En Democracy in Capitalist Times, John Dryzek (1996) reflexiona sobre la tensión inminente entre la democracia y la economía política capitalista. Socias virtuosas durante la vigencia del relato de la modernidad, las vinculaciones entre estas dos ideas y/o fuerzas fueron horadándose de forma progresiva. Conforme sostiene el autor, si bien el capitalismo ha sido históricamente siempre bueno para la democracia, no ocurre lo propio en la actualidad. En el transcurrir de los últimos años, en efecto, el capitalismo ha dejado de identificar en su asociación con la democracia un factor clave para su desarrollo. Por lo consecuente, en los tiempos presentes, democracia y capitalismo no constituyen procesos necesariamente convergentes. De hecho, en determinadas circunstancias operan de modo contrapropuesto. A modo de ejemplo, baste señalar que los Estados, apremiados por las necesidades de competir y prosperar en la economía internacional, deben de adoptar crecientemente políticas públicas que los vuelven menos democráticos (Dryzek, 1996:3).Según el autor, cuatro son los desafíos que la economía política capitalista de hogaño impone a la democracia. En primer término, se presentan los condicionamientos a las funciones del Estado. Al respecto, es de notar que, en las sociedades capitalistas contemporáneas, los Estados no pueden alejarse de una ingeniería político-funcional estructuralmente determinada. En palabras de Dryzek, "en el momento actual, todos los Estados deben mantener el orden civil, gestionar las vicisitudes de la vida económica operando como Estados de bienestar (al menos aquellos cuyas condiciones económicas se lo permiten) y asegurar un sistema capitalista de mercado el cual provea de bienes para ganancia y soporte de los gobiernos" (Dryzek, 1996:10). En segundo término, se plantea el desafío inherente al racionalismo económico, promotor de un individualismo "agresivo" y del repliegue de los hombres/ciudadanos de lo público/democrático. El tercer desafío remite a la ideología liberal soporte de las democracias capitalistas. Advierte Dryzek, en este punto, que tal ideología -su elemento liberal en particular- ha asimilado y desarticulado todas críticas potenciales al sistema, incluso las formuladas desde la teoría democrática. El último de los desafíos interpuesto por la economía capitalista a la democracia se vincula a las demandas provenientes del escenario económico internacional. Tal cual explica el autor, el orden económico trasnacional emergente requiere la adopción políticas (liberalización y desregulación del movimiento de bienes, servicios, finanzas, capital y personas) que limitan, constriñen iniciativas democráticas. Es propósito del presente trabajo escrutar los caracteres de estos últimos constreñimientos. Explora, en términos concretos, las limitaciones que el proceso de globalización implicó -e implica, desde luego- para la democracia. El indagar sobre los alcances de tales constreñimientos conlleva un propósito en paralelo: advertir las oportunidades para la democracia en el marco del (des)orden económico correspondiente al proceso globalizador.En relación con esto último, resulta importante remarcar que si bien Dryzek repara sobre la magnitud de las limitaciones de la democracia en la coyuntura actual, su obra –insiste en reiteradas oportunidades- apela a la lectura y a la acción en positivo. Es que, conforme expone, detrás de cada uno de los desafíos se identifica una serie de oportunidades para propiciar el proceso de democratización. Subyacen ciertamente bajo cada desafío un complejo de contradicciones que el desarrollo capitalista no puede contener. Considérese como muestra de ello la crisis ecológica en ciernes provocada por el incremento en la demanda de recursos naturales y el agotamiento progresivo de los mismos.Tras esta introducción, el artículo se desarrolla en tres secciones. En la primera de ellas, se identifican las derivaciones del proceso de globalización sobre la democracia. Especial atención se pone en este apartado a los constreñimientos interpuestos por tres agentes claves de la escena económica mundial: los organismos multilaterales de crédito; las empresas multinacionales y el capital financiero transnacional. En la seccón siguiente, en tanto, se ensaya sobre las oportunidades para la democratización del espacio económico internacional. Finalmente, y conforme las convenciones de rigor, se presentan unas reflexiones conclusivas.La democracia frente a las demandas de la economía globalIniciado en los primeros setenta, en concomitancia con la profundización del proceso de integración de la economía mundial y el desarrollo de vastos avances tecnológicos –particularmente en el ámbito de las comunicaciones-, el fenómeno globalizador acarreó importantes derivaciones sobre el actuar y el pensar político. De tales derivaciones, el debilitamiento del Estado resulta sin dudas una de las más significativas. Lejos de presentarse como aquella entidad capaz de reivindicar "con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física y simbólica en un territorio determinado y sobre el conjunto de la población correspondiente" (Bourdieu, 1996:9), el Estado se encuentra atravesado en la actualidad por una crisis que asesta los basamentos de su propia naturaleza. La soberanía y la autonomía, principios constitutivos del Estado nación westfaliano, reportan ciertamente múltiples desafíos asociados a fuerzas y movimientos que ignoran fronteras territoriales y desdibujan consecuentemente las demarcaciones históricas entre lo interno y lo externo.Las contrariedades incrementales de los Estados para definir y ejecutar políticas en el ámbito económico dan cabal cuenta de estas mudanzas contextuales. Tras la multiplicación exponencial de los flujos internacionales y el ascenso del capital financiero como actor rector de la economía global, los Estados comprueban crecientes limitaciones para definir su relación con el mercado. Tal relación, otrora objeto de decisiones debatidas y adoptadas al interior de los Estados conforme la correlación de fuerzas e ideas socio-políticas, se conoce progresivamente influenciada por actores económicos internacionales, indiferentes, en lo general, a las demandas de las comunidades política y territorialmente organizadas.En este contexto, se inscriben las limitaciones de las sociedades para gobernarse democráticamente. Al imponerse la supuestamente ascética lógica de los mercados como el lineamiento rector de la vida social, los ciudadanos se repliegan de la vida pública desencantados de las capacidades arquitectónicas de la política y del régimen democrático.Con la despolitización como telón de fondo, los gobernantes -y dirigentes, en general- experimentan crecientes dificultades para agenciar representatividad. Es que, enfrentados ante un escenario signado por la complejidad, los gobernantes se hallan desbordados por las demandas de contexto, mostrándose incapaces de atender los mandatos primigenios de sus representados. Pero no es ésta la única problemática que perjudica a la dinámica de la democrática representación. No deben descuidarse al respecto las importantes derivaciones de la globalización sobre los propios representados. Se señala en este punto al deterioro y/o desarticulación de grupos sociales sobre los cuales se habían estructurado instituciones estables de representación -partidos políticos, sindicatos, etc.-. Este complejo de desafíos interpuesto a la democracia se configura, se canaliza mediante la estructura y el desempeño de los actores claves del orden económico global. A continuación, un repaso por las limitaciones postuladas por tres de ellos: los organismos multilaterales de crédito, las empresas multinacionales y el capital financiero trasnacional.Constituidos para garantizar la estabilidad de los intercambios económicos internacionales, los organismos multilaterales de créditos se constituyen -en no pocas oportunidades- en cortapisas para el desarrollo democrático. Como bien observa Dryzek, las instituciones del orden económico internacional -el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) imponen constreñimientos masivos respecto a lo que los Estados (y no sólo los deudores) pueden hacer o no (Dryzek, 1996:11). Las condicionalidades del FMI son tal vez la expresión más acabada de este planteo. So pretexto de observar los principios constitutivos y resguardar en paralelo los recursos del organismo, el FMI condicionó históricamente su asistencia a la ejecución de políticas que en los hechos resultaban contrarias al desarrollo democratizador. Los excesos del FMI sobre democracias con economías en desarrollo durante el manejo de las crisis financieras de la década del noventa fueron oportunamente explicitados por Stiglitz (2003). Conforme el economista, en la gestión de sucesivas las crisis, el organismo exigió a los Estados la adopción de políticas que condujeron a un empobrecimiento general de la población y niveles crecientes de inequidad social. De seguro, son las condicionalidades exigidas a Argentina durante y tras la salida inmediata del régimen de la convertibilidad muestra cabal de tales excesos. Durante este período, el FMI requirió medidas que forzaban abiertamente los mecanismos democráticos (piénsese al respecto el condicionamiento de asistencia a la sanción de leyes con plazos y contenidos determinados, tal cual lo sucedido en 2002 con la exigencia de la derogación de la ley de subversión económica). Las empresas multinacionales configuran otros importantes desafíos para la democracia. Conforme explica Guéhenno (1995), al distribuir en varios países las diferentes fases de la producción, las multinacionales dificultan la localización del valor añadido. Significativas consecuencias tiene esta situación para la definición de una política impositiva progresiva. Tal como expone el precitado autor: "el impuesto ya no es una decisión soberana desde el momento en que ya no existe una necesidad territorial, que el lugar de la residencia y la inversión ya no son un dato sino una opción y que el valor añadido se forma de una manera demasiado abstracta para que pueda asignarse a un lugar preciso" (Guéhenno, 1995:26). Urgidos entonces por atraer y propiciar la radicación de las multinacionales en sus territorios, los Estados estipulan una miríada de concesiones que termina por debilitar aún más sus márgenes de maniobra política. Apremiados por esta lógica, se encomiendan a una competencia con otros Estados, la cual los coloca en una situación cada vez más desventajosa (proceso de "carrera hacia abajo" o race-to-bottom, conforme la literatura económica). En este escenario de concesiones incrementales a las compañías multinacionales, los Estados resignan recursos, harto necesarios para garantizar las condiciones estructurales del desarrollo democrático. Finalmente, han de considerarse los constreñimientos planteados por el capital financiero transnacional. En virtud de su movilidad y volumen, ostenta este actor la capacidad de influir de modo cuasi instantáneo sobre la suerte de la(s) política(s) de los Estados. La posibilidad de trasladarse de un mercado a otro de manera repentina hace del capital financiero internacional un actor "escurridizo" a las decisiones por las sociedades democráticas adoptadas. Sin compromiso alguno con tales sociedades, los flujos internacionales de capital activan y censuran políticas públicas lo cual lo convierte en no pocas circunstancias en los grandes electores nacionales. Ratifican así su carácter "absentista", tal cual lo advertido por Bauman (1999:10). La erosión en las potestades impositivas reporta mayor dimensión en relación con lo formulado con las empresas multinacionales. Además de las concesiones estatales derivadas de las urgencias de financiamiento, deben de sumarse las dificultades técnico-administrativas para la aplicación de medidas impositivas.Los senderos para la democratizaciónAdvertidos los desafíos derivados del escenario económico global, se procede en este apartado a escrutar las oportunidades para la democratización por éstos habitadas. En consonancia con lo planteado en las líneas introductorias del trabajo, se sostiene que detrás de cada uno de los constreñimientos se descubren contradicciones y/o fallas que habilitan senderos hacia la democratización de los ámbitos inherentes a cada desafío particular (el Estado; la economía; la sociedad civil y el sistema internacional). En el ámbito del orden económico internacional, varias son las contradicciones que habilitaron -y habilitan- cauces para el proceso de democratización. En concomitancia a la acentuación del proceso de globalización y de sus desafíos a la democracia, asoman en la escena económica trasnacional ciertos indicios inherentes al proceso de democratización. En tal sentido, puede corroborarse en el campo de la economía internacional –y en los actores arriba analizados- indicios, expresiones de una creciente participación (franchise), alcance (scope) y autenticidad (authenticity) democrática; los tres criterios considerados por Dryzek para identificar un proceso de democratización.Se formulan a continuación algunos comentarios sobre este incipiente proceso de democratización en la economía global.En relación con el criterio de participación es de señalarse la progresiva gravitación de actores otrora marginados, desvalorados, en la estructura y las decisiones de los organismos multilaterales de crédito. Durante los últimos años, en efecto, estos actores han ampliado el número de interlocutores. A modo ilustrativo, se menciona que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) -institución constitutiva del Grupo Banco Mundial- ha aceptado recientemente la participación de organizaciones no gubernamentales (organismos vinculados al trabajo en Derechos Humanos, en defensa de usuarios de servicios públicos) en algunos procedimientos arbitrales incoados contra la República Argentina mediante la figura del amicus curae.También pudo comprobarse en últimos años esfuerzos incrementales por subsumir el accionar de la economía internacional y de estos actores, en particular, bajo el control democrático. Piénsese en las regulaciones medioambientales que, orientadas compatibilizar la satisfacción de necesidades presentes con la habilidad de las generaciones futuras a satisfacer las suyas propias (tal cual la definición de desarrollo sustentable), condicionan los procesos industriales de producción. Promovida por la paulatina concientización de las sociedades sobre la relevancia de la preservación de los recursos naturales, la incorporación de la problemática ambiental en la agenda democrática ha implicado modificaciones en el diseño y ejecución de los procesos industriales. Puede ilustrase también el avance de este criterio con la preocupación de no pocas empresas e inversores en la actualidad por encauzar acciones inscriptas en el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).Entendido por Dryzek como "el grado por el cual el control democrático es sustantiva más que simbólico, informado más que ignorante", el criterio de la autenticidad reporta indicios más sutiles. La razón de ello se vincula al hecho de que el control democrático de la economía política global remite más a los esfuerzos y acciones de los actores e instituciones internacionales que de las sociedades nacionales. En continuidad con el ejemplo de la incorporación de la problemática medioambiental en la agenda democrática, puede identificarse al Protocolo de Kyoto (aún con sus profusas deficiencias) como un mecanismo de control al desarrollo de la producción industrial.Reflexiones finalesIdeas y/o fuerzas claves de una historia compartida –esto es, la historia de la modernidad-, la democracia y la economía política capitalista empezaron, en el transcurrir de los últimos tiempos, a operar en tensión. Tal cual lo ensayado por Dryzek, el desarrollo del capitalismo se disoció poco a poco del proceso de democratización. En este contexto, la economía capitalista dejó de identificar en su asociación con la democracia un elemento capital para su dinamización.Cuatro son para Dryzek los desafíos que el capitalismo impone actualmente a la democracia: (a) los condicionamientos en funciones al Estado, (b) el racionalismo económico; (c) la ideología liberal de la democracia capitalista y (d) las demandas provenientes del orden económico internacional.Fue propósito del trabajo centrar atención en el último de estos desafíos. De este modo, se encauzó a identificar los caracteres y alcances de los desafíos a la democracia provenientes de la economía internacional.Conforme se advirtió, no son pocos los desafíos que la economía política global impone al proceso de democratización. La constitución de un espacio global crecientemente integrado supone vastas limitaciones al desempeño democrático de las sociedades y los Estados en los tiempos contemporáneos. Especial énfasis se puso a los constreñimientos interpuestos por los organismos multilaterales de crédito, las empresas multinacionales y el capital financiero trasnacional.No obstante su número y dimensión, las limitaciones a la democracia provenientes del sistema económico internacional no deben ser interpretadas cual fenómenos o procesos forzosos. En tal sentido, se comparte con Dryzek la necesidad de una lectura en clave optimista. Haciendo propias sus palabras ha de remarcarse que: "cuando la teoría democrática se encuentra con el mundo real, debería devenir fortalecida y corregida. El propósito básico de identificar constreñimientos es el de identificar oportunidades" (Dryzek, 1996:9).La interpretación en términos positivos permite identificar algunos indicios respecto al avance del proceso de democratización en el ámbito propio de la economía internacional. Se advirtió, específicamente, la paulatina manifestación de los criterios de participación, alcance y autenticidad en el accionar de los actores promotores del sistema económico global. La democracia, en términos de Downs, no es una construcción institucional estática. Se trata, al contrario, de un proceso dinámico de gobierno y de vida, inclusive. Así pues, "los defensores de la democracia deben de cambiar sus formas y significados específicos" (citado por Dryzek, 1996:5). En la actualidad, el Estado nacional, cual espacio referencial para la organización política en tiempos de la modernidad, ha dejado de representar un articulador resuelto de solidaridades políticas. "El Estado nacional es mucho menos que antes un marco general de identificación colectiva", en palabras de Touraine (2006:50). En este contexto, se ha de advertir que la democracia no adentró en un proceso de cesión sino en uno orientado a la búsqueda de nuevas formas y significación. El proceso de democratización, en breve, ha de desarrollarse en nuevos espacios, distintos a los del Estado nación. De aquí, entonces nuestra perspectiva positiva en la resolución de la tensión entre democracia y la economía capitalista en tiempos de la globalización. Sobre el autor Doctor en Relaciones Internacionales. Docente de Economía Internacional en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Becario Postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Referencias bibliográficasBAUMAN, Zygmut (1999), La Globalizacón: Consecuencias humanas, México, Fondo de Cultura Económica.BOURDIEU, Pierre (1996), "Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático", en Revista Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Número 8, abril.DRYZEC, John (1996), Democracy in Capitalist Times. Ideals, Limits and Struggles, New York, Oxford University Press.GUEHÉNNO, Jean-Marie (1995), El fin de la democracia. La crisis política y las nuevas reglas del juego, Barcelona, Paidós.STIGLITZ, Joseph (2003), El malestar de la globalización, Buenos Aires, Taurus.TOURAINE, Alain (2006), Un nuevo paradigma para comprender el mundo hoy, Buenos Aires, Paidós.
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"Solidaridad y/o reciprocidad: la división Norte-Sur en tiempos de permacrisis" fue el título del seminario celebrado en Barcelona el 17 de abril de 2023, en el marco del proyecto DigiDem-EU y financiado por el Programa Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) de la Comisión Europea. El seminario examinó el estado de la solidaridad en la UE y entre sus estados miembros a partir de distintas cuestiones: cuál es el significado y cuáles son las narrativas sobre solidaridad a nivel europeo y en los distintos estados miembros; si los europeos pueden asumirla y desplegarla sin la necesidad de desencadenantes en forma de crisis; y cuáles son los mecanismos que tiene la Unión para desplegar su solidaridad. El seminario se enmarca en el Work Package "Democracia, Participación y Europeanización". La solidaridad es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea: el artículo 2 del TUE destaca la solidaridad como uno de los valores comunes de la UE; el artículo 3 recoge que la UE fomentará la solidaridad entre generaciones y entre Estados miembros; y el artículo 24 subraya que debe imperar la solidaridad al ejecutar la política exterior y de seguridad común. Por tanto, la solidaridad está presente ya sea en la dimensión interior como exterior de la UE. La activación de instrumentos de solidaridad y el desarrollo de narrativas que refuercen este principio es un tema amplio y transversal que tiene un impacto en el estado y desarrollo de la democracia y en la participación ciudadana en el proceso de construcción europea. Además, las distintas crisis que se han sucedido en los últimos tiempos han desembocada en demandas paneuropeas de solidaridad, pero a la vez, también han politizado y polarizado los debates internos alimentado fracturas, como la división norte-sur dentro de la UE.Sin embargo, este seminario no buscaba hacer hincapié en las posibles fricciones geográficas, sino debatir sobre narrativas de solidaridad comunes, y fomentar el debate sobre como articularla, hacerla efectiva y analizar el coste de la no solidaridad. El debate se estructuró en dos mesas redondas con los objetivos de (1) hacer balance sobre cuándo y en qué condiciones se ha desplegado solidaridad entre los Estados miembros de la UE, y qué narrativas lo facilitan; y (2) mirar hacia el futuro para analizar cómo consolidar una narrativa que permita una solidaridad constante.Narrativas de solidaridad¿Cómo se puede crear una nueva narrativa? ¿O una contra-narrativa? Para construir una narrativa hay que enfatizar un desafío, hay que encontrar actores/héroes que puedan abordarlo, y hay que definir los instrumentos para hacerlo. Esto puede hacerse vinculando el pasado –donde un desafío concreto haya sido enfrentado con éxito–, con el presente –para que pueda servir de ejemplo– y, a la vez, con perspectivas de resolverlo en el futuro. Esto es relevante no sólo para comprender el poder de las narrativas, sino también para entender cómo desarrollar nuevas narrativas y reproducirlas.Existen narrativas nacionales específicas sobre solidaridad, reciprocidad y justicia, que responden a realidades propias de cada Estado miembro de la UE. Es difícil estar en contra de la narrativa de "ser más solidarios", pero la dificultad llega cuando esta solidaridad hay que transformarla en políticas públicas. La solidaridad es una narrativa poderosa, que está reconocida en los tratados, pero también supone riesgos. La demanda y oferta de solidaridad pueden no encajar cuando se trata de plasmarla en políticas públicas y darles prioridad en la agenda política. Cuando oferta y demanda no encajan, la solidaridad puede ser una narrativa contraproducente y tener una dimensión dolorosa porque hay que decidir quién la recibe, cuánta y cuándo.Cabe preguntarse quién y para qué se utiliza la narrativa de la solidaridad. Es en este punto donde se hace evidente que cada Estado miembro entiende el significado de solidaridad y su responsabilidad hacia ella de manera distinta. En aras de no profundizar en la división norte-sur, hay que ser conscientes de que la necesidad de solidaridad o la capacidad de darla depende en buena medida de los mismos estados miembros y de su capacidad de reforma. Además, los estados que ahora tienen necesidades pueden no tenerlas en el futuro o viceversa.La UE ha tenido y tiene retos enormes ante sí: tanto internos (la transición verde, la política industrial, completar la unión monetaria, la autonomía estratégica o la gestión de las migraciones), como externos (Brexit, COVID-19, guerra de Ucrania). La gestión de estos retos tiene implicaciones financieras por lo que la solidaridad tiene un precio, ya sea cuantitativo o político, que despierta sensibilidades a la hora de repartirla, especialmente si es a nivel europeo.El presupuesto comunitario es el mayor instrumento de repartición de solidaridad y se redistribuye en función de las prioridades políticas de la UE. Además, el presupuesto como distribuidor de la solidaridad europea es objeto de disputa porque no todos los estados miembros contribuyen de igual manera a las arcas comunitarias ni reciben lo mismo de ellas. Por esa misma razón, las políticas de solidaridad no solo necesitan de un presupuesto, sino también de una narrativa que ayuda a entender porque existe la solidaridad en la UE en forma de redistribución.Incluso la propia construcción europea y su relación con los distintos estados miembros necesita de un relato. La visión que se tiene de la UE, y la experiencia respecto al proceso de integración, conforma diferentes narrativas. En el caso de algunos estados miembros, existe la narrativa de que la membresía ya es una expresión de solidaridad, en tanto que un país autosuficiente contribuye de manera neta al presupuesto comunitario. De igual manera, el apoyo de ciertos países de la UE a determinadas políticas o compromisos de la agenda europea ya se puede entender como mera solidaridad. Según esta narrativa, por ejemplo, el apoyo a un potencial escenario de ampliación por parte de los contribuyentes netos ya es una muestra de solidaridad porque su desembolso se alargará en el tiempo y requerirá de aportaciones específicas del presupuesto comunitario. La visión que tienen estos estados de la solidaridad está relacionada con su nivel de preparación o resiliencia ante las crisis. Los países deberían estar preparados para poder hacer frente a los choques externos. Así sería políticamente más fácil desplegar solidaridad sí llegaran a verse superados por las crisis. Por tanto, fomentar la narrativa de la importancia de la preparación y resiliencia ante las crisis facilitaría el despliegue y la recepción de la solidaridad.La historia de la integración europea está llena de narrativas poderosas y exitosas. La narrativa original del proyecto de construcción europea es una narrativa que promete paz y prosperidad. Por su parte, la narrativa que ayudó a la creación del mercado interior se cimentó sobre la idea de que beneficiaría a todo el mundo. Con ese mismo espíritu se crearon los fondos de cohesión, una muestra de solidaridad reflejada en los tratados. Las narrativas son un instrumento en sí mismo para desarrollar solidaridad. Las narrativas explican lo que los actores identifican como posible, deseable y factible, con la intención de convencer a otros actores. Por ello, generar una narrativa de responsabilidad común hacia la UE como una expresión de solidaridad podría fortalecer a la propia Unión y sería una herramienta con la que superar fracturas como la división norte-sur.Solidaridad interna y externa: construcción de identidadPero la solidaridad como narrativa también tiene un factor de construcción de identidad que puede ser útil tanto para afrontar los retos internos de la UE como los externos. Puede hacerse una distinción entre la solidaridad interna, que sucede dentro de las fronteras de la UE; y la solidaridad externa, que sucede en la Europa ampliada, en el vecindario de la UE, o en el escenario global. Pero ambas dimensiones de la solidaridad están vinculadas entre sí: Ucrania es un ejemplo tanto de solidaridad interna como externa. Solidaridad interna para compensar a los países dentro de la UE que más están ayudando a Ucrania vía el Fondo Europeo de Paz; y externa, por extender la solidaridad a un tercer país en guerra.A nivel interno, los acontecimientos de los últimos años han alentado las discusiones sobre la idea de solidaridad; sobre todo porque la concatenación de crisis vividas desde hace más de una década ha tenido un impacto tan profundo como asimétrico en los distintos estados miembros. De hecho, estas crisis consecutivas han puesto a prueba el mismo proceso de integración europea al hacer visibles las diferencias entre socios comunitarios, diversos entre sí, y ha acrecentado la división norte-sur y también la este-oeste. Por tanto, al desarrollar una narrativa de solidaridad eficaz hay que tener en cuenta el contexto y su impacto; hay que considerar tanto que los shocks serán asimétricos por definición, como que estos shocks asimétricos pueden hacer más visibles y profundas las diferencias entre estados miembros. La UE y los países que la conforman deben ser conscientes de los obstáculos a los que se enfrentan y así poder desarrollar una narrativa de solidaridad que también ponga el acento en la preparación (preparedness). Esto facilitará el desarrollo de instrumentos y políticas para reducir las diferencias existentes entre estados; porque todos se habrán preparado previamente para afrontar distintas crisis.Fuera de las fronteras de la UE, se puede introducir la narrativa de solidaridad en las políticas de vecindad y ampliación. Si la UE quiere actuar como actor global y acepta que han vuelto las dinámicas de poder en las relaciones internacionales, no puede permitirse practicar la solidaridad selectiva. La UE y sus estados miembros deben reconocer que ser solidario con los países de la vecindad y a nivel global responde a su propio interés geopolítico. En este sentido, la solidaridad no tiene por qué ser un concepto ingenuo, sino político y con rentabilidad a largo plazo. Conceptualizar la solidaridad de manera inteligente, permitiría explicar cómo se fomenta la protección de normas y valores mediante la solidaridad con los vecinos. Por ejemplo, facilitar inversiones en conectividad digital inteligente, verde y sostenible también se puede justificar mediante la idea de solidaridad hacia la vecindad, apuntando que esto tendrá un retorno positivo para la UE.Aquí entra en juego el factor de construcción de identidad. Entre los europeos se puede percibir un sentimiento compartido de vulnerabilidad, un sentido de pertenencia compartida que puede ser muy importante para definir la dimensión interna de solidaridad. Es clave la dimensión de creación de identidad para conceptualizar la solidaridad de tal manera que se logre trabajar con políticas públicas, instituciones y herramientas que contribuyan a mejorar la solidaridad dentro de la UE. Entre los ámbitos a trabajar se encuentran cuestiones como el estado del bienestar, la solidaridad interterritorial, fiscal o con los refugiados. Después de años de crisis, la UE ha aprendido el coste de una menor solidaridad interna viendo como todos los desafíos políticos y económicos de las últimas dos décadas han dejado cicatrices en todos los estados miembros. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para aprender el coste de la falta de solidaridad externa. Pero, con los desafíos que afronta la UE, la cuestión de la solidaridad selectiva será cada vez más decisiva. Por tanto, la solidaridad debe considerarse como un deber, no como un acto de caridad.Solidaridad y derechos fundamentalesRemodelar la idea de solidaridad más allá de la narrativa tiene mucho que ver con el contexto y el peso de la reciprocidad. La solidaridad interna y la solidaridad externa se han vuelto transaccionales por un lado y, por el otro, situacionales; lo que significa que el impulso y la interpretación de esta solidaridad dependen mucho de la situación y las circunstancias de cada Estado. Las preguntas que hay que hacerse son:- ¿Es suficiente con la voluntad de los Estados miembros para desplegar solidaridad a una crisis inesperada?- Asumiendo que la realidad de la UE siempre será asimétrica, ¿puede estar condicionada la solidaridad?- Si asumimos que la permacrisis ha debilitado el estado de la democracia en la UE, ¿pueden separarse los debates sobre solidaridad de los de otros sobre derechos fundamentales de la UE?El concepto de solidaridad seguramente se ha reinterpretado con cada crisis de acuerdo a distintas agendas políticas. Conceptualizar la pandemia como una amenaza que afectaba a todo el mundo y que nadie estaría a salvo hasta que todo el mundo lo estuviera, facilitó crear una narrativa de vulnerabilidad compartida. El caso de Ucrania es otra amenaza a la seguridad y unidad europea sobre la que también se puede construir una narrativa de solidaridad. En este sentido, el papel de los distintos estados miembros es clave a la hora de dar forma al concepto de solidaridad. La permacrisis ha ayudado a respaldar las narrativas de solidaridad como un deber de los estados. La permacrisis vinculada a la solidaridad puede considerarse una historia positiva, ya que ha supuesto un impulso en algunos ámbitos. Sin embargo, el lado negativo de vincular la permacrisis a la solidaridad es que ha provocado que también esté vinculada a momentos de urgencia o necesidad. En ese caso, la narrativa de solidaridad es entonces problemática; ya que sólo funciona en modo de crisis.Sobre la condicionalidad y la asimetría de la UE, hay que tener en cuenta el factor de la reciprocidad. Los estados miembros de la UE han creado una densa red de instituciones profundamente arraigadas donde han cedido una parte de su soberanía nacional y de su identidad. Estas instituciones comunitarias se caracterizan por la reciprocidad, por lo que los estados ganan relativamente, a pesar de estar expuestos a algunos riesgos adicionales. Se entiende que existe una reciprocidad que está activa en la mayoría de los casos. Es decir, se ejerce la solidaridad porque se sabe y se espera que, llegado el momento, esta solidaridad se aplique de vuelta. Por lo tanto, la solidaridad está condicionada al propio interés. Sin embargo, cabe preguntarse dos cuestiones: primero, si realmente se puede hablar de solidaridad cuando se ejerce en un contexto de reciprocidad; y segundo, si no es, por tanto, el propio interés lo que motiva la solidaridad. Teniendo en cuenta la asimetría entre los estados miembros de la UE, siempre habrá necesidad de solidaridad; entonces ¿es posible superar la condicionalidad de la solidaridad, o, por el contrario, estará siempre sujeta a la reciprocidad? Esta reciprocidad no debería entenderse como una transacción, de lo contrario podría perderse el significado que tiene el concepto mismo de solidaridad.Finalmente, la solidaridad está vinculada al estado de la democracia en la UE. Cuando más contestado ha estado el concepto de solidaridad más fácilmente se ha debilitado el sistema democrático de la Unión Europea. Por lo tanto, en aras de proteger derechos fundamentales cada vez más erosionados, a causa de las diferentes crisis tanto globales como europeas, puede ser clave vincular las narrativas de solidaridad con la del estado de la democracia. La solidaridad forma parte de una narrativa lo suficientemente amplia para que permita a la UE y sus estados miembros apoyar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y de los derechos humanos; y hacerlo mediante la redistribución de recursos de la UE de acuerdo con su capacidad. Por ello, la solidaridad debería ser una característica estructural en la formulación de políticas en la UE en lugar de darla por garantizada.Solidaridad: ¿deber moral o asunto fiscal?La discusión sobre la solidaridad y las narrativas que la facilitan tiene el potencial suficiente para mantenerse vigente en el tiempo ya que, con cada nueva crisis, es posible que los debates sobre solidaridad emerjan de nuevo. El seminario organizado por CIDOB destacó dos preguntas que siguen sin estar resueltas, pero que acompañan y dan sentido al debate sobre solidaridad dentro de la UE: ¿cuál es la definición operativa del concepto de solidaridad que podría orientar la formulación de políticas en la UE? y ¿cuál es la dimensión normativa de la solidaridad?La solidaridad entre estados miembros en el seno de la UE, ¿es un imperativo moral u obedece a una transaccionalidad alimentada por la naturaleza recíproca que se le supone a la solidaridad? Si la solidaridad, incluso en términos de reciprocidad, obedece al interés propio de acuerdo con una lógica transaccional, ¿es realmente solidaridad? ¿Es la lógica transaccional el camino para incluir la solidaridad de manera permanente dentro de la UE y en sus relaciones exteriores?Sally Scholz (2008) distingue entre solidaridad social, cívica y política. La solidaridad social nace del imperativo moral de ayudar en tanto que nos reconocemos como seres humanos, y, en ese caso, no existiría distinción entre lo interno y lo externo. Se entiende que los seres humanos son solidarios sin esperar reciprocidad. La solidaridad relacionada con la ayuda humanitaria en caso de un desastre natural es un ejemplo de ello. La solidaridad cívica, por su parte, es la base del estado del bienestar en la que la reciprocidad juega un papel determinante: se contribuye al estado del bienestar en tanto que se espera que éste pueda extender su protección, llegado el momento, a todos sus contribuyentes como mínimo. Finalmente, la solidaridad política es la acción política conjunta en defensa de los intereses propios con un grupo con el que se comparten intereses y objetivos de lucha política común. En la UE, nos encontramos en la fase de solidaridad social con la perspectiva y posibilidad de que las distintas narrativas ayuden a desarrollar solidaridad cívica y, quizás, política a nivel transnacional.Respecto a la operacionalización de la solidaridad, una de sus posibilidades, contestada por algunos actores y apoyada por otros, es que la solidaridad cívica en la UE diese lugar a discusiones sobre un sistema fiscal único y, por lo tanto, a una mayor redistribución. La narrativa que facilitaría esta operacionalización sería la del destino común: si es cierto que las crisis económicas y financieras, pero también las de naturaleza política, amenazan al mercado único –asimétrico de por sí–, o al estado de derecho y la calidad democrática de la Unión, la vulnerabilidad es compartida. Una manera de hacer frente a estas vulnerabilidades sería la de la redistribución. A la vez, si cada Estado miembro estuviera suficientemente preparado para afrontar crisis, aun asumiendo las características asimétricas de la Unión, sería más fácil crear y reproducir una narrativa sobre solidaridad.Para abordar el carácter normativo de la solidaridad, hay que considerar la importancia de los marcos nacionales. Con todo, no existe una narrativa definitiva sobre cómo o qué debe ser la solidaridad. Siempre habrá narrativas en competición y éstas pueden crearse tanto de arriba abajo como de abajo arriba.La narrativa de la solidaridad durante la pandemia que desembocó en los fondos Next Generation, no obedecía simplemente a la necesidad de dar una respuesta sanitaria a los países más afectados por la COVID-19. También se utilizó la narrativa de la necesidad de impulsar la transición verde y digital para emprender una redistribución de recursos. Para dicha redistribución, se consideró, además, el impacto de la pandemia en los estados miembros que venían arrastrando problemas económicos estructurales desde la recesión de 2008 y, en consecuencia, que tenían cada vez un mayor número de votantes euroescépticos. La solidaridad funcionó como instrumento para detener, o al menos amortiguar, el impacto socioeconómico de la crisis pero también el de las fuerzas euroescépticas.La actual narrativa de solidaridad sirve a la Comisión Europea para mantener a la Unión unida. Sin embargo, también tiene sus puntos débiles. El riesgo de una narrativa funcional es que sea difícil de transmitir y aceptar por parte de la ciudadanía, bien porque los ciudadanos tienden a responder a marcos de identidad nacional, o porque esta narrativa puede entrar en contradicción con la propia experiencia de los ciudadanos. Además, el utilitarismo y el interés propio es un mal punto de partida para la solidaridad porque está determinado por el cortoplacismo. Por ejemplo, la narrativa no es igual de poderosa si se explica que solidaridad es pagar impuestos a nivel europeo porque recibirás algo a cambio, o bien si se pone el acento en que pagar impuestos a nivel europeo contribuye a la creación de una comunidad política.La discusión sugiere que existen ciertos límites a la hora de discutir el futuro de la UE y el futuro de los estados miembros dentro del marco de la solidaridad. Podría ser más fácil debatir sobre derechos y responsabilidades en el marco del desarrollo de la integración, las políticas de la UE y el futuro de la Unión donde, por supuesto, se necesita solidaridad. En este sentido, sería útil hablar de conceptos como responsabilidad conjunta y responsabilidad nacional; porque entonces la solidaridad se convierte en el punto de partida, y no está condicionada por ciertas perspectivas políticas y geográficas. Siendo la solidaridad un elemento importante, la discusión en el debate público debería tratar conjuntamente sobre derechos y obligaciones. De esta manera se facilitaría tanto la narrativa como los instrumentos de solidaridad entre ciudadanos de los distintos estados miembros, de los ciudadanos hacia la UE, de los estados miembros con sus pares en tanto que todos forman parte de la misma Unión, y de la UE con el resto del mundo en tiempos de crisis permanente. ReferenciasScholz, Sally J. Political Solidarity. Penn State University Press, 2008 https://doi.org/10.5325/j.ctt7v61rFinanciado por la Unión Europea. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.
La presente tesis se encuadra enmarcada dentro del programa de doctorado denominado Gestión y Economía de las Pymes IV. Con el objetivo de finalizar los estudios de tercer ciclo, el doctorando emprendió la tediosa labor de presentar una investigación en el marco de los sistemas de información. Por ello, el proyecto que se planteó fue el análisis de la situación actual de la banca electrónica y su accesibilidad web. Con este trabajo tratamos de presenta una investigación novedosa, por su contenido y el ámbito especial en el que se enmarca que es el sector financiero. Pues tenemos en las manos un tema de actualidad como es el uso de Internet, al ser objeto de nuestro análisis las web y por otro lado la banca española, que en estos últimos años ha sufrido importantes vaivenes. Con estas dos premisas nos propusimos como objetivo conocer los niveles de accesibilidad de las web de las entidades financieras españolas. Para tener una guía de referencia tomamos el listado que el banco de España publica todos los años sobre las entidades que operan en el país. De dicha relación solo se tomaron los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de créditos, por ser las entidades más populares y con las que los ciudadanos trabajan en su operativa cotidiana. En cuanto a la labor de investigación y atesoramiento de bibliografía, podemos comentar que en un primer momento el investigador ha presentado una amplia lista de trabajos relacionados con el campo de la accesibilidad web, tanto a nivel nacional como internacional, tanto para el ámbito universitario como el sector privado. También son numerosos los estudios comentados sobre los índices cuantitativos de accesibilidad web y por último hemos citado trabajos que se han presentado de la banca, tanto en España como en el extranjero. Por otro lado, hemos hablado de accesibilidad web, su concepto, definición y cambio de normativa. Mediante cuadros, el doctorando ha mostrado las alteraciones que se han producido respecto a la anterior directriz. De manera original en este trabajo se presenta un listado de todos los países que tienen legislación propia sobre accesibilidad web. Así, exhibimos en este documento la normativa vigente y las características que cada una de éstas hayan presentado, fecha de entrada en vigor, el ámbito de aplicación, tipos e importes de sanción. Una de nuestras aportaciones en el campo en el que nos encontramos ha sido la confección de una encuesta, con ayuda de expertos sobre la accesibilidad web. Una vez consensuadas las preguntas después de varias rondas de reuniones, el cuestionario se colgó en Internet y mediante las redes sociales se dio publicidad para su cumplimentación. En una segunda fase se obtuvieron las respuestas, presentando el cuestionario en mano, directamente a las personas para que contestasen. De este modo hemos obtenido abundante información primaria para contestar a las hipótesis de partidas planteadas. Por otro lado, hemos analizado más de 7.000 páginas web con una amplia gama de herramientas que se encuentran disponibles a través de Internet y que son de acceso libre, para valorar los niveles de accesibilidad de las web. También hemos examinado las hojas de estilo y el código HTML de las páginas de inicio de las corporaciones con el fin de conocer su estructura. Algunos de los instrumentos con los que hemos trabajado, nos han servido para informarnos sobre el número de fallos o errores que la página de inicio y de primer nivel de cada una de las instituciones objeto de estudio presentan. Otros instrumentos de observación nos han servido para conocer datos como la fecha de creación de la página, el número de modificaciones, la popularidad, el posicionamiento en motores de búsqueda, la visibilidad, la autoridad del dominio, el número de enlaces y las palabras claves de la banca electrónica española. También hemos incluido un análisis cuantitativo de las páginas mediante los índices Failure y Wab. Para este último caso, hemos propuesto una mejora en su cálculo. Para obtener los resultados, realizar la presentación y contactarlos con las hipótesis del estudio, hemos utilizado por un lado hojas de cálculo Excel, para los casos que la evaluación haya sido fácil de obtener. Y para los análisis de mayor calado nos hemos ayudado del programa SPSS en su versión 22, para averiguar causas que no se ven a simple vista con la observación de los datos. Entre los principales resultados que podemos citar con este estudio que aquí presentamos, cabe señalar que ninguna entidad financiera obtiene un nivel de conformidad doble A (AA) según las pautas de accesibilidad para el contenido WCAG 2.0. ; The present thesis is within the frame of the doctorate program named "Gestión y Economía de las Pymes IV". The thesis, which will lead to the completion of the studies of the third cycle, is a complex and laborious task to investigate the framework of information systems started. Thus the projected plan is the analysis of actual situations for electronic banking and web accessibility. This work presents a new line of investigation not only for its content, but also for the special field it frames, which is the financial sector. On the one hand, we have a contemporary theme, which is the use of internet, being the web our object of analysis. On the other hand, we will deal with the Spanish banks, which have suffered from important ups and downs in the last years. Following these two premises, our proposed objective is to know the levels of accessibility in the web for Spanish bank organizations that operate in this country. Among all the financial entities which operate in our country, we focus in the Banks, the Credit Saving Banks and the Cooperatives of Credit, three of the most popular and daily used financial organizations. With respect to the labor of investigation and the accumulation of biographies, we are capable to comment that in the first moment, the investigator has presented a wide list of studies related to bank branches web accessibility, both at national level as well as the international one, and as regards the university environment as well as the private sector. Also, there are numerous studies commenting on the quantitative indices of web accessibility. Lastly, we have cited studies that have been presented by the Banks, many in Spain as well as abroad. On the other side, we have spoken of web accessibility, its concepts, definitions, and normative changes. By means of tables and graphs, the doctorate candidate has demonstrated the variations that have been produced with respect to the former directives. By means of an original way, a list of all the countries that have their own legislation over web accessibility is presented in this work. We have also exhibited in this document the valid norms and characteristics that each one of these have presented, as well as the effective date, the field of application, and the types and amounts of sanctions. One of our contributions for bank branch offices has been the creation of a survey over web accessibility with the help of experts. Once the consensus about the questionnaire, after various rounds of meetings, was achieved, this was posted on the internet, and it was given publicity for its fulfillment by means of social networks. In a second phase, answers were obtained by presenting the questionnaire directly to the participants. This way we have obtained abundant basic information in order to answer the proposed hypothesis. On the other side, we have analyzed more than 7,000 web pages with a wide range of available and free-accessed tools across the internet in order to evaluate the accessible levels on the web. Also, we have examined the style of sheets and the HTML code of the home page for corporations and their structures. Some of the instruments we have worked with have helped to inform us about the number of mistakes or errors on the home page and at the first level that each one of the analyzed institutions presents. Other instruments of observation have served to clarify the data, such as the date of creation of the page, the number of modifications, the popularity, the positional motors of search, the visibility, the authoritative control, the number of links, and the code words for Spanish electronic banking. Also we have included a quantitative analysis of the pages by means of the Failure and Wab indices. In this last case we have proposed an improvement in their calculations. In order to obtain the results, to make the presentation and to contrast them with the hypothesis of the study, we have used side sheets of Excel calculations for those cases where the evaluation has been easily obtained. For the best calculated analysis we have used the program SPSS in the version 22, in order to investigate causes that are not easily seen within the observed data. Among the mainl results that we are able to quote with our thesis, we are able to assert that no financial entities obtained a double level conformity A (AA) according to the guidelines of accessibility contained in the WCAG 2.0.
El libro comienza con el capítulo de Federico Mina,"Ética de la guerra en los Reinos Combatientes: un análisis de las posiciones de Mozi y Mencio"; el autor sitúa su investigación en la China preimperial –cuando se desarrollan las primeras posiciones intelectuales con respecto a las relaciones interestatales–, en el marco del debilitamiento del poder central y la fragmentación del país asiático en estados autónomos. Mina comienza su trabajo realizando un análisis de las posiciones que el confucianismo y el moísmo tempranos tomaron con respecto al rol de la utilidad en la moral, y avanza luego contrastando las posiciones de los dos pensadores en lo atinente a las razones para oponerse a la guerra. Afirma que, pese a las diferencias que tradicionalmente se han atribuido a ellos, hay similitudes profundas entre sus textos. Luciano Di Doménico, en su capítulo "La Ruta de la Seda terrestre y marítima en el este asiático durante los siglos X-XII", realiza un estudio detallado de las dinámicas económicas que se generaron en el sistema multiestatal del Noreste Asiático durante ese período, y su proyección hacia el oeste por medio de la Ruta de la Seda; en particular, analiza la producción e intercambios de los Liao, los Xi Xia, los Jin y la China de la dinastía Song. Afirma además que a medida que esta última comienza a perder poder -y eventualmente el territorio- en el norte en manos de aquellos estados, tuvo que readecuar sus intercambios económicos extrarregionales desde la Ruta de la Seda terrestre hacia la marítima. En el capítulo de Andrés Landoni, "Choque cultural y otredades en la primera Guerra del Opio (1839–1842)", se analizan documentos oficiales y publicaciones de la época para destacar las diferencias culturales en la percepción del conflicto y en la caracterización del bando enemigo. Por un lado, muestra que en el contexto del creciente dominio marítimo mundial y expansión imperial de los británicos se consolida una mentalidad instrumentalista y liberal, en la que el orden político y social chino es definido como inferior y atrasado. Por otro lado, el país asiático enfrenta a los ingleses en las primeras disputas sobre el comercio del opio con una mentalidad etnocéntrica de carácter diferente, producto de la hegemonía cultural regional indisputada que los chinos tuvieron durante siglos; como consecuencia, su reacción ante el conflicto menospreció la superioridad militar inglesa, lo que trajo aparejado su subsiguiente derrota. El capítulo de Gustavo Santillán, "Kang Youwei y Liang Qichao frente al derrumbe del orden sinocéntrico: reacciones y propuestas político-intelectuales en un periodo de crisis", pone la trayectoria político-intelectual de estos letrados chinos reformistas en el contexto de la creciente intervención japonesa en la política china a partir de 1895, tras el desenlace del conflicto bélico que culminara con la suscripción del Tratado de Shimonoseki. A partir de aquí, con toda claridad, Japón pasó de representar un Estado periférico, tributario e imitador de China, a convertirse en adversario, modelo a imitar y jugador en las disputas políticas internas de su vecino. En este marco, Kang y Liang diseñaron soluciones político-intelectuales para preservar a su país, que mostraron tanto continuidades con el pasado confuciano como innovaciones y aperturas hacia el ideario occidental, mediadas en ocasiones por la previa apropiación japonesa de dicho ideario. El capítulo enfatiza el carácter instrumental de las soluciones mencionadas, y la fluidez de los vínculos ideológicos evidentes en el periodo. El trabajo "Los reclamos y la participación de las mujeres en la caída de la dinastía Qing: el legado de Qiu Jin", de Rocío Montoya, continúa tratando las respuestas intelectuales y políticas a la crisis de finales de la dinastía Qing discutidas en capítulo anterior, pero pone su foco en las actividades de la activista y poetisa revolucionaria Qiu Jin y en las demandas por los derechos de la mujer, vi subyugada históricamente a causa de la ideología confuciana. Afirma que la creación de asociaciones políticas y el rol importante que tuvo el acceso a la educación occidental en Japón fueron factores determinantes para que Qiu y otros militantes pudieran fundamentar y desarrollar sus ideas. Asimismo, se analizan poemas de Qiu que permiten apreciar estas ideas, y se examina su legado postrero. El capítulo de Federico Guzmán Olivera, "Las relaciones entre la República Popular China y la República de Indonesia: desde la Conferencia de Bandung hasta el fallido golpe del Movimiento 30 de Septiembre (1955-1965)", refiere a la relación bilateral establecida entre esos estados en sus primeros años de existencia. Debido a las coincidencias dentro del Movimiento de Países No Alineados y a los posicionamientos antiimperialistas fue posible un acercamiento diplomático que sin embargo nunca estuvo libre de desconfianzas, en especial por la represión ejercida hacia los comunistas locales en Indonesia, amén de las medidas tomadas allí contra la población china residente. Finalmente, Guzmán Olivera relata el alejamiento bilateral definitivo, concretado después del intento fallido de golpe en Indonesia del año 1965, y la posterior suspensión de relaciones efectivizada en 1967. El capítulo de Cristian Fernández Castro y Emiliano Medina se titula "Relaciones internacionales chino-camboyanas: la retirada de Estados Unidos frente a la progresiva injerencia de la República Popular China en la región (1979 – 2018)". En los años posteriores a la caída del régimen del Khmer Rouge en 1979 los Estados Unidos, junto con la ONU, destinaron recursos para proteger a los restos del Khmer bajo la forma de ayuda humanitaria, mientras que Vietnam mantuvo el control de Camboya hasta 1993; es en esa dinámica en la que se desenvuelven durante ese periodo las relaciones bilaterales. En los años posteriores se ve una mayor injerencia occidental, tanto diplomática como por parte de instituciones financieras tales como el FMI. Por su parte, el gobierno chino, en especial desde 1997 y consolidándose bajo el liderazgo de Xi Jinping, ha querido tener luego un rol más importante a nivel internacional. El papel que China tuvo en Camboya, en especial en los intercambios comerciales, fue creciendo a lo largo de los años, desplazando al que anteriormente ocupaba Occidente. El capítulo de Marina Gusmão De Mendonça y Rafael Almeida Ferreira Abrão, titulado "Ruanda pósgenocídio: a participação da China no processo de reconstrução do país", profundiza en la creciente influencia china en el país africano luego del genocidio de 1994. Dicha influencia fue parte de un plan del gobierno de la República Popular para aumentar las inversiones y la cooperación económica en el continente africano. Desde entonces, los intercambios bilaterales con Ruanda han aumentado considerablemente. Se analizan también las consecuencias económicas de dichos intercambios en el país africano. El capítulo de José María Resiale Viano, "La industria automotriz china en el nuevo siglo: consolidación local y expansión hacia nuevos mercados (2004-2019)", ofrece un detallado panorama de las transformaciones acaecidas en dicha rama de la industria china. Resiale Viano estipula, luego de establecer el contexto inicial de conformación de la industria automotriz china, dos etapas al interior del periodo del que se ocupa: en la primera de ellas, 2004-2009, la industria automotriz china se consolida, inicia su salto exportador y se concentra en la venta de automóviles para uso individual; en el periodo 2009-2019, en tanto, el examen empírico muestra la expansión externa del sector. Resiale Viano detalla los mercados hacia los cuales las automotrices chinas se expanden, destaca a la IED como forma saliente de dicha expansión, e indaga en las motivaciones de la inserción externa: ellas están constituidas en lo fundamental por la búsqueda de tecnología, amén de por la procura de nuevos mercados. El capítulo cierra con una proyección tentativa, a partir de la cual el autor advierte la necesidad de desarrollar estudios que se adentren en el examen del segmento de producción de autos eléctricos, pues hacia allí no sólo parece dirigirse buena parte de los esfuerzos recientes de las automotrices chinas punteras, sino que el desarrollo de estos productos puede convertirse en un escenario económico de disputa entre la República Popular China y los Estados Unidos. El trabajo de Rodolfo Molina, "Reactivación o transformación en Japón", detalla algunos aspectos de las reformas económicas impulsadas por el premier Abe Shinzo durante su actual mandato, iniciado en 2012. Molina reflexiona acerca de la relación existente entre las medidas lanzadas por Abe y las tensiones subyacentes a la estructura socioeconómica de Japón. El autor indaga en particular sobre las reformas en el ámbito laboral y empresarial, poniendo de relieve las inconsistencias existentes entre los postulados de dichas reformas y las tendencias demográficas, el tejido productivo y las tradiciones corporativas japonesas. Ello hace concluir al autor la existencia de una cierta imposibilidad de Japón para crecer más allá de los límites de su modelo de desarrollo. El capítulo de Marcos Cordeiro Pires y Lucas Gualberto Do Nascimento, "A Doutrina Monroe 2.0 e as Relações Trilaterais Estados Unidos, China e América Latina", en tanto, sostiene la existencia actual de una nueva versión de la Doctrina Monroe. Para los autores, ello se debe poner en el contexto de la reciente disputa sinoestadounidense, que estaría repercutiendo en la configuración de América Latina como escenario de dicha disputa. Pires y Nascimento señalan que hasta el comienzo de la segunda década del siglo XXI los Estados Unidos no percibían a la relación sinolatinoamericana como problemática para sus propios intereses. A partir de la llegada al gobierno de Donald Trump, y con antecededentes relevantes en la Estrategia de Pivot para Asia diseñada durante el gobierno de Obama, Estados Unidos manifiesta una creciente disposición a obstaculizar las relaciones de los países latinoamericanos con la República Popular China, sin que ello implique por otro lado que posea necesariamente las capacidades estructurales suficientes para llevar a cabo dicho entorpecimiento de manera efectiva. El capítulo de Leon Gornitz, "Rupturas y continuidades de la política exterior estadounidense hacia la República Popular China: del Pivot a Asia y el Pacífico a "America First" (2011 - 2018), ofrece una exposición de documentación oficial producida por los Estados Unidos en lo referente a su estrategia de seguridad nacional, y en lo atinente a su política hacia China y el Asia IndoPacífica. El examen involucra las dimensiones económica y militar de la estrategia estadounidense y las pone en relación sosteniendo que, en un contexto general caracterizado por el ascenso de China y la declinación estadounidense, el cambio de estrategia hacia el Asia en general y hacia China en particular ocurrido entre las administraciones de Barack Obama y de Donald Trump constituye una redefinición de los medios a través de los cuales los Estados Unidos procuran retener su hegemonía en un mundo crecientemente multipolar. Así, mientras Obama apuntaba a construir una malla de seguridad para la contención de China involucrando a los socios regionales de los Estados Unidos en Asia, Trump apunta a revertir el agotamiento de las ventajas militares competitivas estadounidenses a través de la aplicación de políticas comerciales duras y unilaterales contra la República Popular China. El capítulo de José Luis Valenzuela, "¿De la Guerra Tibia a la Guerra Fría?: Escenarios posibles para la relación entre la República Popular China y Estados Unidos en la próxima década", estudia el tema anunciado en su título en un contexto amplio y caracterizado por: las tendencias globales para los próximos 20 años de acuerdo al planteo del informe Global Trends del National Intelligence Council de los Estados Unidos, la actual revolución científico-tecnológica en curso (tal como es delineada y estudiada por el autor en su reciente libro "La Humanidad en la Encrucijada…"), y el interrogante acerca de si la política de Donald Trump constituye una excepción o una continuidad destinada a perdurar en la política estadounidense. En este marco de coordenadas, Valenzuela traza escenarios posibles para analizar la "Guerra Tibia" entre Estados Unidos y China y sus implicancias geopolíticas, concluyendo que los cambios científicotecnológicos, climáticos y en el empleo profundizarán la brecha existente entre las dos naciones mencionadas y el resto del mundo, polarizarán a las sociedades y, de persistir las políticas de la actual administración estadounidense, los alineamientos mundiales de poder adoptarán un cariz de suma-cero, en el que el "ganador llevará todo". El capítulo de Santiago Boccardo y Gabriel Gerbaldo, "De caminos, nuevos mercados y relaciones diplomáticas: un acercamiento histórico al conflicto fronterizo de Jammu-Cachemira (2013-2018)" trata dicho conflicto, a partir de la perspectiva de David Harvey, como un proceso condicionado por la necesidad de la República Popular China de diseñar "soluciones espacio-temporales" que le permiten canalizar capital excedente en su economía doméstica. Los proyectos de comunicación física chinos en la región, enmarcados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, estarían para los autores dirigidos por tal imperativo.Finalmente, el capítulo de Francisco Bauer versa sobre "China y la cuestión ambiental". Bauer define y analiza esta cuestión presentando el escenario internacional, caracterizado por la proliferación de foros oficiales y no oficiales. En este marco, presenta luego información pertinente a la República Popular China detallando datos de crecimiento económico, matriz energética y polución. Finalmente, introduce al lector los esfuerzos que el gobierno y la sociedad civil china han llevado a cabo para lidiar con la contaminación ambiental. ; Los trabajos presentes en este libro realizan una indagación histórica de las relaciones exteriores de China en el largo plazo con el objetivo de contribuir a la comprensión de la emergencia de ese país como uno de los actores más importantes en la geopolítica actual, así como también obtener perspectivas futuras de la dirección y características de su comportamiento. Algunos de los textos abordan nuevos desafíos del país asiático como la producción automotriz o los problemas ambientales, mientras que otros analizan los patrones de intercambios económicos durante el período imperial, los cuales son de vital importancia para entender proyectos como la reciente Belt and Road Initiative . También se estudia la dinámica de las relaciones bilaterales contemporáneas entre la República Popular China y algunos países asiáticos y africanos. Se discuten asimismo debates desde una perspectiva cultural e intelectual, en especial aquellos suscitados por el contacto con Occidente. Finalmente, otros trabajos se ocupan de aspectos económicos y diplomáticos recientes y de sus proyecciones para los próximos años. ; The works presented in this book carry out a historical investigation of China's foreign relations in the long term with the aim of contributing to the understanding of the emergence of that country as one of the most important actors in current geopolitics, as well as obtaining future perspectives on the direction and characteristics of its behaviour. Some of the texts address new challenges of the Asian country such as automotive production or environmental problems, while others analyze the patterns of economic exchanges during the imperial period, which are of vital importance to understand projects such as the recent Belt and Road Initiative . The dynamics of contemporary bilateral relations between the People's Republic of China and some Asian and African countries are also studied. Discussions are also held from a cultural and intellectual perspective, especially those arising from contact with the West. Finally, other works deal with recent economic and diplomatic aspects and their projections for the coming years. ; Ética de la guerra en los Reinos Combatientes: un análisis de las posiciones de Mozi y Mencio, Federico Daniel Mina. La Ruta de la Seda terrestre y marítima en el Este Asiático durante los siglos X-XII, Luciano Agustín Di Doménico. Choque cultural y otredades en la primera Guerra del Opio (1839–1842), Andrés Landoni. Kang Youwei y Liang Qichao frente al derrumbe del orden sinocéntrico: reacciones y propuestas político-intelectuales en un periodo de crisis, Gustavo E. Santillán. Los reclamos y la participación de las mujeres en la caída de la dinastía Qing: el legado de Qiu Jin, Rocio Mickaela Montoya. Las relaciones entre la República Popular China y la República de Indonesia: desde la conferencia de Bandung hasta el fallido golpe del Movimiento 30 de Septiembre (1955-1965), Federico Guzmán Olivera. Relaciones internacionales chino-camboyanas: La retirada de Estados Unidos frente a la progresiva injerencia de la República Popular China en la región (1979– 2018), Cristian Nicolás Fernández Castro y Emiliano Javier Medina. Ruanda pós-genocídio: a participação da China no processo de reconstrução do país, Marina Gusmão De Mendonça y Rafael Almeida Ferreira Abrão. La industria automotriz china en el nuevo siglo: consolidación local y expansión hacia nuevos mercados (2004-2019), José María Resiale Viano. Reactivación o transformación en Japón, Rodolfo Molina. A Doutrina Monroe 2.0 e as Relações Trilaterais Estados Unidos, China e América Latina, Marcos Cordeiro Pires y Lucas Gualberto do Nascimento. Rupturas y continuidades de la política exterior estadounidense hacia la República Popular China: del Pivot a Asia y el Pacífico a "America First" (2011 - 2018), Leon Gornitz. ¿De la Guerra Tibia a la Guerra Fría?: Escenarios posibles para la relación entre la República Popular China y Estados Unidos en la próxima década, José Luis Valenzuela. De caminos, nuevos mercados y relaciones diplomáticas: un acercamiento histórico al conflicto fronterizo de Jammu-Cachemira (2013-2018), Santiago Esteban Boccardo y Gabriel Gerbaldo. China y la cuestión ambiental, Francisco Bauer. ; Fil: Santillán, Gustavo E. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Santillán, Gustavo E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad; Argentina. ; Fil: Mina, Federico. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Di Doménico, Luciano Agustín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. . ; Fil: Landoni, Andrés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Montoya, Rocío Mickaela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Guzmán Olivera; Federico. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Fernández Castro, Cristian Nicolás. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Medina, Emiliano Javier. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Resiale Viano, José María. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina. ; Fil: Resiale Viano, José María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad; Argentina. ; Fil: Molina, Rodolfo. Universidad Nacional de Córdoba; Argentina. ; Fil: Gornitz, León. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Valenzuela José Luis. Universidad Andrés Bello. Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China; Chile. ; Fil: Boccardo, Santiago Esteban. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Gerbaldo, Gabriel. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Bauer, Francisco. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Escuela de Historia; Argentina. ; Fil: Gusmão De Mendonça, Marina. Universidad Federal de São Paulo; Brasil. ; Fil: Ferreira Abrão, Rafael Almeida. Universidad Federal ABC; Brasil. ; Fil: Cordeiro Pires, Marcos. Universidad Estatal Paulista; Brasil. ; Fil: Do Nascimento, Lucas Gualberto. Universidad Estatal Paulista; Brasil.
En el Ecuador, aproximadamente 72% de niños, niñas y adolescentes estudian en el sistema público. Dentro de ese porcentaje se constata el deterioro de la educación que reciben y que les resta oportunidades para competir en la sociedad del conocimiento, lo que no solo repercute en sus proyectos de vida individual y familiar, sino también en la sociedad en general al no contar con ciudadanos competitivos, críticos y dotados de las lógicas que les permitan gerencia el conocimiento y arribar a la ciencia y la tecnología. Así lo demuestran los decrecientes resultados del único sistema de medición de logros académicos con que contó el Ecuador desde 1996 hasta 2000, paradójicamente, nuestras autoridades, en lugar de dar alternativas urgentes, trataron de ocultar esa realidad y descontinuaron la aplicación del sistema. En el escenario actual se constata el impulso al Plan Decenal de Educación que, bajo la iniciativa del Ministerio de Educación, se analiza y busca consenso entre diferentes actores en el país. Sin embargo, de continuarse con el vigente sistema centralizado, sin rendición de cuentas y sin participación de los actores educativos, en especial los padres de familia, líderes comunitarios y autoridades locales, será muy poco lo que se logre, puesto que el impedimento mayor es justamente el sistema centralista y obsoleto. En este contexto, Fundación Ecuador aporta con una propuesta de Modelo de Gestión de Gobiernos Locales para una Educación Básica de Calidad, para que se convierta en política de estado destinada a establecer articulaciones y alianzas estratégicas entre el Ministerio de Educación y los gobiernos locales. Propuesta de política de educación básica: "Modelo de gestión de gobiernos locales para una educación básica de calidad" La propuesta que Fundación Ecuador hace al país tiene como propósito "facilitar un proceso de gestión y estructuras organizacionales que permitan al Ministerio de Educación (MEC) y a los gobiernos locales aportar eficientemente en el desarrollo socioeducativo de las comunidades". Se constata que los aportes más significativos de los últimos años, en términos de progreso y desarrollo de las poblaciones de nuestro país, provienen de los gobiernos locales, en contraste con el deterioro cada vez mayor del sistema centralista de gobierno. Un escenario a favor de la presente propuesta es justamente la Constitución de la República, que establece como mandatos:- Incorporación en su gestión de estrategias de descentralización y desconcentración, administrativas, financieras y pedagógicas. Participación de padres de familia, comunidad, maestros y educandos en el desarrollo de los procesos educativos. Además, con la aprobación de la Ley de Descentralización, en 1999, los gobiernos locales pueden solicitar al gobierno central los recursos y la responsabilidad de proveer los servicios públicos, como son la educación y la salud. En nuestro país se ha dado poca importancia a los sectores sociales para potenciar el capital humano y, como lo señala UNICEF, pese al crecimiento experimentado a partir de 2000, el gasto social se ha reducido casi a la mitad entre 1982 y 2005. El Ecuador gasta anualmente por habitante 131 dólares en inversión social, mientras el promedio regional es de 540 dólares por persona/año. Si la Educación es una inversión, entonces se requiere no solamente declarar que lo es, sino de la implantación de un modelo de gestión que permita identificar carencias y atenderlas de manera planificada. Atención, participación y transparencia deberán ser los componentes ineludibles en un proceso sistemático de mejoramiento de la calidad de la educación que se ofrece a los niños y jóvenes del país. En este sentido, consideramos que el Modelo de Gestión Educativa de Gobiernos Locales permitiría iniciar la transformación requerida y controlar la inversión desde parámetros de calidad. Calidad: al insertarse en una estructura organizacional que le permita al gobierno local invertir bajo la lógica de planeación estratégica y racionalidad de proyectos, con estándares de calidad a nivel administrativo y pedagógico. · Participación y control: al constituirse Comités de Gestión Educativa municipales y en cada escuela, de manera que los actores educativos y padres de familia puedan participar de la consecución de los planes estratégicos para mejorar la educación en su comunidad y en el control de la inversión de recursos. Descentralización y manejo de recursos: esta propuesta permitirá al gobierno local prepararse para asumir competencias en educación en el marco de las leyes que lo facultan. Dichas competencias solo pueden ser asumidas por un gobierno local dispuesto a rendir cuentas a su comunidad y al país, desde la rectoría de un MEC que promueva y determine que los municipios que quieran asumir competencias en educación cuenten con: Diagnóstico situacional de la calidad educativa de su territorio. Plan Estratégico del componente educativo, altamente participativo y que involucre la participación de los actores educativos, sociales y productivos de la comunidad para establecer objetivos y metas de interés comunitario en educación. Sistema de Participación: dedicado a canalizar la participación de padres de familia y actores educativos a través de Comités de Gestión Educativa en los municipios y escuelas, con funciones de veeduría, de planificación, gestión y evaluación en la consecución de los planes y proyectos. Diseño de estructuras organizacionales que generen un cambio en la atención al sector educativo, de manera que los gobiernos locales cuenten con un sistema de indicadores de calidad y proyectos que les permitan invertir estratégicamente en educación de calidad. Modelo de gestión de gobiernos locales para una educación básica de calidad. La implantación del Modelo propuesto requiere, a nivel pedagógico y administrativo, de un MEC altamente regulador que defina los estándares de calidad a fin de que los recursos invertidos por los municipios y/o asignados por el propio Ministerio consoliden un sistema nacional de educación de calidad. Así también, se requiere la definición de un Sistema de Capacitación a Maestros que les permita el manejo adecuado de los contenidos curriculares y el desarrollo de habilidades básicas en aspectos centrales del currículo, aspectos pedagógicos y didácticos.1 Fundación Ecuador, a través de la propuesta de intervención de los gobiernos locales en la consecución de una educación básica de calidad en sus respectivas localidades, propone un Modelo de Gestión que –a través de sus componentes– permita superar a corto plazo los problemas y debilidades planteados en los estudios diagnósticos desarrollados en 1996 y 2006, a fin de que se generen:· Equidad: en la medida en que se implante el modelo en los municipios ubicados en las zonas de mayor pobreza y con mayores desventajas para los niños y niñas escolares con niveles de explicación . Tomando en cuenta los antecedentes, en nuestra institución una de las primeras funciones que incumben a la educación consiste en lograr que la humanidad en su dimensión personal y colectiva pueda dirigir su desarrollo, para responder a su misión fundamentalmente humanista, y a las necesidades de desarrollo social. Y nada más expresivo en esta tarea para la Institución que una GESTION ACADÉMICA que influya en el MODELO DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL, pertinente a su condición y naturaleza social de los docent@s y niñ@s de la Escuela Angel Polibio Chavéz ,aplicar las mejores estrategias y conseguir un mejor accionar educativo y una convivencia comunitaria de la provincia. ; In Ecuador, approximately 72% of children and teenagers studying in the public system. Within that percentage deterioration of the education they receive is found and subtracted them opportunities to compete in the knowledge society, which not only affects their projects of individual and family life, but also in society in general by not having competitive citizens, critical and logical equipped to enable them to arrive management knowledge and science and technology. This is demonstrated by the diminishing returns of the unique system of measurement of academic achievement with which featured the Ecuador from 1996-2000, paradoxically, our authorities, rather than give urgent alternatives, they tried to hide that reality and discontinued the application of the system. In the current scenario the urge to Ten Year Education Plan, under the initiative of the Ministry of Education, discusses and seeks consensus among different actors in the country notes. However, continued with the existing centralized system without accountability and without the participation of educational stakeholders, especially parents, community leaders and local authorities, will be very little is achieved, as the biggest impediment is just the centralist and outdated system. In this context, Ecuador Foundation contributes to a proposed Management Model Local Governments for Quality Basic Education, so that it becomes a state policy aimed at establishing joint and strategic alliances between the Ministry of Education and local governments. Proposal for basic education policy: "Management model of local governments for basic quality education" The proposal makes the country Ecuador Foundation aims to "facilitate a process of management and organizational structures to enable the Ministry of Education (MEC) and local governments to contribute effectively in the social and educational development of the communities." It is found that the most significant contributions in recent years, in terms of progress and development of the peoples of our country come from local governments, in contrast to the increasing deterioration of the centralist system of government. A scenario in favor of this proposal is precisely the Constitution of the Republic, which establishes mandates: - Incorporation into management strategies of decentralization and deconcentration, administrative, financial and pedagogical. Involvement of parents, community, teachers and students in the development of educational processes. In addition, with the approval of the Decentralization Law, in 1999, local governments can ask the central government resources and the responsibility to provide public services, such as education and health. Our country has given little thought to the social sectors to promote human capital and, as noted by UNICEF, despite the growth experienced since 2000, social spending has been reduced by nearly half between 1982 and 2005. Ecuador spends $ 131 per capita social investment, while the regional average is $ 540 per person / year. If education is an investment, then it is required not only to state that it is, but the implementation of a management model to identify deficiencies and address them in a planned way. Attention, participation and transparency must be the unavoidable components in a systematic process of improving the quality of education that children and youth in the country is offered. In this regard, we believe that the Educational Management Model Local Government would initiate the required processing and control the investment from quality parameters. Quality: to be inserted in an organizational structure that allows the local government to invest in the strategic planning logic and rationality of projects with quality standards at the administrative and pedagogical level. · Participation and control: to become municipal committees and Educational Management at each school, so that the educational actors and parents can participate in the implementation of strategic plans to improve education in his community and in the control of investment resource. Decentralization and resource management: this proposal will allow local government to prepare to assume responsibility for education within the framework of the laws that empower. Those powers can only be assumed by a local government willing to be accountable to their community and the country, from the rectory of a MEC to promote and determined that municipalities who want to take responsibility for education provided with: Situation assessment of educational quality of its territory. Strategic Plan of the educational component, highly participatory and involve the participation of educational, social and productive players in the community to establish goals and objectives of Community interest in education. Participation system: dedicated to channel the participation of parents and education stakeholders through education management committees in municipalities and schools, with oversight functions, planning, management and evaluation in achieving plans and projects. Design organizational structures that generate a change in the attention to the educational sector so that local governments have a system of quality indicators and projects that allow them to strategically invest in quality education. Management model of local governments for basic quality education. The implementation of the proposed model requires, to pedagogical and administrative level, a highly regulatory MEC defining quality standards so that the resources invested by the municipalities and / or assigned by the Ministry itself consolidate a national system of quality education . Also, the definition of a Teacher Training System that allows them the proper handling of the curriculum and the development of basic skills in key aspects of the curriculum, pedagogical issues is required and didácticos.1 Ecuador Foundation, through the proposed intervention of local governments in achieving quality basic education in their respective localities, proposes a management model that -through its components to overcome short-term problems and weaknesses raised in developed diagnostic studies in 1996 and 2006, in order to generate: · Fairness: to the extent that the model is implemented in the municipalities located in the poorest areas and most disadvantaged children to school with levels of explanation. Taking into account the background, in our institution one of the first functions assigned to education is to make mankind in their personal and collective dimension can direct their development, to meet its fundamentally humanistic mission, and social development needs . And nothing more expressive in this task for academic management institution to influence the MODEL STUDENT LEADERSHIP, relevant to their status and social nature of the docent @ s children s School Polybius Angel Chavez, applying the best strategies and get a better education actions and community life of the province.
[ES] Como consecuencia de las transformaciones de la economía capitalista ¿y en particular por el agravamiento de la concentración económica, efecto de la globalización y de su imposición por la mayor competitividad de los mercados¿ las empresas se reúnen bajo distintas formas de concentración, resultando en unidades comerciales o financieras; verdaderos complejos empresariales con sus ineludibles relaciones internas. Dichas transformaciones se reflejan en las consideraciones jurídico¿laborales del empresario y de la empresa, además de proyectar su influencia en el sistema de representación y negociación colectiva de los trabajadores. Otra consecuencia advenida de estos cambios es la aparición de nuevos ámbitos laborales y de nuevas formas de relaciones laborales, así como el surgimiento de un acervo de novedosas situaciones jurídicas laborales, que solicitan nuevas respuestas jurídicas. Las alteraciones en la coyuntura económica y por consiguiente, en el entorno en que las empresas tienen que actuar, ordena a estas a priorizar su aptitud para adecuarse de manera flexible a las situaciones del mercado y para seguir compitiendo en el mismo. La globalización trajo consigo ciertas oportunidades negociales que únicamente pueden aprovechar las empresas que dispongan de habilidad para reaccionar de manera rápida y eficiente a las exigencias de la demanda, preponderando así los dispositivos capaces de proporcionar a las organizaciones una adaptación flexible a la organización de la producción de dichas exigencias. De este modo, la flexibilidad, comprendida como habilidad para contestar a estas peticiones desde el interior de la organización, se encuentra posicionada como eje central de los sistemas de reorganización de la producción. Así, a las normas laborales les corresponde sufrir una revisión orientada a fomentar el reemplazo de los dispositivos que obstaculicen o imposibiliten de forma incoherente una adaptación a las alteraciones sufridas en el entorno por otras más condescendientes y flexibles. El desarrollo económico impuso, además, una flexibilidad en las relaciones laborales que afectó tanto a trabajadores como a empresarios. Y, ¿qué mejor institución del derecho laboral que la negociación colectiva como fuente de adaptación de las normas laborales a las grandes transformaciones que requieren las estructuras empresariales ante los retos advenidos de la mundialización de la economía? Citando la declaración sobre la importancia de la negociación colectiva que se encuentra en la página web de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano: ¿La negociación colectiva es un trabajo esencial y básico de las organizaciones sindicales para ampliar los derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo. Define el ámbito adecuado, ya que es en los sectores y en las empresas donde se regulan de manera adecuada las condiciones de trabajo y los derechos tanto individuales como colectivos de los trabajadores. Responde a la diversidad, ya que cualquier norma o acuerdo general debe ser adaptado a cada situación concreta. Actúa ante los cambios, siendo la herramienta imprescindible para la asimilación y la adaptación permanente a las transformaciones que se están produciendo tanto en el trabajo como en el capital: nuevas formas de organización del trabajo; nuevos empleos y nuevos sujetos; unidades emergentes de negociación; cambios en la configuración de las empresas; etcétera. Protege a quienes trabajan, siendo un marco de regulación colectiva la mejor garantía de los derechos de los trabajadores, frente a quienes pretenden meras negociaciones individuales entre desiguales plasmadas en el contrato. Y es la base de la organización colectiva: los sindicatos somos protagonistas de esta acción permanente para proteger los derechos de quienes trabajan. Sin organización colectiva amplia de los trabajadores no puede haber negociación colectiva eficaz; y, viceversa, sin ésta se perdería una actividad central de las organizaciones sindicales¿ . Considerando la declaración antes citada se justifica el tema objeto de estudio por tratarse la negociación colectiva de la herramienta más adecuada para acompañar sociolaboralmente las profundas transformaciones por las que vienen pasando los sistemas de organización del trabajador en las últimas décadas, una vez que dicha institución detiene la capacidad para acondicionarse a las realidades organizativas advenidas de la evolución del proceso económico. La necesidad de moldear el ordenamiento jurídico laboral a la transformación de las distintas formas de organización del trabajo de la sociedad moderna ha provocado una serie de reformas laborales que, a su vez, han originado grandes discusiones. El propósito de la investigación es, por lo tanto, analizar la evolución de la estructura de la negociación colectiva dentro de un marco temporal que tiene inicio en el año de 1939, es decir, periodo dictatorial franquista, y se extiende hasta el periodo actual, terminado dicho análisis en la reforma laboral del año 2012, establecida por medio de la Ley 3/2012, contrastando cuando es posible la realidad negocial española con el sistema brasileño de negociación colectiva. Así que el trabajo analizará las principales reformas laborales españolas ocurridas dentro del periodo anteriormente citado, más específicamente, los cambios sufridos en materia de negociación colectiva, así como los contextos económicos y políticos, los argumentos que han sido presentados para justificar la elaboración y uso de cada reforma, además de sus ámbitos de aplicación, su eficacia y sus efectos. El cuerpo del trabajo se encuentra sistemáticamente dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo trata de enseñar la perspectiva constitucional de la negociación colectiva en Brasil y España. Sin embargo, antes de introducir la cuestión constitucional propiamente dicha, se hace un análisis de diversos aspectos de la negociación colectiva, como su concepto, funciones, clasificación, sujetos y sus principios. Después se presenta la figura de la negociación colectiva en la OIT, aclarando la normativa aplicada y las consecuencias en el ordenamiento jurídico de tales normas. Superada esta parte introductoria, se presenta la negociación colectiva y sus aspectos constitucionales más importantes, dentro de la legislación brasileña y española, además de la repercusión de dichos aspectos en la jurisprudencia del TC y del TS. El segundo capitulo se centra en la regulación legal de la negociación colectiva, tanto en Brasil como en España. Al principio se explica la estructura sindical brasileña, se analizan los diplomas negociales y la estructura legal de la negociación colectiva en Brasil. A continuación, se hace un desarrollo de la regulación legal de la negociación colectiva española, describiendo su procedimiento, los ámbitos negociales y sus singularidades y efectos en la jurisprudencia española. Una vez elaborados y discutidos los aspectos constitucionales y legales de la negociación colectiva se inicia el tercer capítulo, dedicado a la estructura de la negociación colectiva. El primer punto empieza por el análisis y repaso histórico de los tipos de regulación jurídica de las relaciones laborales. A posteriori se presenta la evolución histórica española. Seguidamente se avanza en el tema de la estructura de la negociación colectiva, al principio con las precisiones conceptuales, pasando por su tipificación y evidenciando sus factores determinantes. Aclarados puntos conceptuales importantes, los siguientes puntos del tercer capítulo analizan el desarrollo de la estructura negocial en España en marcos temporales importantes, como en la transición política, la promulgación de la Constitución Española y dentro del Estatuto de los Trabajadores . El capítulo llega a su fin con un punto designado a la evolución de la estructura y del proceso de negociación colectiva en el sistema brasileño, destacando los efectos de la política neoliberal y de la restructuración productiva en la negociación colectiva del país en cuestión. El cuarto capítulo se encuentra mayormente orientado a un estudio ordenado de las principales reformas sufridas por la negociación colectiva después de la promulgación de la CE. Haciendo un repaso por la historia reciente española es posible afirmar que el derecho del trabajo español se encuentra desde hace tres décadas en situación de permanente ajuste, movido por la misma causa: tras cada cambio considerable de las normas laborales se encuentra una manifestación de voluntad, que es la necesidad de adecuar las normas laborales a las exigencias de la situación económica. Así que este capítulo está destinado al análisis juicioso de las reformas laborales ocurridas en los años de 1994, 1997, 2010, 2011 y finalmente, hasta el cierre del presente trabajo, la del año 2012. Sin embargo, antes de empezar el estudio de cada reforma, se hace una explicación sobre el significado y motivaciones de las reformas y sobre la importancia de los cambios solicitados en el área del Derecho Laboral por las constantes variaciones ocurridas en la realidad económica. La reforma de 1994 fue motivada en parte por las deficiencias encontradas en el modelo de negociación colectiva y formación de salarios de la época. Con esta reforma, el tema de la negociación colectiva sufrió alteraciones por medio de la Ley 11/1994, transitando entre dos puntos principales: la potenciación de la regulación colectiva, por tratarse de un elemento fundamental en la regulación de las relaciones labores, y la inserción de medios que facilitaran la adaptabilidad equilibrada en dichas relaciones. Las alteraciones entonces fueron orientadas a la promoción al desarrollo de la negociación, favoreciendo la adaptación de la negociación colectiva a la realidad productiva y la mejora del contenido de la misma. Por lo tanto se discute el ámbito, el contexto y los elementos centrales de la reforma, así como las principales rectificaciones y las consecuencias de la reforma sobre la estructura de la negociación colectiva. Posteriormente se inicia el estudio de la reforma de 1997, que fue presentada a través del Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva, de 28 de abril de 1997. En esta reforma la atención se centraba en la cuestión de la atomización de la estructura negocial. No obstante, tal y como se demostrará, la atomización de las relaciones laborales constituía un tema reincidente y conocido desde hacía mucho por los agentes sociales, siendo hasta posible decir se trata de una cuestión histórica, si se computan los años que han pasado desde las primeras prácticas de negociación en la cúspide que hacían mención a estos temas. Posteriormente se analizará la cuestión de la naturaleza jurídica y de la eficacia obligacional del Acuerdo. Después serán examinadas las reformas introducidas en la negociación colectiva por medio de la Ley 35/2010 y por el Real Decreto-Ley 7/2011. Se optó por tratar las dos leyes de manera conjunta considerando la cantidad de puntos convergentes existentes entre las dos disposiciones. Los cambios previstos en la Ley 35/2010 no se aplicaban directamente al Título III del Estatuto de los Trabajadores, pero tenían correspondencia con cuestiones que guardan estrecha relación con la negociación colectiva. La Ley 35/2010 promovió un cambio importante en el Título I del ET, además de alterar, de manera puntual, el contenido del Título III, específicamente, el art. 82.3 y el art. 85.3.c). Se puede decir que algunos de los dictámenes aprobados por la primera reforma han sido premonitorios de los que se adoptaría más tarde a través del RDL 7/2011, ya que se antepusieron a lo que posteriormente se transformó en un cambio en el régimen jurídico del Título III del ET. La reforma propuesta por el RDL 7/2011 se basaba fundamentalmente en la estructura de la negociación colectiva y en la concurrencia de convenios colectivos, por medio de cambios en los arts. 83 y 84 ET; las nuevas reglas sobre el contenido y vigencia de los convenios colectivos, reformando los arts. 85, 86 y 89 ET; y por fin, en una definición más completa de los sujetos negociadores de los convenios y de las reglas de legitimación en cada caso, rectificando por un lado los arts. 87 y 88 ET y por otro, sus arts. 40, 41, 51 y 82.3. En este punto, así como en los demás, se observan las alteraciones legislativas propuestas por los dos preceptos jurídicos, los cambios aplicados a la estructura de la negociación colectiva y los efectos provenientes de los mismos El penúltimo punto del trabajo esta dedicado al estudio de lo que ha sido la última reforma laboral en tema de negociación colectiva, hasta el cierre y conclusión del mismo. Por lo tanto, aquí se ha observado el Real Decreto-Ley 3/2012, las modificaciones establecidas, siempre comparando con las la reformas anteriores para que así fuera más fácil visualizar las diferencias implementadas, los efectos a corto plazo y las posibles consecuencias a largo plazo. Han sido examinados los cambios estructurales introducidos por el dispositivo, la cuestión del descuelgue salarial, del contenido mínimo y de la ultraactividad, elaborando cuando posible, suposiciones de las posibles consecuencias de dichos cambios. Y se habla en suposición considerando que se trata de una normativa relativamente nueva. Las reformas han sido analizadas considerando las coyunturas políticas y económicas en que han ocurrido, y en seguida se examinan las alteraciones legislativas realizadas, sus finalidades y los efectos advenidos de dichas alteraciones. El capítulo en cuestión ha sido finalizado por tres puntos dedicados a la realidad brasileña. En ellos fueron explorados la evolución del movimiento sindical en Brasil, siempre observando las respuestas de la negociación colectiva a dicha evolución. También fueron analizados los posibles cambios en la legislación brasileña en lo alusivo a negociación colectiva y al sistema sindical. La utilización del término ¿posibles¿ se justifica, tal y como se verá en el desarrollo del trabajo, por el hecho de que se habla de una reforma que jamás ocurrió, que no ha traspasado el campo de los debates y conflictos de interés. Todo eso observando conjuntamente los cambios en el panorama económico, político y sus consecuencias para la negociación colectiva brasileña. En cuanto a la metodología, en lo que se refiere al tipo de pesquisa, los objetos presentados fueron investigados mediante investigación bibliográfica, ya que se intenta explicar el problema por medio de análisis de literatura publicada en forma de libros, revistas y publicaciones aleatorias que envuelvan el tema en cuestión, y documental por medio de proyectos, leyes, normas, resoluciones e investigación online. Concerniente a la utilización de los resultados se trató de una investigación aplicada, que considera la realidad, comprendiendo e interviniendo en la misma. Según el abordaje, la investigación fue cualitativa, ya que no buscaba criterios de representatividad numérica, sino una mayor comprensión de las reacciones humanas y fenómenos sociales. Alusivo a los objetos, fue una investigación exploratoria, porque explica e interpreta los hechos, asumiendo la forma bibliográfica y documental. La materia aquí examinada posee una importancia sin igual, considerando que la negociación colectiva es la herramienta sine qua non para la adecuación del mundo laboral a las transformaciones de la economía capitalista y sus efectos en lo mismo, además de tratarse del instrumento más apropiado para proporcionar la flexibilidad exigida por el desarrollo económico a las relaciones laborales, ante los desafíos de la globalización.
"Siempre cederemos terreno ante el honor. Será para nosotros como un contable público, justo, practico y prudente en el medir. El pesar, el considerar el evaluar y tasar todo o que hagamos, logremos, pensemos y deseemos." Leon Battista Alberti (1440) [1] Este epígrafe, tomado de la obra Della Famiglia de Leon Battista Alberti (1404-1472) autor renacentista que abordó diversos campos del conocimiento desde las matemáticas, la pintura, la filosofía, las artes y el comercio -como buen florentino renacentista- nos muestra la figura del contable desde las costumbres de la edad media, y mejor aún, nos deja entrever que los problemas derivados de la contabilidad y la sociedad alrededor de ella, si bien han cambiado en muchas cosas, en otras siguen siendo un reflejo tanto de la sociedad, como de las tensiones que genera en esta.La cita de Alberti, muestra que los dilemas de la contabilidad desde su origen "moderno" abordan no sólo el problema de contar, reflejar o interpretar el mundo de los negocios alrededor de nuestras sociedades comerciales, pues tal y como ese reflejo denota en la edad media, existe desconfianza, permanente alerta sobre la actividad del contable, la recurrencia de fraudes, riesgos en los negocios, interpretaciones contradictorias sobre las cifras, y sobre todo la interferencia de una gran variedad de agentes y de sus intereses particulares. Así entonces los problemas contables no pertenecen exclusivamente a un campo propio o único a nivel del conocimiento. En el último siglo la interacción con diversas disciplinas ha hecho necesario que o bien la contabilidad sirva a otras disciplinas o bien que tomó enfoques, métodos y perspectivas de otras ciencias.El fin del mundo medieval entre el s. XXIV y el s. XV ha sido explicado desde diversas perspectivas en las ciencias sociales. el enfoque historicista más interesante sobre el desarrollo y expansión de las técnicas de medición y cuantificación en occidente es el de Crosby (1998), quien plantea que la ventaja del mundo europeo occidental al final de la edad media radica en particular no en la ciencia y tecnología de la cual eran herederos, sino la utilización de hábitos de pensamiento que en su momento les permitieron avanzar rápidamente en ciencia y tecnología, y que en particular les dieron habilidades administrativas, comerciales, industriales, navales e incluso militares que fueron decisivamente importantes en la expansión de la Europa mercantil. Es precisamente en la baja edad media entre el siglo XIII y el siglo XIV que aparece un nuevo modelo de realidad, un modelo basado en la cuantificación y la medición de la realidad circundante. Este modelo de realidad cuantificadora abarcó todas las disciplinas que en ese momento se estaban desarrollando desde las artes como la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, e incluso el desarrollo de las nuevas técnicas comerciales y de la medición de las transacciones. En otras palabras, la aparición de la contabilidad moderna que permite la cuantificación y control de los negocios. Los banqueros del final de la edad media y los empresarios que administraban las nuevas sociedades comerciales como las sociedades anónimas, en comandita ilimitadas que aparecen en la ciudades italianas como Venecia, Génova y Florencia permitieron a algunas familias amasan enormes riquezas y controlar enormes torrentes de flujos de dinero recién adquiridos por medio del comercio de las especias a través de la rutas comerciales a Asia y posteriormente a América.Las pugnas políticas, económicas y territoriales entre las grandes familias y reinos del feudalismo llevan a una considerable expansión en busca de nuevos focos de riqueza, esto explica en parte la aparición de instituciones comerciales -banca, créditos, empréstitos, teneduría de libros, gremios especializados, entre otros- y también de la aparición de técnicas y tecnologías que jalonan distintas disciplinas que anteriormente no existían, entre estas técnicas tenemos la aparición la contabilidad por partida doble o contabilidad "a la veneciana" que desde algunos enfoques históricos es nada más y ni nada menos que el lenguaje con el cual se desarrolla el capitalismo comercial del cual somos herederos en la actualidad.Hacia 1494, y tras la reciente invención de la imprenta por Gutenberg aparece una de las obras más relevantes en el origen de la contabilidad moderna que es la Summa Arithmética, geometría, proportioni et proportionalita de fray Luca Pacioli, quien traslada, recomienda y difunde de manera un poco académica pero en lenguaje popular entre los comerciantes (el italiano romance y no en latín) una práctica ya frecuente entre los comerciantes venecianos, el uso de la partida doble, la aplicación de los números indoarábigos que no llevan más de 200 años en Europa, y técnicas de registro y control de las transacciones entre estas sociedades comerciales emergentes. Pero aparte de resaltar las ventajas y beneficios de estas técnicas de cuantificación, Pacioli también resalta que la actividad del contable está sumergida en medio de muchas tensiones derivadas de los intereses de diversos agentes económicos. "Es conveniente, por tanto, primeramente presuponer e imaginar que cada comerciante (operante) es movido por un fin, y que para aquello debidamente conseguir, habrá de poner todo su esfuerzo, ya que la finalidad de cualquier comerciante (traficantes) en la de obtener lícita y competente ganancia para su sustentación. Y luego, que siempre debe sus negocios comenzar en el nombre de Dios, y el principio de cualquier escritura (teneduría) su santo nombre tener en mente y para ello, lo primero que ser diligentemente inventario, de modo que siempre escriban un folio en un libro parte todo lo que tienen el mundo en muebles e inmuebles comenzando por las cosas de más valor y que son más fáciles de perderse, como son el dinero contante" (Pacioli; 1523)[2]. Como vemos en esta cita del texto más famoso de la contabilidad, el que un comerciante llevara correctamente los libros le salvaba de un caos o una torre de Babel por decirlo así. Ahora bien, la técnica que permite salvar este caos es precisamente el uso de partida doble y de una correcta disposición moral tanto del contable como del comerciante. Ya muchos autores del final de la edad media mencionaban los enormes dilemas que tenían que enfrentar tanto los contables, como los comerciantes a la hora de explicar y clarificar sus actividades, pues se prestaban para muchos malentendidos e inconvenientes, que incluso podían llevar a problemas de carácter legal o personal (precisamente en ello radica el origen de las primeras regulaciones comerciales y de carácter punitivo sobre los negocios).Uno los textos más famosos de la edad media, que ahonda de una manera fresca y sin intereses moralistas las tradiciones y hábitos de la gente del común, son los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer (1343-1400). En donde en varias ocasiones se muestran algunas de las tensiones alrededor de esta contabilidad naciente y del mundo de los negocios. Allí se menciona que incluso hasta la contabilidad más honrada si era inexacta, daba lugar a muchos malentendidos, los cuales producían pérdidas y las pérdidas provocaban estallidos en cólera de algunos de los comerciantes o ya bien de otros de los socios de estas primigenias empresas.En "el cuento del marino" de Chaucer (1973) que aparece en su compilación de anécdotas de la vida medieval de los cuentos de Canterbury, se narran las peripecias de un contable con respecto al comerciante quien debía dar cuentas. Las malinterpretaciones de la información no eran desconocidas dado que los mercaderes tenían a veces serios problemas tanto para interpretar como para disponer de la información contable."¿cuánto tiempo vas a estar contando repasando tus sumas y tus libros y tus cosas? ¡Que el diablo se lleve todos los cálculos!" (Chaucer; 1973)[3]Ya otros autores de la baja edad media como Datini, Cotrugli, Alberti, Schwartz, y posteriormente grandes figuras de la literatura como Shakespeare (en su Mercader de Venecia) y el mismo Miguel de Cervantes (quien tuvo una etapa de su vida como contable) manifiestan este tipo de dilemas entre los contables y los comerciantes. Estos conflictos de intereses estaban basados esencialmente en el desconocimiento y la aparente complejidad de los números y las técnicas de registro de los contables como suspicazmente lo relaciona Chaucer, pero también se debían a veces a la pereza, o al uso de antiguas prácticas de nemotecnia que no eran muy fiables pues intentaban retener si para números y negocios en la memoria.Las prácticas de control a las que ha origen la contaduría por partida doble si bien garantizaban cierta claridad, no garantizaban la honradez. La especulación con las cifras financieras ha estado con nosotros desde el origen de la partida doble pero es evidente que esta técnica utilizada por unos que mercaderes italianos y que poco a poco se fue expandiendo por el resto del mundo europeo permitía por medio de registros cuantitativos precisos y claros que comprendieran y controlaran la multitud de detalles de la vida económica. Y así como el renacimiento fue el origen de múltiples mecanismos de tecnologías que aún nos acompañan como la impresión y el libro moderno, el reloj mecánico, el uso de la geometría y las matemáticas en la música, en la pintura, como en la arquitectura; a su vez la contabilidad permitía medir con cierto grado de confiabilidad los negocios.A pesar de que han transcurrido más de 500 años desde la consolidación de las prácticas de la contabilidad moderna en el seno de la economía de mercado, algunos de estos mismos dilemas siguen siendo pan de cada día en las decisiones, imaginarios y en las perspectivas desde las cuales analizamos la profesión contable. Los dilemas de la práctica son esencialmente dilemas de lo ético, por ello las referencias literarias y culturales tienen ese grado de universalidad de los clásicos. Esa universalidad que permite leer entre comillas y que nos permite trascender más allá de las fronteras, la misma singularidad de las distintas lenguas, que trasciende las barreras geográficas, e incluso históricas, pero que permite construir la identidad cultural de una comunidad en particular, o de un grupo social, como es el caso de los contables.Es en la actualidad cuando vemos el surgimiento de regulaciones casuísticas como los códigos de ética de la IFAC, el surgimiento también de mecanismos punitivos de la actuación de los contables, y los escándalos financieros que involucran tanto a los administradores, socios y propietarios de grandes organizaciones, y a quienes aseguran los distintos contratos contables en medio de una lucha de fuerzas e intereses económicos muy diversos, que la salvedad de Alberti sigue teniendo vigencia a pesar de las grandes diferencias entre el mundo de la edad media y el nuestro.[1] Leon Battista Alberti, Della Famiglia (también conocido como Della amicitá). Traducción tomada de La medida de la Realidad (Crosby, A.; 1998) Ed. Crítica; Barcelona, España.[2] Pacioli, L. (1994) Summa Arithmetica Proportioni et proportionalitá. Distinctio Nona Tractatus XI De computis et scripturis (de las cuentas y la escritura) traducción, prólogo y revisión Giorgio Berni, sobre la segunda edición (1523) . Instituto Mexicano de contadores públicos, México Distrito Federal; 1994.[3] Chaucer, G. (1973) Los cuentos de Canterbury. editorial Iberia; Madrid, 1973
"Siempre cederemos terreno ante el honor. Será para nosotros como un contable público, justo, practico y prudente en el medir. El pesar, el considerar el evaluar y tasar todo o que hagamos, logremos, pensemos y deseemos." Leon Battista Alberti (1440) [1] Este epígrafe, tomado de la obra Della Famiglia de Leon Battista Alberti (1404-1472) autor renacentista que abordó diversos campos del conocimiento desde las matemáticas, la pintura, la filosofía, las artes y el comercio -como buen florentino renacentista- nos muestra la figura del contable desde las costumbres de la edad media, y mejor aún, nos deja entrever que los problemas derivados de la contabilidad y la sociedad alrededor de ella, si bien han cambiado en muchas cosas, en otras siguen siendo un reflejo tanto de la sociedad, como de las tensiones que genera en esta.La cita de Alberti, muestra que los dilemas de la contabilidad desde su origen "moderno" abordan no sólo el problema de contar, reflejar o interpretar el mundo de los negocios alrededor de nuestras sociedades comerciales, pues tal y como ese reflejo denota en la edad media, existe desconfianza, permanente alerta sobre la actividad del contable, la recurrencia de fraudes, riesgos en los negocios, interpretaciones contradictorias sobre las cifras, y sobre todo la interferencia de una gran variedad de agentes y de sus intereses particulares. Así entonces los problemas contables no pertenecen exclusivamente a un campo propio o único a nivel del conocimiento. En el último siglo la interacción con diversas disciplinas ha hecho necesario que o bien la contabilidad sirva a otras disciplinas o bien que tomó enfoques, métodos y perspectivas de otras ciencias.El fin del mundo medieval entre el s. XXIV y el s. XV ha sido explicado desde diversas perspectivas en las ciencias sociales. el enfoque historicista más interesante sobre el desarrollo y expansión de las técnicas de medición y cuantificación en occidente es el de Crosby (1998), quien plantea que la ventaja del mundo europeo occidental al final de la edad media radica en particular no en la ciencia y tecnología de la cual eran herederos, sino la utilización de hábitos de pensamiento que en su momento les permitieron avanzar rápidamente en ciencia y tecnología, y que en particular les dieron habilidades administrativas, comerciales, industriales, navales e incluso militares que fueron decisivamente importantes en la expansión de la Europa mercantil. Es precisamente en la baja edad media entre el siglo XIII y el siglo XIV que aparece un nuevo modelo de realidad, un modelo basado en la cuantificación y la medición de la realidad circundante. Este modelo de realidad cuantificadora abarcó todas las disciplinas que en ese momento se estaban desarrollando desde las artes como la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, e incluso el desarrollo de las nuevas técnicas comerciales y de la medición de las transacciones. En otras palabras, la aparición de la contabilidad moderna que permite la cuantificación y control de los negocios. Los banqueros del final de la edad media y los empresarios que administraban las nuevas sociedades comerciales como las sociedades anónimas, en comandita ilimitadas que aparecen en la ciudades italianas como Venecia, Génova y Florencia permitieron a algunas familias amasan enormes riquezas y controlar enormes torrentes de flujos de dinero recién adquiridos por medio del comercio de las especias a través de la rutas comerciales a Asia y posteriormente a América.Las pugnas políticas, económicas y territoriales entre las grandes familias y reinos del feudalismo llevan a una considerable expansión en busca de nuevos focos de riqueza, esto explica en parte la aparición de instituciones comerciales -banca, créditos, empréstitos, teneduría de libros, gremios especializados, entre otros- y también de la aparición de técnicas y tecnologías que jalonan distintas disciplinas que anteriormente no existían, entre estas técnicas tenemos la aparición la contabilidad por partida doble o contabilidad "a la veneciana" que desde algunos enfoques históricos es nada más y ni nada menos que el lenguaje con el cual se desarrolla el capitalismo comercial del cual somos herederos en la actualidad.Hacia 1494, y tras la reciente invención de la imprenta por Gutenberg aparece una de las obras más relevantes en el origen de la contabilidad moderna que es la Summa Arithmética, geometría, proportioni et proportionalita de fray Luca Pacioli, quien traslada, recomienda y difunde de manera un poco académica pero en lenguaje popular entre los comerciantes (el italiano romance y no en latín) una práctica ya frecuente entre los comerciantes venecianos, el uso de la partida doble, la aplicación de los números indoarábigos que no llevan más de 200 años en Europa, y técnicas de registro y control de las transacciones entre estas sociedades comerciales emergentes. Pero aparte de resaltar las ventajas y beneficios de estas técnicas de cuantificación, Pacioli también resalta que la actividad del contable está sumergida en medio de muchas tensiones derivadas de los intereses de diversos agentes económicos. "Es conveniente, por tanto, primeramente presuponer e imaginar que cada comerciante (operante) es movido por un fin, y que para aquello debidamente conseguir, habrá de poner todo su esfuerzo, ya que la finalidad de cualquier comerciante (traficantes) en la de obtener lícita y competente ganancia para su sustentación. Y luego, que siempre debe sus negocios comenzar en el nombre de Dios, y el principio de cualquier escritura (teneduría) su santo nombre tener en mente y para ello, lo primero que ser diligentemente inventario, de modo que siempre escriban un folio en un libro parte todo lo que tienen el mundo en muebles e inmuebles comenzando por las cosas de más valor y que son más fáciles de perderse, como son el dinero contante" (Pacioli; 1523)[2]. Como vemos en esta cita del texto más famoso de la contabilidad, el que un comerciante llevara correctamente los libros le salvaba de un caos o una torre de Babel por decirlo así. Ahora bien, la técnica que permite salvar este caos es precisamente el uso de partida doble y de una correcta disposición moral tanto del contable como del comerciante. Ya muchos autores del final de la edad media mencionaban los enormes dilemas que tenían que enfrentar tanto los contables, como los comerciantes a la hora de explicar y clarificar sus actividades, pues se prestaban para muchos malentendidos e inconvenientes, que incluso podían llevar a problemas de carácter legal o personal (precisamente en ello radica el origen de las primeras regulaciones comerciales y de carácter punitivo sobre los negocios).Uno los textos más famosos de la edad media, que ahonda de una manera fresca y sin intereses moralistas las tradiciones y hábitos de la gente del común, son los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer (1343-1400). En donde en varias ocasiones se muestran algunas de las tensiones alrededor de esta contabilidad naciente y del mundo de los negocios. Allí se menciona que incluso hasta la contabilidad más honrada si era inexacta, daba lugar a muchos malentendidos, los cuales producían pérdidas y las pérdidas provocaban estallidos en cólera de algunos de los comerciantes o ya bien de otros de los socios de estas primigenias empresas.En "el cuento del marino" de Chaucer (1973) que aparece en su compilación de anécdotas de la vida medieval de los cuentos de Canterbury, se narran las peripecias de un contable con respecto al comerciante quien debía dar cuentas. Las malinterpretaciones de la información no eran desconocidas dado que los mercaderes tenían a veces serios problemas tanto para interpretar como para disponer de la información contable."¿cuánto tiempo vas a estar contando repasando tus sumas y tus libros y tus cosas? ¡Que el diablo se lleve todos los cálculos!" (Chaucer; 1973)[3]Ya otros autores de la baja edad media como Datini, Cotrugli, Alberti, Schwartz, y posteriormente grandes figuras de la literatura como Shakespeare (en su Mercader de Venecia) y el mismo Miguel de Cervantes (quien tuvo una etapa de su vida como contable) manifiestan este tipo de dilemas entre los contables y los comerciantes. Estos conflictos de intereses estaban basados esencialmente en el desconocimiento y la aparente complejidad de los números y las técnicas de registro de los contables como suspicazmente lo relaciona Chaucer, pero también se debían a veces a la pereza, o al uso de antiguas prácticas de nemotecnia que no eran muy fiables pues intentaban retener si para números y negocios en la memoria.Las prácticas de control a las que ha origen la contaduría por partida doble si bien garantizaban cierta claridad, no garantizaban la honradez. La especulación con las cifras financieras ha estado con nosotros desde el origen de la partida doble pero es evidente que esta técnica utilizada por unos que mercaderes italianos y que poco a poco se fue expandiendo por el resto del mundo europeo permitía por medio de registros cuantitativos precisos y claros que comprendieran y controlaran la multitud de detalles de la vida económica. Y así como el renacimiento fue el origen de múltiples mecanismos de tecnologías que aún nos acompañan como la impresión y el libro moderno, el reloj mecánico, el uso de la geometría y las matemáticas en la música, en la pintura, como en la arquitectura; a su vez la contabilidad permitía medir con cierto grado de confiabilidad los negocios.A pesar de que han transcurrido más de 500 años desde la consolidación de las prácticas de la contabilidad moderna en el seno de la economía de mercado, algunos de estos mismos dilemas siguen siendo pan de cada día en las decisiones, imaginarios y en las perspectivas desde las cuales analizamos la profesión contable. Los dilemas de la práctica son esencialmente dilemas de lo ético, por ello las referencias literarias y culturales tienen ese grado de universalidad de los clásicos. Esa universalidad que permite leer entre comillas y que nos permite trascender más allá de las fronteras, la misma singularidad de las distintas lenguas, que trasciende las barreras geográficas, e incluso históricas, pero que permite construir la identidad cultural de una comunidad en particular, o de un grupo social, como es el caso de los contables.Es en la actualidad cuando vemos el surgimiento de regulaciones casuísticas como los códigos de ética de la IFAC, el surgimiento también de mecanismos punitivos de la actuación de los contables, y los escándalos financieros que involucran tanto a los administradores, socios y propietarios de grandes organizaciones, y a quienes aseguran los distintos contratos contables en medio de una lucha de fuerzas e intereses económicos muy diversos, que la salvedad de Alberti sigue teniendo vigencia a pesar de las grandes diferencias entre el mundo de la edad media y el nuestro.[1] Leon Battista Alberti, Della Famiglia (también conocido como Della amicitá). Traducción tomada de La medida de la Realidad (Crosby, A.; 1998) Ed. Crítica; Barcelona, España.[2] Pacioli, L. (1994) Summa Arithmetica Proportioni et proportionalitá. Distinctio Nona Tractatus XI De computis et scripturis (de las cuentas y la escritura) traducción, prólogo y revisión Giorgio Berni, sobre la segunda edición (1523) . Instituto Mexicano de contadores públicos, México Distrito Federal; 1994.[3] Chaucer, G. (1973) Los cuentos de Canterbury. editorial Iberia; Madrid, 1973
Innovation is a core topic for the social and administrative sciences concerned with organizations management. Hence the name of our journal: INNOVAR, depicted as action and reflection. Insights about innovation are diverse, ranging from the importance of change in production techniques pointed out by Marx, to the structural vision by Schumpeter and the Neo-Schumpeterians about creative destruction as one of the drivers of capitalist development (Chang, 2016). In recent decades, innovation has been gaining an increasingly prominent role in economic and organizational processes due to the emergence and consolidation of the so-called "knowledge-based society" (Drucker, 1994; Castells, 1996; Dubina, Carayannis & Campbell, 2012).Innovation demands the confluence of multiple factors and dimensions, such as creativity, science and technology, the interactions between University, business and society, as well as competition, the role of the State and innovation financing, among others. Precisely, the intersection between the role of the State and innovation financing has been one of the research interests of the Italian economist Mariana Mazzucato. In her book The Entrepreneurial State - Debunking Public vs. Private Sector Myths, Mazzucato (2016) advocates for a change in the understanding of the role of the State within innovation processes. Using empirical evidence from the sectors of communications technology (exemplifying companies like Apple), renewable energies and the pharmaceutical sector, Mazzucato points out to the active and paramount role of the State in contemporary innovation, considering that states have been investors and executors of projects in the base of innovations such as the touch screen, the cps, the Internet or Siri, which were later exploited by private companies. Whether in the field of military defense, aeronautics or the energy sector, investments by the State and the resulting projects have been vital for the conception and subsequent diffusion of innovations. The characteristics of high-risk investments that can be undertaken by the State added to the way it brings together and articulates multiple capacities and institutions, constitute transmission chains that are essential for innovation.Mazzucato's contribution is questioning a series of myths around innovation that suggest this phenomenon arises only by the activities of private entrepreneurs and investors. This perspective, now dominant, demands a downsized State focused on encouraging private forces, so that the invisible hand and competition promote the emergence of new knowledge leading to innovations. Mazzucato's book (2016) opens wide paths for research since it does not deny the relevance of companies and innovative entrepreneurs, but it calls to recognize, characterize and assess the importance of public organizations and projects in the dynamics of innovation. All of this encourages the academic research interests of INNOVAR, to which we summon Ibero-American academic community of the Management Sciences.Our current issue is made up by four of our traditional sections: Strategy and Organizations, Marketing, Human Factor, and Business Ethics. These gather ten papers by Colombian and international partners.Three research papers are published in Strategy and Organizations section.As a results of an international cooperation, Professors Julio César Acosta, from Externado de Colombia University, Mónica Longo-Somoza, from the Council of Education of the Community of Madrid - Spain, and María Belén Lozano, from the University of Salamanca - Spain, introduce their work "Does Family Ownership Affect Innovation Activity? A Focus on the Biotechnological Industry". This work tried to identify the profile of innovative firms in order to analyze whether family ownership is a feature related to innovation initiatives and processes. For that purpose, a hierarchical cluster analysis is performed in a sample of 243 Spanish companies within the biotechnology sector. It is concluded from the study that innovative Spanish firms belonging to this sector are non-family-owned firms. The negative relationship between innovation and family ownership could be explained by the conservative behavior of family-owned companies, which avoid taking the risks demanded by innovation.Professors Valentin Azofra, from the University of Valladolid - Spain, Magda Lizet Ochoa, from the Autonomous University of Tamaulipas - Mexico, and Begoha Prieto and Alicia Santidrian, from the University of Burgos - Spain, present the paper "Creating Value through the Application of Intellectual Capital Models". This research aims to link both the adoption level and the use of intellectual capital models with the creation of value in companies under a long-term perspective. Empirical work involved the selection of companies showing commitment towards the use of information systems on intellectual capital. Based on information from 79 Spanish companies a model was developed and then applied in order to relate the variables of growth in sales, productivity per employee and intellectual capital index, among others, to the adoption level and use of indicators on intellectual capital. Results show that companies with higher levels of intellectual capital models report better indexes related to aforementioned variables, which represent, in turn, greater creation of value.Additionally, independent researcher Giuseppe Vanoni and Professor Carlos Rodriguez from the National University of Colombia authored the paper "Growth Strategies Implemented by Economic Groups in Ecuador (2007-2016)", a study intended to identify growth strategies of 132 economic groups in Ecuador during the time frame previously stated. After a complete literature review and the introduction of the conceptual notions of "economic group" and "growth strategy", empirical work shows that a specialization-based concentration strategy prevails among the studied groups. Furthermore, this work allowed concluding that Ecuadorian economic groups belong to some specific families, and that the economic stability experienced by this country over the course of the period under study had a direct influence on the concentration strategy by specialization adopted by economic groups.Marketing section in this issue of INNOVAR introduces four papers.Brazilian researchers Celso Ximenes and Josemeire Alves, and Professors Gabriel Aguiar, from the Faculdade Mauricio de Nassau, and Danielle Miranda de Oliveira, from the Uni-versidade Estadual do Ceará in the city of Fortaleza - Brazil, take part in this issue with the work "You Solved my Problem, but I Won't Buy from You Anymore! Why Don't Consumers Want to Go Back Doing Business in Online Stores?". This study set as its main goal to understand the motives driving online consumers not to make new purchases when experiencing troubles with purchase processes, even when inconveniences were solved. Following a qualitative approach and based on a sample of 200 complaints over four e-commerce enterprises, a descriptive focus allowed classifying the possible problems and solutions deployed by companies. Results point that consumers manifest their wish of not making further purchases with the same company due to problems with logistics as well as delays with problemsolving and handling complaints.From the University of Seville in Spain, Professors Carlos Javier Rodríguez and Encarnación Ramos add to this current issue the paper "Influence of Religiosity and Spirituality on Consumer Ethical Behavior", whose objective is to analyze consumers' ethical behavior. For this reason, a model of structural equations relating the scales of religiosity and spirituality and contrasting the results of 286 surveys to Spanish citizens is developed. The study implied resizing the Consumer Ethics Scale based on the results found in the literature in order to fit the purposes of this work. The paper concludes by presenting evidence on the existence of a relationship between religiosity-spirituality and the ethical behavior shown by consumers.Professors Alejandro Tapia, associated to the University Loyola Andalucía, and Elena Martín Guerra, from the University of Valladolid, both institutions in Spain, are the authors of "Neuroscience and Advertising. An Experiment on Attention and Emotion in Television Advertising". This paper presents the results of a neuroscience experiment applied to advertising, whose purpose was to study how attention and the generation of emotional responses influence the recall of w spots. The experiment was carried out in a group of 30 students aged 18-22, who were exposed to advertising spots of the University of Valladolid. Results from this exercise show important aspects influencing attention and emotion towards the spots, both positively and negatively, among them: comic content, language, loudness or negative and sad contents, and some others.From the Center of Economic and Management Sciences at the University of Guadalajara - Mexico, Professors José Sánchez, Guillermo Vázquez and Juan Mejía sign the work "Marketing and Elements Influencing the Competitiveness of Commercial Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Guadalajara, Mexico". This study seeks to state the correlation between different key marketing elements that impact micro, small and medium-sized enterprises of clothing items in Guadalajara, Mexico. Based on structural equation modelling, strategies, knowledge and planning in marketing were identified as determinants for the competitiveness of this type of companies. Empirical work used a sample of 380 companies of the retail-clothing sector. The results confirm a positive and significant correlation between key marketing factors and competitiveness, where marketing factors are decisive for companies within the sector, which have been regarded as the weakest link in Mexican economy.Our Human Factor section gathers two studies derived from research processes.We include the paper titled "Subjectivity and Power in Business Organizations: A Case Study", authored by Adriana Valencia Espinosa, Professor at the University of Valle -Colombia. This work was praised as one of the best lectures presented during the First International Congress on Organizations Management that was venued at the National University of Colombia. The objective of this research was to understand the impact of business organizations on the subjectivity of employees, emphasizing the implications of labor breakdown (the termination of a contract). The case study is carried out at a renowned company in Valle del Cauca - Colombia, whose core business, among other lines, is mass printing and editorial processes. This paper addresses testimonies by key participants, that is, workers who experienced labor ruptures with the company. The article also identifies some mechanisms deployed by the organization in the process of sensemaking and the creation of meaning for subjectivity mobilization.Professors Matias Ginieis, María Victoria Sánchez and Fernando Campa from the Rovira i Virgili University, in Spain, present in this issue the paper "How much is the Staff According to the Type of Airline and its Geographical Location in Europe? A Comparative Analysis". This research study was aimed at determining the link between the costs per employee, the types of airlines (traditional or low cost) and the different geographical locations of the headquarters of the studied airlines (Western Europe, Eastern Europe, the United Kingdom and the Nordic countries). A total of 152 airlines were analyzed during the period 2008-2013. Based on statistical correlation tests it was possible to determine there is no relationship between the type of airline and staff-related costs.Last but not least, our Business Ethics section presents a research paper for this issue of INNOVAR.At the University of Zaragoza in Spain, Professors Francisco José López and Ana Bellosta contribute to this issue with the work titled "Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance practices in Spanish Ethical Mutual Funds: Analysis of Investee Companies". This paper studies the type of firms composing the portfolio of Spanish ethical mutual funds, characterizing such companies on the basis of the Corporate Governance model they follow, their organizational structure and some of their economic and financial variables. Different models of Corporate Governance by investee companies and their relationship with financial variables are presented and then evaluated. Results show that companies under the German corporate governance model are preferred by ethical mutual funds, followed by those companies with Anglo-Saxon corporate governance models, which means that, for allocating resources, ethical mutual funds take an interest in companies that involve different stakeholders in their governance processes.We are sure these contributions will be of great interest for the academic community of the Social and Management Sciences both in Colombia and abroad. ; La innovación es un tópico medular para las ciencias sociales y administrativas preocupadas por la gestión de las organizaciones. De allí el nombre de nuestra publicación: INNOVAR, expresado como acción y reflexión. Las concepciones sobre la innovación son diversas y van desde la importancia del cambio en las técnicas de producción, señalado por Marx, hasta la visión estructural de Schumpeter y de los neoschumpeterianos, según la cual la destrucción creativa es uno de los motores del desarrollo capitalista (Chang, 2016). En las últimas décadas, la innovación ha venido ganando un lugar cada vez más protagónico en los procesos económicos y organizacionales, por el surgimiento y consolidación de la llamada "sociedad del conocimiento" (Drucker, 1994; Castells, 1996; Dubina, Carayannis y Campbell, 2012).La innovación requiere la confluencia de múltiples factores y dimensiones, como la creatividad; la ciencia y la tecnología; las relaciones entre universidad, empresa y sociedad; la competencia; el papel del Estado, y la financiación de la innovación, entre otros. Precisamente, la intersección entre el papel del Estado y la financiación de la innovación ha sido uno de los temas de investigación de la economista italiana Mariana Mazzucato. En su libro El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado, Mazzucato (2016) aboga por un cambio en la comprensión del papel del Estado en los procesos de innovación. Con evidencia empírica de los sectores de tecnología de las comunicaciones (ejemplarizando con empresas como Apple), las energías renovables y del sector farmacéutico, Mazzucato señala que el Estado ha tenido un papel activo y determinante en la innovación contemporánea, debido a que ha sido inversor y ejecutor de proyectos que están en la base de innovaciones como la pantalla táctil, el CPS, Internet o Siri, que luego son aprovechadas por empresas privadas. Bien sea en el campo del sector defensa, el aeronáutico o el energético, las inversiones del Estado y los proyectos que ejecuta han sido vitales para la gestación y posterior difusión de las innovaciones. Las características de las inversiones de riesgo, que puede ejecutar el Estado, y la forma como congrega y articula múltiples capacidades e instituciones se constituyen realmente en cadenas de transmisión vitales para la innovación.La aportación de Mazzucato (2016) consiste en cuestionar una serie de mitos sobre la innovación, que plantean que tal proceso emerge solo en virtud del actuar de emprededores e inversores privados. Desde esa mirada, hoy dominante, se reclama un Estado mínimo, concentrado en incentivar las fuerzas privadas, para que la mano invisible y la competencia promuevan el surgimiento de nuevos conocimientos que desemboquen en innovaciones. El libro de Mazzucato (2016) abre un sinfín de oportunidades de investigación, puesto que no niega la relevancia de la empresa y los emprendedores innovadores, sino que nos convoca a reconocer, caracterizar y evaluar la importancia de las organizaciones y los proyectos públicos en la dinámica de la innovación. Todo ello alienta la investigación académica que interesa a INNOVAR, y a la que convocamos a la comunidad académica de las ciencias de la gestión en Iberoamérica.La presente edición está organizada en cuatro de nuestras tradicionales secciones: Estrategia y Organizaciones, Marketing, Factor Humano y Ética Empresarial, en las que publicamos diez artículos de nuestros colaboradores nacionales e internacionales.En la sección de Estrategia y Organizaciones, se publican tres trabajos, resultado de investigación.Fruto de una colaboración internacional, los profesores Julio César Acosta, de la Universidad Externado de Colombia; Mónica Longo-Somoza, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, España, y María Belén Lozano, de la Universidad de Salamanca, España, aportan el trabajo titulado "Does family ownership affect innovation activity? A focus on the biotechnological industry". Este trabajo buscó identificar el perfil de las empresas innovadoras, para analizar si la propiedad familiar es una característica que se relaciona con las iniciativas y procesos de innovación. En la investigación se realiza un análisis clúster jerárquico con una muestra de 243 empresas españolas del sector de la biotecnología. Se concluye que las empresas españolas que innovan en este sector no son empresas de propiedad familiar. La relación negativa que se encuentra entre innovación y propiedad familiar, puede ser explicada porque las empresas familiares en tal industria son conservadoras y evitan tomar riesgos como los que la innovación reclama.Los profesores Valentín Azofra, de la Universidad de Valladolid, España; Magda Lizet Ochoa, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, y Begoña Prieto y Alicia Santidrián, de la Universidad de Burgos, España, aportan el artículo "Creando valor mediante la aplicación de modelos de capital intelectual". La investigación pretende vincular el nivel de implantación y uso de modelos de capital intelectual con la creación de valor en la empresa, desde una perspectiva de largo plazo. Para el trabajo empírico se seleccionaron empresas que muestran compromiso hacia la utilización de sistemas de información sobre el capital intelectual. Con base en información de 79 empresas españolas, se realizó y aplicó un modelo para relacionar las variables de crecimiento en ventas, productividad por empleado, índice de capital intelectual, entre otras, con el nivel de uso e implantación de indicadores sobre capital intelectual. Los resultados evidencian que las empresas con mayores niveles de implantación de modelos de capital intelectual presentan mejores índices de productividad, crecimiento en ventas y eficiencia del capital intelectual, es decir, mayor creación de valor.Por otra parte, en una colaboración interinstitucional, el investigador independiente Giuseppe Vanoni, y el profesor Carlos Rodríguez, de la Universidad Nacional de Colombia, suscriben el artículo titulado "Estrategias de crecimiento implementadas por los grupos económicos del Ecuador (2007-2016)", con la que se pretende identificar las estrategias de crecimiento de 132 grupos económicos en el Ecuador, durante el periodo señalado. Luego de una importante revisión de la literatura y de la definición conceptual de "grupo económico" y de "estrategia de crecimiento", el trabajo empírico muestra que prevalece una estrategia de concentración, basada en la especialización. Se concluye que los grupos económicos en Ecuador son pertenecientes a familias concretas. La estabilidad que vivió el país en los años del estudio influyó en la estrategia de concentración por especialización de los grupos económicos.La sección de Marketing del presente número de INNOVAR está conformada por cuatro artículos.Los investigadores brasileños Celso Ximenes y Josemeire Alves, y los profesores Gabriel Aguiar, Facultade Mauricio de Nassau, y Danielle Miranda de Oliveira, de la Universi-dade Estadual do Ceará, en Fortaleza-Brasil, participan con el trabajo "Resolveram meu problema, porém nao compro mais! Por que os consumidores nao desejam voltar a fazer negócios com Lojas Virtuais? El trabajo se planteó como objetivo comprender los motivos que llevan a los consumidores online a no realizar nuevas compras, cuando tuvieron problemas en el proceso, pese a que tales problemas hubiesen sido resueltos. Desde un enfoque cualitativo, con base en 200 quejas de cuatro empresas que venden sus productos en Internet, se realizó un trabajo descriptivo y cualitativo que permitió categorizar los posibles problemas y las soluciones desplegadas por las empresas. Los consumidores expresan su voluntad de no realizar otra compra con la misma empresa por problemas logísticos, demora en resolución del problema y demora en la atención de la queja.De la Universidad de Sevilla, España, los profesores Carlos Javier Rodríguez y Encarnación Ramos aportan a esta edición el artículo titulado "Influencia de la religiosidad y la espiritualidad en el comportamiento ético del consumidor". El objetivo de la investigación es analizar el comportamiento ético del consumidor, para lo que realiza un modelo de ecuaciones estructurales que relaciona las escalas de religiosidad y espiritualidad, y que contrasta los resultados de 286 encuestas realizadas a ciudadanos españoles. La investigación implicó redimensionar la Consumer Ethics Scale, con base en los resultados encontrados en la literatura y con el propósito de ajuste perseguido en el trabajo. Se concluye el artículo presentando evidencia de la existencia de una relación entre la religiosidad-espiritualidad y el comportamiento ético del consumidor.Los profesores Alejandro Tapia, vinculado a la Universidad Loyola de Andalucía, y Elena Martín Guerra, de la Universidad de Valladolid, ambas instituciones en España, son los autores de "Neurociencia y publicidad. Un experimento sobre atención y emoción en publicidad televisiva". El artículo presenta los resultados de un experimento en neuro-ciencia, aplicado a la publicidad. El propósito era estudiar cómo la atención y la generación de respuesta emocional influyen en el recuerdo de una cuña publicitaria (spot) en televisión. El experimento se desarrolló con un grupo de 30 estudiantes de entre 18 y 22 años, que fueron expuestos a cuñas publicitarias de la Universidad de Valladolid. Los resultados muestran que existen condiciones importantes que impactan en la atención y la emoción hacia los spots, tanto positiva como negativamente, entre ellos, el contenido cómico, el idioma, la fuerza del sonido, la presencia de contenidos negativos y tristes, entre otros.Desde el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de la Universidad de Guadalajara, México, los profesores José Sánchez, Guillermo Vázquez y Juan Me-jía suscriben el trabajo "La mercadotecnia y los elementos que influyen en la competitividad de las mipymes comerciales en Guadalajara, México". El artículo busca establecer la correlación que existe entre los diferentes factores clave de mercadotecnia que impactan en las micro, medianas y pequeñas empresas de prendas de vestir en Guadalajara, México. A partir de un modelo de ecuaciones estructurales, se establecieron como factores clave las estrategias, el conocimiento y la planeación, todos de mercadotecnia, como variables determinantes de la competitividad de la mipyme. Para el trabajo empírico, se usa una muestra de 380 empresas del sector de prendas de vestir al menudeo. Los resultados verifican que existe una correlación positiva y significativa entre los factores clave de marketing y la competitividad, por lo que resultan determinantes para estas empresas, consideradas por muchos como el eslabón más débil de la economía mexicana.La sección de Factor Humano recoge dos trabajos, resultado de procesos de investigación.Publicamos el artículo titulado "Subjetividad y poder en la organización empresarial: un estudio de caso", de la profesora de la Universidad del Valle, Colombia, Adriana Valencia Espinosa, y que fue una de las mejores ponencias presentadas en el Primer Congreso Internacional de Gestión de las Organizaciones, realizado en la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo del trabajo de investigación fue comprender la incidencia de la organización empresarial en la subjetividad de los empleados, enfatizando en las implicaciones de la ruptura laboral (la finalización del contrato). El estudio de caso se realiza en una reconocida empresa del Valle del Cauca, dedicada, entre otros negocios, a la impresión masiva y los procesos editoriales. Se abordan relatos de participantes clave, trabajadores que vivieron rupturas laborales con la empresa. El artículo identifica algunos dispositivos desplegados por la organización en el proceso de creación de sentido y producción de significado que moviliza la subjetividad.De los profesores Matias Ginieis, María Victoria Sánchez y Fernando Campa, de la Universitat Rovira i Virgili, España, en esta edición se publica el artículo "¿Cuánto cuesta el personal según el tipo de aerolínea y su ubicación geográfica en Europa? Un análisis comparativo". La investigación se planteó establecer la relación existente entre los costos por empleado, los tipos de aerolíneas (tradicionales y de bajo costo) y las diferentes zonas geográficas de ubicación en Europa en que están domiciliadas las aerolíneas (Europa occidental, Europa del este, Reino Unido y países nórdicos). Se estudiaron 152 compañías áreas, en el periodo comprendido entre el 2008 y el 2013. A partir de pruebas estadísticas de correlación, se estableció que no hay una relación entre el tipo de aerolínea y el costo del personal.Finalmente, la sección de Ética Empresarial para este número de INNOVAR recoge un artículo de investigación.Desde la Universidad de Zaragoza, España, los profesores Francisco José López y Ana Bellosta aportan el trabajo "Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance Practices in Spanish Ethical Mutual Funds: Analysis of Investee Companies". El artículo analiza los tipos de compañías que conforman el portafolio de los fondos mutuos de inversión ética españoles, caracterizando tales empresas desde el modelo de Gobierno corporativo que siguen, su estructura organizacional y algunas de sus variables económicas y financieras. Se presentan y evalúan diferentes modelos de Gobierno corporativo de las empresas en que se invierte y su relación con variables financieras. Los resultados muestran que las empresas que siguen un modelo de gobierno corporativo alemán son las preferidas por los fondos mutuos de inversión ética, seguidas de las empresas con modelos de Gobierno corporativo anglosajones. Es decir, a los fondos mutuos de inversión ética les interesa que las empresas en que invierten incluyan diferentes grupos de interés en sus procesos de gobernanza.Confiamos en que estos trabajos resulten de interés para la comunidad académica en ciencias sociales y administrativas a nivel nacional e internacional.
Al cierre de la presente edición de INNOVAR, la ciudadanía en Latinoamérica y Colombia se encuentra consternada frente a los hechos de corrupción público-privada que han sido conocidos por la opinión pública en casos como los de Reficar ("Reficar: ¿el escándalo económico del siglo?", 2016) y Odebrecht ("¿Qué es el caso Odebrecht?: claves para entender el millonario escándalo de corrupción", 2017), entre otros. La consternación no se debe tanto a la novedad de los hechos, sino a la dimensión de los ilícitos y a la posición de los implicados (que incluye a múltiples miembros de las élites políticas, económicas y empresariales de varios países de la región). El malestar social crece ante la incapacidad de prevención y la ineficacia en la reacción de los aparatos de justicia. El siglo XXI ha sido especialmente profuso en eventos que visibilizan prácticas corruptas, tanto en el contexto empresarial como estatal: Enron, Worldcom, Adelphia, Tyco, Parmalat, J. P. Morgan, hipotecas subprime, los papeles de Panamá, entre muchas otras (Ashforth, Gioia, Robinson y Treviño, 2008). La dimensión de la corrupción supera las fronteras geográficas, las formas de gobierno de los Estados, las tradiciones culturales y los niveles de desarrollo socioeconómico de los países.El origen de la corrupción, sus manifestaciones y dimensiones, así como los mecanismos para enfrentarla, constituyen un campo de estudio que reclama enfoques inter y multidisciplinarios. Existen aproximaciones desde diversas perspectivas: la economía, la sociología, el derecho, la teoría organizacional, entre otros, y se identifican diversos enfoques y cuerpos de teoría que buscan explicar y comprender tal problemática (Pinto, Leana y Pil, 2008). Desde el punto de vista de la gestión y la teoría de las organizaciones, reconociendo la variedad de paradigmas sobre el asunto, un texto que ya se considera clásico fue el artículo de Diane Vaughan (1999) "The Dark Side of Organizations: Mistake, Misconduct, and Disaster" publicado en Annual Review of Sociology. La importancia del tema, fruto de la profundización de las crisis por corrupción del presente siglo, llevó a que una publicación académica tan reconocida como Academy of Management Review dedicara un número especial al abordaje de este fenómeno en el 2008.Allí, Lange (2008) ha definido la corrupción organizacional como: "[…] pursuit of individual interests by one or more organizational actors through the intentional misdirection of organizational resources or perversion of organizational routines" (p. 710). Esta definición enfatiza los comportamientos y malas prácticas de los gestores como fuente de la corrupción en las organizaciones. Pone el acento, por tanto, en la corrupción como una desviación de los individuos, de los agentes que solo persiguen su interés particular. Sin negar la responsabilidad de los individuos en la corrupción los fallos éticos-, es necesario también desarrollar un enfoque sobre la estructura y el sistema como generadores de corrupción en las organizaciones. El abordaje que desde la ciencia política y la filosofía se ha realizado a partir de la "banalidad del mal" (Arendt, 2003) puede aportar a este propósito en las ciencias de gestión y en la teoría organizacional. La tesis central de este planteamiento es que lo criminal y lo aberrante se pueden convertir en lo legal o en lo axiológicamente valorado como correcto en ciertas condiciones históricas, lo que hace que se establezcan estructuras que promueven lo incorrecto e institucionalizan una forma de lo corrupto. Esto impide que el juicio individual opere como freno ético del mal (Arendt estudió cómo los militares alemanes que participaron en el genocidio judío creían actuar correctamente y simplemente cumplir con las órdenes emitidas por el Tercer Reich).Los últimos años han visto la entrada a la gestión organizacional de perspectivas soportadas en la competencia sin límite, la visión de corto plazo, la gestión por medio del estrés, la generación de inestabilidad psicológica como motivante del desempeño, la amenaza del desempleo y el abrumador consumo y sus efectos sobre el medioambiente; y todo esto tiene lugar bajo el objetivo estandarizado del crecimiento incesante de los rendimientos financieros (con el eufemismo de la "creación de valor"). Estos elementos se han convertido en imperativos institucionalizados y naturalizados que hacen parte de las estructuras de las organizaciones contemporáneas. Gerentes y subalternos señalan: "¡así es la organización, ese es el mercado, todos se comportan igual!". Este contexto normaliza la "astucia" como valor que debe ser premiado, la "viveza" como capacidad a exaltar, la innovación como cualquier cambio formal por el que pagan los consumidores y, en su conjunto, promueven la negación de las consideraciones éticas por el interés general, lo que evita la valoración del impacto de las acciones administrativas sobre las personas, el entorno social y el medioambiente -es decir, negando la otredad-.Así pues, desde esta tribuna que es INNOVAR, convocamos a los investigadores en Colombia e Iberoamérica a realizar aportes teóricos e investigaciones empíricas que enriquezcan nuestra comprensión del flagelo de la corrupción, para plantear propuestas para su identificación, prevención y tratamiento; de esta manera, se pueden superar los enfoques que responsabilizan solamente a los individuos, sin abordar adecuadamente las dimensiones sistémicas o estructurales de la corrupción organizacional.La edición 64 de INNOVAR se estructura en cuatro de nuestras tradicionales secciones. La primera sección está dedicada a Marketing, y en esta publicamos tres trabajos, resultados de investigación.Desde la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, el investigador James Sánchez-Alzate y la profesora Luz Alexandra Montoya aportan a este número el artículo titulado "La confianza como elemento fundamental en las compras a través de canales de comercio electrónico: caso de los consumidores en Antioquia (Colombia)". La investigación tuvo como objetivo identificar y recoger los factores que afectan la confianza de quienes compran por medios electrónicos en un mercado local, concretamente en Antioquia. Metodológicamente el trabajo se desarrolló por medio de una encuesta a 500 participantes, cuyo instrumento siguió una estructura de diseño según la escala de Likert, con la que posteriormente se realizaron análisis estadísticos descriptivos. Se concluye que la reputación del vendedor, el riesgo percibido, la privacidad en el manejo de los datos y la seguridad de las transacciones son los factores más influyentes en la confianza de los consumidores en el estudio realizado.Los profesores António Carrizo, Pedro Freitas y Victor Ferreira, de la Universidad de Aveiro, Portugal, son los autores del trabajo "The Effects of Brand Experiences on Quality, Satisfaction and Loyalty: An Empirical Study in the Telecommunications Multiple-play Service Market". El artículo se planteó como objetivo aportar al conocimiento sobre el papel que juega la experiencia de marca, relacionando factores como la satisfacción, la confianza y la calidad en el servicio, en la lealtad hacia esta. El objeto de estudio estuvo compuesto por usuarios del sector telecomunicaciones en Portugal. Metodológicamente se desarrollaron ecuaciones estructurales, para identificar relaciones causales en los constructos para cada factor. Los resultados muestran que la experiencia de marca está significativamente relacionada con la lealtad, la confianza y la calidad. Se concluye que las experiencias de marca pueden ser una oportunidad clara de diferenciación en el sector servicios.Con el artículo "La influencia del consumo simbólico en la intensidad de uso de las redes sociales digitales y el valor percibido de las experiencias", el profesor Gonzalo Luna Cortés, de la Universidad Autónoma del Caribe, Colombia, participa en esta sección de Marketing. El trabajo tiene como objetivo analizar la relación existente entre la congruencia de la experiencia y la identidad, con el valor percibido de la experiencia. También busca aportar evidencia empírica sobre las experiencias de consumo simbólico por medio de las redes sociales. Se realizaron 380 encuestas a estudiantes universitarios españoles, con las que se concluye que la percepción del consumidor, relativa al refuerzo de su propia identidad, aumenta su satisfacción y la intención de recompra. Esto se evidencia de forma muy clara en el consumo por medio de las redes sociales.La segunda sección de este número de la revista está dedicada a las Empresas de Menor Tamaño y presenta dos artículos de investigación.De la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia, el profesor Leonardo Santana nos presenta su artículo "Determinantes de la supervivencia de microempresas en Bogotá: un análisis con modelos de duración". La investigación tuvo como objetivo establecer la tasa de supervivencia de las microempresas en Bogotá, identificando las principales variables financieras que determinan el nivel de supervivencia. Con información financiera y de apertura y cierre de 25.523 microempresas, provista por la Cámara de Comercio de Bogotá, se aplican modelos de duración para realizar la medición perseguida. Se identifican como determinantes de la duración de la empresa el número de empleados, la rentabilidad operativa y la capacidad de generación de ingresos para atender el servicio de la deuda.Los profesores Natanael Ramírez, Alejandro Mungaray, José Gabriel Aguilar y Yadira Zulith, vinculados a la Universidad Autónoma de Baja California, México, son los autores del trabajo "Microemprendimientos como instrumento de combate a la pobreza: una evaluación social para el caso mexicano". El artículo tiene como objetivo evaluar la rentabilidad social y económica de un grupo de microempresas (marginadas) de Tijuana (México). Al mismo tiempo, busca evaluar la pertinencia del fomento al desarrollo de la microempresa como política de lucha contra la pobreza y de desarrollo social del país. El trabajo estudia 394 microempresas ubicadas en zonas marginales de Tijuana, que recibieron servicios de capacitación, asistencia técnica y acercamiento a las fuentes de financiamiento. Los resultados del trabajo muestran que la vulnerabilidad de estas empresas es menor una vez son apoyadas, por lo que resulta pertinente el fomento gubernamental con financiación y capacitación, ya que ayuda a paliar la pobreza, promoviendo el desarrollo económico.En nuestra sección de Turismo, se publican dos trabajos resultados de investigación.El artículo titulado "Determinantes estratégicos en la formación de la lealtad del joven residente: el caso de las Islas Canarias" es el resultado de investigación de los profesores José Alberto Martínez, Noemí Padrón y Eduardo Parra, vinculados a la Universidad de la Laguna, España. El trabajo buscó identificar las variables que determinan la formación de la lealtad de los jóvenes que residen en destinos turísticos domésticos (concretamente en las Islas Canarias). A partir de una muestra de 678 jóvenes residentes en Tenerife y Gran Canaria, se desarrolló un cuestionario, y con los datos se construyó un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados muestran que la orientación al mercado, constituye la base para generar procesos que consiguen la lealtad del consumidor, así como que la satisfacción es la única variable que determina la lealtad.Las profesoras Marysela Morillo Moreno y Cororina del Carmen Cardozo Moreno, de la Universidad de los Andes, Venezuela, son las autoras del artículo "Sistema de costos basado en actividades en hoteles cuatro estrellas del estado Mérida, Venezuela". En el contexto de competitividad que presenta el sector hotelero, este trabajo buscó formular un modelo de costos ABC para hoteles cuatro estrellas del estado Mérida (Venezuela), enfatizando en sus aportes a la creación de valor, el control y la reducción de costos. A partir de un enfoque de investigación cualitativo, de campo, de carácter exploratorio, descriptivo y documental, se caracterizó el contexto hotelero (por medio de entrevistas y observación directa), se identificaron sus necesidades y se planteó el modelo, llegando a la identificación de actividades y criterios de asignación del costo. Se concluye que los costos ABC son una herramienta de gestión que orienta las decisiones estratégicas y el control de costos, con diversos beneficios.La sección Aportes a la Investigación y la Docencia de este número recoge tres artículos académicos.Desde la Universidad de Talca, Chile, los profesores Sebastián Donoso-Díaz y Nibaldo Benavides Moreno suscriben el artículo que lleva por título "Descentralización de la gestión de la educación pública e institucionalidad local en Chile: el caso de los directores comunales de educación". Este trabajo busca analizar la institucionalidad y la gestión de la educación pública local en Chile, mostrando los cambios promovidos por los marcos normativos que buscan modernizar la administración pública. Particularmente, el documento se enfoca en el rol institucional y funciones de los jefes de departamentos de educación municipal. Con un enfoque metodológico cualitativo y a través de entrevistas semiestructuradas, se identifican "nudos críticos" en las funciones de los jefes de departamento que deben resolverse. Por ello, el trabajo formula propuestas de reorganización de la educación en el plano local.Se publica en este número el artículo titulado "Una reflexión ex post facto sobre la conducción de estudios multicaso para la construcción de teoría en ciencias de gestión", de autoría de la profesora Ruth Esperanza Román Castillo, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia, y el profesor Ali Smida, de la Universitéde Paris 13 Sorbonne Paris Cité, Francia. Este trabajo recibió reconocimiento como una de las mejores ponencias presentadas en el Primer Congreso Internacional de Gestión de las Organizaciones (CIGO), desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia, del 17 al 20 de noviembre del 2015. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo, desde los referentes metodológicos de los estudios multicaso, se pueden realizar contribuciones teóricas a las ciencias de gestión. Evaluando las contribuciones de Yin (2014) y de Stake (2006), se muestran las potencialidades de la experiencia concreta, la reflexión observacional, la conceptualización abstracta y de la experimentación activa, en los estudios multicaso y sus aportes al desarrollo de teorías en ciencias de gestión.En una colaboración internacional, las profesoras Cecilia Alexandra Portalanza, de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, Merlin Patricia Grueso, de la Universidad del Rosario de Colombia, y el profesor Edison Jair Duque, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, son los autores del artículo titulado "Propiedades de la Utrecht Work Engagement Scale (UWES-S 9): análisis exploratorio con estudiantes en Ecuador". El trabajo tuvo como objetivo analizar las propiedades psicométricas de una escala de engagement (compromiso o lealtad de marca) académico en estudiantes pertenecientes a una institución de educación superior en el Ecuador. Las implicaciones de este trabajo en el plano teórico se relacionan con la necesidad de desarrollar un marco conceptual que permita explicar el constructo del engagement en Latinoamérica que, por sus condiciones, podría diferir de lo que ocurre en otros contextos. Desde un punto de vista práctico, la ies en la que se aplica la escala debería fortalecer su engagement, para conseguir un mayor compromiso o lealtad de sus actuales y futuros estudiantes.Finalmente, nuestra edición cierra con el aporte del profesor Carlos Eduardo Maldonado, de la Universidad del Rosario, Colombia, quien realiza una reseña del libro Teoría general de sistemas. Conceptos y aplicaciones, de autoría de Carlos Alberto Ossa, editado por la Universidad Tecnológica de Pereira.
Economía solidaria, un concepto para muchos desconocido, pues el término solidario pareciera ajeno dentro de un marco económico competitivo como se observa en la cúpula del capitalismo y de la misma globalización en sí, sin embargo, es importante rescatar su fundamento, pues en ella encontramos la capacidad de proveer de manera sostenible las bases para un desarrollo personal y social, en palabras de Gazaga, (2007), "El fundamento de la economía solidaria es la introducción de niveles crecientes de cooperación y solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, de manera de generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que trasciendan la esfera del beneficio económico y favorezcan a la sociedad en su conjunto". Sin embargo, una alternativa para hallar formas de desarrollo económico dentro de una comunidad específica, obteniendo beneficios para la sociedad en general, es un sector que hoy por hoy se encuentra en crisis, así lo menciona un estudio realizado por el diario EL TIEMPO (1998), donde destaco diversas situaciones atribuibles a la crisis como: El recelo por las continuas intervenciones en el sector cooperativo y la racha de malas informaciones ha logrado contagiar el pánico no sólo a los ahorradores sino a otras entidades de sector financiero que no quieren dar créditos ni otorgar respaldo a las cooperativas. En segunda instancia las corporaciones financieras se niegan a respaldarlos con créditos, el sector público no quiere realizar inversiones en sus oficinas, las aseguradoras tienen recelo a respaldar su actividad y como si fuera poco los socios y ahorradores están retirando sus depósitos. Tal es el caso de Estraval y su colapso financiero, que evidencia no solo lo destacado por el estudio en mención, sino diversas dificultades que han generado una gran desconfianza por parte de los ahorradores al sector en sí; no obstante, es un medio que pese a sus dificultades cuenta con principios fundamentales para propinar por un mejor desarrollo económico dentro de nuestra sociedad, tan es así que una de las características más distinguidas de la Economía Solidaria la de demostrar con hechos que es posible y necesario incorporar la solidaridad como un elemento esencial a la hora de medir el comportamiento económico de una organización. Ahora bien, estas razones son algunas de las que se presentan en la Cooperativa Multiactiva de la Universidad Libre Librecoop Ltda., por lo cual se decidió realizar un trabajo de intervención centrado en la construcción de un plan de desarrollo que permita la mejora continua de la cooperativa y así mismo contribuya al mejoramiento permanente y la consolidación de unas estrategias que conlleven a la sostenibilidad económica y cumplimiento de la misión organizacional de esta. Con el fin de lograr cumplir los objetivos planteados en este trabajo de intervención se toma como punto de partida un estudio interno y externo que logre contribuir de forma eficaz a la solución de las problemáticas mencionadas anteriormente. Merino (2013), mencionaba que "El plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos". Y a su vez Escobar (2005), dejaba en claro que "La intención principal del trabajo es demostrar las inquietudes que surgen por parte de los trabajadores asociados en las organizaciones de economía solidaria con la idea clave de una mayor productividad basado en la eficiencia y eficacia para un plan de ahorro" Así las cosas, frente a la problemática que posee Librecoop se desarrolló un proceso de evaluación donde se tuvo en cuenta, en principio la legislación y su evolución en la historia por medio de las reformas que surgieron a partir del modelo de economía, de ahí se encontraron ligerezas en cuanto a: la aplicación de las normas, la cantidad de asociados, los aportes de los mismos y finalmente la aplicabilidad de los principios y fines solidarios; estos últimos con mayor observancia pues la estructura principal de este tipo de sociedades debe tener como objetivo el buen desempeño de las actividades que se desarrollan dentro de ella, así lo mencionan los artículos 4 y 5 del Capítulo segundo de la Ley 454 de 1998. En consecuencia, con lo anterior, se ha determinado que el interés del presente proyecto de intervención se centra en puntualizar los siguientes asuntos a saber desde el entorno actual de la cooperativa: Primeramente, desplegar un proceso de capacitación a todos los asociados de la cooperativa, en el cual se enfatice la importancia de la economía solidaria en nuestra sociedad actual, esto con el fin de incentivar al individuo para la contribución del buen desarrollo de la calidad de vida de las personas que conforman o quieran hacerse parte de la cooperativa. En segundo lugar, se propone una actualización estatutaria de la entidad donde se pueda ampliar el ingreso de nuevos asociados dispuestos a crecer dentro de la misma y que deseen obtener todos los beneficios que la cooperativa tiene para sus asociados. En un último momento se plantea un mejoramiento en la oferta de créditos, servicios y los nuevos productos de la organización. Para lograr el cumplimiento de estos mismos se posee un conocimiento claro y un apoyo oportuno en el cual, por medio de nuevas y modernas capacitaciones de formación y acompañamiento se instruirá a los asociados en los procesos administrativos se busca que la Cooperativa conozca de la mejor manera y clara la importancia de la economía solidaria en nuestra sociedad y mejore la calidad de vida de sus integrantes realizando una gestión de proyección, actualización y organización de la misma. Los talleres que se realizan para cumplir los objetivos que se establecieron son las siguientes: Primero se realiza una mesa de trabajo de reconocimiento de la entidad, se plantean una serie de preguntas al representante legal, contador, revisor fiscal y secretaria, donde por medio de la información que se recopila se realiza un estudio para saber en qué estado esta Librecoop. Segundo se hace una reunión con la secretaria Alejandra Patiño donde se le pide ampliación de la información de la entidad y nos suministra documentación de Librecoop como: los estatutos, los estados financieros, cámara de comercio, Rut y requerimiento impuesto por la Súper Solidaria. Tercero se realizan unos estatutos para la cooperativa Multiactiva libre, actualizados y basados en la norma vigente. Cuarto y por último se desarrolla una cartilla con los parámetros de cambio de la entidad como lo son: cambio de estatutos, implementación de cronogramas de actividades y créditos. Con la aplicabilidad de estos últimos se logra presentar un factor de mejora, debido a que son de real importancia para el funcionamiento de las cooperativas, pues si bien a través del desarrollo de actividades fundamentadas en los principios y fines solidarios se demuestra el fortalecimiento económico que trae consigo el esfuerzo mutuo de las personas en donde cada uno de ellos se desempeña como líderes o gestores, partiendo de una idea de acción común con el fin de formar un espacio socio económico sostenible. ; Solidarity economy, a concept for many unknown, because the term solidarity seems alien within a competitive economic framework as seen in the dome of capitalism and globalization itself, however, it is important to rescue its foundation, because in it we find the ability to sustainably provide the basis for personal and social development, in the words of Gazaga, (2007), "The foundation of solidarity economy is the introduction of increasing levels of cooperation and solidarity in economic activities, organizations and institutions , in order to generate a set of social and cultural benefits that transcend the sphere of economic benefit and favor society as a whole ". However, an alternative to find forms of economic development within a specific community, obtaining benefits for society in general, is a sector that is currently in crisis, as mentioned in a study by the newspaper EL TIEMPO (1998). ), where I highlight various situations attributable to the crisis, such as: The mistrust of the continuous interventions in the cooperative sector and the run of bad information has managed to spread the panic not only to the savers but to other entities of the financial sector that do not want to give credits or grant support to the cooperatives. Secondly, the financial corporations refuse to back them with credits, the public sector does not want to make investments in their offices, the insurers are hesitant to support their activity and, as if that were not enough, the partners and savers are withdrawing their deposits. Such is the case of Estraval and its financial collapse, which evidences not only the highlighted by the study in mention, but diverse difficulties that have generated a great distrust on the part of the savers to the sector in himself; nevertheless, it is a medium that, despite its difficulties, has fundamental principles to guide for a better economic development within our society, so much so that one of the most distinguished characteristics of the Solidarity Economy is to demonstrate nuestra sociedad y mejore la calidad de vida de sus integrantes realizando una gestión de proyección, actualización y organización de la misma. Los talleres que se realizan para cumplir los objetivos que se establecieron son las siguientes: Primero se realiza una mesa de trabajo de reconocimiento de la entidad, se plantean una serie de preguntas al representante legal, contador, revisor fiscal y secretaria, donde por medio de la información que se recopila se realiza un estudio para saber en qué estado esta Librecoop. Segundo se hace una reunión con la secretaria Alejandra Patiño donde se le pide ampliación de la información de la entidad y nos suministra documentación de Librecoop como: los estatutos, los estados financieros, cámara de comercio, Rut y requerimiento impuesto por la Súper Solidaria. Tercero se realizan unos estatutos para la cooperativa Multiactiva libre, actualizados y basados en la norma vigente. Cuarto y por último se desarrolla una cartilla con los parámetros de cambio de la entidad como lo son: cambio de estatutos, implementación de cronogramas de actividades y créditos. Con la aplicabilidad de estos últimos se logra presentar un factor de mejora, debido a que son de real importancia para el funcionamiento de las cooperativas, pues si bien a través del desarrollo de actividades fundamentadas en los principios y fines solidarios se demuestra el fortalecimiento económico que trae consigo el esfuerzo mutuo de las personas en donde cada uno de ellos se desempeña como líderes o gestores, partiendo de una idea de acción común con el fin de formar un espacio socioeconómico sostenible. with facts that it is possible and It is necessary to incorporate solidarity as an essential element when measuring the economic behavior of an organization. However, these reasons are some of those presented in the Cooperativa Multiactiva of the Libre Librecoop Ltda. University, for which it was decided to carry out an intervention work focused on the construction of a development plan that allows the continuous improvement of the cooperative and likewise contribute to the permanent improvement and consolidation of strategies that lead to economic sustainability and compliance with the organizational mission of this. In order to achieve the objectives set out in this intervention work, an internal and external study that contributes effectively to the solution of the aforementioned problems is taken as the starting point. Merino (2013), mentioned that "The development plan is a management tool that promotes social development in a given territory. In this way, it lays the foundations to address the unmet needs of the population and to improve the quality of life of all citizens. " And in turn Escobar (2005), made it clear that "The main intention of the work is to demonstrate the concerns that arise from part of the workers associated in solidarity economy organizations with the key idea of higher productivity based on efficiency and effectiveness for a savings plan" Thus, in the face of the problems that Librecoop has, an evaluation process was developed which took into account, in principle, the legislation and its evolution in history through the reforms that emerged from the economic model, hence the they found lightness in terms of: the application of the rules, the number of associates, the contributions of the same and finally the applicability of the principles and solidarity goals; the latter with greater observance because the main structure of this type of company should have as its objective the good performance of the activities that take place within it, as mentioned in articles 4 and 5 of Chapter Two of Law 454 of 1998. Consequently, with the above, it has been determined that the interest of the present intervention project focuses on specifying the following issues to know from the current environment of the cooperative: Firstly, to develop a training process for all members of the cooperative, which emphasizes the importance of solidarity economy in our current society, this in order to encourage the individual to contribute to the good development of the quality of life of the people that make up or want to become part of the cooperative. Secondly, a statutory update of the entity is proposed, where it is possible to expand the income of new members willing to grow within it and who wish to obtain all the benefits that the cooperative has for its associates At a last moment, there is an improvement in the offer of credits, services and new products of the organization. To achieve compliance with these, there is a clear knowledge and timely support in which, through new and modern training and accompaniment training, the associates will be instructed in the administrative processes, so that the Cooperative knows the best way and clear the importance of solidarity economy in our society and improve the quality of life of its members by managing projection, updating and organization of it. The workshops that are carried out to fulfill the objectives that were established are the following: First, a recognition desk of the entity is made, a series of questions are posed to the legal representative, accountant, fiscal auditor and secretary, where through the information that is collected a study is made to know in which state is Librecoop . Descriptores / Palabras Claves • Economía solidaria • Cooperativas • Intervención acción participativa • Estatutos • Plan de desarrollo • Sector solidario Conclusiones Se realizó un estudio interno y externo donde se llegaron a las siguientes conclusiones: 1. Se sugiere estudiar y evaluar los estatutos suministrados por el grupo de monitores solidarios para su verificación y posterior aplicación a la entidad encaminados en relación a su objeto social. 2. Se requiere de una amplia capacitación al personal activo, pues el desconocimiento del debido manejo de este tipo de entidades por parte de los empleados, no ha permitido un efectivo cumplimiento en el marco normativo que los rige y a su vez a obstruido el crecimiento financiero de la entidad. 3. Convocar a una asamblea extraordinarias a todos los asociados para hacerlos participes tanto de las dificultades como de las necesidades de la entidad, y así hallar un consenso más efectivo en los cambios que la Cooperativa requiere. 4. Hacer entrega tanto a los empleados como a los asociados de la entidad de un plan de desarrollo del manejo de las sociedades solidarias, así como suministrar las estrategias para su respectivo desarrollo. Second a meeting is made with the secretary Alejandra Patiño where she is asked to expand the information of the entity and provides us with Librecoop documentation such as: the statutes, the financial statements, the Chamber of Commerce, Rut and the requirement imposed by the Super Solidarity.Third, bylaws are made for the free Multiactiva cooperative, updated and based on the current norm. Fourth and finally a booklet is developed with the parameters of change of the entity as they are: change of statutes, implementation of schedules of activities and credits With the applicability of the latter, it is possible to present a factor of improvement, because they are of real importance for the operation of the cooperatives, because although through the development of activities based on the principles and aims of solidarity, the economic strengthening is demonstrated. It brings with it the mutual effort of the people where each of them works as leaders or managers, based on an idea of common action in order to form a sustainable socio-economic space. ; 1. Descripción de la organización. -- 2. Cuadro de caracterización.-- 3. Resumen.-- 4. Justificación.-- 5. Objetivos.-- 6. Objetivo.-- 7. General.-- 8. Objetivos específicos.-- 9. Marco teórico.-- 10. Metodología.-- 11. Proceso de intervención y desarrollo del proyecto.-- 12. Indicadores, análisis y resultados del proyecto.-- 13. Impacto de la organización.-- 14. Plan de acción.-- 15. Cronograma.-- 16. Conclusiones.-- 17. Recomendaciones.-- 18. Referencias.
A través de la realización de este trabajo, pretendo poner en perspectiva el derecho de acceso a la información pública en relación con el derecho a la intimidad y otros derechos con los cuales coexiste en la actualidad; partiendo de la tesis que en éste momento la tendencia en América - contraria a la Europea - es la primacía del derecho de acceso a la información pública, como una consecuencia lógica derivada del Derecho General de Libertades que toda persona debe tener, bajo la premisa de que nadie está obligada a hacer o no hacer, lo que la ley expresamente no manda o prohíbe, principio recogido en muchas constituciones y particularmente en la salvadoreña. En el desarrollo del mismo, tomo también en cuenta la relación que este nuevo derecho fundamental, que ha sido reconocido como tal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene con otros derechos como el de la intimidad, plasmado en muchas legislaciones sobre todo Europeas y desarrollado a través de sendas Leyes de Regulación de Datos Personales; puesto que la Libertad es un derecho indudablemente mucho más general, el cual debe prevalecer sobre otros derechos asimiles o consecuentes, con los cuales por supuesto debe interrelacionarse, pues ningún derecho es totalmente absoluto, estando de acuerdo en que debe tener algunas limitantes, pero en todo caso la regla general debe ser la publicidad y no la intimidad, pues estos tiempos de pujanza de las tecnologías de la información, el Internet y la globalización de las actividades de toda naturaleza, nos obligan a legislar tomando en consideración las nuevas realidades, recordemos que el derecho es cambiante, nunca estático, y precisamente hemos visto como el mundo se debatió (y aún quedan graves secuelas), en una crisis económica generada por los grandes conglomerados financieros, lo cual ha traído como consecuencia no solo cuantiosas pérdidas de dinero, sino la pérdida de confianza en la Banca internacional, que vendió y repartió por todo el mundo paquetes de acciones, bonos, títulos valores y carteras de créditos sin ningún respaldo, basados en la confianza, lo cual desde mi perspectiva personal se debió en parte a que no se analizó o divulgó adecuadamente y en forma oportuna la información sensible al respecto que estaba a disposición, se prestó dinero para generación de hipotecas, bajo una ficción legal producida por el sector Inmobiliario-Bancario, a personas que no tenían capacidad de pago, ya que en forma irresponsable no se analizó la información crediticia bajo criterios técnicos reales. Vemos también como se desquebraja y se pone en peligro la Unión Europea, por la poca transparencia sobre el manejo de la información de las finanzas por parte de algunos gobiernos de la Zona Euro. Durante mis veinticinco años de ejercicio profesional de la Abogacía y el Notariado en mi querido país El Salvador, siempre tuve la aspiración de especializarme en la rama del Derecho Constitucional, no solo por ser la Constitución la ley primaria y fundamental de la cual derivan todas las leyes de un país, sino por su esencial naturaleza cambiante en aras de adecuarse permanentemente a las continuas e incesantes transformaciones sociales, sobre todo en estos tiempos de avances tecnológicos y de información vertiginosa que transita por la intranet. Ello ha producido cambios substanciales en el espectro tradicional de derechos fundamentales, hasta dar cabida a nuevos derechos y garantías que paulatinamente fueron adquiriendo más protagonismo y rango constitucional. Acorde con lo anterior, pretendo también brindar un aporte a mi país, sobre las nuevas realidades y tendencias de ese derecho fundamental de acceso a la información pública, para que se vea reflejado en la ley o sus posibles reformas futuras; tomando en cuenta que la mayoría de países de Latinoamérica y particularmente de Centroamérica, ya aprobaron una Ley de Acceso a la Información Pública; que estamos en un proceso, aunque lento, de integración económica en la región; que no tenemos prácticamente Banca nacional, sino que estamos sujetos a las regulaciones y convenios de la Banca internacional; que somos un Estado dolarizado, siendo nuestro referente los Estados Unidos con su "freedom information Act"; por lo que mal haríamos en no regular este derecho fundamental y desarrollarlo en una normativa secundaria, en forma clara y armónica con otros derechos que deban respetarse, acorde obviamente con nuestra realidad y cosmovisión nacional, pero por sobre todo poniendo nuestra mirada en el futuro, con la visión de legislar ante un nuevo panorama mundial, un nuevo derecho emergente, que no dudo que prevalecerá ante otros ya conocidos, que deberán sucumbir o ceder ante la preeminencia de éste. En la sinergia social actual, la publicidad debe ser la regla general y la intimidad la excepción, ya que el interés público, colectivo y del pueblo debe prevalecer sobre el interés individual o particular. Eso es lo que pretendo transmitir, y ojala que este modesto esfuerzo investigativo pueda contribuir a ello, en aras que los Diputados de la Asamblea Legislativa, que son los que finalmente aprueban las leyes de conformidad con la Constitución salvadoreña, puedan tener un referente, y ya sea que compartan o no mi posición, puedan tomar una mejor decisión a la hora de aprobar el contenido de la Ley o sus reformas futuras, tomando en cuenta toda la información necesaria para beneficio de los que los eligieron, a los que finalmente se deben, ese pueblo que voto por ellos y que confía en que tomarán las mejores decisiones para bien de las futuras generaciones. Asimismo, espero que también pueda servir a otros colegas estudiosos del derecho en otros países que aún no han aprobado una Ley similar o que se encuentren en la fase de discusión y análisis de su respectivo Anteproyecto. A mi juicio, no debemos cometer el mismo error que han cometido otros países de incorporar en una misma ley o en un mismo texto, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la intimidad junto con el consecuente habeas data, sino que deben ser regulados separadamente, en cuerpos normativos diferentes, pero en una forma armónica y clara; de ser posible en forma paralela y con vigencia simultánea, a fin de evitar contradicciones, pero como dije antes, tomando en cuenta la nueva realidad mundial y regional, partiendo de la idea que la información pública es un bien público, propiedad de todos, lo cual implica que el secreto sólo será aplicado a lo estrictamente necesario, estableciéndose de forma previa y clara cuál es la información reservada, cuales son los criterios para esa clasificación, así como los procedimientos y autoridades ante quienes se pueda impugnar la decisión de calificar la información como reservada, en otras palabras, aplicando el principio de favorecimiento a una actividad de interés público, y desarrollando como lo ha sido en el caso de El Salvador, el Art.246 de la Constitución que establece precisamente en su Título IX, Alcances y Aplicación, que la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos y que "el interés público tiene primacía sobre el interés privado". Desde mi visión, cualquier Ley de regulación de datos debe de ser pensada y redactada en armonía con el derecho a la libertad, anteponiendo el interés público y el principio de máxima publicidad en materia de acceso a la información; es decir, partiendo de la base que la regla general debe ser la publicidad y no la reserva indiscriminada o difusamente delineada. La Carta Magna de El Salvador al igual que la mayoría de constituciones, reconoce el derecho a la Libertad como uno de los derechos primordiales y fundamentales de la persona en su Art.2 Cn ESA, y lo ubica en el tercer lugar, después del derecho a la vida y a la integridad física y moral; y, muy por delante del derecho a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, al derecho al honor y la intimidad personal. Por su parte, la jurisprudencia del máximo Tribunal de Justicia de El Salvador, emitida a través de la Sala de lo Constitucional reconoce y ha dejado claramente sentado ese principio general del derecho a las libertades, como un derecho general, que no debe tener más limitaciones aparte de buscar la armonía con otros derechos, y que debe ampliamente protegerse y manifestarse a través del derecho de libertad de acceso a la información, de libertad de expresión y divulgación, de libertad empresarial, de libertad de credo o religión, etc.; pues el contenido de la Libertad, es para el máximo tribunal salvadoreño, la posibilidad de actuar conforme a lo permisible por las normas jurídicas. El ejercicio del derecho a la Libertad, debe por tanto ser entendido como una condición para que el individuo pueda desarrollar libremente sus facultades propias; y la mejor manera de hacerlo es asegurando este desenvolvimiento, a través de permitirle que se dirija espontáneamente y a su manera, afrontando las consecuencias y riesgos, en tanto no afecte el derecho legal de otro. CONTENIDO. Planteamientos Jurídicos. Mi primer planteamiento se resume en una sola pregunta: ¿Qué derecho debe prevalecer: El de libertad de acceso a la información pública, o el de la intimidad a través de la protección de datos personales?". A mi juicio es el primero, por derivar del derecho general de Libertad, y por las razones que más adelante expondré, el cual ha emergido con toda su fuerza ante la nueva realidad económica y social que vive el mundo. La clave está en qué entendemos por información personal o confidencial y como la hemos regulado en nuestras legislaciones, si lo hemos hecho conociendo sus límites y con base al principio de máxima publicidad o no. El segundo planteamiento: ¿Es la libertad de acceso a la información pública, un derecho fundamental o es un valor superior? Sostengo que ambos, depende si está regulado en cada país y de cómo esté regulado, si es derecho positivo y vigente, si está referido a tratados internacionales que generalmente están por encima de las normas, también conocidas como Supra constitucionales; pero en todo caso, el valor superior libertad es raíz y base de los derechos humanos, que constitucionalizados se vuelven fundamentales. Encontrándose este nuevo derecho humano concretamente anclado en el derecho de Libertad de Expresión, por cuanto siendo su raíz y comprendiendo las facultades de: pedir, investigar, recibir y transmitir, o sea, dar o divulgar informaciones de toda índole, por cualquier medio o procedimiento de su elección, sin limitación de fronteras y sin injerencia de las autoridades, éste ha dado origen a nuevos derechos en el espectro internacional, entre ellos, el derecho a saber, a saber la verdad, y el derecho a acceder al Internet. Este último, fue precisamente reconocido en Mayo de 2011 como derecho humano fundamental por Frank La Rue, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la protección de la Libertad de Expresión e Información. Lo cual genera una nueva polémica, sobre cómo regular el mismo, por tratarse el Internet de un mundo virtual, sin territorios, ni fronteras, marcado por la abundancia de informaciones, en vez de limitaciones y "sin materialidad", lo cual no se puede regular eficazmente con nuestros principios jurídicos y filosóficos naturales o usuales. Obviamente la Tesis aborda otros cuestionamientos y temas de interés relacionados con el derecho de libertad de acceso a la información, entre ellos, si es un derecho de libertad Opcional o Autónomo, si es un derecho de libertad como tal o de prestación, etcétera; igualmente abordamos la realidad que se vive en los países que ya han implementado una ley de la materia para analizar y compartir sus experiencias; si prevalece el principio de máxima publicidad o divulgación de la información pública o si por el contrario sigue prevaleciendo la protección de datos personales; la cultura de la transparencia y del acceso a la información o la cultura del secreto, lo privado o lo prohibido. Metodología Utilizada. La metodología utilizada es la Analítica Comparativa, analizando el contexto mundial, contraponiendo el viejo mundo con el nuevo mundo, es decir la realidad Europea que es muy diferente a la Americana; la "freedom information act", es decir la libertad de información en manos del Estado por pertenecer al pueblo, versus la regulación y protección de datos personales que constan en archivos públicos; en otras palabras, el derecho de acceso a la información pública en contraste con el derecho a la intimidad. Para ello, me he apoyado en el análisis del espectro económico, social y jurídico mundial, y en el proceso acelerado y vertiginoso de promulgación de leyes de acceso a la información pública y de transparencia del Estado, suscitado en el mundo entero y particularmente en toda Latinoamérica, de la cual hacemos un pequeño recorrido; para luego pasar al contexto centroamericano en proceso de integración económica, siendo las últimas leyes de acceso a la información pública aprobadas, la de nuestra vecina República de Guatemala y la de El Salvador, promulgada en el año 2011 y que entró en vigor a partir de Mayo de 2012, cuya ley era necesaria y conveniente, siendo que la misma surgió a través de un proceso de discusión y cabildeo con los diferentes actores, sectores involucrados, fuerzas vivas, sociales, económicas y políticas del país, incluyendo el análisis de dos borradores de proyectos de ley que fueron discutidos por los diferentes partidos políticos en la Asamblea Legislativa juntamente con el Reglamento respectivo; por lo que es muy oportuno hablar de este tema; esperando que esta modesta investigación académica pueda servir de algún aporte no solo en mi patria, el pulgarcito de América, El Salvador; sino a otros países que aún no regulan este derecho, que lo han hecho recientemente, o que incluso han promulgado ya leyes cuya vacatio legis está pendiente o que han sido promulgadas pero aún no han entrado en vigencia plena, como es el caso de España, a la cual también obviamente nos referiremos, que ya cuenta con una Ley de acceso a la información pública, denominada en sentido amplio: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA TESIS SON. 1. Poner en perspectiva ambos derechos: el de libertad de acceso a la información pública y el de la intimidad; pues los dos deben ser objeto de regulaciones específicas en todos los países del hemisferio. Pero de conformidad con mi tesis cualquier ley de regulación de datos personales o reforma, debe ser pensada y adecuada al principio de máxima publicidad en materia de información. 2. Promover que la regla general en materia de información en poder del Estado, debe ser la publicidad, y la excepción, lo reservado, lo clasificado, lo secreto. 3. Esta tesis pretende exhortar a los países que no cuentan con una legislación al respecto, o que solo cuentan con leyes de regulación de datos, que legislen sobre el tema en forma armónica y consecuente con la nueva realidad económica mundial, tomando en consideración las experiencias vividas por otros países que han avanzado más sobre este derecho fundamental. 4. Señalar con claridad que todo Estado está en la obligación de transparentar la actuación de sus gobiernos y de sus funcionarios, poniendo a la disposición de los ciudadanos que los eligieron, toda la información relativa a su gestión, pues un pueblo que no tiene acceso a la información, no puede considerarse verdaderamente democrático. 5. Impulsar una cultura de transparencia, combate a la corrupción e impunidad que conlleve la creación o reforma de leyes de acceso a la información pública eficaces y positivas, que permitan cambiar el entorno y realidad actual de muchos países en la búsqueda de una verdadera democracia, dejando atrás la cultura de la opacidad y el secretismo de la cosa pública. 6. Finalmente, exhortar que de una forma u otra, según la realidad jurídica y cosmovisión de cada país, se considere a la libertad de acceso a la información pública, como un derecho humano fundamental, positivo y vigente; se modernicen y sometan a la nueva tendencia y realidad mundial de transparencia en la gestión pública y de acceso a la información; o en todo caso, reconozcan la prevalencia de los tratados internacionales que regulan la materia; y, consideren a este nuevo derecho como un valor superior, necesario e imprescindible para el desarrollo democrático, económico, social y de cambio generacional. PRINCIPALES APORTACIONES DE ESTA TESIS A LA CIENCIA JURÍDICA: NOVEDADES, AVANCES. El objetivo principal de mi investigación y análisis, es provocar una reflexión objetiva y sosegada en torno a qué derecho debe tener primacía en la actualidad: el de libertad de acceso a la información pública o el derecho a la intimidad, a través de la protección de datos. Lo novedoso es que la gente en la actualidad quiere estar más informada, difunde, transmite por medios tecnológicos, aparatos electrónicos con mayor capacidad de almacenamiento, obviamente también comparte y busca más información, para crearse opinión y tomar mejores decisiones en todos los aspectos de su vida, por lo que se trata de un cambio de mentalidad, un cambio generacional, pasar de la cultura del secreto y la opacidad a la cultura de la información y la transparencia, en donde la regla general debe ser el libre acceso a la información y la excepción lo confidencial o prohibido, y todo ello representa un verdadero desafío para el legislador y sobre todo para los aplicadores de las leyes y los juzgadores, quienes deben adaptarse a esa nueva realidad social mundial. Si bien ningún derecho es absoluto y debe tener límites, en mi opinión debe prevalecer el derecho de libertad o en todo caso el valor superior Libertad, origen y fin de toda sociedad democrática y propia de la naturaleza del hombre que desea vivir en desarrollo. Sin información no hay democracia ni desarrollo de los pueblos; en los países en los que sus ciudadanos no tienen acceso a la información, prevale la ignorancia, la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia, en otras palabras no hay desarrollo. Pienso que cualquier ley o reforma de ley, que verse sobre tales materias, debe ser pensada en base al principio fundamental y rector, que debe ser el principio de máxima publicidad o de máxima divulgación de la información. Por ello, es importante establecer mediante conceptos claramente definidos, qué debemos entender y cómo debemos aplicar esos conceptos y principios que rigen el acceso a la información pública; qué debemos considerar como información de carácter personal, confidencial o reservada, para no dejarlo al arbitrio interpretativo del funcionario; igualmente, qué tipo de información requiere el consentimiento previo y expreso de su titular, y cual no requiere tal consentimiento, tal como ya lo han hecho otros países como Argentina y Uruguay, que incluso lo tienen claro y plenamente definido, paradójicamente en leyes de protección de datos personales. Se dice que una fe sin hechos no transforma, igualmente una ley sin los recursos necesarios para su implementación no funciona, es ineficaz, por ello para que el derecho sea objetivo se deben de otorgar los recursos económicos, técnicos, humanos y de cualquier otra índole, suficientes para su cumplimiento, adoptando toda una plataforma tecnológica que permita que el Estado cumpla con su obligación prestacional de dar la información; aparte de implementar las medidas y mecanismos de control ciudadano, capaces de garantizar la participación exclusiva de funcionarios probos, que rindan cuentas de su gestión de los bienes públicos, en especial permitiendo a los ciudadanos que ejerciten su derecho de pedir la información, sin necesidad de legitimar un interés particular, simplemente por tener el derecho a saber. Hay que tener en cuenta que las legislaciones sobre la materia deben adaptarse, adecuarse reformarse o implementarse, en perfecta sintonía con los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, que forman parte de la legislación internacional, los cuales han ido cambiando o se han ido ampliando, y que, al haber sido aprobados y/o ratificados por los países miembros, entran a formar parte del ordenamiento jurídico de los países, por lo que están obligados a su implementación a través de leyes o reformas, a fin de que se tornen en derecho positivo y a la vez vigente; y no tener que esperar que se haga forzosamente a través de sentencias de tribunales internacionales, como sucedió con el caso de Chile. Esa es la disyuntiva y preeminencia de derechos que pongo en perspectiva (el acceso a la información o la intimidad), en el entendido que es mejor haber tomado una decisión errónea después de haber analizado y accedido a toda la información posible, disponible y permisible al alcance de nuestras manos, que no haber tomado ninguna, por falta de Libertad de acceso a la información, en un mundo que se caracteriza por ser generador por excelencia de cada vez más novedosas tecnologías de la Información. Otra aportación importante, está en destacar que esta clase de regulación debe abarcar no solo a instituciones del Estado, ya sea de gobierno, autónomas, de capital mixto, concesionarios de servicios públicos o subsidiadas por el Estado, sino también a las empresas privadas o particulares que estén prestando o en el futuro se dedicarán a prestar servicios de información en general. A manera de ejemplo, ya existe información estadística recopilada en redes sociales como Facebook y twiter, sobre servicios, quejas ciudadanas, etc, que son de interés de las Municipalidades para conocer el grado de satisfacción de los habitantes y del trabajo del ayuntamiento, que posteriormente se traducirán en votos favorables o desfavorables, de aprobación o desaprobación de su gestión y de su posible reelección o no. Me declaro abiertamente PRO acceso a la información, pues creo que a pesar de todo, y de cualquier crítica que pueda existir, válida o no, tener acceso a la información pública tiene y traerá más beneficios que perjuicios a los pueblos democráticos. Otro aporte importante del trabajo, es el análisis y resumen que hago del derecho comparado sobre libertad de acceso a la información pública, tanto de legislaciones como de jurisprudencia, contraponiendo a Europa con América, y haciendo un recorrido sucinto por los países más representativos de Latinoamérica, que incluye el área centroamericana y por su supuesto mi propio país, El Salvador, sin dejar de abordar a la madre patria España. Al respecto de América, es pertinente destacar la reciente implementación de una nueva generación de leyes de avanzada, como el caso de México, donde se aprobó el 4 de Mayo de 2015, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una ley de orden público y de observancia general en toda la República, que crea toda una política, un sistema y una plataforma nacional de transparencia. El derecho es cambiante y debe adaptarse a las nuevas realidades, por lo que el derecho a la libertad de acceso a la información pública ha generado a su vez el nacimiento de nuevos derechos, como el derecho al internet, el derecho a saber, a saber la verdad, etc, siendo para mí lo más importante para asegurar el éxito de cualquier Ley, crear una verdadera cultura de transparencia y de acceso a la información, tanto de carácter pública como privada, lo cual garantiza todo un sistema democrático de control ciudadano, de pesos y contrapesos, fomenta la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, la libertad de expresión y de información, es decir, la transparencia como medio eficaz de combatir la corrupción y la impunidad en cualquier sociedad o Estado, que realmente busque el desarrollo de su pueblo y consolidación de su democracia. CONCLUSIONES. a) Estimo, que no podemos tomar buenas decisiones, ya sea como personas, empresas, conglomerados, instituciones internacionales, Estados o Unión de Estados, si no tenemos acceso a la información pública necesaria, adecuada, conveniente y oportuna, incluyendo aquella información personal que no requiere el consentimiento previo y expreso de su titular o que se ha vuelto pública a través de medios masivos de comunicación. b) Las leyes de datos personales deben estar enfocadas y tener como finalidad la regulación y control de la información personal, pero no deben limitar el derecho de acceso a esa información, excepto cuando se traten de datos sensibles, protegidos por ley expresa y clara, pues se tiende a confundir a priori, de que toda esa información es prohibida. c) Ambos derechos: el de Libertad de Acceso a la Información y a la Intimidad, son derechos fundamentales de la persona humana, pero no son derechos absolutos, sino relativos en cuanto no riñan entre sí, por lo que deben legislarse en forma positiva, sistemática y armónica. d) Considero, según ésta propuesta, que no deben utilizarse normativas que quieran proteger la intimidad o imagen de las personas para limitar el derecho de acceso de información, sino que la regulación de ambas materias deben de pensarse de manera conjunta, coordinada y plenamente consensuada, partiendo del hecho de que la publicidad debe ser la regla general y no la excepción. e) Es conveniente legislar qué tipo de información no requiere el consentimiento expreso de su titular, como sería el caso de datos provenientes de fuentes públicas de información, tales como: registros, archivos o publicaciones en medios masivos de comunicación, información periodística o referencias de prensa; o de listados cuyos datos se limiten a: nombres y apellidos, documento de identidad o registro único de contribuyente, nacionalidad, estado familiar, nombre del cónyuge, régimen matrimonial, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono, ocupación o profesión, etc.; o se trate de datos recabados para el ejercicio de funciones o deberes, constitucional o legalmente regulados; o que se deriven de una relación contractual del titular de los datos y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento; o, finalmente, hayan sido recabados por personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, para su uso exclusivo o de sus asociados o usuarios y por supuesto, para fines lícitos. f) El derecho de libre acceso a la información pública, es un derecho humano fundamental, vital para el ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento, es un instrumento en el combate de la corrupción, indispensable para fortalecer la democracia y fomentar la participación y control ciudadano, además de ser una herramienta para sostener el principio de legalidad de la actuación de los funcionarios públicos. g) Es conveniente que esta legislación especial sobre acceso a la información pública, este confiada, en cuando a su implementación y fiscalización, a un ente regulador independiente, autónomo y apolítico, incluso en lo económico. h) En el ámbito del derecho mercantil y como parte del Derecho a la Libertad Empresarial, existen datos de relevancia pública, que permiten la formación crítica de las personas a las que van destinadas y que son considerados como asuntos de interés general, entre ellos, el análisis del riesgo, de suma importancia en el comercio moderno, que requiere conocer aquella información judicial, crediticia o de prensa, que asegure una adecuada decisión financiera o mercantil y, sobre todo, una inversión razonablemente confiable. i) En lo relativo a excepciones al acceso a la información, acceso parcial, deber de motivación y control de las resoluciones denegatorias, la regla general en un Estado democrático ha de ser el de respetar el principio de máxima publicidad o sea, la del mayor acceso posible a la información pública, de manera que cualquier posible denegación de acceso debe interpretarse siempre de forma restrictiva, y sobre la base de excepciones legalmente estipuladas claramente en la Ley. j) De acuerdo a esta Tesis, el Estado tiene la obligación de elaborar versiones públicas de los documentos confidenciales o restringidos a su cargo, pues a la luz del principio de máxima publicidad, la declaratoria de reserva, secreto o confidencialidad debe reducirse a su mínima expresión; debiendo tomar las medidas adecuada para prevenir y sancionar las conductas deliberadas o negligentes, que favorezcan la obstrucción injustificada al derecho de acceso a la información en manos gubernamentales. k) Las empresas que prestan servicios de información, también conocidas como burós, deben estar protegidas por ese derecho de libertad de acceso a la información, pues ellas nacieron como una necesidad del sistema financiero para reducir costos de la evaluación del riesgo. La apertura y modernización de los sistemas financieros y la baja en los costos de informática y comunicaciones, permite la existencia de estos burós, los cuales deben ser incorporados y estar claramente regulados en la Ley. l) Los burós o empresas de servicios de información o analizadoras de riesgo, no solamente propician el desarrollo y agilidad en las transacciones financieras y bursátiles, sino que indirectamente coadyuvan a detectar lavado de dinero y activos, actividades de narcotráfico, trata de personas, contrabando de mercaderías y otras actividades ilícitas, minimizando riesgos consecuentes. m) La falta de acceso a la información, trae consigo la mala toma de decisiones, pues a mayor y mejor información, mejores decisiones. La falta de acceso a la información limita las posibilidades de negocios, pues no permite evaluar correctamente el riesgo. Consecuentemente, la falta de acceso a la información, también restringe el crédito interno de un país. n) Los países cuyos ciudadanos todavía no cuentan con libre acceso a la información pública, en realidad no son enteramente democráticos y, consecuentemente, estimo que no podrán alcanzar un verdadero desarrollo socio económico. o) El derecho a la información es indispensable para fomentar la cultura de transparencia, y debe aplicar tanto a instituciones públicas como privadas con base al principio de máxima divulgación o publicidad. Todo ello, en defensa del valor superior libertad y de la primacía de este nuevo derecho humano fundamental de acceso a la información pública. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que al participar del Programa de Doctorado en Derecho Constitucional, de la Universidad de Castilla La Mancha, he tenido la oportunidad de ampliar mis conocimientos con catedráticos y maestros de gran trayectoria y reconocimiento en España, no solo por su labor docente, sino también académica y científica en el desarrollo de temas de gran trascendencia en el conglomerado de profesionales, especialistas y verdaderos maestros de derecho Constitucional Español, que están sentando jurisprudencia en los Tribunales Constitucionales de la Unión Europea, lo cual me ha abierto una ventana de conocimientos que me permiten no solo comparar la legislación constitucional salvadoreña con la Española, que por cierto está ejerciendo mucha influencia en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, sino ir más allá, para entender adecuadamente que se está haciendo en el continente Europeo, sobre temas tan trascendentales como los Derechos Humanos, que han sido plasmados y reconocidos en Tratados y Convenios Internacionales; particularmente en torno a este nuevo derecho fundamental, que tiene sus raíces en la libertad de expresión. Así como las nuevas tendencias y jurisprudencia, que ha surgido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; lo cual me permite tener una visión más amplia y aplicar lo que pueda ser útil a nuestra realidad e idiosincrasia, transmitiendo las vivencias y experiencias a otros que aún no han regulado este derecho, están en el camino de implementación de una Ley o están aún pensando en hacerlo, para que no cometan los mismos errores o hagan las rectificaciones o reformas pertinentes.
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La propuesta de una «Estrategia Europea de Seguridad Económica» supera el marco general de las dependencias estratégicas de la Unión Europea (UE) para centrarse en la competición con China. Este nuevo marco de competición, más cercano al posicionamiento de Estados Unidos, puede fácilmente conducir al proteccionismo, el desacople económico y la desglobalización, un escenario contrario a los intereses de la UE, tanto por su impacto económico en términos de crecimiento e inflación, como por sus consecuencias para la gobernanza global.Aunque la UE debe tener herramientas para adaptarse al nuevo entorno internacional, la mejor manera de mejorar su autonomía y seguridad económica es a través de la profundización de su integración, el impulso de su competitividad y la diversificación de su comercio. La Declaración de Granada del Consejo Europeo del 6 de octubre de 2023 es un paso para redefinir de manera positiva los cambios en las reglas de la globalización.En verano de 2023, en la principal reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole (Estados Unidos), la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, señaló que «nos enfrentamos a una fragmentación de la economía global en bloques competitivos, con cada una de las partes intentando atraer al resto del mundo hacia sus respectivos valores e intereses estratégicos». Ello va acompañado de un aumento del proteccionismo1, de la reconfiguración de las cadenas de valor y de profundos cambios en las relaciones económicas y financieras entre países. Si bien esto aún no ha conducido a la desglobalización, cada vez hay más evidencias de que nos acercamos a este escenario.Los costes de la fragmentación geoeconómica varían entre 0,2% del PIB global en el escenario más benigno al 7% en el escenario más severo, según el FMI, aunque si se produjese un desacople tecnológico, algunos países podrían perder hasta el 12% de su PIB. Los países menos desarrollados, las pequeñas economías abiertas al comercio, especialmente en Asia y Europa, así como los consumidores de bajos ingresos serían los principales perjudicados2. Algunos países, como México, Vietnam o Marruecos, se están beneficiando del acercamiento de las cadenas de producción a los consumidores (nearshoring), pero incluso para estos estados un escenario de mayor fragmentación económica podría suponer costes que superen con creces los potenciales beneficios.Aunque hay factores estructurales detrás de la ralentización de la globalización observada desde la crisis financiera global de 20083, existe un amplio consenso según el cual la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China acelera esta tendencia y amenaza con provocar un escenario de desglobalización y desacople económico. En este contexto, el posicionamiento de la Unión Europea (UE) es clave, ya que su elevado peso comercial y normativo en la esfera internacional tiene un efecto arrastre en el resto del mundo. De momento, la UE ha optado por priorizar su seguridad económica y alinearse parcialmente con Estados Unidos, lo que contribuye a cambiar las reglas de la globalización (proceso conocido como reglobalización), pero aún no está claro hasta qué punto favorece la menor integración e interdependencia económica entre países (lo que entendemos por desglobalización). Esto último dependerá de cómo es de amplia la parte de la economía que quiere proteger (el patio) y cómo son de restrictivas sus nuevas políticas (las vallas).El patio europeoEl término «patio pequeño, vallas altas» fue acuñado en octubre de 2022 por el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, para referirse a la necesidad de proteger las tecnologías críticas de competidores extranjeros. De manera análoga, en Europa, tras la pandemia de la COVID-19 y los problemas en las cadenas de suministro, se hizo hincapié en la necesidad de proteger la industria para mejorar la resiliencia económica y la capacidad de respuesta de la UE frente a las crisis. En consecuencia, la Unión inició un proceso de identificación de los sectores, productos y tecnologías que debían ser protegidos. Un primer estudio, elaborado por la Comisión Europea en 2020, identificó que la dependencia estratégica de la UE en seis ecosistemas sensibles4 solo afectaba a 137 de un total de 5.200 productos importados por la Unión, que apenas representaban el 6% del valor total de las importaciones de mercancías5. Sin embargo, teniendo en cuenta el potencial para diversificar el comercio y la capacidad de la UE para suplirlos con producción propia, la lista se reducía a tan solo 34 productos, la mayoría de los cuales materias primas y productos químicos. Respecto a China, la dependencia estratégica europea de ese país afectaba a 20 productos, de los cuales solo 12 eran difícilmente diversificables. Si bien la importancia de China se ve amplificada por el peso de sus manufacturas y materias primas en las cadenas globales de valor (véase figura 1a).Posteriormente, la Comisión Europea, Arjona et al. (2023) y el BCE, en sendos informes publicados en febrero de 2022, marzo de 2023 y abril de 2023, respectivamente, ampliaron el número de sectores analizados y mejoraron su metodología, teniendo en cuenta aspectos como las reexportaciones a través de terceros países. Así, el número de productos que presentan una vulnerabilidad externa estructural en sectores sensibles pasó de 34 a 204, pero China perdió preminencia relativa6 (véase figura 1b). Si no se tiene en cuenta la potencialidad de los productos para ser sustituidos ni si estos son estratégicos, las dependencias son mucho más elevadas y China puede describirse como la «OPEP de los insumos industriales» (Hernández de Cos, 2023), lo que acrecienta la sensación de alarma.Por supuesto, no solo preocupa las dependencias actuales, sino también las futuras, especialmente en sectores críticos donde China lidera a nivel industrial y de investigación en varias tecnologías. Por ello, en la Declaración de Versalles (10 y 11 de marzo de 2022) los líderes de la UE acordaron reforzar la resiliencia y la soberanía europeas en los ámbitos de las materias primas, los semiconductores, la sanidad, el entorno digital, el alimentario y la defensa. Las vallas europeasEntre las diferentes medidas e iniciativas de la UE para proteger su economía y reducir el riesgo (de-risking) se pueden distinguir cuatro tipos. En primer lugar, aquellas destinadas a promover la competitividad en general y la capacidad interna de la UE para producir productos cuya capacidad de sustitución sea limitada. Para ello, se ha revitalizado la política industrial europea gracias a los fondos Next Generation EU (NGEU) y las alianzas industriales en sectores clave. Otras iniciativas políticas como la Ley Europea de Chips, el Instrumento de Emergencia del Mercado Único o la Ley de Materias Primas Fundamentales también son pasos en la misma dirección y contribuyen a la «autonomía estratégica abierta» de la UE.En segundo lugar, se ha buscado diversificar el comercio con socios internacionales e impulsar el almacenamiento estratégico y la economía circular al objeto de reducir las dependencias. Esta estrategia busca romper la lógica de optimización de costes imperante en la última globalización para introducir criterios de resiliencia. Sin embargo, la iniciativa Global Gateway (Pasarela Mundial) también introduce elementos de competencia estratégica, al tratar de definir qué países son merecedores del comercio y la inversión europeos en base a criterios de afinidad con los valores europeos, entre los que no se encontraría China.En tercer lugar, se puede agrupar el conjunto de medidas para «nivelar el campo de juego», como los mecanismos antisubvención, de filtrado de la inversión extranjera o el ajuste de frontera en carbono. Y, por último, un conjunto de medidas más claramente enmarcadas en la competición estratégica. Entre ellas, se hallan las herramientas de defensa, como el mecanismo anticoerción o la exclusión de proveedores «de alto riesgo» de los mercados domésticos (por ejemplo, Huawei), y herramientas ofensivas, como los controles estratégicos al comercio y la inversión saliente, que limitan las transferencias de tecnologías y el desarrollo económico de otros países; o la exclusión de empresas del acceso a los mercados de capital, que en la UE quedaría bajo el paraguas del régimen de sanciones (como las aplicadas sobre diversas entidades rusas).En este contexto, en junio de 2023 la Comisión Europea y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, presentaron una propuesta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo para elaborar la primera Estrategia Europea de Seguridad Económica. Esta propuesta supera el marco de las dependencias estratégicas de la UE para centrarse en la competición estratégica con China (aunque no cita al país directamente) con la adopción de medidas de control al comercio y la inversión saliente, la priorización de la cooperación con socios afines, un uso más estricto del reglamento sobre subvenciones extranjeras, así como la revisión del marco de control de las inversiones extranjeras directas (IED). Estas políticas, inspiradas en iniciativas similares adoptadas por Estados Unidos, no tienen un carácter meramente defensivo y alteran las reglas económicas de la globalización.Poco después, en septiembre de 2023, a nueve meses de las elecciones europeas de junio de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la apertura de una investigación antidumping contra China por ayudas ilegales a la producción del coche eléctrico. En su discurso, Von der Leyen remarcó que la UE no busca la fragmentación económica (decoupling), y enmarcó la investigación como parte de la estrategia para reducir los riesgos (derisking). Sin embargo, China considera la decisión «puro proteccionismo» y adelantó posibles contramedidas. El inmediato viaje posterior del comisario europeo de comercio, Valdis Dombrovskis, a China para buscar un mayor acceso de las compañías europeas al mercado chino, en un contexto de ampliación del déficit comercial entre la UE y China7, parece confirmar la tesis del país asiático, al asemejarse el comportamiento de la UE a las tácticas de amenazas y negociación comercial acontecidos durante la Administración Trump en Estados Unidos. Por otro lado, esta investigación antidumping evidencia la tenue línea que puede separar las herramientas comerciales defensivas de las ofensivas, que contribuyen a la desglobalización. Los riesgosLa adopción de un marco de competición estratégica puede ir, en primer lugar, en contra del objetivo de la autonomía estratégica y el aumento de la resiliencia, al agravar las vulnerabilidades estratégicas. Un ejemplo de ello fue la reciente introducción de restricciones a la exportación de semiconductores por parte de los Países Bajos sobre China, tras recibir presiones de Estados Unidos, lo que provocó que el país asiático restringiese la exportación del galio y el germanio a la UE, dos metales clave en la elaboración de semiconductores y de los que Europa es muy dependiente. La introducción de estas restricciones en aras de la seguridad nacional (mismo argumento que el esgrimido por la Administración Trump para imponer aranceles) es una prerrogativa de los estados miembros, pero sus efectos son para el conjunto de la UE. Este choque entre competencias nacionales e impacto europeo también se dio en el conflicto entre Lituania y China, provocado por la represalia comercial china a la apertura de una oficina de representación lituana en Taiwán y que desembocó en la adopción del instrumento para contrarrestar la coerción económica. Aunque en este caso hubo consenso a la hora de posicionarse frente a la respuesta de China, el debate público sobre las acciones de Lituania que dieron lugar al conflicto ha sido muy limitado. Por ello, es preciso elaborar una guía clara sobre las causas primigenias que pueden dar lugar al uso del mecanismo anticoerción y acometer la falta de unidad en política exterior y competencias a nivel de la Unión, a fin de limitar la discrecionalidad a la hora de invocar «razones de seguridad nacional» y no debilitar la seguridad económica de la UE en su conjunto.En segundo lugar, el éxito de las políticas enmarcadas en la competición estratégica no garantiza el éxito de las políticas de mejora de la competitividad europea. La UE parte de una posición de desventaja al competir con Estados Unidos y China mediante la política industrial (Spence, 2023), debido en gran parte a un presupuesto federal limitado cuya aplicación es descentralizada y poco ágil, como han demostrado los retrasos en el uso de los fondos NGEU. La política industrial no resuelve la pérdida de competitividad europea por el aumento de los costes energéticos u otros motivos, ni la falta de economías de escala por la carencia de integración del mercado único y de los mercados de capitales. La política industrial ha de complementarse con otras políticas, como la modernización de las políticas de competencia, comercial, fiscal e inversión en capital humano. En caso contrario, existe el riesgo de entrar en una carrera de subsidios entre potencias y entre países de la UE, como muestra el hecho de que en los últimos años las ayudas de Estado hayan dependido en gran medida de la capacidad fiscal de los estados miembros8, creando fricciones entre ellos. Sin un debate sobre un tesoro y una política fiscal comunes, la política industrial no tendrá una dimensión verdaderamente europea y se verá acotada por la restauración de las reglas fiscales y el régimen de ayudas de Estado. Una política es tan fuerte como el presupuesto que la respalda.En tercer lugar, la adopción de investigaciones ad hoc contra un país y sector puede socavar los mecanismos multilaterales de resolución de disputas y generar acusaciones de arbitrariedad. La decisión de la Comisión Europea de iniciar una investigación contra China por sus subsidios al coche eléctrico y no iniciar una similar contra, por ejemplo, Estados Unidos tras la aprobación de la Inflation Reduction Act, ley que impulsa la política industrial en el país a un ritmo sin precedentes en las últimas décadas, puede levantar suspicacias. Además, la percepción de arbitrariedad en la apertura de investigaciones fuera de la OMC favorece que de erigirse finalmente aranceles se produzcan represalias comerciales por parte del país afectado. En el caso de los vehículos eléctricos procedentes de China, este país podría responder restringiendo el acceso a su enorme mercado o limitando las exportaciones de suministros críticos. Este enfoque dinámico de represalias comerciales cuestiona las ganancias en términos de una mayor seguridad económica de Europa. Además, la imposición de aranceles por parte de una gran economía genera un efecto cascada de medidas arancelarias por parte de terceros países que pueden verse inundados por el desvío de las mercancías hacia sus territorios, como mostró el caso de los aranceles al acero por parte de la Administración Trump, que llevó a la UE a tomar medidas extraordinarias para evitar que el aumento de las importaciones de acero barato de otros países socavara la industria europea.En cuarto lugar, la priorización de la cooperación con socios afines favorece la fragmentación geoeconómica9 y puede ser insuficiente para resolver las dependencias estratégicas. Las materias primas están donde están (véase figura 2), por lo que esta estrategia puede convertirse en un corsé que limite las opciones de diversificación y suministro ante posibles cambios políticos en los países. El aumento del autoritarismo y de modelos e intereses divergentes en otros países pueden provocar su acercamiento a China o Rusia por miedo a ser excluidos hoy o en el futuro de sus relaciones económicas con la UE. La vaga definición de socios afines como «países que comparten nuestras preocupaciones e intereses» favorece los flujos de inversiones entre los países del G-7 y la UE, con el Sur Global en un segundo plano. Instrumentos de inversión como la iniciativa Global Gateway o la Asociación para la Infraestructura e Inversión Mundiales pueden contribuir a reducir la influencia de China en el Sur Global, pero, según están diseñadas, también son instrumentos de la competencia estratégica que favorecen la fragmentación geoeconómica.Por último, la Estrategia Europea de Seguridad Económica debería ser holística y no enfocada únicamente en la competición estratégica con China o países «no afines». Es preciso abordar también la vulnerabilidad derivada de la concentración de las exportaciones en el caso de diversos productos farmacéuticos, químicos y manufacturas de alta tecnología a Estados Unidos y Reino Unido, o la excesiva dependencia de la UE frente a proveedores de fuera de la UE en infraestructuras de los mercados financieros y de servicios digitales, que también afecta a estos países (De Cos, 2023; Ioannou et al. 2023). La estrategia de la UE debería aspirar a limitar todas las dependencias, no reducir unas para incrementar otras. La UE debe apoyarse en sus aliados, pero no puede olvidar que precisamente el concepto de autonomía estratégica asociado a la economía surgió en plenas negociaciones del Brexit y coincidiendo con la Administración Trump. La UE también debe de mejorar su preparación ante posibles cambios en las posiciones de sus aliados y fomentar interdependencias estratégicas con sus socios. Reflexiones finalesEl actual contexto geopolítico caracterizado por las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, así como las fricciones entre las grandes potencias pueden redefinir la globalización. Ya hay evidencias claras de que la globalización está cambiando hacia una regionalización, principalmente debido a factores como el friendshoring, la diversificación del comercio internacional y la menor fragmentación de las cadenas de valor (OMC, 2023); sin embargo, eso no quiere decir que la globalización esté condenada a retroceder. La UE está en posición de contribuir a definir la reglobalización e intentar evitar un proceso de desglobalización que no le beneficiaría.La geoeconomía puede ser muy útil para la competición estratégica con China debido a que su industria está mucho más integrada en las cadenas de valor internacionales y las pérdidas para el país asiático en un escenario de fragmentación económica y desglobalización serían superiores a las de Estados Unidos y la UE. Sin embargo, la UE también saldría malparada, ya que al ser una economía abierta sufriría más ante los shocks domésticos y afrontaría precios más altos como consecuencia de una peor asignación del capital y una menor competencia e innovación, lo que también afectaría a su política monetaria y crecimiento económico (Ioannou et al., 2023). Por otro lado, la fragmentación económica y la desglobalización tendría importantes consecuencias en términos de migraciones, seguridad alimentaria, distribución de ingresos entre países y la provisión de bienes globales, entre los que destacan la lucha contra el cambio climático y los mecanismos de resolución de conflictos. No es casualidad que en un entorno de mayor uso de herramientas geoeconómicas se estén produciendo más conflictos entre países.Por ello, es fundamental la distinción entre las políticas encaminadas a reducir las vulnerabilidades económicas y conseguir una autonomía estratégica abierta de aquellas que buscan, de una manera muy amplia, la reducción del riesgo (derisking) y fácilmente pueden conducir al proteccionismo, el desacople económico y la desglobalización. En este sentido, la propuesta de Estrategia Europea de Seguridad Económica de la UE no distingue apropiadamente entre los diferentes tipos de medidas a adoptar y supera el marco de las dependencias estratégicas para centrarse en la competición estratégica con China, lo que dificulta la aprobación de la estrategia a nivel de la Unión. Los estados miembros están divididos en función de varios factores (Arteaga, Felix et al. 2023), entre los que destacan los siguientes: a) su cercanía a Washington (siendo los países del este de Europa más atlantistas y proclives a la competición estratégica con China); b) el grado de apertura comercial (con una Francia con posiciones más proteccionistas frente a los países escandinavos, los Países Bajos, Alemania y España más proclives a la apertura comercial), y c) la capacidad fiscal de los estados, ya que muchos países, entre los que se encuentra España, temen que el mayor intervencionismo estatal perjudique a los países con menor margen financiero.Para una economía como la española, que ha conseguido aumentar su cuota de exportaciones a nivel global en la última década (al contrario que lo ocurrido en Francia y Alemania) y que, por primera vez, podría contar con una fuente de ventaja competitiva, gracias al menor coste energético de las renovables, difícilmente puede ser de su interés la adopción de políticas que le sitúen en una espiral proteccionista. Máxime cuando España tiene un margen fiscal mucho más reducido que otros países europeos para usar la política industrial.Por este motivo, la primera estrategia de seguridad nacional de Alemania, publicada en junio de 2023, así como la Declaración de Granada del Consejo Europeo del 6 de octubre de 2023 –basada en un informe de prospectiva del Gobierno de España– son pasos en la buena dirección, en la medida en que la competición estratégica con China queda en un segundo plano y se busca expresamente evitar la fragmentación y el proteccionismo. La estrategia alemana rechaza dividir el mundo en esferas de influencia y compromete hacer esfuerzos de cooperación con países «que no comparten todos nuestros valores». Por su parte, la declaración de Granada hace énfasis sobre todo en la necesidad de impulsar medidas que impulsen la competitividad y la capacidad de producción en la UE, la economía circular, la diversificación y revitalización del comercio, así como la adopción de medidas que nivelen el campo de juego desde un ámbito multilateral (la OMC).Los desafíos presentados por China han llevado a la UE a designar al país asiático como socio de cooperación, competidor económico y rival sistémico, y es oportuno tener una estrategia de seguridad económica que permita a la Unión adaptarse al nuevo entorno internacional. En este sentido, la mejor manera de competir de manera estratégica no es buscar la fragmentación económica, sino profundizar en la integración europea y acordar cambios en los patrones de la globalización que permitan unas relaciones estables y fluidas entre la UE y China e independiente de Estados Unidos en la medida de lo posible. Referencias bibliográficasAiyar, Shekhar; Ilyina, Anna et al. «Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism». Staff Discussion Note SDN/2023/001 (2023). International Monetary Fund, Washington, DC.Arteaga, Felix et al. (2023) «La seguridad económica de Europa». Análisis Real Instituto Elcano (13 de julio de 2023).Arjona, Román et al. «An enhanced methodology to monitor the EU's strategic dependencies and vulnerabilities». Single Market Economic Papers (abril de 2023). Comisión Europea.Baldwin, Richard. «The peak globalisation myth» (2022) A four-column VoxEU series unrolledhttps://rbaldwin.substack.com/p/the-peak-globalisation-myth.Comisión Europea «Strategic dependencies and capacities. Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe's recovery». 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European Central Bank (marzo de 2023) (en línea) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op311~5065ff588c.en.pdfOMC-Organización Mundial del Comercio. «Informe sobre el comercio mundial 2023 – La reglobalización para un futuro seguro, inclusivo y sostenible» (2023).Spence, Michael. «Europe in the Age of Industrial Policy». Project Sydicate (26 de septiembre de 2023).Zenglein, Max J. «Mapping and recalibrating europe's economic interdependence with China». MERICS Report (17 de noviembre de 2020).Notas:1- Según el Aiyar et al. (2023), el número de restricciones comerciales se ha multiplicado por cinco desde 2017 y las menciones de «relocalización» en las presentaciones de resultados de las empresas se han multiplicado casi por diez.2- Según Góes y Bekker (2022), los países occidentales perderían entre el 1% y el 8% de su PIB, según su grado de apertura comercial, mientras que los países menos desarrollados perderían entre el 8% y el 12%, dado que sus pérdidas a largo plazo se verían agravadas por la menor transferencia tecnológica y de capital.3- Entre ellos destaca la ralentización de los flujos internacionales de capital, por la necesidad de los bancos occidentales de reconstruir sus balances, y el menor dinamismo comercial, por la mayor producción de China de productos intermedios; factores que no han sido compensados por el crecimiento del comercio de servicios (Aiyar et al., 2023). Respecto a la ralentización del comercio, Baldwin (2022) señala que alrededor del 60% de la caída en la ratio entre el comercio de bienes y el PIB se debe a una caída en la ratio para los combustibles fósiles y los productos mineros, lo que encaja con la caída del precio de las materias primas a partir de 2010. El resto se debe a una caída en la relación entre manufacturas y PIB.4- Materias primas, baterías, principios activos farmacéuticos, hidrógeno, semiconductores y tecnologías frontera de computación en la nube.5- Casi el 70% de los productos afectados serían materias primas utilizadas por las industrias de gran consumo de energía, el 17% productos relevantes para apoyar la transición ecológica y digital y el 10% afectaría a los ecosistemas sanitarios (como los principios activos farmacéuticos).6- En Arjona et al. (2023), China es el origen de la dependencia de 64 productos vulnerables en ecosistemas sensibles, un 31% del total de la dependencia de la UE, porcentaje muy inferior al 52% que tenía China en el análisis de la CE (2021). Con una metodología diferente, Zenglein (2020) identificó que la UE solo tenía una dependencia estratégica de China respecto a 103 productos, principalmente relacionados con los sectores de electrónica, química, minerales y metales, así como los productos médicos y farmacéuticos.7- El déficit del comercio de bienes de la UE se ha más que duplicado (pasando de 182.000 millones de euros en 2020 a 396.000 millones en 2022), aumentando su dependencia de materias primas y componentes tecnológicos clave de China; mientras que la balanza comercial de servicios es de 21.000 millones de euros a favor de la UE (Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia es una Dirección General de la Presidencia del Gobierno de España, 2023).8- El año pasado, Alemania y Francia concedieron casi el 80% de todas las ayudas de Estado de la UE.9- Según la OMC (2023), el comercio de bienes entre dos bloques geopolíticos hipotéticos –basados en los patrones de votación en la ONU– ha crecido entre un 4% y un 6% más lento que el comercio dentro de estos bloques desde la invasión de Ucrania.DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2023/298/esTodas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución.
Ante un contexto de globalización económica como el actual, caracterizado por la libre circulación de bienes y servicios, los empresarios se ven cada vez más forzados a ser competitivos tanto en precio como en calidad, primando el primer factor en el actual modelo económico mundial de escasez de recursos económicos generado por las crisis económicas de orden mundial de diferentes Estados. Por este motivo, los operadores económicos buscan, ante todo, ser más eficientes con sus recursos e inversiones. Así, para la consecución de tal fin, los operadores económicos han procedido, en la práctica, a deslocalizar sus inversiones de sus Estados de origen y localizarlas, no ya donde más renten o logren maximizar sus resultados, sino donde menos tributen. Práctica esta que, en puridad, acaba respondiendo a un indicador de gestión normativo-financiero legal y rehusando la aplicación del indicador empresarial por excelencia: el de gestión económico-financiera, el cual le permite a cada empresario evaluar su real índice de rentabilidad bruta y operativa de su inversión, es decir, la colocación efectiva y eficiente de sus recursos económicos y financieros. Pues bien, del mismo modo, los Estados, autónomos y soberanos en materia tributaria, también han querido ser más competitivos desde un punto de vista tributario en orden a captar inversiones económicas. Para lo cual algunos han realizado ajustes y reformas de sus sistemas tributarios, estableciendo regímenes fiscales privilegiados, mientras que otros han optado por una opacidad de información tributaria que aboque en la localización de rentas en su territorio. De este modo, los Estados pretenden resultar fiscalmente atractivos para la inversión tanto de rentas como de patrimonios en sus respectivas jurisdicciones, habilitando para unas y otros una tributación reducida o, incluso, nula. Su único objetivo es, pues, la materialización de la inversión producto de una deslocalización en otro Estado, sin que ello incentive la generación de nuevas inversiones ni de riqueza. Ello, además, sin medir las consecuencias desfavorables para aquellos Estados que son víctimas de dicha deslocalización, convirtiéndose de esta manera en Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. No puede desconocerse que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE) como la Unión Europea (en adelante UE) han trabajado arduamente para conseguir la neutralización de este tipo de prácticas fiscales, haciéndose especial hincapié en la lucha contra la competencia fiscal perniciosa llevada a cabo a través de los paraísos fiscales u otras jurisdicciones opacas o no transparentes. Así, de un lado, la implementación de un escenario tributario justo y equilibrado (en el que cada Estado pueda ejercer libremente su soberanía tributaria sin acabar acudiendo a prácticas fiscales nocivas para el resto de economías nacionales) y, de otro lado, la consecución de unos estándares mínimos en materia de intercambio de información tributaria (para que cada Estado pueda conocer la localización última de la riqueza de sus residentes y lograr su efectivo gravamen) se han convertido en las principales metas a alcanzar por dichas organizaciones internacionales y supranacionales. Ahora bien, aun cuando no pueden desconocerse los avances realizados en el ámbito del intercambio de información tributaria y los esfuerzos efectuados para el diseño de ese level playing field a efectos fiscales, en la actualidad la realidad formal dista mucho de la estrictamente material. Valga, a título de ejemplo de este extremo, la nimia exigencia de un mínimo de doce acuerdos suscritos sobre intercambio de información tributaria para salir de la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE, de manera que la misma se halla vacía en la actualidad. ¿Significa ello que se ha logrado acabar con la lacra que constituyen los paraísos fiscales? Nada más lejos de la realidad, si se tiene en cuenta la erosión que, para las economías de los restantes Estados, siguen representando a día de hoy tales territorios. Asimismo, otro buen botón de muestra de este clima constante de competencia fiscal perniciosa sería la proliferación de regímenes fiscales preferenciales existentes en el momento presente incluso en Estados con niveles estándar de imposición, más preocupados por captar inversiones económicas foráneas y evitar la deslocalización de las propias que de configurar sistemas tributarios coherentes y, sobre todo, justos. De este modo, ante la insuficiencia de las respuestas dadas a nivel internacional contra el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa, el presente trabajo de investigación pretende diseñar o rediseñar, en su caso, una batería de instrumentos jurídicos alternativos para hacer frente al mismo, desde una óptica jurídica pero enmarcada en el contexto global económico de hoy, el cual se erige en la causa principal del auge de la competencia fiscal perniciosa. Se trata de mecanismos que, en última instancia, pretenden evitar la no tributación o la doble no tributación de la operación económica ni en fuente ni en residencia, ahondando en la necesidad del intercambio de información, de la estandarización internacional de un tipo nominal de impuestos sobre sociedades y también en el establecimiento de fuertes medidas coactivas e, incluso, resarcitorias, a efectos de disuadir el ejercicio soberano de una competencia fiscal agresiva y, por ende, perjudicial. I. Objeto de la investigación Antes de entrar en las propuestas de corrección de la competencia fiscal perniciosa, es importante señalar que la dinamización y globalización de los mercados, de las telecomunicaciones y, en general, de todo el contexto económico mundial, hace que cada día los contribuyentes estén en permanente búsqueda de jurisdicciones o Estados que ofrezcan una nula o baja tributación y que, además, ofrezcan cierta opacidad informativa respecto de las rentas y/o patrimonios allí localizadas. Como es sabido, existen ya algunos estudios monográficos de importancia en España en materia de competencia fiscal perniciosa, sobre todo referidos al ámbito comunitario, entre ellos tenemos a MARTÍN LÓPEZ, para quien la competencia fiscal interestatal puede definirse como "la utilización por los Estados de sus sistemas fiscales con la finalidad de captar inversiones foráneas"1 y a LAMPREAVE MÁRQUEZ, quien en cuanto a la competencia fiscal entre Estados, da por cierto "que en un entorno globalizado, las Autoridades de cada Estado, al fijar una determinada política fiscal, ya no sólo se plantean la repercusión de las medidas en su propio territorio, sino sobre aquellos factores de mayor movilidad sitos en otros territorios a los que pretenden atraer". Cierto es que cada Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria, es soberano e independiente a la hora de diseñar su sistema fiscal, conforme a su Constitución y resto del ordenamiento jurídico. Pero algunos Estados se extralimitan en dicha configuración, estableciendo regímenes tributarios preferenciales no acordes con los estándares impositivos clásicos, llegando en ocasiones a conformarse sistemas auténticamente opacos diseñados para atraer, no tanto inversiones fruto de la planificación fiscal u economía de opción, sino derivadas más bien de prácticas propiamente elusivas o evasoras. Todo ello lleva aparejada la generación de desajustes fiscales y económicos en aquellos Estados que han sufrido la deslocalización de rentas e inversiones de sus residentes como consecuencia de su traslado a aquellas otras jurisdicciones que ofrecen una baja o nula tributación, surgiendo como tal el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa. Fenómeno este que, en última instancia, impide que los Estados puedan atender su gasto público y, por ende, cumplir sus fines sociales, ahondándose más aun en la actual crisis económico-financiera de algunos Estados. En este sentido, se han escuchado ya importantes y duros pronunciamientos sobre los paraísos fiscales, los cuales constituyen el exponente por excelencia de la competencia fiscal perniciosa. Nos resulta difícil creer que en un futuro cercano se logrará la eliminación de los paraísos fiscales o siquiera su declive, cuando es evidente la brecha entre el discurso y su ejecución. En la cumbre anual del G20 celebrada en Cannes los días 3 y 4 de noviembre de 2011, el presidente de turno de esta organización, el entonces Presidente de la República Francesa Nicolás Sarkozy, hizo unas duras declaraciones sobre los paraísos fiscales en la rueda de prensa al final de la cumbre: "(n)o queremos más paraísos fiscales. El mensaje es muy claro (.) Los países que sigan siendo paraísos fiscales con el disimulo financiero serán condenados al ostracismo por la comunidad internacional"; anunciando que el G20 realizará una "publicación sistemática" en sus cumbres de la lista de "países que no hacen lo que hay que hacer para acabar con un comportamiento inadmisible"3. Posteriormente en la cumbre G20 de 2013 celebrada en San Petersburgo el 5 y 6 de septiembre de 20134, se dio un total respaldo al plan de acción creado por la OCDE que tiene por objeto abordar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios empresariales (BEPS por sus siglas en inglés Base Erosion Profit Shifting). Plan de acción que como veremos infra, no ha tenido el mejor respaldo de los expertos, ni de la doctrina científica y menos de los contribuyentes, quedando sólo al buen respaldo de los funcionarios de las distintas agencias tributarias y, por supuesto, de la misma Organización. Pues bien, una de las principales causas de esta competencia fiscal perniciosa se puede encontrar en la globalización económica (caracterizada por la apertura de economías y la libre circulación internacional de capital, bienes, servicios), donde la fiscalidad se erige en un factor importante en la localización de las inversiones económicas y de la riqueza. Razón por la cual los Estados utilizan la misma para intentar atraer, hacia sus respectivas jurisdicciones, el mayor número de rentas y patrimonio, sin tener en cuenta las consecuencias adversas que genera la deslocalización de inversiones en los diferentes Estados de origen. Así, pueden citarse, como consecuencias lesivas derivadas del fenómeno de la competencia fiscal perniciosa, entre otras, el reparto desequilibrado de la carga tributaria, ya que los Estados sólo buscan atraer a sus jurisdicciones "bases imponibles móviles" (rentas del capital o de actividades económicas), reduciendo tan sólo la carga impositiva soportada por éstas. Mas ello no parece suponer una racionalización del sector público, puesto que esa menor presión fiscal prevista para las bases móviles no conlleva un gasto público más eficiente, sino que se compensa mediante un endeudamiento superior y una mayor tributación de las bases no móviles (rentas del trabajo o inmobiliarias). De esta forma, la Competencia Fiscal Interestatal adquiere un perfil nocivo, no cuando se traduce en el establecimiento generalizado por los Estados de unos niveles de imposición ajustados, resultando una fiscalidad más racional y, a su vez, atractiva para toda clase de rentas, sino cuando consiste en el establecimiento de ventajas fiscales específicas y desorbitadas cuyo único objeto sea la captación de determinadas rentas. Así, a lo largo de este trabajo de investigación, realizaremos algunas propuestas de lege ferenda en orden a la corrección de la competencia fiscal perniciosa, entre las que destacamos como aporte propio una propuesta en torno al establecimiento de una suerte de responsabilidad patrimonial como última ratio de aquellos Estados o jurisdicciones que ejerzan una competencia fiscal perniciosa obstaculizando, ocultando o denegando el suministro de información financiera-tributaria efectiva a los Estados perjudicados. Dicha responsabilidad patrimonial podría comprender, además de la imposición de sanciones económicas, el pago a tales Estados perjudicados de una cantidad equivalente a la deuda tributaria dejada de ingresar por sus residentes como consecuencia de la deslocalización de sus rentas, patrimonios e inversiones y su ubicación en aquellos otros Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. Así, nada obsta a que los diferentes Estados modernicen sus sistemas tributarios y sean fiscalmente competitivos a nivel internacional para atraer inversión extranjera. Ahora bien, sus sistemas tributarios deben responder a un esquema, si no igual a los demás Estados, sí similar en lo que respecta a los estándares internacionalmente aceptados. Nada impide que los Estados puedan establecer condiciones fiscales favorables, mas no desleales frente a las condiciones de los otros Estados. Lo ideal es que observen unos patrones internacionales de tributación de los que se derive un terreno de juego justo y equilibrado en el ámbito fiscal, dejando que sean otros factores de competitividad los que acaben decidiendo qué Estados resultan más atractivos internacionalmente. Factores como vías de comunicación, calidad de materias primas, calidad de la mano de obra, reducción de costes de producción, avanzada tecnología y redes de acceso a las misma o seguridad jurídica, entre otros, que son propios de la libre competencia en un mundo globalizado y dinámico como el actual. Es claro que nuestro propósito con este trabajo de investigación es realizar algunas propuestas de lege ferenda que contengan una aproximación a la corrección de la competencia fiscal perniciosa, tanto en el ámbito internacional como de la Unión Europea, pero unificada como una propuesta global de fiscalidad internacional. Y ello sobre la base de medidas de muy distinta índole, entre las que podrían destacarse, de un lado, la ratificación de un acuerdo multilateral de intercambio efectivo de información de forma automática vinculante para los Estados que se adhieran, la fijación de un tipo nominal estándar de impuesto de sociedades del 22,5%. Y, de otro, el establecimiento de medidas defensivas contra los Estados que ejerzan esa competencia fiscal perniciosa, que abarquen desde las propiamente encuadrables en la técnica tributaria hasta otras coactivas, punitivas o resarcitorias. En efecto, sin desconocer la soberanía de cada Estado como límite infranqueable y modulador del Derecho internacional, un problema como el que representa la competencia fiscal perniciosa requiere una estrategia coordinada y decidida que acabe aislando internacionalmente a aquellas jurisdicciones no cooperantes, de modo que ese ejercicio de competencia fiscal nociva termine teniendo un coste, en términos económicos y jurídicos, mayor que el propio beneficio reportado por tales prácticas. Piénsese, en este sentido, en la posibilidad de exigirle una especie de responsabilidad patrimonial, reclamándosele el pago del impuesto que el contribuyente ha dejado de ingresar en su Estado de residencia o de la fuente donde aquél ejerce sustancialmente actividades económicas; responsabilidad ésta que sería exigible con carácter subsidiario y como última ratio, una vez que el Estado perjudicado demuestre que la normativa o la práctica administrativa del otro Estado ha constituido un obstáculo insalvable para lograr la recaudación tributaria que, en atención al juego de los criterios de sujeción tributaria, le correspondía jurídicamente. II. Metodología Con la presente investigación jurídica, encuadrable dentro del ámbito del Derecho Público, pretendemos estudiar el fenómeno de la Competencia Fiscal Interestatal y, propiamente, aquélla que presenta un carácter pernicioso. No obstante, la investigación respecto de esta materia se llevará a cabo, exclusivamente, desde el punto de vista jurídico, prescindiéndose de la óptica económica, (más centrada ésta última en las graves consecuencias de esta índole que dicho fenómeno acarrea). Es claro que, en este tipo de investigación, usaremos, como principales fuentes directas de estudio, entre otras, las normas jurídicas (Tratados, Leyes, Reglamentos, Directivas, etc.), la jurisprudencia de los Tribunales, informes de organismos internacionales (OCDE, UE) y la doctrina científica, acudiendo a las principales monografías y artículos de aquellos autores que han tratado esta materia. De este modo, se pretende realizar un trabajo de investigación que, de alguna manera, resulte interesante y contenga aportaciones de valor, tanto para la comunidad académica, como para los Estados y Organismos internacionales que luchen contra el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa. Es importante dejar sentado que cualquier información de fuente externa que se utilice en esta investigación tendrá su respectiva lista de referencia en la parte bibliográfica, preservándose así los derechos de autor. III. Estructura del estudio La presente tesis doctoral se ha estructurado de una manera concordada, en cuatro capítulos, analizando de manera exhaustiva todos los aspectos de nuestro objeto de estudio (éste es, la competencia fiscal perniciosa) y concluyendo con las oportunas propuestas, en tanto aportación científica propia que todo trabajo de investigación debe necesariamente contener. El primer capítulo aborda el fenómeno de la competencia fiscal interestatal desde su génesis hasta la actualidad, donde podremos apreciar como esta figura jurídico- económica (aun cuando sólo realizaremos su análisis desde el punto de vista jurídico), ha tenido una evolución importante, motivado todo ello por la globalización y dinamización de los mercados. Fenómeno este que, sin duda, constituye uno de los principales motivos por los que, en la actualidad, los diferentes Estados, territorios o jurisdicciones establecen, ajustan o reforman sus sistemas fiscales nacionales, si bien en uso de su propia soberanía estatal. En el segundo capítulo se realiza un análisis de lo que se entiende por competencia fiscal perniciosa, la cual se traduce en la pugna de los diferentes Estados por localizar en sus respectivos territorios, mediante la utilización de instrumentos fiscales, el mayor número de inversiones económicas. Lo que, en la práctica, está generando unas gravísimas consecuencias para los propios Estados en su conjunto y, sobre todo, para aquellos cuyos sistemas tributarios responden a los estándares internacionalmente aceptados. Consecuencias nocivas entre las que destaca la pérdida de ingresos fiscales provenientes de las rentas denominadas "móviles", dada la facilidad de deslocalización de éstas últimas. El tercer capítulo tiene por objeto la descripción y examen de las principales acciones llevadas a cabo a nivel internacional (tanto desde la OCDE, como desde la UE) frente a esta competencia fiscal perniciosa que se ha desatado entre los Estados y que tiene su anclaje en las fuerzas del mercado y la globalización. Acciones, valga de paso decir, que con carácter general no son vinculantes per se, sino por la voluntad política de cada Estado, como veremos infra. Por tanto, en él se hará referencia a las principales propuestas de corrección de la competencia fiscal perniciosa desarrolladas en los ámbitos internacional y comunitario, evaluándose instrumentos jurídicos como la aproximación de legislaciones para lograr una coordinación de la fiscalidad, la igualdad de condiciones entre todos los Estados para lograr un intercambio efectivo de información y unos sistemas fiscales transparentes y la armonización de la fiscalidad directa en el ámbito comunitario, entre otros. Finalmente, en el cuarto capítulo se expondrán propuestas propias, de lege ferenda, para la corrección de la competencia fiscal perniciosa. Demostrada a lo largo de la investigación la nocividad de la competencia fiscal perniciosa (y de la utilización de este fenómeno por estructuras agresivas de ingeniería fiscal cuasi elusivas), procede, como leitmotiv último del trabajo, formular nuestras tesis sobre la viabilidad jurídica de determinados mecanismos alternativos de contención de la competencia fiscal perniciosa, ante la inexistencia de normas jurídicas que sancionen a los Estados que ejerzan la misma. Así, creemos firmemente en la necesidad de actuar en un doble plano: primero, el establecimiento e implementación de unos mínimos de convergencia tributaria a nivel internacional que excedan del restringido ámbito del intercambio de información tributaria, delimitando claramente, de una vez por todas, ese denominado escenario fiscal justo; segundo, la fijación de un tipo nominal estándar del impuesto de sociedades del 22,5% permitiéndose los ajustes de doble imposición internacional o por el contrario del ajuste de lo debido y no abanado; y, tercero, alcanzar un establecimiento generalizado del mismo de manera coercitiva, albergando la posibilidad de que, ante la deslealtad en el ámbito fiscal practicada por determinados Estados, quepa la exigencia de la apuntada responsabilidad patrimonial como última ratio. Objetivo difícil, sin duda, en razón a que el Derecho internacional público se encuentra precisamente soportado en la voluntad de los Estados libres y soberanos, sin que pueda exigírseles el cumplimiento de obligaciones a las cuales no se hayan adherido voluntariamente. Por ello, somos conscientes de las limitaciones de nuestra propuesta y de sus consecuencias en el ámbito del Derecho internacional, pero que los Estados miembros de las distintas organizaciones internacionales habrían de comprender y compartir, construyendo un frente común contra los paraísos fiscales y demás jurisdicciones opacas, los cuales son, en definitiva, los verdaderos agujeros negros del sistema fiscal internacional. CONCLUSIONES 1. En el ámbito del Derecho internacional público, encontramos el Derecho tributario internacional, en el que cada Estado libre y soberano ejerce su potestad tributaria para estructurar su respectivo sistema fiscal, existiendo tantos regímenes fiscales como Estados o territorios dependientes existen, deviniendo con ello una cierta competencia fiscal entre los éstos. Competencia que alcanza regímenes fiscales transparentes, unos menos transparentes y otros en puridad, opacos. Siendo estos dos últimos tipos de regímenes, los propicios para que los operadores económicos ejerciten toda su infraestructura financiera, legal y fiscal para aprovecharse de los desajustes de la diversidad de tantos sistemas fiscales. 2. También es cierto, que esa potestad tributaria de los Estados ha ido desencadenando un escenario de lucha entre éstos, con el único fin de atraer hacia sus territorios inversiones y riqueza foránea, en ocasiones sin dimensionar los efectos nocivos que ello genera en el Estado que sufre la deslocalización, la erosión de la base imponible o el traslado de beneficios hacia esas jurisdicciones que ofrecen condiciones fiscales más ventajosas o preferenciales de baja o nula tributación. Ello ha generado que algunos Estados también constituyan regímenes fiscales con ciertos privilegios, de modo que puedan retener al menos, su riqueza nacional dentro de su territorio, alcanzado esto una pugna entre Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. Creemos, que lo que resulta inadmisible en el plano internacional, es aquel ejercicio sesgado de la potestad tributaria que acabe perjudicando a aquellos otros Estados con niveles impositivos estándares. 3. Así como una sana competencia en la producción y comercialización de bienes y servicios es útil y necesaria para equilibrar las fuerzas del mercado, también lo es la competencia fiscal, pero a través de sistemas tributarios transparentes. Lo cierto es que el carácter pernicioso que ha alcanzado la segunda, es tal, que hasta los mismos Estados y organizaciones internacionales, como la OCDE, G20, G/7/8 y la UE, han tenido que intervenir para hacer frente a tal fenómeno que viene socavando la hacienda pública internacional, principalmente en lo que respecta al impuesto de sociedades, lo que está generando que cada día la brecha fiscal esté siendo más amplia, no permitiendo a los Estados cumplir sus fines. 4. Sin perjuicio de otras opiniones, definimos la competencia fiscal interestatal como el fenómeno por el cual los Estados, en ejercicio de su poder soberano, erigen y estructuran su sistema fiscal con el objetivo de mantener, retener o atraer capitales móviles, actividades empresariales, inversiones, rentas o patrimonios, logrando así un incremento de sus ingresos públicos y, en general, un mayor crecimiento económico. 5. El ejercicio de esa potestad tributaria en el actual contexto de globalización económica, ha abocado en un uso de la misma dirigido, en última instancia, a configurar Estados fiscalmente atractivos para los inversores internacionales, lo que ha generado una contienda de competencia fiscal, beneficiando especialmente a las multinacionales que a través de su planificación fiscal agresiva buscan la optimización en el pago de la factura fiscal, más que la rentabilidad misma de la inversión; quienes aprovechas todos los resquicios fiscales para ello, y de paso, se benefician al igual que los demás ciudadanos de los servicios y condiciones de bienestar que ofrecen los Estados, sin contribuir con las cargas fiscales que justamente les corresponde, convirtiéndose como dicen los hacendistas públicos en verdaderos free-riders. 6. Fenómenos como la globalización económica y la constante interdependencia de las economías, ha provocado la apertura de las fronteras, la eliminación de normas proteccionistas y la libre circulación de personas y capitales. Escenario en el que los propios Estados se ven enfrentados a una competencia fiscal, similar a la competencia de mercado a que se ven enfrentados los operadores económicos. Por tanto, el fenómeno de globalización económica no hace sino desatar las fuerzas del mercado tanto para los Estados como para los operadores económicos, en donde la competitividad no está basada en factores de rentabilidad operativa sino, en gran medida, en factores de rentabilidad fiscal. 7. Esta globalización y la creciente movilidad de personas y capitales, están creando dificultades para los Estados a la hora de evaluar correctamente las bases imponibles, la recaudación fiscal y la tributación efectiva de los operadores económicos donde sustancialmente ejercen las actividades y generan valor. A su vez, estos fenómenos están afectando el funcionamiento de los sistemas fiscales y facilitando las prácticas de elusión y evasión fiscales, toda vez, que algunos se han reputado insuficientes u obsoletos frente al dinamismo económico vigente, lo que pone en peligro el funcionamiento del mercado global. 8. Defendemos el proceso de la competencia fiscal como un fenómeno beneficioso, siempre que la misma se practique de una manera leal y sana, es decir, en la medida que los Estados ejerzan su potestad tributaria, no de manera uniforme, pero sí dentro de unos estándares internacionales (como los referidos por la OCDE y la UE). En este sentido, la propia OCDE no censura la existencia de diferencias objetivas entre los sistemas fiscales de los distintos países, admitiéndose el carácter beneficioso de una cierta competencia derivada de dicha heterogeneidad, pero siempre que aquélla acabe conformándose como simétrica, proporcionada y justificada, mediante la cual exista una adecuada proporción entre los niveles de imposición y prestaciones públicas, que finalmente, desemboque en la eficiencia del gasto público y que por demás, sean sistemas transparentes e inspirados en principios de justicia tributaria. 9. También consideramos el proceso de la competencia fiscal como un fenómeno perjudicial, siempre que se ejerza de manera desleal, a través de la implementación de sistemas tributarios preferenciales de carácter pernicioso, es decir, estructurados estrictamente por motivos fiscales para la captación exclusiva de rentas y capitales foráneos, sin exigir una actividad real y sustantiva; o, mediante jurisdicciones constitutivas de auténticos paraísos fiscales sin un intercambio efectivo de información y con sistemas tributarios poco o nada transparentes. 10. Lo cierto es que principalmente desde los años noventa hasta nuestros días, la competencia fiscal interestatal presenta una naturaleza más perniciosa que sana, puesto que la globalización económica, unida a la falta de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes, hace que internacionalmente los Estados compitan, no desde un punto de vista económico, sino desde una óptica estrictamente fiscal. Lo propio sucede incluso, en el seno de la UE, que ha tenido grandes avances en la armonización de fiscalidad indirecta, y en algunas parcelas de la fiscalidad directa, pero la falta de una armonización adecuada del impuesto de sociedades en sus EE MM, ha generado una gran variedad de 28 regímenes societarios, sin que hasta la fecha se haya podido lograr una coordinación para su armonización, convirtiéndose esta competencia fiscal en un fenómeno lesivo para el mercado interior común. 11. En nuestra opinión, son múltiples las incidencias que la globalización ha ejercido y ejerce sobre el Derecho tributario y su sistema de fuentes, transformando casi por completo algunos sistemas fiscales y corrigiendo o provocando ajustes en otros, pero todos centrados en el mismo fin, i. e. la atracción de inversiones de capital extranjero. Cierto es, pues, que la globalización está incidiendo decisivamente en la configuración de la política fiscal llevada a cabo por los diferentes Estados, provocando una internacionalización del Derecho tributario, que a pesar de no ser un Derecho internacionalizado aún, no puede obviarse la considerable influencia que recibe del exterior, tanto en su configuración, como en lo que se refiere a los principios que ordenan la producción legislativa en materia tributaria y en las fuentes que en la actualidad nutren el Derecho tributario. 12. En todo caso, cuando se afronta el debate sobre el carácter sano o pernicioso de la competencia fiscal interestatal, consideramos que los Estados pasan de una "competencia sana" a una "competencia perniciosa" cuando utilizan sistemas fiscales con el fin exclusivo de atraer rentas y capitales foráneas, generalmente carentes de un sustrato económico generador de valor y que se localizan en tales jurisdicciones por motivos no económicos sino fiscales. Dicho de otra manera, la finalidad subyacente de dichos sistemas tributarios, es la atracción de dichas rentas y capitales mediante una menor presión fiscal, a través del otorgamiento de beneficios a inversores extranjeros, creando de alguna forma una brecha fiscal, que termina compensándose a través de la fiscalidad de las rentas menos móviles (principalmente de trabajo, inmobiliarias y de pymes), desequilibrando los principios de justicia e igualdad tributaria. 13. La estructuración de los sistemas fiscales por parte de algunos Estados, exclusivamente para deslocalizar u ocultar las rentas o capitales de otros Estados, supone una carrera hacia el fondo que sólo lleva aparejada pérdida de recaudación fiscal y, en definitiva, erosión económica, lo que para la OCDE en materia fiscal corresponde específicamente a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios empresariales (BEPS) mediante "una planificación fiscal internacional", que mientras existan y persistan sistemas fiscales que lo permitan, difícil será la encomiable tarea de esta Organización para desmantelar tales mecanismos de planificación fiscal agresiva, toda vez que estamos frente a una economía de opción plenamente válida y legal, donde cada Estado erige su propio sistema fiscal y los operadores económicos el lugar donde mejores ventajas fiscales encuentre. 14. Las escalofriantes cifras en pérdida de recaudación fiscal, en evasión y elusión fiscales, expuestas a lo largo de nuestra investigación, dejan entrever los resultados a que aboca la competencia fiscal perniciosa ejercida, sobre todo, por los paraísos fiscales y por los regímenes fiscales preferenciales, establecidos por Estados o territorios dependientes no calificados como paraísos fiscales, cuyo único fin es la creación de sistemas fiscales atractivos a las inversiones foráneas de fácil deslocalización o movimiento, como las rentas de capital y las actividades empresariales. Donde la reducción de ingresos fiscales que se genera de la existencia de estos regímenes preferenciales para estas bases imponibles móviles, no presenta una proporcionada racionalización del sector público de los Estados, pues tal pérdida de recaudación fiscal ha sido compensada con un incremento de la carga fiscal en las bases imponibles menos móviles (especialmente las rentas del trabajo y de los bienes inmuebles). 15. Los Estados que cuentan con sistemas estándares y transparentes, se han visto gravemente afectados por la proliferación de estos regímenes fiscales perniciosos, por lo que han intentado de encontrar una solución a tal fenómeno, sin lograr un resultado contundente hasta ahora. Y ello sin perjuicio de la consecución de algún resultado positivo de carácter parcial, como la adopción en el ámbito comunitario del Código de Conducta de Fiscalidad de las Empresas o los compromisos adquiridos en el ámbito de la OCDE respecto a la lealtad en la configuración de sus políticas fiscales, de cooperación e intercambio de información, o suscripción de CDIs, o la ejecución de su último plan de trabajo de julio de 2013, encaminado a evitar la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios empresariales (BEPS). 16. Entendemos que este fenómeno de competencia fiscal perniciosa se ha abordado desde instancias nacionales como el propio EE. UU. y supranacionales como la OCDE y la UE. En este sentido, destacamos el instrumento vinculante FATCA adelantando por EE. UU.; el instrumento adelantado por la OCDE sobre "Competencia fiscal perjudicial: Una cuestión global emergente", el cual fue reorientado mediante el Plan de Acción BEPS, ambos no vinculantes; los instrumentos establecidos por la UE como el Código de Fiscalidad de las Empresas, no vinculante pero con resultados muy favorables para eliminar las medidas perniciosas de los sistemas fiscales de sus EE MM y la norma del TFUE sobre el control de las ayudas de Estado de tipo fiscal, vinculante y desarrollado a través del TJUE. Medidas todas, que intentan corregir esta gran brecha fiscal de la que aún falta bastante camino para ser efectivamente corregida. 17. En el dinamizador proceso de globalización económica, el comercio electrónico es el que mayor crecimiento ha experimentado, acarreando serias preocupaciones a las Administraciones Tributarias a la hora de gravar la renta y el consumo, por la dificultad actual para controlar tales operaciones e identificar a los contribuyentes, y de forma muy especial, por lo difícil que resulta recaudar los impuestos que se generan cuando el contribuyente reside fuera del territorio del Estado acreedor de la deuda tributaria. En estos términos, en el plano fiscal las consecuencias derivadas de la realización de operaciones de comercio electrónico parecen reconducirse a una sola: la disminución de los ingresos tributarios. 18. El desarrollo de nuevos medios de pago de naturaleza electrónica, ha supuesto la obstaculización del rastreo de las transacciones comerciales realizadas, dificultando la localización de la corriente económica generada por aquellas, muy especialmente en aquellos casos en los que los fondos utilizados procedan de entidades bancarias situadas en paraísos fiscales. Pero a su vez, esta innovación en las TICs, han provocado una extraordinaria facilidad para el intercambio y procesamiento de la información, que deberá ser adecuadamente utilizada en lo mayor posible por todos los Estados mediante la ratificación de instrumentos jurídicos que así lo permitan. 19. Los múltiples atributos que presentan las operaciones de comercio electrónico tienen difícil encaje en las concepciones y criterios utilizados por los sistemas tributarios clásicos; los mismos han supuesto un cambio de paradigma en muchos de los criterios impositivos utilizados como piedras angulares de todo el sistema tributario, provocando con ello que el sistema tributario, uno de los principales fundamentos del Estado moderno, asuma el reto de adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y sociales para cumplir su función recaudatoria. 20. A las singularidades fiscales que generan las transacciones electrónicas, también ha habido un interés latente de enfrentarlas con mecanismos útiles, los cuales han resultado insuficientes, sin que ello implique la renuncia de las OO II para continuar con sus proclives trabajos. Es así como la UE y la OCDE han dedicado especial atención al asunto y, en especial, en relación con la competencia fiscal. En cabeza de la OCDE se presentó el documento The Emergence of Electronic Commerce de 1997, que establece las bases y los fundamentos esenciales que debían estudiarse del comercio electrónico; luego en 1998, el documento Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, en el que se refleja el hincapié de luchar contra la competencia fiscal lesiva en el campo del comercio electrónico y la necesidad de luchar contra ésta a través de acuerdos multilaterales entre Estados. 21. En la actualidad, la OCDE adelanta en el sector de la economía digital el Plan BEPS mediante la acción número uno Address the tax challenges of the digital economy, para hacer frente a los entramados fiscales que están ejecutando las multinacionales para erosionar la base imponible y trasladar los beneficios a paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales. Mediante esta acción, se trata de identificar a todos los agentes que intervienen en la cadena de valor de la economía digital y desentrañar, si en determinado Estado, podría considerarse la presencia de un establecimiento permanente al que se pudieran atribuir beneficios empresariales, dado que la intermediación a través de las cadenas de participaciones de sociedades dificulta esa posibilidad. 22. La pobreza mundial y la desigualdad, también se constituyen en actores del cercenamiento de la competencia fiscal, específicamente en relación con aquellos países en desarrollo que ven una oportunidad de crecimiento económico a través de la conformación de sistemas fiscales preferenciales, o, mediante una imposición directa baja o nula. Por lo que estarán por fuera de una competencia fiscal transparente y obligados a experimentar una caída de los ingresos fiscales, precisamente porque ejercen una mayor presión fiscal sobre una base reducida de contribuyentes, y es allí donde aparecen sistemas fiscales laxos o flexibles de carácter pernicioso, para intentar atraer inversión extranjera a sus jurisdicciones, donde algunos corren con suerte al abrirse al mundo, convirtiéndose en verdaderas termitas fiscales y provocando efectos nocivos para otros Estados. 23. Uno de los efectos gravísimos de la competencia fiscal perniciosa, es el desajuste de los sistemas tributarios nacionales. Ello en consideración a que, al nivel esperado de los ingresos y gastos públicos como determinantes sustanciales de la política fiscal, se ha adicionado la interacción del entorno tributario internacional con las medidas adoptadas por otros Estados, desencadenando en los últimos años un cambio de los postulados fiscales en los sistemas tributarios internos y, por supuesto, generando una competencia fiscal ente los Estados, ya que cualquier cambio tiene su repercusión directa o indirecta en los sistemas fiscales de otros Estados. Todo ello, trae aparejado el menoscabo de los ingresos tributarios y de la recaudación fiscal, producto de la deslocalización de las inversiones de capital y actividades empresariales que tienen que soportar aquellos Estados víctimas de la competencia fiscal perniciosa. 24. Esta competencia fiscal perniciosa, también representa una clara amenaza a los principios de justicia tributaria, toda vez que el carácter asimétrico de los sistemas fiscales han basado su atracción en el establecimiento de regímenes fiscales favorables para aquellas rentas móviles, generando con ello un desplazamiento de la carga impositiva principalmente hacia las rentas menos móviles, lo que trae unas gravísimas consecuencias fiscales como la afectación directa de los principios clásicos de justicia tributaria como generalidad, igualdad, capacidad contributiva y progresividad, afectando la equidad y la redistribución de la renta que, como regla general, se predican de los sistemas tributarios en su conjunto. En definitiva, la desigualdad de estos sistemas, bien podría afectar la neutralidad fiscal de algunos Estados a la hora de establecer el gravamen de las distintas manifestaciones de riqueza, pues sus déficits fiscales podrían obligarles, de una u otra manera, a establecer un mayor nivel de imposición o una mayor presión fiscal para aquellas rentas no móviles, frente a las móviles que escapan a las altas cargas impositivas por su facilidad de deslocalización. 25. De otra parte, esta contienda de competencia fiscal perniciosa lleva aparejada una localización ineficiente de los recursos económicos, en tanto ésta última acaba guiándose, en gran medida, por factores de índole tributaria. De este modo, la riqueza y los factores de producción terminan ubicándose donde menos tributan, y no donde más producen, como sería lo deseable desde la óptica económica. Proceso de competencia fiscal que es desatado por los Estados y aprovechado en gran medida por los operadores económicos, en particular por las multinacionales, quienes son los agentes principales de este tipo de competencia fiscal perniciosa, en razón a su capacidad y poder de decisión para deslocalizar parte o el conjunto de sus actividades, hacia uno o varios Estados, donde su único objetivo es beneficiarse de todos los instrumentos de planificación fiscal internacional que ofrecen los distintos sistemas tributarios. 26. Los gravísimos efectos y consecuencias provocados por esta clase de competencia fiscal, llevaron tanto a la OCDE como a la UE, a adelantar investigaciones y trabajos para desmantelar las medidas perniciosas, los sistemas fiscales preferenciales y los paraísos fiscales. Para la primera, se constituyó como pionero su informe sobre competencia fiscal perniciosa y sus sucesivos informes de revisión y progreso hasta el año 2012, y, a partir de 2013 con la reorientación de los mismos a través del plan de acción BEPS, donde se inicia un trabajo conjunto de la OCDE/G20. Para la segunda, se convirtió en pionero el Código de Conducta de Fiscalidad sobre las Empresas y la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado; quien además de sus propios trabajos, ha integrado sus acciones en el plan de acción BEPS. Los regímenes fiscales preferenciales y los paraísos fiscales, constituyen una forma abierta y directa de permear la competencia fiscal, motivo por el cual, generaron la preocupación de todos los países, principalmente de aquellos más desarrollados, tanto por la disminución de la recaudación fiscal y como por la erosión de la base imponible mundial; lo despertó el interés del G7 y G20 para trabajar de manera mancomunada con la OCDE en la lucha contra éstos, en favor de la protección de las finanzas públicas de los países y principalmente de sus Estados miembros. 27. Observamos un retroceso en los trabajos adelantados para la erradicación de los paraísos fiscales, cuando por sugerencia de los EE. UU. que basó su tesis en el poder soberano de los Estados para establecer su nivel de tributación y su organización fiscal, en el año 2001 la OCDE abandona el criterio de carencia de actividad sustancial para catalogar a una jurisdicción o territorio dependiente como paraíso fiscal. Como creemos, ello implicó un gran retroceso, porque era un excelente indicador de los focos de evasión fiscal. Por fortuna, se verificado lo trascendental de tal criterio, por lo que tanto la OCDE como lo la UE han dado pasos favorables para retomarlo, mediante la acción cinco del plan de acción BEPS y la Propuesta de modificación del Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, respectivamente. La supresión del criterio de carencia de actividad sustancial fue reemplazado por la creación de sistemas transparentes y por un intercambio efectivo de información, elementos que se consideraban suficientes para catalogar a un Estado como una "jurisdicción cooperante". Transparencia referida no sólo al sistema de información fiscal, sino también a aquellos elementos conducentes a su garantía, como la imposibilidad de negociación entre las administraciones fiscales y los contribuyentes para la determinación de las bases imponibles o los tipos de gravamen y/o la concesión de incentivos fiscales. Así mismo, la existencia efectiva de un intercambio de información debería permitir y facilitar a los demás Estados y a las propias administraciones de estas jurisdicciones el acceso a toda la información fiscalmente relevante y conllevar el establecimiento de dispositivos normativos que propicien el suministro de dicha información. Todo ello con el único fin de gravar aquellas rentas de los contribuyentes que han decido invertir en tales jurisdicciones sólo por fines tributarios. 28. El año 2009 fue clave para que el G20 apoyara decididamente a la OCDE en la apertura de trabajos sobre la transparencia y del intercambio efectivo de información, el desmantelamiento del secreto bancario, advirtiendo incluso de la posible imposición de sanciones para quien no cumpliera con los estándares internacionales de intercambio de información aceptados. Además, se insta al Foro Global a seguir avanzando en el uso de instrumentos multilaterales para contrarrestar la evasión de impuestos, a través de la revisión, aprobación y recomendación para la implementación de las normas internacionales de transparencia e intercambio efectivo de información, con fines a que exista una cooperación fiscal adecuada entre los Estados y el seguimiento a quienes incumplan con dicho compromiso. 29. La baja o nula tributación internacional que soportaban algunas multinacionales, a través de la planificación fiscal agresiva, aprovechándose de las interacciones entre los sistemas fiscales de los Estados para disminuir artificiosamente sus bases imponibles o trasladar los beneficios empresariales a otras jurisdicciones de baja o nula tributación, despertó el interés conjunto de la OCDE/G20 para hacer frente a ello, desplegando el plan de trabajo BEPS en el año 2013 de 15 acciones con el que se pretende lograr un cambio en la normativa fiscal internacional, el cual finalizará en diciembre de 2015. Es un plan de acción en el que convergen dos realidades: la primera, es que las empresas multinacionales intentan disminuir su factura fiscal para optimizar su beneficio tributario, valiéndose de mecanismos de planificación fiscal agresiva; la segunda, los propios Estados ofrecen regímenes fiscales diferentes y competitivos entre sí, para atraer rentas e inversiones extranjeras; ambas realidades, se traducen en la erosión de la base imponible y en el traslado de los beneficios empresariales entre jurisdicciones, lo que propició que la OCDE y el G20 centraran su esfuerzo a través de BEPS para hacer frente a tan colosal dificultad. 30. Estimamos que estas 15 acciones en su conjunto, son retadoras pero su aplicación dependerá también de la mera liberalidad de los Estados, es decir, acciones no vinculantes que hasta ahora han carecido de efectividad para la erradicación de los regímenes fiscales preferenciales y más concretamente de los paraísos fiscales, lo que hará que continúe presentándose el mismo choque de intereses que se ha evidenciado en las iniciativas anteriores entre quienes promueven la eliminación material de la competencia fiscal perniciosa y algunos Estados miembros de la OCDE, que sólo promueven su eliminación formal, porque están claramente vinculados a los paraísos fiscales o centros de servicios financieros offshore, a través de sus territorios dependientes. 31. Consideramos que la dificultad manifiesta del proyecto BEPS, radica en que la OCDE tiene una posición ambivalente. Por un lado, trabaja por extender su poder y su influencia a nivel mundial a través de la promoción de la estandarización y la convergencia, pero, por otro lado, siempre se ha visto a sí misma como representante de los intereses de sus Estados miembros y por consiguiente, con dificultades para representar los intereses de otros países, al menos de aquellos que entran en conflicto con los intereses de sus Estados miembros. Sin embargo, independientemente de este tipo de problemas, creemos que BEPS tiene aspectos positivos. El primero de ellos es el avance en materia de intercambio efectivo de información; el segundo, es el reconocimiento de un fracaso de los sistemas de tributación internacional basados en los acuerdos bilaterales que interactúan con los sistemas tributarios internos, los cuales, difícilmente pueden evitar la doble imposición sin crear de manera simultánea oportunidades de doble no imposición, siendo destacable la nueva estrategia orientada a los acuerdos multilaterales; el tercero, es su retorno al requisito de la actividad sustancial que formaba parte del informe de 1998 y como hemos reiterado su eliminación flexibilizó de manera excesiva el cumplimiento de requisitos para que los paraísos fiscales fueran eliminados de la lista negra. En definitiva, su objetivo principal, es en sí mismo, el aspecto más positivo, el cual es evitar la erosión de la base imponible, el traslado de beneficios y encontrar soluciones a los problemas de la planificación fiscal agresiva. 32. No obstante a lo favorable que hemos advertido sobre BEPS, somos de la opinión, que este proyecto no representa una solución real para enfrentar la planificación fiscal agresiva, entre otras cosas porque ha eludido conscientemente el problema de fondo que es la adecuación de un sistema de tributación internacional en el que se consideren temas centrales como la residencia fiscal y la potestad tributaria para distribuir correctamente la recaudación. Creemos que BEPS representa una valiosa entrada hacia la reforma de la normativa fiscal internacional, pero si pretende lograrla requerirá una aplicación consistente de los propios principios de dicho plan, una mejor definición de lo que es o no aceptable, la definición de jurisdicción en función de la creación de valor y debe dejar de evitar los puntos políticamente difíciles por los intereses de sus Estados miembros, como por ejemplo la residencia fiscal. Y si pretende expandir la normativa adaptada a terceros Estados no miembros de la OCDE, deberá tenerse presente que esto debe alcanzarse de forma participativa, de la manera más inclusiva posible a fin de asegurar la efectividad y ganar la mayor legitimidad posible. 33. En relación con el proyecto BEPS, para nuestra investigación, centramos nuestro interés principal en la acción número 5 (Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia), por lo cual valoramos positivamente que mediante ésta, se haya vuelto a replantear el criterio de actividad sustancial en los regímenes preferenciales, que aunque no todos gozan de ser paraísos fiscales para quienes se ha eliminado tal criterio, algunos si lo son. En principio se ha incluido para los regímenes preferenciales de PI, los cuales deberán demostrar que han incurrido en ciertos gastos asociados a actividades de I+D que generen rentas procedentes de la explotación de la PI. Tal criterio, podrá extenderse a otro tipo de regímenes preferenciales, los cuales deberán demostrar la existencia de actividades sustanciales. Otro de esta Acción, que consideramos uno de los más destacables es su apuesta por la transparencia, a través del intercambio automático y obligatorio de información sobre resoluciones relacionadas con los regímenes preferenciales. Se trata de un nuevo direccionamiento que no centra sus esfuerzos en los regímenes perjudiciales o potencialmente perjudiciales como lo hacía en el pasado sino que, se enfoca en los regímenes preferenciales, sean perjudiciales o no. Lo que se pretende es que el país afectado disponga de información oportuna (en un plazo no superior a tres meses) y relevante sobre acuerdos preferenciales en precios de transferencia o en cualquier otra área. Aunque la guía está en proceso de construcción, ya incorpora los elementos mínimos que debe compartir el país que otorga las exenciones dependiendo del tipo de acuerdo preferencial del que se trate. En esta Acción aún está por terminar la revisión de todos los regímenes actuales, con el ánimo de establecer si éstos son perjudiciales, potencialmente perjudiciales o simplemente preferenciales. En todo caso, en el informe de progreso que debe presentarse en diciembre de 2015 deberá quedar constancia de los hallazgos. 34. Paralelamente a los trabajos de la OCDE/G20 para hacer frente a los regímenes fiscales preferenciales y paraísos fiscales, se ha hecho lo propio la finalización de la era del secreto bancario, concretamente en la Cumbre del G20 celebrada en Londres en el año 2009. Contrario sensu, opinamos que, aunque la voluntad política de las grandes economías y países desarrollados ha sido el desmantelamiento del secreto bancario, permeándose incluso de manera limitada el Estado con mayor índice del secreto financiero (Suiza), la realidad es otra. Harán falta años para hablar de una transparencia financiera total, pues en la lista del índice del secreto financiero del año 2013, aparecen los principales países del G20, de la OCDE y otros Estados como Alemania, Austria, Canadá, Costa Rica, EE. UU., Francia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Jersey, Luxemburgo, Panamá, Reino Unido, Singapur, Suiza; entre otros; con lo cual se demuestra que el ranking del secreto financiero en vez de disminuir, aumenta, ya que en el informe original de 2009 se incluían 60, en el 2011 que se actualizó para la cumbre de Cannes, se incluían 73; y para el 2013 ya eran 82 jurisdicciones. Lo cierto es que muchos depósitos se mantienen en los paraísos fiscales a través de compañías ficticias, que de alguna manera permiten cubrir el rastro del verdadero propietario de los fondos; y lo que se muestra es que unos paraísos fiscales han visto disminuido el nivel de sus depósitos (por ejemplo Jersey, Luxemburgo, Suiza, etc.) y otros han visto cómo sus depósitos se disparan (por ejemplo Hong Kong, Islas Caimán, Singapur, etc.). 35. Un instrumento jurídico clave en el desmantelamiento del secreto bancario ha sido FATCA, el cual ya ha sido instrumentado por EE. UU. con diversos países e incluso con la misma UE en bloque. Los resultados han sido favorables, al menos ya Suiza número uno del ranking de secreto bancario ya está intercambiando información financiera, y así otros países más. Sin embargo, creemos que éste no soluciona el problema fondo (a menos de que sea reestructurado, que no se ve tal intención), por sus múltiples vacíos en su aplicación efectiva, como por ejemplo, las cuentas sobre las que se van a pedir datos son aquellas con montos importantes, lo que permitiría a los bancos ignorar muchas solicitudes en la mayoría de los casos; los registros se mantienen en papel en lugar de por vía electrónica; también permitiría la apertura de cuentas bancarias a través de sociedades ficticias (Shell entities), como entidades no estadounidenses a pesar de que, su propietario final fuera un contribuyente estadounidense; además, los requisitos de información restantes son fáciles de evadir por parte de las personas estadounidenses que abren cuentas por debajo de los umbrales en más de un banco. 36. En la UE encontramos un instrumento eficaz más para combatir el secreto bancario, lo que constituye un gran avance en esta materia, como lo es la Directiva 2010/24/UE, relativa a la de asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas de asistencia en la en la recaudación tributaria. Es a través del intercambio de información que se desmantela el secreto bancario, y, es que esta Directiva indica expresamente que ningún Estado podrá negarse a suministrar información, amparado en que posee disposiciones legales de protección al secreto bancario, o que dicha información está en manos de las entidades financieras. En este mismo sentido, se enmarca el modelo de acuerdo sobre intercambio de información de la OCDE y la cláusula de intercambio de información de los CDIs en el que no se permite alegar el principio de interés doméstico para abstenerse de proporcionar la información solicitada y debe garantizarse el acceso a la información de bancos, entidades financieras, instituciones fiduciarias, es decir, que no haya leyes de secreto bancario. 37. Nos reafirmamos en que la cooperación internacional a través del mecanismo de intercambio efectivo de información de forma automática, sería el instrumento jurídico por excelencia que podrá hacerle frente a la competencia fiscal perniciosa que encierra fenómenos como los paraísos fiscales, el secreto bancario, la financiación de actividades ilícitas, el blanqueo de capitales, el lavado de activos, la planificación fiscal agresiva, etc. Decimos que sería, porque queremos ser optimistas en que la coordinación sistemática internacional de los diferentes Estados así lo han de entender y de continuar el camino que ya se ha iniciado en este sentido. Un optimismo que pretendemos ver de una manera objetiva y concreta mediante la institucionalización de este instrumento multilateral de manera vinculante, reconociendo la complejidad y dificultad que ello conlleva en el ámbito del Derecho internacional público, más aún, frente a la soberanía fiscal de los Estados. 38. Ante la ausencia en la normativa internacional de una definición del concepto de residencia fiscal, y ante el vacío de BEPS para alcanzarlo, nos atrevemos a dilucidar que un efectivo y eficiente intercambio de información financiera con fines fiscales, sin barreras en el suministro de la misma, sería la regla de oro para alcanzar una recaudación justa y evitar la erosión de la base imponible. Podemos ver como la UE y EE. UU., han logrado un avance importante en lo que respecta al intercambio efectivo de información tributaria; aunque con cierta laxitud o flexibilidad que nos lleva a concluir que ninguna herramienta implementada para combatir paraísos fiscales, secreto bancario e intercambio de información han sido lo suficientemente adecuadas, y, todo por falta de vinculación jurídica de los mismos instrumentos jurídicos desarrollados. 39. Creemos que con instrumentos de intercambio efectivo de información de forma automática (en nuestro caso de carácter vinculante), se lograría no sólo garantizar seguridad y efectividad operativa a los sistemas fiscales estatales, sino en brindar eficacia para combatir la evasión y el fraude fiscales, la corrupción, el lavado de dinero y por supuesto evitar la doble tributación internacional, sin que ello, llegare a significar la doble no imposición internacional a través de convenios para evitar la doble imposición, se trata de buscar la máxima transparencia fiscal internacional, objetivo que compartimos tanto en la apertura y clausura de nuestra investigación como a lo largo de nuestra vida profesional. 40. Vemos como favorables los instrumentos con los que cuenta la UE para hacer frente a los regímenes fiscales preferenciales y al falseamiento de la competencia fiscal en el mercado común interior, como son El Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas y la normativa del TFUE sobre ayudas de Estado respectivamente. Sin embargo, consideremos la utilización que se ha hecho de las normas sobre ayudas de Estado con el fin de neutralizar las medidas tributarias que encierren un carácter pernicioso y, por consiguiente, deriven en una competencia fiscal perniciosa, es inadecuada e inoportuna, a pesar de ser la única norma existente en el TFUE para contrarrestar el falseamiento de la competencia. En nuestra opinión, el camino recorrido ha tenido resultados favorables en la lucha contra esta clase de competencia, convirtiéndose la normativa sobre ayudas estatales en la última ratio o límite de la proliferación de medidas fiscales perniciosas. Pero en cierta medida, se nota un grado de bifurcación del poder soberano de los EE MM, pues con una norma no propia del ámbito fiscal, se está tratando de aproximar, en cierto modo, la fiscalidad directa, a través de la utilización de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado. Lo que entraña, de suyo, una huida de los mecanismos clásicos de que se nutre la armonización fiscal, como lo son las Directivas. 41. Al tiempo, valoramos favorablemente los trabajos de la Comisión Europea, respecto a la fiscalidad de las empresas y más aún, aquéllos sobre los cuales se busca hacer frente a la evasión y el fraude fiscales en los que propone esquemas para combatirlos. Su permanente preocupación por ello, la ha llevado también a reflexionar sobre la dificultad cada vez mayor para ejercer un control sobre los ingresos en una economía cada vez más globalizada, movilizada y digitalizada, reconociendo que las normas actuales sobre fiscalidad de las empresas ya no se ajustan al contexto moderno y, es ahí donde los modelos de actividad y las estructuras empresariales se han vuelto más complejos y por consiguiente más fácil de trasladar los beneficios empresariales a otras jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que hace más difícil determinar en qué país se debe gravar la renta de una multinacional, que a través de la planificación fiscal agresiva logran artificialmente tributar lo mínimo o cero a escala global, según sus mecanismos fiscales utilizados. 42. Somos del criterio que, actores exclusivos en el cercenamiento de los ingresos fiscales y de la recaudación fiscal de los Estados como la evasión y el fraude fiscales, el blanqueo de capitales, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el secreto bancario, la planificación fiscal agresiva (focos de una competencia fiscal perniciosa), deben ser combatidos de manera cooperada internacionalmente, a través de instrumentos jurídicos vinculantes, y no mediante medidas unilaterales o acuerdos bilaterales, sino de tipo multilateral con carácter obligatorio, como por ejemplo el instrumento FATCA, aunque reorientado hacia un esquema multilateral. Cuando nos referimos a una cooperación internacional, estamos incluyendo la asistencia mutua internacional y la implementación coordinada de la propuesta BEPS pero esta última, pensamos que con una reorientación de su trabajo, en el que se ponga fin a las normas sobre precios de transferencia que son útiles sólo para los grupos multinacionales, al permitir fácilmente el traslado de beneficios empresariales entre jurisdicciones; se dé una regulación adecuada al establecimiento permanente; se defina la residencia fiscal para evitar problemas de doble residencia; y, se reestructure el actual y arcaico sistema fiscal internacional de los CDIs que conllevan a la doble no imposición o la doble deducción de gastos o de pérdidas, o de exenciones y deducciones a la vez, que siendo coherentes con la doctrina internacional, son formas de maximización fiscal dentro del marco de la legalidad en una legítima economía de opción, que no siempre se podrá estigmatizar como planificación fiscal agresiva. 43. El socavamiento de la recaudación fiscal y la base imponible mundial en la casi totalidad de los Estados, desarrollados y en vías de desarrollo, en términos de matrices de riesgos fiscales podríamos calificarlo como un riesgo alto, significando con ello, que la probabilidad de ocurrencia de fenómenos como la evasión y elusión fiscales más la planificación fiscal agresiva, es alta y, la situación actual de control insuficiente, con controles bajos o en algunos casos medios, o bien documentados pero poco efectivos, que terminan siendo inadecuados o insuficientes. Un riesgo fiscal de este tipo lleva aparejado un riesgo residual de desconfianza en el sistema fiscal internacional, y por supuesto, en la política fiscal de los Estados en la que se apoyan los ya fracturados principios de justicia, neutralidad y equidad fiscales. Cuando decimos fracturados, nos referimos a las consecuencias que ello genera tanto para los Estados como para los ciudadanos: mientras los primeros soportan cada vez más una mayor pérdida de la recaudación fiscal, los segundos soportan una mayor presión fiscal debido a la carga tributaria desigual que deben soportar como consecuencia de los ajustes fiscales de los primeros para intentar compensar los déficits fiscales generados por fenómenos antes señalados; siendo los más afectados aquéllos con rentas menos móviles como las de trabajo, inmobiliarias y pymes. 44. La sumatoria del traslado de beneficios a jurisdicciones con sistemas fiscales preferenciales de baja o nula tributación, más las cifras estimadas de los abultados fondos depositados en los paraísos fiscales o que circulan por ellos (expuestas supra), más los flujos de dinero ocultados en jurisdicciones con leyes de protección del secreto bancario (propiciando el blanqueo de capitales, el lavado de activos, el terrorismo), arrojan como resultado un sistema capitalista mundial desarticulado política, económica y normativamente, lo que nos lleva a creer que la rezagada crisis económica-financiera como la llama el FMI es producto del mismo riesgo sistémico financiero y, si no se actúa al menos normativamente para hacer frente a los componentes de esta sumatoria, seguiremos participando de crisis económicas-financieras fragmentadas, es decir, mientras haya una leve recuperación de una u otra economía, dos, tres o más se estarán declarando en crisis. 45. Aunque no somos los llamados a juzgar las actuaciones de los operadores económicos que realizan entramados fiscales mediante esa planificación fiscal agresiva, si nos sentimos obligados a hacer una llamado crítico-constructivo a la reflexión de que exista una tributación justa, que se paguen los tributos donde se obtienen los beneficios y se genere valor, toda vez que en la mayoría de los casos dichos operadores se encuentran en sus Estados de residencia o de la fuente donde ejercen sustancialmente actividades económicas, no tributando o en ocasiones tributando porcentajes mínimos no acordes con la realidad de las cifras o de la normativa de sus Estados. 46. Si la normativa fiscal internacional vigente no responde al sistema económico globalizado dentro de un entorno actual, llamado por unos y por otros crisis económico-financiera, estamos en el tiempo y la época oportunos para realizar un cambio total de dicho sistema fiscal, que ponga fin a prácticas fiscales desleales o perniciosas y evite fenómenos de doble no imposición, de doble deducción o exención y, sobre todo, que la planificación fiscal agresiva deje ser el escenario internacional por el cual se están erosionando las bases imponibles y trasladando los beneficios. Frente al fenómeno de la competencia fiscal perniciosa en todos sus frentes, los Estados y organizaciones internacionales han acudido a todo tipo de medidas, con menor o mayor éxito. Así, las acciones unilaterales o bilaterales que sólo benefician a los Estados que las ejecutan no resultan los instrumentos adecuados para resolver los problemas de la normativa fiscal internacional, por lo que se requiere de instrumentos jurídicos internacionales coordinados, con carácter multilateral y vinculante. 47. Desde el inicio de nuestra investigación nos planteamos estructurar una propuesta de lege ferenda que se constituyera en una herramienta de valor y pudiera ser estudiada, validada y en el mejor de los casos ejecutada por los Estados u OO II, que propendan por la protección de la base imponible mundial, por evitar el traslado de los beneficios y por evitar la minoración de la recaudación fiscal. Así también, quisimos diseñar nuestro propio aporte para lograrlo a través del acuerdo multilateral de intercambio efectivo de información de forma automática, fijación de un impuesto sobre sociedades con tipo nominal estándar, o la temida responsabilidad patrimonial subsidiaria como última ratio de los Estados, sin perjuicio de un mejor criterio. Todo ello, conscientes de las dificultades que ello pueda representar en el ámbito del Derecho internacional público, y más aún en la esfera de la soberanía fiscal de los Estados. 48. Finalmente, después de haber recorrido el estudio de la competencia fiscal perniciosa en todos sus focos, los plausibles trabajos de los Estados u OO II, de los cuales hemos pensado que han sido favorables pero insuficientes, creemos que nuestra propuesta de lege ferenda sería concreta y efectiva, fundamentalmente porque a través de ella podría blindarse la base imponible mundial, mejorarse la recaudación fiscal, evitarse el traslado de beneficios y lograr una imposición real donde sustancialmente se ejerzan actividades económicas y se generen los beneficios de los contribuyentes u obligados tributarios. Nuevamente, advirtiendo de que somos conscientes de las dificultades que ello podría implicar en el ámbito del Derecho internacional público, específicamente en la soberanía fiscal de los Estados.
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Texto finalizado el 15 de diciembre de 2023. Esta Nota Internacional es el resultado de la reflexión colectiva del equipo de investigación de CIDOB. Coordinada y editada por Carme Colomina, en el proceso de redacción ha contado con aportaciones de Inés Arco, Anna Ayuso, Ana Ballesteros, Pol Bargués, Moussa Bourekba, Víctor Burguete, Anna Busquets, Javier Carbonell, Carmen Claudín, Francesc Fàbregues, Oriol Farrés, Agustí Fernández de Losada, Marta Galceran, Blanca Garcés, Seán Golden, Berta Güell, Julia Lipscomb, Bet Mañé, Ricardo Martínez, Esther Masclans, Óscar Mateos, Sergio Maydeu, Pol Morillas, Diego Muro, Francesco Pasetti, Héctor Sánchez, Reinhard Schweitzer, Antoni Segura, Cristina Serrano, Eduard Soler i Lecha, Alexandra Vidal, Pere Vilanova. 2024 será un año de urnas y armas. Las elecciones celebradas en más de 70 países, que actuarán como un test de estrés para el sistema democrático, y el impacto de la multiplicidad de conflictos que alimenta la inestabilidad global definirán un mundo en plena transición de poder y en claro retroceso humanitario y de derechos fundamentales.Se acentúa la erosión de las normas internacionales vigentes y aumenta la imprevisibilidad. 2024 empieza totalmente abierto, marcado por un mundo cada vez más diverso y (des)ordenado, definido por alianzas e intereses cambiantes en cuestiones como la competición geopolítica, las transiciones verde y digital o la seguridad internacional.Las consecuencias económicas de las sucesivas crisis serán más visibles que en años anteriores: el crecimiento económico será débil y el frenazo chino reverberará en las economías emergentes, cada vez más tensionadas por el endurecimiento de las condiciones financieras y la fortaleza del dólar.2024 será un año de urnas y armas. Un test de estrés tanto para el sistema democrático como para la multiplicidad de conflictos que alimenta la inestabilidad global. Seguimos ante un mundo desordenado, convulso y contestado, pero, esta vez, cualquier análisis pende del gran interrogante que supone el intenso ciclo electoral que marcará el próximo año. Con guerras abiertas en Ucrania, Palestina, Sudán o Yemen, el mundo concentra la mayor cantidad de conflictos activos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, la agenda geopolítica de los próximos meses se entreteje a partir del impacto mutuo entre los distintos conflictos bélicos y el veredicto que lanzarán los más de 70 procesos electorales marcados en el calendario.Hay elecciones que pueden definir guerras. Las consecuencias políticas de la brutal ofensiva israelí en Gaza o el estancamiento del frente de guerra ucraniano también dependen de la carrera presidencial en Estados Unidos. Las grietas en la unidad transatlántica y las cada vez más categóricas acusaciones de doble rasero en las lealtades de Occidente no son ajenas a lo que ocurra el 5 de noviembre de 2024 en las urnas estadounidenses. Un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca modificaría por completo las relaciones de fuerza y la posición de Washington en cada uno de estos conflictos, desde el suministro de armamento al Gobierno ucraniano, al apoyo a Israel, o en la confrontación con Rusia o China.Pero no se trata solo del futuro de la democracia en Estados Unidos: más de 4.000 millones de personas irán a las urnas en más de 70 países. La Unión Europea (UE), India, Pakistán, Indonesia, México, Taiwán, Venezuela o Senegal… grandes actores con peso demográfico e influencia geopolítica protagonizarán un año de una intensidad electoral sin precedentes, que definirá un mundo en plena transición global del poder y en claro retroceso humanitario y de derechos fundamentales. Sin embargo, tanta concentración de elecciones no significa más democracia. Estamos en tiempos de inteligencia artificial (IA) y de sofisticación extrema de la manipulación que amenazan la fiabilidad de las urnas. Los sistemas híbridos ganan terreno, y está por ver si el ciclo electoral de 2024 acaba siendo un momento de profundización de la degradación o de resistencia democrática. La sensación de desorden no es nueva, ni siquiera su aceleración. Pero cada año se acentúa la erosión de las normas internacionales vigentes y aumenta la imprevisibilidad. El mundo es cada vez más descentralizado, diversificado y multidimensional. Se consolida este «orden múltiplex» –como Amitav Acharya lo describió ya en 2017– porque todo ocurre simultáneamente. Y, sin embargo, seguimos ante un rediseño del mundo todavía abierto porque esta simultaneidad de cambios concentra distintas pugnas en liza. 1. Más conflictividad, más impunidad2023 ha sido uno de los años más conflictivos en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra mundial. En solo doce meses, la violencia política ha aumentado un 27%. Crece en intensidad y en frecuencia. La guerra en Gaza ha marcado el final de 2023, con sus más de 17.000 víctimas mortales contabilizadas hasta el momento, las advertencias por parte de Naciones Unidas del riesgo de colapso humanitario y de genocidio de la población palestina atrapada en la Franja, así como el pulso entre el primer ministro Benyamín Netanyahu y el secretario general de la Naciones Unidas, António Guterres, para intentar lograr un alto el fuego. En esta crisis continuada del orden liberal y en plena discusión sobre la validez del derecho internacional, Israel ha asestado un golpe profundo a la credibilidad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad se ha convertido en un instrumento para la parálisis; una tenaza al servicio de los intereses de viejas potencias que han llevado a Guterres a admitir públicamente la frustración de la impotencia. Unas Naciones Unidas que, debilitadas políticamente, se aferran a su acción humanitaria sobre el terreno para intentar marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Más de 130 trabajadores humanitarios de Naciones Unidas han perdido la vida en Gaza desde el 7 de octubre, el mayor número de fallecidos entre su personal en un conflicto de su historia. 2023 ha sido un año violento. Se estima que 1 de cada 6 personas en el mundo ha estado expuesta a un conflicto en los últimos doce meses. La sensación de impunidad y de menosprecio por la legislación internacional se ha agravado. No solo en Gaza. El enquistamiento de la guerra en Ucrania; la expulsión de la población de origen armenio de Nagorno Karabaj; o la sucesión de golpes de estados vividos en seis países africanos en los últimos 36 meses dan buena cuenta de este momento de «desregulación del uso de la fuerza», que se ha ido fraguando durante años de erosión de las normas internacionales. Y si a finales de 2023 asistimos a la retirada de las tropas internacionales del G-5 Sahel desplegadas en Burkina Faso y Níger, como ya ocurrió un año antes con la expulsión de los soldados franceses de Mali, en 2024 será la misión de Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS) la que tendrá que abandonar el país antes del 29 de febrero. Una retirada que Human Rights Watch ha calificado de «abdicación catastrófica» porque aumenta el riesgo de atrocidades y abusos a gran escala en un escenario de guerra civil, limpieza étnica y hambruna que ya ha provocado más de siete millones de desplazados internos, convirtiendo Sudán en el país con un mayor número de desplazados internos de todo el planeta.Y, sin embargo, el combate internacional por poner límites a la impunidad se dotará de nuevos instrumentos en 2024. A partir del 1 de enero, la Convención Liubliana-La Haya en cooperación internacional para la investigación y persecución del crimen de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes internacionales podrá ser firmado (y ratificado) por los estados miembros de Naciones Unidas que deseen adherirse. Se trata del mayor tratado para la lucha contra la impunidad internacional, que facilita la cooperación interestatal en la investigación judicial de estos crímenes, garantiza la reparación para las víctimas y agiliza la extradición. En paralelo, Naciones Unidas también está elaborando una Convención contra los crímenes contra la humanidad con el objetivo de crear un tratado vinculante de derecho internacional, especialmente en un contexto marcado por el aumento de estos crímenes en países como Myanmar, Ucrania, Sudán o Etiopía. En otoño de 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas tendrá que valorar el progreso de las negociaciones. Todo ello ocurrirá coincidiendo con los 30 años del genocidio de Rwanda.En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra en Ucrania, hasta ahora sin consecuencias. Sin embargo, si en noviembre de 2024 Putin decidiera asistir a la próxima cumbre del G-20 en Brasil, eso supondría un desafío para el país anfitrión ya que, a diferencia de India, Brasil sí es parte del Estatuto de Roma de 1998, el tratado internacional que condujo a la creación de la CPI. Si en un principio el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Putin no sería detenido en caso de acudir a la cumbre, después matizó que la decisión recaería sobre la justicia brasileña y no en el Gobierno. A pesar del pesimismo que pueda generar la eficacia de estos tratados, en los últimos meses hemos visto como, tras la ofensiva militar azerí en Nagorno Karabaj, Armenia ratificó en noviembre el Estatuto de Roma de la CPI, adquiriendo el estatus de país miembro a partir de febrero de 2024. Además, a finales de 2023, Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, las Comores y Djibouti reclamaron una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Palestina. Asimismo, en noviembre de 2023, las autoridades judiciales francesas emitían una orden de detención internacional contra el presidente sirio Bashar al-Assad –rehabilitado este mismo año con su retorno a la Liga Árabe, más de una década después de su expulsión– y varios generales sirios por el uso de armas químicas contra su población civil en 2013.2. La democracia, a examenMás de 4.000 millones de personas están llamadas a las urnas en 76 países, casi el 51% de la población mundial. Mientras la mayoría de la ciudadanía de estos países votará en democracias plenas o con imperfecciones, uno de cada cuatro votantes participará en comicios en regímenes híbridos y/o autoritarios. Países como Rusia, Túnez, Argelia, Bielorrusia, Rwanda o Irán instrumentalizarán estos procesos electorales para tratar de fortalecer a los liderazgos en el poder y ganar legitimidad ante sus ciudadanos, mientras que casi la otra mitad del electorado ejercerá su derecho a voto en países que, en los últimos años, han mostrado una erosión democrática o tentaciones iliberales, como en Estados Unidos o India.2023 se cierra con la toma de posesión del «anarcocapitalista» Javier Milei a la presidencia argentina, que confirma la profunda crisis de los partidos tradicionales y el auge de las agendas radicales: desde el agresivo punitivismo penal de Nayib Bukele en El Salvador ―que aspira a la reelección en 2024―, a la irrupción electoral de Renovación Popular en Perú, refundada por el hoy alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Respuestas extremas a los distintos escenarios de crisis político-económicas y de seguridad. En Europa, las urnas europeas dieron una de cal y otra de arena, con la victoria de la oposición polaca, por un lado, y los buenos resultados del islamófobo Geert Wilders en los Países Bajos, por el otro. Pero el intenso ciclo electoral de 2024 será decisivo para saber si se consolida la contestación, la fragmentación y el auge del extremismo político que han transformado las democracias a nivel global, o bien si el sistema resiste.En este test democrático, el voto de las mujeres y los jóvenes será clave. Lo fueron en Polonia, como castigo a las políticas reaccionarias del Partido Ley y Justicia (PIS). En Brasil o Austria, por ejemplo, el apoyo de los hombres a fuerzas de extrema derecha es 16 puntos superior al de las mujeres. En México, las presidenciales de junio de 2024 elegirán, por primera vez a en su historia, a una mujer como presidenta del país. Las dos candidatas son Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la capital y representante del gubernamental partido de izquierdas, Morena, y Xóchitl Gálvez, en nombre de una coalición opositora de Frente Amplio por México, que agrupa, entre otros, al derechista Partido de Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En Estados Unidos, la movilización de las juventudes de origen latino será especialmente relevante. En los últimos años, más de 4,7 millones de jóvenes hispanos han obtenido el derecho a voto y su papel va a ser significativo en estados claves como Nevada o Arizona. Si bien esta cohorte tiende a mostrar una actitud e inclinación progresista, su perspectiva sobre los partidos dominantes es complicada: cuestiones identitarias, de discriminación o racismo suelen marcar su relación tanto con los Demócratas como con los Republicanos, y rechazan la identificación política, lo que refuerza la idea de que la polarización en Estados Unidos es más evidente entre los políticos que entre sus votantes. A pesar de ello, el miedo a unas elecciones injustas ha aumentado dramáticamente (del 49% en 2021 al 61% en 2023). Aunque la desigualdad económica sigue siendo la principal amenaza percibida (69%) entre los votantes estadounidenses, el mayor desafío en esta carrera electoral es, probablemente, la presencia de Donald Trump, no solo porque su futuro inmediato está en manos de los tribunales, sino también porque si su candidatura llegara a materializarse significaría que el Partido Republicano habría decidido entregar su futuro al hombre que intentó revertir los resultados electorales de hace cuatro años y que el propio comité del Congreso, que investigó la toma del Capitolio del 6 de enero de 2020, acusó de «insurrección». A partir de enero empezarán las elecciones primarias y los caucus estatales; sin embargo, a falta de concretarse los candidatos definitivos, el imaginario de un posible duelo electoral entre octogenarios se resuelve, de momento según las encuestas, a favor de Trump. Mientras tanto, la fecha del juicio al expresidente se acerca peligrosamente al supermartes del 5 de marzo, el día en que 13 estados votan en las primarias republicanas.Una investigación de The Guardian con la Universidad de Chicago afirma que un 5,5% de los estadounidenses, es decir, 14 millones de personas, creen que el uso de la fuerza está justificado para restaurar a Donald Trump en la presidencia, mientras que otro 8,9%, unos 23 millones de estadounidenses, creen que la fuerza está justificada para impedirlo. No se trata de una tendencia aislada. El riesgo de inestabilidad política y de violencia vinculada a procesos electorales va al alza, así lo confirma la Fundación Kofi-Annan.También el futuro de una Unión Europea, que afronta este invierno con dos guerras en su vecindario, se decidirá en las urnas. Además de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024, 12 estados miembros también tienen comicios. Las elecciones generales en Bélgica, Portugal o Austria serán un buen termómetro para medir la fuerza de la extrema derecha, que aspira a salir reforzada de las elecciones a la Eurocámara. Si los comicios de 2019 determinaron el fin de la gran coalición que, desde los orígenes del Parlamento Europeo, había garantizado a socialdemócratas y democristianos una mayoría de escaños en el pleno de Estrasburgo, ahora el gran interrogante está en saber dónde quedarán los límites de la derechización de la UE. Las últimas proyecciones en intención de voto muestran resultados importantes para el grupo Identidad y Democracia (ID) –hogar de partidos de extrema derecha como el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen o Alternativa para Alemania (AfD)– que llegaría hasta los 87 escaños y superaría a la otra familia de derecha radical, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que preside la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que pasaría de los 66 eurodiputados actuales a 83. Sin embargo, y a pesar de la pérdida de escaños que sufrirían las fuerzas tradicionales, el Partido Popular Europeo (PPE) seguiría como la principal familia política de la Unión. Por eso, unos de los interrogantes de este 2024 es saber si ¿estaría dispuesto el PPE, que preside el bávaro Manfred Weber, a buscar una posible mayoría con la derecha radical?Las nuevas mayorías en la UE serán cruciales para decidir el futuro de los compromisos climáticos, la continuidad de la ayuda a Ucrania y las urgentes reformas institucionales que deben facilitar la entrada de futuros miembros. La ampliación tiene que pasar de ser una promesa a una realidad, pero la UE está cada vez menos preparada para llevarla a cabo. En 2024, cuatro países candidatos a la Unión celebrarán elecciones: Bosnia y Herzegovina, Moldova, Macedonia del Norte y Georgia, además de la incógnita que pende sobre la convocatoria de elecciones en Ucrania. Según su Constitución, Ucrania debería celebrar comicios en marzo de 2024. Pero, bajo la ley marcial, impuesta tras la invasión de Rusia en 2022, con una parte del electorado reticente a ir a las urnas en plena excepcionalidad, y con ocho millones de refugiados ucranianos fuera del país, Volodímir Zelenski ya apuntó en noviembre que no era «el momento adecuado».También un Reino Unido en plena crisis política y social podría avanzar elecciones generales, previstas para enero de 2025. Con un escenario desafiante para los conservadores frente al Partido Laborista encabezado por Keir Starmer, el actual primer ministro, Rishi Sunak, tiene discreción para elegir la fecha de los comicios. Otro de los interrogantes es Libia que, tras quedar pospuesto indefinidamente en 2021 el plan de Naciones Unidas de celebrar elecciones, la incapacidad de alcanzar un acuerdo entre los miembros de los dos gobiernos en el este y el oeste del país ha vuelto a mover la fecha de una posible celebración de comicios a 2024.En África, se celebrarán 16 elecciones, aunque solo seis de ellas tendrán lugar en países considerados como democracias. Treinta años después de las elecciones de 1994 en Sudáfrica, que marcaron el inicio de un viaje democrático dominado desde entonces por el Congreso Nacional Africano (CNA), el panorama político empieza a cambiar. Las elecciones generales de 2024 pueden confirmar el debilitamiento del poder y de los apoyos al CNA, mientras los principales partidos de la oposición buscan alianzas para presentar una alternativa. Además, la complicada situación económica, unida a otros factores como la corrupción, ha hecho que crezcan en popularidad partidos extremistas.También en India la oposición se presenta más unida que nunca ante un Narendra Modi que aspira a renovar un tercer mandato en primavera. Aupado en el nacionalismo, la polarización y la desinformación, Modi exhibirá los logros económicos y geopolíticos del país que en 2023 superó a China como el más poblado del mundo.Finalmente, está por ver qué grado de participación podrá tener la oposición venezolana en las elecciones presidenciales pactadas por Nicolás Maduro para la segunda mitad del año. De momento, el panorama interno se ha enrarecido todavía más con la intensificación del conflicto territorial con Guyana y la movilización del ejército. 3. De la saturación informativa a la desconexión social Nos encontramos ante unas sociedades cada vez más cansadas. Abrumadas por la saturación de contenidos y exhaustas por la velocidad de los cambios que deben digerir. La incertidumbre política y electoral, así como la multiplicidad de conflictos que marcarán el 2024 alimentarán todavía más el desfase entre sociedad, instituciones y partidos políticos. La cantidad de personas que declara «evitar» ver las noticias permanece cerca de máximos históricos, y es especialmente visible en Grecia (57%), Bulgaria (57%), Argentina (46%) o el Reino Unido (41%). ¿Las razones principales? La repetición excesiva de algunas informaciones y el peso emocional que pueden comportar para la salud mental de la población. En concreto, esta fatiga apunta, según el Reuters Institute, a cuestiones como la guerra en Ucrania (39%), la política nacional (38%) y a acontecimientos relacionados con la justicia social (31%) con altos niveles de politización y polarización. Los ecos de la pandemia de la COVID-19, las imágenes de la violencia bélica y su impacto económico sobre unas condiciones de vida cada vez más adversas para la población han amplificado esta tendencia a la desconexión social, agravada por el sentimiento de soledad y la polarización. No obstante, esta reducción del consumo periodístico se ha dado en paralelo a un mayor uso de redes sociales: las nuevas generaciones, por ejemplo, cada vez prestan más atención a influencers que a periodistas. A su vez, crece la fragmentación de las redes sociales. La migración de usuarios hacia Instagram o TikTok también ha alterado la forma de consumir la actualidad, con una priorización del contenido de ocio en lugar del informativo. No se trata solo de una renuncia voluntaria a la información, sino que esta tendencia de desconexión también ha llevado a una reducción en la participación social y en los debates en redes tal como se vivieron durante las primaveras árabes en 2011, en la movilización del MeToo o en el Black Lives Matter. Casi la mitad de los usuarios de redes sociales abiertas (47%) ya no participa ni reacciona a las noticias. Pero, además, la desconexión informativa también está vinculada a la desconexión política y a las transformaciones sociales que han alterado claramente los comportamientos electorales. Los cambios demográficos relacionados con el uso de la tecnología y el contexto de volatilidad permanente también se han traducido en una menor fidelización del voto, lo que ha contribuido a la crisis de los partidos tradicionales. El elemento identitario de pertenencia a un partido ha mutado entre los más jóvenes. La identificación se construye desde el posicionamiento en cuestiones como el cambio climático, la inmigración, el racismo, los derechos de las mujeres o el colectivo LGTBI+, o incluso el conflicto de Israel y Palestina. El 65% de los adultos estadounidenses declara que se siente agotado, siempre o con frecuencia, cuando piensa en política. Según el Pew Research Center, 6 de cada 10 estadounidenses en edad de votar admite tener muy poca o ninguna confianza en el futuro del sistema político de su país. Y este descontento se extiende a las tres ramas del gobierno, a los actuales líderes políticos, y a los candidatos a cargos públicos. Cuando se les pide que resuman sus sentimientos sobre la política en una sola palabra, el 79% se muestra negativo o crítico. Las más repetidas son los adjetivos «divisiva», «corrupta», «caótica» o «polarizada», y lamentan la sobreexposición mediática de los conflictos entre republicanos y demócratas, y la poca atención prestada «a los problemas importantes que enfrenta el país». La paradoja, sin embargo, es que este descontento ha coincidido, en estos últimos años, con niveles históricamente altos de participación electoral. La duda es si se repetirán en las presidenciales del próximo noviembre, especialmente cuando coinciden con otro elemento de desafección generacional como es la gerontocracia. En 2023, la media de edad de los líderes mundiales ha sido de 62 años. Para los jóvenes, los partidos políticos tradicionales han sido incapaces de articular una forma de comunicación directa, aumentando la sensación de desconexión entre sociedad, políticos e instituciones. En este contexto, una reedición de la confrontación Biden-Trump en 2024 enfatizaría la extrema polarización entre republicanos y demócratas en un ciclo electoral considerado de riesgo. El derecho al aborto y la seguridad siguen siendo puntos fuertes de movilización para los votantes.Por otra parte, la desconexión también puede ser forzada y, en ese caso, el bloqueo informativo se convierte en un arma de represión y censura de la libertad de expresión. Irán, India y Pakistán fueron los tres países con más restricciones al acceso de Internet en la primera mitad de 2023, y los tres celebrarán elecciones en 2024. Con el auge y la consolidación de la IA, la desinformación será uno de los retos adicionales de este superaño electoral, ya que su rápido progreso, especialmente en el ámbito generativo, puede proyectar una sombra todavía mayor sobre la confianza en la información y en los procesos electorales. El perfeccionamiento de los deepfakes, la rápida y sencilla creación de imágenes, textos, audios o propaganda por IA, así como la creciente dependencia de las redes sociales para consultar e informarse de la realidad, representan un caldo de cultivo para la desinformación en un momento en el que aún no existe un control efectivo de estas tecnologías. Quizás por eso la palabra del año de 2023 para el diccionario Merriam-Webster ha sido «auténtico». Con el preludio de aquella «posverdad» de 2016, la capacidad tecnológica de manipular hoy la realidad no tiene precedentes, desde la autenticidad de una imagen a la redacción de un trabajo académico. Por eso, más de la mitad de los usuarios de redes sociales (56%) dudan sobre su propia capacidad de poder discernir aquello que es falso de la realidad en las noticias de Internet. 4. Inteligencia artificial: explosión y regulación 2023 fue el año de la irrupción de la IA generativa; el año de la presentación en sociedad de ChatGPT que, en enero, solo dos meses después de su lanzamiento, ya contaba con 100 millones de usuarios y, en agosto, llegó a los 180 millones. Pero, la revolución también trajo consigo una nueva consciencia de los riesgos, aceleración y transformación que supone una tecnología que aspira a compararse con la inteligencia humana, o incluso a mejorarla o superarla. Por eso, 2024 será un año fundamental para la regulación de la IA. Las bases ya están puestas y solo hay que repasar las distintas iniciativas en marcha. La más ambiciosa es la de la UE, que está decidida a convertirse en la primera región del mundo que se dota de una ley integral para regular la inteligencia artificial y liderar el salto adelante que hay en ciernes. La Unión ha optado por categorizar los riesgos (inaceptables, elevados, limitados o mínimos) que supone el uso de sistemas de IA y obligará a realizar una «evaluación de impacto en los derechos fundamentales» antes de que un sistema de IA de «alto riesgo» pueda ser sacado al mercado. El acuerdo alcanzado el 7 de diciembre se ratificará en el primer trimestre de 2024 y dará paso a un período de dos años hasta su implementación total en 2026.Casi también en tiempo de descuento, el G-7 adoptó el 1 de diciembre de 2023 una guía internacional para desarrolladores y usuarios de la inteligencia artificial, especialmente para la IA generativa, que menciona la necesidad de introducir medidas para gestionar la desinformación, considerada uno de los principales riesgos para los líderes del G-7 por su impacto en la manipulación de la opinión pública a las puertas de un año de sobreexcitación electoral global.Pero el debate de la gobernanza va de la mano de la carrera geopolítica por liderar la innovación tecnológica y, a diferencia de la UE, en el caso de Estados Unidos y China eso significa, además, el desarrollo de su aplicación militar. Ambos países buscan afianzar su liderazgo, y la primera cumbre mundial sobre seguridad de la IA, convocada por el primer ministro británico, Rishi Sunak, se convirtió en el punto de encuentro de los grandes poderes globales –públicos y privados; tecnoautoritarios o abiertos– intentando regular o influir en los debates sobre regularización en curso. La cumbre tendrá una segunda edición en Seúl y una tercera en París, ambas en 2024. De momento, deja sobre la mesa la «Declaración Bletchley», firmada por 28 países, que recoge un compromiso para abordar las principales amenazas de la IA, un acuerdo para examinar los modelos de IA de empresas tecnológicas antes de su lanzamiento, así como un pacto para establecer un panel global de expertos sobre inteligencia artificial, inspirado en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas. Además, en la embajada de Estados Unidos en Londres, 31 países firmaron, en paralelo, una declaración (no vinculante) para establecer límites al uso militar de la IA. Por su parte, China continúa avanzando hacia su objetivo de alcanzar un 70% de autosuficiencia en tecnología crítica para 2025, mientras va aumentando claramente su presencia en los principales organismos internacionales de estandarización relacionados con la tecnología.A toda esta hiperactividad normativa, se sumará la adopción, en septiembre de 2024, de un Pacto Digital Mundial, durante la Cumbre del Futuro que organizará Naciones Unidas. Este pacto supondrá la creación de un marco de cooperación multiactor y multisectorial entre gobiernos, empresas privadas y sociedad civil, que debería establecer unas reglas comunes que guíen el desarrollo digital en el futuro. La aplicación de los derechos humanos en Internet, la regulación de la IA y la inclusión digital serán algunos de los temas principales a discutir.Esta necesidad de regular la IA se verá acentuada también, en los próximos meses, por una creciente democratización de las herramientas de IA, lo que comportará una mayor integración en distintos sectores profesionales. El foco en una IA responsable se intensificará a escala local (más ciudades desplegando estrategias o marcos regulatorios de la IA), nacional y transnacional. Y es que, a medida que la IA adquiere un papel más importante en la toma de decisiones en toda la sociedad, la seguridad, la confiabilidad, la equidad y la responsabilidad son fundamentales. El informe anual de McKinsey sobre el uso de herramientas de IA generativa señala que un tercio de las empresas encuestadas han empezado a utilizar este tipo de programas. El sector tecnológico y de comunicaciones (40%), así como el financiero (38%) y el legal (36%), se encuentran a la cabeza en su uso y aplicación. Sin embargo, este mismo estudio también señala que justamente los sectores laborales que dependen en mayor medida del conocimiento de sus empleados serán los que verán un impacto más disruptivo de estas tecnologías –si este impacto es positivo o negativo es aún incierto–. A diferencia de otras revoluciones que han transformado el mercado laboral, son los llamados «trabajadores de cuello blanco» los que pueden sentirse más vulnerables ante la IA generativa. En cambio, un estudio del Banco Central Europeo asegura que la IA no está suplantando a los trabajadores, pero sí está reduciendo ligeramente sus sueldos, especialmente en empleos considerados como poco o medio cualificados, más expuestos a las herramientas de automatización, y entre las mujeres.En el marco de esta aceleración reguladora de la revolución digital, 2024 también será el año en que la UE desplegará, con todo su potencial, la nueva legislación de servicios y mercados digitales para fijar límites y obligaciones al poder monopolístico de las grandes plataformas y a su responsabilidad en la propagación algorítmica de desinformación y contenido dañino. A partir del 1 de enero, las Big Tech se enfrentan al imperativo de cumplir con estas regulaciones, con multas potenciales por incumplimiento que alcanzan hasta el 6% de la facturación global, según la DSA (Digital Services Act), y entre el 10% y el 20% de la facturación mundial según la DMA (Digital Markets Act). También aumentará en 2024 el flujo de datos internacionales, en particular las transferencias entre la UE y Estados Unidos, en virtud del nuevo Marco de privacidad de datos aprobado en julio de 2023. Veremos también un nuevo escrutinio por parte de ONG y grupos de defensa de los derechos digitales para determinar la legalidad y el respeto a la privacidad individual en estos intercambios.5. Resaca económica y sostenibilidad de la deudaEn 2024 serán más visibles las consecuencias económicas de la sucesión de crisis experimentadas en los últimos años, especialmente el impacto del aumento de los tipos de interés para hacer frente al mayor repunte de la inflación en cuarenta años tras la crisis energética de 2022. Asimismo, el endurecimiento de las condiciones de financiación limitará la política fiscal, tras el rápido aumento del endeudamiento para hacer frente a los impactos de la COVID-19 y la guerra en Ucrania.En este contexto, el crecimiento será débil. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no espera que la inflación se sitúe en el objetivo de la mayoría de bancos centrales hasta 2025, lo que augura tipos de interés elevados durante un largo período de tiempo, sobre todo si se vuelve a tensionar el precio del petróleo en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica. La previsión de crecimiento del FMI para 2024 es del 2,9%, una tasa muy similar a la estimada para 2023 e inferior a las tasas de crecimiento prepandemia.Sin embargo, el enfriamiento será dispar por economías. Estados Unidos parece haber evitado la recesión gracias a la fortaleza de su mercado laboral y a los estímulos fiscales, por lo que se enfrentaría a un aterrizaje suave. En ese país, las políticas de relocalización industrial, como la Inflation Reduction Act, los beneficios empresariales récord poscovid, así como la extraordinaria pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación han sido algunos de los ingredientes que explican el renacer del movimiento sindical estadounidense, sin precedentes desde los años setenta del siglo pasado. Su éxito puede ser contagioso a otros sectores y economías con mercados laborales tensionados. Así, en 2024, el descenso de la inflación y el alza de los salarios podría proveer de cierto alivio económico.En la UE habrá un mayor escrutinio sobre las cuentas públicas, especialmente de países con un menor margen financiero como Italia, tras el rápido aumento del endeudamiento para hacer frente a la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania, debido a las condiciones de financiación y la entrada en vigor de la reforma de las reglas fiscales. La «disciplina fiscal» estará también muy presente en la negociación del nuevo marco presupuestario de la UE (MFF, por sus siglas en inglés), donde la UE confrontará sus mayores deseos (apoyo a Ucrania, respaldo a la política industrial, la transición verde y aumento de las partidas para defensa, migración o el Global Gateway) con la realidad (falta de recursos y acuerdo para ampliarlos). La adopción de la Estrategia Europea de Seguridad Económica y el resultado de la investigación antidumping contra las subvenciones chinas al vehículo eléctrico determinarán en buena medida si en el frente económico la UE opta por alinearse con Estados Unidos en su competición estratégica con China o intenta mostrarse como paladín de una globalización reformada.También habrá que seguir de cerca la evolución de una China que se enfrenta a su menor crecimiento económico en 35 años, exceptuando los años de la COVID-19, lastrado por sus desequilibrios, especialmente en lo que concierne a una excesiva acumulación de deuda y a su dependencia del sector inmobiliario. El cambio de las reglas de la globalización impulsadas por la competencia estratégica de Estados Unidos lastrará también sus exportaciones y capacidad de atraer capital en un contexto en el que el liderazgo chino prioriza la seguridad económica al crecimiento. Con una demografía adversa, el país aún no ha conseguido erigir el consumo interno como motor de crecimiento.Por su parte, los países emergentes sentirán con fuerza el frenazo chino, especialmente aquellos con una mayor dependencia comercial y financiera. El éxito en términos de volumen de inversión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha visto ensombrecido por los problemas en la devolución de hasta el 60% de los préstamos, lo que ha llevado a Xi Jinping a anunciar una nueva etapa de inversiones con proyectos más pequeños. En 2024, el nuevo papel de China como prestamista de última instancia y su participación en los procesos de reestructuración de deuda de países en dificultades tendrán una creciente importancia en cómo es percibida y en su influencia geoeconómica sobre el Sur Global.Y es que un elevado número de países emergentes se encuentran en una delicada situación fiscal que, en un contexto de rápido tensionamiento de las condiciones financieras y de fortaleza del dólar, agrava también su vulnerabilidad externa. Aunque algunos de ellos, como México, Vietnam o Marruecos se están aprovechando de la reconfiguración del comercio y de las cadenas de valor (nearshoring), la mayoría de países emergentes pueden verse perjudicados por un escenario de mayor fragmentación económica. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio de bienes entre dos bloques geopolíticos hipotéticos –basados en los patrones de votación en Naciones Unidas– ha crecido entre un 4% y un 6% más lento que el comercio dentro de estos bloques desde la invasión de Ucrania.En este contexto de escaso margen monetario y fiscal, el colchón para amortiguar otra crisis es muy reducido, lo que puede exacerbar la volatilidad y el nerviosismo de los mercados ante episodios de incertidumbre. El principal foco de atención puede pasar de Ucrania a Oriente Medio, ya que los shocks de petróleo se transmiten a la economía de manera más amplia que los del gas natural. Esto podría afectar, directamente, a la UE y a España, especialmente dependientes porque importan más del 90% del petróleo que consumen. Además, las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos se encuentran en mínimos equivalentes a los de 1983, y los pocos países con margen para incrementar su producción de crudo (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia) puede que no estén por la labor de hacerlo sin concesiones políticas significativas.6. Sur(es) y Norte(s)tSi en nuestro ejercicio para 2023 anunciábamos la consolidación del Sur Global como espacio de confrontación y liderazgo, y apuntábamos a la presencia estratégica de India, Turquía, Arabia Saudí o Brasil, en 2024 esta reconfiguración dará una vuelta de tuerca más. Las contradicciones y fragmentaciones de esta lógica dicotómica Norte-Sur quedarán más expuestas que nunca. El Sur Global se ha consolidado como un actor clave en la contestación a Occidente bajo lógicas antiimperialistas o de doble rasero. La imagen más simbólica de este momento de expansión geopolítica la veremos en octubre de 2024, cuando los BRICS se reúnan en Rusia para formalizar su ampliación. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica suman a su club a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Juntos suponen el 46% de la población mundial, un 29% del PIB global, e incluyen a dos de los tres mayores productores de petróleo del mundo. De esta forma, los BRICS ganarán una voz todavía más potente, aunque inevitablemente también es posible que integren más contradicciones internas y agendas propias. No obstante, la elección de Javier Milei como presidente de Argentina, que ha confirmado su decisión de no unirse a los BRICS, también alimenta la idea de este choque de agendas e intereses en el Sur Global: Arabia Saudí e Irán son competidores por la influencia estratégica en el Golfo Pérsico, e India y China tienen sus propias disputas fronterizas en el Himalaya. El Sur Global seguirá ganando influencia, pero también heterogeneidad. Más allá de una retórica poscolonial compartida, su acción es muy diversa. El Sur Global es multirregional y multidimensional y está compuesto por regímenes políticos diferentes. Pero también es el espacio geográfico donde se consolidan los flujos comerciales globales como consecuencia de la reglobalización. El último informe anual de la OMC confirma que, a pesar de que las economías avanzadas siguen siendo actores clave del comercio mundial, ya no son dominantes. Sin embargo, si en 2023 hablábamos de la aceleración geopolítica de los «otros» con India como símbolo de este potencial liderazgo del Sur Global, en 2024 será América Latina quien tratará de adoptar un papel protagonista. Brasil será el país anfitrión del G-20, mientras que Perú acogerá la Cumbre de Cooperación Económica en Asia Pacífico (APEC).Y en esta superación de dicotomías, también el Norte Global puede sufrir una fractura interna profunda si se confirma el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. La distancia transatlántica se ha impuesto como el nuevo marco de unas relaciones con más carga transaccional que de alianza tradicional. El desencuentro entre Washington y Bruselas se agravará en 2024 cuando Estados Unidos pida a la UE aumentar su contribución al Gobierno de Volodímir Zelensky y la propia lógica de divisiones internas entre socios comunitarios lo impida. Especialmente tenso será el segundo semestre de 2024, cuando Hungría –el país más reticente de la UE sobre la ayuda militar y la futura adhesión de Ucrania– asuma la presidencia rotatoria de la Unión. Será también paradójico que esta brecha en el Norte Global se ensanche por la guerra de Ucrania. Precisamente, en 2023, la invasión rusa fue el mortero que cimentó la unidad transatlántica y confrontó a la UE y a Estados Unidos con los límites de su capacidad de influencia ante un Sur Global que cuestionaba el doble rasero de Occidente. En 2024, en cambio, la guerra en Ucrania puede aumentar la distancia entre Washington y Bruselas.A pesar de esta lógica de confrontación, la miopía geopolítica del binarismo está cada vez más fuera de lugar. Y, sin embargo, cuesta de superar. El hecho de que Estados Unidos y la UE sigan planteándose su relación con América Latina solo como espacio de explotación de recursos y de disputa geopolítica con China es parte de esa miopía. De momento, el fracaso reiterado de las negociaciones para un acuerdo UE-Mercosur alejan una vez más el sueño suramericano de poder reforzar su presencia comercial en el mercado único europeo. Las negociaciones se retomarán en el primer semestre de 2024, después de que Paraguay tome el relevo de Brasil en la presidencia de Mercosur.7. Retroceso en los compromisos internacionales2023 deja la cooperación internacional en la cuerda floja. Con un lenguaje cada vez más contundente, António Guterres declaraba que el mundo está «lamentablemente fuera de rumbo» en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en 2023 llegaron al ecuador de su implementación. 2024 tiene que demostrar si la comunidad internacional todavía es capaz y quiere consensuar respuestas coordinadas a problemas globales compartidos, a través de órganos de gobernanza colectiva. No será fácil. Estamos ante una aceleración de la crisis ecológica, ante un récord de migraciones y desplazamientos forzosos, así como ante una clara involución de la agenda para la igualdad de género.Por primera vez, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta que la demanda mundial de petróleo, carbón y gas natural alcanzará su punto máximo en esta década basándose únicamente en la configuración de políticas actuales, según World Energy Outlook 2023. A corto plazo, los países productores de combustibles fósiles ignoran las alertas climáticas y planean aumentar la extracción de carbón, petróleo y gas. La elección de un Estado petrolero, los Emiratos Árabes Unidos, como anfitrión de una cumbre climática y el nombramiento de un ejecutivo de combustibles fósiles para presidirla, ya era, como mínimo, un mal augurio. Y, sin embargo, la COP28 de Dubái ha sido la primera que ha conseguido sacar un texto que reconoce explícitamente la necesidad de «dejar atrás» los combustibles fósiles: el petróleo, el carbón y el gas, como principales responsables de la crisis climática. Si bien el acuerdo final ha sido celebrado como histórico por hacer referencia a esta necesidad de iniciar una transición (transitioning away from) para garantizar unas emisiones cero netas en 2050, el grado de ambición demostrado no es suficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Asimismo, si bien la creación de un Fondo para Pérdidas y Daños para compensar a los países más afectados por el cambio climático también es un paso positivo, la recaudación inicial de 700 millones de dólares queda muy por debajo de lo necesario. Cada año, los países en desarrollo hacen frente a 400.000 millones de dólares de pérdidas vinculadas a la acción climática. En este contexto, no solo se corre el riesgo de empeorar los impactos climáticos, sino que también veremos emerger, todavía con más fuerza, tensiones sociales y políticas entre gobiernos y sociedades por la explotación de los recursos. En Europa hay una creciente insatisfacción con las políticas de transición climática de la Unión, y el previsible ascenso de las fuerzas euroescépticas y de derecha radical en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024 puede aumentar todavía más esta presión. La hiperactividad regulatoria en cuestiones climáticas e industriales está aumentando la politización de este tema, avivando el malestar social en ciertos estados miembros. Italia, Polonia, los Países Bajos y ciertos sectores de Alemania, en especial del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), están tratando de limitar las ambiciones de la UE en materia climática. La llegada del nuevo Gobierno sueco, apoyado por la derecha radical, ha frenado de golpe los compromisos climáticos que lideraba uno de los países de la UE que más ha contribuido a las políticas medioambientales comunitarias. Un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca también haría tambalear de nuevo algunos de los limitados avances domésticos e internacionales en este ámbito.Según una encuesta realizada por Ipsos, mientras una gran parte de los hogares europeos continúan dando prioridad al medio ambiente frente al crecimiento económico, esta proporción está en declive: si en 2019 un 53% de los hogares preferían la protección del medio ambiente, en 2022 esta cifra se había reducido cinco puntos, pese al impacto evidente de los fenómenos climáticos. Sin embargo, esta tendencia de «no en mi patio trasero» no se limita a Europa. A finales de 2023, hemos visto la resistencia de los panameños contra la ampliación de contratos de minería. Algunos expertos hablan de «choque de ambientalismos» para referirse a la confrontación que surge entre aquellos que quieren proteger los recursos naturales de su país y el deterioro de los ecosistemas, y los intereses de gobiernos que buscan recursos para alimentar su transición energética. Lo mismo puede ocurrir en la UE. A principios de 2024, entrará en vigor la Ley de Materias Primas Críticas que quiere garantizar el suministro de níquel, litio, magnesio y otros materiales esenciales para la transición verde y las industrias estratégicas, vitales para los coches eléctricos y las energías renovables, los equipos militares y los sistemas aeroespaciales, así como para los ordenadores y los teléfonos móviles. Y, en este contexto, la UE prevé revivir la minería en el continente. Una decisión que puede movilizar protestas ecologistas en la Unión en los próximos meses.También en 2024 se espera que los estados miembros de Naciones Unidas lleguen a un acuerdo global para acabar con la contaminación por plásticos. Será un tratado internacional, jurídicamente vinculante, considerado como el pacto medioambiental multilateral más importante desde el Acuerdo de París, y que fijará un plan de actuación hasta 2040.Sin embargo, son las políticas de género y las políticas migratorias las que están más expuestas a esta ola radical que ha transformado las agendas gubernamentales, sobre todo, en la UE y en América Latina. Si bien es verdad que la igualdad de género durante 2023 se ha recuperado a niveles previos a la pandemia, el ritmo de progreso se ha desacelerado. A este paso, se necesitarán 131 años para alcanzar la plena paridad. Aunque la proporción de mujeres contratadas para puestos de liderazgo ha aumentado de manera constante en aproximadamente un 1% anual a nivel mundial durante los últimos ocho años, esta tendencia se revirtió en 2023, retrocediendo a los niveles de 2021. Las emergentes políticas exteriores feministas, que definían aquellos países con un claro compromiso de promover la igualdad de género en las relaciones internacionales, han sumado cuatro bajas importantes en los últimos meses: Suecia, Luxemburgo, los Países Bajos y Argentina. Los cambios de Gobierno, junto con la creciente politización y polarización de las cuestiones percibidas como «feministas», han demostrado el fácil abandono de estas iniciativas, dependientes de las orientaciones progresistas de los gobiernos en el poder. México, otro de los países que ha adoptado estas políticas, se enfrentará a unos comicios en junio que también marcarán la continuidad o el abandono de su compromiso con la igualdad de género en la acción exterior. Y, pese a no tener una política exterior feminista, el retorno de Trump a la Casa Blanca podría llevar al restablecimiento de políticas restrictivas sobre el aborto y de recortes de financiación contra las ONG internacionales que promueven los derechos sexuales y reproductivos.Además, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) denuncia el resurgimiento de tendencias antifeministas en países como Croacia e Italia, destacando discursos sexistas y homófobos por parte de líderes europeos como Viktor Orbán, Andrzej Duda o Giorgia Meloni, que justifican ataques a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+ y socavan años de esfuerzos para lograr avances en la ruptura de los estereotipos de género. Si bien el Plan de Acción en materia de Género III de la UE tiene vigencia hasta 2025, un cambio de orientación política en Bruselas también diluiría los compromisos de uno de los actores más implicados en este ámbito. En una nota más positiva, será interesante seguir en 2024 los avances de Naciones Unidas respecto a la Convención contra los crímenes contra la humanidad, ya que movimientos feministas y de la sociedad civil de todo el mundo aprovecharán esta oportunidad para tratar de codificar el apartheid de género como crimen contra la humanidad –especialmente debido a la continua discriminación y opresión del régimen talibán hacia las mujeres afganas y a la situación de las mujeres iraníes.También las políticas migratorias europeas han formalizado un retroceso importante. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que está previsto que salga adelante antes de las elecciones europeas de 2024, supone una legitimación de las políticas antiinmigración de la UE. Dicho pacto permite retrasar el registro de los solicitantes de asilo, instaurar procedimientos de asilo fronterizos de segunda categoría y ampliar el tiempo de detención en frontera; es decir, rebaja estándares y legaliza lo que hasta ahora era directamente ilegal. Este acuerdo en ciernes refleja los niveles de polarización y politización que marcan el paso de la respuesta europea a las migraciones. Y, en plena precampaña electoral, la utilización política del debate migratorio será todavía más evidente en los próximos meses. Ello forma parte, además, de otro proceso más de fondo: las políticas de externalización de la migración de la UE, que han alimentado también la estigmatización de los inmigrantes y refugiados en la región de Oriente Medio y Norte de Africa (MENA por sus siglas en inglés). 8. Desbordamiento humanitarioLas guerras y la violencia impulsaron el desplazamiento forzado a escala mundial hasta una cifra récord estimada de 114 millones de personas a finales de septiembre de 2023, según ACNUR. Los principales generadores de estos desplazamientos forzados fueron la guerra en Ucrania y los conflictos en Sudán, la República Democrática del Congo y Myanmar; además de la sequía, las inundaciones y la inseguridad que azota Somalia; así como una prolongada crisis humanitaria en Afganistán.Solo en los primeros seis meses de 2023, se presentaron 1,6 millones de nuevas solicitudes individuales de asilo a nivel mundial, la cifra más alta jamás registrada. No se trata de una situación excepcional. La reactivación de conflictos olvidados ha aumentado los niveles de volatilidad y violencia. En octubre de 2023, más de 100.500 personas –más del 80% de los 120.000 habitantes estimados de Nagorno Karabaj– huyeron a Armenia tras la toma de control del enclave por parte de Azerbaiyán. También hubo miles de desplazados en el norte de Shan, por la escalada de combates entre las Fuerzas Armadas de Myanmar y varios grupos armados. A finales de octubre de 2023, casi dos millones de personas se encuentran desplazadas internamente en Myanmar, en condiciones precarias y necesitadas de asistencia vital. Y las imágenes de más de un millón de palestinos huyendo de sus hogares por los bombardeos israelíes, que se iniciaron tras el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre, reflejan la crisis humanitaria que azota Gaza.Sin embargo, este incremento en el número de refugiados y desplazados no ha ido acompañado de un refuerzo de la ayuda internacional necesaria para cubrir sus necesidades. Más de un millón de refugiados rohingya en Bangladesh deberán hacer frente al menguante compromiso internacional. En 2023, Naciones Unidas redujo un tercio la asistencia alimentaria y la ayuda humanitaria a este colectivo. La falta de financiación internacional disminuyó considerablemente los niveles de asistencia en 2023, y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se vio obligado a recortar entre un 30% y un 50% el tamaño y el alcance de la asistencia alimentaria, monetaria y nutricional que ofrece. 2.300 millones de personas, casi un 30% de la población mundial, hoy están al límite de una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. El alza continuada del precio de los alimentos en 2024 y el impacto de las condiciones meteorológicas adversas en la producción agrícola pueden empeorar todavía más esta situación. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas prevé que entre 105 y 110 millones de personas necesitarán asistencia alimentaria al menos hasta principios de 2024, con un aumento de las necesidades en las regiones de África Austral y América Latina y el Caribe, y una disminución neta en África Oriental.De momento, los expertos alertan sobre el riesgo de una nueva crisis del arroz en 2024, como consecuencia de la restricción en las exportaciones que impuso India para intentar contener los efectos del descenso de producción interna. La ola expansiva de esta prohibición ha provocado también el encarecimiento de los precios del arroz en Tailandia y Vietnam, segundo y tercer mayor exportador de arroz después de India, que han visto aumentar los precios un 14% y un 22%, respectivamente. A ello se suman los efectos del fenómeno climático de El Niño, asociado con el calor y la sequía en todo el Océano Pacífico, que puede dañar la producción de 2024. Por todo ello, los expertos advierten que, si India mantiene las restricciones actuales, el mundo va camino de repetir la crisis del arroz de 2008. El fenómeno de El Niño, que no se disipará hasta mediados de 2024, suele estar asociado, por una parte, a un incremento de las precipitaciones en algunas zonas meridionales de América del Sur, del sur de los Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia central; pero, por la otra, también puede provocar graves sequías en Australia, Indonesia y partes del sureste asiático. El último episodio de este fenómeno, en 2016, significó el año más cálido jamás registrado, con unos récords globales de calor que todavía no se han superado.Los gobiernos donantes y las agencias humanitarias deben prepararse para un 2024 de grandes necesidades de asistencia en múltiples regiones. 2023 ya nos ha dejado varias muestras de ello: sequía extrema en el Amazonas y restricciones del tráfico marítimo en el canal de Panamá; incendios forestales en Bolivia y cortes de luz diarios en Ecuador debido a la baja producción de electricidad que proviene en más del 80% de centrales hidroeléctricas; las peores inundaciones registradas en el noroeste de Argentina, que provocaron además deslizamientos de tierra que afectaron a más de 6.000 personas; y un devastador huracán de categoría 5 en México que sorprendió a autoridades y científicos, los cuales no pudieron prever la intensidad del fenómeno. 9. Securitización versus derechosEl conflicto entre seguridad y derechos fundamentales ha sido una constante en 2023, y la incertidumbre electoral de los próximos meses fomentará, todavía más, la tentación de las políticas de control y mano dura. El debate público en toda América Latina, sin excepción, ha quedado copado por la seguridad, con efectos directos sobre otras crisis como la migratoria, que desde hace una década afecta a todo el continente, y que en 2024 se prevé todavía más intensa. El bukelismo gana adeptos. El nuevo presidente argentino, Javier Milei, ha declarado su admiración por las políticas de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. También la campaña electoral en Ecuador estuvo muy marcada por el debate de la seguridad. El continente lucha contra una nueva ola de criminalidad que se ha extendido a países tradicionalmente más estables, que ahora forman parte de rutas rentables del narcotráfico, como son los casos de Paraguay y Argentina. El tráfico de personas, sobre todo la explotación criminal de la crisis migratoria venezolana, también ha crecido en toda América Latina. En este contexto, Naciones Unidas y la Interpol han puesto en marcha una iniciativa conjunta contra la trata de seres humanos. Está por ver el impacto que las elecciones venezolanas puedan tener en esta crisis migratoria, que ya ha provocado la salida de más de siete millones de personas desde 2014.Asimismo, con el aumento de la impunidad, también ha crecido el riesgo de la tentación autoritaria por parte de los gobiernos de la región latinoamericana, con la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento democrático en todo el continente. También en la UE. La sensación de vulnerabilidad se ha convertido, desde hace tiempo, en un revulsivo político para determinadas fuerzas en Europa. Desde el inicio de la guerra en Gaza, algunos países europeos han extremado la seguridad por miedo a atentados, hasta el punto de prohibir manifestaciones de apoyo a la población palestina, como fue el caso en Francia. En este sentido, la securitización de los movimientos sociales también emerge como una estrategia que seguirá ganando peso en 2024. Cada vez más, los gobiernos democráticos están extremando la presión sobre los movimientos de protesta: multas, prohibiciones de la libertad de expresión o persecución judicial están empequeñeciendo el espacio de la protesta civil. En este contexto, la UE ha llegado a un acuerdo en 2023 para legislar contra las demandas estratégicas que pretenden desincentivar la participación pública o silenciar a medios independientes (las llamadas SLAP, en sus siglas en inglés) que debería ratificarse antes del final de mandato.Finalmente, el debate de la seguridad y su efecto sobre los derechos individuales marcará también los meses previos a los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Grupos de derechos humanos han denunciado los planes del Gobierno francés para la utilización de cámaras de reconocimiento con IA para detectar en tiempo real actividades sospechosas en las calles de la capital durante los juegos. La tecnología es un elemento crucial de la transformación que vive el binomio seguridad y conflicto. Los drones se han convertido en un arma clave para la resistencia en Ucrania, como también lo fue en el arsenal de Hamás utilizado en su ataque del 7 de octubre contra Israel. Precisamente unos Estados Unidos en pleno recorte presupuestario han asignado, en cambio, una inyección de dinero extra, en 2024, al Pentágono para el desarrollo de la llamada «guerra electrónica». 10. Desacoplamiento entre intereses y valoresHay un hilo conductor en muchos de los puntos anteriores que hilvana un mundo cada vez más diverso y (des)ordenado a través de intereses y alianzas cambiantes. En su informe de prospectiva estratégica de 2023, la Comisión Europea reconoce que la «batalla de narrativas» que durante tanto tiempo utilizó como argumento de la confrontación geopolítica entre democracia y autoritarismo está quedando obsoleta. Ello va más allá de la constatación de que Occidente ha perdido la batalla por el relato de la guerra de Ucrania y de que su doble rasero ante los conflictos del mundo empequeñece la capacidad de influencia de la UE. El caso de Sudán es el ejemplo más claro de cómo Occidente puede comprometerse con guerras que considera existenciales para la supervivencia de sus propios valores, como la de Ucrania, mientras ignora el genocidio que se está cometiendo, con asesinatos casa por casa, en los campos de refugiados de Darfur.El mundo se ha transformado en una «batalla de ofertas» que configura tanto la opinión pública como la acción de los gobiernos. Crece la diversidad de opciones y de alianzas. Las narrativas hasta hace poco hegemónicas o están contestadas o ya no sirven para explicar la realidad. En esta «multipolaridad desequilibrada» (unbalanced multipolarity), con potencias medianas marcando agendas regionales, los grandes actores tradicionales están obligados a buscar su propio espacio. La competición global por los recursos que deben alimentar las transiciones verde y digital acentúa, todavía más, esta geometría variable de acuerdos y alianzas. Y los resultados del ciclo electoral de 2024 pueden acabar reforzando está transformación. La tentación aislacionista de Estados Unidos es una realidad. Vladímir Putin revalidará en las urnas su capacidad de resistencia, después de haber sorteado los efectos de las sanciones internacionales y de haber construido un andamio económico para resistir una guerra larga en Ucrania. En India, la popularidad de Narendra Modi permanece intacta y alimenta el dominio de su partido. El interrogante electoral dibuja un 2024 que empieza totalmente abierto. La crisis del orden liberal, agudizada por la reacción internacional a los últimos conflictos, y la erosión del multilateralismo –con el desafío explícito a Naciones Unidas– alimentan todavía más esta sensación de dispersión del poder global hacia una variedad de potencias medianas dinámicas, capaces de ayudar a moldear el entorno internacional en las próximas décadas.Arranca un año clave para evaluar la capacidad de resistencia de unos sistemas democráticos sometidos, desde hace tiempo, a una profunda erosión. Estaremos pendientes del resultado de las urnas, así como de los límites de la impunidad con que actúan, cada vez más desacomplejadamente, las armas.Calendario CIDOB 2024: 75 fechas para marcar en la agenda1 de enero – Renovación Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Argelia, Guyana, la República de Corea, Sierra Leona y Eslovenia empezarán a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros no permanentes en sustitución de Albania, Brasil, Gabón, Ghana y los Emiratos Árabes Unidos que finalizan membresía. 1 de enero – Disolución de la República de Artsaj. La autoproclamada república de Nagorno Karabaj dejará de existir a comienzos de año, después de más de tres décadas de control del territorio. En septiembre de 2023, Azerbaiyán emprendió una ofensiva militar con el objetivo de reintegrar este enclave de población mayoritariamente armenia. Esta ofensiva llevó a la autoproclamada república a anunciar su disolución. 1 de enero – Ampliación de los BRICS. Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán se unirán como miembros de pleno derecho en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Finalmente, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha descartado el ingreso de su país. 1 de enero – Presidencia belga del Consejo de la UE. Bélgica asumirá la presidencia rotatoria de la UE en substitución de España y hasta el 30 de junio. El semestre belga marcará el fin de este ciclo institucional en la Unión Europea. 7 de enero – Elecciones parlamentarias en Bangladesh. Estos comicios tendrán lugar en un contexto de una profunda división política del país. Esta división ha llevado a manifestaciones multitudinarias por parte de la oposición a finales de 2023 para reclamar un gobierno interino que supervise las elecciones. La actual primera ministra, Sheikh Hasina Wajed, aspira a renovar su mandato tras 15 años en el poder, mientras su principal contendiente, la líder del Partido Nacional de Bangladesh, Khaleda Zia, se encuentra actualmente en arresto domiciliario por cargos de corrupción. 13 de enero – Elecciones generales en Taiwán. Por primera vez desde la democratización de Taiwán, tres candidatos compiten por la presidencia tras el fracaso de la oposición para establecer un frente común: el actual vicepresidente, Lai Ching-te del gobernante Partido Democrático Progresista; Hou You-yi del Kuomintang; y Ko Wen-je, exalcalde de Taipéi y líder del Partido Popular Taiwanés. El resultado de estas elecciones marcará el curso de la política de Taiwán respecto a China, con la mirada puesta en Estados Unidos, en un momento de crecientes tensiones entre Taipéi y Beijing. 14 de enero – Toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. La victoria del candidato del Movimiento Semilla en las elecciones de 2023 supuso una sorpresa general. Desde la celebración de los comicios, la tensión política y social se ha intensificado en el país debido a los esfuerzos de la fiscalía guatemalteca por impugnar los resultados electorales y evitar que Arévalo asuma el cargo. 15 – 19 de enero – Foro de Davos. Cita anual que reúne a los principales líderes políticos, altos ejecutivos de las compañías más importantes del mundo, líderes de organizaciones internacionales y ONGs, así como personalidades culturales y sociales destacadas. Esta edición se enfocará principalmente en examinar las oportunidades proporcionadas por el desarrollo de las tecnologías emergentes y sus repercusiones en la toma de decisiones y la cooperación internacional. 15 – 20 de enero – 19ª Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados. Uganda será la sede de la próxima Cumbre formada por los 120 países pertenecientes a esta agrupación de estados. El lema de esta edición es «Profundizar la cooperación para una riqueza global compartida» y está previsto que se aborden múltiples retos globales actuales con el objetivo de fomentar la cooperación entre los estados miembros. 21 – 23 de enero – Tercera Cumbre del Sur del G-77 + China. Uganda será la anfitriona de este foro que, bajo el lema «No dejar a nadie atrás» busca promover la cooperación Sur-Sur. Los 134 países miembros de Asia, África, América Latina y el Caribe se focalizarán en ámbitos como el comercio, la inversión, el desarrollo sostenible, el cambio climático y la eliminación de la pobreza. 4 de febrero – Elecciones presidenciales en El Salvador. Nayib Bukele, quien encabeza el partido Nuevas Ideas y ocupa actualmente la presidencia de El Salvador, se perfila como el claro favorito para su reelección. Desde marzo de 2022, el país se encuentra en estado de excepción, como respuesta a los desafíos de seguridad que afectaban a la nación. 8 de febrero – Elecciones generales en Pakistán. Desde la destitución de Imran Khan como primer ministro en abril de 2022, Pakistán se encuentra en una situación de inestabilidad política, una profunda crisis económica y un aumento de la violencia por grupos armados. Los comicios serán supervisados por un gobierno interino creado tras la disolución del Parlamento pakistaní en agosto de 2023. 14 de febrero – Elecciones presidenciales y legislativas en Indonesia. Tres aspirantes compiten por suceder al actual presidente, Joko Widodo, que, después de dos mandatos, no puede presentarse a la reelección. El próximo líder se enfrentará al desafío de impulsar el crecimiento en una economía dependiente del consumo interno, impulsar el desarrollo de la industria tecnológica y gestionar las presiones de China y Estados Unidos para proteger sus intereses nacionales. 16 – 18 de febrero – 60ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Con carácter anual, es el mayor foro independiente sobre políticas de seguridad internacional que reúne a figuras de más de setenta países con cargos de alto nivel. El fortalecimiento de un orden internacional basado en reglas, el impacto de las guerras en Ucrania y Gaza, la resistencia frente a tendencias revisionistas o las implicaciones del cambio climático para la seguridad serán algunos de los temas principales en la agenda de este año. 17 – 18 de febrero – Cumbre de la Unión Africana. Etiopía, quien ostenta la presidencia de la Unión Africana, será la organizadora de la cumbre. Este año se examinarán algunos de los numerosos frentes abiertos en el continente. Estos ejemplos incluyen: la situación de inestabilidad en el Sahel, la creciente inseguridad alimentaria mundial, los desastres naturales en el continente o el retroceso democrático. Además, las tensiones entre Marruecos y Argelia serán centrales ya que ambos países aspiran a la presidencia. 25 de febrero – Elecciones presidenciales en Senegal. Tras múltiples olas de protestas, el actual presidente senegalés, Macky Sall, anunció su decisión de no presentarse a un tercer mandato. Ha sido la primera vez en la historia democrática del país que un presidente incumbente no se presenta a la reelección. La necesidad de garantizar puestos de trabajo para la población joven del país será una de las cuestiones centrales en la campaña electoral. 26 – 29 de febrero – Mobile World Congress. Barcelona acoge el mayor evento de telefonía móvil del mundo donde reúne a las principales empresas tecnológicas y de comunicación internacionales. Esta edición estará dedicada a la tecnología 5G, la conectividad, la promoción de una inteligencia artificial humanista, o la transformación digital, entre otros temas. 1 de marzo – Elecciones parlamentarias en Irán. Con la mirada puesta en la sucesión del ayatolá Ali Jamenei por cuestiones de edad, los iraníes elegirán a los representantes de la Asamblea Consultiva Islámica y la Asamblea de Expertos; esta última encargada de elegir al nuevo líder supremo en los próximos años. No obstante, estos comicios se encontrarán marcados por la escalada de tensiones en Oriente Medio, y la profunda crisis económica y social que ha aumentado la desafección popular con el régimen. 8 de marzo – Día internacional de la mujer. Se ha convertido en una fecha clave en la agenda política y social de muchos países, como lo demuestran las movilizaciones masivas que han tomado impulso en los últimos años especialmente en América Latina, Estados Unidos y Europa. El objetivo común es la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de género en todo el mundo. 10 de marzo – Elecciones parlamentarias en Portugal. El país afronta elecciones anticipadas después de la crisis institucional abierta por la dimisión del primer ministro socialista António Costa. El exjefe de gobierno portugués fue objeto de una investigación judicial por presuntos delitos de corrupción que afectaron directamente a varios miembros de su gabinete. 17 de marzo – Elecciones presidenciales en Rusia. Aunque se presume que Vladímir Putin logrará la reelección manteniéndose en el poder hasta 2030, Rusia acude a las urnas en un contexto marcado por múltiples desafíos de seguridad interna. La retirada rusa de la región ucraniana de Járkov, el impacto de la guerra en Ucrania, el fallido levantamiento por parte de Wagner el pasado junio y los disturbios antisemitas en el Cáucaso Norte en octubre de 2023, podrían forzar a Putin a realizar profundas remodelaciones de la cúpula política y militar aprovechando el calendario electoral. 18 de marzo – Décimo aniversario de la anexión rusa de Crimea. La anexión de Crimea por parte de Rusia, país que había invadido la región semanas antes, fue formalizada mediante un referéndum sobre el estatus político de Crimea que sucedió sin reconocimiento internacional. La anexión se produjo tras la caída del entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, de orientación prorrusa, tras una serie de protestas que exigían una mayor integración europea. 21 – 22 de marzo – Cumbre sobre Energía Nuclear. La Agencia Internacional de la Energía Atómica junto al Gobierno belga reunirá en Bruselas a más de 30 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, así como a representantes de la industria energética y de la sociedad civil. La cumbre busca potenciar la energía nuclear frente a los desafíos que suponen la reducción del uso de combustibles fósiles, la mejora de la seguridad energética y el desarrollo económico sostenible. 31 de marzo – Elecciones presidenciales en Ucrania. Según la Constitución ucraniana, las elecciones presidenciales deben celebrarse en el último domingo de marzo durante el quinto año del mandato presidencial. Sin embargo, no es seguro que se acaben convocando ya que la ley marcial, impuesta desde el inicio de la invasión rusa del país en 2022, no permite su celebración. La falta de fondos y la oposición popular de los ucranianos a la celebración de los comicios en tiempo de guerra son factores a destacar. 31 de marzo – Elecciones locales en Turquía. El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de la oposición, aspira a conservar el control de los municipios clave que obtuvo en 2019. Entre ellos, la capital, Ankara, Estambul, y otras ciudades significativas. La reelección de Recep Tayyip Erdoğan y la retención de la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2023 han motivado a su formación, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), a tratar de recuperar terreno a nivel municipal. 7 de abril – 30 aniversario del inicio del genocidio en Rwanda. Tras la muerte de los presidentes de Burundi y Rwanda al estrellarse el avión en el que viajaban, se inició una campaña de exterminio sistemático organizada por el gobierno hutu contra la población tutsi que duraría 100 días. El 15 de julio de 1994, el Frente Patriótico Rwandés estableció un gobierno interino de unidad nacional en Kigali que pondrían fin al genocidio. Se estima que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas. Abril – Mayo – Elecciones generales en la India. Pese a las crecientes tendencias iliberales, la «mayor democracia del mundo» acude a las urnas entre abril y mayo. El actual primer ministro indio, Narendra Modi, aspira a un tercer mandato frente a una oposición más unida que nunca bajo la Alianza Inclusiva de Desarrollo Nacional de la India (INDIA por sus siglas en inglés). 2 de mayo – Elecciones locales en Reino Unido. Las elecciones para renovar los consejos locales y alcaldías en Inglaterra, incluyendo Londres y el condado de Gran Manchester, serán un indicador del nivel de apoyo tanto para el Partido Laborista como para los Conservadores, anticipando las elecciones generales previstas para enero de 2025. 5 de mayo – Elecciones generales en Panamá. La sociedad civil panameña elegirá nuevos representantes para la presidencia, Asamblea Nacional, alcaldía y otros representantes locales. Este proceso electoral tiene lugar en un contexto de marcada polarización y creciente tensión social, acentuadas por temas relacionados con la seguridad interna, disputas políticas y la gestión de los recursos naturales. 19 de mayo – Elecciones presidenciales y legislativas en la República Dominicana. El actual presidente, Luis Abinader, líder del Partido Revolucionario Moderno, busca la reelección en unas elecciones en las que la mayoría de los partidos de la oposición se unirán bajo la Alianza Opositora Rescate, RD. Las tensiones territoriales, migratorias y económicas con la vecina Haití serán temas centrales durante la campaña electoral. Junio – Elecciones presidenciales en Mauritania. El actual presidente, Mohammed Ould Ghazouani, buscará la reelección después de cuatro años de un gobierno continuista que comenzó tras la salida del expresidente Mohammed Ould Abdelaziz en 2019, quien hoy enfrenta acusaciones de múltiples delitos de corrupción. El ganador de las elecciones deberá afrontar crecientes tensiones sociales, así como conflictos geopolíticos en toda la región. 2 de junio – Elecciones generales y federales en México. Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), parte como clara favorita frente a la principal candidatura opositora del Frente Amplio por México, integrado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). En estas elecciones no solo se elige a la presidencia y el gobierno, sino también a senadurías y diputaciones federales, así como miles cargos estatales y/o municipales en 30 de las 32 entidades federativas. 6 – 9 de junio – Elecciones al Parlamento Europeo. Las elecciones se llevarán a cabo de manera simultánea en los 27 países que conforman la Unión Europea. Una de las mayores incógnitas será conocer el avance de los partidos populistas y de extrema derecha, el peso de las familias tradicionales socialdemócrata y conservadora, y las posibles alianzas que puedan surgir para la elección posterior de los principales cargos europeos. 9 de junio – Elecciones federales en Bélgica. Coincidiendo con la presidencia belga de la Unión Europea, el país celebrará elecciones federales, europeas y regionales el mismo día. Una de las incógnitas más significativas será el resultado del partido de ultraderecha Vlaams Belang, que aspira a aumentar considerablemente su apoyo hasta poner a prueba la resistencia del cordón sanitario que los ha mantenido hasta ahora apartados del poder. 13 – 15 de junio – 50ª Cumbre del G-7 en Italia. Savelletri, un pequeño pueblo en la región italiana de Apulia será el escenario de una nueva edición del G-7. En esta reunión, se abordarán los principales desafíos geopolíticos a nivel mundial y su impacto en la economía internacional, junto con otros temas fundamentales para la agenda italiana, como la inmigración y las relaciones con África. 20 de junio – Día Mundial del Refugiado. El número de personas desplazadas por la fuerza en 2023 ha alcanzado cifras récord. Los impactos de la guerra en Ucrania, los numerosos conflictos en Oriente Medio y en el continente africano, así como las catástrofes naturales vinculadas al cambio climático, han llevado a un mayor número de desplazados internos y refugiados. Durante esta semana de junio, se dará a conocer el informe anual de ACNUR de tendencias de desplazamientos forzados en todo el mundo. Primer semestre – Despliegue de la Misión Internacional en Haití. Kenia liderará el despliegue de un contingente de seguridad en el cual participarán diferentes países. El objetivo es hacer frente a la violencia de las pandillas haitianas que han provocado una importante crisis de seguridad y de gobernabilidad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, previa solicitud del secretario general y del primer ministro haitiano, autorizó una misión multinacional de seguridad con un año de duración, en octubre de 2023. Primer semestre – Cumbre del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD). India acogerá una nueva edición de este foro estratégico del Indo-Pacífico del que forman parte Australia, India, Japón y Estados Unidos para abordar cuestiones comunes en materia de comercio, tecnologías críticas, derechos humanos o cambio climático.Julio – 24ª Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai. Kazajistán asume la presidencia anual del principal foro regional de Asia Central en materia de seguridad, economía y política, compuesto por China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Los ejes de la presidencia kazaja estarán centrados en cuestiones de seguridad y unidad regional, así como en el desarrollo económico y el comercio regional. Además, se espera que Bielorrusia ingrese en la organización este año. 1 de julio – Hungría asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Durante el segundo semestre del año, Hungría asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, en plenas tensiones con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo por sus incumplimientos de la legislación comunitaria. 8 – 18 de julio – Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Líderes y representantes mundiales se reunirán en Nueva York para realizar el seguimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de presentar Informes Nacionales Voluntarios de los ODS. El lema de esta edición será «Reforzar la Agenda 2030 y erradicar la pobreza en tiempos de múltiples crisis: la adopción eficaz de soluciones sostenibles, resilientes e innovadoras». 09 – 11 de julio – Cumbre de la OTAN. Washington será la sede de la cumbre de la Alianza Atlántica donde se prevé la presentación de una estrategia de seguridad para el flanco sur en respuesta al mandato surgido de la cumbre de Vilna de 2023. Además, en 2024 se cumple el 75 aniversario de la fundación de la OTAN. 26 de julio – 11 de agosto – Juegos Olímpicos de Verano en París. Francia acoge la XXXIII edición del principal acontecimiento deportivo mundial que se realiza cada cuatro años; una buena oportunidad para el país anfitrión de dinamizar una economía estancada en los últimos años. Agosto – Elecciones presidenciales y parlamentarias en Ruanda. El actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, en el cargo desde 2000, opta a la reelección tras sucesivas elecciones en las que ha obtenido más del 90% de los votos. Septiembre – Elecciones parlamentarias en Austria. La mayor incógnita radica en si la actual coalición gobernante de los conservadores (ÖVP) y los verdes (Die Grünen) podrá revalidar su gobierno o si los resultados de la extrema derecha del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), y de los socialdemócratas del SPÖ podrían generar otras mayorías. 22 – 23 de septiembre – Cumbre del Futuro de Naciones Unidas. Basándose en el informe «Nuestra Agenda Común» presentado por el secretario general, António Guterres, en 2021 sobre multilateralismo y cooperación internacional, este evento de alto nivel tiene como objetivo acelerar el cumplimiento de compromisos internacionales existentes, y abordar desafíos y oportunidades emergentes. La culminación de este esfuerzo será la creación de un Pacto para el Futuro, que será negociado y respaldado por los países participantes. 24 de septiembre – 79ª Sesión de Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una cita anual que reúne a todos los líderes mundiales para evaluar el actual estado de sus políticas nacionales y su visión del mundo. 26 –27 de septiembre – 10º aniversario del caso Ayotzinapa. México conmemora el décimo aniversario del caso Ayotzinapa (o caso Iguala), uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente del país. Aún sin resolver, este caso supuso la desaparición forzosa de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero. Octubre – XVI Cumbre de los BRICS. Kazán será la sede de una nueva edición de los BRICS en Rusia, ahora ampliados a 11 países, lo que representa un impulso en los esfuerzos de Moscú por demostrar que el país no está aislado a pesar de la invasión a gran escala de Ucrania. 1 de octubre – 75º aniversario de la fundación de la República Popular de China. Se cumplen 75 años de la fundación de la República Popular China por Mao Zedong, que puso fin a la guerra civil entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang, que estalló inmediatamente tras la rendición de Japón y la disolución del Segundo Frente Unido entre ambas fuerzas políticas durante la segunda guerra sino-japonesa. 6 de octubre – Elecciones municipales en Brasil. Estas elecciones serán un buen termómetro para evaluar el grado de apoyo al Partido de los Trabajadores y al resto de partidos que respaldan al presidente Lula, así como el avance o retroceso de candidatos vinculados al bolsonarismo. En las ciudades donde se requiera una segunda vuelta, esta se llevará a cabo el 27 de octubre. 9 de octubre – Elecciones generales y regionales en Mozambique. El presidente, Filipe Nyusi, concluye su segundo y último mandato presidencial y, según la Constitución, no puede presentarse nuevamente. Su partido, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), en el poder desde hace décadas, deberá encontrar otro candidato. El próximo gobierno tendrá que hacer frente a diversos desafíos, incluyendo tensiones políticas, un aumento del terrorismo yihadista, y una pronunciada exclusión social. 24 de octubre – Día Internacional contra el Cambio Climático. Tiene como objetivo movilizar y sensibilizar a las sociedades y gobiernos de todo el mundo acerca de los efectos del cambio climático. Se trata de un buen momento para analizar las diferentes agendas de lucha contra la emergencia climática y los avances que se están dando desde los principales países contaminantes. 27 de octubre – Elecciones generales en Uruguay. El Frente Amplio (FA), un partido de centroizquierda, con fuertes vínculos con los sindicatos y otras organizaciones sociales, competirá por la victoria frente a la Coalición Multicolor de centroderecha, actualmente en el gobierno, y que ha enfrentado diversos casos de corrupción en los últimos meses. Noviembre – Cumbre de la APEC. Perú acogerá una nueva edición del foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, que reúne a 21 países y que se celebrará bajo el lema «Personas, Negocios, Prosperidad». Noviembre – Cumbre sobre el Cambio Climático, COP29. Azerbaiyán acogerá esta nueva edición de la mayor cumbre internacional dedicada al cambio climático. Por segundo año consecutivo, se celebrará en un país cuya economía depende de la producción de combustibles fósiles. Noviembre – XXIX Cumbre Iberoamericana. Ecuador acoge la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno bajo el lema «Innovación, Inclusión y Sostenibilidad». De forma paralela las principales ciudades de América Latina, España y Portugal celebrarán un «Encuentro de Ciudades Iberoamericanas» cuyas conclusiones serán presentadas durante la Cumbre. 4 – 8 de noviembre – XII Foro Urbano Mundial. El Cairo acogerá la reunión más importante en materia de urbanismo y asentamientos humanos organizada por ONU-Hábitat. 5 de noviembre – Elecciones presidenciales en Estados Unidos. El actual presidente Joe Biden aspira a la reelección y, a falta de confirmarse la candidatura del expresidente Donald Trump, la campaña electoral se prevé muy polarizada. El calendario electoral condicionará las decisiones de Washington en política exterior. 5 de noviembre – Elecciones generales en Georgia. La coalición gobernante Sueño Georgiano aspira a revalidar mandato. La guerra en Ucrania ha vuelto a dividir al país entre aquellos que buscan una integración más profunda con Occidente y aspiran a un futuro ingreso en la Unión Europea, y los que abogan por normalizar las relaciones con Rusia. 11 de noviembre – 20 aniversario muerte de Yasir Arafat. El histórico líder palestino y presidente de la Autoridad Nacional Palestina falleció hace 20 años en París. Su papel fue fundamental en el proceso de paz en Oriente Próximo, lo que, junto a los dirigentes israelíes Isaac Rabin y Shimon Peres, les valió el premio Nobel de la Paz en 1994. 18 – 19 de noviembre – Cumbre del G-20 en Brasil. Bajo el lema «Construir un mundo justo y un planeta sostenible», los ejes de discusión y de debate de esta edición incluirán las políticas de transición energética y desarrollo, la reforma de las instituciones de gobernanza global, así como la lucha contra la desigualdad, el hambre y la pobreza. Diciembre – Elecciones presidenciales en Argelia. El presidente, Abdelmadjid Tebboune, previsiblemente optará a la reelección. El país afronta varios desafíos de seguridad debido a la inestabilidad en el Sahel y las crecientes tensiones con Marruecos respecto al Sáhara Occidental. Además, desempeña un papel crucial como proveedor de gas para Europa, en medio de la crisis energética generada por la guerra en Ucrania. Diciembre – Elecciones generales en Sudán del Sur. Los acuerdos de paz de 2018, que pusieron fin al conflicto armado interno que duró cinco años, establecieron la formación de un Gobierno de Unidad Nacional liderado por el actual presidente, Salva Kiir. y su rival, el vicepresidente Riek Machar. Kiir ha propuesto la celebración de elecciones presidenciales libres para finales de 2024. 7 de diciembre – Elecciones presidenciales en Ghana. Se espera que las elecciones sean una carrera de dos entre Mahamudu Bawumia, actual vicepresidente del gobernante Nuevo Partido Patriótico (NPP), y el expresidente John Dramani Mahama, candidato del principal partido opositor, Congreso Nacional Demócrata (NDC). El país se enfrenta a su peor crisis económica en las últimas décadas, y a importantes desafíos de seguridad por el contexto geopolítico en el Sahel. Segundo Semestre – Elecciones presidenciales en Venezuela. El chavismo y la oposición, agrupada bajo el paraguas de la Plataforma Unitaria, acordaron en Barbados la celebración de elecciones presidenciales, a las que se podrá invitar a misiones técnicas electorales de organismos regionales e internacionales. Esta decisión se tomó de forma paralela al anuncio de Estados Unidos del levantamiento de sanciones al gas y al petróleo venezolanos en octubre de 2023. Pendiente – 53º Foro de las Islas del Pacífico. Tonga acogerá una nueva edición del principal foro de discusión panregional de Oceanía, que agrupa los intereses de 18 estados y territorios en materia de cambio climático, uso sostenible de los recursos marítimos, seguridad y cooperación regional. Un espacio geográfico de creciente interés por parte de China y Estados Unidos, que han iniciado una carrera diplomática para atraer a sus esferas de influencia a algunos de estos países y territorios. Pendiente – 44ª Cumbre de la ASEAN. Laos acogerá una nueva edición del principal foro regional del sudeste asiático que agrupa a 10 países, bajo el lema «Mejorar la conectividad y la resiliencia». Pendiente – Cumbre sobre la Seguridad de la Inteligencia Artificial. Francia acogerá la segunda edición de esta cumbre internacional que tiene como objetivo poner en marcha trabajos e iniciativas para abordar los riesgos tecnológicos que plantea la Inteligencia Artificial. La primera edición, celebrada en Londres en 2023, resultó en la Declaración Bletchley, que abogó por una mayor cooperación internacional para abordar los desafíos y riesgos asociados con la inteligencia artificial. Pendiente – XXXIII Cumbre de la Liga Árabe. Bahréin acogerá una nueva edición de la principal organización política que agrupa países de Oriente Medio y del Norte de África. El conflicto palestino-israelí, las cuestiones de seguridad alimentaria y energética, y los impactos regionales de la guerra en Ucrania, serán algunos de los temas principales de discusión y debate. Pendiente – Elecciones presidenciales y parlamentarias en Sri Lanka. La tensión social en el país, inmerso en una profunda crisis económica que ha llevado a un rescate por parte del Fondo Monetario Internacional, ha aumentado en los últimos meses y se espera que se intensifique durante todo el proceso electoral. Pendiente – Elecciones generales en Chad. El presidente interino de Chad, Mahamat Idriss Déby, que asumió el poder en abril de 2021 tras la muerte de su padre, Idriss Déby, mediante la instauración de una junta militar, prometió la celebración de elecciones libres a finales de 2024. El país se encuentra en una profunda crisis alimentaria y de seguridad. Pendiente – III Cumbre para la Democracia. Corea del Sur será la anfitriona de esta cumbre, impulsada por Estados Unidos, que desde 2021 reúne a líderes de gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Tiene como objetivo abordar los desafíos y oportunidades que enfrentan las democracias en el siglo XXI, relacionados con la gobernanza, la protección de los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción. Pendiente – Elecciones generales y regionales en Sudáfrica. El Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde las primeras elecciones libres y generales de 1994, aspira a revalidar el poder, aunque el principal partido opositor, la Alianza Democrática, podría dar una sorpresa. El país enfrenta innumerables desafíos, especialmente en materia de seguridad con altas tasas de criminalidad, una importante crisis energética, y niveles elevados de desempleo. Pendiente – Elecciones presidenciales en Túnez. Serán los primeros comicios tras el autogolpe de Estado del presidente tunecino, Kaïs Saied, en 2021, y el retorno al autoritarismo del único país que parecía haber consolidado la democracia tras las primaveras árabes de 2010-11. Saied ya ha anunciado que no permitirá la presencia de misiones de supervisión electoral extranjeras.
