Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas
In: Estudios y comentarios. Legislación
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La Responsabilidad Social (RS) ha ido evolucionando tanto a nivel teórico como a nivel empresarial, al tiempo que se han ido desarrollando diversas iniciativas de índole público y privado que han resultado clave en su desarrollo. En este contexto, la importancia del sector financiero en su papel de impulsor de la economía y como intermediario del que dependen las inversiones y en muchas ocasiones las actuaciones de las empresas, nos ha llevado a plantearnos cuál es la situación actual de la RS en este sector y más concretamente en las cajas de ahorro, que por su naturaleza jurídica constituyen un caso especial dentro del sistema financiero español. El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar la influencia que tiene la Obra Social (OS) de las cajas de ahorros en la integración de la RS en su gestión y en qué medida la RS afecta a la consecución de los resultados empresariales. Los resultados obtenidos a partir de las hipótesis planteadas han permitido evidenciar de forma empírica la existencia de diferentes grupos en función de su comportamiento en materia de RS, al tiempo que se ha comprobado que si bien la OS ha sido y es una parte fundamental de las cajas y de su RS, no es su único componente y las entidades deben tener en cuenta otros aspectos para una completa y correcta integración de la misma. Los resultados y las conclusiones obtenidas aportan una valiosa información acerca del comportamiento de las cajas de ahorros españolas, en un momento de profundos cambios por la crisis financiera global, si bien esta situación supone un excelente punto de partida para futuras investigaciones en las que poder calibrar como afectará esta reestructuración a la integración de la RS en las entidades resultantes. ; Capó I Vicedo, J. (2011). LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS CAJAS DE AHORRO ESPAÑOLAS [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/9313 ; Palancia
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It has prepared this work from the perspective of legal science with specific focus on labor law, whose star phenomenon is outsourcing in the form of labor mediation, addressing the dimensions of this new form of contract and the search for provide an overview of outsourcing from the legal perspective and highlighting its concept, benefits and risks as well as similarities and differences in intermediation and outsourcing processes in Peru with the various legislations. In it, general objetive determines whether the Peruvian law, after the effective date of the Law on Labor Intermediation N° 27626, guarantees the obligations of social security of the highlights to the user enterprise workers, as aforementioned protective response of our system effects such joint and several liability is concentrated, to the insecurity of workers from the contractor and principal. Finally some alternative care that tend to minimize the effects mentioned above arises, since under the legislative provisions of Law N° 27626 is precarious. In this context, what is sought is to enable mutual enrichment and improvement in standards from national and international experience. ; Se ha elaborado el presente trabajo bajo la óptica de las ciencias jurídicas con enfoque específico en el derecho del trabajo, cuyo fenómeno estrella es la subcontratación en la modalidad de la intermediación laboral, abordando las dimensiones de esa nueva forma de contratar como en la búsqueda por ofrecer una visión general de la subcontratación desde el punto de vista jurídico y resaltando su concepto, beneficios y riesgos así como las similitudes y diferencias en los procesos de intermediación y tercerización en el Perú con las diversas legislaciones. En ella, se tiene como objetivo general determinar si la legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley de Intermediación Laboral N° 27626, garantiza las obligaciones de seguridad social de los trabajadores destacados a la empresa usuaria, como respuesta tuitiva de nuestro ordenamiento a dichos efectos que se concentra la responsabilidad solidaria, ante la inseguridad de los trabajadores frente a la empresa contratista y principal. Finalmente se plantea algunas alternativas de tutela que tienden a minimizar los efectos antes mencionados, puesto que el amparo legislativo previsto en la Ley N° 27626 es precario. En este contexto, lo que se busca es posibilitar el enriquecimiento y perfeccionamiento recíproco entre las normas a partir de la experiencia nacional e internacional.
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Tras un conciso repaso del marco legislativo español y análisis de los tipos de sujetos infractores, analizamos los supuestos en los que los entes carentes de personalidad jurídica propia pueden ser sancionados de modo independiente a sus socios, y terminamos el artículo exponiendo un análisis crítico a los supuestos de concurren¬cia de responsables y su relación con la responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de sanciones tributarias. After a concise revision of the Spanish legislative frame and analysis of the types of inobservant subjects, we analyze the as¬sumptions in which the non legal personality collectives can be sanc¬tioned in an independent way to its associates, and finish the article exhibiting a critical analysis to the offenders concurrence and its rela¬tion with assumptions of united or subsidiary responsibility in the payment of tributary sanctions.
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In: http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/29984
La teoría clásica al enseñar derecho penal rezaba que el ser humano es el único posible de imputación penal, basados en casi un mantra: societas delinquere non potest. (Gomez- Jara, 2016). Tradicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas se negaba sustentándose en tres argumentos; las sociedades no poseen capacidad de acción; tampoco tienen capacidad de culpabilidad; e igualmente carecen de capacidad para sufrir penas, lo que lleva a los sistemas clásicos a castigar solo como autores a las personas físicas. (Gonzáles, 2012, pág. 79). Los nuevos horizontes del Derecho Penal persiguen la criminalidad de entidades colectivas, (Gómez, 2014). El presente trabajo busca entender el esquema sobre la determinación de la responsabilidad de las personas jurídicas en el sistema de juzgamiento ecuatoriano, además analiza las dificultades técnicas que se presentan ante esta determinación y su juzgamiento criminal, con una visión precisa en el estado ecuatoriano a partir del presupuesto normativo introducido con el Código Orgánico Integral Penal (2014) y el modelo de responsabilidad penal que se pretende aplicar, (heterorresponsabilidad vs. autorresponsabilidad). Además, el presente trabajo a manera de derecho comparado revisa legislación penal sobre el tema de otros países y se fortalece al revisar jurisprudencia de tribunales supremos de otras jurisdicciones. El juzgamiento penal de las personas jurídicas y los principios procesales que son aplicables a las mismas es uno de los temas centrales sobre los que se enfoca el presente trabajo. (Castillejo, 2012); comenzando con comprender que no es lo mismo juzgar a una persona natural, que, a una persona jurídica. Es ineludible estudiar el sistema de juzgamiento penal ecuatoriano y su factibilidad para aplicarlo en contra de una persona jurídica, buscando como consecuencia la determinación de responsabilidad penal y por ende una condena. Es necesario poder determinar el modelo de responsabilidad penal para entidades colectivas con el fin de poder determinar el proceso de juzgamiento o el alcance que los derechos poseen en su favor. En esta perspectiva existen dos grandes caminos que se pueda optar, ya sea el modelo vicarial o transferencia de responsabilidad penal de personas físicas a entidades colectivas; o el modelo de responsabilidad autónomo que pretende juzgar penalmente a una persona jurídica por su propia injusto jurídico autónomo y distinto del que comete la persona física. El presente trabajo se plantea si los derechos y principios como la presunción de inocencia, en derecho al debido proceso, la seguridad jurídica puede o deben ser aplicados en defensa de entidades colectivas sometidas a un proceso que determine responsabilidad penal. ; The classic theory when teaching criminal law said that the human being is the only possible criminal imputation, based on almost a mantra: societas delinquere non potest. (Gomez-Jara, 2016). Traditionally, the criminal liability of legal persons was denied based on three arguments; societies do not have the capacity to act; they also have no capacity for guilt; and equally, they lack the capacity to suffer penalties, which leads the classical systems to punish only natural persons as authors. (Gonzales, 2012, page 79). The new horizons of Criminal Law pursue the criminality of collective entities (Gómez, 2014). The present work seeks to understand the scheme on the determination of the liability of legal persons in the Ecuadorian judiciary system, in addition to analyzing the technical difficulties that arise in the face of this determination and its criminal prosecution, with a precise vision in the Ecuadorian state from of the normative budget introduced with the Organic Comprehensive Penal Code (2014) and the model of criminal responsibility that is intended to be applied (heterorresponsibility vs. self-responsibility). In addition, the present work as a comparative law reviews criminal legislation on the subject of other countries and is strengthened by reviewing jurisprudence of supreme courts of other jurisdictions. The criminal prosecution of legal persons and the procedural principles that are applicable to them is one of the central issues on which this work focuses. (Castillejo, 2012); beginning with understanding that it is not the same to judge a natural person, that, a legal person. It is unavoidable to study the Ecuadorian criminal trial system and its feasibility to apply it against a legal person, seeking as a consequence the determination of criminal responsibility and therefore a conviction. It is necessary to be able to determine the model of criminal responsibility for collective entities in order to determine the trial process or the scope that rights have in their favor. In this perspective there are two major paths that can be chosen, either the vicarial model or transfer of criminal responsibility of natural persons to collective entities; or the model of autonomous responsibility that seeks to criminally judge a juridical person for its own unjust juridical autonomy and different from the one committed by the natural person. The present work raises if the rights and principles such as the presumption of innocence, right to due process, legal security can or should be applied in defense of collective entities subject to a process that determines criminal responsibility.
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In: https://eprints.ucm.es/id/eprint/11586/1/Pecia_2010%282%29-3.pdf
La legislación sobre patrimonio cultural establece el control necesario para determinar aquellos elementos culturales que deben conservados y transmitidos frente a los que no. La sociedad establece así el mecanismo de protección necesaria para la conservación futura de los bienes patrimoniales. Conceptos como coleccionismo de obras de arte y bibliofilia en el caso de los libros han estado presentes a lo largo de la historia y en buena medida han sido el germen de los actuales museos y bibliotecas nacionales.[ABSTRACT]The cultural heritage legislation provides the control necessary to determine those cultural elements that must be preserved and transmitted versus those without. The society itself provides mechanisms necessary for future conservation of heritage. Concepts such as collecting and bibliophily in the books case, have been present throughout history and have largely been the starting point for today's national museums and libraries.
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In: Revista de estudios políticos, Heft 115, S. 155-182
ISSN: 0048-7694
In: Estudios de Deusto, Band 50, Heft 1, S. 11
ISSN: 2386-9062
Sumario: 1 y 2: Propósito y límites. 3 a 8: «Responder». 9 a 16: «Responsable». 17 a 20: «Responsabilidad». 21: Las tres palabras, en el Código civil.
In: Isegoría: revista de filosofía moral y política, Band 0, Heft 45, S. 595-608
ISSN: 1988-8376
In: http://hdl.handle.net/10396/15103
El prestar servicios y realizar un trabajo, en ocasiones, constituye una situación de riesgo para la vida y salud de los trabajadores al estar expuestos a enfermedades profesionales o producirse accidentes laborales. La determinación de las consecuencias jurídicas de los daños producidos a la salud de los trabajadores o por el mero hecho del incumplimiento de la normativa preventiva, debe analizarse de forma subjetiva tanto para el afectado como para quien debe responder. La normativa de prevención de riesgos laborales centra en el empresario la responsabilidad por el incumplimiento de la misma, responsabilidad que puede ser administrativa, civil y penal. Con esta investigación se busca aclarar las singularidades de esas numerosas formas de responsabilidad, sus propósitos y posibles concurrencias, con especial incidencia cuando los accidentes laborales ocurren dentro del lugar de trabajo. Los accidentes laborales no suponen ninguna novedad reciente, pero no es menos cierto que la situación, como se ha comprobado en los últimos años, se ha agravado de manera acuciante fruto de una mayor precariedad laboral. Dicha situación coexiste con unos niveles de siniestralidad difícilmente aceptables para la sociedad moderna. El presente trabajo pretende elaborar un análisis técnico-jurídico sobre los aspectos centrales de las actuaciones emprendidas en materia de responsabilidades derivadas de un accidente laboral, la asunción de las mismas por los sujetos intervinientes en la actividad de la empresa, la reparación de daños y perjuicios causados al trabajador y la diversidad de sanciones a las que puede verse sometido el empresario, por el incumplimiento de su deber de protección. Se pretende a través la exploración de las diferentes responsabilidades existentes derivadas de un accidente laboral, poner de manifiesto la relevancia de las mismas para llevar a cabo una adecuada actividad organizativa por parte de los empresarios en materia de prevención de riesgos laborales conforme a la legislación vigente, adquiriendo formación, conocimiento y competencia profesional. ; Carrying out the work within a company constitutes - in many cases - a situation of risk for its workers' life and health. The determination of the legal consequences of the damage caused to workers' health – work-related accidents or occupational diseases - or by the mere fact of breaching regulations on Labor Risk Prevention is, however, almost impossible in general without making reference to the diversity of responsible subjects in the various legal systems. Regulations on Labor Risk Prevention focus on entrepreneurs the responsibility for breaching them. This responsibility can be administrative, civil and criminal. This paper focuses on unraveling the peculiarities of these different forms of liability, their purposes and possible coincidences, with a special emphasis on accidents which occur within business organizations. This subject deserves special attention when it comes to legal persons and the theory of compensation for faults followed by some case law, as it is unknown that it is the businessman who has a legal obligation, in addition to decision-making power and he also benefits from the activity in which the accident takes place. While the problem of occupational accidents and the legal implications associated with them is not a novelty, the fact remains that the situation has been aggravated in an acute way in recent years. This situation coexists with levels of occupational accidents which are hardly acceptable to our modern society. This essay aims at incorporating certain thoughts of legal and technical nature on aspects such as the legal thoroughness of the actions taken when it comes to attributing responsibilities, the proportionality of sentences and sanctions proposed, and often imposed. It is intended that from the knowledge about existing responsibilities, the organizational modality in terms of prevention is in accordance with the current legislation, acquiring the training, knowledge and professional competence required.
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La responsabilitat eventual de les plataformes de subhastes en línia per la venda de falsificacions de productes de marca constitueix un problema caracteritzat encara per una notable falta de seguretat jurídica. En aquest breu article s'analitza un dels punts essencials del debat: la discussió sobre l'aplicabilitat a aquestes plataformes de les normes que limiten la responsabilitat dels prestadors de serveis d'intermediació de la societat de la informació, i s'hi presta una atenció particular a diverses resolucions judicials dictades a França i a Bèlgica en assumptes que van enfrontar titulars de drets de marca contra eBay. ; The potential secondary liability of online auction platforms for counterfeit goods is still a problem marked by a large degree of legal uncertainty. This note analyzes one of the key issues in this debate: the discussion on the applicability of the rules that limit the liability of providers of information society services, paying special attention to the rulings issued in France and Belgium in cases brought by trademark rights holders against eBay. ; La eventual responsabilidad de las plataformas de subastas en línea por la venta de falsificaciones de productos de marca constituye un problema caracterizado todavía por una notable falta de seguridad jurídica. En este breve artículo se analiza uno de los puntos esenciales del debate: la discusión sobre la aplicabilidad a estas plataformas de las normas que limitan la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información, prestando una atención particular a diversas resoluciones judiciales dictadas en Francia y Bélgica en asuntos que enfrentaron a titulares de derechos marcarios contra eBay.
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In: http://hdl.handle.net/10272/14321
La exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas, introducida en España por la reforma operada en 2010, suscita no pocas cuestiones controvertidas cuyo esclarecimiento resulta esencial. Basada en los delitos cometidos por administradores, representantes y hasta empleados de las entidades con personalidad jurídica, a partir del estricto tenor literal interpretado aisladamente, hay quien sostiene que el modelo seguido es un sistema indirecto de atribución, en suma, de heterorresponsabilidad. Sin embargo, desde el prisma constitucional y de los principios penales fundamentales, no hay duda de que toda responsabilidad penal debe erigirse sobre un hecho injusto (y culpable) propio, por lo que los esfuerzos doctrinales dirigidos a la búsqueda de una adecuada fundamentación en esta línea se encuentran plenamente justificados. Por su parte, no dejan de ser muy cuestionables el numerus clausus adoptado y, muy en particular, la selección de las figuras delictivas abiertas a la generación de este tipo de responsabilidad, así como la restricción de las entidades susceptibles de ser declaradas penalmente responsables. Las críticas se extienden también a los defectos e insuficiencias del sistema de penas y las reglas de aplicación. La decisión político criminal supone en todo caso la plena incorporación del Derecho español al ya importante grupo de Estados europeos que asumen la necesidad del instrumento penal para hacer frente a la criminalidad de empresa, para la que los mecanismos sancionadores de carácter administrativo hace tiempo que demostraron su insuficiencia desde múltiples puntos de vista. ; The requirement for criminal liability to legal persons, which was finally introduced in Spain in the reform implemented in 2010, raises more than a few controversial issues that should be explained. Based on the crimes carried out by administrators, representatives, and even employees of entities with legal personality, from the separately understood literal wording, some claim that the adopted model is an indirect or attribution system, in sum, a system of hetero-responsibility. However, from the viewpoint of the Constitution and the basic criminal fundamentals, there is no doubt that any criminal responsibility must rest on a deed that is unfair (and guilty)proper, so doctrinal efforts aimed at finding a suitable foundation in this line are fully justified. On their part, the numerus clausus adopted and, most notably, the selection of the criminal types open to the generation of this kind of responsibility do not cease to be very questionable as well as the restriction of the entities which can be held criminally liable. The remarks also criticize the shortcomings and inadequacies of the system of penalties and enforcement rules. Anyhow, the criminal political decision involves full incorporation of Spanish criminal law in the already large group of European states that acknowledge the need for a crime instrument to address corporate crime, for which administrative sanction mechanisms have long proven their inefficiency from multiple standpoints.
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In: Relações internacionais no mundo atual, Band 4, Heft 25, S. 115
ISSN: 2316-2880
O presente trabalho analisa os reflexos da ética empresarial na responsabilização penal da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais. Para tanto, abordam-se algumas noções preliminares sobre a responsabilidade penal dos entes coletivos, sobretudo o fundamento jurídico constitucional e legal, além do fundamento sociológico relacionado com a sociologia do risco. Em seguida, explora-se as características e bem jurídico tutelado nos crimes ambientais. Na sequência, passa-se a estudar a ética, com ênfase na ética empresarial, principalmente no que se refere a análise dos riscos no processo de tomada de decisões no âmbito corporativo. Finalmente, tecem-se breves comentários sobre como a ética empresarial impacta no tema da incriminação dos entes coletivos. Palavras-chave: ética, ética empresarial, responsabilidade penal da pessoa jurídica, crimes ambientais.
In: Estudios de Deusto, Band 49, Heft 1, S. 11
ISSN: 2386-9062
Sumario: 0. Propósito de este trabajo y resumen de sus conclusiones. I. El estado de la cuestión: A) Aspectos sociológicos. B) Acciones legales y administrativas. C) Expresiones judiciales. D) Los datos físicos y biológicos. E) El punto de vista técnico jurídico. Perspectivas del problema: la doctrina de las «inmisiones» y la teoría de la responsabilidad civil. Preguntas sobre la carga de la prueba. II. Una proposición, a modo de «tesis». III. Argumentación. El «estado de la ciencia». Precisiones sobre el llamado «principio de precaución». La representativa sentencia de 8 de febrero de 2002 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Murcia: delimitación del problema e ilustración al órgano judicial sobre el «estado de la ciencia».
In: Derecho. Instituto García Oviedo 17