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Se analizan cuestiones constitucionales antiguas y modernas. En este caso se intenta realizar un comentario a dos leyes que pertenecen al legado de la Antigüedad tardía, concretamente al mundo bizantino y al visigótico. Interpretando estas fuentes se pueden unir pasado y presente, pues el comentario nos lleva por sí mismo a cuestiones que son tan modernas como antiguas. ; Ancient and modern constitutional issues are analyzed. In this case we are trying to make a comment about to two laws that belong to the legacy of the late antiquity, specifically to the Byzantine and the Visigoths world. Interpreting these sources we can join past and present, because the comment leads us to issues that are as modern as old.

El procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso, tiene su sustento constitucional en el apartado A, fracción VII del numeral 20 de nuestra Carta Magna, es solicitado por el Ministerio Público después de haberse dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral, en donde básicamente se pide una reducción de la pena a cambio de admitir la responsabilidad en la comisión de un hecho ilícito, luego de la satisfacción de requisitos de procedencia verificados por el Juez de Control. ¿Qué acaso la imposición de penas, su modificación y duración no son propias y exclusivas de autoridad judicial?, ¿Qué acaso la pena no deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado?, constitucionalmente la respuesta es sí, entonces ¿se plantea una contradicción de principios de rango constitucional? Ahora bien la no autoincriminación y la presunción de inocencia son derechos fundamentales reconocidos en el máximo ordenamiento nacional y al violentarlos tendríamos que recurrir a conceptos como el control de convencionalidad que soporte la progresividad de los derechos humanos. La solicitud de la pena reducida por parte de la representación social ¿Estaría invadiendo una función exclusiva de la autoridad judicial?, siendo así se estaría quebrantando el principio de división de poderes. El objetivo del presente es analizar las implicaciones de la colisión de derechos fundamentales con facultades procedimentales que erige al procedimiento abreviado como una forma de terminación anticipada del proceso, cuyafinalidad es proporcionar fluidez en el marco del sistema de justicia adversarial, metodológicamente es un estudio dogmático, descriptivo, abordado desde los postulados del garantismo penal.

22 Páginas ; Este artículo analiza la relación entre el control judicial de constitucionalidad y la legitimidad política entendida como la capacidad de un sistema político y jurídico de generar respaldo para la implementación de las leyes y políticas, incluso por parte de aquellos que se opusieron a estas por razones sustanciales. El artículo señala que a pesar de que existen diferentes modalidades de control judicial, así como diversas y respetables clases de legitimidad que se derivan de la función judicial, el control de constitucionalidad no está diseñado para producir legitimidad política. En tal sentido, y ante la imposibilidad de solventar esta dificultad democrática, se propone una serie de mecanismos para mitigarla como es el caso de la exigencia de supermayorías para decidir, la necesidad de contar con una presunción fuerte de constitucionalidad y la obligación de ofrecer razones que aborden explícitamente las preocupaciones democráticas. Finalmente, el artículo hace un llamado a la civilidad en el litigio constitucional, con el fin de evitar la demonización del oponente y abrir espacios de legitimidad política en el control de constitucionalidad.

Se compone de introducción, desarrollo histórico y cuerpo de la tesis, en la introducción se hace una Justificación de la inclusión del derecho nobiliario en derecho público. En el desarrollo histórico se hace un estudio histórico de los antecedentes de las Constituciones españolas. En el cuerpo de la tesis se hace un estudio de la nobleza, con sus diferentes conceptos y figuras. Estudio de la legislación nobiliaria histórica durante el constitucionalismo y de la actual legislación nobiliaria. La plena aceptación constitucional de la legislación nobiliaria y la realidad de la nobleza. Conclusión de la perfecta aceptación de la nobleza y su actual legislación por la vigente Constitución española. Anexos legislativo y de jurisprudencia.

Se compone de introducción, desarrollo histórico y cuerpo de la tesis, en la introducción se hace una Justificación de la inclusión del derecho nobiliario en derecho público. En el desarrollo histórico se hace un estudio histórico de los antecedentes de las Constituciones españolas. En el cuerpo de la tesis se hace un estudio de la nobleza, con sus diferentes conceptos y figuras. Estudio de la legislación nobiliaria histórica durante el constitucionalismo y de la actual legislación nobiliaria. La plena aceptación constitucional de la legislación nobiliaria y la realidad de la nobleza. Conclusión de la perfecta aceptación de la nobleza y su actual legislación por la vigente Constitución española. Anexos legislativo y de jurisprudencia.

This article analyzes the relationship between a judicial review of legislation and the principle of political legitimacy understood as the capacity of a legal and political system to generate support for the implementation of laws and policies, even among those who are opposed to them on their merits. The article claims that, despite the existence of multiple forms of judicial review, as well as diverse and respectable sources of legitimacy, judicial review is not designed to generate political legitimacy. In this sense, given the impossibility of solving this 'democratic difficulty,' the article proposes different approaches that might help to mitigate it, as is the case of judicial super-majorities to strike down legislation, following a strong presumption of constitutionality or offering explicit reasons for addressing these democratic concerns. Finally, the article calls for civility in constitutional litigation in order to prevent demonization of the opponent and to open the door to political legitimacy in the context of judicial review. ; Este artículo analiza la relación entre el control judicial de constitucionalidad y la legitimidad política entendida como la capacidad de un sistema político y jurídico de generar respaldo para la implementación de las leyes y políticas, incluso por parte de aquellos que se opusieron a estas por razones sustanciales. El artículo señala que a pesar de que existen diferentes modalidades de control judicial, así como diversas y respetables clases de legitimidad que se derivan de la función judicial, el control de constitucionalidad no está diseñado para producir legitimidad política. En tal sentido, y ante la imposibilidad de solventar esta dificultad democrática, se propone una serie de mecanismos para mitigarla como es el caso de la exigencia de supermayorías para decidir, la necesidad de contar con una presunción fuerte de constitucionalidad y la obligación de ofrecer razones que aborden explícitamente las preocupaciones democráticas. Finalmente, el artículo hace un llamado a la civilidad en el litigio constitucional, con el fin de evitar la demonización del oponente y abrir espacios de legitimidad política en el control de constitucionalidad. ; Este artigo analisa a relação entre o controle judicial de constitucionalidade e a legitimidade política entendida como a capacidade de um sistema político e jurídico de gerar respaldo para a implementação das leis e políticas, inclusive por parte daqueles que se opuseram a elas por razões substanciais. O artigo aponta que, apesar de existirem diferentes modalidades de controle judicial, assim como diversas e respeitáveis classes de legitimidade que derivam da função judicial, o controle de constitucionalidade não foi traçado para produzir legitimidade política. Nesse sentido, e diante da impossibilidade de solucionar essa dificuldade democrática, propõe-se uma série de mecanismos para mitigá-la, como é o caso da exigência de supermaiorias para decidir, a necessidade de contar com uma forte presunção de constitucionalidade e a obrigação de oferecer razões que abordem explicitamente as preocupações democráticas. Finalmente, o artigo faz um chamado à civilidade no litígio constitucional, com o objetivo de evitar a demonização do oponente e abrir espaços de legitimidade política no controle de constitucionalidade.

Chaves, L. R. (2015). Democracia y control jurisdiccional de constitucionalidad. (Trabajo final integrador). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. ; Un diseño institucional generalizado en las democracias constitucionales consiste en consagrar una carta de derechos fundamentales garantizando su supremacía a través del control judicial de constitucionalidad. Contra él, no obstante, el llamado "argumento contramayoritario" ha denunciado que su implementación implica dejar en manos de unas pocas personas inamovibles en sus cargos y con escasa representatividad la última palabra sobre cuestiones de máxima importancia: el alcance y contenido de los derechos fundamentales. En el marco del presente trabajo se intentará demostrar que la objeción contramayoritaria al control judicial de constitucionalidad se apoya en presupuestos cuestionables respecto de la interpretación. Asimismo se tratará de analizar si está justificado un activismo judicial dentro del ideal de democracia constitucional como medio de evitar la exposición de bienes fundamentales a la regla de la mayoría.

La Constitución Política establece que los actos jurisdiccionales no son susceptibles de ser impugnados en la vía constitucional. Sin embargo, el Código Procesal Contencioso Administrativo ha abierto la posibilidad para que las resoluciones jurisdiccionales sean sometidas al contralor de constitucionalidad ante el Juez de Casación, lo cual amplía ostensiblemente las facultades del justiciable en procura de defender sus derechos e intereses ante los Tribunales de Justicia de la República. ; The Constitution establishes that jurisdictional acts are not susceptible to constitutional impugnation. However, the Code of Contentious Administrative Procedure has opened the possibility to submit jurisdictional resolutions to the cassation judge for constitutional control. This evidently extends people ́s opportunities to defend their rights and interests in Court of Law of the Republic.