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La democracia como sistema político al servicio de todos es, en el momento presente, objeto de crítica no sólo en cuanto a su legitimidad, sino también por las formas de su ejercicio. Nadie parece dudar que el sistema democrático sea la mejor forma de institucionalización del poder y de la participación al servicio del bien común, aunque se discutan los fundamentos y las formas de su ejercicio. Al mismo tiempo existe una progresiva y generalizada desafección hacia los actores políticos, especialmente las élites gobernantes. Después de un primer diagnóstico, en este comentario nos centramos en la actual revisión de los consensos democráticos y ensayamos una propuesta de intensificación deliberativa de los ciudadanos en la reconstrucción democrática al servicio del bien común de una sociedad avanzada. El compromiso ético de todos por medio del ejercicio de las virtudes cívicas y la formulación y recuperación de proyectos comunes son las otras propuestas conclusivas.

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Partiendo de la reciente visita del papa Francisco al Parlamento europeo (noviembre 2014), el editorial propone un ejercicio de memoria histórica sobre la construcción europea, que contrasta con el pesimismo ante la actual situación de deformación democrática (no sólo existe el déficit democrático de las instituciones comunitarias, sino que sufrimos un más profundo déficit de legitimidad de las mismas) y de competitividad en un contexto global dominado por la "cultura del descarte", tan contraria a la cohesión social capaz de integrar el binomio competitividad / justicia social, que ha sido una característica central del proceso de construcción europea. Ciertamente en la mente y en la palabra de Francisco en el Parlamento de Estrasburgo todo no se reduce a esa integración, sino a otra que él retiene esencial, expresada por la dignidad transcendente que permea todas las tradiciones europeas originarias. Pero el futuro de la Unión europea pasa sin duda por mantener –y profundizar– exigentemente el sistema de economía social de mercado y la garantía de los derechos fundamentales. El editorial, pues, parte de la interpelación del Papa en Estrasburgo (apartados 1 y 2) para proponer dos ejes irrenunciables de la construcción europea (apartados 3 y 4). Desde ambas perspectivas, la mirada ética y la propuesta política, la ciudadanía europea puede recuperar su confianza en este proyecto.

La crisis económica y financiera que atravesamos y el contexto más amplio de la globalización en que se desarrolla han puesto de actualidad la reflexión sobre el orden político mundial y la urgencia de concretar algunas respuestas a un tema que no es nuevo. Esta urgencia es la que nos ha movido a hacerlo objeto de nuestra reflexión en este editorial. Pretendemos solo ofrecer "algunas propuestas", como sugerimos en el título escogido. Y para ello hemos querido centrar nuestra atención en dos escenarios históricos. El segundo de ellos, obviamente, es el actual. Ahora bien, como estamos convencidos de que la historia siempre ilumina, hemos querido fijarnos en otro escenario en que se dieron pasos sustanciales hacia la construcción de este orden político mundial: nos referimos a la creación de la Organización de Naciones Unidas en el contexto de la segunda guerra mundial y después del fracaso de otras iniciativas que le precedieron. Hoy este orden nacido hace más de medio siglo es insuficiente: pero hay elementos en él que resultan irrenunciables para la humanidad y que no está de más recordar cuando el orden mismo en que se insertan está tan cuestionado.Por otra parte −y dada la orientación que inspira nuestra revista− hemos creído oportuno prestar una atención especial a las aportaciones del pensamiento social cristiano en esos dos mismos escenarios a que nos hemos referido.

Rafael Poch aporta su experiencia como corresponsal en Moscú y Berlín para explicar las relaciones entre Alemania y Rusia con Polonia y Ucrania

Unas elecciones como las del 25 de mayo de 2014, convocadas para elegir un nuevo Parlamento europeo para los próximos años (2014–2019), son un momento esencial en toda organización democrática. El Parlamento europeo ejerce un control "democrático" sobre la Comisión y, por primera vez, elegirá formalmente al presidente de ésta. En estas elecciones se manifiesta la existencia de una ciudadanía europea, con sus logros y también con todas las dificultades y retrasos para su construcción. Por otro lado una parte importante de esos ciudadanos o son escépticos o militan contra el europeísmo, pero, como es lógico, votan y lograrán una parte quizá bastante importante, de la representación parlamentaria. Junto a la ciudadanía está la existencia de unos políticos europeos y la burocracia que les presta servicio, además de la dimensión económica en juego en relación con la moneda única. El editorial concluye con una mirada mundial desde la perspectiva europea. Hasta hace poco Europa era un modelo de referencia mundial, y probablemente para muchos sigue siéndolo, lo que exige que una reflexión política sobre la Europa actual deba hacerse siempre en una perspectiva global.

En las últimas décadas la globalización ha aumentado el foso entre la riqueza y la pobreza, situación que se ha agudizado en detrimento de los más desfavorecidos debido a la crisis económica y social lo que ha llevado a que el modelo de economía social de mercado está seriamente amenazado. Ante esto, es preciso recuperar la concepción del Estado como Estado social y de justicia, lo que hace necesario establecer unos mínimos en los que la presencia del Estado debería asegurar ese ideal de justicia. Junto a ello, es preciso sentar los criterios que permitan establecer y ordenar las prioridades sociales en materia de bienestar; trazar la frontera entre lo esencial y lo accesorio, entre lo imprescindible y lo prescindible en el campo de las conquistas sociales. En este editorial, después de analizar las bases históricas del Estado social como punto de partida necesario para conocer la plasmación de los derechos sociales en el plano jurídico e institucional, nos planteamos si el reconocimiento y la garantía jurídica de los derechos sociales pueden estar por encima de toda coyuntura política y económica, pues en la actualidad parece que estamos asistiendo a un desmantelamiento del Estado social como consecuencia de la crisis. La respuesta a esta cuestión nos lleva a una posible redefinición de los derechos sociales protegibles por el Estado y a establecer cuáles pueden ser las posibles claves para fijar un "mínimo social irrenunciable".

El comentario reflexiona sobre la responsabilidad política en el deterioro del sistema democrático e intenta contribuir a la regeneración ética del mismo. Puesto que la comunidad universitaria ha de jugar un papel esencial en la búsqueda y el diálogo que conducen a esa regeneración responsable, hemos de subrayar el papel de la educación cívica y política de los estudiantes universitarios para capacitarles en el ejercicio de ese arte como servicio al bien común.En el comentario partimos de la actual situación española de quiebra democrática y de deslegitimación de los partidos y de la "clase política" en su conjunto. La pregunta por la democracia representativa, en este momento en que muchos cuestionan los consensos constitucionales, es incisiva e inquietante. El editorial aborda también el análisis de la deslegitimación del sistema democrático y hace algunas propuestas para la regeneración democrática de nuestra sociedad, a partir de una cultura política de una democracia de calidad, impregnada de valores.

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La situación de la economía española en los últimos años se ha ido deteriorando; esta circunstancia, unida a las medidas que se han adoptado en los últimos meses ha llevado a un gran desgaste en nuestra sociedad, aumentando las diferencias entre las capas sociales más ricas y las más pobres hasta situarnos como la nación de la eurozona en la que la desigualdad social es más elevada.El propósito de este editorial no es realizar un diagnóstico de la situación, sino más bien aportar información sobre los aspectos claves de la "tormenta" y criterios para su valoración, teniendo en cuenta las políticas y medidas adoptadas desde la UE y la UME y sus consecuencias, centrándonos en nuestro país. A partir de esta información se reflexiona sobre las cuestiones clave que ilustran sobre la posible evolución de la situación en España y sobre algunas de las pautas de actuación que pueden orientarnos en el futuro.

¿Pueden los actuales estudiantes universitarios, futuros profesionales cualificados, prescindir de la ética en su formación? En el mundo complejo y cambiante en que ejercerán su profesión no bastarán las intuiciones éticas comunes para responder a la segunda pregunta kantiana: ¿qué debemos hacer?, ¿qué valor tiene esta formación?, ¿qué valor hay que tener para afrontarla universitariamente?Los profesionales han de tomar decisiones que tengan en cuenta el servicio a la sociedad en el ejercicio de su profesión. También los profesores, los investigadores, las personas al servicio de la universidad, incluidas las autoridades académicas, deben tener siempre presente este componente ético de sus decisiones. Es necesario que los estudiantes desarrollen, como parte de su formación, competencias éticas –reflexivas y prácticas– para el ejercicio de su profesión, lo que creemos que ha de realizarse en la universidad. En la actual crisis la sociedad espera esto de la enseñanza universitaria.En este editorial pretendemos aportar una reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de la ética en la universidad, pues, aunque conscientes de las dificultades inherentes a esta dimensión, sabemos también que esta formación es urgente y necesaria. Comenzamos preguntándonos sobre la posibilidad de esta formación, así como sobre su pertinencia universitaria. A continuación tratamos de esbozar sus contenidos y sus opciones metodológicas.

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Este editorial considera el gran paso dado en Lisboa en 2007 para la construcción europea hacia una reconfiguración social y, por tanto, ética del mercado interior en la senda cultural de la mejor tradición del constitucionalismo social de bastantes Estados europeos: el sistema de Economía social de mercado. Como en el siglo pasado se pensó el Estado, a los europeos del siglo XXI nos corresponde ahora pensar el mercado. El establecimiento formal de un sistema socioeconómico con valor normativo, la Economía social de mercado, puede llegar a integrar las aspiraciones más auténticas y elevadas del alma europea: la solidaridad, la responsabilidad y la productividad. Europa sólo podrá salir de su profunda y persistente crisis si no pierde su alma. Esta tarea no la puede hacer sólo un Estado, sino que ha de ser obra de ciudadanos de todos los países europeos. Hemos de acertar en resocializar el proyecto europeo con nuevas energías, con nueva claridad, con nueva pasión europeísta. El editorial parte de un reciente documento de la Comisión de los episcopados católicos de la Unión Europea (octubre de 2011, hecho público en enero de 2012): Una Comunidad europea de solidaridad y de responsabilidad.

no es la primera vez que hacemos balance de la política económica de un gobierno al final de una legislatura. Esta que acaba en noviembre de 2011 ha tenido muchos elementos de continuidad con las anteriores, así como un persistente deterioro de las expectativas del Gobierno para proponer una política económica aceptable en su etapa final. España ha visto cómo era tutelada su economía, aunque sin llegar a una intervención externa de la misma. Ciertamente, la política económica en un Estado perteneciente a la zona euro está muy limitada por la soberanía cedida; por otra, una economía como la española, que es muy abierta en sus relaciones con el exterior, tiene más dificultades para llevar adelante una política económica autónoma y vigorosa. En la agenda del nuevo Gobierno estará sin duda administrar la reforma constitucional del pasado verano que ha consagrado el principio de estabilidad presupuestaria, pero que no puede convertirse en un pretexto para desestabilizar el sistema económico constitucional. Este equilibrio no sólo va a exigir un renovado consenso constitucional, sino una nueva gobernanza económica en el contexto global. Ésta es la apuesta de nuestro editorial.

La Política Agraria Común, uno de los pilares tradicionales de la construcción europea, inicia un nuevo proceso de reforma. La reflexión editorial comienza precisamente con un recordatorio de las reformas ocurridas en las dos últimas décadas y una breve sistematización de las líneas que sigue ese proceso de cambio. A continuación se resume y explica un documento de la Comisión de finales de 2010 con el que se abre una nueva, y aparentemente decisiva, etapa de cambios con la vista puesta en el horizonte de 2020. Se trata de abrir un debate que seguirá los trámites habituales de este tipo de procesos. Tras definir como "problemática" la coyuntura global y agraria en que se abre la discusión, el artículo sugiere algunas reflexiones sobre el impacto previsible de estos cambios en Europa y en España. Se concluye con una valoración ética y crítica sobre lo que está en juego en esta nueva reforma teniendo en perspectiva la problemática de inseguridad alimentaria global, y sobre la posible aportación de la UE al respecto.