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Una vez se dan a conocer al país, por diversos medios, las vicisitudes del texto de la reforma a la justicia que había sido presentado por el Gobierno, se generan múltiples posiciones sobre los alcances, ventajas y desventajas de lo que proponía dicha reforma. Sin embargo, el proyecto avanzó en el Congreso y se suscitaron varios debates sobre la iniciativa legislativa que conllevaron al archivo de la misma y al Gobierno nacional a presentar un muy controvertido escrito de objeciones presidenciales, lo cual condujo a los diferentes sectores del país -jurídico, académico, gubernamental- a una interesante discusión sobre la procedencia de tales objeciones frente a reformas constitucionales, su procedimiento y, en general, a una serie de reflexiones constitucionales y legales, por demás muy pertinentes para la protección e integridad de la Carta Magna. Asimismo, este libro cobra especial vigencia en estos momentos, toda vez que la Corte Constitucional se dispone a revisar la constitucionalidad de la Ley 5 de 1992, la cual reglamenta el funcionamiento del Congreso, en lo referente al tema de las objeciones presidenciales. En ese sentido, esta obra es un aporte de la Universidad del Rosario a este asunto de especial trascendencia e impacto para toda una Nación que se vio avocada a una discusión, al parecer, sin antecedentes.

CD-T 342.032 R14; 27 p ; El presente artículo de investigación centra su atención en los actos legislativos y tiene por objeto exponer el control de constitucionalidad realizado a estos actos reformatorios emanados del Congreso de la República, abordando específicamente, lo relacionado con el trámite y refiriendo las razones por las cuales la Corte Constitucional los declara inexequibles. En desarrollo de lo anterior, resulta necesario dedicar uno de los apartados del presente escrito a las diferentes interpretaciones que de los vicios de trámite realizan los magistrados y que se exponen en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se excluyen de esta revisión, tanto las sentencias mediante las cuales se analizaron las reformas constitucionales introducidas a partir del Acto Legislativo 01 de 2016, referentes a la Implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto -por tener un trámite especial-, así como las sentencias que abordan el vicio de competencia, tesis última que ha sido ampliamente desarrollada y que podrá ser objeto de otro artículo de investigación. ; Universidad Libre Seccional Pereira

El ideario de la separación de poderes y el equilibrio entre los mismos ha sido una constante en los textos constitucionales de todo Estado. La determinación de la finalidad y competencias de cada uno de los tres poderes clásicos ha sido la tarea del constituyente, siendo el Poder legislativo quien, en esencia asume la tarea legislativa del Estado. Dicha potestad con el pasar de los años, los cambios constitucionales y el rediseño de Estado ha conllevado a que la tarea legislativa recaiga en forma conjunta entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, siendo este último quien en la actualidad emite mayor normatividad por encima del Parlamento. En la presente investigación, se analizará y desarrollará la competencia del Poder Ejecutivo de emitir, decretos de urgencia, decretos legislativos y suscribir tratados ejecutivos internacionales, como también los mecanismos de control parlamentario para desarrollar control político sobre los mismos, de esta forma, equilibrar la facultad legislativa otorgada al Poder Ejecutivo. En el desarrollo de la investigación el lector, podrá advertirse la eficacia y eficiencia del proceso de control político desarrollado por el Parlamento sobre los actos legislativos emitidos por el Jefe de Estado, potestades que si bien en algunos casos tiene como antecedente la Constitución de 1993, en los más veintiocho años de vida que tiene el texto constitucional, no ha merecido un análisis de fondo en razón a determinar su efectividad y si realmente existe el ansiado control inter institucional. La necesidad de control de los decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados ejecutivos internacionales por parte del Parlamento, conlleva un proceso interno que en muchos de los casos es obstruido por los mismos grupos parlamentarios, ello, dada su cercanía al partido de gobierno o por la dejadez en el control de dichas normas, siendo más efectivo, en algunos casos el control constitucional al político, dado los sujetos legitimados para interponer los procesos constitucionales. La presente investigación desarrolla propuestas de modificación constitucional y del Reglamento del Congreso, ello, a efecto de mejorar el control político sobre los mismos, medidas que de ser aplicadas resguardarían la naturaleza de las normas emitidas por el Presidente de la República.

Volltext // Exemplar mit der Signatur: München, Bayerische Staatsbibliothek -- J.rel. 1880

En el 2012, luego de que el presidente de turno Juan Manuel Santos Calderón objetara el Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, se abrió uno de los debates constitucionales más importantes del momento, el cual fue conocido por los altos tribunales como los son la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En el presente artículo se hace un análisis histórico de la competencia de objeción a reformas constitucionales, se observa en un ejercicio de análisis de referentes las disposiciones constitucionales de algunos países de América Latina sobre dicha atribución, se desarrolla una carga argumentativa de las razones de improcedencia, además de examinar sentencias de los tribunales antes mencionados en lo que respecta al tema de investigación. ; In 2012, after the President of the day objected to the Legislative Act of Reform of Justice, one of the most important constitutional debates of the moment was opened, which was known by the high court's such as the Constitutional Court and the Council. of State. In the present article, a historical analysis of the competence of objection to constitutional reforms is made, it is observed in an exercise of analysis of referents the constitutional dispositions of some Latin American countries on said attribution, an argumentative load of the reasons of inadmissibility, in addition to examining judgments of the aforementioned Courts with regard to the subject of investigation.

Históricamente han existido diversas formas encaminadas a establecer límites al poder constituyente: desde la incorporación de cláusulas pétreas hasta el establecimiento de formalidades especiales, períodos de restricción para la adopción de reformas y órganos especiales de modificación. Pero además, el establecimiento de nuevas constituciones depende de procesos al margen de la Constitución vigentes, como quiera que éstas no consagran las bases para su propia destrucción. El constitucionalismo moderno, como resultado de la globalización de temas como el de los derechos humanos y la integración, han permitido establecer un nuevo marco de limitaciones no obstante la ausencia de instrumentos efectivos de control respecto de las disposiciones internas de los estados que violen este nuevo marco. De la misma manera que el constituyente derivado tiene como límites los paradigmas políticos que sirvieron de marco y, en consecuencia, legitiman su existencia, el constituyente primario, alguna vez ilimitado, se encuentra hoy sometido a los principios y valores de la civilización universal y el derecho natural. Abstract Historically there have existed different procedures aiming to the establishment of limits to the constitutional power starting with the incorporation of petreous clauses to the establishment of special formalities, restriction periods for the adoptions of reforms and special modification organs. Besides, the establishment of new constitutions depends on processes out of the Constitution in force as these, do not contain the basis of their own destruction. Modern constitutionalism, as a result of the globalization of topics such as Human Rights and Integration, has allowed the establishment of a new limitation frame in spite of the absence of effective control instruments concerning the internal State dispositions violating this new frame. Likewise the derived constitution maker has as limits the political paradigms which served as references and as a consequence they legitímate their existence. The primary constitution maker, once limitless, is today under the principles and values of universal civilization and natural law.

¿Qué es la vía de excepción?La llamada vía de excepción puede definirse, a priori, como el instrumento jurídico -a nuestro juicio, ilegítimo- mediante el cual se deroga, en los hechos y para el caso concreto, una norma legislativa departamental, esto es, "un decreto de la Junta Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción"1, según lo denomina el artículo 260 de la Constitución Nacional.A efectos de una mayor comprensión del tema, se expondrán algunos casos prácticos que revelarán la trascendencia del objeto a estudio.

La coherencia es una característica sin la cual no se puede hablar de sistema jurídico como forma aceptada de organización del derecho de los Estados Constitucionales. Dicho concepto tiene particular importancia por el papel fundamental que juega en el análisis de validez o existencia de una norma. Así, de la coherencia entre diferentes disposiciones, depende que las mismas sigan teniendo plenos efectos jurídicos y no deban ser expulsadas del ordenamiento en aras de restablecer ese estado ideal de armonía. Este aspecto adquiere particular relevancia en cuanto a la validez de los Actos Legislativos pues la coherencia de ellos se predica de la relación de conformidad que tengan con la Constitución Política vigente, no obstante, que por su naturaleza de reformador de dicho texto exista entre ellos una tensión natural. En razón de clarificar esa relación consideramos pertinente acudir a los conceptos de coherencia que han propuestos dos visiones paradigmáticas de la teoría del derecho desde la cuales se precisarán sendos criterios para evaluar ese aspecto fundamental del sistema en la relación de las enmiendas constitucionales con lo establecido en el texto superior. Teniendo claro la dinámica entre los anteriores conceptos, desde ellos se precisarán y analizarán las pautas existentes en el sistema jurídico colombiano para realizar el análisis de constitucionalidad de los Actos Legislativos desde la Constitución Política de 1991, para culminar en el estudio de dos sentencias recientes correspondientes a cada uno de los criterios de coherencia precisados.

El sistema uruguayo de control jurisdiccional de constitucionalidad de los actos legislativos, concentra en la Suprema Corte de Justicia, órgano máximo del Poder Judicial, el onocimiento originario y exclusivo en la materia. La sentencia definitiva de la Suprema Corte produce efecto para el caso concreto y carece de efecto erga omnes. El autor examina en este artículo la naturaleza de dicha sentencia, si pasa en autoridad de cosa juzgada y si sus efectos, según las hipótesis posibles, son ex tunc o ex nunc. ; The uruguayan system of judicial review of the constitutionality of legislative acts, concentrates in the Supreme Court of Justice, highest authority of the Judicial Power, the original and exclusive knowledge in the matter. The definitive judgment of the Supreme Court produces exclusive effect to the specific case and has no impact ergaomnes. The author discusses in this article the nature of the judgment, if it passes s judicata and if his effects, according to the possible hypotheses, are ex tunc or ex nunc.

The 20th century was, in Chile and the world, a time of great changes in Constitutional Law, although constitutionalism, which is not the same thing, kept its humanistic essence and limited government unchanged. Consequently, there was a mismatch between the principles with which the Fundamental Charter should be understood and implemented, on the one hand, and the articulation of those principles in its positive text, on the other. ; El siglo XX fue, en Chile y el mundo, una época de grandes cambios en el Derecho Constitucional, aunque el constitucionalismo, que no es lo mismo, mantuvo inalterada su esencia humanista y de gobierno limitado. Hubo desajuste, en consecuencia, entre los principios con que debe ser entendida e implementada la Carta Fundamental, de una parte, y la articulación de esos principios en el texto positivo de ella, por otra.