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Partiendo de los antecedentes legislativos de la vigente normativa en materia de inmigración, el presente artículo realiza un análisis crítico de la misma. Los autores de este trabajo consideran que la Ley 8/2000 no es oportuna -no parecen aceptables los motivos aducidos para su promulgación- ni aceptable en muchas de las soluciones que adopta: las restricciones establecidas para ciertos derechos fundamentales de los inmigrantes, la confusión que impera entre la inserción social de los inmigrantes y su inserción cultural, el tratamiento que otorga al reagrupamiento familiar, las garantías jurídicas que establece para los inmigrantes, etc. Desgraciadamente el reglamento que desarrolla la Ley es todavía más restrictivo. Por todo ello la conclusión a la que se llega no puede ser más desalentadora: "La política de inmigración en este país se sigue basando exclusivamente sobre un sistema de cierre de fronteras y de control del flujo de inmigrantes. Con estos ingredientes va a ser muy difícil llegar a una solución global del problema de la inmigración".

En la sesión plenaria celebrada el 30 de marzo, ha concluido exitosamente la tramitación de cinco proposiciones de ley -presentadas conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por Andalucía y Andalucista- cuya transcendencia es evidente, a saber: Ley por la que se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta; Ley relativa a la modificación de la Ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración andaluza y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos; Ley reguladora del Consejo Consultivo de Andalucía; Ley por la que se modifica la Ley Electoral de Andalucía y, por último, la Ley reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía. Se trata, como es manifiesto, de un muy relevante paquete legislativo en el que, en buena medida, ha venido a plasmarse el "impulso democrático" que, desde el Ejecutivo, se ha pretendido imprimir en la presente Legislatura. Y aunque todas ellas se hacen acreedoras -por diversos motivos- de un tratamiento específico, dado lo limitado del espacio, nos referiremos en las siguientes páginas únicamente a la Ley electoral y a la Ley reguladora del Consejo Consultivo.