La investigación realizó un balance de la equidad y la eficiencia en la prestación y financiamiento del sector público de salud en el Perú en los 90, como base para un balance de las políticas de salud implementadas y fundamento para formulaciones de política futuras. Se trató de un estudio centralmente descriptivo y de carácter cuantitativo, tendiente a dimensionar el desempeño de los servicios de salud del MINSA en la década pasada, realizando una comparación de éstos indicadores con las décadas anteriores y con los países latinoamericanos. Los indicadores estudiados correspondieron a las variables prestación, financiamiento, gasto público en salud, equidad y eficiencia. Se utilizó para ello a 5 grandes bases de datos nacionales, inexploradas en sus múltiples relaciones, y bases de datos internacionales, procedente de organismos de cooperación multilaterales. Los datos estadísticos fueron analizados con el apoyo del programa SPSS. Con el objetivo de poder comparar el desempeño del sistema de salud peruano con los de América Latina se construyeron índices de gasto per cápita, productos, resultados, equidad, eficiencia, efectividad y gerenciabilidad. La data internacional disponible para algunos índices fue de 19 países y para otros de 8 países. El Índice Global de Gerenciabilidad construido involucra a 14 países. Los resultados del estudio resumen en cuatro grandes cambios la evolución del desempeño del sistema público de atención en los 90: expansión en productos, incremento en recursos, estabilización de resultados y modificación de la composición de los usuarios. Ha habido un incremento de las consultas, egresos y atenciones, pero a la vez un aumento del gasto, de la infraestructura física y del tiempo efectivo de recursos humanos empleado y un cambio, también, en el peso entre los quintiles en la demanda atendida por la mayor presencia de los quintiles IV y V, que son los de mejores ingresos, sin que los indicadores de salud muestren un claro saldo neto a favor a pesar de los avances registrados en algunas patologías. En los 90 hubo dos etapas en el desempeño de los servicios públicos de salud. Una primera hasta 1998, en que la tendencia principal fue la explotación extensiva de los recursos, simbolizada por el despliegue del Programa Salud Básica para Todos (PSBT) a partir de 1994; y una segunda, a partir de 1998, tendiente a la optimización y explotación intensiva de los recursos con el desarrollo del Seguro Escolar Gratuito (SEG) y Seguro Materno-Infantil (SMI). Las dos políticas de salud que impactaron más en el desempeño del sistema público fueron por eso el PSBT y los dos seguros. El estudio concluyó que la década de los 90 fue de repotenciamiento operativo importante del sistema público de atención, luego del colapso operativo entre 1988-91. A partir de 1993 los servicios del Estado rebasaron por primera vez las cifras del periodo 1987-89, que marcó el mayor desempeño histórico del sistema de atención en la década de los 80. Entre 1990 y 1998 las consultas médicas se incrementaron en 2,12 veces, las atenciones en 5,56 veces y los egresos en 1,42. Estas cifras de mayor producción sin embargo fueron correlato directo de la presencia de mayores recursos financieros, físicos y humanos, hasta 1998. En los 90 se vivió una notable expansión de la infraestructura sanitaria del Ministerio de Salud, que había tenido 2,441 establecimientos en 1985 y pasó a tener 7,501 en 1999. Igualmente pasó de tener 7,993 médicos en 1992 a 11,157 en 1999. Las consultas anuales promedio por médico aumentaron entre 1990 y 1999 en 2,51 veces, representando este ultimo año 6.77 consultas por día, esto es 1,69 consultas por hora médico. Este promedio no expresa bien sin embargo la brecha entre franjas de alto rendimiento y de muy bajo rendimiento. En un balance histórico, las consultas anuales por médico tuvieron su pico más alto en el MINSA en 1969 con 2,152 consultas, llegando en 1983 a 1,710 y en 1986 a 1,530 consultas médicas anuales. Por tanto recién en el tramo final de la década de los 90 las consultas/médico superaron las cifras de 1983 y alcanzaron las de 1969. La razón de este mayor rendimiento a finales de la década tuvo que ver con el desarrollo del Seguro Escolar Gratuito y Seguro Materno-Infantil, que lograron un notable incremento de la cobertura, optimizando el uso de los recursos pues sin gastos adicionales de capital se obtuvieron más atenciones y consultas. El Estado invirtió para el SEG sólo 100 millones de soles por año, desarrollando éste 3,561,125 atenciones en 1998, 7,700,269 en 1999 y 8,622,166 el año 2000. El SMI tuvo un menor desarrollo y el año 2001 cubrió recién el 18% de su población objetivo. En cuanto al financiamiento del sector salud, éste representaba en 1998 el 4,4% del Producto Bruto Interno, con un volumen de recursos de US$ 2,652 millones de dólares y un per cápita en salud de US$ 97 en 1998. Los hogares financiaban el 38,% de este monto, las empresas el 34,1% y el gobierno el 24,8%. Del gasto total en salud el MINSA ejecutaba solo el 29,1%. Los recursos propios, fruto principalmente de los ingresos por tarifas en el MINSA, crecieron del 6,2% en 1990 al 15,9 en 1999. Entre los años 1992 y 1999 el gasto del MINSA se duplicó. De esta forma el cálculo del gasto global por consulta médica entre 1992 y 1998 arroja un aumento de US$ 33,1 a US$ 51,1 dólares pues las consultas crecieron en 1.57 veces en ese lapso mientras el gasto del MINSA creció en 2,43 veces. En una visión histórica es importante relievar que en la etapa 1950-63 los presupuestos asignados al MINSA siempre estuvieron por encima el 10% respecto al del gobierno central, estando a partir de la mitad de los 60 hasta hoy, entre 4,0 y 6%. En cuanto a las variaciones en el comportamiento de la demanda en los 90, las personas que efectuaron consulta aumentaron entre 1994 y el 2000 del 39,3% al 55,2%, las que acudieron a consulta institucional igual, del 30,2% al 47,4% en el mismo periodo y la participación del MINSA en la demanda atendida se duplicó del 15,9% al 30,5% en ese lapso. Sin embargo este aumento de la demanda correlativo al de la oferta, se dió en paralelo a un cambio en el patrón de utilización de servicios por parte de los diferentes estratos de ingresos. Los quintiles IV y V, los más pudientes, aumentaron su presencia en los servicios públicos, pasando del 39,5% a 49,6% y de 22,7% a 42,1% respectivamente. De esta forma, el estudio confirmó la presencia importante de subsidios cruzados, filtraciones y subcoberturas en la inversión pública. La demanda atendida del MINSA en el año 2000 se distribuyó casi por igual entre todos los quintiles: 18,7% para el quintil 1, 18,8% para el quintil 2, 21,3% para el quintil 3, 21,1% para el quintil 4 y 20,0% para el quintil 5. De otro lado el 22,4% de personas derechohabientes en el Seguro Social recurrieron a consulta en establecimientos del MINSA el 2000, además del 20% de personal asegurada en las sanidades militares. En cuanto a la opción por tipo de establecimiento del MINSA, el quintil más pobre disminuyó su opción hospitalaria del 34% en 1994 al 22,5% en el 2,000, mientras el quintil V en este último año utilizaba en un 45,4% los hospitales y en un 54,6% los hospitales públicos. El cálculo del sobre-gasto en que incurre el MINSA en razón de los subsidios cruzados y filtraciones arroja una estimación de US$ 84 millones de dólares para el año 2000. En el análisis comparado con países de Latinoamérica, el Perú quedó ubicado en el 4to. puesto en cuanto a equidad, 6to. lugar en cuanto a eficiencia y 15vo. lugar en cuanto a efectividad, resultando en 13vo. puesto en el índice global de gerenciabilidad. Toda esta información expresa una situación de quiebra del patrón de utilización del modelo segmentado clásico, que surgió en la década de los 70 sobre el supuesto de que los pobres irían a los servicios estatales y las clases medias a los servicios privados. Se ha asistido así a un cambio de los públicos objetivos de los diferentes subsectores prestadores. En este sentido ha habido una modificación regresiva del modelo trisegmentado y se ha instalado una "desfocalización" permanente. Esto hace que exista ineficacias e ineficiencias sistémicas sin necesariamente crisis operativa, pues el sistema marcha incluso ampliando sus coberturas pero produciendo una fuga permanente de recursos. El estudio exploró las posibles conexiones de estos resultados con los procesos y políticas de la época, concluyendo en que había sido una política neopopulista la que moldeó esta fisonomía del sistema público y su mezcla de gran volumen de producción con escaso desempeño. Ello explica, también el pobre desempeño de las evaluaciones de desempeño para producir cambios institucionales. Palabras claves: desempeño, reforma en salud, equidad, eficiencia, efectividad, sistemas de salud. ; Tesis
La investigación realizó un balance de la equidad y la eficiencia en la prestación y financiamiento del sector público de salud en el Perú en los 90, como base para un balance de las políticas de salud implementadas y fundamento para formulaciones de política futuras. Se trató de un estudio centralmente descriptivo y de carácter cuantitativo, tendiente a dimensionar el desempeño de los servicios de salud del MINSA en la década pasada, realizando una comparación de éstos indicadores con las décadas anteriores y con los países latinoamericanos. Los indicadores estudiados correspondieron a las variables prestación, financiamiento, gasto público en salud, equidad y eficiencia. Se utilizó para ello a 5 grandes bases de datos nacionales, inexploradas en sus múltiples relaciones, y bases de datos internacionales, procedente de organismos de cooperación multilaterales. Los datos estadísticos fueron analizados con el apoyo del programa SPSS. Con el objetivo de poder comparar el desempeño del sistema de salud peruano con los de América Latina se construyeron índices de gasto per cápita, productos, resultados, equidad, eficiencia, efectividad y gerenciabilidad. La data internacional disponible para algunos índices fue de 19 países y para otros de 8 países. El Índice Global de Gerenciabilidad construido involucra a 14 países. Los resultados del estudio resumen en cuatro grandes cambios la evolución del desempeño del sistema público de atención en los 90: expansión en productos, incremento en recursos, estabilización de resultados y modificación de la composición de los usuarios. Ha habido un incremento de las consultas, egresos y atenciones, pero a la vez un aumento del gasto, de la infraestructura física y del tiempo efectivo de recursos humanos empleado y un cambio, también, en el peso entre los quintiles en la demanda atendida por la mayor presencia de los quintiles IV y V, que son los de mejores ingresos, sin que los indicadores de salud muestren un claro saldo neto a favor a pesar de los avances registrados en algunas patologías. En los 90 hubo dos etapas en el desempeño de los servicios públicos de salud. Una primera hasta 1998, en que la tendencia principal fue la explotación extensiva de los recursos, simbolizada por el despliegue del Programa Salud Básica para Todos (PSBT) a partir de 1994; y una segunda, a partir de 1998, tendiente a la optimización y explotación intensiva de los recursos con el desarrollo del Seguro Escolar Gratuito (SEG) y Seguro Materno-Infantil (SMI). Las dos políticas de salud que impactaron más en el desempeño del sistema público fueron por eso el PSBT y los dos seguros. El estudio concluyó que la década de los 90 fue de repotenciamiento operativo importante del sistema público de atención, luego del colapso operativo entre 1988-91. A partir de 1993 los servicios del Estado rebasaron por primera vez las cifras del periodo 1987-89, que marcó el mayor desempeño histórico del sistema de atención en la década de los 80. Entre 1990 y 1998 las consultas médicas se incrementaron en 2,12 veces, las atenciones en 5,56 veces y los egresos en 1,42. Estas cifras de mayor producción sin embargo fueron correlato directo de la presencia de mayores recursos financieros, físicos y humanos, hasta 1998. En los 90 se vivió una notable expansión de la infraestructura sanitaria del Ministerio de Salud, que había tenido 2,441 establecimientos en 1985 y pasó a tener 7,501 en 1999. Igualmente pasó de tener 7,993 médicos en 1992 a 11,157 en 1999. Las consultas anuales promedio por médico aumentaron entre 1990 y 1999 en 2,51 veces, representando este ultimo año 6.77 consultas por día, esto es 1,69 consultas por hora médico. Este promedio no expresa bien sin embargo la brecha entre franjas de alto rendimiento y de muy bajo rendimiento. En un balance histórico, las consultas anuales por médico tuvieron su pico más alto en el MINSA en 1969 con 2,152 consultas, llegando en 1983 a 1,710 y en 1986 a 1,530 consultas médicas anuales. Por tanto recién en el tramo final de la década de los 90 las consultas/médico superaron las cifras de 1983 y alcanzaron las de 1969. La razón de este mayor rendimiento a finales de la década tuvo que ver con el desarrollo del Seguro Escolar Gratuito y Seguro Materno-Infantil, que lograron un notable incremento de la cobertura, optimizando el uso de los recursos pues sin gastos adicionales de capital se obtuvieron más atenciones y consultas. El Estado invirtió para el SEG sólo 100 millones de soles por año, desarrollando éste 3,561,125 atenciones en 1998, 7,700,269 en 1999 y 8,622,166 el año 2000. El SMI tuvo un menor desarrollo y el año 2001 cubrió recién el 18% de su población objetivo. En cuanto al financiamiento del sector salud, éste representaba en 1998 el 4,4% del Producto Bruto Interno, con un volumen de recursos de US$ 2,652 millones de dólares y un per cápita en salud de US$ 97 en 1998. Los hogares financiaban el 38,% de este monto, las empresas el 34,1% y el gobierno el 24,8%. Del gasto total en salud el MINSA ejecutaba solo el 29,1%. Los recursos propios, fruto principalmente de los ingresos por tarifas en el MINSA, crecieron del 6,2% en 1990 al 15,9 en 1999. Entre los años 1992 y 1999 el gasto del MINSA se duplicó. De esta forma el cálculo del gasto global por consulta médica entre 1992 y 1998 arroja un aumento de US$ 33,1 a US$ 51,1 dólares pues las consultas crecieron en 1.57 veces en ese lapso mientras el gasto del MINSA creció en 2,43 veces. En una visión histórica es importante relievar que en la etapa 1950-63 los presupuestos asignados al MINSA siempre estuvieron por encima el 10% respecto al del gobierno central, estando a partir de la mitad de los 60 hasta hoy, entre 4,0 y 6%. En cuanto a las variaciones en el comportamiento de la demanda en los 90, las personas que efectuaron consulta aumentaron entre 1994 y el 2000 del 39,3% al 55,2%, las que acudieron a consulta institucional igual, del 30,2% al 47,4% en el mismo periodo y la participación del MINSA en la demanda atendida se duplicó del 15,9% al 30,5% en ese lapso. Sin embargo este aumento de la demanda correlativo al de la oferta, se dió en paralelo a un cambio en el patrón de utilización de servicios por parte de los diferentes estratos de ingresos. Los quintiles IV y V, los más pudientes, aumentaron su presencia en los servicios públicos, pasando del 39,5% a 49,6% y de 22,7% a 42,1% respectivamente. De esta forma, el estudio confirmó la presencia importante de subsidios cruzados, filtraciones y subcoberturas en la inversión pública. La demanda atendida del MINSA en el año 2000 se distribuyó casi por igual entre todos los quintiles: 18,7% para el quintil 1, 18,8% para el quintil 2, 21,3% para el quintil 3, 21,1% para el quintil 4 y 20,0% para el quintil 5. De otro lado el 22,4% de personas derechohabientes en el Seguro Social recurrieron a consulta en establecimientos del MINSA el 2000, además del 20% de personal asegurada en las sanidades militares. En cuanto a la opción por tipo de establecimiento del MINSA, el quintil más pobre disminuyó su opción hospitalaria del 34% en 1994 al 22,5% en el 2,000, mientras el quintil V en este último año utilizaba en un 45,4% los hospitales y en un 54,6% los hospitales públicos. El cálculo del sobre-gasto en que incurre el MINSA en razón de los subsidios cruzados y filtraciones arroja una estimación de US$ 84 millones de dólares para el año 2000. En el análisis comparado con países de Latinoamérica, el Perú quedó ubicado en el 4to. puesto en cuanto a equidad, 6to. lugar en cuanto a eficiencia y 15vo. lugar en cuanto a efectividad, resultando en 13vo. puesto en el índice global de gerenciabilidad. Toda esta información expresa una situación de quiebra del patrón de utilización del modelo segmentado clásico, que surgió en la década de los 70 sobre el supuesto de que los pobres irían a los servicios estatales y las clases medias a los servicios privados. Se ha asistido así a un cambio de los públicos objetivos de los diferentes subsectores prestadores. En este sentido ha habido una modificación regresiva del modelo trisegmentado y se ha instalado una "desfocalización" permanente. Esto hace que exista ineficacias e ineficiencias sistémicas sin necesariamente crisis operativa, pues el sistema marcha incluso ampliando sus coberturas pero produciendo una fuga permanente de recursos. El estudio exploró las posibles conexiones de estos resultados con los procesos y políticas de la época, concluyendo en que había sido una política neopopulista la que moldeó esta fisonomía del sistema público y su mezcla de gran volumen de producción con escaso desempeño. Ello explica, también el pobre desempeño de las evaluaciones de desempeño para producir cambios institucionales. Palabras claves: desempeño, reforma en salud, equidad, eficiencia, efectividad, sistemas de salud. ; Tesis
En una de las campañas electorales mas parejas de la historia de este país, Barak Obama y John McCain se enfrentaron el viernes pasado en lo que fue el primero en una serie de cuatro debates presidenciales.El contexto no podía haber sido mas surrealista. En un gesto impulsivo que tomó a todos por sorpresa e irritó a muchos, dentro y fuera de su partido, el día anterior McCain había anunciado la suspensión de su campaña electoral para volar a Washington y colaborar en las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso para implementar el Plan de Rescate del sistema financiero propuesto por Hank Paulson, el Secretario del Tesoro (equivalente al Ministro de Finanzas).McCain también había propuesto el aplazamiento del debate presidencial, pero Obama, posiblemente con la Universidad de Mississippi, la Comisión de Debates Presidenciales y los medios de comunicación de su lado, lo había rechazado. A último momento, el presidente Bush invitó a ambos a participar en la sesión de negociaciones en la Casa Blanca del jueves que debería haber resultado en el anuncio de un acuerdo sobre el Plan de Rescate. Sin embargo, esto no pudo ser. Aparentemente, los Republicanos de la Cámara de Representantes, a diferencia de la mayoría de Senadores Republicanos, no estaban de acuerdo con el Plan, y usaron esta ocasión, con McCain presente, para anunciarlo.Todavía no queda bien claro cual era la intención exacta de McCain, pero no quedó claro porqué razones trató de mezclar intenciones políticas electorales con la resolución de la crisis financiera, de la cual no había sido parte, ya que ni pertenece a los comités pertinentes en el Senado, ni sabe del tema. Nada menos que el Wall Street Journal, uno de los periódicos más conservadores, lo acusó de usar la crisis financiera para generar atención, ganar puntos políticos y dominar los titulares con su activismo inusitado. Fue una acción populista que no le generó las ganancias esperadas, y McCain cambió de táctica otra vez, anunciando el viernes de mañana que sí participaría en el debate. Tal fue el marco de fondo para el debate, y las correspondientes expectativas que originó, eran que el candidato se vería cansado y con poco ánimo al presentarse esa noche en "Old Miss", ante los millones de espectadores que lo mirarían por televisión alrededor del mundo. Sin embargo, John McCain tuvo un buen debate, no perdió ni el hilo ni los estribos, y atacó a Obama con habilidad, poniendo al demócrata a la defensiva más de una vez. Las encuestas más tarde dieron como ganador del debate a Obama, si bien por un margen pequeño.No está claro si ese resultado no fue más el producto de la semana entera que había tenido una secuencia desastrosa para McCain. Primero, en un aviso publicado por la campaña Obama, se le habia visto afirmando, sólo una semana antes de la crisis de Wall Street, que los "pilares de la economía estaban sólidos". Una vez que su error fue expuesto, su reacción fue salir con los puños en alto acusando primero a Obama y a los Demócratas por la crisis y, finalmente, a todo Washington exigiendo la dimisión de Christopher Cox, jefe de la Security and Exchange Commission, la agencia ejecutiva que supervisa Wall Street, y aun de Hank Paulson. Esto cayó mal en todos los frentes: para cambiar otra vez los titulares negativos, McCain decidiría irse para Washington en su papel de salvador. Cuando eso tampoco funcionó a su favor, se unió al debate a último momento.El primer debate tenía como tema la política externa pero, como era de esperarse, el moderador Jim Lehrer (The Newshour, PBS) dedicó la primera parte a la economía. Obama explicó con frases precisas y claras cuál era su posición con respecto al Plan de Rescate. Lo importante, dijo, era devolver la liquidez y la confianza a los mercados. Pero la legislación tendría que incluir elementos de protección a los contribuyentes (ya que se iba a financiar con ingresos tributarios), asistencia a los propietarios de viviendas con dificultades para pagar sus préstamos hipotecarios, y con límites en la compensación de los Jefes Ejecutivos responsables de las instituciones en quiebra. McCain no respondió directamente, sino que viró rápidamente hacia su tema favorito en lo que hace a la economía: un ataque a las estipulaciones para la asignación de fondos de proyectos clientelistas ("pork barrel earmarks") que favorecen a uno u otro estado y que en los legisladores comúnmente agregan a los proyectos de ley como condición de darles su aprobación. Si bien Obama insistió mas de una vez que la suma correspondiente a esas asignaciones era ínfima (18 mil millones el año pasado), comparada con los setecientos mil millones de dólares del Plan de Rescate, y que, por lo tanto, éste ultimo era el tema a discutir, no hubo caso. McCain insistió en argumentar sobre temas menores y en acusar a su contrincante de ser un "liberal" que trata de solucionar todos los problemas con más gastos y más impuestos para los contribuyentes. Así, el debate sobre la economía fue descarrilado hacia el tema preferido de McCain y las aportaciones de trascendencia fueron casi nulas.El debate cobró más interés y energía cuando se discutieron temas de política externa. Si bien Obama no tuvo grandes oportunidades de destacarse, quedaron claras las diferencias filosóficas y de estilo entre los dos candidatos. Una vez más, fue evidente que McCain domina el tema, pero que prefiere la guerra a la diplomacia. Obama pasó el test de Comandante en Jefe, desplegando conocimientos y cordura, pero no se defendió suficientemente cuando McCain lo acusó de no haber apoyado el último aumento de tropas a fines del 2007 en Irak, el cual, según McCain, ha determinado la paz en el área y la victoria para Estados Unidos. Obama señaló qu,no obstante lo que esté pasando ahora, ya hace cinco años que comenzó la guerra, Estados Unidos ha perdido cuatro mil vidas, sigue gastando diez mil millones por mes en Iraq, y no ha avanzado en la verdadera guerra contra el terrorismo que es la que se está librando en Afganistán. Pero podría haber sido más terminante, y no lo fue. Como comentó Maureen Dowd del New York Times, la posición de McCain, quien apoyó la guerra en Irak y previó una victoria rápida con mínima pérdida de vida, es equivalente a la del pirómano que se congratula a si mismo por haber apagado el incendio que ayudó a causar. De todas formas, tanto Bob Woodward que acaba de terminar su cuarto libro (La Guerra Interna) sobre Irak, como el General Petraeus que comandó el aumento de tropas, se niegan hoy por hoy a usar la palabra " victoria" y advierten que la situación en Irak sigue siendo sumamente precaria y la paz frágil. Por lo tanto, es posible que el tema resurja en las próximas semanas. En resumen, si bien el debate no tuvo momentos memorables, ambos candidatos tuvieron sus pequeños triunfos y ambos demostraron tener estatura presidencial.Mas allá de la probable desilusión que un debate un tanto opaco tuvo sobre el electorado, para el observador político está surgiendo "gestalt" fascinante, que se manifiesta en el ambiente enrarecido, casi surrealista, que se vive hoy en este país.Tomemos nota: no solamente existe la posibilidad de que un candidato bi-racial de 47 años gane la presidencia de los Estados Unidos, o que una mujer sin trayectoria política sea elegida vicepresidente de un hombre de 72 años, sino que le ha tocado al partido Republicano tomar medidas para rescatar la economía que muchos han llamado Socialistas. El término "Socialismo" en este país tiene todavía hoy, connotaciones negativas de proporciones casi bíblicas. Representa la encarnación del Mal en el gobierno de un país. Y que se le aplique al Plan de Rescate que el gobierno conservador va a implementar para rescatar al Capitalismo de Wall Street, es una distorsión tan grande que resulta muy difícil de explicar a los extranjeros, pero que tiene un potencial político populista enorme en este país, y que está siendo explotado por la rama más derechista del partido Republicano.Así fue cómo, en este contexto de "mundo bizarro", el Plan, concebido por Hank Paulson, Secretario del Tesoro del gobierno Republicano, y hasta hace dos años, Jefe Ejecutivo de Goldman Sachs (una de las instituciones que el plan tendrá que rescatar), tuvo el apoyo de los Demócratas y de algunos Republicanos en el Congreso, pero fue al principio rechazado por los Republicanos de la Cámara Baja, en total rebeldía contra su propio partido.Si a esto le sumamos el hecho de que en los últimos ocho años de dominio Republicano se ha producido la expansión más grande del gobierno desde la Segunda Guerra Mundial, indudablemente debemos concluir que lo que está sucediendo es un cambio paradigmático en la ideología conservadora. Ya no es más la histórica ideología de gobierno limitado de John Locke y Adam Smith, sino un nuevo Leviatán al mejor estilo Hobbesiano, con algunas características del "1984" de George Orwell: un nuevo y poderoso movimiento que quiere usar al gobierno como instrumento del Capitalismo, en lo doméstico y también en lo internacional, que se arriesga a violar la sacrosanta Constitución, espiando a sus propios ciudadanos y torturando a los prisioneros de guerra, con el fin de proteger la seguridad y los intereses nacionales. Si bien ya tuvimos en los años setenta una breve sinopsis de esta ideología Neo-conservadora en el gobierno de Richard Nixon, George W Bush y Dick Cheney la han perfeccionado y amplificado en gran forma. La gran interrogante es cómo gobernaría el presidente McCain, una vez elegido. ¿Sería fiel a la retórica populista del candidato McCain, procediendo a reducir el rol del gobierno a un mínimo? ¿O continuaría en el mismo curso trazado por este gobierno? A juzgar por sus ideas intervencionistas y bélicas en política externa, esta última alternativa parece la más probable. Senior Lecturer, Department of Political Science and Geography Director, ODU Model United Nations Program Old Dominion University, Norfolk, Virginia
La importancia estratégica de la concertación social en la política económica de la Junta de Andalucía ha sido creciente. El VI Acuerdo de Concertación Social, último ejecutado en su integridad, comprometió para 2005-2008 una inversión pública, contabilizada en fase de obligaciones reconocidas, de 11.509,41 millones de euros, el 45,40% del total de gasto consolidado de inversión de los presupues tos iniciales de la Junta de Andalucía para ese periodo. La estabilidad y recurrencia de la concertación social ha definido la trayectoria de la economía y de la sociedad andaluza en los últimos treinta años. Sus actores, gobierno regional, organización empresarial y sindicatos más representativos, han compartido la convicción de que el proceso ha procurado paz social, modernidad y desarrollo. La misma Unión Europea (UE) ha propuesto el "partenariado social" andaluz como ejemplo para conseguir una aplicación más eficaz de los fondos estructurales y de cohesión en otras regiones relativamente atrasadas. Ciertas evidencias, señaladas por algunos autores y centros de estudios económicos, han revelado, sin embargo, la tenaz persistencia de carencias relativas en renta, crecimiento, productividad y, sobre todo, empleo. Pasado el segundo semestre de 2008, cuando se redactó el proyecto que dio inicio a esta tesis doctoral, la rápida y extraordinaria destrucción de riqueza y puestos de trabajo confirmó las predicciones pesimistas y las debilidades de la economía andaluza. A pesar de que el fenómeno principia prácticamente con el establecimiento del Estatuto de Autonomía, a la altura de 2008 no existía ningún análisis sistemático del proceso de concertación andaluz, y sí sólo algunos estudios realizados desde la óptica del Derecho del Trabajo y documentos críticos de un grupo de estudios económicos. Las carencias existentes respecto a la descripción y análisis del fenómeno no eran cubiertas por las comisiones de seguimiento ni los respectivos informes de ejecución de los pactos, que no iban mucho más allá de las proclamas de una bondad tautológica. La ausencia de evaluación viene a justificar la conveniencia y oportunidad de la presente tesis doctoral. La cronología seleccionada, el periodo que transcurre entre 1983 y 2008, responde a unos criterios perfectamente definidos. En 1983 el gobierno autonómico decidió impulsar un tipo de "planificación democrática" (concertada), que debía contar con el concurso de las organizaciones de trabajo y capital más representativas en la Comunidad Autónoma y el respaldo del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, creado ese mismo año. La fecha final, 2008, corresponde al último acuerdo de concertación celebrado y ejecutado por completo, el VI pacto tripartito, en vigor desde 2005. El período que abarca esta investigación se ha desglosado, para un análisis más ajustado, en dos etapas que presentan rasgos diferenciados. En el transcurso de los años 1983-1992 la Junta de Andalucía celebró, por separado, diversos acuerdos bipartitos con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), por un lado, y con la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y Comisiones Obreras de Andalucía (CC OO-A), por otro. En un segundo momento, entre 1993-2008, comenzaron a suscribirse pactos tripartitos (gobierno, organización empresarial y sindicatos) que, en virtud de su importancia, contaron con una financiación y repercusiones políticas y económicas crecientes. El análisis de los acuerdos sociales, cuya finalidad fundamental era mejorar el bienestar y garantizar el desarrollo de la región, ha requerido el examen de los resultados económicos y "socioeconómicos". No se oculta la dificultad de aislar el impacto de los acuerdos sociales de la influencia ejercida por otros factores relativos al crecimiento, por la inclusión de la economía andaluza en el contexto global y por la coyuntura que esa inclusión le impone. Para intentar soslayar esas dificultades procederemos, por un lado, a comparar la situación de la economía andaluza con la española al inicio y al final del proceso de concertación y, por otro, a contrastarla con la de otras regiones que presentan rasgos disímiles en el ámbito de los acuerdos sociales como Extremadura y País Vasco. La evolución de sus resultados económicos y económico-sociales con respecto a los promedios del Estado a lo largo de la cronología propuesta ha permitido establecer un punto de partida (1983), sin concertación social, y otro de llegada (2008), sí afectado por el proceso. Un planteamiento que permite apreciar si los "acuerdos sociales" (concertación) han contribuido a reducir o no las distancias con respecto al promedio de España. Se podría objetar, de nuevo, que otros elementos institucionales como, por ejemplo, la asunción progresiva de competencias del Estado central también habrían influido y tampoco sería posible discernir en qué medida. Sin embargo, el avance o retroceso de la región con respecto al promedio nacional en los indicadores básicos de desarrollo económico y social advertiría del grado de eficacia relativa de la política económica desarrollada, influida de manera significativa y creciente por la concertación social. El hecho de que Extremadura y País Vasco no contaran con el mismo grado de institucionalización en sus pactos regionales ha permitido establecer un contraste fundamental. Así, los resultados serán analizados en una región de alta institucionalización, Andalucía, con respecto a una comunidad de institucionalización media (menor) y desarrollo económico y social inicial similar, Extremadura; y a otra con un grado de acuerdos sociales todavía más bajo y un estándar de desarrollo originario (1983) superior. En un ámbito institucional (formal) coincidente, al tratarse de regiones insertas en el mismo Estado, bajo una unidad política y económica básica y un marco de relaciones laborales común, los acuerdos sociales pueden proyectarse como una distinción significativa. Puede argüirse que, en el caso del País Vasco, el concierto económico supone una diferencia institucional clave para explicar las diferencias interregionales, pero sus antecedentes se remontan al siglo XIX y, lo más importante, el actual modelo data de 1981, aunque ha sufrido modificaciones posteriores. Es decir, que durante los años ochenta esta singularidad ya operaba y se ha mantenido estable en el tiempo. Para lograr discernir con mayor claridad el impacto de la concertación social, se trazaron una serie de objetivos secundarios. El primero de ellos, integrar el tema de estudio en un ámbito conceptual que le fuera propio para, a continuación, establecer la relación de los pactos sociales con la política económica general desarrollada en Andalucía y con otras planificaciones que ya tenían lugar en la región. Política económica, a su vez, supeditada a la nacional y, a partir de 1986, a las políticas comunes de la Comunidad Económica Europea (CEE), luego UE. El análisis del proceso ha demandado examinar con precisión a sus protagonistas, agentes sociales y gobierno, tanto como los incentivos que han motivado su participación y los beneficios obtenidos. En último término, se ha pretendido un análisis institucional que determine el grado de relevancia y coordinación del proceso con otras instituciones (formales e informales). Nos hemos propuesto comprender el nivel de "complementariedad institucional" de la concertación social, es decir, si encaja o resulta contraproducente con otras instituciones económicas y sociales, pues el grado de complementariedad y coherencia institucional compromete su nivel de eficacia. La definición de estos objetivos se ha realizado a través de una serie de cuestiones e hipótesis de partida. Pese a ser una práctica que fue calificada como "pionera" por sus actores -única se llegó a decir- ¿era una propuesta realmente singular en sentido estricto? ¿Podrían inscribirse los pactos andaluces dentro de un contexto más amplio? En este sentido, ha resultado muy oportuno relacionar la evolución del diálogo social regional con el nacional, pues Andalucía no ha sido la única región que ha celebrado pactos corporatistas. En Andalucía, como en el resto de España, no existía la cultura de negociación entre capital y trabajo que se desarrolló en Europa occidental muy particularmente desde 1950. Así, una de las primeras tareas pasaba necesariamente por determinar las raíces de los acuerdos sociales en la región y el contexto histórico en que tuvieron lugar. El ingreso de España en la CEE conllevó la asunción de la política de desarrollo regional europea, controlada de un modo creciente por los Consejos Europeos y la Comisión. Las directrices emanadas de Bruselas hubieron de ser integradas en la política económica regional y, en consecuencia, en los pactos sociales. Por tanto, nos hemos planteado cómo la política regional europea ha afectado el contenido de los acuerdos y, en sentido contrario, la influencia de éstos sobre los planes de desarrollo regional, enviados a Madrid y a Bruselas para su aprobación. La concertación social, según la teoría neocorporatista (o neocorporativa) formulada en el decenio de 1970, es un proceso coadyuvado por la debilidad relativa de los actores implicados (incluido el Gobierno), y por la presencia en el poder de ejecutivos de izquierda o centro-izquierda. En este sentido, la gran eclosión de los pactos sociales durante los años setenta se relacionó con la crisis económica que interrumpió veinte años de crecimiento y prosperidad sostenidos. Las consecuencias no tardaron en dejarse sentir para los sindicatos, tachados de inflacionistas e ineficientes, que sufrieron una pérdida considerable de afiliación debido al paro masivo. Las organizaciones empresariales acusaron igualmente la recesión al perder asociados por cierre de actividad. Los gobiernos se enfrentaron al desgaste continuo que suponía una coyuntura adversa que se prolongaba en el tiempo y una evidente fragilidad, en el caso de que no disponer de sólidas mayorías. Los fracasos cosechados y la difusión de políticas a favor de la oferta, orientadas a la desregulación y la flexibilidad, parecieron dar por concluidos los pactos sociales. Sin embargo, ¿qué factores determinaron el regreso de la concertación social a partir de la segunda mitad de la década de 1980? Podrían haber sido, entre otros elementos, las propias exigencias de cambio para conseguir una mayor competitividad las que impulsaran la firma de nuevos acuerdos, especialmente en aquellos países donde los sindicatos retuvieron cierta fuerza y/o existieron gobiernos proclives, dada su tendencia ideológica o bien su falta de fortaleza. El diálogo social fructífero, institución que se regulaba por acuerdos políticos y sociales, se dispuso justamente para otorgar un mayor protagonismo al mercado. Con todo, debe comprobarse si, tal como nos planteábamos inicialmente, el resultado ofrecido por estos pactos no ha sido tan drástico como en los países en los que los gobiernos adoptaron medidas liberalizadoras de manera unilateral. Según la hipótesis de partida los pactos sociales andaluces, iniciados en la década de 1980, debían estar alejados de los posicionamientos "tradicionales keynesianos" corporatistas. Si se atiende únicamente al desarrollo histórico de los acuerdos realizados en Andalucía, cabría subrayar la presencia de una "sociedad pactada", con un alto grado de consenso y cooperación. Pero ¿los trabajadores y las empresas andaluzas realmente han respondido a ese perfil? En realidad, la concertación social debía servir para introducir elementos de coordinación (cooperación) económica, aunque las medidas adoptadas fueran justamente del lado de la oferta (empresa). Con las orientaciones y condicionantes descritos, nos propusimos explorar la complementariedad institucional de los pactos sociales con otro tipo de normas (formales e informales) involucradas en el desarrollo económico y el bienestar. Este análisis ha de aportar una información ajustada y relevante acerca de la idoneidad, centralidad y eficacia de la concertación social en Andalucía. Si los acuerdos generales de concertación son capaces de integrarse social y económicamente en un territorio determinado, deben favorecer un comportamiento de coordinación general. Pero, como ha señalado M. Regini, es de importancia capital conocer qué se acuerda, si son políticas concretas o, por el contrario, promesas genéricas, señales, símbolos compartidos de recíproco reconocimiento y legitimación entre los firmantes. El método de trabajo utilizado es el propio del estudio de la historia y las instituciones económicas, aunque incorpora otras herramientas de análisis de las ciencias jurídicas, la economía, la sociología y la politología. El planteamiento elegido compagina perspectivas deductivas e inductivas, las primeras a partir de las teorías consultadas y las segundas del análisis de los hechos históricos concretos. Más instrumentalmente, se ha recurrido al análisis institucional y cuantitativo, que ha sido tratado, cuando así ha sido requerido, en perspectiva comparada con las regiones de Extremadura, País Vasco y el conjunto de España, tal como se ha indicado. La concertación social ha adquirido un grado de institucionalización formal creciente. El primer Estatuto de Autonomía ya sancionó la adopción de una política de planificación económica, que podía resultar absolutamente compatible con el juego corporatista entre agentes sociales y gobierno. Sin embargo, el nuevo Estatuto de Autonomía de 2007 le ha otorgado rango institucional dentro de la Administración regional al destacarlo como objetivo básico de la Comunidad Autónoma (artículo 10, 20º). El nuevo institucionalismo considera a las instituciones (formales e informales) y su complementariedad como determinantes para el desempeño económico de los territorios. Para que se muestren eficaces, los tipos de acuerdos formales tripartitos de cooperación suscritos a alto nivel deben complementarse con otra clase de prácticas (formales e informales) que se muestren en la misma sintonía. Cuando estas últimas no resultan convergentes, deben cambiarse. Para estimar si han sido predominantes las fórmulas cooperativas y de coordinación en la economía andaluza se ha atendido a cuatro grupos de indicadores. En el primero, se analizan la existencia del diálogo social (la periodicidad e importancia de los pactos), el contenido de los acuerdos (con la limitación derivada de la Administración autonómica en los que se desarrollan) y el grado de cumplimiento y satisfacción de los agentes sociales. En el segundo, la negociación colectiva y el alcance de la misma, y la intensidad de penetración de los sindicatos en las empresas, así como la rotación laboral (contratación temporal respecto a indefinida). En el siguiente, se trata el nivel de afiliación sindical y su progresión, especialmente en las centrales más representativas. En el último, la representatividad de la organización empresarial, así como las redes y uniones de empresas. El análisis comparado ha sido esencial para establecer el grado de homogeneidad de la política de desarrollo europea, de notable influencia en la política económica regional y, en consecuencia, en la concertación social. El contraste, en esta ocasión, se ha establecido con la región de Apulia para definir el grado de similitud en las líneas de acción aprobadas. Esta región del sur de Italia guarda suficientes semejanzas con Andalucía como para establecer una comparación, un sector primario relativamente hipertrofiado, problemas en la industria, servicios predominantes de bajo valor añadido e insuficiente inversión en I+D. Pero, al mismo tiempo, evidencia diferencias económicas e institucionales relevantes. El tejido empresarial posee una naturaleza sectorial distinta, el turismo tiene menos peso y las tasas de desempleo y temporalidad son más reducidas. El grado de autogobierno es menor y la participación de los agentes sociales también es claramente inferior. Divergencias que deberían exigir propuestas de desarrollo singulares. Una alta coincidencia en los planes de desarrollo de ambas regiones apuntaría hacia la uniformidad en la aplicación de la política de desarrollo común y el control exógeno de la misma. Hemos tratado el grado de representación y representatividad de las organizaciones de capital y trabajo en perspectiva comparada. En este punto, además, recurrimos a la noción de capital social, definido como la confianza que posee una sociedad en sí misma y en sus expectativas sociales y económicas, para determinar si los acuerdos consiguieron irradiar los compromisos establecidos hacia abajo, a un nivel micro. Es más, el mayor grado de recurrencia, estabilidad e institucionalización de los mismos en Andalucía debía haber coadyuvado un aumento de esta magnitud, superior al registrado por otras regiones del Estado. El trabajo cuantitativo, por su parte, se ha centrado en el tratamiento comparado de los resultados (evolución de indicadores) de los elementos económicos y sociales sobre los que han incidido con persistencia los pactos sociales, el tejido empresarial, el empleo y las relaciones laborales con las dos regiones de referencia indicadas y con la media de España. El contenido de la tesis se ha estructurado en torno a dos partes diferenciadas con tres capítulos cada una. La primera se centra en el enfoque teórico y los antecedentes remotos y próximos del proceso. La segunda, se ocupa del estudio de la concertación social andaluza en sí misma. El primero de los capítulos aborda una aproximación a las teorías políticas, económicas y sociales relevantes sobre el objeto de estudio. Desde las primeras formulaciones corporativas de sesgo antidemocrático a las nociones de gobernanza y democracia asociativa, se han analizado los tipos de "gobierno político", con un especial interés en las fórmulas libres (democráticas) de corporativismo y en el reverdecer del fenómeno denominado "neocorporativismo" o "neocorporatismo" con motivo de la crisis del modelo keynesiano-fordista de producción. En el ámbito económico, se han considerado tanto las corrientes de pensamiento que se han mostrado a favor de la intervención y regulación económica y, particularmente, de su vertiente pactada con agentes sociales y económicos, como las que se han opuesto y se oponen. Finalmente, en las relaciones sociales se ha indagado en las propuestas teóricas relacionadas con los grupos de interés y las relaciones entre el individuo (representado) y la entidad representante (o los dirigentes y el aparato burocrático), sobre todo en el ámbito sindical. Los dos últimos capítulos de la primera parte han considerado especialmente el caso español, por resultar obviamente relevante para establecer los antecedentes y marcos contextuales exigidos para abordar con posterioridad el proceso andaluz. Los últimos epígrafes correspondientes al tercero se centran especialmente en la CEE y la UE como promotoras de un nuevo tipo de pactos sociales a nivel estatal y regional. La segunda parte se inicia con el capítulo 4, que analiza a los firmantes de los pactos, así como las causas y consecuencias de su participación, y la construcción política e institucional de la concertación social en Andalucía. En el enfoque adoptado sobresale la perspectiva de intercambio político entre los agentes sociales y el Gobierno. El estudio de los planteamientos sociales y económicos del Ejecutivo ha permitido establecer cómo y por qué se producen los cambios de rumbo desde planteamientos de desarrollo endógeno a exógeno, y la adopción del discurso de la promoción de la modernización y el emprendimiento. Al no producirse cambio de color al frente de la Administración regional, salvo la suma del Partido Andalucista en legislaturas contadas, estos cambios y reformulaciones han podido ser apreciados con mayor claridad. El siguiente capítulo se ocupa del ámbito económico de actuación de la concertación social y de la política económica "concertada" aplicada en ese marco de acción. Después del análisis de la situación y evolución de la economía regional, se realiza un análisis de los ingresos y gastos presupuestarios, con particular detenimiento en las inversiones, que ha servido para dilucidar las prioridades políticas acometidas. A continuación se estudia el impacto de las políticas de desarrollo de la UE y su dotación de fondos en la política económica andaluza y la concertación social. En último término, se expone la concertación social como instrumento coordinador de la planificación económica y de desarrollo de la Comunidad Autónoma Andaluza. El capítulo 6 ha valorado los resultados obtenidos en función de los grandes objetivos planteados en los diferentes acuerdos. Se ha partido del análisis de los informes de ejecución de los acuerdos de concertación social y se completado el estudio con el examen del tejido empresarial, el empleo y relaciones laborales, todo ello en perspectiva comparada. El Archivo del Parlamento de Andalucía, en su Diario de Sesiones del Pleno y de las Comisiones, el Archivo Histórico de CC OO-A y el Archivo Histórico de UGT-A han constituido el grueso de las fuentes primarias que han servido para analizar a los protagonistas de los acuerdos y las líneas políticas generales que se han adoptado. La CEA, que no dispone de Archivo Histórico, sólo ha permitido la consulta de los anuarios que publican (1983-2008). Esta información se ha completado con la realización de entrevistas orales a tres dirigentes (uno por cada agente social) con experiencia directa en las negociaciones. Las fuentes hemerográficas, con la consulta de diarios con líneas editoriales bien dispares, El País y ABC de Sevilla, ha provisto a la investigación de indicaciones significativas acerca del contexto de los intereses políticos en liza entre las partes y otras entidades no firmantes, pero afectadas de algún modo (negativamente) por los acuerdos. El examen de las diferentes planificaciones generales, planes de desarrollo regional y acuerdos de concertación, a través de los respectivos documentos editados, ha posibilitado extraer la evolución de las políticas públicas desarrolladas, cuyo consenso social ha ido incrementándose. La documentación del Programa Operativo Regionale de Apulia de los dos últimos periodos financieros de los fondos estructurales ha permitido la comparación de las políticas de desarrollo en esta región con Andalucía. A través de la publicación de los informes de ejecución del tercer al sexto acuerdo de la Comisión General de Seguimiento, 1999-2008, hemos conocido el impacto alcanzado por las medidas suscritas sobre el conjunto de la economía regional según los propios protagonistas de los pactos, aunque las cifras ofrecidas no cuentan con ninguna indicación de procedencia o estudio. Además, debe indicarse que ni los dos primeros acuerdos tripartitos ni los bipartitos celebrados hasta 1992 han contado con ningún instrumento público de seguimiento y/o valoración. El estudio de la aplicación presupuestaria inicial de la Junta de Andalucía (presupuesto iniciales) ha contribuido a confirmar, de manera cuantitativa, la importancia de las diferentes políticas que se han impulsado. La información necesaria para realizar la valoración de los resultados alcanzados por la concertación social se ha completado con fuentes estadísticas, en las que se han utilizado, relacionado y elaborado, en su caso, bases de datos y series del Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la Oficina Europea de Estadísticas y de los Ministerios de Trabajo y de Industria y Comercio.
La importancia estratégica de la concertación social en la política económica de la Junta de Andalucía ha sido creciente. El VI Acuerdo de Concertación Social, último ejecutado en su integridad, comprometió para 2005-2008 una inversión pública, contabilizada en fase de obligaciones reconocidas, de 11.509,41 millones de euros, el 45,40% del total de gasto consolidado de inversión de los presupuestos iniciales de la Junta de Andalucía para ese periodo. La estabilidad y recurrencia de la concertación social ha definido la trayectoria de la economía y de la sociedad andaluza en los últimos treinta años. Sus actores, gobierno regional, organización empresarial y sindicatos más representativos, han compartido la convicción de que el proceso ha procurado paz social, modernidad y desarrollo. La misma Unión Europea (UE) ha propuesto el "partenariado social" andaluz como ejemplo para conseguir una aplicación más eficaz de los fondos estructurales y de cohesión en otras regiones relativamente atrasadas. Ciertas evidencias, señaladas por algunos autores y centros de estudios económicos, han revelado, sin embargo, la tenaz persistencia de carencias relativas en renta, crecimiento, productividad y, sobre todo, empleo. Pasado el segundo semestre de 2008, cuando se redactó el proyecto que dio inicio a esta tesis doctoral, la rápida y extraordinaria destrucción de riqueza y puestos de trabajo confirmó las predicciones pesimistas y las debilidades de la economía andaluza. A pesar de que el fenómeno principia prácticamente con el establecimiento del Estatuto de Autonomía, a la altura de 2008 no existía ningún análisis sistemático del proceso de concertación andaluz, y sí sólo algunos estudios realizados desde la óptica del Derecho del Trabajo y documentos críticos de un grupo de estudios económicos. Las carencias existentes respecto a la descripción y análisis del fenómeno no eran cubiertas por las comisiones de seguimiento ni los respectivos informes de ejecución de los pactos, que no iban mucho más allá de las proclamas de una bondad tautológica. La ausencia de evaluación viene a justificar la conveniencia y oportunidad de la presente tesis doctoral. La cronología seleccionada, el periodo que transcurre entre 1983 y 2008, responde a unos criterios perfectamente definidos. En 1983 el gobierno autonómico decidió impulsar un tipo de "planificación democrática" (concertada), que debía contar con el concurso de las organizaciones de trabajo y capital más representativas en la Comunidad Autónoma y el respaldo del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, creado ese mismo año. La fecha final, 2008, corresponde al último acuerdo de concertación celebrado y ejecutado por completo, el VI pacto tripartito, en vigor desde 2005. El período que abarca esta investigación se ha desglosado, para un análisis más ajustado, en dos etapas que presentan rasgos diferenciados. En el transcurso de los años 1983-1992 la Junta de Andalucía celebró, por separado, diversos acuerdos bipartitos con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), por un lado, y con la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y Comisiones Obreras de Andalucía (CC OO-A), por otro. En un segundo momento, entre 1993-2008, comenzaron a suscribirse pactos tripartitos (gobierno, organización empresarial y sindicatos) que, en virtud de su importancia, contaron con una financiación y repercusiones políticas y económicas crecientes. El análisis de los acuerdos sociales, cuya finalidad fundamental era mejorar el bienestar y garantizar el desarrollo de la región, ha requerido el examen de los resultados económicos y "socioeconómicos". No se oculta la dificultad de aislar el impacto de los acuerdos sociales de la influencia ejercida por otros factores relativos al crecimiento, por la inclusión de la economía andaluza en el contexto global y por la coyuntura que esa inclusión le impone. Para intentar soslayar esas dificultades procederemos, por un lado, a comparar la situación de la economía andaluza con la española al inicio y al final del proceso de concertación y, por otro, a contrastarla con la de otras regiones que presentan rasgos disímiles en el ámbito de los acuerdos sociales como Extremadura y País Vasco. La evolución de sus resultados económicos y económico-sociales con respecto a los promedios del Estado a lo largo de la cronología propuesta ha permitido establecer un punto de partida (1983), sin concertación social, y otro de llegada (2008), sí afectado por el proceso. Un planteamiento que permite apreciar si los "acuerdos sociales" (concertación) han contribuido a reducir o no las distancias con respecto al promedio de España. Se podría objetar, de nuevo, que otros elementos institucionales como, por ejemplo, la asunción progresiva de competencias del Estado central también habrían influido y tampoco sería posible discernir en qué medida. Sin embargo, el avance o retroceso de la región con respecto al promedio nacional en los indicadores básicos de desarrollo económico y social advertiría del grado de eficacia relativa de la política económica desarrollada, influida de manera significativa y creciente por la concertación social. El hecho de que Extremadura y País Vasco no contaran con el mismo grado de institucionalización en sus pactos regionales ha permitido establecer un contraste fundamental. Así, los resultados serán analizados en una región de alta institucionalización, Andalucía, con respecto a una comunidad de institucionalización media (menor) y desarrollo económico y social inicial similar, Extremadura; y a otra con un grado de acuerdos sociales todavía más bajo y un estándar de desarrollo originario (1983) superior. En un ámbito institucional (formal) coincidente, al tratarse de regiones insertas en el mismo Estado, bajo una unidad política y económica básica y un marco de relaciones laborales común, los acuerdos sociales pueden proyectarse como una distinción significativa. Puede argüirse que, en el caso del País Vasco, el concierto económico supone una diferencia institucional clave para explicar las diferencias interregionales, pero sus antecedentes se remontan al siglo XIX y, lo más importante, el actual modelo data de 1981, aunque ha sufrido modificaciones posteriores. Es decir, que durante los años ochenta esta singularidad ya operaba y se ha mantenido estable en el tiempo. Para lograr discernir con mayor claridad el impacto de la concertación social, se trazaron una serie de objetivos secundarios. El primero de ellos, integrar el tema de estudio en un ámbito conceptual que le fuera propio para, a continuación, establecer la relación de los pactos sociales con la política económica general desarrollada en Andalucía y con otras planificaciones que ya tenían lugar en la región. Política económica, a su vez, supeditada a la nacional y, a partir de 1986, a las políticas comunes de la Comunidad Económica Europea (CEE), luego UE. El análisis del proceso ha demandado examinar con precisión a sus protagonistas, agentes sociales y gobierno, tanto como los incentivos que han motivado su participación y los beneficios obtenidos. En último término, se ha pretendido un análisis institucional que determine el grado de relevancia y coordinación del proceso con otras instituciones (formales e informales). Nos hemos propuesto comprender el nivel de "complementariedad institucional" de la concertación social, es decir, si encaja o resulta contraproducente con otras instituciones económicas y sociales, pues el grado de complementariedad y coherencia institucional compromete su nivel de eficacia. La definición de estos objetivos se ha realizado a través de una serie de cuestiones e hipótesis de partida. Pese a ser una práctica que fue calificada como "pionera" por sus actores -única se llegó a decir- ¿era una propuesta realmente singular en sentido estricto? ¿Podrían inscribirse los pactos andaluces dentro de un contexto más amplio? En este sentido, ha resultado muy oportuno relacionar la evolución del diálogo social regional con el nacional, pues Andalucía no ha sido la única región que ha celebrado pactos corporatistas. En Andalucía, como en el resto de España, no existía la cultura de negociación entre capital y trabajo que se desarrolló en Europa occidental muy particularmente desde 1950. Así, una de las primeras tareas pasaba necesariamente por determinar las raíces de los acuerdos sociales en la región y el contexto histórico en que tuvieron lugar. El ingreso de España en la CEE conllevó la asunción de la política de desarrollo regional europea, controlada de un modo creciente por los Consejos Europeos y la Comisión. Las directrices emanadas de Bruselas hubieron de ser integradas en la política económica regional y, en consecuencia, en los pactos sociales. Por tanto, nos hemos planteado cómo la política regional europea ha afectado el contenido de los acuerdos y, en sentido contrario, la influencia de éstos sobre los planes de desarrollo regional, enviados a Madrid y a Bruselas para su aprobación. La concertación social, según la teoría neocorporatista (o neocorporativa) formulada en el decenio de 1970, es un proceso coadyuvado por la debilidad relativa de los actores implicados (incluido el Gobierno), y por la presencia en el poder de ejecutivos de izquierda o centro-izquierda. En este sentido, la gran eclosión de los pactos sociales durante los años setenta se relacionó con la crisis económica que interrumpió veinte años de crecimiento y prosperidad sostenidos. Las consecuencias no tardaron en dejarse sentir para los sindicatos, tachados de inflacionistas e ineficientes, que sufrieron una pérdida considerable de afiliación debido al paro masivo. Las organizaciones empresariales acusaron igualmente la recesión al perder asociados por cierre de actividad. Los gobiernos se enfrentaron al desgaste continuo que suponía una coyuntura adversa que se prolongaba en el tiempo y una evidente fragilidad, en el caso de que no disponer de sólidas mayorías. Los fracasos cosechados y la difusión de políticas a favor de la oferta, orientadas a la desregulación y la flexibilidad, parecieron dar por concluidos los pactos sociales. Sin embargo, ¿qué factores determinaron el regreso de la concertación social a partir de la segunda mitad de la década de 1980? Podrían haber sido, entre otros elementos, las propias exigencias de cambio para conseguir una mayor competitividad las que impulsaran la firma de nuevos acuerdos, especialmente en aquellos países donde los sindicatos retuvieron cierta fuerza y/o existieron gobiernos proclives, dada su tendencia ideológica o bien su falta de fortaleza. El diálogo social fructífero, institución que se regulaba por acuerdos políticos y sociales, se dispuso justamente para otorgar un mayor protagonismo al mercado. Con todo, debe comprobarse si, tal como nos planteábamos inicialmente, el resultado ofrecido por estos pactos no ha sido tan drástico como en los países en los que los gobiernos adoptaron medidas liberalizadoras de manera unilateral. Según la hipótesis de partida los pactos sociales andaluces, iniciados en la década de 1980, debían estar alejados de los posicionamientos "tradicionales keynesianos" corporatistas. Si se atiende únicamente al desarrollo histórico de los acuerdos realizados en Andalucía, cabría subrayar la presencia de una "sociedad pactada", con un alto grado de consenso y cooperación. Pero ¿los trabajadores y las empresas andaluzas realmente han respondido a ese perfil? En realidad, la concertación social debía servir para introducir elementos de coordinación (cooperación) económica, aunque las medidas adoptadas fueran justamente del lado de la oferta (empresa). Con las orientaciones y condicionantes descritos, nos propusimos explorar la complementariedad institucional de los pactos sociales con otro tipo de normas (formales e informales) involucradas en el desarrollo económico y el bienestar. Este análisis ha de aportar una información ajustada y relevante acerca de la idoneidad, centralidad y eficacia de la concertación social en Andalucía. Si los acuerdos generales de concertación son capaces de integrarse social y económicamente en un territorio determinado, deben favorecer un comportamiento de coordinación general. Pero, como ha señalado M. Regini, es de importancia capital conocer qué se acuerda, si son políticas concretas o, por el contrario, promesas genéricas, señales, símbolos compartidos de recíproco reconocimiento y legitimación entre los firmantes. El método de trabajo utilizado es el propio del estudio de la historia y las instituciones económicas, aunque incorpora otras herramientas de análisis de las ciencias jurídicas, la economía, la sociología y la politología. El planteamiento elegido compagina perspectivas deductivas e inductivas, las primeras a partir de las teorías consultadas y las segundas del análisis de los hechos históricos concretos. Más instrumentalmente, se ha recurrido al análisis institucional y cuantitativo, que ha sido tratado, cuando así ha sido requerido, en perspectiva comparada con las regiones de Extremadura, País Vasco y el conjunto de España, tal como se ha indicado. La concertación social ha adquirido un grado de institucionalización formal creciente. El primer Estatuto de Autonomía ya sancionó la adopción de una política de planificación económica, que podía resultar absolutamente compatible con el juego corporatista entre agentes sociales y gobierno. Sin embargo, el nuevo Estatuto de Autonomía de 2007 le ha otorgado rango institucional dentro de la Administración regional al destacarlo como objetivo básico de la Comunidad Autónoma (artículo 10, 20º). El nuevo institucionalismo considera a las instituciones (formales e informales) y su complementariedad como determinantes para el desempeño económico de los territorios. Para que se muestren eficaces, los tipos de acuerdos formales tripartitos de cooperación suscritos a alto nivel deben complementarse con otra clase de prácticas (formales e informales) que se muestren en la misma sintonía. Cuando estas últimas no resultan convergentes, deben cambiarse. Para estimar si han sido predominantes las fórmulas cooperativas y de coordinación en la economía andaluza se ha atendido a cuatro grupos de indicadores. En el primero, se analizan la existencia del diálogo social (la periodicidad e importancia de los pactos), el contenido de los acuerdos (con la limitación derivada de la Administración autonómica en los que se desarrollan) y el grado de cumplimiento y satisfacción de los agentes sociales. En el segundo, la negociación colectiva y el alcance de la misma, y la intensidad de penetración de los sindicatos en las empresas, así como la rotación laboral (contratación temporal respecto a indefinida). En el siguiente, se trata el nivel de afiliación sindical y su progresión, especialmente en las centrales más representativas. En el último, la representatividad de la organización empresarial, así como las redes y uniones de empresas. El análisis comparado ha sido esencial para establecer el grado de homogeneidad de la política de desarrollo europea, de notable influencia en la política económica regional y, en consecuencia, en la concertación social. El contraste, en esta ocasión, se ha establecido con la región de Apulia para definir el grado de similitud en las líneas de acción aprobadas. Esta región del sur de Italia guarda suficientes semejanzas con Andalucía como para establecer una comparación, un sector primario relativamente hipertrofiado, problemas en la industria, servicios predominantes de bajo valor añadido e insuficiente inversión en I+D. Pero, al mismo tiempo, evidencia diferencias económicas e institucionales relevantes. El tejido empresarial posee una naturaleza sectorial distinta, el turismo tiene menos peso y las tasas de desempleo y temporalidad son más reducidas. El grado de autogobierno es menor y la participación de los agentes sociales también es claramente inferior. Divergencias que deberían exigir propuestas de desarrollo singulares. Una alta coincidencia en los planes de desarrollo de ambas regiones apuntaría hacia la uniformidad en la aplicación de la política de desarrollo común y el control exógeno de la misma. Hemos tratado el grado de representación y representatividad de las organizaciones de capital y trabajo en perspectiva comparada. En este punto, además, recurrimos a la noción de capital social, definido como la confianza que posee una sociedad en sí misma y en sus expectativas sociales y económicas, para determinar si los acuerdos consiguieron irradiar los compromisos establecidos hacia abajo, a un nivel micro. Es más, el mayor grado de recurrencia, estabilidad e institucionalización de los mismos en Andalucía debía haber coadyuvado un aumento de esta magnitud, superior al registrado por otras regiones del Estado. El trabajo cuantitativo, por su parte, se ha centrado en el tratamiento comparado de los resultados (evolución de indicadores) de los elementos económicos y sociales sobre los que han incidido con persistencia los pactos sociales, el tejido empresarial, el empleo y las relaciones laborales con las dos regiones de referencia indicadas y con la media de España. El contenido de la tesis se ha estructurado en torno a dos partes diferenciadas con tres capítulos cada una. La primera se centra en el enfoque teórico y los antecedentes remotos y próximos del proceso. La segunda, se ocupa del estudio de la concertación social andaluza en sí misma. El primero de los capítulos aborda una aproximación a las teorías políticas, económicas y sociales relevantes sobre el objeto de estudio. Desde las primeras formulaciones corporativas de sesgo antidemocrático a las nociones de gobernanza y democracia asociativa, se han analizado los tipos de "gobierno político", con un especial interés en las fórmulas libres (democráticas) de corporativismo y en el reverdecer del fenómeno denominado "neocorporativismo" o "neocorporatismo" con motivo de la crisis del modelo keynesiano-fordista de producción. En el ámbito económico, se han considerado tanto las corrientes de pensamiento que se han mostrado a favor de la intervención y regulación económica y, particularmente, de su vertiente pactada con agentes sociales y económicos, como las que se han opuesto y se oponen. Finalmente, en las relaciones sociales se ha indagado en las propuestas teóricas relacionadas con los grupos de interés y las relaciones entre el individuo (representado) y la entidad representante (o los dirigentes y el aparato burocrático), sobre todo en el ámbito sindical. Los dos últimos capítulos de la primera parte han considerado especialmente el caso español, por resultar obviamente relevante para establecer los antecedentes y marcos contextuales exigidos para abordar con posterioridad el proceso andaluz. Los últimos epígrafes correspondientes al tercero se centran especialmente en la CEE y la UE como promotoras de un nuevo tipo de pactos sociales a nivel estatal y regional. La segunda parte se inicia con el capítulo 4, que analiza a los firmantes de los pactos, así como las causas y consecuencias de su participación, y la construcción política e institucional de la concertación social en Andalucía. En el enfoque adoptado sobresale la perspectiva de intercambio político entre los agentes sociales y el Gobierno. El estudio de los planteamientos sociales y económicos del Ejecutivo ha permitido establecer cómo y por qué se producen los cambios de rumbo desde planteamientos de desarrollo endógeno a exógeno, y la adopción del discurso de la promoción de la modernización y el emprendimiento. Al no producirse cambio de color al frente de la Administración regional, salvo la suma del Partido Andalucista en legislaturas contadas, estos cambios y reformulaciones han podido ser apreciados con mayor claridad. El siguiente capítulo se ocupa del ámbito económico de actuación de la concertación social y de la política económica "concertada" aplicada en ese marco de acción. Después del análisis de la situación y evolución de la economía regional, se realiza un análisis de los ingresos y gastos presupuestarios, con particular detenimiento en las inversiones, que ha servido para dilucidar las prioridades políticas acometidas. A continuación se estudia el impacto de las políticas de desarrollo de la UE y su dotación de fondos en la política económica andaluza y la concertación social. En último término, se expone la concertación social como instrumento coordinador de la planificación económica y de desarrollo de la Comunidad Autónoma Andaluza. El capítulo 6 ha valorado los resultados obtenidos en función de los grandes objetivos planteados en los diferentes acuerdos. Se ha partido del análisis de los informes de ejecución de los acuerdos de concertación social y se completado el estudio con el examen del tejido empresarial, el empleo y relaciones laborales, todo ello en perspectiva comparada. El Archivo del Parlamento de Andalucía, en su Diario de Sesiones del Pleno y de las Comisiones, el Archivo Histórico de CC OO-A y el Archivo Histórico de UGT-A han constituido el grueso de las fuentes primarias que han servido para analizar a los protagonistas de los acuerdos y las líneas políticas generales que se han adoptado. La CEA, que no dispone de Archivo Histórico, sólo ha permitido la consulta de los anuarios que publican (1983-2008). Esta información se ha completado con la realización de entrevistas orales a tres dirigentes (uno por cada agente social) con experiencia directa en las negociaciones. Las fuentes hemerográficas, con la consulta de diarios con líneas editoriales bien dispares, El País y ABC de Sevilla, ha provisto a la investigación de indicaciones significativas acerca del contexto de los intereses políticos en liza entre las partes y otras entidades no firmantes, pero afectadas de algún modo (negativamente) por los acuerdos. El examen de las diferentes planificaciones generales, planes de desarrollo regional y acuerdos de concertación, a través de los respectivos documentos editados, ha posibilitado extraer la evolución de las políticas públicas desarrolladas, cuyo consenso social ha ido incrementándose. La documentación del Programa Operativo Regionale de Apulia de los dos últimos periodos financieros de los fondos estructurales ha permitido la comparación de las políticas de desarrollo en esta región con Andalucía. A través de la publicación de los informes de ejecución del tercer al sexto acuerdo de la Comisión General de Seguimiento, 1999-2008, hemos conocido el impacto alcanzado por las medidas suscritas sobre el conjunto de la economía regional según los propios protagonistas de los pactos, aunque las cifras ofrecidas no cuentan con ninguna indicación de procedencia o estudio. Además, debe indicarse que ni los dos primeros acuerdos tripartitos ni los bipartitos celebrados hasta 1992 han contado con ningún instrumento público de seguimiento y/o valoración. El estudio de la aplicación presupuestaria inicial de la Junta de Andalucía (presupuesto iniciales) ha contribuido a confirmar, de manera cuantitativa, la importancia de las diferentes políticas que se han impulsado. La información necesaria para realizar la valoración de los resultados alcanzados por la concertación social se ha completado con fuentes estadísticas, en las que se han utilizado, relacionado y elaborado, en su caso, bases de datos y series del Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la Oficina Europea de Estadísticas y de los Ministerios de Trabajo y de Industria y Comercio.
El diseño se desarrolla de forma práctica con fines comunicativos en la sociedad, éste se ha consolidado dentro de los aspectos comerciales más importantes de las organizaciones, debido a los requerimientos del mundo globalizado y a la gran demanda de diseño. El diseño involucra métodos y soluciones a problemas específicos de comunicación partiendo desde la identificación a través de procesos técnicos, la utilización de elementos diversos que finalmente componen un proyecto visual, generador de rentabilidad
El auge comunicacional ha impulsado la aplicación de la disciplina por su versatilidad para resolver problemas, situándolo en un punto de reflexión y análisis desde diferentes áreas. "Nunca se había hablado tanto del diseño hasta que los mass-media1 se apropiaron de él como si de un producto más, vendible en páginas y pantallas, se tratara". (Zimmermann, 2002, p. 55)
Para Chaves N. (2009) hace algunos años todavía no se consideraba cosa seria el analizar problemáticas de índole visual y mucho menos dar retribución por un trabajo que a la vista de todos no era más que habilidad plástica heredada2 . El diseño es una práctica heterogénea en la que se unifican variantes técnicas, metodológicas, culturales y estilísticas, estas acciones colaboran al desarrollo de un ambiente económico en el mercado
En este contexto, la globalización y el incremento de la comunicación han favorecido los procesos por los que atraviesa el diseño, brindando a las organizaciones elementos que favorecen su aplicación. El diseño en las organizaciones creativas favorece el cumplimiento de los objetivos, aportando diferenciación e innovación que resultan en una comunicación eficaz y en una mejor organización, además colabora en la solución de hábitos y rutinas comunicacionales que generan problemas.
Por naturaleza, el diseño exige la búsqueda de soluciones. A finales de la década de los noventa e inicios del siglo XXI Argentina sufrió una importante crisis política y económica; la que se vio sucedida por cambios en los gobiernos de turno, manifestaciones continuas, crisis financiera, la desaparición de la convertibilidad, la retención de los depósitos bancarios fueron entre otros, los principales elementos de la crisis. Esta etapa provocó grandes tasas de desempleo en diferentes áreas de negocios, los diseñadores por su parte, los que trabajaban en relación de dependencia, fueron destituidos de sus cargos en agencias y estudios de diseño, quedando expuestos a abandonar la profesión o buscar alternativas ocupacionales. En este punto de crisis donde los empleos se veían cada vez más reducidos, el diseñador buscó la manera de continuar ejerciendo su profesión de manera más propia al margen de los acontecimientos que sucedían en el país. La manera de solventar los gastos y de generar trabajo se vio concretada en el desarrollo de emprendimientos, constituyéndose como FreeLancer3 o estableciendo estudios de diseño desde sus propios hogares. Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la crisis del 2001 estimuló a que Argentina se situara entre los diez países más emprendedores a nivel mundial y que el rubro del diseño tomará un papel más relevante sobre todo en la ciudad de Buenos Aires
Con la crisis surgieron gran cantidad de estudios de diseño dirigidos por profesionales que perdieron su trabajo o aquellos que empezaban su vida laboral. En la actualidad la creación de estudios de diseño se encuentra en aumento permanente gracias al fortalecimiento de los conocimientos sobre gestión que posee el diseñador. Esto ha significado una sociedad generadora de empleo y estudios innovadores, que son organizaciones que llevan un proceso firme de actualización comercial, organizacional y comunicacional
En los últimos años la ciudad de Buenos Aires ha experimentado la rápida evolución de las disciplinas de comunicación, la cultura de diseño representa un objeto de estudio importante por la gran cantidad de espacios publicitarios que se permiten emitir, y por el incremento de estudios de diseño que se ven en la necesidad de planificar o gestionar sus organizaciones para mejorar el desempeño, gestionar de mejor manera los procesos, identificar correctamente los problemas y ofrecer soluciones concretas
El correcto direccionamiento de los estudios creativos como del diseño mismo, genera información que permite a los diseñadores mejorar su desempeño y adoptar beneficios tanto empresariales como económicos. La gestión del diseño4 se encuentra definida como el conjunto de actividades, metodologías y técnicas que maximiza el uso de los recursos disponibles y que permite además, obtener los objetivos del proyecto en el que se encuentra involucrado el diseñador como el encargado de realizar dichas actividades
De la misma manera la gestión del estudio de diseño permite mantener y desarrollar un conjunto de atributos y valores intangibles en un servicio, una marca, un proyecto o un producto, que se establezcan muy alto en la mente del cliente, de tal manera que se crea mucho prestigio y un gran valor de los productos o servicios que están asociados al nombre del estudio. La presente Tesis se centra en el análisis de los resultados obtenidos de los estudios de dise- ño de la ciudad de buenos Aires, concretamente desde una perspectiva que vincula al dise- ñador, su empresa y la gestión, tratando de integrar un modelo que adopte los principales aspectos por los que se destacaron a partir de situaciones de coyunturas económicas, sociales y culturales del país que obligaron a los diseñadores a organizar su propia empresa.
Según la encuesta elaborada por la consultora Grant Thorton, de la ciudad de Chicago en el año 2011, Buenos Aires se encuentra en el quinto puesto del ranking mundial de optimismo empresarial, en donde se hace tangible un mercado viable para la comunicación y el diseño por el alto índice empresarial que en esta existe y por la gran demanda de sectores anunciantes para el desarrollo del rubro gráfico particularmente.
Orden y Justificación del trabajo
La investigación plantea el siguiente orden de trabajo, basándose en el análisis de los temas expuestos, realiza un recorrido que justifica la hipótesis planteada en el que se aborda los diferentes conceptos, teorías y metodologías que se emplean en la gestión y el correcto direccionamiento tanto de los estudios de diseño como de los procesos que le son propios. El orden se detalla de la siguiente manera
El capítulo uno aborda la importancia del diseño en Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, la generalización de los estudios de diseño, el crecimiento y la viabilidad para formar un emprendimiento que pueda llegar a ser exitoso mediante el diseño y la gestión tanto de las estrategias utilizadas como de la elección correcta por parte del diseñador y de las acciones que le permitieron consolidar su estudio de diseño
En el capítulo dos se trata sobre los aspectos comerciales del diseño, la exposición de autores y su posición frente a este fenómeno y las cualidades que posee el diseñador, su visión y análisis hacia el mercado local. Además, del abordaje y la inclusión del diseñador en la gestión y dirección del estudio
El tercer capítulo está dedicado al análisis y la observación del diseñador en los nuevos mercados, ya que son estos los que generan nuevos retos para el profesional, así también la implementación de estrategia y gestión en los modelos empresariales de los estudios de diseño que en un primer acercamiento fueron concebidos de manera empírica por otra parte se realiza un análisis sobre la reconversión en los nuevos mercados sobre el diseño. El cuarto capítulo está dedicado al análisis e interpretación de las entrevistas a profesionales del diseño, así como el relevamiento de información en las dimensiones de crecimiento, consolidación y éxito y como enfrentaron los momentos de crisis en sus estudios. Además identificar los momentos claves de los estudios de diseño dentro de la concepción, el posicionamiento y la diferenciación de los mismos
Por último se presenta la metodología utilizada, las bases que la sustentan por medio del análisis y la comparación en contexto con el objeto de estudio. Se plantea el modelo teó- rico que sirve de base para contrastar la hipótesis y describir la metodología utilizada en la presente investigación. Finalizando con los conclusiones del autor a criterio personal.
Objetivo General
Como objetivo general plantea analizar la gestión implementada en los estudios de diseño, Gorricho, Tricota, Lipina y Krill, juntamente con la implementación de planes y políticas que se ejecutaron para consolidar el estudio de diseño como organización en la ciudad de Buenos Aires.
Objetivos Específicos
Sus objetivos específicos son determinar las estrategias competitivas y de crecimiento utilizadas por los estudios de diseño para sostener su rentabilidad; explorar los problemas que tuvieron los diseñadores en las distintas etapas del crecimiento de su organización y los factores que lo desencadenaron; analizar la gestión de los estudios, identificando los riesgos y factores de resistencia que han enfrentado y las medidas propuestas para superarlos; identificar las herramientas de Gestión Empresarial que permitieron construir y desarrollar la competitividad y el posicionamiento de su empresa; y analizar las estrategias de costo que se utilizaron como consecuencia de factores económicos y frente a sus competidores.
Hipótesis
Por otro lado, sostiene la hipótesis que la gestión implementada en los estudios de dise- ño: Gorricho, Tricota, Lipina y Krill, favorecieron su consolidación como organizaciones estructuradas, contribuyendo al desarrollo profesional del diseñador y su estudio en la ciudad de Buenos Aires, en el período 2002-2012.
Pertinencia a líneas temáticas planteadas en la maestría
El presente trabajo de investigación se encuentra dentro la línea temática que estudia empresas y marcas, la relación que existe entre el diseño, la gestión y las economías que son generadas a partir de los nexos que existen entre ellos. Esta investigación se acerca a este fenómeno a través del análisis, el enfoque y los factores que contribuyen a explicar el éxito en los estudios de diseño y particularmente en facilitar el esfuerzo de dichas organizaciones a través de la innovación y el conocimiento que posee el diseñador
Los estudios de diseño son organismos que ha aportado gran valor comercial y económico en la ciudad, y han formado expectativas para el avance del conocimiento sobre el diseño y la gestión de los mismos estudios así como del diseño en particular.
Notas
1. Mass-media: Según la Real academia de la lengua, es el conjunto de los medios de comunicación
2. Norberto Chaves realiza un análisis sobre el diseño y su concepción en la actualidad
3. FreeLancer: Se denomina trabajador freelance o freelancer o consultor a la persona cuya actividad consiste en realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión, de forma autónoma
4. Gestión del Diseño: Es una disciplina empresarial que utiliza la gestión de proyectos, el diseño, la estrategia y las técnicas de la cadena de suministro para el control de un proceso creativo, el apoyo a una cultura de la creatividad y la construcción de una estructura y organización para el diseño.
Letter from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. informing that his health is improving and that he received the shipment of oranges. He thanks for the transfer of the lot that he made to the children Plutarco José and Leonardo Elías Calles. Letter from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. asking a photograph and a donation for teacher Cenobio Flores; Principal of the School with his name. He gives family news and asks him to solve the matter with the lands. Letters from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles informing that he is ill and that he received the shipment of oranges and grapefruits. He asks him to send "Pato" to the National School of Agriculture and to tell "Licha" to write him. Letter from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. saying he hopes there will be a good harvest. He sends the money for the tractor and comments on the political situation. Letters from Mr. Plutarco Elías Calles Jr. to Gen. Plutarco Elías Calles informing he is sending boxes with fruit from the hacienda Soledad La Mota. He also informs that he has not been able to begin the projects he had and that the new tractor is already working. Letter from Mr. Jorge Castellanos; personal secretary of Gen. Plutarco Elías Calles requesting Lucky Strike cigarettes for Gen. Plutarco Elías Calles. Letter from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. asking him to visit Gen. Maximino Ávila Camacho Secretary of Communications and Public Works during his trips in the state of Nuevo León. Letter from Engr. F. Belden to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. giving information about the hydroelectric plant in Montemorelos, which is property of Mrs. Edelmira V. Berlanga. Letter from Mr. Plutarco Elías Calles Jr. sending a newspaper clipping with an article of the inauguration of a school with his name and informing about the work in the hacienda. Letters from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. telling him that he received information about a farm in Veracruz called "Orduña" and the he would ask him if it is convenient to buy it and at what price. Mr. Plutarco Elías Calles replies asking not to make any decision regarding the farm until they can meet. He adds a report of the activities in the hacienda. Letter from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. telling him that he is in Cuernavaca and asking him to solve the matter with the lots so they can be used. Letter from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles apologizing for not being able to write before and explain that since he is again in the army, he will not be able to visit the hacienda Soledad La Mota. New Year's greetings from Mr. Plutarco Elías Calles Jr. to Gen. Plutarco Elías Calles (1942). Telegram from Mr. Plutarco Elías Calles Jr. to Gen. Plutarco Elías Calles informing that "Licha" is fine. New Year's greetings from Gen. Plutarco Elías Calles to his son Mr. Plutarco Elías Calles Jr. (1943). Certificate issued by Gen. Anselmo Macías Valenzuela; Governor of the state of Sonora and Engr. Francisco Q. Salazar; Secretary of Sonora stating the registry of the birth certificate of Mr. Plutarco Elías Calles Chacón in Nogales, Sonora. Letter from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. telling him that he just returned from a trip to Sinaloa and that he wants to travel to Valles to buy lots. Promissory note in favor of Gen. Plutarco Elías Calles. Letter from Mr. Plutarco Elías Calles Jr. to Gen. Plutarco Elías Calles mentioning about a business with Americans to buy orange juice and sending an account of the expenses in the hacienda from April 15, 1942 to June 5, 1943. Letter from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. recommending Mr. Guillermo González Dávila, who is in Monterrey doing his military service. Letter from Mr. Jorge Rodríguez to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. asking to inform if he received the documents he sent. Letter from Mr. Plutarco Elías Calles Jr. to Gen. Plutarco Elías Calles sending an account statement from June 1, 1943 to June 30, 1944. Letter from Gen. Plutarco Elías Calles to Mr. Plutarco Elías Calles Jr. informing that due to health issues he moved to Cuernavaca, Morelos and that he is sending a check. Correspondence between Gen. Plutarco Elías Calles and Mr. Plutarco Elías Calles Jr. related to the health status of the general and the agricultural activities carried out in the hacienda Soledad La Mota: sowing, purchase of agricultural items and sale of lots. They also write about the sale of lots by Mr. Plutarco Elías Calles Jr. to the children Plutarco José and Leonardo Elías Calles Llorente. //Carta que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. diciéndole que ya ese encuentra mejor de salud, que recibieron su envío de naranjas y agradeciéndole por la cesión de terreno que hizo a los niños Plutarco José y Leonardo Elías Calles. Carta que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. solicitándole que entregue una foto suya y un donativo al profesor Cenobio Flores, director de la escuela que lleva su nombre, relatándole cosas de familia y pidiéndole que arregle el asunto de las tierras para que pueda ocuparse en algo. Cartas que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. diciéndole que se encuentra un poco mal de salud, que recibió su envío de naranjas y pomelos, que no desista de su intento de enviar al Pato a la Escuela Nacional de Agricultura y solicitándole que le pida a Licha que le escriba. Carta que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. diciéndole que espera haya buena cosecha, que le envía el importe del tractor y comentándole que la situación política ha mejorado, con lo que espera termine la anarquía social que dejó la administración pasada. Cartas que envía el señor Plutarco Elías Calles Jr. al general PEC diciéndole que le envía algunas cajas con fruta de la hacienda Soledad La Mota, que no ha podido iniciar los proyectos que habían tratado y que ya puso a funcionar su tractor. Carta que envía el señor Jorge Castellanos, secretario del general PEC, solicitándole que le envíe algunos paquetes de cigarros Lucky Strike, que son los favoritos del general. Carta que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. pidiéndole que haga una visita al secretario de Comunicaciones y obras Públicas, general Maximino Ávila Camacho, durante su gira por el estado de Nuevo León. Carta que envía el ingeniero F. Belden al ingeniero Plutarco Elías Calles Jr. proporcionándole algunos datos acerca de la planta Hidroeléctrica de Montemorelos, propiedad de la señora Edelmira V. Vda. de Berlanga. Carta que envía el señor Plutarco Elías Calles Jr. al general PEC diciéndole que le adjunta un recorte de periódico en el que aparece la crónica de la inauguración de una escuela con su nombre e informándole sobre el desarrollo de los trabajos en la hacienda. Cartas que envía el señor Plutarco Elías Calles Jr. al general PEC diciéndole que recibió informes sobre una finca en Veracruz, denominada la "Orduña" y que de ser conveniente a sus intereses le solicitará su consejo para decidir si es favorable que la adquiera y a qué precio contestándole el señor Plutarco Elías Calles Jr. que no tome ninguna decisión respecto a la compra de la finca la "Orduña" hasta que se hayan entrevistado y que le adjunta su estado de cuenta, en donde detalla las actividades desarrolladas en la hacienda. Carta que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. diciéndole que se encuentra en Cuernavaca y recordándole que arregle el asunto de los terrenos para que ya pueda trabajar en ellos. Carta que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. disculpándose por no haberle escrito y explicándole que la disposición del presidente de la República de llamarlo al servicio activo le ha impedido visitarlos en Soledad La Mota. Felicitación que envía el señor Plutarco Elías Calles Jr. al general PEC con motivo de año nuevo (1942). Telegrama que envía el señor Plutarco Elías Calles Jr. al general PEC informándole que Licha se encuentra bien. Felicitación que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. con motivo de año nuevo (1943). Certificado que extienden el general Anselmo Macías Valenzuela, gobernador del estado de Sonora y el ingeniero Francisco Q. Salazar, secretario de gobierno de dicha entidad, en el que manifiestan que en Nogales, Son., existe el acta de nacimiento del señor Plutarco Elías Calles Chacón. Carta que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. diciéndole que acaba de regresar de un viaje a Sinaloa y que desea viajar a Valles para comprar unas tierras. Letra de cambio expedida a favor del general PEC. Carta que envía el señor Plutarco Elías Calles Jr. al general PEC mencionándole un posible negocio con estadounidenses para que les compren jugo de naranja y adjuntándole un estado de cuenta de los gastos realizados en la hacienda del 15 de abril de 1942 al 5 de junio de 1943. Carta que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. recomendándole al joven Guillermo González Dávila, quien pasó a Monterrey para realizar su servicio militar. Carta que envía el señor Jorge Rodríguez al señor Plutarco Elías Calles Jr. solicitándole que le indique si recibió el documento que le remitió y que cree olvidó el general PEC cuando salió hacia Monterrey. Carta que envía el señor Plutarco Elías Calles Jr. al general PEC diciéndole que no ha habido novedad en la hacienda y adjuntándole un estado de cuenta del 1° de junio de 1943 al 30 de junio de 1944. Carta que envía el general PEC al señor Plutarco Elías Calles Jr. diciéndole que por motivos de salud fijó su residencia en Cuernavaca, Mor. que toma nota de las actividades realizadas en la hacienda y que le adjunta un cheque por la cantidad indicada en el estado de cuenta que le envió. Correspondencia efectuada entre el general PEC y el señor Plutarco Elías Calles Jr. relativa a la salud del general y a las actividades agrícolas llevadas a cabo en la hacienda Soledad La Mota: siembras, compra de insumos para trabajar la tierra y venta de los cultivos obtenidos; también tratan lo relativo a la venta de unos terrenos por parte del señor Plutarco Elías Calles Jr. a los menores Plutarco José y Leonardo Elías Calles Llorente.
La crisis europea se ha vuelto cada vez más enrevesada. Basta ver el sinnúmero de recomendaciones y advertencias que aparecen a diario en la prensa para hacerse una idea de la magnitud del problema y lo difícil que resulta encontrarle una salida. Un síntoma es la enorme divergencia de opiniones sobre cómo se debe actuar frente a la misma. Para algunos comentaristas, los líderes de los países europeos capitulan frente a los mercados. Para otros, no han actuado con la celeridad suficiente y han permitido que la crisis adquiera dimensiones alarmantes. Otros más advierten que las medidas tomadas conducen a una recesión en lugar de solucionar la crisis. Pero también existe un cuarto grupo que piensa que, no importa lo que se haga, los esfuerzos serán estériles; el euro se conservará en una zona más pequeña (en los seis o siete países de economías más fuertes) o desaparecerá por completo. ¿Cómo empezó todo este embrollo? Al principio parecía que sólo estaba en juego la bonificación de Grecia. La causa inmediata fue la crisis financiera del 2008: los inversores en bolsa buscaron refugio en los bonos de deuda de los estados, y dejaron en evidencia la verdadera situación de las finanzas griegas. Luego fueron poniendo la mira en más y más países, hasta que llegaron a los bonos italianos; ahí la alarma saltó. A Grecia se la podía sostener con los fondos de ayuda acordados por los miembros de la Eurozona, pero éstos no alcanzarían para salvar a Italia. Desde entonces se vive en situación de emergencia. Los líderes europeos van de conferencia en conferencia, y, contra sus estatutos, el Banco Central Europeo compra bonos de los países más afectados para impedir que se hundan. Pero esto es apenas la manifestación de una crisis más profunda que viene de más lejos. Ya muchos analistas han señalado los defectos constitutivos del euro. El más nombrado es la ausencia de una unión fiscal. Los países miembros de la Eurozona adoptaron la moneda común pero conservaron su soberanía en material fiscal. Para compensar este inconveniente, e impedir que los estados incurrieran en gastos desenfrenados que desestabilizaran el euro, se firmó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Ámsterdam, 1997) que establecía límites para el endeudamiento público (el déficit presupuestario anual no podía exceder el 3 por ciento del PBI y la deuda pública total no debía sobrepasar el 60 por ciento del PBI). Los iniciadores del mismo entendieron que se trataba de un primer paso en dirección de una mayor integración fiscal, pero pronto se vio que no había formas de hacerlo cumplir. La misma Alemania, que había insistido más que ningún otro país en que se fijaran criterios severos de disciplina fiscal, terminó por quebrantarlo sin mayores consecuencias. Algunas de las disposiciones de carácter disciplinario afirmaban todavía más la independencia fiscal, como aquella que establecía que ningún estado respondería por las deudas de otro (No-bailing-out clause, art. 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Pero al mismo tiempo no se previó qué ocurriría si algún estado se aproximaba a la quiebra. Otro problema era la enorme diferencia de desarrollo entre los países que adoptaron la moneda común. En un extremo se hallaba Alemania (la primera nación industrial de Europa y la cuarta del mundo); en el otro, los dos países de menor desarrollo de la Unión Europea: Irlanda, que apenas empezaba a despegar con inversiones norteamericanas, y Portugal, que sigue siendo la cenicienta de Europa. A cierta distancia se hallaba Grecia, con una economía poco competitiva y altos índices de corrupción. Pero también Italia generaba dudas; aunque era y es la cuarta economía del continente (detrás de Alemania, Francia y Gran Bretaña), vivía aquejada de una inflación y una inestabilidad institucional crónicas. A ello se sumó que los criterios de admisión a la moneda comunitaria se aplicaron de un modo asombrosamente laxo. En el momento de su ingreso, en 2001, Grecia ya padecía de todos los males que le afligen ahora. El gobierno de entonces (el ministro presidente era Costas Simitis, del PASOK-Movimiento Socialista Panhelénico) entendió que no había otra salvación que montarse al carro del euro, y maquilló los datos para cumplir con los criterios de convergencia que se exigían para adoptarlo*. Esto se supo o se sospechó en Bruselas casi desde el comienzo, pero, inexplicablemente, los líderes de la Unión Europea hicieron la vista gorda. Hoy se sabe que fue un grave error incluir a Grecia en la Eurozona.Pero aún cuando se respetaran estos criterios, el desequilibrio entre economías de muy distinto desarrollo encerraba un fuerte potencial de conflicto. Mientras abundó el dinero se barrió este asunto bajo la alfombra. Pero, no bien se retrajo el crédito como consecuencia de la crisis financiera de 2008, se vio que esta asimetría se había mantenido e incluso acrecentado. Fue a más tardar en ese momento que se comprendió con más claridad algo que los críticos del euro decían desde el principio: una unión monetaria sólo puede sobrevivir sobre la base de una unión fiscal y una política de desarrollo común, que admita también una transferencia de recursos de los países más ricos a los más pobres. Es decir, exactamente lo contrario a lo que se fijó para el euro (cada país se responsabilizaba por sus finanzas -No-bailing-out-, y hubo una negativa expresa a que la Unión Europea terminara transformándose en una "unión de transferencias", esto es, que los países más débiles acabaran "lucrando" de la asistencia de los más fuertes). Hoy, con Europa en crisis, ocurre exactamente lo contrario de lo que se quería evitar: la cláusula de No-bailing-out se abolió de facto para Grecia (la ayuda adopta la forma de créditos pero todos saben que no podrá pagarlos), y la Unión Europea le transfiere fondos para reformar su infraestructura y modernizar su economía.Pero la crisis no sólo desnudó la debilidad institucional del euro. También reveló la fragilidad del conjunto de las instituciones de la Unión Europea. En los últimos meses se ha hablado hasta el cansancio del liderazgo franco alemán (se puso de moda usar la contracción Merkozy por expresar la supuesta comunión de criterios entre la canciller alemana, Ángela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy). Jean-Claude Juncker, ministro presidente de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (la instancia que congrega a los ministros de economía y finanzas de la Eurozona, al presidente del Banco Central Europeo y al Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios), José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la Unión Europea), Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo (el gremio que integran los jefes de gobierno de los países miembros) quedaron relegados a un mero plano testimonial. Menos aún gravita el Parlamento Europeo. Pocos tomaron nota de una serie de resoluciones que éste aprobó en septiembre, tendientes a endurecer el pacto de estabilidad financiera (incluían la supervisión de toda la política económica de los estados miembros, y una compensación que los países de mayor superávit comercial pagarían a un fondo comunitario). Es probable que queden obsoletas en los próximos días.La crisis demostró dos cosas adicionales: que en las horas álgidas los ciudadanos confían más en sus propios gobiernos y parlamentos que en los organismos de la Unión Europea -que se perciben como lejanos y no debidamente legitimados-, y que se espera más de las economías más fuertes, lo cual indefectiblemente coloca en un plano preponderante a Alemania y Francia. No son necesariamente los peores presupuestos para inyectarle nueva vida a la Unión Europea. Si bien las instituciones comunitarias nunca fueron más débiles que ahora, también es cierto que pocas veces los parlamentos nacionales han estado tan centrados en Europa y en los asuntos europeos como en esta ocasión. Sin una mayor integración las instituciones comunitarias no podrán competir nunca con las nacionales, y el impulso para la misma sólo puede provenir del interior de los países miembros. Y sin el esfuerzo mancomunado de Francia y Alemania no se avanza en ninguna dirección, como se vio desde los orígenes de la Unión Europea.Entre ambos pusieron en marcha el motor de emergencia con el que se pretende sacar al euro del pantano. El tema es hacia dónde y cómo. La opinión prevaleciente es que el enredo está hecho y de poco sirve lamentarse de los errores cometidos hasta la fecha. Ahora corresponde evaluar las ventajas y desventajas de las opciones disponibles. En Gran Bretaña hay muchos que proclaman el fin del euro, no sin cierta alegría por el mal ajeno. No es ésta, sin embargo, la postura oficial. El primer ministro conservador, David Cameron, se halla entre dos aguas: por un lado, recibe presiones de un ala del Partido Conservador para que Gran Bretaña suelte las amarras que la atan a la Unión Europea; por otro lado, forma coalición con los liberales (Liberal Democrats- Demócratas Liberales), el partido más pro europeo de todos. Este ha sido el conflicto en que se halló el Reino Unido desde su incorporación al bloque comunitario en 1973, durante el gobierno conservador de Edward Heath. El punto de equilibrio suele darse cuando la Unión Europea exige menos compromisos. Pero ahora, que se ha puesto en marcha una mayor integración mediante mecanismos de control de las finanzas, el conflicto se exacerbó. Gran Bretaña no puede aceptarlos sin ceder su soberanía en materia fiscal, lo cual choca contra uno de sus principios constitutivos más arraigados, pero tampoco puede aparecer como la causa de que el euro desaparezca sin dañar seriamente su relación con la Unión Europea**. En los Estados Unidos existe más temor por el riesgo de una gran recesión a escala global que por la suerte del euro. En cambio, los gobiernos de la Eurozona están todos jugados a salvar la moneda comunitaria. Pero unos y otros coinciden en una cosa: la desaparición del euro llevaría aparejadas consecuencias incalculables. Nadie sabe exactamente qué costos tendría para los países endeudados en euros si volvieran a su antigua moneda, y no sólo para ellos: se piensa que el marco alemán se revaluaría respecto del euro (muchos inversores se refugiarían en esta moneda) con el consiguiente perjuicio para las exportaciones alemanas. A ello hay que añadir la pérdida de los beneficios de la moneda común: volverían a aparecer los costos de transformación de las divisas, las operaciones comerciales se volverían más opacas, se trastornaría el flujo comercial entre economías ya muy entrelazadas. Pero esto no sería lo peor. Se presume que habría una recesión a escala mundial, varios estados se declararían en bancarrota, y quebrarían muchos bancos y empresas. No habría beneficiados, sólo perdedores. Quienes abogan por el fin del euro no lo hacen porque imaginen un escenario más optimista; lo hacen porque no creen que pueda sobrevivir.Donde no hay tanto acuerdo es en los pasos a dar para salvarlo. Alemania quiere que se impongan sanciones automáticas para quienes transgredan los criterios de estabilidad financiera y se efectúe más control sobre las finanzas de los estados (como se afirma, en camino hacia una unión fiscal). Los países más afectados por la crisis piden bonos europeos, es decir, que la deuda se reparta entre todos los miembros de la Eurozona. También abogan porque el Banco Central Europeo emita moneda o compre de manera ilimitada bonos de los países en dificultades. No sin razón opinan que la austeridad por sí misma no ayuda a salir del marasmo. De algún modo hay que compensar que sus economías retraídas recauden menos. El gobierno alemán, que empezó negándose a cualquiera de estas soluciones, ahora dice que no se opone en principio a los bonos europeos, pero que éstos tienen que venir al final del proceso de transformaciones institucionales; de otra manera no habría garantías de que los estados hicieran las reformas necesarias. Lo que se esconde detrás es de nuevo el miedo a una "unión de transferencias" en la que Alemania sería la principal pagadora. Y aunque se plantó en su negativa explícita a que el Banco Central cumpla un papel más activo en la crisis (por miedo a la inflación, el fantasma que no se borra de la memoria alemana), toleró sin chistar que éste comprara más y más bonos para bajar la presión sobre la deuda (lo que de hecho equivale a emitir moneda). Es decir, hay movimientos en las dos direcciones.Tal vez sea este punto el que pasan por alto los que critican más acerbamente el desempeño de los políticos. La política tiene sus propias reglas y sus propios tiempos. Por un lado, no se puede desconocer la contundencia de los hechos. Churchill lo expresaba así: Look at the facts because they look at you (atiende a los hechos pues ellos te observan). Es posible que los acontecimientos se precipiten y se reduzcan aún más las opciones. Por otro lado, los políticos se deben a sus electores y a sus partidos, y tienen que proceder con cautela para evitar que se rompa la cadena que los une a los ciudadanos y a sus propios correligionarios. Ello implica discutir, persuadir, dar marchas y contramarchas, aceptar compromisos y cambiar los puntos de vista cuando las circunstancias lo imponen o lo permiten. La mayoría de los líderes europeos ya no opina como opinaba hace un año. Y la disposición a hacer más esfuerzos para salvar al euro es mayor, en casi todos los países de la zona, que la que existía hace apenas unos meses. Quién sabe. Quizás todo esto no alcance y el euro desaparezca. Pero también puede ocurrir lo contrario: que prospere este inmenso esfuerzo para salvarlo, y en unos años se opine que éste fue un momento de gloria de la Unión Europea.*Lo contó Yannos Papantoniou, ministro de finanzas de ese gabinete.**En la reunión cumbre de la Unión Europea del 8 y 9 de diciembre pasado, Cameron se negó a suscribir el acuerdo de estabilidad financiera que aprobaron sus colegas europeos (de severo control presupuestario como pretendía Alemania) porque le rechazaron las condiciones que pedía para proteger al sector financiero británico. Todavía es temprano para medir las consecuencias de este suceso (la delegación británica sostiene que no le dieron oportunidad para exponer su demanda de la manera debida), pero podría marcar un punto de inflexión en la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea.*Sociólogo político. Graduado en la Universidad Libre de Berlín.
Un poco de historiaIslandia es el último país europeo en formarse como tal. Situado al norte del Atlántico, entre Groenlandia y Noruega, al borde del círculo polar ártico, tuvo sus primeros habitantes en el siglo VIII. Se cree que fueron monjes irlandeses los primeros en instalarse en sus tierras inhóspitas. Si bien no se han encontrado evidencias arqueológicas que lo prueben, alguna historia escrita narra el pasaje de los mismos y su abandono de la isla con la llegada de los vikingos paganos entre los siglos VIII y IX. De acuerdo a su sitio oficial (1), el Libro de los establecimientos (Landnámabák), del siglo XII, relata detalladamente cómo los escandinavos descubrieron accidentalmente esta tierra. Los noruegos serían los primeros en establecerse, luego de varios viajes de exploración previos, en la actual Reykjavík, hoy ciudad capital (2). Vikingos de otras partes de Escandinavia y Gran Bretaña llegaron luego para completar la población, lo que sumaría elementos celtas que aún permanecen en su cultura.Islandia es una de las democracias más antiguas del mundo, el Althingi (parlamento y sistema judicial) se estableció en el año 930 al mismo tiempo que se establecía ya un código legal. Con el Althingi surge el Icelandic Commonwealth y el primer tratado internacional, en el año 1022, que regulaba los derechos de los islandeses en Noruega y de los noruegos en Islandia. Es un país cristiano que adopta esta religión pacíficamente bajo la influencia del Rey de Noruega en torno al siglo XI. En los siguientes siglos pasaron de estar bajo la tutela noruega a la danesa que impuso la iglesia luterana hacia el 1500 y el monopolio del comercio, junto con la reducción de poderes e independencia del Althingi. Esto, sumado a varios desastres naturales, destruyó la economía islandesa que vivió un periodo de grandes hambrunas y epidemias que llegaron a reducir su población notoriamente.Para mediados del siglo XIX, el Althingi se restablece como asamblea (rol que mantiene hoy en día), el comercio se liberaliza, se elabora la primera Constitución e Islandia logra el control de sus finanzas, si bien no logrará la independencia hasta 1918: una independencia relativa ya que se mantendrá súbdita de la corona danesa hasta 1940 y la República de Islandia, como tal, no se proclamará hasta 1944.Islandia hoy: su relación con la Unión EuropeaIslandia es una república de 103.000 km2, con poco más de 300.000 habitantes concentrados en la costa suroeste del país, en su capital Reykjavik (donde se encuentra dos tercios de su población total) y alrededores. Es una república parlamentaria con un periodo presidencial de 4 años sin límite de reelección. A pesar de su modernización económica en los últimos años y el desarrollo del sector servicios, la pesca y sus derivados sigue siendo el principal producto que rige la economía, representando la mitad de las exportaciones del país (3). En la última década había logrado uno de los más altos niveles de crecimiento constante en el mundo junto con una baja inflación y un bajo desempleo. Sin embargo, la crisis de 2008 golpeó fuerte a esta economía pujante obligando a su Estado a hacerse cargo de los tres bancos más grandes del país (Kaupthing, Landsbanki y Glitnir). Este colapso bancario y la depreciación de la moneda nacional (corona islandesa) dejaron una crisis económica y financiera de la que el país aún no se recupera. Se ha casi triplicando la tasa de desempleo, que pasó del 3% en 2004 al 8,7% en la segunda mitad de 2010, recuperando el impulso a la baja con 5.9% en el último trimestre de este 2011 (4).Su relación con el continente, como se ha señalado, es estrecha e histórica sobre todo con los países escandinavos. No forma parte de la Unión Europea pero es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por su sigla en inglés) desde 1972, lo que resulta en que dos tercios de su intercambio comercial sean con países de la Unión. Además, es país fundador del Espacio Económico Europeo (EEE) que rige desde 1994, lo que hace que de hecho esté ya muy inserta en la Unión en lo que respecta a su acervo comunitario. Forma parte, también, del llamado Espacio Schengen que permite la libre circulación de personas (para viajar y trabajar) dentro de la Unión, desde el año 2000.Desde mediados de 2010, Islandia es candidata oficial de adhesión a la Unión Europea y se preparan para asumir las obligaciones de miembro de la misma. El ingreso del país a la Unión genera dudas en ambas márgenes ya que el rechazo de los islandeses a formar parte del grupo ha sido permanente hasta la crisis que los golpeó en 2009, cuando la posibilidad de resguardarse bajo el paraguas de la Unión y del euro resultó, al menos, atractiva. El pedido de adhesión no dejó de ser sorpresivo y es un hecho que no escapa a los europeos del continente que ven cómo, en los últimos tiempos, la economía comienza a dar signos de posible recuperación y aquélla impulsiva voluntad de pertenecer a la Unión se desvanece lentamente entre la opinión pública. Es claro que la élite política de Islandia no lo tendrá fácil cuando deba defender la adhesión frente a sus electores.El contexto político en el que surge el pedido de adhesión es complejo ya que el gobierno de Geir Haarde, de centro derecha, había dimitido en febrero de 2009 en una coyuntura de crisis económica y política muy fuerte, formándose un gobierno interino de coalición encabezado por la que quedaría como primera ministra en las elecciones de abril del mismo año, Jóhanna Sigurôardóttir, de izquierda y social demócrata. Es el ala social demócrata la que logra imponer la discusión en el Althingi sobre la decisión de solicitar la adhesión a la Unión. El Parlamento islandés fue representativo de la indecisión general aprobando la solicitud por 33 votos contra 28.Del otro lado del océano, no se puede pasar por alto el hecho de que fuera Suecia quien ostentara la Presidencia rotativa del Consejo y un finlandés el comisario encargado de la ampliación. Como ya mencionamos, el proceso de adhesión está abierto y las negociaciones en marcha. Éstas consisten en 35 capítulos de los cuales casi la mitad ya están cubiertos por la participación de Islandia en el EEE y, de los restantes, al menos tres se presentan muy complicados: la pesca, la agricultura y la caza de ballenas. Por otro lado, existe un contencioso no menor entre Inglaterra y Holanda, contra Islandia, por las pérdidas causadas por el banco islandés Icesave a sus ciudadanos y cuyos gobiernos se vieron obligados a compensar.La discusión sobre si adherir o no a la Unión no es nueva en Islandia y es interesante revisarla ya que el electorado parece haber estado siempre en desacuerdo con la clase política (hasta ahora) que es, en definitiva, su elegida.En un contexto histórico reciente, Jean Jacques Fol (5), dice que los países nórdicos, en referencia a la política exterior que llevan adelante, podrían distribuirse en dos grupos: por una parte, Islandia, Noruega y Dinamarca; por otra, Suecia y Finlandia. Islandia, Noruega y Dinamarca se orientan hacia Occidente, aunque con matices. Islandia y Noruega son más "atlantistas", y Dinamarca más "europea". Por su parte, Suecia y Finlandia son estrictamente neutralistas. Por su parte Baldur Thorhallsson (6), de la Universidad de Islandia, explica el escepticismo histórico de la clase política frente a una adhesión a la Unión Europea a través de tres factores: la influencia del sector primario en la economía combinada con el sistema electoral y el rol de los grupos de interés en la toma de decisiones del gobierno; en el discurso político islandés sobre la independencia y la soberanía y, finalmente, en la ubicación geográfica de Islandia sumado al tratado de defensa que mantiene con los Estados Unidos. Y agrega, desde el punto de vista del electorado, que "the willingness of around half of the electorate to apply for the EU membership is explained by the looser connection of the populace with the primary sectors compared with the political elite, the electorate's greater concern with their economic prosperity than the political discourse of the elite, and the electorate's anxiety about isolation from Europe, particularly the other Nordic states". Los grupos de interés con más peso en Islandia están relacionados con la agricultura y la pesca y tienen una mayor influencia en este país que en los otros países nórdicos. Esto se explica porque el electorado de las zonas rurales si bien representa una minoría (32%), mantuvo, hasta las últimas elecciones, la mayoría en el Parlamento. El Althingi no había puesto al día la redistribución de asientos con respecto a la representatividad poblacional. También explica Thorhallson que será un cambio progresivo dado que gran parte de la élite política tiene algún tipo de relación con los dos sectores que mueven la economía islandesa, constatando que de cada seis ministros, dos son granjeros o provienen de una región donde estos sectores son importantes.Por otra parte, la tardía independencia de Islandia hace que el discurso a propósito de la soberanía tenga un impacto mayor, una retórica que ha moldeado inclusive el debate político. Durante el siglo XX un rol fundamental de la clase política ha sido lograr, primero y mantener luego, la libertad y la soberanía. Cabe destacar, además, que Islandia es de los países europeos, el más homogéneo en todos los niveles y, a nivel político, esta nación debe mantenerse unida. En este sentido la participación en el espacio económico europeo y en el espacio Schengen se presentó no como una transferencia de poder a Bruselas sobre algunos aspectos específicos sino como una participación de Islandia en algunas áreas de la Unión, al punto de que el gobierno que negoció la entrada en Schengen fue como una especie de salvador que lograba que los islandeses pudieran moverse libremente dentro de la Unión y sobre todo, a través de los otros países nórdicos.Por último, mencionamos la importancia geoestratégica de Islandia y un relacionamiento especial con Estados Unidos que dificulta y hace dudar a la élite política sobre la aproximación a Europa. Islandia fue un importante enclave geoestratégico durante la Guerra Fría, en el medio de lo que se llamó el GIUK-gap(Groenlandia-Islandia-Reino Unido). Esta situación geográfica ha hecho que Islandia base su política de seguridad y defensa en el tratado de defensa firmado con Estados Unidos (1951) y su participación en la OTAN. De esta manera los partidos políticos y su élite mantienen cierta resistencia a extender la participación de su país en el capítulo de la política de seguridad y defensa de la UE, en la medida de que su defensa se encuentra asegurada por los Estados Unidos.El problema de la crisis y la banca no deja de ser un ítem que preocupa a la UE ya que las medidas tomadas por Islandia aún no satisfacen a las víctimas continentales de la quiebra de los tres principales bancos islandeses. Claudí Pérez resumía en un párrafo lo sucedido para el diario El País, en abril de este año: "…bajo el influjo de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el país se convirtió en la quintaesencia del modelo liberal, con una política económica de bajos impuestos, privatizaciones, desregulaciones y demás: la sombra de Milton Friedman, que viajó durante esa época a Reikiavik, es alargada. Aquello funcionó. La renta per cápita se situó entre las más altas del mundo, el paro se estabilizó en el 1% y el país invirtió en energía verde, plantas de aluminio y tecnología. El culmen llegó con el nuevo siglo: el Estado privatizó la banca y los banqueros iniciaron una carrera desaforada por la expansión dentro y fuera del país, ayudados por las manos libres que les dejaba la falta de regulación y por unos tipos de interés en torno al 15% que atraían los ahorros de los dentistas austríacos, los jubilados alemanes y los comerciantes holandeses. Una economía sana, asentada sobre sólidas bases, se convirtió en una mesa de Black Jack", sentencia al final. Cuando cayó Lehman Brothers fueron de los primeros en entrar en el colapso financiero mundial. Como les pasó a otros, la inflación trepó descontrolada, el desempleo se multiplicó rápidamente, el PBI cayó 15% y los bancos perdieron más de cien mil millones de dólares. El Icesave, una banca de ahorro operada por el Landsbanki, concentraba los ahorros británicos y holandeses y, cuando el gobierno permite el quiebre de los bancos y los nacionaliza, decide consultar por referéndum la devolución del dinero. De por sí, esto generó polémica en Europa, más cuando el resultado fue negativo: Holanda e Inglaterra debieron hacerse cargo de 4.000 millones de euros, que sus nacionales reclamaban les fueran devueltos. Esto estancó las negociaciones de entrada de Islandia a la UE.En definitiva, Islandia hoy en día sufre las consecuencias de la crisis económica que también afecta a Europa continental, obligada a tomar medidas de severa austeridad, a partir del rescate del FMI, con la clásica receta de más impuestos y menos gastos, pero que compensa con un aumento de sus exportaciones (a partir del desplome de la corona) lo que igualmente permitirá un crecimiento del 3% de la economía islandesa en este año. Es como si el país volviera a sus orígenes, retrocediera 10 años, con la apuesta en la pesca y la industria del aluminio.El futuro es incierto aunque queda claro que Islandia deberá trabajar duro para solucionar los pocos, pero importantes, obstáculos que le impiden aún ingresar a la Unión, por un lado, y para convencer a su electorado de los beneficios que implica sumarse al proyecto europeo, por el otro (7). En este sentido, la propia Unión se ha comprometido, a través de la Comisión, a realizar una campaña conjunta para explicarle a la población dichos beneficios: una estabilidad financiera que la isla necesita y mucho; un crecimiento del mercado de exportaciones y la participación directa en la toma de decisiones.No será tarea fácil, Islandia le teme al ingreso de pesqueros comunitarios a sus aguas territoriales y la competencia que esto implicaría; la caza de ballenas deberá ajustarse a las normas comunitarias afectando una tradición antiquísima de la isla; el problema con Inglaterra y Holanda deberá quedar saldado y ajustar el déficit y la deuda a las exigencias de la UE (Criterios de Copenhague) se presentan como duros desafíos.(1) www.iceland.is(2) Es así que el islandés como idioma es muy similar al antiguo noruego.(3) A pesar de emplear apenas el 8% de la fuerza laboral (agricultura y pesca).(4) Datos tomados de www.statice.is(5) Fol, Jean Jacques. 1984. Los países nórdicos en los siglos XIX y XX. Ed. Labor. Barcelona. (pp.195)(6) El autor hace un estudio sobre el tema en su artículo The skeptical elite versus the pro-European public: The case of Iceland; publicado en 2002 en la revista Scandinavian Studies 74 (pp349).(7) Según datos de la Comisión Europea, el 60% de la población dice estar en contra de la adhesión y sólo un 26% está explícitamente a favor. *Mag. en Relaciones Internacionales por la Universidad Técnica de Lisboa y docente de FACS – Universidad ORT Uruguay. BibliografíaFOL, Jean Jacques. 1984. "Los países nórdicos en los siglos XIX y XX." Ed. Labor. Barcelona.GOODEVE, Emily. 2005. "Iceland and the European Union. An in-depth analysis of one of Iceland's most controversial debates." En Scandinavian Studies. N°77 (p. 85-104).GRANELL, Francesc. 2009. "El proceso de ingreso de Islandia a la UE como reto para la Presidencia española." ARI N° 158/2009. Real Instituto Elcano.KATSIOLOUDES, Marios; THORDARDOTTIR, Steinunn; BALSMEIER, Phillip. 1996. "Iceland drifting towards International integration: the pros and cons of joing the UE". En International Journal of Commerce & Management Vol. 6 N°3&4 (p. 41-56).PÉREZ, Claudi. 2011. "Islandia enjaula a sus banqueros: la primera víctima de la crisis financiera hace un valiente intento de pedir responsabilidades." Reportaje diario EL PAÍS (03/04/2011).THORHALLSSON, Baldur. 2002. "The Skeptical Political Elite Versus the Pro-European Public: The case of Iceland". En Scandinavian Studies N°74 (p. 349-378). Sitios web consultados:http://eeas.europa.eu/iceland/index_en.htm http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1215&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/iceland/key-documents/index_en.htm http://ec.europa.eu/spain/novedades/ampliacion/ampliacion-islandia-union-europea_es.htm www.iceland.is www.statice.is
En esta tesis, cuyo título reza "La nueva Directiva de Concesiones: El reparto de riesgos", se estudia, como no podía ser menos, la nueva Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea L 94 de 28.3.2014 y cuya fecha de trasposición prevista era el 18 de abril de 2016. Pero en realidad la Directiva es la excusa perfecta para llevar a cabo un extenso análisis sobre el concepto de concesión y cuáles son su notas fundamentales; en qué consiste el novedoso concepto de riesgo operacional y por qué es tan importante que quede en manos del concesionario; el motivo por el que las concesiones de servicios se regulan por primera vez en una norma vinculante a nivel europeo, así como hacer breve recorrido de la normativa (especialmente soft law) que han conducido a la promulgación de esta Directiva. También se entra a valorar si la misma ha logrado la ansiada armonización de regímenes jurídicos. Con esta finalidad, se examina su transposición en tres países de la UE, entre ellos, como no, España. En el análisis de las concesiones es clave el principio de riesgo y ventura. Así, se estudia cómo articular este importante mecanismo, que sólo se puede utilizar de manera restrictiva y que favorece las inversiones al garantizar al operador económico sus inversiones en caso de alteraciones sustanciales respecto a las condiciones iniciales del contrato, de tal manera que no altere el reparto de riesgos, eliminando consecuentemente la concesión. No podremos dejar aquí de mencionar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que ha sufrido importantes cambios a raíz de la promulgación de la LCSP, ni el rescate, figura de especial interés en la actualidad por el encendido debate sobre la "remunicipalización" de los servicios. Si bien el reparto de riesgo se debe hacer atendiendo al caso concreto, nos arriesgaremos a hacer una serie de recomendaciones en cuanto a su asignación en función de diferentes sectores, innovaciones, aversión o neutralidad al riesgo, existencia de externalidades y otra serie de variables. También haremos una propuesta en cuanto a la forma de gestionar el riesgo dentro de la estructura del poder o entidad adjudicadora, estableciendo responsables de los riesgos en los diferentes niveles, que controlarán que estos no se disparen y tendrán protocolos de actuación en caso de desviación de los objetivos o de detección de contingencias. Para investigar todos estos aspectos en profundidad la memoria doctoral se estructura en diez capítulos. El CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN es la búsqueda de una definición de la Colaboración Público Privada y de una de sus manifestaciones concretas, como es la concesión. En él se explican sus principales características, sus ventajas y desventajas y los motivos que justifican su utilización. Es este un capítulo descriptivo en el que se proporcionan gran cantidad de datos y ejemplos, a través de los cuales se aprecia en qué sectores se ha producido más este tipo de contratación y las alteraciones en su uso por países, en función de la situación económica, fondos recibidos e incentivos de los gobiernos. Para hacer esta definición de la CPP se lleva a cabo un breve estudio de la Directiva y de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estudios ambos que serán profundizados en sendos capítulos autónomos. De este sucinto análisis previo se desprende ya que la clave de la concesión es la remuneración mediante la explotación con trasferencia del riesgo a un sujeto privado. También se hace breve repaso de las características de la CPP, así como de sus ventajas y desventajas. Por último, se hace un reducido inciso sobre los Servicios de Interés General (SIG), que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva de Concesiones; y sobre los Servicios de Interés Económico General (SIEG), que si se prestan de forma indirecta a través de concesión sí se someten a las reglas de la Directiva. En el CAPÍTULO II se examinan los instrumentos legislativos y de soft law que han servido de precedente para la actual Directiva. Mención especial merecen los reglamentos SEC de 1995 y de 2010 respectivamente, así como la New decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnerships y el Libro Verde sobre la Colaboración Público-Privada y el derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones. Este estudio pretende ayudar al lector a comprender la actual Directiva y el motivo de que sea más bien una regulación basada en principios y que da gran flexibilidad a las entidades concedentes. Así mismo ayudará en capítulos posteriores a aclarar la diferencia entre la regulación que hace ésta del negocio concesional y de lo que el SEC entiende por CPP, explicando así sus distintas finalidades. En el CAPÍTULO III, que lleva por título: DIRECTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN se estudian, lógicamente, sus disposiciones. No se trata de un análisis sistemático de la misma, sino que se enfoca principalmente en aquellos artículos referidos a la transferencia del riesgo o que pueden afectar directamente a esta asignación. En particular se profundizará en la duración de la concesión, por la novedad que introduce la Directiva al fijar un plazo máximo de cinco años, plazo que se puede superar, pero únicamente justificándolo en la imposibilidad de recuperar las inversiones realizadas junto a un beneficio razonable en esos cinco años. Por supuesto, se estudia también la forma de calcular el valor estimado de una concesión. No es este un tema pacífico, y no lo es porque este valor estimado es clave en la preparación del contrato, que influirá en el buen desarrollo y fin del mismo. Además se examina la jurisprudencia del TJUE, en relación con determinados artículos, demostrando como gran parte del contenido de la Directiva existía previamente, sólo que no se había recogido en un texto de rango legal. En este capítulo no podía faltar un breve análisis de las múltiples y variadas exclusiones que hace la propia Directiva. Veremos que muchos sectores quedan eximidos de aplicar su regulación por diversos motivos justificados en la Directiva e intentaremos hallar las causas en el devenir legislativo de los últimos años y las presiones de los ciudadanos de la Unión Europea y de los Estados Miembros que no querían un exceso regulatorio en determinados sectores. Algunas de las causas de exclusión estaban ya fijadas en las Directivas de 2004, mientras que otras suponen una positivación de la jurisprudencia del TJUE. Una causa de exclusión muy importante es que el sector concreto haya sido liberalizado y se encuentre sometido a la competencia. El CAPÍTULO IV entra de lleno en el tema principal de la tesis: LA TRANSFERENCIA DEL RIESGO. Se explica aquí el concepto del riesgo y para ello se emplea una clasificación de las concesiones en función del tipo de riesgo que asume el concesionario. Una vez hecha esta clasificación, se estudian los distintos tipos de riesgo que componen el operacional según la Directiva y se enfrentan estos conceptos a los recogidos por el SEC 2010. Especialmente, el riesgo de disponibilidad frente al riesgo de oferta y suministro. Así mismo se intenta aportar una explicación a este cambio conceptual súbito de la Directiva definitiva. Veremos también los diferentes objetivos perseguidos por uno y otro texto legal y el porqué de sus diferencias. En el ámbito de las concesiones no podemos dejar de analizar el principio de riesgo y ventura, que preside cualquier tipo de contrato, contraponiéndolo al principio de equilibrio del contrato, mecanismo que se activa en determinadas situaciones tasadas en el negocio concesional. A esta garantía que supone la técnica del reequilibrio, se suma la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, tema que ha recibido mucha atención últimamente, debido al profundo cambio que ha supuesto la LCSP. Y dentro de esta RPA es de obligada mención y estudio el concepto de "remunicipalización" El CAPÍTULO V. LA DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO analiza cómo, dentro del cumplimiento del requisito de la transferencia del riesgo operativo, se deben asignar los distintos tipos de riesgos para alcanzar un óptimo que permita maximizar la función del bienestar social. También proporciona información en cuanto a la forma de articular el proyecto para maximizar la función de utilidad social. En otras palabras, si, en función de las características del sector y de la infraestructura o servicio que se licite, de la cantidad de información de que se dispone, de la existencia de externalidades y de que los costes operativos de la fase de explotación dependan de la calidad de la infraestructura, es mejor licitar conjuntamente una concesión de obra y servicios, o bien es más interesante un contrato o concesión de obras y posteriormente una concesión de servicios. Por supuesto no podremos dejar de mencionar aquí diversas fórmulas de remuneración del concesionario que aseguren la efectiva transferencia del riesgo operativo. En el CAPÍTULO VI se trata LA GESTIÓN DEL RIESGO, tema de mucha importancia porque en los últimos años los riesgos a los que se enfrentan tanto el Sector Público como el Privado han aumentado al incrementarse las interdependencias a nivel global, las exigencias normativas generales y en sectores específicos a nivel regional, estatal y global; las demandas de calidad de ciudadanos y usuarios finales de los servicios y el control de los gastos en relación a los recursos escasos. Como en la gestión del riesgo es vital la elaboración de un estudio de viabilidad, en esta memoria doctoral se proponen cuatro fases a seguir para su correcta elaboración, fases que se pueden simplificar en proyectos de menor calado. Dentro de estas fases sugerimos también diversos indicadores que pueden resultar de utilidad a efectos comparativos entre alternativas. Entre ellos mencionaremos el Value For Money de la concesión, para cuyo cálculo es de utilidad el Public Sector Comparator. Por otra parte se sugiere el establecimiento, dentro de las Administraciones Públicas, de una "Gobernanza del Riesgo" propia, a imitación de aquella de la que disponen las empresas, que no sea una función independiente y autónoma de gestión del riesgo, sino inherente a todas las funciones de la organización. La justificación es que también actúan como sujetos de mercado, en un entorno muy cambiante y que los contratos son cada vez más complejos, especialmente en el ámbito de las concesiones. Y por último, como modelo de gestión del riesgo ya probado, se examinan los sistemas BIM (Building Information System). El CAPÍTULO VII estudia la evolución del negocio concesional en ESPAÑA hasta nuestros días, haciendo un repaso a la legislación y normativa. Debido a que la trasposición de la Directiva no se llevó a cabo en el plazo por diversas circunstancias políticas, durante un lapso de tiempo bastante amplio se dio en España el efecto directo de las Directivas, junto al ya derogado TRLCSP. En esta memoria doctoral se hace un análisis de la nueva LCSP, a fin de detectar los cambios más importantes en sus disposiciones normativas respecto al ya derogado TRLCSP y al APLCSP, que no llegó a aprobarse a tiempo, y para hacer una ligera crítica a la nueva manera de regular las antiguas modalidades del contrato de gestión de servicios. Dentro del estudio concesional en nuestro país, es necesario mencionar la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) y sus novedosas funciones de control de la sostenibilidad financiera de concesiones de obras y servicios ex ante, además de hacer una breve reflexión sobre el fracaso del negocio concesional de autopistas en nuestro país, en particular el conocido caso de las radiales de Madrid. En el CAPÍTULO VIII se estudia la legislación y su evolución, así como la práctica en concesiones en ITALIA. Hemos elegido este país seleccionado porque su tradición legislativa y jurídica es muy similar a la nuestra y porque también han hecho un gran uso de los contratos de CPP y de concesión, con resultados similares a los nuestros. El CAPÍTULO IX, está dedicado a ALEMANIA, país escogido porque su tradición jurídica es relativamente diferente a la nuestra (en particular su manera de regular la contratación pública y en concreto las concesiones), pero también comparte con España e Italia la existencia de "Länder" que obligan a aun reparto de las competencias. Por último, en el CAPÍTULO X se resumen las CONCLUSIONES extraídas de cada capítulo.
Desde el retorno de los conservadores (Partido Liberal Democrático) y de Shinzo Abe al poder en diciembre de 2012, y tras un accidentado interludio de 3 años de gobierno del Partido Democrático (que terminó en una desastrosa derrota para el PD), el gobierno japonés se encuentra embarcado en una importante reformulación de su estrategia de defensa y del rol de su ejército. El primer ministro Abe pretende ir aún más lejos al proponer una reforma constitucional que permitiría romper con la histórica restricción impuesta a las fuerzas armadas japonesas por los vencedores de la II Guerra Mundial. Si reforma de la constitución hubiese, el ejercito japonés no estaría más limitado a su rol de Fuerzas de Autodefensa y podría evolucionar hacia el desarrollo de nuevas capacidades ofensivas y articular estrategias militares más convencionales, como por ejemplo tener una participación activa en operaciones militares en el extranjero y venir en ayuda a sus aliados, entre los cuales el primero y más importante es bien evidentemente Estados Unidos. Ya en el 2004, y a pedido de los Estados Unidos, Japón envió tropas militares para asistir en la reconstrucción de Irak, siendo la primera vez desde la Segunda Guerra que el país tenía una presencia militar en el extranjero. De prosperar la propuesta de reforma, Japón se alejaría de su histórico pacifismo impuesto, es cierto, por los Estados Unidos, pero que ha pasado a ser un valor importante para gran parte de la sociedad japonesa. La cuestión del rearme japonés nunca abandonó las preocupaciones de los japoneses ni de su clase política, pero dos factores han acelerado el debate y brindado mayor empuje a los defensores del rearme. El primero es la situación geoestratégica del sudeste asiático, donde la política de expansión militar china y su voluntad afirmada de dotarse de una marina de guerra de primer nivel, han despertado vivas preocupaciones en Japón y otros países vecinos. Si a esto le sumamos la "sabiamente esquizofrénica" actitud del vecino Norcoreano, la situación ha alcanzado importantes niveles de tensión. El segundo factor que explica la actitud japonesa es la "desconfianza" de que su principal aliado, los Estados Unidos, no tenga la capacidad, o la voluntad, para asegurar en el futuro la defensa del archipiélago. Por más que Estados Unidos ha reafirmado su interés estratégico en la zona, como confirma su estrategia del "pivote asiático" inicialmente formulada por Hillary Clinton en 2011, existen recelos acerca de hasta dónde llegará el compromiso americano y en qué medida la relación de amor-odio con China podrá influenciar en el futuro la actitud americana vis-à-vis de Japón. La crisis en la relación sino-nipona tiene varias aristas. La mas visible es el litigio por el control de las islas Senkaku (o Diaoyu para los chinos) y la voluntad china de ampliar su área de influencia y recuperar un patrimonio que considera como histórico. Las Senkaku-Diaoyu son un conjunto de 5 diminutas islas inhabitadas (7km2 de superficie) situadas en el mar del este chino a 90 millas náuticas al oeste de Okinawa y 120 millas al norte de Taiwán. Anexadas en 1895 tras la primer guerra sino-japonesa, fueron restituidas a Japón en 1972 luego de ser administradas por los Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, aunque desde 1971 tanto China como Taiwán reivindican la soberanía sobre estas islas. Las islas representan un interés estratégico y económico importante tanto para China como para Japón. Las islas, o más bien sus zonas de explotación marítimas, poseen reservas ictícolas importantes y potenciales recursos en hidrocarburos. Desde el punto de vista estratégico, son la clave para el control del mar del este chino. Múltiples incidentes diplomáticos han envenenado las relaciones entre los dos países, el más importante siendo la decisión del gobierno japonés de comprar tres de las islas que estaban en manos de privados japoneses, provocando la reacción encolerizada del gobierno chino que sigue considerándolas como parte inalienable del territorio chino. Ambos estados han utilizado estos acontecimientos como un trampolín para hacer avanzar sus respectivas causas nacionalistas. La actitud china con respecto a las Senkaku-Diaoyu se enmarca en una estrategia mucho más amplia de expansión de su área de influencia, ya no sólo económica, sino también política y militar, chocando irremediablemente -aunque de manera sabiamente orquestada por el PCC-, con sus vecinos y con los Estados Unidos. Mediante la construcción de una gran armada y una actitud agresiva, China intenta romper el bloqueo estratégico sobre sus aguas territoriales conformado por las islas y los aliados de Estados Unidos en la región. Pero el litigio territorial chino no se limita únicamente a las Senkaku-Diaoyu, sino que China reivindica igualmente en el mar del sur la soberanía sobre una extensa zona marítima en forma de U, "la línea a nueve rayas", que cuenta con tres importantes archipiélagos. La soberanía sobre esta zona está dividida entre China, Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia e Indonesia, pero China reivindica la totalidad del control y de su zona de explotación económica. La estrategia del gobierno chino ha sido la de alternar presiones diplomáticas con amenazas militares apenas veladas, al mismo tiempo que construye un arsenal jurídico destinado a revindicar sus derechos históricos sobre las zonas en disputa. La política china ha sido una de "acción por reacción", es decir que ha aprovechado cualquier incidente o amenaza (real o ficticia) para desarrollar una política ofensiva. En este sentido, la estrategia del pivote asiático ha sido catalogada por Beijing como un intento estadounidense de asfixiar y acorralar a China en una zona vital (una estrategia de Contención digna de la guerra fría según el Politburó chino), provocando una reacción ofensiva acorde a la amenaza percibida. La respuesta china intenta asimismo evaluar la capacidad de resistencia japonesa a sus veleidades expansionistas en los mares asiáticos y el compromiso estadounidense en la región. Al mismo tiempo, al articular públicamente el contencioso sobre un eje nacionalista, el PCC corre el riesgo de provocar una escalada diplomática que no está seguro de poder ganar y ese es un lujo que el politburó no puede darse a los ojos de su "opinión pública". El aliado histórico de Japón, los Estados Unidos, ha reafirmado su total apoyo a la causa nipona a través de dos actos importantes (conviene recordar que Japón y los Estados Unidos firmaron en 1960 un tratado de Seguridad y Cooperación que garantiza la protección americana al territorio japonés). El primero es el respaldo del Senado americano a la legitimidad de la causa nipona en el litigio de las islas. En un texto votado el 29 de noviembre, el Senado reconoce de manera inequívoca la administración japonesa sobre las islas Senkaku (sin por lo tanto pronunciarse sobre la cuestión de la soberanía sobre las islas) y que éstas están cubiertas por el tratado de Seguridad y Cooperación y reconoce que su posición no puede ser influenciada de forma alguna por la amenaza, coerción o acción militar, en una clara referencia a la postura china. El segundo punto que refuerza los vínculos entre EEUU y Japón, es el compromiso de ampliación de la cooperación militar y de las estrategias de defensa conjuntas firmado entre ambos países a principios de octubre de este año. El acuerdo permitirá, entre otras cosas, colocar drones espías en territorio japonés para supervisar las acciones chinas y norcoreanas así como la instalación de un nuevo sistema de radares de última generación cerca de Kyoto. El acuerdo también estipula directrices para el trabajo conjunto en proyectos de ciberseguridad, uno de los aspectos que más preocupan a ambos países. El acuerdo avala, por lo menos de manera tacita, el esfuerzo japonés de rearme y este punto es probablemente el que a futuro represente el mayor riesgo a la estabilidad regional. Por primera vez en 11 años el gobierno japonés procedió a un aumento del presupuesto de defensa, con un incremento aún más fuerte del 3% previsto para los próximos dos años. Conjuntamente con el intento de reforma constitucional, demuestra la voluntad del gobierno de Abe de enviar un claro mensaje a su contraparte chino pero también de hacer uso de la coyuntura actual para reposicionar favorablemente ante la opinión pública el debate sobre el rearme, teñido de un no disimulado nacionalismo japonés, respuesta necesaria, según sus defensores, al no menos vehemente nacionalismo chino y a la pérdida de capacidad disuasoria del gigante norteamericano. Frente a la amenaza china, Japón está decidido a reestructurar y adaptar su ejército para enfrentar de manera más dinámica los desafíos futuros, en particular en las zonas marítimas y costeras del sur del archipiélago. Así, el número de submarinos pasará de 16 a 22 y luego a 25 y se reducirá el número de tanques a favor de equipamiento más móvil. Japón ha procedido a movilizar tropas y material del norte al sur de su territorio, y se propone mejorar a la brevedad su respuesta logística y sus sistemas de defensa balísticos. Si bien es cierto que el equipamiento japonés es infinitamente superior del punto de vista tecnológico, poco puede importar a futuro frente a la cruda potencia del leviatán chino. Si entre 2003 y 2012 el presupuesto de defensa japonés disminuyó, el presupuesto chino para el mismo período aumento en un impresionante 175%. Si el presupuesto de defensa japonés en 2012 alcanzó el muy respetable monto de 59 mil millones de dólares, el presupuesto chino superó los 166 mil millones de dólares! A título de comparación, Francia gastó en el mismo año 58,9 mil millones, Rusia 90,7 y Estados Unidos… ¡682 mil millones de dólares, lo que representa el 39% del total mundial de gastos de defensa! Una de las prioridades del gobierno chino es justamente el incremento, numérico y tecnológico, de su armada, permitiéndole al país pasar de la histórica posición defensiva de su litoral costero que caracterizó a la china maoísta (1949-78) a una posición de "defensa activa" de sus mares próximos así como poder proyectarse en escenarios globales. La construcción de dos nuevos portaviones de fabricación china y el reacondicionamiento de un antiguo porta-avión ucraniano se encuadran en esta estrategia de proyección global. La marina china es en la actualidad, en tonelaje, la tercer armada del mundo, detrás de la rusa y muy por detrás de la estadounidense que es además cualitativamente muy superior. Se estima que China cuenta por ejemplo con 5 o 6 submarinos nucleares de misiles balísticos, aunque sólo dos han sido oficialmente "confirmados" como activos por el departamento de defensa americano. Francia y el Reino Unido cuentan con 4 submarinos nucleares balísticos activos cada uno, Estados Unidos con 18 y Rusia con 12. Pero para hacer frente a la expansión del área de influencia China, Japón no se ha limitado a contar únicamente con el apoyo estadounidense, sino que la diplomacia japonesa intenta construir partenariados de cooperación con otros estados que analizan con igual recelo las políticas nacionalistas chinas. Así, por ejemplo, la armada japonesa ha establecido una serie de acuerdos o ejercicios de cooperación y defensa conjuntos con Australia (y Estados Unidos). Asimismo, desde el año 2000 Japón e India conforman un "partenariado estratégico global" y por primera vez en 2012 las dos marinas llevaron adelante un ejercicio conjunto. En un foro más político, Japón ha favorecido el estrechamiento de los lazos con los miembros de la ASEAN, más que preocupados por las recientes reivindicaciones chinas y las presiones diplomáticas de Beijing. Aún más significativo es que, a pesar de todos los diferendos diplomáticos e históricos que los oponen, Japón y Corea del Sur se dicen listos para cooperar para hacer frente a las amenazas norcoreanas y chinas. Prueba de esto es que el 10 de noviembre de este año un ejercicio tripartito entre las armadas de Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos tuvo lugar en aguas surcoreanas. Estas redes de partenariados tienen como objetivo principal presentar un frente común, disuasorio en primera instancia, al desarrollo de la potencia china. El progreso tecnológico ha llevado a que en la actualidad resulte virtualmente imposible distinguir entre capacidades militares ofensivas y defensivas. El argumento que las políticas de rearme o las carreras armamentistas cumplen fines puramente defensivos, no resiste comprobación histórica, salvo, como bien marca la escuela neorrealista, en el caso de la carrera nuclear. Algunos verán en el posible rearme japonés una respuesta natural y defensiva a la expansión militar china; otros avanzarán que el nacionalismo japonés nunca echó del todo por tierra su pasado imperialista y que las políticas chinas presentan la excusa ideal para promover la causa nacionalista. No obstante, poco importa si la causa es defensiva o ofensiva, justa o injusta, necesaria para salvaguardar la seguridad nacional o sencillamente políticamente oportunista, a efectos de preservar la estabilidad y la paz regional o mundial, sólo cuenta el equilibrio de fuerzas. Por si solo, ni Japón ni los países vecinos pueden oponerse a la expansión China. La política nacionalista china en su zona de influencia se enmarca en el nuevo "partage du monde" y en la competencia global con el rival norteamericano, y en ese sentido, no puede desprenderse de la lógica de acción-reacción. En las relaciones internacionales de nada sirve la historia del "huevo y la gallina", porque desgraciadamente la responsabilidad moral o legal de las acciones o violaciones cometidas es secundaria a los imperativos de la fuerza. Ya lo decía Tucídides hace más de 2000 años, "los fuertes hacen lo que deben y los débiles lo que pueden". En realista convencido, pero atribulado, no puedo, por más que mis amigos liberales intenten convencerme de lo contrario, dejar de observar que los grandes estados siguen pensando y actuando, antes que nada, en términos de seguridad y poder. La escalada en el sudeste asiático y las respuestas que parecen encadenarse no hacen más que reforzar la vieja máxima de Alexander Hamilton: "Self-preservation is the first duty of a nation".Sobre el autorLicenciado en Estudios Internacionales,Universidad ORT –Uruguay; Master en Ciencia Política,Université de Genève – Suiza;Master en Estudios de Desarrollo,Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo(IHEID- The Graduate Institute) Ginebra, Suiza.
Ante un contexto de globalización económica como el actual, caracterizado por la libre circulación de bienes y servicios, los empresarios se ven cada vez más forzados a ser competitivos tanto en precio como en calidad, primando el primer factor en el actual modelo económico mundial de escasez de recursos económicos generado por las crisis económicas de orden mundial de diferentes Estados. Por este motivo, los operadores económicos buscan, ante todo, ser más eficientes con sus recursos e inversiones. Así, para la consecución de tal fin, los operadores económicos han procedido, en la práctica, a deslocalizar sus inversiones de sus Estados de origen y localizarlas, no ya donde más renten o logren maximizar sus resultados, sino donde menos tributen. Práctica esta que, en puridad, acaba respondiendo a un indicador de gestión normativo-financiero legal y rehusando la aplicación del indicador empresarial por excelencia: el de gestión económico-financiera, el cual le permite a cada empresario evaluar su real índice de rentabilidad bruta y operativa de su inversión, es decir, la colocación efectiva y eficiente de sus recursos económicos y financieros. Pues bien, del mismo modo, los Estados, autónomos y soberanos en materia tributaria, también han querido ser más competitivos desde un punto de vista tributario en orden a captar inversiones económicas. Para lo cual algunos han realizado ajustes y reformas de sus sistemas tributarios, estableciendo regímenes fiscales privilegiados, mientras que otros han optado por una opacidad de información tributaria que aboque en la localización de rentas en su territorio. De este modo, los Estados pretenden resultar fiscalmente atractivos para la inversión tanto de rentas como de patrimonios en sus respectivas jurisdicciones, habilitando para unas y otros una tributación reducida o, incluso, nula. Su único objetivo es, pues, la materialización de la inversión producto de una deslocalización en otro Estado, sin que ello incentive la generación de nuevas inversiones ni de riqueza. Ello, además, sin medir las consecuencias desfavorables para aquellos Estados que son víctimas de dicha deslocalización, convirtiéndose de esta manera en Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. No puede desconocerse que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE) como la Unión Europea (en adelante UE) han trabajado arduamente para conseguir la neutralización de este tipo de prácticas fiscales, haciéndose especial hincapié en la lucha contra la competencia fiscal perniciosa llevada a cabo a través de los paraísos fiscales u otras jurisdicciones opacas o no transparentes. Así, de un lado, la implementación de un escenario tributario justo y equilibrado (en el que cada Estado pueda ejercer libremente su soberanía tributaria sin acabar acudiendo a prácticas fiscales nocivas para el resto de economías nacionales) y, de otro lado, la consecución de unos estándares mínimos en materia de intercambio de información tributaria (para que cada Estado pueda conocer la localización última de la riqueza de sus residentes y lograr su efectivo gravamen) se han convertido en las principales metas a alcanzar por dichas organizaciones internacionales y supranacionales. Ahora bien, aun cuando no pueden desconocerse los avances realizados en el ámbito del intercambio de información tributaria y los esfuerzos efectuados para el diseño de ese level playing field a efectos fiscales, en la actualidad la realidad formal dista mucho de la estrictamente material. Valga, a título de ejemplo de este extremo, la nimia exigencia de un mínimo de doce acuerdos suscritos sobre intercambio de información tributaria para salir de la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE, de manera que la misma se halla vacía en la actualidad. ¿Significa ello que se ha logrado acabar con la lacra que constituyen los paraísos fiscales? Nada más lejos de la realidad, si se tiene en cuenta la erosión que, para las economías de los restantes Estados, siguen representando a día de hoy tales territorios. Asimismo, otro buen botón de muestra de este clima constante de competencia fiscal perniciosa sería la proliferación de regímenes fiscales preferenciales existentes en el momento presente incluso en Estados con niveles estándar de imposición, más preocupados por captar inversiones económicas foráneas y evitar la deslocalización de las propias que de configurar sistemas tributarios coherentes y, sobre todo, justos. De este modo, ante la insuficiencia de las respuestas dadas a nivel internacional contra el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa, el presente trabajo de investigación pretende diseñar o rediseñar, en su caso, una batería de instrumentos jurídicos alternativos para hacer frente al mismo, desde una óptica jurídica pero enmarcada en el contexto global económico de hoy, el cual se erige en la causa principal del auge de la competencia fiscal perniciosa. Se trata de mecanismos que, en última instancia, pretenden evitar la no tributación o la doble no tributación de la operación económica ni en fuente ni en residencia, ahondando en la necesidad del intercambio de información, de la estandarización internacional de un tipo nominal de impuestos sobre sociedades y también en el establecimiento de fuertes medidas coactivas e, incluso, resarcitorias, a efectos de disuadir el ejercicio soberano de una competencia fiscal agresiva y, por ende, perjudicial. I. Objeto de la investigación Antes de entrar en las propuestas de corrección de la competencia fiscal perniciosa, es importante señalar que la dinamización y globalización de los mercados, de las telecomunicaciones y, en general, de todo el contexto económico mundial, hace que cada día los contribuyentes estén en permanente búsqueda de jurisdicciones o Estados que ofrezcan una nula o baja tributación y que, además, ofrezcan cierta opacidad informativa respecto de las rentas y/o patrimonios allí localizadas. Como es sabido, existen ya algunos estudios monográficos de importancia en España en materia de competencia fiscal perniciosa, sobre todo referidos al ámbito comunitario, entre ellos tenemos a MARTÍN LÓPEZ, para quien la competencia fiscal interestatal puede definirse como "la utilización por los Estados de sus sistemas fiscales con la finalidad de captar inversiones foráneas"1 y a LAMPREAVE MÁRQUEZ, quien en cuanto a la competencia fiscal entre Estados, da por cierto "que en un entorno globalizado, las Autoridades de cada Estado, al fijar una determinada política fiscal, ya no sólo se plantean la repercusión de las medidas en su propio territorio, sino sobre aquellos factores de mayor movilidad sitos en otros territorios a los que pretenden atraer". Cierto es que cada Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria, es soberano e independiente a la hora de diseñar su sistema fiscal, conforme a su Constitución y resto del ordenamiento jurídico. Pero algunos Estados se extralimitan en dicha configuración, estableciendo regímenes tributarios preferenciales no acordes con los estándares impositivos clásicos, llegando en ocasiones a conformarse sistemas auténticamente opacos diseñados para atraer, no tanto inversiones fruto de la planificación fiscal u economía de opción, sino derivadas más bien de prácticas propiamente elusivas o evasoras. Todo ello lleva aparejada la generación de desajustes fiscales y económicos en aquellos Estados que han sufrido la deslocalización de rentas e inversiones de sus residentes como consecuencia de su traslado a aquellas otras jurisdicciones que ofrecen una baja o nula tributación, surgiendo como tal el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa. Fenómeno este que, en última instancia, impide que los Estados puedan atender su gasto público y, por ende, cumplir sus fines sociales, ahondándose más aun en la actual crisis económico-financiera de algunos Estados. En este sentido, se han escuchado ya importantes y duros pronunciamientos sobre los paraísos fiscales, los cuales constituyen el exponente por excelencia de la competencia fiscal perniciosa. Nos resulta difícil creer que en un futuro cercano se logrará la eliminación de los paraísos fiscales o siquiera su declive, cuando es evidente la brecha entre el discurso y su ejecución. En la cumbre anual del G20 celebrada en Cannes los días 3 y 4 de noviembre de 2011, el presidente de turno de esta organización, el entonces Presidente de la República Francesa Nicolás Sarkozy, hizo unas duras declaraciones sobre los paraísos fiscales en la rueda de prensa al final de la cumbre: "(n)o queremos más paraísos fiscales. El mensaje es muy claro (.) Los países que sigan siendo paraísos fiscales con el disimulo financiero serán condenados al ostracismo por la comunidad internacional"; anunciando que el G20 realizará una "publicación sistemática" en sus cumbres de la lista de "países que no hacen lo que hay que hacer para acabar con un comportamiento inadmisible"3. Posteriormente en la cumbre G20 de 2013 celebrada en San Petersburgo el 5 y 6 de septiembre de 20134, se dio un total respaldo al plan de acción creado por la OCDE que tiene por objeto abordar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios empresariales (BEPS por sus siglas en inglés Base Erosion Profit Shifting). Plan de acción que como veremos infra, no ha tenido el mejor respaldo de los expertos, ni de la doctrina científica y menos de los contribuyentes, quedando sólo al buen respaldo de los funcionarios de las distintas agencias tributarias y, por supuesto, de la misma Organización. Pues bien, una de las principales causas de esta competencia fiscal perniciosa se puede encontrar en la globalización económica (caracterizada por la apertura de economías y la libre circulación internacional de capital, bienes, servicios), donde la fiscalidad se erige en un factor importante en la localización de las inversiones económicas y de la riqueza. Razón por la cual los Estados utilizan la misma para intentar atraer, hacia sus respectivas jurisdicciones, el mayor número de rentas y patrimonio, sin tener en cuenta las consecuencias adversas que genera la deslocalización de inversiones en los diferentes Estados de origen. Así, pueden citarse, como consecuencias lesivas derivadas del fenómeno de la competencia fiscal perniciosa, entre otras, el reparto desequilibrado de la carga tributaria, ya que los Estados sólo buscan atraer a sus jurisdicciones "bases imponibles móviles" (rentas del capital o de actividades económicas), reduciendo tan sólo la carga impositiva soportada por éstas. Mas ello no parece suponer una racionalización del sector público, puesto que esa menor presión fiscal prevista para las bases móviles no conlleva un gasto público más eficiente, sino que se compensa mediante un endeudamiento superior y una mayor tributación de las bases no móviles (rentas del trabajo o inmobiliarias). De esta forma, la Competencia Fiscal Interestatal adquiere un perfil nocivo, no cuando se traduce en el establecimiento generalizado por los Estados de unos niveles de imposición ajustados, resultando una fiscalidad más racional y, a su vez, atractiva para toda clase de rentas, sino cuando consiste en el establecimiento de ventajas fiscales específicas y desorbitadas cuyo único objeto sea la captación de determinadas rentas. Así, a lo largo de este trabajo de investigación, realizaremos algunas propuestas de lege ferenda en orden a la corrección de la competencia fiscal perniciosa, entre las que destacamos como aporte propio una propuesta en torno al establecimiento de una suerte de responsabilidad patrimonial como última ratio de aquellos Estados o jurisdicciones que ejerzan una competencia fiscal perniciosa obstaculizando, ocultando o denegando el suministro de información financiera-tributaria efectiva a los Estados perjudicados. Dicha responsabilidad patrimonial podría comprender, además de la imposición de sanciones económicas, el pago a tales Estados perjudicados de una cantidad equivalente a la deuda tributaria dejada de ingresar por sus residentes como consecuencia de la deslocalización de sus rentas, patrimonios e inversiones y su ubicación en aquellos otros Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. Así, nada obsta a que los diferentes Estados modernicen sus sistemas tributarios y sean fiscalmente competitivos a nivel internacional para atraer inversión extranjera. Ahora bien, sus sistemas tributarios deben responder a un esquema, si no igual a los demás Estados, sí similar en lo que respecta a los estándares internacionalmente aceptados. Nada impide que los Estados puedan establecer condiciones fiscales favorables, mas no desleales frente a las condiciones de los otros Estados. Lo ideal es que observen unos patrones internacionales de tributación de los que se derive un terreno de juego justo y equilibrado en el ámbito fiscal, dejando que sean otros factores de competitividad los que acaben decidiendo qué Estados resultan más atractivos internacionalmente. Factores como vías de comunicación, calidad de materias primas, calidad de la mano de obra, reducción de costes de producción, avanzada tecnología y redes de acceso a las misma o seguridad jurídica, entre otros, que son propios de la libre competencia en un mundo globalizado y dinámico como el actual. Es claro que nuestro propósito con este trabajo de investigación es realizar algunas propuestas de lege ferenda que contengan una aproximación a la corrección de la competencia fiscal perniciosa, tanto en el ámbito internacional como de la Unión Europea, pero unificada como una propuesta global de fiscalidad internacional. Y ello sobre la base de medidas de muy distinta índole, entre las que podrían destacarse, de un lado, la ratificación de un acuerdo multilateral de intercambio efectivo de información de forma automática vinculante para los Estados que se adhieran, la fijación de un tipo nominal estándar de impuesto de sociedades del 22,5%. Y, de otro, el establecimiento de medidas defensivas contra los Estados que ejerzan esa competencia fiscal perniciosa, que abarquen desde las propiamente encuadrables en la técnica tributaria hasta otras coactivas, punitivas o resarcitorias. En efecto, sin desconocer la soberanía de cada Estado como límite infranqueable y modulador del Derecho internacional, un problema como el que representa la competencia fiscal perniciosa requiere una estrategia coordinada y decidida que acabe aislando internacionalmente a aquellas jurisdicciones no cooperantes, de modo que ese ejercicio de competencia fiscal nociva termine teniendo un coste, en términos económicos y jurídicos, mayor que el propio beneficio reportado por tales prácticas. Piénsese, en este sentido, en la posibilidad de exigirle una especie de responsabilidad patrimonial, reclamándosele el pago del impuesto que el contribuyente ha dejado de ingresar en su Estado de residencia o de la fuente donde aquél ejerce sustancialmente actividades económicas; responsabilidad ésta que sería exigible con carácter subsidiario y como última ratio, una vez que el Estado perjudicado demuestre que la normativa o la práctica administrativa del otro Estado ha constituido un obstáculo insalvable para lograr la recaudación tributaria que, en atención al juego de los criterios de sujeción tributaria, le correspondía jurídicamente. II. Metodología Con la presente investigación jurídica, encuadrable dentro del ámbito del Derecho Público, pretendemos estudiar el fenómeno de la Competencia Fiscal Interestatal y, propiamente, aquélla que presenta un carácter pernicioso. No obstante, la investigación respecto de esta materia se llevará a cabo, exclusivamente, desde el punto de vista jurídico, prescindiéndose de la óptica económica, (más centrada ésta última en las graves consecuencias de esta índole que dicho fenómeno acarrea). Es claro que, en este tipo de investigación, usaremos, como principales fuentes directas de estudio, entre otras, las normas jurídicas (Tratados, Leyes, Reglamentos, Directivas, etc.), la jurisprudencia de los Tribunales, informes de organismos internacionales (OCDE, UE) y la doctrina científica, acudiendo a las principales monografías y artículos de aquellos autores que han tratado esta materia. De este modo, se pretende realizar un trabajo de investigación que, de alguna manera, resulte interesante y contenga aportaciones de valor, tanto para la comunidad académica, como para los Estados y Organismos internacionales que luchen contra el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa. Es importante dejar sentado que cualquier información de fuente externa que se utilice en esta investigación tendrá su respectiva lista de referencia en la parte bibliográfica, preservándose así los derechos de autor. III. Estructura del estudio La presente tesis doctoral se ha estructurado de una manera concordada, en cuatro capítulos, analizando de manera exhaustiva todos los aspectos de nuestro objeto de estudio (éste es, la competencia fiscal perniciosa) y concluyendo con las oportunas propuestas, en tanto aportación científica propia que todo trabajo de investigación debe necesariamente contener. El primer capítulo aborda el fenómeno de la competencia fiscal interestatal desde su génesis hasta la actualidad, donde podremos apreciar como esta figura jurídico- económica (aun cuando sólo realizaremos su análisis desde el punto de vista jurídico), ha tenido una evolución importante, motivado todo ello por la globalización y dinamización de los mercados. Fenómeno este que, sin duda, constituye uno de los principales motivos por los que, en la actualidad, los diferentes Estados, territorios o jurisdicciones establecen, ajustan o reforman sus sistemas fiscales nacionales, si bien en uso de su propia soberanía estatal. En el segundo capítulo se realiza un análisis de lo que se entiende por competencia fiscal perniciosa, la cual se traduce en la pugna de los diferentes Estados por localizar en sus respectivos territorios, mediante la utilización de instrumentos fiscales, el mayor número de inversiones económicas. Lo que, en la práctica, está generando unas gravísimas consecuencias para los propios Estados en su conjunto y, sobre todo, para aquellos cuyos sistemas tributarios responden a los estándares internacionalmente aceptados. Consecuencias nocivas entre las que destaca la pérdida de ingresos fiscales provenientes de las rentas denominadas "móviles", dada la facilidad de deslocalización de éstas últimas. El tercer capítulo tiene por objeto la descripción y examen de las principales acciones llevadas a cabo a nivel internacional (tanto desde la OCDE, como desde la UE) frente a esta competencia fiscal perniciosa que se ha desatado entre los Estados y que tiene su anclaje en las fuerzas del mercado y la globalización. Acciones, valga de paso decir, que con carácter general no son vinculantes per se, sino por la voluntad política de cada Estado, como veremos infra. Por tanto, en él se hará referencia a las principales propuestas de corrección de la competencia fiscal perniciosa desarrolladas en los ámbitos internacional y comunitario, evaluándose instrumentos jurídicos como la aproximación de legislaciones para lograr una coordinación de la fiscalidad, la igualdad de condiciones entre todos los Estados para lograr un intercambio efectivo de información y unos sistemas fiscales transparentes y la armonización de la fiscalidad directa en el ámbito comunitario, entre otros. Finalmente, en el cuarto capítulo se expondrán propuestas propias, de lege ferenda, para la corrección de la competencia fiscal perniciosa. Demostrada a lo largo de la investigación la nocividad de la competencia fiscal perniciosa (y de la utilización de este fenómeno por estructuras agresivas de ingeniería fiscal cuasi elusivas), procede, como leitmotiv último del trabajo, formular nuestras tesis sobre la viabilidad jurídica de determinados mecanismos alternativos de contención de la competencia fiscal perniciosa, ante la inexistencia de normas jurídicas que sancionen a los Estados que ejerzan la misma. Así, creemos firmemente en la necesidad de actuar en un doble plano: primero, el establecimiento e implementación de unos mínimos de convergencia tributaria a nivel internacional que excedan del restringido ámbito del intercambio de información tributaria, delimitando claramente, de una vez por todas, ese denominado escenario fiscal justo; segundo, la fijación de un tipo nominal estándar del impuesto de sociedades del 22,5% permitiéndose los ajustes de doble imposición internacional o por el contrario del ajuste de lo debido y no abanado; y, tercero, alcanzar un establecimiento generalizado del mismo de manera coercitiva, albergando la posibilidad de que, ante la deslealtad en el ámbito fiscal practicada por determinados Estados, quepa la exigencia de la apuntada responsabilidad patrimonial como última ratio. Objetivo difícil, sin duda, en razón a que el Derecho internacional público se encuentra precisamente soportado en la voluntad de los Estados libres y soberanos, sin que pueda exigírseles el cumplimiento de obligaciones a las cuales no se hayan adherido voluntariamente. Por ello, somos conscientes de las limitaciones de nuestra propuesta y de sus consecuencias en el ámbito del Derecho internacional, pero que los Estados miembros de las distintas organizaciones internacionales habrían de comprender y compartir, construyendo un frente común contra los paraísos fiscales y demás jurisdicciones opacas, los cuales son, en definitiva, los verdaderos agujeros negros del sistema fiscal internacional. CONCLUSIONES 1. En el ámbito del Derecho internacional público, encontramos el Derecho tributario internacional, en el que cada Estado libre y soberano ejerce su potestad tributaria para estructurar su respectivo sistema fiscal, existiendo tantos regímenes fiscales como Estados o territorios dependientes existen, deviniendo con ello una cierta competencia fiscal entre los éstos. Competencia que alcanza regímenes fiscales transparentes, unos menos transparentes y otros en puridad, opacos. Siendo estos dos últimos tipos de regímenes, los propicios para que los operadores económicos ejerciten toda su infraestructura financiera, legal y fiscal para aprovecharse de los desajustes de la diversidad de tantos sistemas fiscales. 2. También es cierto, que esa potestad tributaria de los Estados ha ido desencadenando un escenario de lucha entre éstos, con el único fin de atraer hacia sus territorios inversiones y riqueza foránea, en ocasiones sin dimensionar los efectos nocivos que ello genera en el Estado que sufre la deslocalización, la erosión de la base imponible o el traslado de beneficios hacia esas jurisdicciones que ofrecen condiciones fiscales más ventajosas o preferenciales de baja o nula tributación. Ello ha generado que algunos Estados también constituyan regímenes fiscales con ciertos privilegios, de modo que puedan retener al menos, su riqueza nacional dentro de su territorio, alcanzado esto una pugna entre Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. Creemos, que lo que resulta inadmisible en el plano internacional, es aquel ejercicio sesgado de la potestad tributaria que acabe perjudicando a aquellos otros Estados con niveles impositivos estándares. 3. Así como una sana competencia en la producción y comercialización de bienes y servicios es útil y necesaria para equilibrar las fuerzas del mercado, también lo es la competencia fiscal, pero a través de sistemas tributarios transparentes. Lo cierto es que el carácter pernicioso que ha alcanzado la segunda, es tal, que hasta los mismos Estados y organizaciones internacionales, como la OCDE, G20, G/7/8 y la UE, han tenido que intervenir para hacer frente a tal fenómeno que viene socavando la hacienda pública internacional, principalmente en lo que respecta al impuesto de sociedades, lo que está generando que cada día la brecha fiscal esté siendo más amplia, no permitiendo a los Estados cumplir sus fines. 4. Sin perjuicio de otras opiniones, definimos la competencia fiscal interestatal como el fenómeno por el cual los Estados, en ejercicio de su poder soberano, erigen y estructuran su sistema fiscal con el objetivo de mantener, retener o atraer capitales móviles, actividades empresariales, inversiones, rentas o patrimonios, logrando así un incremento de sus ingresos públicos y, en general, un mayor crecimiento económico. 5. El ejercicio de esa potestad tributaria en el actual contexto de globalización económica, ha abocado en un uso de la misma dirigido, en última instancia, a configurar Estados fiscalmente atractivos para los inversores internacionales, lo que ha generado una contienda de competencia fiscal, beneficiando especialmente a las multinacionales que a través de su planificación fiscal agresiva buscan la optimización en el pago de la factura fiscal, más que la rentabilidad misma de la inversión; quienes aprovechas todos los resquicios fiscales para ello, y de paso, se benefician al igual que los demás ciudadanos de los servicios y condiciones de bienestar que ofrecen los Estados, sin contribuir con las cargas fiscales que justamente les corresponde, convirtiéndose como dicen los hacendistas públicos en verdaderos free-riders. 6. Fenómenos como la globalización económica y la constante interdependencia de las economías, ha provocado la apertura de las fronteras, la eliminación de normas proteccionistas y la libre circulación de personas y capitales. Escenario en el que los propios Estados se ven enfrentados a una competencia fiscal, similar a la competencia de mercado a que se ven enfrentados los operadores económicos. Por tanto, el fenómeno de globalización económica no hace sino desatar las fuerzas del mercado tanto para los Estados como para los operadores económicos, en donde la competitividad no está basada en factores de rentabilidad operativa sino, en gran medida, en factores de rentabilidad fiscal. 7. Esta globalización y la creciente movilidad de personas y capitales, están creando dificultades para los Estados a la hora de evaluar correctamente las bases imponibles, la recaudación fiscal y la tributación efectiva de los operadores económicos donde sustancialmente ejercen las actividades y generan valor. A su vez, estos fenómenos están afectando el funcionamiento de los sistemas fiscales y facilitando las prácticas de elusión y evasión fiscales, toda vez, que algunos se han reputado insuficientes u obsoletos frente al dinamismo económico vigente, lo que pone en peligro el funcionamiento del mercado global. 8. Defendemos el proceso de la competencia fiscal como un fenómeno beneficioso, siempre que la misma se practique de una manera leal y sana, es decir, en la medida que los Estados ejerzan su potestad tributaria, no de manera uniforme, pero sí dentro de unos estándares internacionales (como los referidos por la OCDE y la UE). En este sentido, la propia OCDE no censura la existencia de diferencias objetivas entre los sistemas fiscales de los distintos países, admitiéndose el carácter beneficioso de una cierta competencia derivada de dicha heterogeneidad, pero siempre que aquélla acabe conformándose como simétrica, proporcionada y justificada, mediante la cual exista una adecuada proporción entre los niveles de imposición y prestaciones públicas, que finalmente, desemboque en la eficiencia del gasto público y que por demás, sean sistemas transparentes e inspirados en principios de justicia tributaria. 9. También consideramos el proceso de la competencia fiscal como un fenómeno perjudicial, siempre que se ejerza de manera desleal, a través de la implementación de sistemas tributarios preferenciales de carácter pernicioso, es decir, estructurados estrictamente por motivos fiscales para la captación exclusiva de rentas y capitales foráneos, sin exigir una actividad real y sustantiva; o, mediante jurisdicciones constitutivas de auténticos paraísos fiscales sin un intercambio efectivo de información y con sistemas tributarios poco o nada transparentes. 10. Lo cierto es que principalmente desde los años noventa hasta nuestros días, la competencia fiscal interestatal presenta una naturaleza más perniciosa que sana, puesto que la globalización económica, unida a la falta de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes, hace que internacionalmente los Estados compitan, no desde un punto de vista económico, sino desde una óptica estrictamente fiscal. Lo propio sucede incluso, en el seno de la UE, que ha tenido grandes avances en la armonización de fiscalidad indirecta, y en algunas parcelas de la fiscalidad directa, pero la falta de una armonización adecuada del impuesto de sociedades en sus EE MM, ha generado una gran variedad de 28 regímenes societarios, sin que hasta la fecha se haya podido lograr una coordinación para su armonización, convirtiéndose esta competencia fiscal en un fenómeno lesivo para el mercado interior común. 11. En nuestra opinión, son múltiples las incidencias que la globalización ha ejercido y ejerce sobre el Derecho tributario y su sistema de fuentes, transformando casi por completo algunos sistemas fiscales y corrigiendo o provocando ajustes en otros, pero todos centrados en el mismo fin, i. e. la atracción de inversiones de capital extranjero. Cierto es, pues, que la globalización está incidiendo decisivamente en la configuración de la política fiscal llevada a cabo por los diferentes Estados, provocando una internacionalización del Derecho tributario, que a pesar de no ser un Derecho internacionalizado aún, no puede obviarse la considerable influencia que recibe del exterior, tanto en su configuración, como en lo que se refiere a los principios que ordenan la producción legislativa en materia tributaria y en las fuentes que en la actualidad nutren el Derecho tributario. 12. En todo caso, cuando se afronta el debate sobre el carácter sano o pernicioso de la competencia fiscal interestatal, consideramos que los Estados pasan de una "competencia sana" a una "competencia perniciosa" cuando utilizan sistemas fiscales con el fin exclusivo de atraer rentas y capitales foráneas, generalmente carentes de un sustrato económico generador de valor y que se localizan en tales jurisdicciones por motivos no económicos sino fiscales. Dicho de otra manera, la finalidad subyacente de dichos sistemas tributarios, es la atracción de dichas rentas y capitales mediante una menor presión fiscal, a través del otorgamiento de beneficios a inversores extranjeros, creando de alguna forma una brecha fiscal, que termina compensándose a través de la fiscalidad de las rentas menos móviles (principalmente de trabajo, inmobiliarias y de pymes), desequilibrando los principios de justicia e igualdad tributaria. 13. La estructuración de los sistemas fiscales por parte de algunos Estados, exclusivamente para deslocalizar u ocultar las rentas o capitales de otros Estados, supone una carrera hacia el fondo que sólo lleva aparejada pérdida de recaudación fiscal y, en definitiva, erosión económica, lo que para la OCDE en materia fiscal corresponde específicamente a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios empresariales (BEPS) mediante "una planificación fiscal internacional", que mientras existan y persistan sistemas fiscales que lo permitan, difícil será la encomiable tarea de esta Organización para desmantelar tales mecanismos de planificación fiscal agresiva, toda vez que estamos frente a una economía de opción plenamente válida y legal, donde cada Estado erige su propio sistema fiscal y los operadores económicos el lugar donde mejores ventajas fiscales encuentre. 14. Las escalofriantes cifras en pérdida de recaudación fiscal, en evasión y elusión fiscales, expuestas a lo largo de nuestra investigación, dejan entrever los resultados a que aboca la competencia fiscal perniciosa ejercida, sobre todo, por los paraísos fiscales y por los regímenes fiscales preferenciales, establecidos por Estados o territorios dependientes no calificados como paraísos fiscales, cuyo único fin es la creación de sistemas fiscales atractivos a las inversiones foráneas de fácil deslocalización o movimiento, como las rentas de capital y las actividades empresariales. Donde la reducción de ingresos fiscales que se genera de la existencia de estos regímenes preferenciales para estas bases imponibles móviles, no presenta una proporcionada racionalización del sector público de los Estados, pues tal pérdida de recaudación fiscal ha sido compensada con un incremento de la carga fiscal en las bases imponibles menos móviles (especialmente las rentas del trabajo y de los bienes inmuebles). 15. Los Estados que cuentan con sistemas estándares y transparentes, se han visto gravemente afectados por la proliferación de estos regímenes fiscales perniciosos, por lo que han intentado de encontrar una solución a tal fenómeno, sin lograr un resultado contundente hasta ahora. Y ello sin perjuicio de la consecución de algún resultado positivo de carácter parcial, como la adopción en el ámbito comunitario del Código de Conducta de Fiscalidad de las Empresas o los compromisos adquiridos en el ámbito de la OCDE respecto a la lealtad en la configuración de sus políticas fiscales, de cooperación e intercambio de información, o suscripción de CDIs, o la ejecución de su último plan de trabajo de julio de 2013, encaminado a evitar la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios empresariales (BEPS). 16. Entendemos que este fenómeno de competencia fiscal perniciosa se ha abordado desde instancias nacionales como el propio EE. UU. y supranacionales como la OCDE y la UE. En este sentido, destacamos el instrumento vinculante FATCA adelantando por EE. UU.; el instrumento adelantado por la OCDE sobre "Competencia fiscal perjudicial: Una cuestión global emergente", el cual fue reorientado mediante el Plan de Acción BEPS, ambos no vinculantes; los instrumentos establecidos por la UE como el Código de Fiscalidad de las Empresas, no vinculante pero con resultados muy favorables para eliminar las medidas perniciosas de los sistemas fiscales de sus EE MM y la norma del TFUE sobre el control de las ayudas de Estado de tipo fiscal, vinculante y desarrollado a través del TJUE. Medidas todas, que intentan corregir esta gran brecha fiscal de la que aún falta bastante camino para ser efectivamente corregida. 17. En el dinamizador proceso de globalización económica, el comercio electrónico es el que mayor crecimiento ha experimentado, acarreando serias preocupaciones a las Administraciones Tributarias a la hora de gravar la renta y el consumo, por la dificultad actual para controlar tales operaciones e identificar a los contribuyentes, y de forma muy especial, por lo difícil que resulta recaudar los impuestos que se generan cuando el contribuyente reside fuera del territorio del Estado acreedor de la deuda tributaria. En estos términos, en el plano fiscal las consecuencias derivadas de la realización de operaciones de comercio electrónico parecen reconducirse a una sola: la disminución de los ingresos tributarios. 18. El desarrollo de nuevos medios de pago de naturaleza electrónica, ha supuesto la obstaculización del rastreo de las transacciones comerciales realizadas, dificultando la localización de la corriente económica generada por aquellas, muy especialmente en aquellos casos en los que los fondos utilizados procedan de entidades bancarias situadas en paraísos fiscales. Pero a su vez, esta innovación en las TICs, han provocado una extraordinaria facilidad para el intercambio y procesamiento de la información, que deberá ser adecuadamente utilizada en lo mayor posible por todos los Estados mediante la ratificación de instrumentos jurídicos que así lo permitan. 19. Los múltiples atributos que presentan las operaciones de comercio electrónico tienen difícil encaje en las concepciones y criterios utilizados por los sistemas tributarios clásicos; los mismos han supuesto un cambio de paradigma en muchos de los criterios impositivos utilizados como piedras angulares de todo el sistema tributario, provocando con ello que el sistema tributario, uno de los principales fundamentos del Estado moderno, asuma el reto de adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y sociales para cumplir su función recaudatoria. 20. A las singularidades fiscales que generan las transacciones electrónicas, también ha habido un interés latente de enfrentarlas con mecanismos útiles, los cuales han resultado insuficientes, sin que ello implique la renuncia de las OO II para continuar con sus proclives trabajos. Es así como la UE y la OCDE han dedicado especial atención al asunto y, en especial, en relación con la competencia fiscal. En cabeza de la OCDE se presentó el documento The Emergence of Electronic Commerce de 1997, que establece las bases y los fundamentos esenciales que debían estudiarse del comercio electrónico; luego en 1998, el documento Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, en el que se refleja el hincapié de luchar contra la competencia fiscal lesiva en el campo del comercio electrónico y la necesidad de luchar contra ésta a través de acuerdos multilaterales entre Estados. 21. En la actualidad, la OCDE adelanta en el sector de la economía digital el Plan BEPS mediante la acción número uno Address the tax challenges of the digital economy, para hacer frente a los entramados fiscales que están ejecutando las multinacionales para erosionar la base imponible y trasladar los beneficios a paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales. Mediante esta acción, se trata de identificar a todos los agentes que intervienen en la cadena de valor de la economía digital y desentrañar, si en determinado Estado, podría considerarse la presencia de un establecimiento permanente al que se pudieran atribuir beneficios empresariales, dado que la intermediación a través de las cadenas de participaciones de sociedades dificulta esa posibilidad. 22. La pobreza mundial y la desigualdad, también se constituyen en actores del cercenamiento de la competencia fiscal, específicamente en relación con aquellos países en desarrollo que ven una oportunidad de crecimiento económico a través de la conformación de sistemas fiscales preferenciales, o, mediante una imposición directa baja o nula. Por lo que estarán por fuera de una competencia fiscal transparente y obligados a experimentar una caída de los ingresos fiscales, precisamente porque ejercen una mayor presión fiscal sobre una base reducida de contribuyentes, y es allí donde aparecen sistemas fiscales laxos o flexibles de carácter pernicioso, para intentar atraer inversión extranjera a sus jurisdicciones, donde algunos corren con suerte al abrirse al mundo, convirtiéndose en verdaderas termitas fiscales y provocando efectos nocivos para otros Estados. 23. Uno de los efectos gravísimos de la competencia fiscal perniciosa, es el desajuste de los sistemas tributarios nacionales. Ello en consideración a que, al nivel esperado de los ingresos y gastos públicos como determinantes sustanciales de la política fiscal, se ha adicionado la interacción del entorno tributario internacional con las medidas adoptadas por otros Estados, desencadenando en los últimos años un cambio de los postulados fiscales en los sistemas tributarios internos y, por supuesto, generando una competencia fiscal ente los Estados, ya que cualquier cambio tiene su repercusión directa o indirecta en los sistemas fiscales de otros Estados. Todo ello, trae aparejado el menoscabo de los ingresos tributarios y de la recaudación fiscal, producto de la deslocalización de las inversiones de capital y actividades empresariales que tienen que soportar aquellos Estados víctimas de la competencia fiscal perniciosa. 24. Esta competencia fiscal perniciosa, también representa una clara amenaza a los principios de justicia tributaria, toda vez que el carácter asimétrico de los sistemas fiscales han basado su atracción en el establecimiento de regímenes fiscales favorables para aquellas rentas móviles, generando con ello un desplazamiento de la carga impositiva principalmente hacia las rentas menos móviles, lo que trae unas gravísimas consecuencias fiscales como la afectación directa de los principios clásicos de justicia tributaria como generalidad, igualdad, capacidad contributiva y progresividad, afectando la equidad y la redistribución de la renta que, como regla general, se predican de los sistemas tributarios en su conjunto. En definitiva, la desigualdad de estos sistemas, bien podría afectar la neutralidad fiscal de algunos Estados a la hora de establecer el gravamen de las distintas manifestaciones de riqueza, pues sus déficits fiscales podrían obligarles, de una u otra manera, a establecer un mayor nivel de imposición o una mayor presión fiscal para aquellas rentas no móviles, frente a las móviles que escapan a las altas cargas impositivas por su facilidad de deslocalización. 25. De otra parte, esta contienda de competencia fiscal perniciosa lleva aparejada una localización ineficiente de los recursos económicos, en tanto ésta última acaba guiándose, en gran medida, por factores de índole tributaria. De este modo, la riqueza y los factores de producción terminan ubicándose donde menos tributan, y no donde más producen, como sería lo deseable desde la óptica económica. Proceso de competencia fiscal que es desatado por los Estados y aprovechado en gran medida por los operadores económicos, en particular por las multinacionales, quienes son los agentes principales de este tipo de competencia fiscal perniciosa, en razón a su capacidad y poder de decisión para deslocalizar parte o el conjunto de sus actividades, hacia uno o varios Estados, donde su único objetivo es beneficiarse de todos los instrumentos de planificación fiscal internacional que ofrecen los distintos sistemas tributarios. 26. Los gravísimos efectos y consecuencias provocados por esta clase de competencia fiscal, llevaron tanto a la OCDE como a la UE, a adelantar investigaciones y trabajos para desmantelar las medidas perniciosas, los sistemas fiscales preferenciales y los paraísos fiscales. Para la primera, se constituyó como pionero su informe sobre competencia fiscal perniciosa y sus sucesivos informes de revisión y progreso hasta el año 2012, y, a partir de 2013 con la reorientación de los mismos a través del plan de acción BEPS, donde se inicia un trabajo conjunto de la OCDE/G20. Para la segunda, se convirtió en pionero el Código de Conducta de Fiscalidad sobre las Empresas y la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado; quien además de sus propios trabajos, ha integrado sus acciones en el plan de acción BEPS. Los regímenes fiscales preferenciales y los paraísos fiscales, constituyen una forma abierta y directa de permear la competencia fiscal, motivo por el cual, generaron la preocupación de todos los países, principalmente de aquellos más desarrollados, tanto por la disminución de la recaudación fiscal y como por la erosión de la base imponible mundial; lo despertó el interés del G7 y G20 para trabajar de manera mancomunada con la OCDE en la lucha contra éstos, en favor de la protección de las finanzas públicas de los países y principalmente de sus Estados miembros. 27. Observamos un retroceso en los trabajos adelantados para la erradicación de los paraísos fiscales, cuando por sugerencia de los EE. UU. que basó su tesis en el poder soberano de los Estados para establecer su nivel de tributación y su organización fiscal, en el año 2001 la OCDE abandona el criterio de carencia de actividad sustancial para catalogar a una jurisdicción o territorio dependiente como paraíso fiscal. Como creemos, ello implicó un gran retroceso, porque era un excelente indicador de los focos de evasión fiscal. Por fortuna, se verificado lo trascendental de tal criterio, por lo que tanto la OCDE como lo la UE han dado pasos favorables para retomarlo, mediante la acción cinco del plan de acción BEPS y la Propuesta de modificación del Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, respectivamente. La supresión del criterio de carencia de actividad sustancial fue reemplazado por la creación de sistemas transparentes y por un intercambio efectivo de información, elementos que se consideraban suficientes para catalogar a un Estado como una "jurisdicción cooperante". Transparencia referida no sólo al sistema de información fiscal, sino también a aquellos elementos conducentes a su garantía, como la imposibilidad de negociación entre las administraciones fiscales y los contribuyentes para la determinación de las bases imponibles o los tipos de gravamen y/o la concesión de incentivos fiscales. Así mismo, la existencia efectiva de un intercambio de información debería permitir y facilitar a los demás Estados y a las propias administraciones de estas jurisdicciones el acceso a toda la información fiscalmente relevante y conllevar el establecimiento de dispositivos normativos que propicien el suministro de dicha información. Todo ello con el único fin de gravar aquellas rentas de los contribuyentes que han decido invertir en tales jurisdicciones sólo por fines tributarios. 28. El año 2009 fue clave para que el G20 apoyara decididamente a la OCDE en la apertura de trabajos sobre la transparencia y del intercambio efectivo de información, el desmantelamiento del secreto bancario, advirtiendo incluso de la posible imposición de sanciones para quien no cumpliera con los estándares internacionales de intercambio de información aceptados. Además, se insta al Foro Global a seguir avanzando en el uso de instrumentos multilaterales para contrarrestar la evasión de impuestos, a través de la revisión, aprobación y recomendación para la implementación de las normas internacionales de transparencia e intercambio efectivo de información, con fines a que exista una cooperación fiscal adecuada entre los Estados y el seguimiento a quienes incumplan con dicho compromiso. 29. La baja o nula tributación internacional que soportaban algunas multinacionales, a través de la planificación fiscal agresiva, aprovechándose de las interacciones entre los sistemas fiscales de los Estados para disminuir artificiosamente sus bases imponibles o trasladar los beneficios empresariales a otras jurisdicciones de baja o nula tributación, despertó el interés conjunto de la OCDE/G20 para hacer frente a ello, desplegando el plan de trabajo BEPS en el año 2013 de 15 acciones con el que se pretende lograr un cambio en la normativa fiscal internacional, el cual finalizará en diciembre de 2015. Es un plan de acción en el que convergen dos realidades: la primera, es que las empresas multinacionales intentan disminuir su factura fiscal para optimizar su beneficio tributario, valiéndose de mecanismos de planificación fiscal agresiva; la segunda, los propios Estados ofrecen regímenes fiscales diferentes y competitivos entre sí, para atraer rentas e inversiones extranjeras; ambas realidades, se traducen en la erosión de la base imponible y en el traslado de los beneficios empresariales entre jurisdicciones, lo que propició que la OCDE y el G20 centraran su esfuerzo a través de BEPS para hacer frente a tan colosal dificultad. 30. Estimamos que estas 15 acciones en su conjunto, son retadoras pero su aplicación dependerá también de la mera liberalidad de los Estados, es decir, acciones no vinculantes que hasta ahora han carecido de efectividad para la erradicación de los regímenes fiscales preferenciales y más concretamente de los paraísos fiscales, lo que hará que continúe presentándose el mismo choque de intereses que se ha evidenciado en las iniciativas anteriores entre quienes promueven la eliminación material de la competencia fiscal perniciosa y algunos Estados miembros de la OCDE, que sólo promueven su eliminación formal, porque están claramente vinculados a los paraísos fiscales o centros de servicios financieros offshore, a través de sus territorios dependientes. 31. Consideramos que la dificultad manifiesta del proyecto BEPS, radica en que la OCDE tiene una posición ambivalente. Por un lado, trabaja por extender su poder y su influencia a nivel mundial a través de la promoción de la estandarización y la convergencia, pero, por otro lado, siempre se ha visto a sí misma como representante de los intereses de sus Estados miembros y por consiguiente, con dificultades para representar los intereses de otros países, al menos de aquellos que entran en conflicto con los intereses de sus Estados miembros. Sin embargo, independientemente de este tipo de problemas, creemos que BEPS tiene aspectos positivos. El primero de ellos es el avance en materia de intercambio efectivo de información; el segundo, es el reconocimiento de un fracaso de los sistemas de tributación internacional basados en los acuerdos bilaterales que interactúan con los sistemas tributarios internos, los cuales, difícilmente pueden evitar la doble imposición sin crear de manera simultánea oportunidades de doble no imposición, siendo destacable la nueva estrategia orientada a los acuerdos multilaterales; el tercero, es su retorno al requisito de la actividad sustancial que formaba parte del informe de 1998 y como hemos reiterado su eliminación flexibilizó de manera excesiva el cumplimiento de requisitos para que los paraísos fiscales fueran eliminados de la lista negra. En definitiva, su objetivo principal, es en sí mismo, el aspecto más positivo, el cual es evitar la erosión de la base imponible, el traslado de beneficios y encontrar soluciones a los problemas de la planificación fiscal agresiva. 32. No obstante a lo favorable que hemos advertido sobre BEPS, somos de la opinión, que este proyecto no representa una solución real para enfrentar la planificación fiscal agresiva, entre otras cosas porque ha eludido conscientemente el problema de fondo que es la adecuación de un sistema de tributación internacional en el que se consideren temas centrales como la residencia fiscal y la potestad tributaria para distribuir correctamente la recaudación. Creemos que BEPS representa una valiosa entrada hacia la reforma de la normativa fiscal internacional, pero si pretende lograrla requerirá una aplicación consistente de los propios principios de dicho plan, una mejor definición de lo que es o no aceptable, la definición de jurisdicción en función de la creación de valor y debe dejar de evitar los puntos políticamente difíciles por los intereses de sus Estados miembros, como por ejemplo la residencia fiscal. Y si pretende expandir la normativa adaptada a terceros Estados no miembros de la OCDE, deberá tenerse presente que esto debe alcanzarse de forma participativa, de la manera más inclusiva posible a fin de asegurar la efectividad y ganar la mayor legitimidad posible. 33. En relación con el proyecto BEPS, para nuestra investigación, centramos nuestro interés principal en la acción número 5 (Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia), por lo cual valoramos positivamente que mediante ésta, se haya vuelto a replantear el criterio de actividad sustancial en los regímenes preferenciales, que aunque no todos gozan de ser paraísos fiscales para quienes se ha eliminado tal criterio, algunos si lo son. En principio se ha incluido para los regímenes preferenciales de PI, los cuales deberán demostrar que han incurrido en ciertos gastos asociados a actividades de I+D que generen rentas procedentes de la explotación de la PI. Tal criterio, podrá extenderse a otro tipo de regímenes preferenciales, los cuales deberán demostrar la existencia de actividades sustanciales. Otro de esta Acción, que consideramos uno de los más destacables es su apuesta por la transparencia, a través del intercambio automático y obligatorio de información sobre resoluciones relacionadas con los regímenes preferenciales. Se trata de un nuevo direccionamiento que no centra sus esfuerzos en los regímenes perjudiciales o potencialmente perjudiciales como lo hacía en el pasado sino que, se enfoca en los regímenes preferenciales, sean perjudiciales o no. Lo que se pretende es que el país afectado disponga de información oportuna (en un plazo no superior a tres meses) y relevante sobre acuerdos preferenciales en precios de transferencia o en cualquier otra área. Aunque la guía está en proceso de construcción, ya incorpora los elementos mínimos que debe compartir el país que otorga las exenciones dependiendo del tipo de acuerdo preferencial del que se trate. En esta Acción aún está por terminar la revisión de todos los regímenes actuales, con el ánimo de establecer si éstos son perjudiciales, potencialmente perjudiciales o simplemente preferenciales. En todo caso, en el informe de progreso que debe presentarse en diciembre de 2015 deberá quedar constancia de los hallazgos. 34. Paralelamente a los trabajos de la OCDE/G20 para hacer frente a los regímenes fiscales preferenciales y paraísos fiscales, se ha hecho lo propio la finalización de la era del secreto bancario, concretamente en la Cumbre del G20 celebrada en Londres en el año 2009. Contrario sensu, opinamos que, aunque la voluntad política de las grandes economías y países desarrollados ha sido el desmantelamiento del secreto bancario, permeándose incluso de manera limitada el Estado con mayor índice del secreto financiero (Suiza), la realidad es otra. Harán falta años para hablar de una transparencia financiera total, pues en la lista del índice del secreto financiero del año 2013, aparecen los principales países del G20, de la OCDE y otros Estados como Alemania, Austria, Canadá, Costa Rica, EE. UU., Francia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Jersey, Luxemburgo, Panamá, Reino Unido, Singapur, Suiza; entre otros; con lo cual se demuestra que el ranking del secreto financiero en vez de disminuir, aumenta, ya que en el informe original de 2009 se incluían 60, en el 2011 que se actualizó para la cumbre de Cannes, se incluían 73; y para el 2013 ya eran 82 jurisdicciones. Lo cierto es que muchos depósitos se mantienen en los paraísos fiscales a través de compañías ficticias, que de alguna manera permiten cubrir el rastro del verdadero propietario de los fondos; y lo que se muestra es que unos paraísos fiscales han visto disminuido el nivel de sus depósitos (por ejemplo Jersey, Luxemburgo, Suiza, etc.) y otros han visto cómo sus depósitos se disparan (por ejemplo Hong Kong, Islas Caimán, Singapur, etc.). 35. Un instrumento jurídico clave en el desmantelamiento del secreto bancario ha sido FATCA, el cual ya ha sido instrumentado por EE. UU. con diversos países e incluso con la misma UE en bloque. Los resultados han sido favorables, al menos ya Suiza número uno del ranking de secreto bancario ya está intercambiando información financiera, y así otros países más. Sin embargo, creemos que éste no soluciona el problema fondo (a menos de que sea reestructurado, que no se ve tal intención), por sus múltiples vacíos en su aplicación efectiva, como por ejemplo, las cuentas sobre las que se van a pedir datos son aquellas con montos importantes, lo que permitiría a los bancos ignorar muchas solicitudes en la mayoría de los casos; los registros se mantienen en papel en lugar de por vía electrónica; también permitiría la apertura de cuentas bancarias a través de sociedades ficticias (Shell entities), como entidades no estadounidenses a pesar de que, su propietario final fuera un contribuyente estadounidense; además, los requisitos de información restantes son fáciles de evadir por parte de las personas estadounidenses que abren cuentas por debajo de los umbrales en más de un banco. 36. En la UE encontramos un instrumento eficaz más para combatir el secreto bancario, lo que constituye un gran avance en esta materia, como lo es la Directiva 2010/24/UE, relativa a la de asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas de asistencia en la en la recaudación tributaria. Es a través del intercambio de información que se desmantela el secreto bancario, y, es que esta Directiva indica expresamente que ningún Estado podrá negarse a suministrar información, amparado en que posee disposiciones legales de protección al secreto bancario, o que dicha información está en manos de las entidades financieras. En este mismo sentido, se enmarca el modelo de acuerdo sobre intercambio de información de la OCDE y la cláusula de intercambio de información de los CDIs en el que no se permite alegar el principio de interés doméstico para abstenerse de proporcionar la información solicitada y debe garantizarse el acceso a la información de bancos, entidades financieras, instituciones fiduciarias, es decir, que no haya leyes de secreto bancario. 37. Nos reafirmamos en que la cooperación internacional a través del mecanismo de intercambio efectivo de información de forma automática, sería el instrumento jurídico por excelencia que podrá hacerle frente a la competencia fiscal perniciosa que encierra fenómenos como los paraísos fiscales, el secreto bancario, la financiación de actividades ilícitas, el blanqueo de capitales, el lavado de activos, la planificación fiscal agresiva, etc. Decimos que sería, porque queremos ser optimistas en que la coordinación sistemática internacional de los diferentes Estados así lo han de entender y de continuar el camino que ya se ha iniciado en este sentido. Un optimismo que pretendemos ver de una manera objetiva y concreta mediante la institucionalización de este instrumento multilateral de manera vinculante, reconociendo la complejidad y dificultad que ello conlleva en el ámbito del Derecho internacional público, más aún, frente a la soberanía fiscal de los Estados. 38. Ante la ausencia en la normativa internacional de una definición del concepto de residencia fiscal, y ante el vacío de BEPS para alcanzarlo, nos atrevemos a dilucidar que un efectivo y eficiente intercambio de información financiera con fines fiscales, sin barreras en el suministro de la misma, sería la regla de oro para alcanzar una recaudación justa y evitar la erosión de la base imponible. Podemos ver como la UE y EE. UU., han logrado un avance importante en lo que respecta al intercambio efectivo de información tributaria; aunque con cierta laxitud o flexibilidad que nos lleva a concluir que ninguna herramienta implementada para combatir paraísos fiscales, secreto bancario e intercambio de información han sido lo suficientemente adecuadas, y, todo por falta de vinculación jurídica de los mismos instrumentos jurídicos desarrollados. 39. Creemos que con instrumentos de intercambio efectivo de información de forma automática (en nuestro caso de carácter vinculante), se lograría no sólo garantizar seguridad y efectividad operativa a los sistemas fiscales estatales, sino en brindar eficacia para combatir la evasión y el fraude fiscales, la corrupción, el lavado de dinero y por supuesto evitar la doble tributación internacional, sin que ello, llegare a significar la doble no imposición internacional a través de convenios para evitar la doble imposición, se trata de buscar la máxima transparencia fiscal internacional, objetivo que compartimos tanto en la apertura y clausura de nuestra investigación como a lo largo de nuestra vida profesional. 40. Vemos como favorables los instrumentos con los que cuenta la UE para hacer frente a los regímenes fiscales preferenciales y al falseamiento de la competencia fiscal en el mercado común interior, como son El Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas y la normativa del TFUE sobre ayudas de Estado respectivamente. Sin embargo, consideremos la utilización que se ha hecho de las normas sobre ayudas de Estado con el fin de neutralizar las medidas tributarias que encierren un carácter pernicioso y, por consiguiente, deriven en una competencia fiscal perniciosa, es inadecuada e inoportuna, a pesar de ser la única norma existente en el TFUE para contrarrestar el falseamiento de la competencia. En nuestra opinión, el camino recorrido ha tenido resultados favorables en la lucha contra esta clase de competencia, convirtiéndose la normativa sobre ayudas estatales en la última ratio o límite de la proliferación de medidas fiscales perniciosas. Pero en cierta medida, se nota un grado de bifurcación del poder soberano de los EE MM, pues con una norma no propia del ámbito fiscal, se está tratando de aproximar, en cierto modo, la fiscalidad directa, a través de la utilización de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado. Lo que entraña, de suyo, una huida de los mecanismos clásicos de que se nutre la armonización fiscal, como lo son las Directivas. 41. Al tiempo, valoramos favorablemente los trabajos de la Comisión Europea, respecto a la fiscalidad de las empresas y más aún, aquéllos sobre los cuales se busca hacer frente a la evasión y el fraude fiscales en los que propone esquemas para combatirlos. Su permanente preocupación por ello, la ha llevado también a reflexionar sobre la dificultad cada vez mayor para ejercer un control sobre los ingresos en una economía cada vez más globalizada, movilizada y digitalizada, reconociendo que las normas actuales sobre fiscalidad de las empresas ya no se ajustan al contexto moderno y, es ahí donde los modelos de actividad y las estructuras empresariales se han vuelto más complejos y por consiguiente más fácil de trasladar los beneficios empresariales a otras jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que hace más difícil determinar en qué país se debe gravar la renta de una multinacional, que a través de la planificación fiscal agresiva logran artificialmente tributar lo mínimo o cero a escala global, según sus mecanismos fiscales utilizados. 42. Somos del criterio que, actores exclusivos en el cercenamiento de los ingresos fiscales y de la recaudación fiscal de los Estados como la evasión y el fraude fiscales, el blanqueo de capitales, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el secreto bancario, la planificación fiscal agresiva (focos de una competencia fiscal perniciosa), deben ser combatidos de manera cooperada internacionalmente, a través de instrumentos jurídicos vinculantes, y no mediante medidas unilaterales o acuerdos bilaterales, sino de tipo multilateral con carácter obligatorio, como por ejemplo el instrumento FATCA, aunque reorientado hacia un esquema multilateral. Cuando nos referimos a una cooperación internacional, estamos incluyendo la asistencia mutua internacional y la implementación coordinada de la propuesta BEPS pero esta última, pensamos que con una reorientación de su trabajo, en el que se ponga fin a las normas sobre precios de transferencia que son útiles sólo para los grupos multinacionales, al permitir fácilmente el traslado de beneficios empresariales entre jurisdicciones; se dé una regulación adecuada al establecimiento permanente; se defina la residencia fiscal para evitar problemas de doble residencia; y, se reestructure el actual y arcaico sistema fiscal internacional de los CDIs que conllevan a la doble no imposición o la doble deducción de gastos o de pérdidas, o de exenciones y deducciones a la vez, que siendo coherentes con la doctrina internacional, son formas de maximización fiscal dentro del marco de la legalidad en una legítima economía de opción, que no siempre se podrá estigmatizar como planificación fiscal agresiva. 43. El socavamiento de la recaudación fiscal y la base imponible mundial en la casi totalidad de los Estados, desarrollados y en vías de desarrollo, en términos de matrices de riesgos fiscales podríamos calificarlo como un riesgo alto, significando con ello, que la probabilidad de ocurrencia de fenómenos como la evasión y elusión fiscales más la planificación fiscal agresiva, es alta y, la situación actual de control insuficiente, con controles bajos o en algunos casos medios, o bien documentados pero poco efectivos, que terminan siendo inadecuados o insuficientes. Un riesgo fiscal de este tipo lleva aparejado un riesgo residual de desconfianza en el sistema fiscal internacional, y por supuesto, en la política fiscal de los Estados en la que se apoyan los ya fracturados principios de justicia, neutralidad y equidad fiscales. Cuando decimos fracturados, nos referimos a las consecuencias que ello genera tanto para los Estados como para los ciudadanos: mientras los primeros soportan cada vez más una mayor pérdida de la recaudación fiscal, los segundos soportan una mayor presión fiscal debido a la carga tributaria desigual que deben soportar como consecuencia de los ajustes fiscales de los primeros para intentar compensar los déficits fiscales generados por fenómenos antes señalados; siendo los más afectados aquéllos con rentas menos móviles como las de trabajo, inmobiliarias y pymes. 44. La sumatoria del traslado de beneficios a jurisdicciones con sistemas fiscales preferenciales de baja o nula tributación, más las cifras estimadas de los abultados fondos depositados en los paraísos fiscales o que circulan por ellos (expuestas supra), más los flujos de dinero ocultados en jurisdicciones con leyes de protección del secreto bancario (propiciando el blanqueo de capitales, el lavado de activos, el terrorismo), arrojan como resultado un sistema capitalista mundial desarticulado política, económica y normativamente, lo que nos lleva a creer que la rezagada crisis económica-financiera como la llama el FMI es producto del mismo riesgo sistémico financiero y, si no se actúa al menos normativamente para hacer frente a los componentes de esta sumatoria, seguiremos participando de crisis económicas-financieras fragmentadas, es decir, mientras haya una leve recuperación de una u otra economía, dos, tres o más se estarán declarando en crisis. 45. Aunque no somos los llamados a juzgar las actuaciones de los operadores económicos que realizan entramados fiscales mediante esa planificación fiscal agresiva, si nos sentimos obligados a hacer una llamado crítico-constructivo a la reflexión de que exista una tributación justa, que se paguen los tributos donde se obtienen los beneficios y se genere valor, toda vez que en la mayoría de los casos dichos operadores se encuentran en sus Estados de residencia o de la fuente donde ejercen sustancialmente actividades económicas, no tributando o en ocasiones tributando porcentajes mínimos no acordes con la realidad de las cifras o de la normativa de sus Estados. 46. Si la normativa fiscal internacional vigente no responde al sistema económico globalizado dentro de un entorno actual, llamado por unos y por otros crisis económico-financiera, estamos en el tiempo y la época oportunos para realizar un cambio total de dicho sistema fiscal, que ponga fin a prácticas fiscales desleales o perniciosas y evite fenómenos de doble no imposición, de doble deducción o exención y, sobre todo, que la planificación fiscal agresiva deje ser el escenario internacional por el cual se están erosionando las bases imponibles y trasladando los beneficios. Frente al fenómeno de la competencia fiscal perniciosa en todos sus frentes, los Estados y organizaciones internacionales han acudido a todo tipo de medidas, con menor o mayor éxito. Así, las acciones unilaterales o bilaterales que sólo benefician a los Estados que las ejecutan no resultan los instrumentos adecuados para resolver los problemas de la normativa fiscal internacional, por lo que se requiere de instrumentos jurídicos internacionales coordinados, con carácter multilateral y vinculante. 47. Desde el inicio de nuestra investigación nos planteamos estructurar una propuesta de lege ferenda que se constituyera en una herramienta de valor y pudiera ser estudiada, validada y en el mejor de los casos ejecutada por los Estados u OO II, que propendan por la protección de la base imponible mundial, por evitar el traslado de los beneficios y por evitar la minoración de la recaudación fiscal. Así también, quisimos diseñar nuestro propio aporte para lograrlo a través del acuerdo multilateral de intercambio efectivo de información de forma automática, fijación de un impuesto sobre sociedades con tipo nominal estándar, o la temida responsabilidad patrimonial subsidiaria como última ratio de los Estados, sin perjuicio de un mejor criterio. Todo ello, conscientes de las dificultades que ello pueda representar en el ámbito del Derecho internacional público, y más aún en la esfera de la soberanía fiscal de los Estados. 48. Finalmente, después de haber recorrido el estudio de la competencia fiscal perniciosa en todos sus focos, los plausibles trabajos de los Estados u OO II, de los cuales hemos pensado que han sido favorables pero insuficientes, creemos que nuestra propuesta de lege ferenda sería concreta y efectiva, fundamentalmente porque a través de ella podría blindarse la base imponible mundial, mejorarse la recaudación fiscal, evitarse el traslado de beneficios y lograr una imposición real donde sustancialmente se ejerzan actividades económicas y se generen los beneficios de los contribuyentes u obligados tributarios. Nuevamente, advirtiendo de que somos conscientes de las dificultades que ello podría implicar en el ámbito del Derecho internacional público, específicamente en la soberanía fiscal de los Estados.
Los años iniciales del Siglo XX fueron ricos en cuanto a la presencia actuante y vital de los nacientes gremios obreros a través de su prensa. Es más, recién va a ser en el último recodo de la centuria anterior cuando -coincidiendo con las grandes oleadas inmigratorias- comenzó a sentirse la realidad proletaria, aunque todavía de modo muy incipiente. Era natural que sucediera así, pues Montevideo no contaba con desarrollo industrial, y sus pequeños talleres casi artesanales propiciaban más bien el aislamiento y la falta de conciencia en la clase trabajadora.Es cierto que, en cuanto a ideas, se habían dado antes algunos esbozos de pensamiento socializante. En concreto: cuando la Guerra Grande aislaba la ciudad, a través de la pluma de los jóvenes exilados argentinos, como fue el caso de Esteban Echeverría, que escribían encendidas páginas en revistas como El Iniciador de nuestro compatriota Andrés Lamas. Pero se trataba de posturas individuales, provenientes de un sector del patriciado, radicalizado para su tiempo. Ese socialismo lírico -asimilado por la vía de escritores románticos como Víctor Hugo- era nada más que parte de las agudezas de una juventud dorada que muy pronto se encauzaría, al menos en su mayor parte, en el liberalismo que ideológicamente Francia y en lo económico Inglaterra sugerían como única posibilidad de progreso.Debió darse, como siempre sucede, ese parto necesario de los hechos sociales que creara la base material de un comienzo de industrialización, para que entonces sí fructificaran en sus verdaderos destinatarios las ideas obreristas que en Europa estaban en pleno desarrollo. Así lo expresa en su Ambiente espiritual del 900, de modo preciso, Carlos Real de Azúa: "En las capitales del costado atlántico (hace el autor referencia a las de América Latina) se va formando por aportes extranjeros lo que ya tiene fisonomía de un proletariado; es allí también que las corrientes inmigratorias dan a la vida un tono que se ha calificado equívocamente de cosmopolita y que más valiera calificar de multinacional".Este fundamento entonces, junto al peculiar clima democrático que se vivía en la primera década del siglo XX en el Uruguay, permitió que se generara ese crisol de ideas que fue marco ineludible de los periódicos obreros. Algo de esto es lo que evoca -con cierto matiz de añoranza- un testigo de ese tiempo, Roberto Giusti:"Soñábamos un orden mejor. una sociedad armoniosamente organizada sobre la ley de una más justa distribución de los bienes de la vida. Vagamente se creía que el fruto, sazonado por el irresistible calor de los movimientos populares, caería maduro del árbol. Ya veíamos la luminosa ciudad soñada, al extremo de la oscura calle por donde marchaba desde tantos siglos, fatigada y doliente, la humanidad". Más allá del estilo epocal, es un fragmento ilustrativo de como ciertos sectores juveniles de la pequeña burguesía urbana hicieron suyas las reivindicaciones libertarias, o más estrictamente, prestaron la fluidez de su escritura a la causa del naciente movimiento obrero.A la vez, como no podía ser de otra manera, los trabajadores -es lo que se refleja a través de su prensa- eran influenciados por ese entrecruzarse de ideologías, en muchos casos contradictorias, que dio el perfil de nuestro Novecientos. Por allí se debe buscar la explicación para que junto con el positivismo pragmático (que era la doctrina de recibo para la eufórica clase alta del momento) se colaran de contrabando en los artículos de aquellos periódicos, tanto los ecos de conceptos nietzscheanos, como elementos de cristianismo social de raíz más eslava que franciscana en los que mucho tenía que ver la difusión de la obra de Tolstoi. Tampoco faltaba el matiz decadentista, aunque apenas insinuado y sin la importancia que tuvo en los ambientes intelectuales y artísticos. Toda esta mezcla no resultaba en el momento contradictoria con las renovadoras ideas sociales que se iban poniendo en circulación, entre las que confluían -al menos en los primeros tiempos-, las de origen anarquista, resabios del socialismo utópico y primeras noticias del marxismo.Sólo comprendiendo la encrucijada ideológica, donde se daban lo viejo y lo nuevo simultáneamente, que fue una de las características más agudas del Montevideo de aquellos días, sabremos aquilatar mejor en su aspecto conceptual a los comienzos del periodismo obrero, con sus titubeos y confusiones pero también germinales y lúcidos aciertos.LA ESCENOGRAFIAAl referirnos al 900, abarcamos más o menos un período de quince años; que es en definitiva lo que los estudios -tanto desde la óptica histórica como literaria- consideran el ámbito temporal de influencia de ese modo de ver el mundo y estar en él que caracterizó a la llamada "belle époque". Por eso pudimos tomar en cuenta tanto publicaciones del primer año del siglo como del comienzo de la segunda década.Montevideo era en aquel momento, una ciudad en muchos sentidos menos provinciana que hoy. Afirmamos esto, a partir del hecho de que un enorme porcentaje de extranjeros recorrían sus calles como recién llegados desde Italia, España y otros lugares (la actual zona del Cerro se llamó en primera instancia Villa Cosmópolis, aludiendo al sin fin de lenguas que hablaban sus pobladores). Eran los tiempos en que comenzaba a brillar con fuerza la personalidad política de José Batlle y Ordóñez, y también la de la última guerra civil que precedió al largo periodo de compromisos políticos entre los partidos tradicionales que está en la base de la solidez institucional del país anterior al terrismo.El incesante martillo de remates de don Francisco Piria vendía terrenos por los alrededores -sin cuidar demasiado de la coherencia urbanística-, plantando la semilla de lo que hoy son gran parte de las barriadas de nuestra ciudad. José Enrique Rodó caminando encorvado y mal vestido por las calles de la Ciudad Vieja, y Vaz Ferreira preparando sus primeras conferencias en la umbrosa quinta del Prado, se constituían ya en los dos vértices de nuestra reflexión intelectual para todo el siglo que se iniciaba. Los poetas modernistas en sus cenáculos añoraban una París generalmente nunca vista, y despreciaban la "aldea" que los rodeaba mientras la mayoría daba a luz versos que hoy nos parecen nada más que decorativos (salvo los de un grande entre los grandes, como es Julio Herrera y Reissig).Pero no todo era protagonizado por élites de cualquier tipo. Una educación bastante extendida y una clase media en ascenso económico, junto a la masificación del libro -gracias a la editorial Sempere de Barcelona- que por primera vez era barato y estaba a mano, propició la aparición de esa especie que un lúcido protagonista de aquellos días como Alberto Zum Felde definiera como la del"intelectual de café". En antiguos ámbitos hoy desaparecidos, como el Polo Bamba, el Tupí-Nambá, el Británico y tantos otros, jóvenes de largas melenas y enormes chambergos leían con avidez literatura, pero también a Nietzsche y los clásicos del anarquismo, y hasta a veces escribían furibundos anatemas contra la sociedad capitalista que en general no trasponían las fronteras del café. Algunos de entre ellos llegaron a integrar los reducidos equipos que hacían las publicaciones obreristas de entonces.Estas, por su parte, se imprimían algo precariamente, en sótanos donde se respiraba un clima de conspiración; en general los impresores venían de hacer ese mismo trabajo en sus países de origen, pero en un entorno de verdadera persecución de las actividades sindicales o afines, y en la nueva tierra seguían en la misma actitud semi-clandestina. Se vendían luego de mano en mano, en lugares de trabajo o en la oportunidad de algún acto. Las había de cierta permanencia y otras de circunstancia (a propósito del 1o. de Mayo, por ejemplo). Su prédica, en general dura y militante, no era bien recibida por la mayoría de la prensa "grande" de ese Montevideo donde apenas circulaban los primerísimos automóviles y el tranvía eléctrico era una novedad.ANARQUISMO LÍRICOLa ideología que primaba en aquellos inicios del periodismo de los trabajadores, era naturalmente la que traían los tanos o gallegos, o los hombres de tantas nacionalidades -que conformaban la mayoría de los operarios de los pequeños y medianos talleres novecentistas-, motor de los avances hechos hasta el momento en ese campo en los centros industriales de la vieja Europa: el anarquismo.Puede resultar curioso, en una observación superficial, que proliferara este tipo de prensa, siendo como era tan poco desarrollada todavía la actividad sindical por estar el país muy parcialmente industrializado. Pero la explicación está, más que nada, en dos aspectos: la tendencia especulativa y deliberante que es característica de los anarcos, unida al variadísimo crisol de ideas que fue nuestra ciudad en el 900, abierta a todos los vientos de renovación. Pero hubo otro factor, en cierta medida agudizante del afán teórico que estuvo en la base de aquel conjunto de medios de comunicación obrera, y es que muchos intelectuales del momento asumían -al menos en teoría- una postura a favor del explotado; por ese motivo surgió el Centro Internacional de Estudios Sociales, por eso mismo Florencio Sánchez, Álvaro Armando Vasseur y Ángel Falco, junto con otros escritores del momento, colaboraron con el periodismo sindical e incluso llevaron a su obra el compromiso social.Todo esto se debe tener en cuenta a los efectos de comprender más cabalmente la insólita germinación de publicaciones de la clase obrera o dedicadas a ella en una ciudad de burguesía reducida y provinciana y clase media pujante, donde se estaban ya sentando las bases para el estado benefactor que daría el perfil del país por lo menos durante medio siglo.En un vistazo genérico, podemos decir que tales periódicos estaban formados por no más de dos hojas, que oscilaban entre el tamaño de un cuaderno de los grandes y el tabloide de los actuales semanarios. No llevaban ilustraciones, a lo más un dibujo alusivo junto al título. Comenzaban con un editorial, que tenía siempre tendencia a culminar en la referencia directa a la meta final emancipativa de todos los explotados. Se trataba de incluir, también en primera página, una salutación a los proletarios del mundo entero (no se debe olvidar que aquel era un sindicalismo que fue definido sociológicamente como de "acción directa", en el que las reivindicaciones inmediatas no importaban demasiado y sí la lucha y su finalidad última). Luego se colocaban, en forma somera, las informaciones sobre el gremio específico, seguido de un noticiario breve de los conflictos y huelgas a nivel nacional y a veces hasta internacional. Era de rigor -por todo lo dicho antes y por el gusto popular de entonces- un poema de algún romántico que hubiera sido sensible a la injusticia social, junto con fragmentos de Bakunin y otros teóricos y las colaboraciones de intelectuales solidarios. Nunca faltaba la sección cultural, donde se anunciaba desde el último estreno de teatro a la presencia de Caruso en el Solís.En ese momento, algo ingenuo, como todo comienzo, se consideraba necesario darle un vuelo lírico y altisonante a las propuestas o declaraciones que aparecían en esas humildes hojas sindicales, mal diagramadas y con problemas de impresión. Este era un claro resabio del estilo siglo XIX, cuando aún no se había llegado a encontrar el "tono" justo para el periodismo popular. También, como lo dijimos más arriba, hay que tener en cuenta que ese período fue entre nosotros particularmente privilegiado en lo que tiene que ver con la interconexión obreros-intelectuales. A la luz de este encuentro -que luego se quebraría por décadas, para volver a darse de modo más maduro en los años sesenta- podemos comprender mejor por qué aparecían, por ejemplo, en El obrero panadero (de 1895), entre denuncias muy crudas acerca de la realidad de ese sector, apelaciones a la "fraternal armonía", o versos que decían: "Oh! potentados ingratos. en su cueva embebecidos".REVISANDO DOS PERIÓDICOS OBREROSTomamos en consideración, en primer lugar, el órgano oficial del Sindicato de Artes Gráficas, que tenía ese mismo nombre. En su primer número -de setiembre de 1916- leemos lo siguiente: "Horas hace que las campanas anunciadoras de la organización gremial han iniciado su vuelo, despertando del letargo a la Familia Gráfica, e infundiendo en esta nueva etapa de su vida, una dirección enérgica, para vitalizar todos sus músculos y lanzarse a la lucha en no lejano día". Una pátina florida en el estilo, gusto por lo metafórico en la referencia a las campanas, y también en la comparación del gremio con un cuerpo que necesita fortalecer su musculatura (por otra parte, las imágenes de tipo gimnástico eran muy recurridas en aquel entonces, cuando recién comenzaba a valorarse el cultivo de lo físico como valor en sí). También encontramos la divulgación -que en nuestro país fue bastante precoz en relación a otros- de ideas como el evolucionismo darwiniano, en forma indirecta pero evidente, en estas líneas que atendían a la condición de la mujer: ". no olvidemos que esas obreras que hoy malvenden sus energías en los talleres gráficos, serán las madres del mañana, y con estos antecedentes, tendremos una generación de hombres inútiles, pues la ley de la herencia se cumple en todos los casos irremisiblemente". Es válido aclarar, por las dudas, que el articulista venía denunciando las increíbles condiciones de trabajo femenino, a veces peores que las de los hombres.En otra página se informa sobre una huelga en la imprenta La Rural, una de las peores en cuanto al trato de los obreros, que fue ganada logrando el inmenso triunfo de "puntualidad en el pago". Al no demasiado querido propietario de esa empresa se le llama "el burgués Ramos", o simplemente "el amo". Finalizando la entrega se dan a conocer, para juicio de todos los compañeros, los Balances trimestrales de entradas y gastos; los primeros por concepto de cuota sindical, los segundos por rubros tan variados que van desde el alquiler del local a la compra de "plumas" (los bolígrafos estaban aún muy lejanos). El segundo número de esta publicación de los gráficos editorializa bajo el título de "Retrospectiva", analizando la problemática producida por la traición amarillista propiciada por las patronales, y acerca de la unidad que se concreta a través del sindicato. Después se informa sobre una noticia internacional, la huelga y el "boicot" establecidos en contra de la revista Caras y Caretas por la Federación Gráfica Bonaerense, donde se da un parte de la solidaridad que trasciende fronteras:". hemos fijado en todos los rincones de esta ciudad una cantidad de afiches remitidos por la F.G.B. y destinados al pueblo uruguayo, lo que dio motivo a que fuéramos continuamente molestados por la policía".Es interesante enterarse de cómo en diarios de fama populista, como Tribuna Popular, también se "cocían habas" en cuanto al maltrato a su personal. En un suelto se da cuenta de cómo esa empresa periodística mezquinó la rebaja de un aviso fúnebre a propósito de la muerte de un obrero de la misma, y como unos días después: "despidió a un tipógrafo, porque éste, víctima de un accidente, sufrió fractura de un brazo, estando por lo mismo imposibilitado durante 20 días de concurrir al trabajo, cuando volvió, ya curado se le comunicó que estaba despedido, puesto que en la casa no querían obreros que se enfermaran" .El otro periódico al que le echaremos una mirada es La Siembra, de agosto de 1916. No tiene el tono de combatividad del anterior y utiliza un lenguaje más sereno. En el editorial leemos: "impulsados por un sentimiento generoso, una mañana, la más hermosa de nuestra juventud, nos acercamos a la ventana de la Vida y acomodándonos a ella vimos. .Una dolorosa e interminable caravana de hombres, mujeres y niños, tristes, pasivos, silenciosos que, en columna de marcha avanzaban pausadamente por medio de una pradera floreciente a enterrar su dolor y su martirio en las modernas ergástulas industriales, implorando, no el derecho a vivir, sino la dolorosa compasión que les permita morir junto a las grandes y complicadas máquinas". La larga cita es válida como forma de captar el enfoque, de más vuelo que el otro, más solemne (se utiliza la palabra "vida" con mayúscula, y el que escribe se ubica en una perspectiva algo privilegiada y bastante alejada del conjunto de esa multitud que a la postre es su preocupación primordial). No se le teme -pese a tratarse de un órgano obrero- a las palabras difíciles; ejemplo de esto: "ergástulas", término de casi nula utilización popular, ni siquiera en aquella época.El conjunto es, indudablemente rodoniano, en concepto, vocabulario, construcción; la influencia del autor de Ariel, muy poderosa en ese entonces a todos los niveles, también llegó, a través de esta revista a la clase trabajadora. Hasta el tema de esa nota editorial: ¿no son acaso parecidos -paralelos diríamos- estos seres que el cronista contempla en su marcha con aquellos niños desolados de La pampa de granito, que estaban condenados a envejecer plantando y cuidando el crecimiento de un árbol en medio del yermo, bajo la fría mirada de un viejo implacable?Si continuamos pasando las páginas de La Siembra, llegaremos hasta un texto muy jugoso, el "Credo del soldado"; "¿Qué pensáis, Capitán -le dije-del rol que desempeñan nuestros soldados? El capitán respondió: Yo no pienso. Obedezco. ¿Pensáis que es un deber vuestro matar a uno de vuestros compatriotas o contribuir al triunfo de un tirano? El Capitán respondió: Yo no pienso. Obedezco". En forma dialogal y cadenciosa, encierra sin embargo una áspera denuncia acerca de la estructura militar.Más adelante nos enteramos de ciertos datos curiosos: que Montevideo en esa segunda década del siglo XX tenía tres sociedades sindicales de mozos y dos de cocineros (cosa que al periódico le parece, naturalmente, contrario a la unidad), lo que habla a las claras del auge en ese periodo de los tradicionales cafés, de restaurantes, de los hoy mitológicos "cabarets". Nuestra ciudad -si nos ajustamos a los testimonios de cronistas populares como El Hachero o el Loro Collazo- poseyó desde ese tiempo y por unos cuantos años una vida nocturna dinámica y muy intensa.Entre los avisos comerciales (que invariablemente se colocaban al final), se destaca uno que dice: "Restaurant vegetariano. Herbolario de la Institución Armónico-Naturista El Faro. Plantas medicinales indígenas y extranjeras". La moda del naturismo en medicina y costumbres fue también de gran arraigo en aquellos momentos, llegando incluso, por medio de "La Siembra" en este caso, hasta los sectores laboriosos de la población.*Poeta, narrador, ensayista, periodista cultural, investigador y autor de numerosas obras de crítica literaria,docente de Facultad de Comunicación, Universidad ORT Uruguay
En el presente resumen de tesis doctoral, se desarrollarán tres grandes vertientes. Primeramente, se estudiará la Forma Jurídica, de acuerdo a la aplicación de cuestionarios empresariales, en virtud de analizar dichas Formas Jurídicas de las Empresas a las cuales se les aplicaron los cuestionamientos. Conformando dichas Formas Jurídicas la: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Civil y Sociedad Cooperativa. Además, se abordará la esencia jurídica de las leyes que le dan vida a las mencionadas Formas Jurídicas, destacando a la Ley General de Sociedades Mercantiles que auspicia, tanto a la Sociedad Anónima, como a la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Por otro lado, el Código Civil que alberga a la Sociedad Civil. Asimismo, se analizará la Ley General de Sociedades Cooperativas, que da origen a la Sociedad Cooperativa. Adicionalmente, exploraremos en este resumen de tesis doctoral el Régimen Fiscal, con lo cual, se identificará el tipo de Régimen Tributario, que le brinda a las Empresas de Baja California, México, la posibilidad de interactuar en el mercado de una manera distinta, dependiendo del grado de derechos y obligaciones tributarias, que atesora cada Régimen Fiscal. Finalmente, se examinará la Actividad Emprendedora, derivado de una investigación de campo, en donde se aplicaron cuestionarios a 102 empresas ubicadas en distintas ciudades del estado de Baja California, en México. Lo anterior, fue motivado por la búsqueda de indicadores que nos dieran lugar a conocer lo que está sucediendo en nuestra región. Puesto que la actual situación económica ha dificultado el desarrollo financiero, tanto de las empresas, como del gobierno. Por lo cual, es menester identificar, a través de estas aplicaciones de cuestionarios, cuáles son las estrategias de negocios que están aplicando las empresas ubicadas en el estado de Baja California, en México. 2. CONTENIDO Se ha desarrollado un trabajo de investigación sobre la Influencia de la Forma Jurídica y del Régimen Fiscal en la Actividad Emprendedora de las Empresas en el Estado de Baja California, México. En donde después de analizar distintas normativas, tanto societarias, como tributarias, nos arrojan varios criterios que indican precisamente que ni la Forma Jurídica, ni el Régimen Fiscal de Empresa, ejercen un efecto diferenciador, sobre la Actividad Emprendedora de las Empresas en el Estado de Baja California, México. Sin embargo, en la interpretación de los distintos indicadores de las hipótesis de los cuestionarios aplicados, da como resultado que la Forma Jurídica de la Sociedad Anónima, es la que más Influye positivamente sobre la Actividad Emprendedora y, ésta a su vez, en el desempeño empresarial y exportador, en relación a las otras Formas Jurídicas de empresas encuestadas. Primeramente, destacaremos que dentro del marco de la legislación mexicana, para la constitución y funcionamiento de la empresa mexicana existen importantes consideraciones, en relación con las figuras que se han abordado en el presente estudio. Enunciativamente, es importante resaltar que se trata de dos sociedades mercantiles, una sociedad de carácter civil y una de carácter social. Todas ellas, representativas del sector productivo empresarial. Predominantemente, la Sociedad Anónima, es la máxima exponente del tipo empresarial basada en el capital, y que en la empresa mexicana ocupa un lugar trascendental, toda vez que las grandes organizaciones, y aún las pequeñas, en una gran mayoría se constituye bajo éste andamiaje jurídico. Obviamente, las Empresas investigadas del Estado de Baja California, predominaron en esta Forma Jurídica, en donde como ya se mencionó son las que por su capacidad y estructura administrativa, operativa y tecnológica, más Influyen en la Actividad Emprendedora y, ésta a su vez, a un mejor desempeño empresarial y exportador, en comparación con las otras Formas Jurídicas analizadas en la tesis doctoral. Posteriormente, tenemos a la Sociedad Civil que opera, ya no desde el marco mercantil, sino en el mundo de lo civil y, que sirve como una estructura para reunir a profesionistas cuyas principales actividades, sí están orientadas a realizar actividades de beneficio económico, pero que no constituyen una especulación comercial. Por su estructura legal y, versatilidad en el principio de libertad de las partes, la Sociedad Civil ofrece grandes posibilidades para la empresa, cuyo eje es la suma de esfuerzos y del carácter de socios, sin que ello demerite las aportaciones en dinero y en especie que, también se pueden realizar. Además, como punto intermedio, se encuentra la Sociedad de Responsabilidad Limitada que, es una media entre la Sociedad Anónima y de Sociedad Civil por su estructura de capital y, el carácter personal que hacen a este tipo de organización empresarial, una estructura noble que puede aportar al empresariado, tanto nacional, como extranjero, enormes posibilidades de desarrollo corporativo, sólo que hace falta un mayor conocimiento de dicho tipo de sociedad y, su mejor difusión. No obstante, en el otro extremo analizamos en el estudio de investigación, una organización cuyo fundamento es la aportación de esfuerzos humanos, dirigidos al logro de los propósitos personales, que se encuentran regidos por principios y valores. Siendo ésta, la Sociedad Cooperativa y en específico, la de Producción. Así, para estar acorde al análisis que se desarrolla, debe decirse en función con estos tipos de sociedades, lo siguiente: Legislativamente, en relación a la Sociedad Anónima, cabe advertir la necesidad que existe de una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto al órgano de administración, pues además de que la figura, así como la presenta la legislación actual, resulta un poco obsoleta, se necesita que se impongan ciertos márgenes, sobre todo en el tema de responsabilidades en las que pueden incurrir los administradores, puesto que en ningún momento, se les impone por ejemplo, alguna medida coercitiva, como el pagar daños y perjuicios, cuando su actuar sea de forma dolosa. Alternativamente, si bien, la Sociedad Anónima ha sido un tipo de empresa predominante en la economía mexicana, es conveniente considerar que existe otro tipo de sociedad de capital, como lo es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que ofrece amplias posibilidades como organización empresarial y, que la escasa regulación que existe en la Ley General de Sociedades Mercantiles ofrece amplias posibilidades, para un desarrollo empresarial desde una postura creativa. Un ejemplo de ello es que las convocatorias o, las reuniones de las asambleas en la Sociedad de Responsabilidad Limitada, puede resultar mucho más práctica, el buscar tomar las decisiones a distancia, sin tener que reunir a los accionistas, sobre todo en el actual ambiente globalizado y con alta tecnología de comunicación. Lo anterior, es tan solo una muestra de las amplias posibilidades que ofrece la estructura jurídica de este tipo de sociedad, todo ello, basado en el principio jurídico de que todo lo que no le está prohibido al particular, les está permitido. Así cabe aplicar el razonamiento en el sentido de que si algo no se encuentra regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, es un área de oportunidad y desarrollo, para que la Sociedad de Responsabilidad Limitada, implemente mecanismos ágiles de funcionamiento, con mejores posibilidades que en la obesa y entramada estructura legal de la Sociedad Anónima. Por otro lado, en el caso de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, para que los socios puedan mantener su estatus personal y, se conserve su elemento intuitu personae, se establece un límite de máximo cincuenta socios, y además, se prohíbe que se constituya mediante suscripción pública. Adicionalmente, las aportaciones suplementarias en la Sociedad de Responsabilidad Limitada, responden a la necesidad de flexibilizar el procedimiento de aumento de capital. Igualmente, si bien, la Sociedad de Responsabilidad Limitada no contempla explícitamente las aportaciones en trabajo, es decir, de los socios industriales; no obstante, debe considerarse que en las prestaciones accesorias que los socios puedan aportar, se podría contar con la asistencia técnica de determinados socios. Lo cual, nos lleva a concluir que la Sociedad de Responsabilidad Limitada, no se caracteriza precisamente por considerar las aportaciones en trabajo de socios a la sociedad, como otras que sí lo hacen, como son el caso de la Sociedad Civil y, de la Sociedad Cooperativa de Producción. Excepcionalmente, el régimen de responsabilidad en la Sociedad Civil, corresponde a una obligación respecto del monto de las aportaciones por parte de los socios y que, para el estatus de los socios industriales, éstos no responderán de las pérdidas, salvo que se estipule explícitamente un pacto en contrario. Insoslayablemente, existe una responsabilidad mucho más amplia que, sólo corresponde a los administradores, y que dicho sea de paso, sólo los socios pueden ser administradores (con una postura un tanto rígida en cuanto a la integración de su órgano de administración), se trata de la responsabilidad de tipo subsidiaria, solidaria e ilimitada, respecto del pago de las deudas sociales. En otro orden de ideas, las Sociedades Cooperativas de Producción, son organizaciones que cuentan con amplios apoyos y beneficios, por tratarse de empresas de tipo social, muy adaptadas para la organización del trabajo, basada en principios y, a efecto de lograr mayores beneficios sociales, pero no muy ágiles en el control de capitales, toda vez que en la toma de decisiones, se deben tomar las consideraciones de manera democrática de los socios. Internacionalmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 63/136, aprobada por la Asamblea General, decretó el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Y, en ese año, se hizo un enorme despliegue de esfuerzos a nivel mundial, para difundir a las Sociedades Cooperativas, como organizaciones empresariales de tipo social, para promover el empleo, el autoempleo en sectores vulnerables, así como una organización alternativa, para contribuir a la mejor distribución de la riqueza. Así, las Sociedades Cooperativas, basadas en sus principios de economía solidaria, tejen una extraordinaria red de organizaciones como Uniones, Federaciones, Confederaciones y otros organismos legales con el propósito de promover los vínculos cooperativos. Con lo cual, los cooperativistas hacen de su forma de empresa, un estilo de vida y, una forma de actuar en consecuencias favorables, hacia su entorno y medio ambiente. Internacionalmente, en diversas legislaciones a nivel mundial, las Sociedades Cooperativas cuentan con organismos de apoyo y, estímulos de distinta índole que van, desde generosos financiamientos o subvenciones, hasta estímulos fiscales. Esencialmente, las Sociedades Cooperativas son un tipo de organización que aún tiene mucho que dar, todavía tiene mucho que trabajar y, velar por los intereses de la clase que requiere obtener los beneficios de su trabajo, esfuerzo, dedicación y, es de justicia que quienes todo lo producen, tengan derecho a la posesión de todo lo que existe. Por lo tanto, es necesario reivindicar a éstas figuras empresariales que, están construyendo mayores beneficios, para quienes dan lo mejor de sí. Por otro lado, en el ámbito fiscal se ha demostrado en la tesis doctoral que las Formas Jurídicas de las Sociedades, pueden marcar la pauta en cuanto a prerrogativas en función a dichas estructuras societarias, y sobre todo, el hecho de que las propias leyes que le dan vida a cada tipo de sociedad, le brinda ciertas ventajas legales- fiscales desde su constitución. Razón por la cual, desde la elección de la Forma Jurídica de Empresa, ya se tiene contemplado ciertas bondades en el Régimen Fiscal que elijan, puesto que para cada una de las sociedades existen pros y contras. En honor a ello, describiré a continuación las principales ventajas fiscales de cada Forma Jurídica de Empresa. Accionariamente, la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada al momento de distribuir los dividendos, previamente decretados por acuerdo de asamblea de socios, tienen una retención adicional del 10%, esta retención aplica al socio ya en lo personal. Fungiendo la sociedad como retenedora y, debiendo enterar el impuesto al mes siguiente a dicha distribución. Sin embargo, la Sociedad Anónima es el tipo de empresa que cuenta con mayores cargas administrativas de diversa índole. Es decir, que la estructura administrativa de estas empresas, obligan a contar con personal especializado, para atender las referidas obligaciones, desde la contabilidad, declaraciones de pagos, informativas, anuales, contratos, convocatorias, asambleas y actas. Por otro lado, en relación a la Sociedad de Responsabilidad Limitada, radican los mismos compromisos tributarios, que la Sociedad Anónima. Es decir, la diferencia la encontraremos simplemente en las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, no en las fiscales. Quizás una de las mayores bondades se encuentra en el capital social, debido a que son sociedades de personas y, ello significa, que cada socio cuenta con una parte social, lo cual representa una importante protección, en función al incremento desmedido que puede tener la Sociedad Anónima, con los incrementos de capital, en donde se puede perder la proporción accionaria. En relación a la Sociedad Civil, tenemos que esta tributa de acuerdo al flujo financiero, esto es, al cobro de los ingresos, y deduce según los pagos efectuados de sus erogaciones: compras, gastos, intereses y deducción de las inversiones de activo. Así, la Sociedad Civil puede diferir el momento de acumulación de ingresos, hasta que efectivamente sean cobrados. Brindando con ello, un gran beneficio de pago de impuestos, hasta que cuente con lo cobrado. Y, una vez cobrados, puede disminuir la base tributaria con los pagos deducibles del negocio. Por lo tanto, existe diferencia fiscal entre la Sociedad Civil, con relación a la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada, puesto que éstas tienen que acumular sus ingresos, desde que facturan, entregan el bien u ofrecen el servicio. Desventaja marcada sobre todo, en el flujo financiero de estas sociedades. Por lo tanto, la Sociedad Civil tiene una ventaja competitiva sobre las otras, al diferir el pago del Impuesto sobre la Renta, al momento de cobro. Adicionalmente, la Sociedad Civil puede anticipar sus utilidades a sus socios durante el ejercicio, lo cual, representa otra prerrogativa atractiva, puesto que financieramente pueden disfrutar de dicho anticipo a las utilidades del ejercicio. Además, a los mencionados anticipos de utilidades se les aplica una tarifa de retención del Impuesto sobre la Renta, que va desde el 1% al 35% sobre los anticipos de utilidades. Que a diferencia de las sociedades mercantiles antes nombradas, ellas no pueden anticipar utilidades, y la tasa como ya se mencionó es de 30%, más el 10% sobre el dividendo y, un 10% de la participación a los trabajadores de las utilidades de las empresas, es decir, llegando hasta un 50% la carga tributaria, sobre las utilidades del ejercicio fiscal. En otro orden de ideas, dentro de las Sociedades Cooperativas encontramos una gran diversidad de beneficios tributarios, puesto que gozan de un Título de Estímulos Fiscales y, dentro de éste, de un Capítulo especial de Sociedades Cooperativas, en donde no causa el Impuesto sobre la Renta la sociedad, sino los socios al momento de recibir sus utilidades. Razón por la cual, durante el periodo que los socios determinen reinvertir sus utilidades, no se causará dicho impuesto. Divergentemente, con las otras tres Formas Jurídicas de Sociedades, la Ley General de Sociedades Cooperativas, otorga a éste tipo de empresas, la posibilidad de formar fondos sociales, los cuales pueden estructurarse desde sus estatutos sociales, para brindar satisfactores de calidad de vida a sus integrantes. Dichas Sociedades Cooperativas pueden realizar pagos en servicios, durante cada mes del ejercicio, a cada socio cooperativista, brindando así un pago en servicio, los cuales al no estar tipificados dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son considerados como ingresos no objeto de dicha ley, por lo tanto, tendrán los socios cooperativistas la posibilidad de recibir utilidades anticipadas, libre de causar el Impuesto sobre la Renta, a través de los pagos en servicios. El anterior argumento, es el beneficio más grande que tiene ésta Forma Jurídica de Empresa, puesto que en lugar de pagar cargas fiscales de hasta el 50% sobre las utilidades, los socios de la Sociedad Cooperativa, no son sujetos del Impuesto sobre la Renta. Es decir, no causan impuestos, consolidando esto como la mayor prerrogativa tributaria, en comparación con los Regímenes Fiscales de las otras Formas Jurídicas de empresas analizadas en la tesis doctoral, brindando ello la posibilidad de mejorar su Actividad Emprendedora, al tener menor menoscabo financiero y reinvertir las utilidades. Estratégicamente la Sociedad Cooperativa representa un enorme potencial de interactuar en el mercado, sin pago de impuestos sobre las utilidades, repartiéndose los anticipos a rendimientos y, el pago en servicios sobre las participaciones acordadas en los estatutos y refrendadas ante la asamblea, para cada socio cooperativista, de acuerdo a su trabajo prestado dentro de la empresa, ya sea por razón de tiempo, nivel técnico o académico e incluso, por la calidad de sus funciones, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Por ello, se distingue que incluso los mayores beneficios fiscales, tienen su origen en la propia ley que le da vida a las sociedades, además goza dicha Ley General de Sociedades Cooperativas, de mayor jerarquía Legal, al ser una Ley Reglamentaria de la Constitución, y la Fiscal simplemente una Ley Ordinaria. En otro orden de ideas, después de la aplicación de 102 cuestionarios a Empresas ubicadas en diversas ciudades del Estado de Baja California, en México. Se ha mostrado, que efectivamente tienen una mejor Actividad Emprendedora, las Sociedades Anónimas que aplican innovación, proactividad y tienen mayor asunción de riesgo, influyendo positivamente dicha orientación emprendedora, en el desempeño empresarial y exportador, en comparación con las otras Formas Jurídicas analizadas. Definitivamente, el modelo individual de cada dimensión de la orientación emprendedora, influye en el desempeño empresarial y, confirma que cada una de las dimensiones: innovación, proactividad y asunción de riesgos, Influyen positivamente en la Actividad Emprendedora de las Empresas del Estado de Baja California, en México. Evidentemente, las Empresas del Estado de Baja California poseen una perspectiva de futuro, anticipa?ndose a los cambios y oportunidades, que aparecen en el entorno y, detectando futuras tendencias del mercado y, modificando sus estrategias para alcanzar mayores resultados. Las empresas deben desarrollar comportamientos innovadores, proactivos y asumir riesgos, para adaptarse a la turbulencia del entorno en el que operan. Puesto que ello, permitirá mayores rendimientos empresariales y, sustentabilidad en los resultados financieros. La globalización de las economías, está obligando a las empresas a salir al exterior si desean mantener sus niveles de competitividad; de ahí que analicemos la Influencia de la Forma Jurídica y del Régimen Fiscal en la Actividad Emprendedora de las Empresas de Baja California, México. Por lo cual, se ha analizado el desempeño exportador, siendo la Forma Jurídica de la Sociedad Anónima, la que más Influye de acuerdo a su estructura y capacidad empresarial. Nos hemos centrado en las Sociedades, por ser el tipo de empresas que a nivel mundial generan mayor porcentaje de PIB, empleo y riqueza. Asimismo, se elijió al Estado de Baja California, en México, por ser el Estado con mayor índice de estructura competitiva recientemente y, con mayor número de establecimientos maquiladores, manufactureros y de servicios de exportación, siendo además, el segundo Estado de México con una economía más abierta según la Secretaría de Economía. Categóricamente, se puede analizar que tanto la innovación, como la asunción de riesgos y proactividad, dentro de la orientación emprendedora, conllevan a una mejor Actividad Emprendedora de las Empresas situadas en el Estado de Baja California, México y, consecuentemente a un mejor desempeño tanto empresarial, como exportador, con mayor énfasis en la Forma Jurídica de la Sociedad Anónima. 3. CONCLUSIONES Definitivamente, las empresas en la región ya sean: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Civil o Sociedad Cooperativa, evolucionan de una mejor manera, sin dentro de sus estrategias de negocio se encuentran, viven y aplican: innovación, asunción de riegos y proactividad, desarrollando así, una mejor Actividad Emprendedora. Sin embargo, no depende determinantemente, ni de la Forma Jurídica, ni del Régimen Fiscal, una mejor Actividad Emprendedora, sino de la aplicación de la orientación emprendedora, para un mejor desempeño empresarial y exportador. Sobre todo, encontrándose en frontera con el Sur de California, en Estados Unidos. Es decir, con unos de las regiones más competitivas del mundo. Además, los resultados de las encuestas de campo, determinaron indicadores de fiabilidad, para compartir con la comunidad empresarial y estratégica internacional, como instrumento de aportación, en estos momentos tan difíciles mundialmente. Adicionalmente, la Organización Internacional del Trabajo (de la cual México forma parte), establece la Recomendación 193 sobre la Promoción de las Sociedades Cooperativas, en relación a la aplicación de medidas de apoyo legislativo, que le brinden ventajas fiscales a éste tipo de agrupación de trabajadores. Finalmente, la Sociedad Cooperativa es la Forma Jurídica de Empresa en la legislación mexicana, que cuenta con mayores beneficios tributarios como Régimen Fiscal. Sin embargo, la Sociedad Anónima es la más recurrida, para efectos empresariales, aunque con mayor carga fiscal, de acuerdo al universo de las Empresas de Baja California, México a las cuales se les aplicaron los cuestionarios, sobre la investigación de campo que se efectuó en ésta tesis doctoral. Es decir, que ni la Forma Jurídica, ni el Régimen Fiscal, Influyen en la Actividad Emprendedora de la Empresa de Baja California, México. Sino la innovación, proactividad, asunción al riesgo, orientación emprendedora, grado de cambio y creación de nuevos negocios, que Influyen positivamente en sus Actividades Emprendedoras, que fortalecen el desempeño empresarial y exportador.
Comentario en base al artículo "Graceful Decline?: The Surprising Success of Great Power Retrenchment" de Paul MacDonald y Joseph Parent enInternational Security, Vol. 35, No. 4, 2011, pp. 7-44.El descenso relativo (1) -o más prudentemente, las percepciones de un descenso- de una potencia en el sistema internacional suele generar, más tarde o más temprano, un debate en torno a las decisiones estratégicas que deberían adoptarse en respuesta a tal declive. Debate que, en buena medida, es el producto de una angustia generada por la perspectiva de una primacía que no va a tardar en desvanecerse y la proliferación de amenazas en un mundo regido por el ascenso de otro(s). (2) Hace unos años que esta discusión se ha instalado en Estados Unidos. (3)Por cierto en torno a la estrategia estadounidense ante el ascenso de China; pero también frente al ascenso de otras potencias que estarían cambiando la estructura de poder en el sistema. No debería sorprender que la conducta de las potencias en descenso sea objeto de estudio privilegiado en la disciplina (tan temprano como en el siglo XVIII, Edward Gibbon escribe su magnum opus, y uno de los clásicos en la cuestión, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire). La razón de tal relevancia académica es sencilla de comprender: históricamente las transformaciones en la cima del sistema internacional han instalado períodos de alta inestabilidad; períodos comúnmente asociados a colosales guerras sistémicas. Grosso modo, dos escenarios vinculados al declive de las grandes potencias han sido identificados por historiadores y teóricos de las relaciones internacionales:Las potencias en descenso relativo suelen recurrir a la guerra preventivacomo herramienta para hacer frente a las amenazas de un estado(s) en ascenso. Aquí el conflicto está tan atado a los cambios de poder que es difícil entrever otro final para las transiciones que vendrán.La reestructuración negociada del orden internacional en base a las nuevas realidades de poder es un escenario no sólo viable, sino también probable. (4) El uso de la fuerza dejaría -según los adeptos a esta corriente- de ser una herramienta válida o eficiente para las potencias en descenso.La pertinencia del debate entre estas escuelas pesa fuertemente sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y China. No habiendo -ni teniendo espacio en esta ocasión- mucho que agregar en términos de la visión que cada corriente tendría sobre una transición de poder sino-estadounidense (altamente pesimista la primera; mucho más optimista la segunda). Paul MacDonald y Joseph Parent, profesores en Williams College y la Universidad de Miami respectivamente, han publicado un original artículo en torno a este debate en el último número de International Security. Yendo al epicentro del trabajo, los autores ponen en pie un modelo teórico y una interpretación histórica donde el retraimiento (retrenchment) (5) sería el patrón de conducta de las potencias en declive. Es decir, una tesis a tono con las interpretaciones optimistas sobre los cambios en la estructura de poder internacional (punto "B)" anterior). El blanco a desacreditar en el trabajo es una de las tesis más expandidas en el estudio de los cambios de poder: la idea que las potencias en descenso no suelen esperar apaciblemente su caída en el sistema; sino que por el contrario, suelen reaccionar activa y ofensivamente para disipar los problemas de un mundo en el que su posición se ve amenazada in crescendo (punto "A)" más arriba).La supuesta relevancia normativa para la política internacional contemporánea es transparente. No sólo Estados Unidos puede y debe hacer una elección racional y eficiente por el retraimiento, sino que, teoría e historia de por medio, ésta es la conducta esperable vis-à-vis China. Para respaldar sus hipótesis los autores elaboran un estudio estadístico de dieciocho casos de estados en descenso relativo desde 1870 hasta el presente; más dos casos de estudio cualitativo. El resultado es el siguiente: "Based on the empirical record, we find that the great powers retrenched in no less than eleven an no more that fifteen of the eighteen cases, a range of 61-83 percent" (p. 9). Por otra parte: "…our analysis suggests that great powers facing acute decline are less likely to initiate or escalate militarized interstate disputes. Faced with diminishing resources, great powers moderate their foreign policy ambitions and offer concessions in areas of lesser strategic value" (p. 10). Mejor dejar en claro el espíritu general de este comentario desde ya. La poca comprensión de las dinámicas centrales del cambio en la política de grandes poderes que refleja el trabajo de Parent y MacDonald desemboca en un endeble modelo teórico, impidiendo así cualquier contribución medianamente sustantiva al debate. Todo lo que parecía novedoso a primera vista se va cayendo a medida que el lector se adentra en la lógica del trabajo. A transitar esa trayectoria crítica es que nos disponemos aquí. Más allá de los problemas en el diseño metodológico –por ejemplo, una incompleta cuantificación de los descensos relativos centrada únicamente en torno a la caída en el PBI de un estado en relación al PBI total de los estados centrales en el sistema y, como se desarrollará más adelante, una selección de casos discutible- la crítica más provechosa debe apuntar a cuestiones de base; aquellas que hacen a la naturaleza de los cambios de poder y sus consecuencias sobre el sistema. Hay que partir de un punto elemental. Tanto las estrategias de retraimiento como las de guerra preventiva están en el abanico de opciones de las potencias en descenso. No existe un record histórico que avale un modelo determinista de los patrones de reacción del declive. Quizás "la más verdadera" de las causas de la Guerra del Peloponeso fuese el crecimiento del poderío ateniense y el miedo de Esparta, como Tucídides marcó a fuego. Pero este ejemplo de transición conflictiva debe contraponerse a casos como el de Gran Bretaña recibiendo pacíficamente el ascenso estadounidense. Ergo, la primera lección de los cambios de poder es que cualquier tipo de determinismo histórico –tanto optimista como pesimista- parte del error y está destinado a mantenerse en este campo. El artículo está atiborrado de áreas grises -por falta de un eufemismo más acertado. La primera, y relacionada al título de esta crítica, se posa sobre concepto de "retraimiento." El problema está en tratar de encontrar una clasificación claramente diferenciada entre una estrategia de retraimiento homogénea e universal y una de expansión de la actividad internacional –ligada a una conducta ofensiva o agresiva. La realidad suele ser bastante más compleja. Retraer puede querer decir "recortar gastos (monetarios, militares y/o de capital político) en alguna parte del globo o en el ámbito doméstico para realinear fuerzas pensando en una amenaza más acuciante." Esto fue precisamente lo que hizo Gran Bretaña a principios del siglo XX. Como señala Paul Kennedy: "…these reductions in Britain's overseas commitments had an inherent logic of their own, there is no doubt that by 1903 or so British planners and the public were beginning to develop at least a suspicion about Germany's great naval expansion, which also necessitated a redeployment of the Royal Navy." (6) Gran Bretaña sí hizo un retraimiento en algunas zonas del globo –especialmente en las Américas. No obstante, el fin último era expandir sus capacidades de poder frente a la amenaza más apremiante: la Alemania de Guillermo II. Conceptualmente, y por sí solo, el retraimiento no tiene mucho que decir sobre los patrones de paz y guerra que suelen acompañar a los cambios en la estructura de poder internacional. Por ejemplo, poco importa que Estados Unidos, como respuesta al ascenso chino, decida poner en marcha una política de retrenchmenten Medio Oriente, si el fin último de esa conducta es concentrar sus fuerzas sobre Asia. En este caso la idea de un retraimiento queda nula como herramienta de análisis para la relación bilateral más relevante, ya que la conclusión sería la puesta en marcha de una expansión del poder estadounidense en Asia, con China como foco de atención. La pregunta que, imprudentemente, queda fuera del trabajo es: ¿Qué tipo de retraimiento y para qué? (7) El trabajo tiene una base conceptual interesante. El análisis de las potencias en declive se encauza por medio de un enfoque realista-estructural que busca complementar, no sólo las discusiones de los cambios de poder, sino la propia escuela neorrealista.No obstante, el desarrollo del trabajo termina resultando poco productivo. Los autores cometen el error de arrojarse al armado de un modelo teórico que intenta explicar la conducta de las potencias en descenso de manera ciegamente unilateral –y quizás excesivamente racionalista. Es decir, un análisis que, atado a un liviano uso del neorrealismo, toma en cuenta únicamente las prerrogativas de la potencia en descenso. Según Parent y MacDonald: "States often curtail their commitments and mellow their ambitions as they fall in the ranks of great powers…They do this for the same reason that they tend to seize opportunities to expand: international incentives are strong inducements. In the high-stakes world of great power politics, states can seldom afford to fool themselves or pamper parochial interests when relative power is perilously slipping away."Un estructuralismo tan encorsetado no puede avanzar mucho en el estudio dinámico y vertical de los cambios de poder. Desde el momento en que se acepta que no todos los descensos relativos son iguales, por la simple razón de que no todos los ascensos relativos son iguales, la idea de sacar patrones de conducta analizando solamente a la potencia en declive queda obsoleta. Y aquí está el quidde la cuestión, que los autores parecen saltarse olímpicamente: a la hora de tomar decisiones estratégicas, sí importa quién es el otro. No es por capricho que se habla de descenso relativo –y no absoluto. Y este concepto de relativo, que MacDonald y Parent o no entienden o evaden conscientemente, significa que al estado A le sucede algo porque al estado B le sucede algo. Variables como la cercanía geográfica, la capacidad de utilizar la fuerza, la existencia de identidades comunes entre los estados (por ejemplo, si ambos son democracias), las percepciones sobre las amenazas que presenta el otro (o las amenazas que tengan en común), y, quizás más relevante, la postura hacia el status quo, son todas centrales para la formulación de la política exterior de un estado en declive. Para ilustrar el punto: ¿Estuvo Gran Bretaña en iguales condiciones de adoptar una política de retraimiento ante el ascenso de Estados Unidos que ante el ascenso de la Alemania de Guillermo II o la de Adolf Hitler? Perder al "otro" es un paso en falso que deja al análisis rengo. Lamentablemente, el artículo va a perder también la otra pierna y los dos brazos. Para explicar sus hipótesis los autores elaboran un modelo teórico que ubican dentro de la familia neorrealista. Más específicamente, una formulación teórica que sería un derivado directo del trabajo de Kenneth N. Waltz. En uno de los comentarios que resume su modelo, señalan: "…in the competitive arena of world politics, inert or improvident great powers receive negative feedback until they are disabused of their delusions or replaced at the top rungs by more sensible states. Great powers that do not react with agility and alacrity to a lower position are unlikely to last in the unforgiving game of power politics. Rivals will be quick to detect and exploit incompetence" (p. 19). Los vínculos intelectuales que van del neorrealismo al modelo presentado en el artículo, y luego a sus prescripciones políticas son, cuando menos, frágiles. La idea de un retraimiento racional y eficiente como estrategia inducida por la estructura es complicada de sustentar. Los autores olvidan uno de los conceptos centrales en la comprensión neorrealista de la política internacional: las ganancias sonrelativas. Según Waltz: "Un estado se preocupa por una posible división de ganancias que puede favorecer más a otros que a sí mismo. Esa es la primera manera en que la estructura de la política internacional limita la cooperación entre los estados." (7) Sin embargo, los autores asumen que: "To avoid insolvency, states adopt retrenching policies as a way to gain breathing room, regroup, and retard if not reverse their decline" (p. 19). El error está en asumir que los estados van a adoptar una política de retraimiento sin pensar en los costos que esto les puede generar en sus interacciones con otras potencias. A su vez, se desconoce que en el núcleo mismo del neorrealismo está la búsqueda de la seguridad como objetivo primario e ineluctable. Desde el realismo estructural à la Waltz, que es donde Parent y MacDonald asumen estar parados, una potencia nunca podría formular su estrategia en respuesta al declive en términos de eficiencia económica –que es como ellos entienden los ascensos y descensos en el sistema. (8) Esto no quiere decir que la economía no sea una variable a tener en cuenta. Lo que sí quiere decir es que no va a ser la única, y seguramente tampoco la más relevante. Es por esta subordinación de objetivos que, por ejemplo, tiene sentido que Gran Bretaña a principios del siglo XX (i.e. una potencia en descenso relativo) se embarcase en una carrera armamentista con Alemania, aún cuando la más "eficiente" –à la Parent y MacDonald- de las opciones hubiese sido evitar entrar en tal dinámica. Trágicamente, la mayoría de las veces la opción máseficiente está vedada en la política de grandes poderes.El siguiente punto problemático está íntimamente relacionado con el anterior. En el artículo se puede leer que: "If declining states mismatch their foreign policy means and ends for a significant length of time, they will hemorrhage resources and be contemptible competitors in the game of great power politics. To avoid this fate, states are apt to align ends and means and decline gracefully" (p. 22). Lo cierto, sin embargo, es que los estados no suelen comportarse de esta manera.Si las potencias en declive fuesen capaces de advertir -a corto plazo- cuando están ingresando en un gap entre medios y fines, un fenómeno tan común en la política internacional como es la sobre-extensión (overextension, i.e. la expansión de los fines de política exterior más allá de las capacidades estatales para llevarla a cabo) desaparece. En términos prácticos, grandes sucesos en la historia de las relaciones internacionales -entre ellos: Felipe IV enterrando al imperio español en los Países Bajos en el siglo XVII; Napoleón estirando su imperio europeo hasta el punto de quiebre; Hitler y su desastrosa operación Barbarossa; Estados Unidos en Vietnam; la URSS en Afganistán; y Estados Unidos hoy en día en Irak y Afganistán (?)- quedan en una obscuridad absoluta para la disciplina. Pero llévese, con espíritu provocador, el argumento un poco más allá para ver como se torna totalmente inconsistente e insostenible. De ser acertado el modelo, la guerra entre grandes potencias se termina, o al menos se reduce significativamente como fenómeno internacional. Como señala Geoffrey Blainey en su magistral The Causes of War, las guerras suelen ser el producto de un desacuerdo entre estados sobre sus capacidades de poder relativas. Blainey trae acertadamente a colación al sociólogo Georg Simmel quien argumentaba en 1904 que la manera más efectiva de prevenir una guerra es a través del conocimiento exacto del poder relativo entre dos naciones o alianzas. El problema, siguiendo a Simmel, es que tal conocimiento "es la mayoría de las veces solamente alcanzable llevando la contradicción al campo de las armas." (9) Entonces, si MacDonald y Parent están en lo cierto, y los estados son capaces de hacer una correcta medición del poder nacional relativo –algo bastante difícil de aceptar, teniendo en cuenta que las apreciaciones las suelen hacer estadistas con naturales limitaciones humanas- y acomodar en un período corto de tiempo su nuevo poder con sus objetivos de política exterior, las guerras entre grandes poderes deberían ser un fenómeno bastante escaso, ya que el entendimiento de cuándo conviene negociar y cuándo pelear sería cristalino. Un curso básico de historia europea demuestra lo falaz del argumento.La selección de los casos de estudio se presenta como otra área problemática. Según los autores: "…it is important to distinguish retrenchment from related concepts. First, retrenchment is not synonymous with hegemonic change…we argue that retrenchment is a policy option available to any great power facing acute relative decline, whether or not it is the dominant hegemon…only one of our eighteen cases of acute relative decline since 1870, for example, involves a hegemon. Categorizing relative decline into static categories of 'hegemonic' and 'nonhegemonic' obscures important differences within these categories."(12) El lector notará que el inconveniente al que se hace alusión es: ¿A quiénes se debería meter en la bolsa de los estudios del cambio en la política de grandes poderes? Los dos casos de análisis cualitativo en el trabajo son: Francia en 1924 y Gran Bretaña en 1946 –difícilmente estados en el tope de la jerarquía internacional para ese entonces. Mientras que los 18 casos estadísticos están repletos de poderes medios –Alemania Occidental en 1967, Gran Bretaña en 1956, entre otros. En términos de los objetivos que se plantea el artículo, la elección de tal línea metodológica es difícil de sustentar. Por un lado, toda la literatura con la que dialoga y discute el trabajo (Gilpin, Copeland, Friedberg, Organski, entre otros) está centrada en el análisis de las dinámicas entre estados hegemónicos y sus contendientes. Más problemático aún, la razón de ser del trabajo es en buena medida entender y dar recomendaciones normativas sobre de la relación sino-estadounidense, un díada hegemón-contendiente por excelencia. La relevancia de este agujero teórico es total. Para cerrarlo los autores deberían poder argumentar exitosamente que el aparente declive de Estados Unidos hoy en día –o en un futuro medianamente próximo-, de Gran Bretaña a comienzos del siglo XX, del imperio de Felipe II, o de la Esparta de la Guerra del Peloponeso, son teóricamente compatibles con Francia en 1924, Gran Bretaña en 1956, o, más ridículo aún, Alemania Occidental en 1967. Tarea condenada al fracaso por el simple hecho de que estos actores no juegan en las mismas ligas, ni juegan el mismo juego. Esto es así por diversas razones. El hegemón es quien organiza un status quo determinado y, consecuentemente, es él quien se ve más amenazado ante una posible modificación del mismo. A su vez, los estados hegemónicos no tienen a quién pasarle la cuanta (buckpassing); es decir, no tienen en quien apoyarse ante las amenazas del (los) ascendentes(s). Sin embargo, las potencias medias si tienen en quien recaer. El ejemplo de Europa desde fines de la Segunda Guerra Mundial es ilustrativo. Podría decirse que durante los cambios verticales en el sistema la anarquía y el principio de auto-ayuda son más acuciantes para el estado hegemónico. Si este agujero existe, toda pretensión de los autores de haber identificado patrones universales de conducta de las potencias en declive se derrumba. Más aún, el estudio se queda sin nada para decir sobre el gran asunto de la alta política internacional en las próximas décadas: el posible cambio de poder entre Estados Unidos y China. Hay que compartir con los autores el inconformismo que genera la falta de casos empíricos en el estudio de las transiciones de poder en las altas esferas de la política internacional. Sin embargo, la expansión del ámbito de análisis hacia muestras que escapan a la naturaleza de los actores que nos importan no parece ser un paso hacia adelante."Graceful Decline?." parte del encomiable impulso de renovar las discusiones teóricas sobre el descenso relativo. El resultado, no obstante, es un efímero soplo de aire fresco que rápidamente comienza a ahogar. Comprimiendo descaradamente una línea de trabajo por cierto voluminosa, el camino más provechoso es el de la búsqueda de las variables que han puesto en marcha transiciones de poder pacíficas por un lado, y conflictivas por el otro. Un buen ejemplo es el la profundización de los estudios que intentan explicar porqué ciertos estados en proceso de transición crean imágenes benignas, status quo o agresivas entre sí. El abuso a la paciencia del lector, que de haber llegado hasta aquí ya ha tenido que soportar varias páginas de lectura, obliga a postergar esta exploración alternativa para un futuro próximo.(1) Entendido como la pérdida de poder de un estado en relación al poder del resto de los estados centrales en el sistema internacional.(2) Ver: Friedberg, Aaron, The Weary Titan: Britain and the Experience of Relative Decline 1895-1905, Princeton University Press, New Jersey 1988.(3) Vale aclarar que durante la década de los ochenta la idea del declive estadounidense ya había aparecido. Es por esto que se remarcó, en la primera línea de este trabajo, el concepto de percepciones del declive. Ver: Kennedy, Paul, The Rise and Fall of Great Powers, Penguin Books, London, 2001.(4) Por ejemplo, Gran Bretaña haciéndole "lugar" a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX.(5) Entendido como: "a policy of retracting grand strategic commitments in response to a decline in relative power."(6) Kennedy, Paul, The Rise and Fall of British Naval Mastery, Penguin, Londres, 1976, p. 214.(7) Los autores mencionan la posibilidad del retraimiento como un cambio de foco de asuntos periféricos a asuntos centrales (core issues). Pero tan fugaz como aparece, este asunto de primera relevancia se vuelve a perder en el análisis.(8) Waltz, Kenneth N., Teoría de la Política Internacional, Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Internacionales, Buenos Aires, 1988, p. 157.(9) Según Waltz: "En un sistema de auto-ayuda, la consideración de la seguridad subordina los beneficios económicos al interés político." Ibídem, p. 158.(10) Blainey, Geoffrey, The Causes of War, The Free Press, New York, p. 118 (traducción de G.C.). *Profesor Depto. Estudios Internacionales. FACS - Universidad ORT Uruguay. MA en Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di TellaE-mail: gcastro@sas.upenn.edu
