El artículo tiene como objetivo analizar el modelo social incorporado en la Directiva 2004/38/CE en el marco de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El artículo está dividido en dos partes. En la primera se describe la evolución del modelo de coordinación social de la Unión Europea y los avances propuestos por el TJCE a partir de la ciudadanía europea sobre el acceso a las prestaciones sociales (Martínez Sala, Grzelczyk y Collins). La segunda parte del artículo describe el modelo social incorporado en la Directiva 2004/38/ CE y los cambios que éste supuso para la jurisprudencia que venía dictando el TJCE. El artículo concluye que la Directiva 2004/38/CE tuvo un papel de contención frente los pasos dados por el Tribunal para incluir los derechos sociales en la ciudadanía de la Unión; además, la Directiva fragmentó la interpretación del principio de no discriminación para los ciudadanos no económicamente activos.
La Cátedra electiva Problemática de la Vivienda Popular de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba (FAUD-UNC). Nació en 1991 con la voluntad de canalizar en el claustro la problemática de la vivienda social, con el renovado enfoque que desde otras facultades, organismos de investigación y ONG argentinas había re-encauzado el abordaje del tema después del retorno a la democracia, mediando los '80. ; Fil: Ferrero, Aurelio Antonio. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnol.conicet - Cordoba. Centro Experimental de la Vivienda Economica(i); Argentina. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Argentina ; Fil: Rebord, Gustavo. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Argentina ; Fil: Velez, Luis. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Argentina ; Fil: Mulatero Bruno, Daniela. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Argentina ; Fil: Astesano, Cristina. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Argentina ; Fil: Pelegrin, Gustavo. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnológico Cordoba. Centro Experimental de la Vivienda Economica(i); Argentina
This work describes the administrative procedure follwed by the Social Security General Treasury, as Management Entity, in order to obtain the refund or reimbursement of allowances unlawfully received by alleged beneficial owners, especially in the case of non-contributory benefits, within the area of Andalusia Autonomous Community. Firstly, it is made a short draft of those common or general aspects in all the autonomous communities, in accordance with the Spanish political structure. Secondly, it is analised some inherent aspects to the non-contributory benefits: what they are, who the profit, how they are bestowed, which their quantity is and how they expire. Thus, it can be valued the incidence in the Andalusia A C regarding the non-contributor benefits as an integral part the Spanish Social Security. Finally, it also deals with the proceedings which are to be followed for the reimbursement of the allowances unlawfully received by the beneficial owners in accordance with the procedure provided by our legal system so that every autonomous community must be a warrantor of both, the appropriate assignment of the allowances, as well as the drawback or reimbursement of the quantities received by the beneficial owners unlawfully, having been originated by mistake made by the Public Administration or due to default, counterfeit or intentional alteration of data by the beneficial owners. ; Este trabajo describe el procedimiento administrativo que sigue la Tesorería General de la Seguridad Social, como Entidad Gestora, para obtener la devolución o reintegro de prestaciones percibidas indebidamente por supuestos beneficiarios, sobre todo, en el caso de las pensiones no contributivas dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En primer lugar, se hace un pequeño bosquejo de aspectos que son comunes o generales a todas las comunidades autónomas, de acuerdo con la estructura política de España. En segundo lugar, se analizan algunos aspectos inherentes a las pensiones no contributivas: para qué son, a quienes benefician, cómo se otorgan, cuál es su cuantía y cómo se extinguen, para valorar así la incidencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuanto a las pensiones no contributivas como parte integrante de la Seguridad Social española. Por último, se aborda el procedimiento que debe seguirse para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas por parte de los beneficiarios, de acuerdo con lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, de manera que cada Comunidad Autónoma debe ser garante, tanto de la correcta asignación de las prestaciones como del retorno o reintegro de las cantidades percibidas por beneficiarios de manera indebida, sea originada por errores cometidos por la propia Administración Pública, o por omisión, falsedad o alteración intencionada de datos por parte del beneficiario.This work describes the administrative procedure follwed by the Social Security General Treasury, as Management Entity, in order to obtain the refund or reimbursement of allowances unlawfully received by alleged beneficial owners, especially in the case of non-contributory benefits, within the area of Andalusia Autonomous Community. Firstly, it is made a short draft of those common or general aspects in all the autonomous communities, in accordance with the Spanish political structure. Secondly, it is analised some inherent aspects to the non-contributory benefits: what they are, who the profit, how they are bestowed, which their quantity is and how they expire. Thus, it can be valued the incidence in the Andalusia A C regarding the non-contributor benefits as an integral part the Spanish Social Security. Finally, it also deals with the proceedings which are to be followed for the reimbursement of the allowances unlawfully received by the beneficial owners in accordance with the procedure provided by our legal system so that every autonomous community must be a warrantor of both, the appropriate assignment of the allowances, as well as the drawback or reimbursement of the quantities received by the beneficial owners unlawfully, having been originated by mistake made by the Public Administration or due to default, counterfeit or intentional alteration of data by the beneficial owners.
La separación y, en muchos casos, desconexión entre el sistema de protección social y el sistema fiscal supone problemas de consistencia entre sus respectivos objetivos y efectos. En tiempos recientes, diferentes estudiosos de la política social y fiscal, así como diferentes medidas de política pública adoptadas en numerosos países de la Unión Europea, han abierto el camino para avanzar sustancialmente en la integración de impuestos y prestaciones sociales (o tax-benefit integration). En este artículo presentamos la lógica de la integración entre impuestos y prestaciones, y sometemos a consideración sus ventajas y limitaciones en el actual contexto de crisis económica y contracción del gasto público. ; The separation and even disconnection between social benefits and the tax system generates a lack of consistency between these systems' respective aims and impacts. In recent times, the work of a number of scholars in social and tax policy, as well as some public policies adopted by different countries in the European Union, have opened the way for substantial advances in tax-benefit integration. This article presents the basic rationale behind tax-benefit integration, and discusses its pros and cons in the present context of economic crisis and retrenchment of public budgets.
Aunque el derecho a la Seguridad Social aparece regulado en numerosos Tratados internacionales, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni sus Protocolos Adicionales la contemplan. Y, sin embargo, son numerosas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tienen por objeto la tutela del derecho a percibir prestaciones sociales contributivas, no contributivas y de naturaleza mixta. El elemento en común que tienen esas sentencias –que se analizan en el primer bloque– es que el Tribunal parte de la premisa de que el derecho a prestaciones sociales es un derecho de propiedad tutelable al amparo del artículo primero del Primer Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En base a dicho precepto España ya ha sido condenada en dos ocasiones en materia de pensiones de Seguridad Social. Esta jurisprudencia podría convertirse, además, en un límite a la potestad legislativa de los Estados que, como España, introdujeron importantes recortes en materia de pensiones en los años más duros de la última crisis económica y financiera mundial. En el segundo bloque se estudia el impacto de dicha jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del que la cuestión prejudicial Florescu es, hoy por hoy, la única exponente. Por último se analiza la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional que viene manteniendo el criterio que en materia de prestaciones sociales no existe un derecho de propiedad, sino una expectativa de derecho no indemnizable ; Although the right to Social Security is regulated in numerous international Treaties, neither the European Convention on Human Rights nor its Additional Protocols contemplate it. Nevertheless, there are numerous judgments of the European Court of Human Rights that have for object the protection of the right to receive social contributory, non-contributory and of a mixed nature benefits. The common element in these judgments - which are analyzed in the first block - is that the Court starts from the premise that the right to social benefits is a property right that can be protected under the first article of the First Additional Protocol to the European Convention. of Human Rights. Based on this precept, Spain has already been sentenced twice in cases related to Social Security pensions. This dence could also become a limit to the legislative power of States that, like Spain, introduced important pension cuts in the harshest years of the last global economic and financial crisis. The second block examines the impact of this jurisprudence of the European Court of Human Rights in the Court of Justice of the European Union, of which the preliminary question Florescu is, at present, the only exponent. Finally, we analyze the jurisprudence of our Constitutional Court that has maintained the criterion that in the field of social benefits there is no property right, but an expectation of non-compensable right ; Ministerio de Economía y Competitividad DER 2017-83040-C4-3-R
SUMARIO:
I. INTRODUCCIÓNII. APUNTES DE FUGA DE LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICOIII. LA SUJECIÓN DEL CONCIERTO SOCIAL A LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICOIV. CONCLUSIONES
La seguridad social brasileña, garantizada por la Constitución federal de 1988, comprende los derechos relativos a la salud, previsión social y asistencia social. El Beneficio de Prestación Continua (BPC) fue aprobado en los objetivos de la política de asistencia social y está regulado por la Ley Orgánica de Asistencia Social de 1993. Esta prestación garantiza un salario mínimo mensual a las personas con discapacidad y a las personas mayores. Para acceder a esta ayuda los requisitos que hay que cumplir son: la evaluación médica y social de la persona con discapacidad, la edad de 65 años para la persona mayor, y para ambos, la renta per capita del núcleo familiar, cuyo valor ha de ser inferior a la cuarta parte del salario mínimo. Con la regulación del BPC se han producido avances y retrocesos en la legislación y en su ejecución, de ahí que este artículo se propone presentar: una reflexión teórica, el análisis de la legislación sobre la temática y algunas consideraciones sobre los desafíos que se plantean para los trabajadores sociales.
El Derecho de la Unión Europea otorga un tratamiento especial a los servicios que se prestan a las personas. La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tenido oportunidad de abordar en varios pronunciamientos los aspectos nucleares de este tratamiento: por un lado, el de las fórmulas de gestión (indirectas) contractuales y no contractuales y sus requisitos de procedencia. Y, por otro, el de las reglas particulares aplicables a la participación de las entidades sin ánimo de lucro en su prestación. Este trabajo revisa la citada doctrina jurisprudencial, prestando especial atención al reciente pronunciamiento del TJUE de 14 de julio 2022 asunto C-436/20 caso ASADE, cuya importancia radica en consolidar algunas líneas interpretativas previas del TJUE y avanzar en la clarificación del tratamiento a estos servicios.
