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En este texto evaluaremos los planteamientos generales de la política migratoria durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, plasmados en el Programa Especial de Migración, y en la manera en que éste fue operado en la práctica por los funcionarios encargados. Finalmente, se analizarán los casos coyunturales más representativos: la creación del Plan Frontera Sur ante la crisis humanitaria de niños y familias migrantes, el desvío de fondos del ime a Juntos Podemos y las caravanas hondureñas de fin de sexenio.

El legislador de la Unión Europea (UE) ha adoptado recientemente
diferentes marcos jurídicos en materia de política migratoria laboral europea. La
admisión de los nacionales de terceros países por motivos laborales para hacer
frente a las necesidades del mercado laboral, debe considerarse como uno de los
objetivos principales en varios Estados miembros de la UE. Sin duda alguna, el
mercado de trabajo europeo, cada vez más orientado a atraer y mantener el talento
para fomentar el potencial de crecimiento e innovación, requiere nuevos trabajadores
procedentes de terceros países. Además, la pandemia de COVID-19 ha
llevado a la adopción de medidas sin precedentes para afrontar las necesidades
en varias ocupaciones específicas con escasez de mano de obra, sobre todo relacionadas
con las capacidades en el ámbito de la asistencia sanitaria.
Europar Batasuneko (EB) legegileak zenbait esparru juridiko
eratu berri ditu Europako lan-eremuko migrazio-politikaren arloan. EBren zenbait
estatu kidetan, helburu nagusietako bat da lan-merkatuko premiei aurre egite aldera
hirugarren herrialdeetako nazionalak onartzea. Dudarik gabe, Europako lanmerkatuak,
gero eta bideratuago dagoenez hazkunde-potentziala eta berrikuntza
sustatzeko talentua erakarri eta atxikitzera, hirugarren herrialdeetatik datozen langile
berriak behar ditu. Gainera, COVID-19aren pandemiaren ondorioz, aurrekaririk
gabeko neurriak hartu behar izan dira, langile gutxi dituzten lanbide espezifikoetan
(batez ere, osasun-laguntzaren eremuko gaitasunetan) sortutako premiei aurre
egiteko.
The European Union (EU) legislator has recently adopted different
legal frameworks regarding European labour migration policy. The admission of
third-country nationals for employment purposes to meet the needs of the labour
market must be considered as one of the main objectives in several EU Member
States. Undoubtedly, the European labour market, increasingly geared towards
attracting and retaining talent to foster growth and innovation potential, requires
new workers from third countries. In addition, the COVID-19 pandemic has led
to the adoption of unprecedented measures to address needs in several specific
occupations with labour shortages, particularly related to healthcare skills.

La trata de personas frente a la política migratoria y de atención a víctimas en Colombia, como factor de afectación del principio de la dignidad humana, no resulta ser un tema sencillo de analizar, pues desde el punto de vista jurídico, son muchas las apreciaciones y derivaciones que pueden llegar a identificarse pero donde son los derechos humanos lo que mayor vulneración presentan, dada la incapacidad de reconocer por parte de las autoridades, las redes de tratantes que operan dentro y fuera del país. De conformidad con el artículo 188a del Código Penal colombiano, la trata de personas se define como: "la captación, traslado, acogida o recibimiento de una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación", una situación de gran complejidad que compromete los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes que por su misma situación de vulnerabilidad, se convierten en blanco fácil para las redes, sometiéndolas a ejercer trabajo forzados y denigrantes a razón de un pago irrisorio por los servicios ofrecidos. Adicionalmente, el artículo 3 de la Ley 985 de 2005 hace mención de la explotación como: "la obtención de algún provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos u otras formas de explotación". Cada uno de estos lineamientos se constipen en la base jurídica de la cual deben partir todas las investigaciones en torno al tema de la trata de personas en Colombia, pero donde tristemente las víctimas la perciben en muchas de las ocasiones, como una oportunidad laboral que les permite percibir un ingreso y por lo tanto atender diligentemente las necesidades de sus familias y las propias. Se trata en este caso de personas que no solamente han sido desprotegidas por el Estado, sino que involucra a grupos de migrantes dentro de un movimiento social que viene caracterizando a muchas regiones y territorios, marcados por la situación social de sus países, las escasas oportunidades laborales, sociales y económicas, la situación política y formas de gobierno, así como la búsqueda de mejores ingresos. Esta misma necesidad, ha llevado a grupos de migrantes provenientes de Venezuela, de África, Haití, e incluso de Cuba, a refugiarse en el país bien sea con el ánimo de mejorar su seguridad y atención, o como simplemente para hacer tránsito hacia países como los Estados Unidos donde confían alcanzar un asilo, tener un empleo digno y mejorar económicamente dado que en sus países de origen la situación social, económica y de seguridad no les ofrece mayores garantías. No obstante, esta condición de vulnerabilidad de los migrantes se convierte en una oportunidad para aquellas redes de trata de personas que se han establecido dentro y fuera del país con el ánimo de aprovechar la vulnerabilidad de las personas, persuadiéndolas para hacer parte de ellas, bajo engaños y falsas promesas económicas que les genera mayor estabilidad, pero que posteriormente se convierten en amenazas cuando las víctimas se niegan a continuar, lo que se constituye en una clara afectación de los derechos y de principios como la dignidad humana. Hay que tener en cuenta que en muchas de las ocasiones, las víctimas terminan aceptando las condiciones porque no se les cohíbe o limita y porque además los pagos de los líderes de estas redes, resultan ser acordes con sus aspiraciones, pero lo triste en este caso, es que pueden ser los niños, niñas y adolescentes los más perjudicados por cuanto se les imprime temor, se les tortura y amenaza de manera directa, llevándolos a aceptar las condiciones de explotación sexual, laboral y servidumbre, propias de este tipo de delitos. El desconocimiento general que existe frente al tema, permite de alguna manera, la profundización temática, vista desde le análisis de la normatividad existente, cuyo punto de partida se da desde la Constitución Política del año 1991 en el caso colombiano, pero que no desconoce las normas internacionales dispuestas en el marco de la protección y defensa de los derechos humanos y donde el derecho penal tiene injerencia por tratarse de delitos que vulneran e irrespetan la dignidad humana. De esta manera, se analiza el delito de la trata de personas frente a la política migratoria y de atención a víctimas en Colombia como factor de afectación del principio de la dignidad humana, reflejando la realidad actual de las migraciones en Colombia y del delito de la trata de persona en Colombia, señalando la regulación constitucional, jurisprudencial y doctrinal en torno a política migratoria y de atención a víctimas de trata de personas en Colombia, fundamentados en la teoría aplicable al delito analizado. ; Trafficking in persons in the face of migratory policy and care for victims in Colombia, as a factor that affects the principle of human dignity, is not an easy topic to analyze, since from the legal point of view, there are many assessments and referrals that can be identified but where human rights are the ones that present the greatest violation, given the inability of the authorities to recognize the networks of traffickers that operate inside and outside the country. In accordance with article 188a of the Colombian Penal Code, human trafficking is defined as: "the recruitment, transfer, harboring or reception of a person, within the national territory or abroad, for the purpose of exploitation", a situation of great complexity that compromises the rights of women, children and adolescents who, due to their very situation of vulnerability, become an easy target for the networks, subjecting them to forced and demeaning labor at the rate of a derisory payment for the services offered. Additionally, article 3 of Law 985 of 2005 mentions exploitation as: "obtaining some economic advantage or any other benefit for oneself or for another person, through the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices analogous to slavery, servitude, exploitation of the begging of others, servile marriage, the removal of organs or other forms of exploitation. Each of these guidelines are established in the legal basis from which all investigations on the subject of human trafficking in Colombia must start, but where sadly the victims perceive it on many occasions, as a job opportunity that they It allows them to receive an income and therefore diligently attend to the needs of their families and their own. In this case, it is about people who have not only been unprotected by the State, but also involves groups of migrants within a social movement that has been characterizing many regions and territories, marked by the social situation of their countries, the scarce opportunities labor, social and economic, the political situation and forms of government, as well as the search for better income. ; Magister en Derecho Penal y Procesal Penal ; Maestría

This article reviews the construction of migration policies in Spain while analyzing its role as an instrument in the production of exclusion and precariousness. The changes in migration legislation-far from decreasing the number of undocumented migrants-have produced labor segmentation and social stratification. The official determination of presenting illegal immigrants as part of a vicious circIe and legal ones as part of a virtuous circIe opens the door to the criminalization of migration movements. This situation produces a radicalization in the vulnerability of certain labor forces. As opposed to the culturalist perspective, which explains inequality as the result of pre-existent cultural differences, the following analysis suggests that the discriminatory and marginalized situations suffered by part of non-communitarian immigrant population in Spain are systematically produced and reinforced by various political and legal practices.

Colombia mantuvo por años una gestión separada de los flujos migratorios de ingreso y salida del país, encargando a entidades diferentes la definición e implementación de sus políticas en dicha materia, adoptando medidas parciales y poco coherentes entre sí. Con el documento CONPES 3603 de 2009 el Estado aprueba la Política Integral Migratoria (PIM) en la que se definen sistemáticamente los lineamientos, estrategias y acciones de intervención para los colombianos en el exterior y para los extranjeros en el país. En este artículo se analiza el proceso mediante el cual el Estado arribó a su formulación, la importancia del derecho y del escenario internacional, y también, de los procesos de integración a nivel regional. Se analiza la PIM y los diversos instrumentos normativos que derivan de ella, que constituyen la base de la actual política migratoria

El presente ensayo hace una evaluación de la política migratoria del presidente Joe Biden. Para ello se analizan tanto las propuestas migratorias enunciadas desde su campaña a través de los medios de comunicación como los resultados de investigaciones realizados por académicos. Se destaca las acciones ejecutadas y políticas adoptadas a un año de la administración Biden para "destrumpizar" las politicss antinmigrantes, así como las promesas aun no cumplidas. Asimismo, se analizan los acuerdos migratorios bilaterales entre López Obrador y Trump/Biden, en particular con respecto a los costos políticos y económicos para México. Reconocemos que ha tomado pasos constructivos, pero son poco visibles y persisten promesas no cumplidas Se concluye que, si bien se han esbozado iniciativas en el congreso, las posibilidades de la aprobación de una reforma migratoria integral parecen cada vez más lejanas.

Marruecos está promoviendo durante la última década una nueva política migratoria basada en la inclusión de sus emigrantes en las instituciones del país estableciendo las bases de su participación en el proceso democrático. Las reivindicaciones de la comunidad marroquí en el extranjero han entrado en la agenda política del país en los cinco últimos años y han sido atendidas mediante varias iniciativas estatales, teniendo en cuenta las prácticas de transnacionalismo, los efectos de la crisis y las posibilidades de codesarrollo. Este artículo relata los cambios que han sucedido, analiza la pertinencia y eficacia de las iniciativas emprendidas y propone una reflexión sobre la coherencia de la infraestructura institucional existente ; Morocco is promoting a new migratory policy with the challenge of including its emigrants in the country's institutions and of establishing the basis of their participation in the democratic process. In the last five years, the demands made by the Moroccan community abroad in defense of their rights have made their way onto the country's political agenda and have been addressed by means of various state initiatives, considering the transnational practices, the effects of economic crisis and the possibilities of codevelopment. This article calls into question the relevance and effectiveness of the public policies aimed at Moroccan emigrants and the coherence of the institutional infrastructure in place

Marruecos está promoviendo durante la última década una nueva política migratoria basada en la inclusión de sus emigrantes en las instituciones del país estableciendo las bases de su participación en el proceso democrático. Las reivindicaciones de la comunidad marroquí en el extranjero han entrado en la agenda política del país en los cinco últimos años y han sido atendidas mediante varias iniciativas estatales, teniendo en cuenta las prácticas de transnacionalismo, los efectos de la crisis y las posibilidades de codesarrollo. Este artículo relata los cambios que han sucedido, analiza la pertinencia y eficacia de las iniciativas emprendidas y propone una reflexión sobre la coherencia de la infraestructura institucional existente AbstractMorocco is promoting a new migratory policy withthe challenge of including its emigrants in the country's institutions and of establishing the basis of their participation in the democratic process. In the last five years, the demands made by the Moroccan community abroad in defense of their rights have made their way onto the country's political agenda and have been addressed by means of various state initiatives, considering the transnational practices, the effects of economic crisis and the possibilities of codevelopment.This article calls into question the relevance and effectiveness of the public policies aimed at Moroccan emigrants and the coherence of the institutional infrastructure in place.