuficiencias de la regulación vigente. ; Recent changes in the Spanish Organic Law of the General Electoral Regime have placed Spain among the few States that vests person with disabilities with political participation rights on an equal basis with others, regardless the type or degree of that disability, in application of the article 29 in the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In this work, the different measures passed by the Spanish legislative to facilitate the participation of persons with disabilities in political life are analysed and we point out some aporias and failures in the current legislation. ; Universidad Pablo de Olavide

El reconocimiento y efectivo ejercicio de los derechos políticos de los extranjeros, en particular del derecho a sufragio en las sociedades de acogida, sigue representando una asignatura pendiente. La extensión de tales derechos no solo a los ciudadanos de la UE sino también a las personas procedentes de terceros países, que llevan años residiendo en el territorio de la Unión, permitiría superar los límites derivados de la noción formal de ciudadanía, apostando por su dimensión sustantiva a través de la supresión del último obstáculo a la construcción de un estatuto de la persona migrada tendencialmente equivalente al estatuto del ciudadano. De tal forma, se pretende volver a desarrollar el debate sobre esta cuestión de manera más incisiva, con el fin de impulsar las reformas pertinentes, que permitan atribuir estos derechos también a quien, aun no siendo nacional, lleva años viviendo en el país de acogida, concretando el complejo proceso de integración.

Máster Universitario en Abogacía Por la Universidad de la Laguna ; La Ley de los municipios de Canarias, en su intento por frenar el fenómeno del transfuguismo en la Administración local canaria, no permite a los concejales que son expulsados de sus partidos políticos, denominados no adscritos, ostentar dedicación exclusiva o parcial ni tampoco tener cargos directivos en entidades dependiente de la corporación. Esta regulación, presente en otras Comunidades Autónomas, ha generado una importante controversia política y jurídica, la más reciente de ellas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la presencia de dos concejales que forman parte del equipo de gobierno de la ciudad y que han sido expulsados de la formación política con la que concurrieron a las elecciones locales. Este conflicto ha llevado a algunas voces autorizadas a tachar la norma citada de inconstitucional por vulnerar el derecho fundamental de participación política de los concejales. En el presente Dictamen se realiza una valoración jurídica sobre la conformidad de este precepto con el contenido esencial del articulo 23 de la Constitución Española, analizando las posibilidades procesales de defensa de las personas afectadas y las consecuencias que se derivarían para los dos concejales no adscritos del Ayuntamiento de Santa Cruz. ; The Canarian Towns Law, trying to stop the phenomenon of transfuguism in the canarian local administration, doesn't allow that local public charges who are expelled from their political parties, which are called unassigned, to hold exclusive or partial dedication, either have management position of a corporation dependent entity. This regulation, which is also present in other territories of the country, has generated an intense political and legal conflict, especially today in the town hall of Santa Cruz de Tenerife, where there are two local public charges of the government team, who have been expelled from their political party. This conflict has produced that some authorities express that the Canarian norm is unconstitutional for violating the fundamental right of political participation. In this research paper we make an assessment of article 23 of the Spanish constitution, with a review of the procedural defense possibilities of affected persons and the consequences that would affect the local public charges of Santa Cruz de Tenerife.

El estudio afronta la regulación de los derechos de participación en los Estatutos de Autonomía de nueva generación. La novedad que representan estas normas respecto a sus predecesoras es la incorporación de una carta de derechos que vinculan de forma más explícita y detallada a los poderes públicos autonómicos. Los estatuyentes han interiorizado el creciente auge del fenómeno participativo regulando, junto a los tradicionales derechos de participación política, nuevos instrumentos y técnicas participativas, que se enmarcan en el concepto de democracia participativa. Significativa es, en este sentido, la voluntad política plasmada en la competencia que asumen algunos de ellos (Cataluña, Andalucía y Aragón) para la regulación de las consultas populares en cualquiera de sus modalidades ("encuestas, audiencias públicas, foros de participación") distintas el referéndum.Palabras clave: Participación ciudadana. Democracia participativa. Comunidades Autónomas.

[spa] El estudio afronta la regulación de los derechos de participación en los Estatutos de Autonomía de nueva generación. La novedad que representan estas normas respecto a sus predecesoras es la incorporación de una carta de derechos que vinculan de forma más explícita y detallada a los poderes públicos autonómicos. Los estatuyentes han interiorizado el creciente auge del fenómeno participativo regulando, junto a los tradicionales derechos de participación política, nuevos instrumentos y técnicas participativas, que se enmarcan en el concepto de democracia participativa. Significativa es, en este sentido, la voluntad política plasmada en la competencia que asumen algunos de ellos (Cataluña, Andalucía y Aragón)para la regulación de las consultas populares en cualquiera de sus modalidades ("encuestas, audiencias públicas, foros de participación") distintas el referéndum. ; [eng] The study deals with participatory rights regulation in the new generation Statutes of Autonomy. One of the key features of such Statutes is that they do include a Charter of Rights explicitly binding to all Autonomous public powers. When drafting the referred Statutes, legislators were fully aware of the growing prominence of the participatory debate. Therefore, they decided to include, along with traditional political participatory rights, new participatory tools and techniques, belonging to the term "participatory democracy". In this sense, it is remarkable the political will to be found in some of the Statutes (e.g. Catalonia, Aragon, Andalucia) where competences have been assumed to regulate political consultations in all their forms different from referendums (i.e. surveys, public audiences, participatory forums).

The first time that the representation of the people is mentioned, it occurs as a consequence of the formation of the Junta de Caracas in which it was indicated that said body should have a representation of the "people". Once the Board was constituted, it called elections to configure a constituent process, through an Election Regulation. The aforementioned document starts from a defense of the principles of political participation and representative democracy, by majority system to plurality of votes. Suffrage is census and capacity, with great economic restrictions. Representative Democracy is proclaimed in the text of 1811, which uses the term People and not Nation, establishing indirect voting and census suffrage, for economic reasons, both active and passive. In the call to the constitutional process of 1812, as well as in the constitutional text of 1819, the concept is introduced that the deputies elected to Congress will not only be representatives of their province, but of the entire Nation, maintaining the same criteria on suffrage than the previous text. ; La primera vez que se hace mención a la representación del pueblo se produce como consecuencia de la formación de la Junta de Caracas en la que se indicaba que dicho organismo debería contar con una representación del "pueblo". Constituida la Junta, ésta convocó elecciones para configurar un proceso constituyente, mediante un Reglamento de elecciones. El documento citado parte de una defensa de los principios de participación política y de democracia representativa, por sistema mayoritario a pluralidad de votos. El sufragio es de carácter censitario y capacitario, con grandes restricciones de carácter económico. La Democracia representativa se proclama en el texto de 1811, que emplea el término Pueblo y no Nación, estableciendo el voto indirecto y el sufragio censitario, por motivos económicos, tanto de carácter activo como pasivo. En la convocatoria al proceso constituyente de 1812, así como en el texto constitucional de 1819, se introduce el concepto de que los diputados electos al Congreso no sólo serán representantes de su provincia, sino de toda la Nación, manteniendo los mismos criterios sobre el sufragio que el texto anterior.

En el presente artículo, los autores desarrollan la importancia de garantizar los derechos de participación política y consulta a personas con discapacidad, como un medio para lograr su inclusión social. ; In this paper, the authors analyze the importance of guaranteeing the rights to politic involvement and consultation of disabled people, as a way to achieve their social inclusion.

La presente investigación se encarga de poner a debate algunos de los elementos que permiten analizar la existencia de los feminismos emergentes en el Ecuador, así como de examinar las formas en las que los feminismos emergentes llevan a cabo la participación política en el Ecuador. Este trabajo investigativo evidencia, por un lado la forma en la que las estructuras políticas y epistémicas hegemónicas han influido de varias maneras en la invisibilización de las prácticas y aportes de los feminismos emergentes en el Ecuador. Además da cuenta de las formas en las que desde el poder gubernamental se han desarrollado normas jurídicas que rigen las formas de participación política en el Ecuador, pero sin dejar las bases originales de la democracia representativa, generando un escenario que limita el efectivo goce de los derechos de participación política de las minorías y los grupos históricamente excluidos, entre ellos están las mujeres de los feminismos emergentes. Los derechos de participación política, se han convertido en declaraciones constitucionales con escaza eficacia jurídica, porque al contrastarlas con la realidad material se observa por ejemplo, que la institucionalización de algunos de sus mecanismos y garantías resultan en la instrumentalización. La participación política se concibe como derecho, pero no se deja de lado su dimensión orientada a ser el medio a través del que se alcanzan transformaciones sociales; esta consideración cobra aún mayor significado cuando se colocan a los derechos de participación política a la luz de los feminismos emergentes. El alcance de esta investigación busca dilucidar las nuevas formas en las que la sociedad busca la materialización de una sociedad democrática, justa y equitativa. Esta investigación destaca la perspectiva de que el derecho es una herramienta discursiva con potencial transformador.

Los fenómenos de descentralización política ofrecen un marco más adecuado a las instituciones participativas, por cuanto, mientras más cercano es el ámbito decisión en el que los ciudadanos participan mejor se cumplen sus funciones de legitimación y de control de la actuación de los poderes públicos. Esta constatación se muestra de manera evidente en los nuevos Estatutos de Autonomía, que incorporan en sus Cartas de Derechos un profuso desarrollo de los derechos de participación que no se limita a los tradicionales derechos de participación política, sino que se extiende a todas las relaciones entre individuos, grupos, ciudadanos y poderes públicos a las que esta norma presta atención. Constituye el principal objeto de este trabajo, el estudio de los derechos de participación en los recientes Estatutos reformados, aunque prestando especial consideración al Estatuto de Autonomía para Andalucía, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, porque es en éste en el que las formas participativas alcanzan un mayor reconocimiento. The different political decentralization phenomena offer a more appropriateframe to the participatory institutions since the closest thedecision scope in which citizens take part is, the better its legitimatingand public powers control functions are fulfilled. This is clearly provedin the new Self-Government Statutes since they include in their Billsof Rights a profuse development of these participation rights which isnot restricted to the traditional political participation rights but it isextended to all relations between individuals, groups, and citizensand the public powers to which this regulation refers. This work focusesmainly on the study and analysis of participation rights in theSpanish autonomous government statutes which have been recently reformedthough we pay special attention to the Andalusian one after itsreforms by the Organic Law 2/2007 March 19th because it is thisone in which the participatory reforms reach higher recognition.

La participación política es un derecho fundamental reconocido en el art. 23.1 de la Constitución Española (CE), pero su contenido material no se limita a este precepto, sino que su materialización real y efectiva deviene de la interferencia con otros derechos. El Estado democrático de derecho pretende garantizar un espacio de libertad y de autodeterminación de las personas dentro del Estado, que les permita formar libremente su voluntad y participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad. Este espacio sólo es realizable a partir de la proyección del derecho de participación política del art. 23.1 CE sobre otros derechos y libertades reconocidos constitucionalmente como fundamentales y que podríamos calificar como instrumentales en el ejercicio de la participación política. Entre ellos: la libertad de conciencia, opinión, expresión, prensa, información y comunicación, y los derechos de reunión, manifestación, asociación y sindicación. ; Political participation is a fundamental right recognised in Article 23.1 of the Spanish Constitution (EC), but its material content is not limited to this precept; its real and effective materialisation stems from interference with other rights. The democratic rule of law aims to guarantee a space of freedom and self-determination for people within the State, allowing them to freely form their will and participate in public affairs under conditions of equality. This space can only be achieved through the projection of the right to political participation in Article 23.1 EC onto other rights and freedoms which are constitutionally recognised as fundamental and which could be described as instrumental in the exercise of political participation. These include: freedom of conscience, opinion, expression, press, information and communication, and the rights of assembly, demonstration, association and unionisation.

El presente trabajo pone de manifi esto la situación del reconocimiento de los derechos de participación política de los pueblos indígenas en los diferentes textos constitucionales, partiendo, para ello, desde la Constitución Federal de 1811, la primera que se dio el pueblo venezolano una vez lograda su independencia de la Corona Española, hasta la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Asimismo, se destacan los términos en que les es reconocido su derecho de participación política a los pueblos indígenas en el nuevo texto constitucional y la importancia que de ello se deriva. ; This paper shows the recognition of the indigenous nations' political participation rights in the constitutions, starting from the Federal Constitution (1811), the fi rst drafted by the Venezuelan people after independence from the Spanish crown, until current Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999). Seemingly, it is emphasized the features under which the right to political participation in the last Constitution is recognized and the importance of this fact. ; 29-42 ; rosolimp@yahoo.com ; semestral

El tránsito de España y de la Comunidad Autónoma andaluza de una sociedad de emigrantes a una receptora de inmigrantes ha puesto sobre la mesa la cuestión del estatuto ciudadano de la población extranjera residente en nuestro territorio. Este artículo defiende que la ciudadanía no se reduce a su dimensión formal, como sinónimo de nacionalidad, y reivindica más allá de ésta su contenido participativo. Defiende asimismo que éste no se reduce a la titularidad de derechos de participación política stricto sensu, definida en el artículo 13.2 CE, sino que abarca el acceso a mecanismos de participación en sentido amplio. En él se argumenta que la Constitución española y el nuevo marco estatutario andaluz respaldan una aproximación sustantiva a la ciudadanía que permite integrar a toda la población residente, nacional o extranjera, en una diversidad de provisiones participativas en sentido amplio, cuyo contenido va más allá de la expresión estricta de voluntad política de quienes son titulares de la soberanía (artículo 13.2 CE). Este artículo sostiene, en fin, que una comprensión sustantiva, participativa e incluyente de la ciudadanía es la única constitucionalmente coherente y debe prevalecer más allá de los límites que impone su definición formal.