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Editorial Aniversario y balance Por una renovación de la agenda historiográfica de las izquierdas Colectivo Editor Se han cumplido veinte años ya de aquel viernes 3 de abril de 1998 en que el CeDInCI abriera por primera vez sus puertas en el barrio porteño de Almagro. Poco antes de la universalización del correo electrónico, y a través del antiguo sistema de invitación por tarjeta de cartón, del rumor boca a boca y el llamado telefónico, más de doscientos asistentes desbordaron la vieja casa de la calle Sarmiento cuando todavía olía a pintura fresca. Más de la mitad de los concurrentes debió esperar en la calle a que salieran los primeros para poder ingresar. ¿Qué fue lo que convocó en aquellos años de reflujo de las izquierdas y de apogeo del menemismo a las más diversas figuras de la cultura argentina, desde David Viñas a Juan José Sebreli, desde Emilio J. Corbière a Mary Feijóo, desde José Sazbón a Abel Alexis Lattendorf? Sin lugar a dudas, la expectativa de que, finalmente, un centro de documentación concebido a la manera de las modernas instituciones europeas pudiera recoger en un espacio único y plural el patrimonio documental de los movimientos sociales y las izquierdas que hasta entonces se dispersaba, y a menudo se perdía. Sin embargo, esa fundación no vino, como suele decirse, a "llenar un vacío". Fue necesario librar a lo largo de los años una verdadera batalla cultural para introducir en la agenda pública y en la agenda social el concepto de patrimonio documental. Para entonces, cuando el primero de estos términos era apenas un sinónimo de patrimonio arquitectónico, el legado documental era una noción carente de sentido. En lo que a la cultura de izquierdas respecta, los fondos personales de militantes, dirigentes, sindicalistas, escritores y editores, o los acervos de pequeñas organizaciones políticas y sociales se volatilizaban; y con ellos, la posibilidad de escribir la historia de las izquierdas, de los movimientos sociales, de las clases subalternas. La fundación del CeDInCI conjuró para siempre aquel desdén, aquel olvido. Desde ese abril de 1998 su acervo creció exponencialmente. Veinte años después, se contabilizan con nombre y apellido casi dos mil donantes. A pesar de su fragilidad institucional —apenas una asociación civil sin fines de lucro, gestionado por un equipo de una decena de profesionales—, el CeDInCI apareció a lo largo de estos años como un espacio que ofrece a los donantes garantías de transparencia, estabilidad y pluralidad. La modernización que propuso el CeDInCI en el terreno bibliotecológico, hemerográfico y archivístico vino estrechamente ligada a una propuesta de renovación historiográfica. Poner a disposición de los investigadores un acervo documental cuantioso, rico y diverso era condición necesaria pero no suficiente para una actualización de los estudios sobre las izquierdas. Recordemos brevemente aquel contexto. Para fines del siglo XX el estudio de las izquierdas estaba fuera de la agenda historiográfica. La historia obrera, una de las ramas que se había desprendido de la historia social a mediados del siglo XX, había quedado reducida a un rol residual, apenas cultivada por un porfiado puñado de historiadores, entre los que sobresalía la figura tutelar de Alberto Pla, fallecido en 2008. El cierre del CICSO (un centro de investigación fundado en 1966 que había producido una obra colectiva de referencia a comienzos de la década de 1970),[1] la dispersión de sus investigadores más reconocidos y la donación de su archivo a una institución tan poco previsible como la SADE (Sociedad Argentina de Escritores) constituían un síntoma elocuente de aquel fin de ciclo. Algunos de los historiadores obreros más jóvenes apelaban por entonces a la renovación que había conocido la historiografía inglesa desde la década de 1960, pero a menudo sus referencias a las obras de un E. P. Thompson fueron, antes que un índice de lecturas fructíferas o una puesta en acto de sus aportes teórico-conceptuales, verdaderos modelos de citas de autoridad.[2] Mientras estos historiadores obreros resistían desde un paradigma historiográfico francamente conservador (una teoría de la clases sociales y de su conciencia de corte leninista, una reificación del conflicto social y una metodología positivista de recolección "objetiva" de "datos"), la historiografía conocía una renovación vertiginosa a escala global, que socavaba incluso muchos de sus supuestos epistemológicos. Desde el impacto del "giro lingüístico" hasta al correspondiente al "giro material" (por no hablar del más reciente "giro reflexivo"), tanto la microhistoria, la historia de las mujeres, la historia de lo cotidiano, la historia de la sexualidad, la historia social de la cultura como la nueva historia política conmovían los cimientos de la profesión, despertaban la vocación de los nuevos historiadores y reorientaban incluso los intereses muchos investigadores formados. De modo que para fines de la década de 1990 la mayor parte de los miembros del PEHESA,[3] un centro fundado en 1977 a comienzos de la última dictadura militar y que había venido a modernizar los estudios de historia social, habían abandonado la historia obrera stricto sensu. Si bien durante algunos años prosiguieron los trabajos de Silvia Badoza sobre la Sociedad Tipográfica Bonaerense, los de Mirta Lobato sobre las obreras de los frigoríficos de Berisso, los de Juan Suriano sobre el anarquismo argentino o los de Ricardo Falcón sobre la formación de la clase obrera en la segunda mitad del siglo XIX, buena parte de los investigadores fueron atraídos enseguida por otras demandas historiográficas. Suriano fue desplazando sus intereses desde el movimiento obrero anarquista hacia la cultura libertaria.[4] Leandro Gutiérrez —el principal inspirador de la historia y la cultura obrera, y su último cultor a tiempo completo, fallecido en 1992—, había iniciado junto a Luis Alberto Romero un desplazamiento de su objeto hacia los que entonces se designaban como "sectores populares".[5] Significativamente, la obra que reunía gran parte de los trabajos maduros de historia social y obrera de esa generación —nos referimos a Jeremy Adelman (ed.), Essays in Argentine Labour History 1870-1930— no encontró un editor en la Argentina.[6] Si la historia de la clase obrera se veía progresivamente desplazada de la renovada agenda historiográfica de fin de siglo, la historia de las corrientes de izquierda que no se encuadraba en lo que entonces llamábamos "historias oficiales", seguía siendo cultivada casi exclusivamente por el periodismo de investigación. La popularidad que gozaron en los años '80 y '90 las contribuciones sobre anarquismo, socialismo, comunismo y nueva izquierda de figuras como Osvaldo Bayer, Emilio J. Corbière, Isidoro Gilbert y María Seoane contrastaban con la reticencia de la historiografía académica frente a estos objetos. Sólo unas pocas obras clave nacidas entre esas dos décadas vinieron a dar una nota discordante en ese clima académico: nos referimos a Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930 (1988) de Beatriz Sarlo, Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina (1956-1966) (1991) de Oscar Terán, e Intelectuales y poder en Argentina en la década del sesenta (1991) de Silvia Sigal. Aunque respondían más a ejercicios de balance histórico por parte de intelectuales formados en las décadas pasadas que a la agenda académica de esos años, estas obras iban a abrir una brecha en la renovación historiográfica nacida con el nuevo siglo. Fue en ese contexto de innovación al mismo tiempo que de profesionalización de la historiografía argentina, que el CeDInCI postulaba en torno a 1998, además de la necesidad de un acervo documental, una agenda historiográfica para el estudio de las izquierdas y de las clases subalternas. Por supuesto, ya la propia organización de un centro que reuniera en forma integral y al mismo tiempo diferenciada áreas de biblioteca, hemeroteca y archivo, hablaba de una renovación respecto de las antiguas bibliotecas donde estas áreas solían estar confundidas. La hemeroteca adquiría en este proyecto un lugar central, poniendo a disposición de los investigadores un universo revisteril mucho más denso, diverso y proteico que el de las pocas revistas canónicas que había consagrado la historia literaria en el siglo XX. El archivo, centrado en los fondos de militantes, escritores y editores, venía a ofrecer un corpus hasta entonces apenas transitado por la historiografía. La novedad no estaba tanto en la diversidad de los soportes ofrecidos, como en el orden con que fueron organizados y presentados. La organización y la catalogación misma de los libros, los folletos, los afiches, los periódicos, las revistas, las cartas privadas, fueron concebidas desde un inicio para propiciar una historia renovada y multidimensional de las izquierdas. Borges decía que el orden de una biblioteca era un modo silencioso de ejercer la crítica. Para nosotros, el catálogo excedía su dimensión técnica, el orden de las piezas respondía a una perspectiva de la historia, el tesauro a un universo conceptual, la descripción se comprometía con la investigación. También el propio nombre de la institución, con su referencia expresa no a "la izquierda" lisa y llana, sino a una "cultura de izquierdas", sugería además de la pluralidad todo un abanico de dimensiones materiales, simbólicas e imaginarias de social y de lo político que connotaba el término cultura, excediendo con creces la clásica historia institucional centrada en pasar revista de los congresos, analizar la corrección de los discursos de los dirigentes y en contabilizar la cantidad de obreros que el partido controlaba entre los marítimos o los ferroviarios. El lanzamiento del CeDInCI fue acompañado de una serie de libros y de artículos de carácter programático elaborados por algunos de sus fundadores que en poco tiempo era asumida y enriquecida por una nueva camada de historiadores.[7] A contrapelo de un clima historiográfico en el que Marx y el marxismo eran sacrificados en el altar del "fin de las ideologías", esos textos, al mismo tiempo que celebraban la profunda renovación historiográfica en curso, se esforzaban en mostrar el estímulo intelectual y el provecho historiográfico que ofrecían ciertas figuras y conceptos forjados por el marxismo crítico de un Gramsci o un Benjamin, así como por historiadores marxistas extraacadémicos olvidados como Issac Deutscher, Arthur Rosenberg o Fernando Claudín. Pugnaban, asimismo, por mostrar los signos de renovación de la historia social británica a los que la academia argentina comenzaba a darle la espalda —desde los estudios clásicos de Eric Hobsbawm, E.P. Thompson y Raymond Williams hasta los de Raphael Samuel, Perry Anderson y Gareth Stedman Jones—, la innovación historiográfica que había representado en las décadas de 1970 y 1980 la obra de figuras como Robert Paris, Georges Haupt y Franco Andreucci para la historia del marxismo y las internacionales obreras, así como los aportes contemporáneos de la sociología de la cultura (Pierre Bourdieu y su escuela) y la sociología de los intelectuales revolucionarios (Michael Löwy). La nueva historia de las izquierdas y de las clases subalternas incluía y al mismo tiempo excedía la historia partidaria, la historia obrera o la historia del mundo del trabajo. Proponía, por ejemplo, otras claves para repensar la dimensión institucional (desde el socioanálisis de René Lourau y Georges Lapassade hasta la teoría foucaultiana de los micropoderes, pasando por la dimensión imaginaria teorizada por Cornelius Castoriadis),[8] incorporaba la perspectiva de género y el concepto de vida cotidiana para repensar las subjetividades militantes, dialogaba con los aportes conceptuales y metodológicos de la sociología cultural, de la historia intelectual y la historia del libro y la edición para reconsiderar dimensiones claves de la cultura de izquierdas, hasta entonces apenas exploradas en nuestro país por unos pocos estudios pioneros, como los de Dora Barrancos. El CeDInCI promovió un diálogo productivo de la historia de las izquierdas con la nueva historia intelectual, menos atento a ciertas prescripciones de la Escuela de Cambridge de Skinner y Pocock —sobre todo las que parecen "querer apresar las ideas de una época en sus marcos lingüísticos"[9] — que a las vertientes que ponen en el centro los soportes materiales de los procesos históricos de la cultura, aquellos que se resisten a ser simplemente reducidos a texto. Comprometida en un proyecto de historización radical de las ideas, Políticas de la Memoria promovió estudios y debates sobre la problemática de la recepción y la circulación internacional de ideas y saberes, poniendo sobre todo de relieve los problemas de "traductibilidad", los "desvíos" y "malentendidos" propios de las "ideas fuera de lugar". Dentro de la renovación que conoce la historia de los intelectuales, nuestra revista atendió antes que nada a la dimensión relacional de la historia social de la cultura, prestando especial atención a las redes intelectuales, las redes editoriales y las redes revisteriles. Siguiendo estas líneas, fue plataforma de difusión de diversos referentes de esa renovación historiográfica como Enzo Traverso, Bruno Groppo, Perry Anderson, Christophe Prochasson, Daniel James, Judith Revel, Roberto Schwarz, Ricardo Melgar, Claudio Batalha, Ricardo Piglia, Giselle Sapiro, Jean-Yves Mollier, Vivek Chibber, Philippe Artières y Dominique Kalifa, entre muchos otros. Una política de edición que anticipó y complementó una revista hermana del CeDInCI como El Rodaballo, menos acotada al campo historiográfico y más abierta a los debates intelectuales, que dio a conocer entre 1994 y 2006 textos inéditos en español de Toni Negri, Michael Hardt, Perry Anderson, Robin Blackburn, Michael Löwy, Boris Kagarlitsky, Nancy Fraser, Judith Butler, André Gorz, John Holloway, Frédrik Jameson, Robert Castel, Daniel Bensaïd, Richard Greeman, Terry Eagleton, Etienne Balibar, Régis Debray y René Lourau, entre muchos otros. Con el apoyo de estas renovadas lecturas, Políticas de la Memoria garantizaba la puesta en circulación de un amplio espectro de problemas referidos al mundo de la cultura de izquierdas en Argentina, Latinoamérica y Europa; participando, de este modo, de diferentes y entrecruzadas agendas historiográficas, debates político-académicos y temas de marcada recurrencia entre historiadores y cientistas sociales. A partir de la publicación de artículos, dossiers e intervenciones se abordaron cuestiones como la recepción argentina de Marx y la configuración de una cultura marxista en nuestro país, la formación y las derivas del socialismo argentino, las vicisitudes del anarquismo en América Latina, la historia intelectual del comunismo latinoamericano, el sindicalismo y sus diversas corrientes ideológicas, el antiimperialismo en los albores del siglo XX, el indigenismo y los latinoamericanismos, los intelectuales y su relación con la política revolucionaria, los avatares del trotskismo en la Argentina, del peronismo de izquierda, de las "nuevas izquierdas" y de los grupos armados a nivel continental. Asimismo, Políticas de la Memoria dio lugar a debates recientes sobre la historia europea contemporánea (guerras mundiales, revolución rusa, totalitarismos, guerra fría), ofreciendo estudios referidos al desarrollo de los partidos socialistas y comunistas a nivel mundial y a la historia de las Internacionales Obreras. La historia del marxismo europeo y latinoamericano ocupó en sus páginas un lugar sostenido, lejos tanto del desdén de la historia académica como de los abordajes trillados de los órganos semipartidarios. La serie sobre las sucesivas "crisis del marxismo", aún en curso de publicación, ofreció textos hasta entonces inéditos en español de Masaryk, Sorel, Croce, Gentile y Mondolfo, así como los sustantivos estudios introductorios de Daniel Sazbón, Miguel Candioti y Horacio Tarcus. Finalmente, debemos destacar al anuario como uno de los pioneros en la difusión de estudios y debates sobre los movimientos feministas y sobre la cuestión sexo-genérica en la cultura de izquierdas. En la construcción sostenida de esta singular agenda de temas y de problemas, no fue menor la exhumación de documentos inéditos (piénsese en la correspondencia cruzada entre Ingenieros, Darío y Lugones, en las cartas de Simón Radowitzky a Salvadora Medina Onrubia, en la correspondencia de Mario R. Santucho con Carlos Astrada, en la de José Aricó con Héctor P. Agosti, o en las Actas del Comité Obrero de 1890) así como la incorporación de trabajos que reconstruyen la trayectoria biográfica, política e intelectual de figuras clave en la historia de las izquierdas, como Germán Avé-Lallemant, Virginia Bolten o Ernesto Laclau. Por su parte, la publicación de reseñas críticas, fichas de libros y de revistas que ofrece cada año Políticas de la Memoria —secciones que fueron engrosándose hasta formar parte constitutiva del anuario—, constituyen un insumo fundamental de actualización bibliográfica para cualquier interesado en el mundo de las izquierdas. Pero el aporte de Políticas de la Memoria a los estudios sobre la cultura de izquierdas no es simplemente temático. Su contribución tampoco se resume en la incorporación y en la difusión de autores y de obras de reconocimiento internacional. El anuario interviene en el debate de ideas y se interesa por diferentes perspectivas historiográficas: a su modo, ha formado parte del cultivado campo de la historia intelectual argentina y latinoamericana, ha mostrado un interés sostenido pero también crítico por los modos en que a menudo se cultiva la historia reciente, dando lugar a debates sobre la relación entre historia y memoria, y señalando las potencialidades y los límites de la historia oral. Políticas de la Memoria ha sido pionera en difundir nuevas corrientes de investigación dedicadas a la historia del libro y la edición, a las políticas de archivo y a la relación entre historia cultural y nueva historia política. El mero enunciado de los ejes temáticos con que fueron convocadas las sucesivas Jornadas de Historia de las Izquierdas del CeDInCI a lo largo de los últimos 20 años ofrece un índice ilustrativo de su programa historiográfico, tal y como se fue desplegando a lo largo del tiempo: "Exilios políticos latinoamericanos y argentinos" (2005); "Prensa política, revistas culturales y emprendimientos editoriales de las izquierdas latinoamericanas" (2007); "¿Las 'ideas fuera de lugar'? El problema de la recepción y la circulación de ideas en América Latina" (2009); "José Ingenieros y sus mundos" (2011); "La correspondencia en la historia política e intelectual latinoamericana" (2013); "Marxismos latinoamericanos. Tradiciones, debates y nuevas perspectivas desde la Historia cultural e intelectual" (2015); "100 años de Octubre de 1917: Peripecias latinoamericanas de un acontecimiento global" (2017). El estudio de Juan Maiguashca incluido recientemente en Marxist historiographies. A global perspective tomaba justamente a las Jornadas del CeDInCI como un índice de la renovación historiográfica latinoamericana de izquierdas posterior a los años de la "crisis del marxismo".[10] El historiador ecuatoriano, actualmente profesor de la Universidad de York, Canadá, ofrecía un cotejo entre los que identificaba como los dos polos paradigmáticos de la renovación del marxismo historiográfico de inicios de siglo: la revista mexicana Contrahistorias. La otra mirada de Clío, que fundó en 2003 Carlos Antonio Aguirre Rojas, y las jornadas bianuales del CeDInCI. Maiguashca reconocía como notas distintivas del caso argentino la creciente voluntad de exceder los límites de la historia nacional para abrazar un horizonte latinoamericano; la consolidación de un espacio de diálogo que vino a reemplazar "las actitudes solipsistas de antaño"; el rigor en el tratamiento y el citado de las fuentes; la apertura hacia los diversos marxismos y más allá de los marxismos; y la ampliación del universo de la cultura de izquierdas hacia problemáticas antes negadas o desconocidas como el feminismo, los movimientos sociales o la memoria histórica. "La preocupación obsesiva con las clases se ha ido y los participantes están comenzando a explorar con una mente abierta las importaciones analíticas de otras variables: etnia, género, territorio, entre otros".[11] Además de sus jornadas bianuales, el CeDInCI organizó o promovió la coorganización de encuentros académicos sobre campos de estudio más amplios, como los Coloquios Argentinos de estudios sobre el libro y la edición (2012, 2016 y 2018), los Encuentros de Investigadore/as del Anarquismo (2007, 2009, 2011, 2013 y 2015), el Primer Congreso de Investigadorxs sobre Anarquismo (2016), o las Jornadas de Archivo (2015 y 2017) así como el Encuentro nacional de Teoría Crítica José Sazbón (Rosario, 2010), las Jornadas Internacionales José María Aricó (Córdoba, 2011) y las Jornadas A 100 años de la Reforma Universitaria. Historia, Política, Cultura (Rosario, 2018). Además, en los últimos años, se han creado en el marco del CeDInCI dos nuevos espacios específicos que han mancomunado archivo e investigación. Primero, el Programa de Investigación del Anarquismo que animó, junto a otros colegas, un proceso de intercambio que culminó con la organización del Congreso de 2016 cuya continuidad, en un Segundo Congreso Internacional de Investigadorxs del Anarquismo, se celebrará en Montevideo en 2019. A su vez, en el año 2017 se creó el Programa de memorias políticas feministas y sexogenéricas que, con una notable Colectiva asesora, lleva adelante un intenso trabajo de recuperación, preservación y disposición a la consulta pública de un invaluable material que se encontraba en riesgo de pérdida, disperso o inaccesible. Finalmente, el CeDInCI fue parte activa de las sucesivas Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, librando batallas, desde sus primeras manifestaciones en el año 2003 y hasta el presente, a favor de esa historia crítica que se resiste a ser avasallada por la memoria; el CeDInCI protagonizó asimismo las primeras manifestaciones pluralistas de los Congresos de Historia Intelectual Latinoamericana (CHIAL) realizados en Medellín (2012) y Buenos Aires (2014), tomando luego prudente distancia de un espacio que fue adquiriendo en México (2016) y más gravemente en Santiago de Chile (2018) contornos elitistas y conservadores. * * * A lo largo de estos 20 años, la producción historiográfica sobre las izquierdas conoció una expansión inédita, no sólo en nuestro país sino en toda América Latina. En los textos programáticos de la década de 1990 que anunciaban el nacimiento del CeDInCI, la bibliografía argentina sobre las izquierdas apenas superaba una carilla. Hoy contamos con una masa de estudios sobre el anarquismo, el socialismo, el reformismo universitario, el comunismo, el antifascismo, el trotskismo, el peronismo revolucionario y las diversas expresiones de la nueva izquierda que se ha tornado prácticamente inabarcable. El espectro tradicional de las izquierdas se fue complejizando con la indagación focalizada en ciertos cruces, préstamos e hibridaciones poco antes impensados, como los "anarcobolcheviques" o los "comunistas liberales". A su vez, estas corrientes son atravesadas diagonalmente por estudios innovadores sobre los intelectuales revolucionarios, las políticas editoriales, la prensa y las revistas, el papel de las juventudes, el rol de las mujeres militantes, las micropolíticas, las prácticas sexuales y las biopolíticas de las organizaciones de izquierda. El CeDInCI acompañó y contribuyó a modelar este vasto proceso de producción con su acervo siempre enriquecido, con sus jornadas y sus seminarios de posgrado, con su revista Políticas de la Memoria, con sus ediciones de fuentes y sus diccionarios biográficos. Basta repasar los centenares de agradecimientos que muchos investigadores estampan en las primeras páginas de sus tesis o de sus libros para reconocer al menos el umbral más básico de esta deuda. Además, las obras que fueron elaborando los propios hacedores del CeDInCI se han ido instalando como referencias en el campo de estudios sobre las izquierdas en Argentina y América Latina. Ahora bien, el CeDInCI ha sido apenas un propiciador de este campo. El notable dinamismo desplegado en la Argentina de los últimos veinte años ha respondido a demandas múltiples y diversas. Una de las mayores fue la que podríamos llamar la "demanda de verdad" respecto de la militancia revolucionaria de los años '60 y '70 así como de las condiciones de su represión y su derrota. Poco antes, la "demanda de justicia" propia del movimiento de derechos humanos tendía a poner a los sujetos de la política en el lugar de víctimas de la represión. En un segundo momento, el periodismo de investigación y la historiografía académica después, vinieron a reponer a esos sujetos en su condición de militantes. El auge de estudios sobre la militancia de las dos décadas de gran movilización social y radicalidad política (1955-1976) tuvo un efecto dinamizador sobre otras experiencias y otras figuras militantes de pasados algo más remotos. Esta demanda social de "verdad" fue inicialmente satisfecha por un periodismo de investigación abiertamente tensado por sus posicionamientos políticos, desde las contribuciones de Isidoro Gilbert y María Seoane hasta las de Ceferino Reato y Tata Yofre. En el campo específicamente historiográfico, algunas de las primeras respuestas surgieron de una cierta perspectiva académico-militante, de espíritu defensivo y reivindicativo, cuyo afán por exhumar documentos o recabar testimonios que probaran las correctas posiciones de las izquierdas en el pasado, o bien su profunda implantación social e incluso la aprobación social de sus acciones militares, los empujaba de modo concomitante a invisibilizar sus límites, a desproblematizar sus dilemas y a sublimar sus fracasos. En buena parte de esta literatura, la perspectiva historiográfica quedaba, así, capturada por el sistema de creencias de los propios actores que estudiaba. Estas formas de teleología obrera y de sobrepolitización de la historia apenas si se vieron neutralizadas por las exigencias de profesionalización propias de fines del siglo XX. Ciertamente, el ciclo de estudios sobre las izquierdas coincidió con un profundo proceso de profesionalización de las ciencias sociales y las humanidades que tuvo lugar a lo largo de estos veinte años: esto es, la significativa ampliación de cupos de ingreso a carrera de investigador de CONICET; la gran expansión de becas de especialización e investigación en universidades y diversas entidades científicas y académicas; y la proliferación de espacios de formación, producción y circulación de saberes disciplinares. Este proceso significó, sin duda, una necesaria y justa democratización del universo académico, fundamentalmente en lo relativo al establecimiento de condiciones materiales para la producción intelectual. Sin embargo, la normativización y objetivación —la más de las veces cuantitativa— de los criterios de acreditación, evaluación y legitimación del quehacer intelectual implicaron en contrapartida una penalización a la historiografía más elaborada, crítica y original. La producción en serie de papers y artículos en los que prima la descripción —a veces minuciosa o erudita, otras no tanto— por sobre la interrogación y la construcción de objetos-problema; las escrituras que en su afán de productividad han abandonado todo debate, toda pretensión teórica o cuanto menos reflexiva, es la que predomina hoy en nuestros campos disciplinares. La cuestión excede con creces, por supuesto, a la historiografía de izquierdas, pero es ésta la que nos interesa aquí. Este sistema cuantitativo de evaluación y legitimación ha sido incluso perfectamente funcional para el crecimiento de esas versiones de la historia obrera tradicional o de la historia partidaria, permitiéndoles acomodarse perfectamente a unas reglas que exigen alta productividad antes que problematización de los objetos y avances reales en la construcción social del conocimiento histórico. El balance de conjunto de la producción de estos últimos veinte años sobre las izquierdas aún está por hacerse. Aquí sólo quisimos avanzar en algunos señalamientos que hacen al específico posicionamiento del CeDInCI, entre los riesgos de partidización de la historia reciente, por un lado, y ciertas derivas elitistas y despolitizadoras de la nueva historia intelectual, por otro. Nos propusimos incitar a un debate colectivo que sirva como balance de lo producido y como actualización de una agenda historiográfica para el estudio de las izquierdas, que tal como había sido formulada veinte años atrás, ya ha quedado en cierto modo realizada, y por lo tanto anticuada. El aniversario, además de la congratulación, puede ser una excelente oportunidad para barajar y dar de nuevo, para debatir colectivamente cuál es hoy el mapa de la historiografía de izquierdas; cuáles sus dispositivos teórico-metodológicos y sus redes conceptuales más destacadas; cuáles sus imbricaciones y apuestas político-intelectuales; cuáles son sus tensiones; qué tradiciones político-ideológicas se perpetúan en las escrituras actuales; cuáles han sido desechadas, cuáles olvidadas, cuáles actualizadas; cuáles son sus puentes, cuáles sus distancias con el espacio más general de la memoria. Incluso cabe preguntarse: ¿Puede hablarse de un campo de estudio de las izquierdas?, o incluso: ¿qué sería hoy una historiografía de izquierdas? Para ello, invitamos a colegas y amigos a participar de las próximas Xas Jornadas de Historia de las Izquierdas Dos décadas de historia de las izquierdas latinoamericanas. Aniversario y balance, los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2019. Beba Balvé, Miguel Murmis, Juan Carlos Marín, Lidia Aufgang, Tomás J. Bar y Roberto Jacoby, Lucha de calles, lucha de clases. Elementos para su análisis (Córdoba, 1961-1969), Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1973. ↑ Tan sólo a modo de ejemplo: en sentido opuesto a la expresa declaración de su autor, el enfoque de Oposición obrera a la dictadura (Buenos Aires, Contrapunto, 1988) de Pablo Pozzi era escasamente thompsoniano. Lejos de tomar la dimensión de la experiencia como constitutiva de la clase obrera, no hacía más que evaluar las prácticas de resistencia obrera construidas empíricamente con el rasero de una conciencia de clase previamente establecida (en un sentido, justamente, pre-thompsoniano). ↑ Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana. ↑ Juan Suriano, Trabajadores, anarquismo y Estado represor : De la Ley de Residencia a la Ley de Defensa Social (1902-1910), Buenos Aires, CEAL, 1988; y Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires. 1890-1910, Buenos Aires, Manantial, 2001. ↑ Leandro Gutiérrez, Luis Alberto Romero, "Los sectores populares y el movimiento obrero: un balance historiográfico", en Sectores populares. Cultura y política, Buenos Aires, Sudamericana, 1995. ↑ Jeremy Adelman (ed.), Essays in Argentine Labour History 1870-1930, Londres, Macmillan Press, 1992, incluyó estudios de Juan Suriano, Hilda Sábato, Silvia Badoza, Mirta Lobato, Ofelia Pianetto, Ruth Thompson, Colin M. Lewis, Eduardo A. Zimmermann, Leandro H. Gutiérrez, Luis Alberto Romero y el propio Jeremy Adelman. ↑ Horacio Tarcus, El marxismo olvidado en la Argentina: Silvio Frondizi y Milcíades Peña, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1996; Horacio Tarcus, Mariátegui en la Argentina, o las políticas culturales de Samuel Glusberg, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2001; H. Tarcus, J. Cernadas y R. Pittaluga, "Para una historia de la izquierda en la Argentina. Reflexiones preliminares", en El Rodaballo nº 6/7, Buenos Aires, otoño/invierno 1997, pp. 28-38; Íbid., "La historiografía sobre el Partido Comunista de la Argentina: un estado de la cuestión", en El Rodaballo. Revista de política y cultura nº 8, Buenos Aires, otoño/invierno 1998, pp. 31-40. ↑ Horacio Tarcus, "La secta política. Ensayo acerca de la pervivencia de lo sagrado en la modernidad", en El Rodaballo. Revista de política y cultura, nº 9, Buenos Aires, verano 1998/99, pp. 13-33. ↑ Enzo Traverso, La historia como campo de batalla, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012, pp. 22; véase una crítica semejante en el estudio de Michael Heinrich que ofrecemos en este mismo número. ↑ Q. Edward Wang and Georg G. Iggers (eds.), Marxist historiographies. A global perspective, New York, Routledge, 2016. El estudio de Juan Maiguashca apareció inicialmente como "Latin American Marxist History: Rise, fall and resurrection", en Storia della Storiografia nº 62, Pisa, 2012, pp. 105-120. Hay una versión española de Isabel Mena: "Historia marxista latinoamericana: nacimiento, caída y resurrección", en Procesos. Revista ecuatoriana de historia nº 62, Quito, segundo semestre 2013, disponible en: http://revistaprocesos.ec/ojs/index.php/ojs/article/view/6/24 ↑ Juan Maiguashca , "Historia marxista latinoamericana: nacimiento, caída y resurrección", op. cit., p. 106. ↑

A través de la realización de este trabajo, pretendo poner en perspectiva el derecho de acceso a la información pública en relación con el derecho a la intimidad y otros derechos con los cuales coexiste en la actualidad; partiendo de la tesis que en éste momento la tendencia en América - contraria a la Europea - es la primacía del derecho de acceso a la información pública, como una consecuencia lógica derivada del Derecho General de Libertades que toda persona debe tener, bajo la premisa de que nadie está obligada a hacer o no hacer, lo que la ley expresamente no manda o prohíbe, principio recogido en muchas constituciones y particularmente en la salvadoreña. En el desarrollo del mismo, tomo también en cuenta la relación que este nuevo derecho fundamental, que ha sido reconocido como tal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene con otros derechos como el de la intimidad, plasmado en muchas legislaciones sobre todo Europeas y desarrollado a través de sendas Leyes de Regulación de Datos Personales; puesto que la Libertad es un derecho indudablemente mucho más general, el cual debe prevalecer sobre otros derechos asimiles o consecuentes, con los cuales por supuesto debe interrelacionarse, pues ningún derecho es totalmente absoluto, estando de acuerdo en que debe tener algunas limitantes, pero en todo caso la regla general debe ser la publicidad y no la intimidad, pues estos tiempos de pujanza de las tecnologías de la información, el Internet y la globalización de las actividades de toda naturaleza, nos obligan a legislar tomando en consideración las nuevas realidades, recordemos que el derecho es cambiante, nunca estático, y precisamente hemos visto como el mundo se debatió (y aún quedan graves secuelas), en una crisis económica generada por los grandes conglomerados financieros, lo cual ha traído como consecuencia no solo cuantiosas pérdidas de dinero, sino la pérdida de confianza en la Banca internacional, que vendió y repartió por todo el mundo paquetes de acciones, bonos, títulos valores y carteras de créditos sin ningún respaldo, basados en la confianza, lo cual desde mi perspectiva personal se debió en parte a que no se analizó o divulgó adecuadamente y en forma oportuna la información sensible al respecto que estaba a disposición, se prestó dinero para generación de hipotecas, bajo una ficción legal producida por el sector Inmobiliario-Bancario, a personas que no tenían capacidad de pago, ya que en forma irresponsable no se analizó la información crediticia bajo criterios técnicos reales. Vemos también como se desquebraja y se pone en peligro la Unión Europea, por la poca transparencia sobre el manejo de la información de las finanzas por parte de algunos gobiernos de la Zona Euro. Durante mis veinticinco años de ejercicio profesional de la Abogacía y el Notariado en mi querido país El Salvador, siempre tuve la aspiración de especializarme en la rama del Derecho Constitucional, no solo por ser la Constitución la ley primaria y fundamental de la cual derivan todas las leyes de un país, sino por su esencial naturaleza cambiante en aras de adecuarse permanentemente a las continuas e incesantes transformaciones sociales, sobre todo en estos tiempos de avances tecnológicos y de información vertiginosa que transita por la intranet. Ello ha producido cambios substanciales en el espectro tradicional de derechos fundamentales, hasta dar cabida a nuevos derechos y garantías que paulatinamente fueron adquiriendo más protagonismo y rango constitucional. Acorde con lo anterior, pretendo también brindar un aporte a mi país, sobre las nuevas realidades y tendencias de ese derecho fundamental de acceso a la información pública, para que se vea reflejado en la ley o sus posibles reformas futuras; tomando en cuenta que la mayoría de países de Latinoamérica y particularmente de Centroamérica, ya aprobaron una Ley de Acceso a la Información Pública; que estamos en un proceso, aunque lento, de integración económica en la región; que no tenemos prácticamente Banca nacional, sino que estamos sujetos a las regulaciones y convenios de la Banca internacional; que somos un Estado dolarizado, siendo nuestro referente los Estados Unidos con su "freedom information Act"; por lo que mal haríamos en no regular este derecho fundamental y desarrollarlo en una normativa secundaria, en forma clara y armónica con otros derechos que deban respetarse, acorde obviamente con nuestra realidad y cosmovisión nacional, pero por sobre todo poniendo nuestra mirada en el futuro, con la visión de legislar ante un nuevo panorama mundial, un nuevo derecho emergente, que no dudo que prevalecerá ante otros ya conocidos, que deberán sucumbir o ceder ante la preeminencia de éste. En la sinergia social actual, la publicidad debe ser la regla general y la intimidad la excepción, ya que el interés público, colectivo y del pueblo debe prevalecer sobre el interés individual o particular. Eso es lo que pretendo transmitir, y ojala que este modesto esfuerzo investigativo pueda contribuir a ello, en aras que los Diputados de la Asamblea Legislativa, que son los que finalmente aprueban las leyes de conformidad con la Constitución salvadoreña, puedan tener un referente, y ya sea que compartan o no mi posición, puedan tomar una mejor decisión a la hora de aprobar el contenido de la Ley o sus reformas futuras, tomando en cuenta toda la información necesaria para beneficio de los que los eligieron, a los que finalmente se deben, ese pueblo que voto por ellos y que confía en que tomarán las mejores decisiones para bien de las futuras generaciones. Asimismo, espero que también pueda servir a otros colegas estudiosos del derecho en otros países que aún no han aprobado una Ley similar o que se encuentren en la fase de discusión y análisis de su respectivo Anteproyecto. A mi juicio, no debemos cometer el mismo error que han cometido otros países de incorporar en una misma ley o en un mismo texto, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la intimidad junto con el consecuente habeas data, sino que deben ser regulados separadamente, en cuerpos normativos diferentes, pero en una forma armónica y clara; de ser posible en forma paralela y con vigencia simultánea, a fin de evitar contradicciones, pero como dije antes, tomando en cuenta la nueva realidad mundial y regional, partiendo de la idea que la información pública es un bien público, propiedad de todos, lo cual implica que el secreto sólo será aplicado a lo estrictamente necesario, estableciéndose de forma previa y clara cuál es la información reservada, cuales son los criterios para esa clasificación, así como los procedimientos y autoridades ante quienes se pueda impugnar la decisión de calificar la información como reservada, en otras palabras, aplicando el principio de favorecimiento a una actividad de interés público, y desarrollando como lo ha sido en el caso de El Salvador, el Art.246 de la Constitución que establece precisamente en su Título IX, Alcances y Aplicación, que la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos y que "el interés público tiene primacía sobre el interés privado". Desde mi visión, cualquier Ley de regulación de datos debe de ser pensada y redactada en armonía con el derecho a la libertad, anteponiendo el interés público y el principio de máxima publicidad en materia de acceso a la información; es decir, partiendo de la base que la regla general debe ser la publicidad y no la reserva indiscriminada o difusamente delineada. La Carta Magna de El Salvador al igual que la mayoría de constituciones, reconoce el derecho a la Libertad como uno de los derechos primordiales y fundamentales de la persona en su Art.2 Cn ESA, y lo ubica en el tercer lugar, después del derecho a la vida y a la integridad física y moral; y, muy por delante del derecho a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, al derecho al honor y la intimidad personal. Por su parte, la jurisprudencia del máximo Tribunal de Justicia de El Salvador, emitida a través de la Sala de lo Constitucional reconoce y ha dejado claramente sentado ese principio general del derecho a las libertades, como un derecho general, que no debe tener más limitaciones aparte de buscar la armonía con otros derechos, y que debe ampliamente protegerse y manifestarse a través del derecho de libertad de acceso a la información, de libertad de expresión y divulgación, de libertad empresarial, de libertad de credo o religión, etc.; pues el contenido de la Libertad, es para el máximo tribunal salvadoreño, la posibilidad de actuar conforme a lo permisible por las normas jurídicas. El ejercicio del derecho a la Libertad, debe por tanto ser entendido como una condición para que el individuo pueda desarrollar libremente sus facultades propias; y la mejor manera de hacerlo es asegurando este desenvolvimiento, a través de permitirle que se dirija espontáneamente y a su manera, afrontando las consecuencias y riesgos, en tanto no afecte el derecho legal de otro. CONTENIDO. Planteamientos Jurídicos. Mi primer planteamiento se resume en una sola pregunta: ¿Qué derecho debe prevalecer: El de libertad de acceso a la información pública, o el de la intimidad a través de la protección de datos personales?". A mi juicio es el primero, por derivar del derecho general de Libertad, y por las razones que más adelante expondré, el cual ha emergido con toda su fuerza ante la nueva realidad económica y social que vive el mundo. La clave está en qué entendemos por información personal o confidencial y como la hemos regulado en nuestras legislaciones, si lo hemos hecho conociendo sus límites y con base al principio de máxima publicidad o no. El segundo planteamiento: ¿Es la libertad de acceso a la información pública, un derecho fundamental o es un valor superior? Sostengo que ambos, depende si está regulado en cada país y de cómo esté regulado, si es derecho positivo y vigente, si está referido a tratados internacionales que generalmente están por encima de las normas, también conocidas como Supra constitucionales; pero en todo caso, el valor superior libertad es raíz y base de los derechos humanos, que constitucionalizados se vuelven fundamentales. Encontrándose este nuevo derecho humano concretamente anclado en el derecho de Libertad de Expresión, por cuanto siendo su raíz y comprendiendo las facultades de: pedir, investigar, recibir y transmitir, o sea, dar o divulgar informaciones de toda índole, por cualquier medio o procedimiento de su elección, sin limitación de fronteras y sin injerencia de las autoridades, éste ha dado origen a nuevos derechos en el espectro internacional, entre ellos, el derecho a saber, a saber la verdad, y el derecho a acceder al Internet. Este último, fue precisamente reconocido en Mayo de 2011 como derecho humano fundamental por Frank La Rue, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la protección de la Libertad de Expresión e Información. Lo cual genera una nueva polémica, sobre cómo regular el mismo, por tratarse el Internet de un mundo virtual, sin territorios, ni fronteras, marcado por la abundancia de informaciones, en vez de limitaciones y "sin materialidad", lo cual no se puede regular eficazmente con nuestros principios jurídicos y filosóficos naturales o usuales. Obviamente la Tesis aborda otros cuestionamientos y temas de interés relacionados con el derecho de libertad de acceso a la información, entre ellos, si es un derecho de libertad Opcional o Autónomo, si es un derecho de libertad como tal o de prestación, etcétera; igualmente abordamos la realidad que se vive en los países que ya han implementado una ley de la materia para analizar y compartir sus experiencias; si prevalece el principio de máxima publicidad o divulgación de la información pública o si por el contrario sigue prevaleciendo la protección de datos personales; la cultura de la transparencia y del acceso a la información o la cultura del secreto, lo privado o lo prohibido. Metodología Utilizada. La metodología utilizada es la Analítica Comparativa, analizando el contexto mundial, contraponiendo el viejo mundo con el nuevo mundo, es decir la realidad Europea que es muy diferente a la Americana; la "freedom information act", es decir la libertad de información en manos del Estado por pertenecer al pueblo, versus la regulación y protección de datos personales que constan en archivos públicos; en otras palabras, el derecho de acceso a la información pública en contraste con el derecho a la intimidad. Para ello, me he apoyado en el análisis del espectro económico, social y jurídico mundial, y en el proceso acelerado y vertiginoso de promulgación de leyes de acceso a la información pública y de transparencia del Estado, suscitado en el mundo entero y particularmente en toda Latinoamérica, de la cual hacemos un pequeño recorrido; para luego pasar al contexto centroamericano en proceso de integración económica, siendo las últimas leyes de acceso a la información pública aprobadas, la de nuestra vecina República de Guatemala y la de El Salvador, promulgada en el año 2011 y que entró en vigor a partir de Mayo de 2012, cuya ley era necesaria y conveniente, siendo que la misma surgió a través de un proceso de discusión y cabildeo con los diferentes actores, sectores involucrados, fuerzas vivas, sociales, económicas y políticas del país, incluyendo el análisis de dos borradores de proyectos de ley que fueron discutidos por los diferentes partidos políticos en la Asamblea Legislativa juntamente con el Reglamento respectivo; por lo que es muy oportuno hablar de este tema; esperando que esta modesta investigación académica pueda servir de algún aporte no solo en mi patria, el pulgarcito de América, El Salvador; sino a otros países que aún no regulan este derecho, que lo han hecho recientemente, o que incluso han promulgado ya leyes cuya vacatio legis está pendiente o que han sido promulgadas pero aún no han entrado en vigencia plena, como es el caso de España, a la cual también obviamente nos referiremos, que ya cuenta con una Ley de acceso a la información pública, denominada en sentido amplio: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA TESIS SON. 1. Poner en perspectiva ambos derechos: el de libertad de acceso a la información pública y el de la intimidad; pues los dos deben ser objeto de regulaciones específicas en todos los países del hemisferio. Pero de conformidad con mi tesis cualquier ley de regulación de datos personales o reforma, debe ser pensada y adecuada al principio de máxima publicidad en materia de información. 2. Promover que la regla general en materia de información en poder del Estado, debe ser la publicidad, y la excepción, lo reservado, lo clasificado, lo secreto. 3. Esta tesis pretende exhortar a los países que no cuentan con una legislación al respecto, o que solo cuentan con leyes de regulación de datos, que legislen sobre el tema en forma armónica y consecuente con la nueva realidad económica mundial, tomando en consideración las experiencias vividas por otros países que han avanzado más sobre este derecho fundamental. 4. Señalar con claridad que todo Estado está en la obligación de transparentar la actuación de sus gobiernos y de sus funcionarios, poniendo a la disposición de los ciudadanos que los eligieron, toda la información relativa a su gestión, pues un pueblo que no tiene acceso a la información, no puede considerarse verdaderamente democrático. 5. Impulsar una cultura de transparencia, combate a la corrupción e impunidad que conlleve la creación o reforma de leyes de acceso a la información pública eficaces y positivas, que permitan cambiar el entorno y realidad actual de muchos países en la búsqueda de una verdadera democracia, dejando atrás la cultura de la opacidad y el secretismo de la cosa pública. 6. Finalmente, exhortar que de una forma u otra, según la realidad jurídica y cosmovisión de cada país, se considere a la libertad de acceso a la información pública, como un derecho humano fundamental, positivo y vigente; se modernicen y sometan a la nueva tendencia y realidad mundial de transparencia en la gestión pública y de acceso a la información; o en todo caso, reconozcan la prevalencia de los tratados internacionales que regulan la materia; y, consideren a este nuevo derecho como un valor superior, necesario e imprescindible para el desarrollo democrático, económico, social y de cambio generacional. PRINCIPALES APORTACIONES DE ESTA TESIS A LA CIENCIA JURÍDICA: NOVEDADES, AVANCES. El objetivo principal de mi investigación y análisis, es provocar una reflexión objetiva y sosegada en torno a qué derecho debe tener primacía en la actualidad: el de libertad de acceso a la información pública o el derecho a la intimidad, a través de la protección de datos. Lo novedoso es que la gente en la actualidad quiere estar más informada, difunde, transmite por medios tecnológicos, aparatos electrónicos con mayor capacidad de almacenamiento, obviamente también comparte y busca más información, para crearse opinión y tomar mejores decisiones en todos los aspectos de su vida, por lo que se trata de un cambio de mentalidad, un cambio generacional, pasar de la cultura del secreto y la opacidad a la cultura de la información y la transparencia, en donde la regla general debe ser el libre acceso a la información y la excepción lo confidencial o prohibido, y todo ello representa un verdadero desafío para el legislador y sobre todo para los aplicadores de las leyes y los juzgadores, quienes deben adaptarse a esa nueva realidad social mundial. Si bien ningún derecho es absoluto y debe tener límites, en mi opinión debe prevalecer el derecho de libertad o en todo caso el valor superior Libertad, origen y fin de toda sociedad democrática y propia de la naturaleza del hombre que desea vivir en desarrollo. Sin información no hay democracia ni desarrollo de los pueblos; en los países en los que sus ciudadanos no tienen acceso a la información, prevale la ignorancia, la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia, en otras palabras no hay desarrollo. Pienso que cualquier ley o reforma de ley, que verse sobre tales materias, debe ser pensada en base al principio fundamental y rector, que debe ser el principio de máxima publicidad o de máxima divulgación de la información. Por ello, es importante establecer mediante conceptos claramente definidos, qué debemos entender y cómo debemos aplicar esos conceptos y principios que rigen el acceso a la información pública; qué debemos considerar como información de carácter personal, confidencial o reservada, para no dejarlo al arbitrio interpretativo del funcionario; igualmente, qué tipo de información requiere el consentimiento previo y expreso de su titular, y cual no requiere tal consentimiento, tal como ya lo han hecho otros países como Argentina y Uruguay, que incluso lo tienen claro y plenamente definido, paradójicamente en leyes de protección de datos personales. Se dice que una fe sin hechos no transforma, igualmente una ley sin los recursos necesarios para su implementación no funciona, es ineficaz, por ello para que el derecho sea objetivo se deben de otorgar los recursos económicos, técnicos, humanos y de cualquier otra índole, suficientes para su cumplimiento, adoptando toda una plataforma tecnológica que permita que el Estado cumpla con su obligación prestacional de dar la información; aparte de implementar las medidas y mecanismos de control ciudadano, capaces de garantizar la participación exclusiva de funcionarios probos, que rindan cuentas de su gestión de los bienes públicos, en especial permitiendo a los ciudadanos que ejerciten su derecho de pedir la información, sin necesidad de legitimar un interés particular, simplemente por tener el derecho a saber. Hay que tener en cuenta que las legislaciones sobre la materia deben adaptarse, adecuarse reformarse o implementarse, en perfecta sintonía con los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, que forman parte de la legislación internacional, los cuales han ido cambiando o se han ido ampliando, y que, al haber sido aprobados y/o ratificados por los países miembros, entran a formar parte del ordenamiento jurídico de los países, por lo que están obligados a su implementación a través de leyes o reformas, a fin de que se tornen en derecho positivo y a la vez vigente; y no tener que esperar que se haga forzosamente a través de sentencias de tribunales internacionales, como sucedió con el caso de Chile. Esa es la disyuntiva y preeminencia de derechos que pongo en perspectiva (el acceso a la información o la intimidad), en el entendido que es mejor haber tomado una decisión errónea después de haber analizado y accedido a toda la información posible, disponible y permisible al alcance de nuestras manos, que no haber tomado ninguna, por falta de Libertad de acceso a la información, en un mundo que se caracteriza por ser generador por excelencia de cada vez más novedosas tecnologías de la Información. Otra aportación importante, está en destacar que esta clase de regulación debe abarcar no solo a instituciones del Estado, ya sea de gobierno, autónomas, de capital mixto, concesionarios de servicios públicos o subsidiadas por el Estado, sino también a las empresas privadas o particulares que estén prestando o en el futuro se dedicarán a prestar servicios de información en general. A manera de ejemplo, ya existe información estadística recopilada en redes sociales como Facebook y twiter, sobre servicios, quejas ciudadanas, etc, que son de interés de las Municipalidades para conocer el grado de satisfacción de los habitantes y del trabajo del ayuntamiento, que posteriormente se traducirán en votos favorables o desfavorables, de aprobación o desaprobación de su gestión y de su posible reelección o no. Me declaro abiertamente PRO acceso a la información, pues creo que a pesar de todo, y de cualquier crítica que pueda existir, válida o no, tener acceso a la información pública tiene y traerá más beneficios que perjuicios a los pueblos democráticos. Otro aporte importante del trabajo, es el análisis y resumen que hago del derecho comparado sobre libertad de acceso a la información pública, tanto de legislaciones como de jurisprudencia, contraponiendo a Europa con América, y haciendo un recorrido sucinto por los países más representativos de Latinoamérica, que incluye el área centroamericana y por su supuesto mi propio país, El Salvador, sin dejar de abordar a la madre patria España. Al respecto de América, es pertinente destacar la reciente implementación de una nueva generación de leyes de avanzada, como el caso de México, donde se aprobó el 4 de Mayo de 2015, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una ley de orden público y de observancia general en toda la República, que crea toda una política, un sistema y una plataforma nacional de transparencia. El derecho es cambiante y debe adaptarse a las nuevas realidades, por lo que el derecho a la libertad de acceso a la información pública ha generado a su vez el nacimiento de nuevos derechos, como el derecho al internet, el derecho a saber, a saber la verdad, etc, siendo para mí lo más importante para asegurar el éxito de cualquier Ley, crear una verdadera cultura de transparencia y de acceso a la información, tanto de carácter pública como privada, lo cual garantiza todo un sistema democrático de control ciudadano, de pesos y contrapesos, fomenta la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, la libertad de expresión y de información, es decir, la transparencia como medio eficaz de combatir la corrupción y la impunidad en cualquier sociedad o Estado, que realmente busque el desarrollo de su pueblo y consolidación de su democracia. CONCLUSIONES. a) Estimo, que no podemos tomar buenas decisiones, ya sea como personas, empresas, conglomerados, instituciones internacionales, Estados o Unión de Estados, si no tenemos acceso a la información pública necesaria, adecuada, conveniente y oportuna, incluyendo aquella información personal que no requiere el consentimiento previo y expreso de su titular o que se ha vuelto pública a través de medios masivos de comunicación. b) Las leyes de datos personales deben estar enfocadas y tener como finalidad la regulación y control de la información personal, pero no deben limitar el derecho de acceso a esa información, excepto cuando se traten de datos sensibles, protegidos por ley expresa y clara, pues se tiende a confundir a priori, de que toda esa información es prohibida. c) Ambos derechos: el de Libertad de Acceso a la Información y a la Intimidad, son derechos fundamentales de la persona humana, pero no son derechos absolutos, sino relativos en cuanto no riñan entre sí, por lo que deben legislarse en forma positiva, sistemática y armónica. d) Considero, según ésta propuesta, que no deben utilizarse normativas que quieran proteger la intimidad o imagen de las personas para limitar el derecho de acceso de información, sino que la regulación de ambas materias deben de pensarse de manera conjunta, coordinada y plenamente consensuada, partiendo del hecho de que la publicidad debe ser la regla general y no la excepción. e) Es conveniente legislar qué tipo de información no requiere el consentimiento expreso de su titular, como sería el caso de datos provenientes de fuentes públicas de información, tales como: registros, archivos o publicaciones en medios masivos de comunicación, información periodística o referencias de prensa; o de listados cuyos datos se limiten a: nombres y apellidos, documento de identidad o registro único de contribuyente, nacionalidad, estado familiar, nombre del cónyuge, régimen matrimonial, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono, ocupación o profesión, etc.; o se trate de datos recabados para el ejercicio de funciones o deberes, constitucional o legalmente regulados; o que se deriven de una relación contractual del titular de los datos y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento; o, finalmente, hayan sido recabados por personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, para su uso exclusivo o de sus asociados o usuarios y por supuesto, para fines lícitos. f) El derecho de libre acceso a la información pública, es un derecho humano fundamental, vital para el ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento, es un instrumento en el combate de la corrupción, indispensable para fortalecer la democracia y fomentar la participación y control ciudadano, además de ser una herramienta para sostener el principio de legalidad de la actuación de los funcionarios públicos. g) Es conveniente que esta legislación especial sobre acceso a la información pública, este confiada, en cuando a su implementación y fiscalización, a un ente regulador independiente, autónomo y apolítico, incluso en lo económico. h) En el ámbito del derecho mercantil y como parte del Derecho a la Libertad Empresarial, existen datos de relevancia pública, que permiten la formación crítica de las personas a las que van destinadas y que son considerados como asuntos de interés general, entre ellos, el análisis del riesgo, de suma importancia en el comercio moderno, que requiere conocer aquella información judicial, crediticia o de prensa, que asegure una adecuada decisión financiera o mercantil y, sobre todo, una inversión razonablemente confiable. i) En lo relativo a excepciones al acceso a la información, acceso parcial, deber de motivación y control de las resoluciones denegatorias, la regla general en un Estado democrático ha de ser el de respetar el principio de máxima publicidad o sea, la del mayor acceso posible a la información pública, de manera que cualquier posible denegación de acceso debe interpretarse siempre de forma restrictiva, y sobre la base de excepciones legalmente estipuladas claramente en la Ley. j) De acuerdo a esta Tesis, el Estado tiene la obligación de elaborar versiones públicas de los documentos confidenciales o restringidos a su cargo, pues a la luz del principio de máxima publicidad, la declaratoria de reserva, secreto o confidencialidad debe reducirse a su mínima expresión; debiendo tomar las medidas adecuada para prevenir y sancionar las conductas deliberadas o negligentes, que favorezcan la obstrucción injustificada al derecho de acceso a la información en manos gubernamentales. k) Las empresas que prestan servicios de información, también conocidas como burós, deben estar protegidas por ese derecho de libertad de acceso a la información, pues ellas nacieron como una necesidad del sistema financiero para reducir costos de la evaluación del riesgo. La apertura y modernización de los sistemas financieros y la baja en los costos de informática y comunicaciones, permite la existencia de estos burós, los cuales deben ser incorporados y estar claramente regulados en la Ley. l) Los burós o empresas de servicios de información o analizadoras de riesgo, no solamente propician el desarrollo y agilidad en las transacciones financieras y bursátiles, sino que indirectamente coadyuvan a detectar lavado de dinero y activos, actividades de narcotráfico, trata de personas, contrabando de mercaderías y otras actividades ilícitas, minimizando riesgos consecuentes. m) La falta de acceso a la información, trae consigo la mala toma de decisiones, pues a mayor y mejor información, mejores decisiones. La falta de acceso a la información limita las posibilidades de negocios, pues no permite evaluar correctamente el riesgo. Consecuentemente, la falta de acceso a la información, también restringe el crédito interno de un país. n) Los países cuyos ciudadanos todavía no cuentan con libre acceso a la información pública, en realidad no son enteramente democráticos y, consecuentemente, estimo que no podrán alcanzar un verdadero desarrollo socio económico. o) El derecho a la información es indispensable para fomentar la cultura de transparencia, y debe aplicar tanto a instituciones públicas como privadas con base al principio de máxima divulgación o publicidad. Todo ello, en defensa del valor superior libertad y de la primacía de este nuevo derecho humano fundamental de acceso a la información pública. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que al participar del Programa de Doctorado en Derecho Constitucional, de la Universidad de Castilla La Mancha, he tenido la oportunidad de ampliar mis conocimientos con catedráticos y maestros de gran trayectoria y reconocimiento en España, no solo por su labor docente, sino también académica y científica en el desarrollo de temas de gran trascendencia en el conglomerado de profesionales, especialistas y verdaderos maestros de derecho Constitucional Español, que están sentando jurisprudencia en los Tribunales Constitucionales de la Unión Europea, lo cual me ha abierto una ventana de conocimientos que me permiten no solo comparar la legislación constitucional salvadoreña con la Española, que por cierto está ejerciendo mucha influencia en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, sino ir más allá, para entender adecuadamente que se está haciendo en el continente Europeo, sobre temas tan trascendentales como los Derechos Humanos, que han sido plasmados y reconocidos en Tratados y Convenios Internacionales; particularmente en torno a este nuevo derecho fundamental, que tiene sus raíces en la libertad de expresión. Así como las nuevas tendencias y jurisprudencia, que ha surgido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; lo cual me permite tener una visión más amplia y aplicar lo que pueda ser útil a nuestra realidad e idiosincrasia, transmitiendo las vivencias y experiencias a otros que aún no han regulado este derecho, están en el camino de implementación de una Ley o están aún pensando en hacerlo, para que no cometan los mismos errores o hagan las rectificaciones o reformas pertinentes.

IntroducciónLas sucesivas crisis fiscales que han acontecido en la problemática historia económica argentina han sido causadas principalmente por dos situaciones: la existencia de una desmesurada confianza que generaba burbujas (como la "crisis de progreso" de 1890) o una irresuelta puja distributiva que generaba déficit fiscales insostenibles (por ejemplo, 1975, 1989, 2001).Este trabajo hace hincapié en la segunda situación e intenta argumentar el inicio de las pujas distributivas irresueltas en el juego de suma cero que prosiguió a la incipiente articulación del proceso de industrialización argentino en la década del 20'.En primer lugar, debemos argumentar el comienzo del proceso de industrialización en los 20', detallando las visiones contrapuestas. En segundo lugar, debemos discutir por qué este proceso habría supuesto un juego de suma cero. En tercer lugar, intentaremos demostrar por qué, asumiendo la existencia de un juego de suma cero, eso necesariamente devendría causa de la volatilidad de los ciclos económicos argentinos y, eventualmente, de las sucesivas crisis fiscales.Por ende, primero debemos introducir brevemente el debate sobre las condiciones del proceso de industrialización en Argentina.La década del 20 y el proceso de industrialización¿Hay una relación analítica entre el juego de suma cero entre el sector agropecuario y el sector industrial y la sistemática presencia de crisis fiscales en la economía argentina? ¿Cuándo comienza el juego de suma cero entre el sector agropecuario y el sector industrial y cuál es la relación entre ese juego y las sucesivas crisis fiscales argentinas? Este trabajo intenta marcar la existencia de una relación analítica entre la oposición campo-industria y la acentuada volatilidad de los ciclos económicos argentinos.Si bien la literatura especializada había mencionado la década del 30' como el momento histórico donde se consolida la incipiente industria, contemporáneamente los historiadores han situado ese proceso mucho antes: según Fernando Rocchi, en la década final del siglo XIX pueden verse intentos de protección a industrias nacientes en el interior del país, como la vitivinícola en Mendoza y la caña de azúcar en Tucumán (1). Los grupos de interés se articulaban eficientemente para lograr cuotas y tarifas que impidieran el acceso al mercado doméstico de bienes producidos en el extranjero.Un trabajo muy influyente sobre el rol jugado por un proceso de industrialización tardío es "Las Etapas del Desarrollo Económico Argentino", donde Guido Di Tella y Manuel Zymelman desarrollan la teoría de la "gran demora". ¿En que consiste? En la supuesta incapacidad de los policy makers en ver que se agotaba un (largo) modelo y ciclo económico, siendo necesario empezar a pensar una nueva manera de insertarse en una economía mundial que iniciaba un proceso de cambio. Para los autores, se había alcanzado la frontera de producción agrícola y se necesitaba pensar un nuevo país basado en el desarrollo de una política industrial específica. Sin embargo, esta posición tiene demasiados problemas. Por un lado, supone un análisis ex post de los acontecimientos. Es decir, Di Tella y Zymelman exponen la supuesta incapacidad de los dirigentes para realizar un cambio de política desde la perspectiva que les daba conocer el futuro. A su vez, la teoría de la "gran demora" no se cuestiona por qué no se podía profundizar la frontera de producción agrícola, asumiendo que efectivamente se hubiera alcanzado. ¿Qué había hecho que los 20' reflejaran un límite para la expansión agrícola? ¿Por qué la economía argentina no habría podido lograr nuevas ganancias de productividad en el sector? (2).En cambio, Javier Villanueva critica la visión tradicional sobre el inicio de la industrialización en los 30´, producto de las dificultades que supuestamente habría generado la Gran Depresión. Según Villanueva, esa es una versión "olímpica", es decir, alejada del análisis detenido de los acontecimientos locales. El autor sostiene que la industria argentina había comenzado a despegar en los años 20´ como consecuencia de una incipiente política proteccionista. Villanueva considera acertada la implementación de este conjunto de políticas. Según Villanueva, "…puede observarse que la tasa de crecimiento de la actividad industrial es por lo menos igual o aun mayor para el periodo comprendido entre 1911-1929, que para el periodo 1929-1939…si lo que se somete a la observación es, no ya la tasa de crecimiento del sector mismo, sino de la participación porcentual en la producción total del país, las conclusiones son parecidas a las señaladas anteriormente…"(3).A su vez, sostiene que:Los datos del censo de 1946 sugieren la idea de que, en lo que se refiere a la creación de establecimientos industriales, con independencia de su tamaño, los años 20´ no resultaron menos fructíferos que los del 30´. En 1946 continuaban produciendo 9943 empresas de la cepa de 1926-1930 contra 9962 del periodo 1931-1935…La tasa de crecimiento más elevada de la inversión en el sector industrial corresponde a los años 1923-1929. Un examen de la inversión en equipos y maquinarias industrial contribuye a reafirmar lo expuesto en los párrafos anteriores: entre los años 1924 y 1930 se produce la más amplia inversión en el sector industrial hasta la segunda guerra mundial. (4)Podemos ver el siguiente cuadro elaborado por el autor:Producto Bruto Nacional: Sectores agrícola y manufactureroParticipación y aumento en la participación (1900 – 1950) Fuente: Javier Villanueva, "El origen de la industrialización argentina," Op. cit., [en línea] disponible enwww.educ.ar 7.Por su parte, Pablo Gerchunoff y Horacio Aguirre ven en la política económica de los 20' un antecedente del peronismo pero con apertura, es decir, salarios reales altos, un desarrollo industrial incipiente y un sector agro-ganadero con menor peso relativo. Para los autores The 1920s are thus placed as a "missing link" in Argentine economic history: it is a period that does not seem to carry with it distinct features of its own, but rather tends to be depicted as either the proto-history of economic stagnation or the epilogue of open-economy development…The fact that import prices retained during the 1920s part of their gains of the previous decade, gave way to conditions that favoured a 'spontaneous' kind of protection; in contrast, high export prices in the 1940s presented peronism with an opportunity to seize resources and allocate them to the industrial sector. Whereas the radical administrations would not break ties with the past in terms of identifying exports as the growth engine, and would thus take an attitude of 'benign neglect' towards industry, the peronist creed had industrial development as one of its pillars -and so would finance subsidies to industries with the trade surplus. It was 'market driven' industrialisation that took place in the 1920s, as opposed to active pro-industrial policies in the 1940s." (5)A partir de estas distintas posiciones que reflejan los historiadores económicos, podemos ver que la década del 20' no es el comienzo del proceso de industrialización argentino pero sí deviene como el periodo donde, sin saberlo los actores, se estaba alcanzando un punto en que la continuación exitosa del histórico modelo agro exportador necesitaría de inversiones importantes para mantener su eficiencia económica. En este sentido, la articulación de un sector industrial con capacidad para capturar rentas devenía no sólo un problema para el sector agropecuario sino para la economía en su conjunto.El comienzo de un proceso de industrialización no necesariamente tiene que generar juegos de suma cero con otros actores. ¿Por qué ello habría ocurrido en Argentina y cuales han sido sus características peculiares?Oposición campo - industria y juegos de suma ceroA partir de los aportes de los historiadores económicos, podemos reformular el problema: la década del 20' no significa el comienzo del proceso de industrialización argentino, sin embargo, puede significar el comienzo del juego de suma cero entre el sector agropecuario y el incipiente sector industrial. ¿Cuándo se dan los juegos de suma cero? Cuando hay dos o mas actores con la suficiente capacidad para generar y mantener un marco institucional donde uno captura sistemáticamente la mayor eficiencia de otro. Es importante notar que lo analíticamente relevante no es la existencia de un juego de suma cero sino la permanencia del mismo en el tiempo. Es decir, un problema atrae a analistas e historiadores no cuando sucede en un momento T1 sino cuando sigue sucediendo, sin solución de continuidad, en T2, T3, Tn. Así, lo que debemos responder es por qué se mantiene en el tiempo un marco donde un sector A es lo suficientemente productivo para ser sistemáticamente capturado y un sector B es lo suficientemente eficiente para capturar sistemáticamente a A.¿Por qué el juego de suma cero habría comenzado en los 20' y por que no había existido tal juego anteriormente? Como mencionamos, para la existencia de un juego de suma cero se necesitan al menos dos actores: uno que produzca los bienes que otro captura. Podemos pensar que antes de la década del 20' no estaban en la economía argentina suficientemente configurados los actores relevantes para la existencia de un juego de estas características. Es decir, el sector agropecuario expandía su producción y el mundo demandaba sus productos, mientras que por otro lado el sector industrial no era lo suficientemente articulado y poderoso como para capturar parte de las rentas agropecuarias. La década del 20 da comienzo a una particular economía política de la Argentina por la concatenación de estas características: 1) un sector agropecuario (relativamente) menos productivo que en el pasado, 2) un sector industrial en proceso de articulación y 3) una crisis en ciernes. ¿Cuál es la novedad analítica que nos provee la economía política de finales de los 20'? La existencia de un sector industrial con la capacidad de capturar la renta de un sector lo suficientemente productivo para ser capturado justo en el momento histórico donde acontecía una caída en la demanda de lo que producía dicho sector capturado y la economía mundial se adentraba en una Gran Depresión. ¿Es azarosa la aparición conjunta en el tiempo de un sector industrial con la capacidad de capturar y una economía que se avecinaba a la situación de un juego de suma cero? No necesariamente. Es posible que la mayor capacidad de captura se haya debido a la debilidad relativa que crecientemente mostraba el eficiente sector agropecuario argentino.El juego de suma cero que se avecinaba puede ser percibido en la siguiente definición de Gerchunoff y Llach:Mencionamos dos asimetrías. Una podría llamarse la asimetría sectorial; otra, la asimetría regional. La asimetría sectorial alude a la vasta brecha de productividad entre actividades primarias y secundarias. Como consecuencia de la escasa población y de la abundancia de tierra fértil (combinadas, al menos en un principio, con una mínima existencia de capital acumulado), la Argentina estuvo siempre muy bien preparada para producir alimentos. Esa ventaja absoluta para la elaboración de bienes primarios, resultado de la demografía y de la naturaleza, fue al mismo tiempo la fuente de la gran desventaja comparativa que siempre tuvo la Argentina para la producción industrial, que requería precisamente los factores menos abundantes, el trabajo y el capital. La relación entre abundancia de factores productivos y perfil productivo era visible para los observadores más agudos de la joven Argentina. Carlos Pellegrini presentaba en el Congreso de 1899 una versión rudimentaria del teorema Heckscher-Ohlin: "En la República Argentina es muy caro el capital y es muy cara la mano de obra, por ejemplo, mientras que hay otras naciones en que una y otra cosa son más baratas. En la República Argentina hay facilidades de otro orden, que no se encuentran en otros países. Una industria cualquiera que requiriera mucha mano de obra, sería una industria muy difícil de arraigar en la República Argentina, porque desde el principio tendría que luchar contra esta condición especial nuestra, que es la falta de mano de obra." (6) Podemos introducir la cuestión de la oposición campo-industria desde la perspectiva analítica que da la oposición campo-ciudad. Sostiene Varshney Ashutosh:A history of ideas on town-country struggles must start with the obvious fact that as economies develop and societies modernize, agriculture declines. Before the rise of industrial society, all societies were rural. If we look at the most industrialized societies of today, their agricultural sectors constitute less than five per cent of GDP. Contrariwise, in the poorest economies of the world, agriculture still accounts for anywhere between 30 to 65 per cent of GDP (World Bank, 1991: 208-9).(7)Así, si bien el autor se refiere a la problemática relación campo-ciudad en África, el desarrollo que hace nos sirve para Argentina:Using theories of collective action, Bates (1981) reformulated this argument. One can identify 3 steps in his argument. First, to extract resources for the treasury, city and industry, African states set prices that hurt the countryside. Second, by selectively distributing state largesse (subsidies and projects), African states divide up the countryside into supporters that benefit from state action and opponents who are deprived of state generosity, and are frequently punished. Such policy-induced splits pre-empt a united rural front. Third, independently of the divisive tactics of the state, rural collective action is difficult because (a) the agriculture sector is very large with each peasant having a small share of the product, and (b) it is dispersed, making communication difficult. The customary free-rider problem in such situations impedes collective action. Industry, on the other hand, is small and concentrated in the city, and the share of each producer in the market is large, making it worthwhile for each producer to organize."(8)A su vez, la asimétrica relación entre el campo y la industria depende en parte importante del grado de desarrollo de la economía en cuestión. Richard Peerlberg ha realizado una síntesis del problema en el American Journal of Agricultural Economics:Un excelente estudio para explicar por qué todos los países desarrollados tienden a proteger a los productores agropecuarios es un libro publicado por Anderson y Hayami. Los autores realizan una comparación de las variaciones nominales en la protección del sector agrícola (es decir, la ratio entre el precio interno y el externo) en 15 países, desarrollados y en vías de desarrollo, en el periodo 1955-80. Los autores encuentran que el 70% de estas variaciones en la protección nominal puede ser explicada, país por país, a través de la variación de los indicadores de urbanización e industrialización (indicadores como ratio tierra-trabajo y ratio productividad del trabajo agrícola versus productividad del trabajo industrial). Anderson y Hayami concluyen que, mas allá de la distintiva historia de un país, su cultura o instituciones, el nivel de protección para el sector agrícola tenderá a crecer junto a la industrialización, o más precisamente, cuando las ventajas comparativas de la agricultura decrecen. Así, en cuanto las ventajas comparativas se trasladan de la agricultura a la industria, el foco de la protección cambiará desde la industria a la agricultura. Anderson y Hayami estudian particularmente esta tendencia en Asia Oriental, donde países como Japón, Corea, y Taiwán han pasado dramáticamente de castigar impositivamente a proteger al agro, una vez que el rápido proceso de industrialización comenzó.(9)De la cita anterior surge un punto analítica y políticamente central para este trabajo: mientras en los países desarrollados la industrialización supuso un proceso donde se pasaba de castigar a proteger al sector agropecuario, la experiencia Argentina ha mostrado el camino inverso. El país "era desarrollado" cuando no se protegía al agro y comenzó a retrasarse (relativamente, en relación al ingreso per capita de los países ricos) cuando inició el supuesto proceso de industrialización. Es decir, este camino inverso refleja la asimétrica relación entre un sector agrícola altamente productivo y un sector industrial poco productivo. El siguiente gráfico refleja la decadencia relativa:Evolución relativa del ingreso por habitante de Argentina.Ingreso per cápita argentino como % del promedio entre Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Brasil. Fuente: Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, Ved en Trono a la Noble Igualdad, Op. cit., 8.Juegos de suma cero y repetición de crisisDurante la crisis y post crisis de 1929 es cuando comienza a consolidarse el juego de suma cero que se institucionaliza en la estable puja distributiva que impone el primer peronismo. La influencia que la Gran Depresión ha tenido en la economía política de la Argentina no puede subestimarse. Tanto la Gran Depresión como el primer peronismo son variables centrales para entender por qué acontece una puja distributiva de baja calidad institucional, que se consolida en el tiempo independientemente de las sucesivas crisis fiscales que ayuda a provocar. Podemos ver los siguientes indicadores:La depresión del comercio argentino:exportaciones e importaciones durante la crisis Fuente: Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto: Un siglo de políticas económicas argentinas (Buenos Aires: Ariel, 1998), 114. (De aquí en adelante: Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto)¿Cuáles son las nuevas variables que aparecen con la Gran Depresión? La principal variable que genera la crisis es una ola proteccionista. Una segunda variable, relacionada con la primera, es la incipiente consolidación de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), modelo económico-político que es institucionalizado por el primer peronismo. Una crisis puede tener la particularidad de generar incentivos económicos e institucionales anteriormente inexistentes. Sin embargo, lo relevante de la crisis del 29' para la economía política de la Argentina ha sido contribuir a generar nuevos incentivos que se fueron consolidando con las sucesivas crisis. Es decir, es un dato analítico inusual que las posteriores crisis fiscales hayan contribuido a institucionalizar un patrón de captura en vez de generar incentivos para al menos intentar modificar la economía política del estancamiento.La crisis del 29' nos provee también indicadores comparados:Un mundo en crisis:Caída máxima del producto en tiempos de la Depresión (%) Fuente: Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas, El ciclo de la ilusión y el desencanto, Op. cit., 119.Como mencionamos, podemos ver que la puja distributiva que comienza en el juego de suma cero de finales de los 20's se consolida durante el primer peronismo(10): Fuente: elaboración propia con datos provistos en CD con estadísticas de Gerardo Della Paolera y Alan Taylor,A New Economic History of Argentina (EEUU: Cambridge University Press, 2003): Nominal Wage Index (IEERAL (1986) and Mundlak, Cavallo and Domenech (1989)) (De aquí en adelante: Gerardo Della Paolera y Alan Taylor, A New Economic History of Argentina)La puja distributiva también queda reflejada en el Índice de Precios al Consumidor: Fuente: elaboración propia con datos provistos en CD con estadísticas de Gerardo Della Paolera y Alan Taylor,A New Economic History of Argentina, Op. cit.Por otro lado, podemos ver como después de la Gran Depresión los salarios del sector agropecuario se recuperan en parte, para volver a caer con la llegada del primer peronismo. En cambio, los salarios del sector industrial permanecen en una meseta durante la Depresión, para alcanzar un aumento notable con la llegada del peronismo: Fuente: elaboración propia con datos provistos en CD con estadísticas de Gerardo Della Paolera y Alan Taylor,A New Economic History of Argentina, Op. cit.Por último, es necesario mostrar la discriminación al campo que se consolida e institucionaliza con el primer peronismo:La discriminación al campo(Base 1925-1929 = 100) Fuente: Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas, El ciclo de la ilusión y el desencanto, Op. cit., 189.¿Por qué habría una relación entre el juego de suma cero planteado y la repetición de las crisis fiscales en Argentina? Como mencionamos, la década del 20 contribuyó a consolidar un proceso de industrialización de baja calidad. En ese marco, el problema no sólo era la mala calidad de la industrialización sino el momento histórico donde ello acontecía. Cuando más se necesitaban recursos para producir nuevas ganancias de productividad en el sector agropecuario argentino, comenzaba una eficiente captura por parte de un nuevo actor. Esta sistemática captura puede ejemplificarse en la aparición de la Junta Nacional de Granos en 1935 y en las políticas distributivas implementadas por el primer peronismo(11). Sin embargo, aquí el punto analítico principal es que el juego de suma cero se institucionaliza con el primer peronismo, y las sucesivas crisis fiscales son incapaces de generar incentivos como para modificar la captura en marcha.A partir de la cita anterior de Astoney Vahsney, podemos pensar que la complejidad de la experiencia argentina se debe en parte a la existencia de un proceso de industrialización donde el perjudicado es el sector agropecuario y el protegido es precisamente un sector industrial con bajos índices de productividad. Siguiendo esta lógica, es posible ver que la mala calidad del proceso de industrialización argentino institucionaliza un marco estable de captura porque el sector eficiente es también el más atomizado políticamente. Así, las sucesivas crisis fiscales reflejan la existencia de una irresuelta puja distributiva. Esta particular economía política de la captura puede ayudarnos a articular una explicación sobre la estabilidad del estancamiento.El juego de suma cero supone la existencia de cierta ineficiencia económica y esta a su vez supone la posibilidad de un sector público que gasta por encima de sus ingresos. A su vez, eso genera una crisis. Sin embargo, esa crisis fiscal no necesariamente supone una cesación de pagos. Della Paolera, Irigoin y Bózzoli hacen hincapié en un punto analíticamente central: para ellos, los problemas de incumplimiento del sector público argentino no tienen que medirse sólo en relación al default de bonos de la deuda sino al default interno que significa la desvalorización de la moneda local debido a la inflación causada por la excesiva monetización. La impresión de moneda local es una deuda que el Estado contrae con sus ciudadanos y la monetización de los déficits es, para los autores, una manera de incumplir con las obligaciones asumidas. Es decir, no sólo se pueden violar los derechos de propiedad a través de la cesación de pagos de bonos de la deuda publica sino también a través de la cesación de pagos de hecho que significa la impresión de moneda que genera procesos inflacionarios. En palabras de los autores:As was the case prior to 1850s, currency issue was the ultimate recourse taken to meet the fiscal gap. This was the result of the government's capacity to influence the authorities in charge of monetary policymaking. Eventually, excessive monetary expansion led to inflation and allowed the government to repudiate some of its liabilities. Because inflation diminished the real value of money, the monetization of the fiscal deficit acted as a progressive expropriation of domestic currency held by private agents, i.e., it acted as an inflation tax. This permanent erosion in the purchasing power of the public's cash holdings had dramatic consequences. Over time, this repeatedly used device reached extreme proportions: on a percentage basis, increases in the fiscal deficit were often met one-for-one with increases in inflation tax…The use of monetization to finance persistent fiscal deficits was one of the main problems of the Argentine economy in the second half of the 20th century. (12)Las crisis económicas pueden reflejarse en incumplimientos en el pago de bonos pero también en el valor de la moneda local. El sector público argentino ha sistemáticamente monetizado sus déficits y generado así ganadores y perdedores. Sin embargo, lo destacable del proceso ha sido la dificultad para modificar el patrón de captura. Es decir, una pregunta central que debe responder la historia económica no es la existencia de una puja distributiva sino la irresuelta permanencia de la misma. En este trabajo hemos intentado marcar que esa irresuelta permanencia se ha debido en parte a la compleja e inusual relación dada en un país que elige para modernizarse depender de la eficiencia del sector agropecuario. A su vez, ello no sólo generó la existencia de un juego de suma cero sino la estabilidad de ese juego. La razón de la estabilidad hay que buscarla en la lógica de la acción colectiva: el incipiente sector industrial no sólo era ineficiente económicamente sino que se encontraba en una relación de poder asimétrica y ventajosa con el crecientemente desarticulado sector agropecuario, situación que contribuyó a institucionalizar el juego de suma cero incluso ante la sucesión de crisis fiscales.Consideraciones finales¿En qué medida el incipiente proceso de industrialización en marcha en los años 20' potenció un juego de suma cero entre el campo y la industria y, al hacerlo, ha contribuido a generar diversos ciclos de expansión populista que, dado su volatilidad, ayudaron a consolidar un marco institucional de sucesivas crisis? Es decir, ¿potencian los juegos de suma cero la volatilidad de los ciclos económicos?En el presente trabajo hemos intentado marcar una relación entre el juego de suma cero del campo y la industria y la volatilidad de los ciclos económicos en Argentina a partir de la institucionalización de la captura. ¿Cuál ha sido la particularidad de la economía política de la Argentina? Posiblemente, que la captura ha sido estable debido a que el proceso de modernización supuso la protección para la industria y no para el campo. Esto hizo estable la captura y una captura estable devino en sucesivas crisis fiscales que, a su vez, no podían generar un cambio posterior en los incentivos institucionales.La volatilidad del ciclo económico argentino ha sido producto en parte de la mala calidad de la puja distributiva. Una puja distributiva es de mala calidad cuando se institucionaliza una captura de un actor sobre otro y las sucesivas crisis (de mayor o menor volatilidad) no pueden modificar los incentivos. Si bien podemos enumerar decenas de pujas distributivas que permanecen en la misma dinámica, sin solución de continuidad, debemos preguntarnos qué tiene de distintivo la puja que surge con el proceso de industrialización. Lo distintivo es la concatenación con la Gran Depresión y la necesidad de desarrollar importantes inversiones en un sector agropecuario que debía competir con un mundo crecientemente protegido pero competitivo. A su vez, la mala calidad de la industrialización argentina se concatena con una eficiente articulación política del sector urbano-industrial. Asimismo, el peronismo institucionaliza este mecanismo y hace que la puja distributiva que había nacido fuera de difícil modificación incluso después de sucesivas y profundas crisis fiscales. BibliografíaDella Paolera, Gerardo y Alan Taylor. A New Economic History of Argentina. EEUU: Cambridge University Press, 2003.Di Tella, Guido y Manuel Zymelman. Las etapas del desarrollo económico argentino. Buenos Aires: Eudeba, 1967. Díaz Alejandro, Carlos. Essays on the Economic History of the Argentine Republic. New Haven: Yale University Press, 1970.Gerchunoff, Pablo y Horacio Aguirre. In Search of the Missing Link: the Argentine Economy in the 1920s. Mimeo. Buenos Aires: Universidad Di Tella, 2003. Gerchunoff, Pablo y Damián Antúnez. "De la bonanza peronista a la crisis del desarrollo." En Los Años Peronistas, Vol VIII de la Nueva Historia Argentina, ed. Juan Carlos Torre, 125-205. Buenos Aires: Sudamericana, 2002.Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Buenos Aires: Ariel, 1998.Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas. Ved en Trono a la noble igualdad. Crecimiento, equidad y política económica en la Argentina, 1880-2003. Buenos Aires: Fundación Pent, 2003.Paarlberg, Robert. "The Political Economy of American Agricultural Policy: Three Approaches." The American Journal of Agricultural Economics71 (diciembre 1989): 1157-1164. [en línea] disponible en http://chla.library.cornell.edu.Rocchi, Fernando. Building a Nation, Building a Market: Industrial Growth and the Domestic Economy in Turn-of-the- Century Argentina. PhD dissertation. Santa Barbara: UC Santa Barbara, 1997.Varshney, Ashutosh. "Introduction: Urban Bias in Perspective." Journal of Development Studies 29 (julio 1993): 3-22.Villanueva, Javier. "El origen de la industrialización argentina." Desarrollo Económico 47 (oct-dic 1972): 1-24. [en línea] disponible en www.educ.ar.NOTAS(1) Ver Fernando Rocchi, Building a Nation, Building a Market: Industrial Growth and the Domestic Economy in Turn-of-the-Century Argentina. Ph.D. dissertation (Santa Barbara: UC-Santa Barbara, 1997).(2) Ver Guido Di Tella y Manuel Zymelman, Las etapas del desarrollo económico argentino (Buenos Aires: Eudeba, 1967).(3) Javier Villanueva, "El origen de la industrialización argentina," Revista de Desarrollo Económico 47 (oct-dic 1972): 4. [en línea] disponible en www.educ.ar. (De aquí en adelante: Javier Villanueva, "El origen de la industrialización argentina").(4) Javier Villanueva, "El origen de la industrialización argentina," Op. cit., [en línea] disponible enwww.educ.ar 6.(5) Pablo Gerchunoff y Horacio Aguirre, In Search of the Missing Link: the Argentine Economy in the 1920s.Mimeo (Buenos Aires: Universidad Di Tella, 2003), 1 y 20. El investigador Carlos Díaz Alejandro desacredita la posibilidad de la década del 20´ como un punto de inflexión. El historiador económico cubano demuestra que las tasas de crecimiento continuaban siendo elevadas y superiores a la tasa promedio de los países principales. Ver la clásica obra: Carlos Díaz Alejandro, Essays on the Economic History of the Argentine Republic (New Haven: Yale University Press, 1970).(6) Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, Ved en Trono a la Noble Igualdad. Crecimiento, Equidad y Política Económica en la Argentina: 1880-2003 (Buenos Aires: Fundación Pent, 2003), 3. (De aquí en adelante: Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, Ved en Trono a la Noble Igualdad).(7) Ashutosh Varshney, "Introduction: Urban Bias in Perspective," Journal of Development Studies 29 (julio 1993): 7. (De aquí en adelante: Ashutosh Varshney, "Introduction: Urban Bias in Perspective")(8) Ashutosh Varshney, "Introduction: Urban Bias in Perspective," Op. cit.: 7.(9) Robert Paarlberg, "The Political Economy of American Agricultural Policy: Three Approaches," The American Journal of Agricultural Economics 71 (diciembre 1989): 1158. [en línea] disponible en http://chla.library.cornell.edu.(10) Tomando en cuenta la mayor participación del sector industrial en el Producto Bruto Nacional, especificado anteriormente en el cuadro de Javier Villanueva titulado "Producto Bruto Nacional: Sectores agrícola y manufacturero".(11) Ver Pablo Gerchunoff y Damián Antúnez, "De la bonanza peronista a la crisis del desarrollo," en Los Años Peronistas, vol VIII de la Nueva Historia Argentina, ed. Juan Carlos Torre, (Buenos Aires: Sudamericana, 2002).(12) Gerardo Della Paolera, María Alejandra Irigoin y Carlos G. Bózzoli, "Passing the buck: Monetary and fiscal policies," en A New Economic History of Argentina, ed. Gerardo Della Paolera y Alan Taylor (EEUU: Cambridge University Press, 2003), 72-73. A su vez, Della Paolera y Taylor desarrollan la relación entre moneda y baja calidad institucional en Gerardo Della Paolera y Alan Taylor, Straining at the Anchor (Chicago: The University of Chicago Press, 2001). *Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad Torcuato Di Tella-Argentina), maestrando en Arquitectura Urbana (Universidad Di Tella-Argentina)Ha sido Profesora Adjunta en Historia Economica (Universidad Di Tella-Argentina)

Planteamiento del problema
Las motivaciones de este estudio comienzan a partir de la observación del mercado de diseño en Argentina, específicamente, en la capital del país, Buenos Aires, y los barrios Palermo, Recoleta y Microcentro; lugares en donde se ofrecen objetos contemporáneos de diseño industrial. Al recorrer estos lugares se pueden ver diferentes espacios en los que se destaca el diseño de mobiliario, la indumentaria, los accesorios y aquellos objetos cotidianos que hacen que dichos lugares se conviertan en sectores frecuentados por los consumidores en la búsqueda de toda clase de innovación. Un ejemplo claro de lo descrito anteriormente puede ser representado por el centro comercial Buenos Aires Desing, ubicado en el barrio Recoleta; en el que se pueden encontrar diversas alternativas comerciales que incluyen marcas reconocidas y productos creados por diseñadores argentinos; entre dichos productos, se ubica el sector mobiliario y el de objetos decorativos. Otra zona reconocida por reunir variados espacios de diseño se encuentra en el barrio Palermo en donde, al transitar por sus calles, se encuentra una gran compilación de creaciones innovadoras, entre ellas, una sugerente cantidad de tiendas de diseño muy concurridas y reconocidas a nivel nacional, esto, por contener una serie de productos creados por diseñadores argentinos. Dentro de las tiendas de diseño, se encuentra una gran variedad de objetos contemporá- neos provenientes de diferentes empresas, y de ellas, se destacan cuatro particularmente: Diseñaveral, Silicosas, VacaValiente y Pla; empresas sobresalientes del mercado mencionado y que serán el eje de estudio y análisis a lo largo de la investigación ya que sus diseños resultan ser innovadores, creativos y los preferidos por los diversos compradores. En primer lugar, la empresa Diseñaveral crea accesorios para mesa y escritorio, productos de son de uso personal y mobiliario; todos elaborados con materiales como cuero reconstituido y madera. Seguidamente, se encuentra la compañía Silicosas que se encarga del diseño de objetos cotidianos como mates, corchos y productos para la cocina elaborados a partir del caucho de silicona. De la misma manera, Vacavaliente resulta ser otra empresa que se encarga de elaborar objetos de diseño usados como accesorios para oficina y objetos para el hogar en cuero reciclado. Y finalmente, la compañía Pla se ocupa del diseño de objetos cotidianos para el hogar, inspirados en el humor y la ironía. Con relación a lo mencionado anteriormente, resulta fundamental indicar que dichas empresas surgieron después de la crisis del año 2001 en Argentina; dificultad que origina el surgimiento de diversos emprendedores que, con la ayuda de determinados elementos y estrategias, se inician con pequeñas empresas de diseño industrial. Sin embargo, antes de dicha crisis, el diseño ya hacía pieza fundamental dentro de la producción argentina. Los investigadores Aquiles Gay y Lidia Samar (2007) describen, en su publicación El diseño industrial en la historia, un año 1937 instaurado en la problemática del diseño como parte del accionar político en el plano cultural, y señalan, además, que en 1939 se diseñó el sillón BKF1 que fue reconocido a nivel mundial como uno de los 100 mejores diseños de la época. Del mismo modo, Gay et.al. manifiestan que Hugo Kogan2 es reconocido por la industria argentina como un profesional que ha contribuido con importantes aportes al campo del diseño, fundamentalmente, con la ayuda de sus productos vinculados a bienes de consumo como electrodomésticos, artefactos de iluminación y equipamiento. No obstante, Gay et.al. (2007) considera que el diseño argentino no encontró características que le favorecieran dentro de la economía argentina; pues finalizando los años setenta el equilibrio externo sufrió un deterioro originado a causa de la dilución del modelo sustitutivo de importación3 , del alza de las tasas internacionales y de la disminución del financiamiento externo. A partir de esto, se generó la desvalorización monetaria y una disminución de la actividad económica interna que dio como resultado una crítica situación inflacionaria en toda la década de 1980. En consecuencia, es viable pensar que antes de la crisis de 2001 el diseño ya era parte de la producción del país, pero no se incluía aún como una estrategia de desarrollo en la producción, tampoco era un campo conocido en la sociedad, y menos, se conocía de la importancia del diseño en los desarrollos empresariales. Así, desde el 2001, el diseño comienza a emerger como parte fundamental dentro de las políticas de desarrollo del país. En efecto, concebir lo que sucedió en la década del 2001 al 2010 resulta ser de vital importancia para lograr conocer y comprender los medios y estrategias generadas por las empresas que las conducen al emprendimiento una vez pasada la crisis. Mauricio Rojas (2003), político e historiador económico, se refiere a la crisis del 2001 como una suma de problemas antiguos y nuevos que se fusionaron para llevar a Argentina al colapso sufrido. De modo semejante, Estrella Perotti (2003), contadora pública e investigadora, considera que fue una declinación económica que se generó desde 1998 hasta finales del 2001, justo cuando la economía explota en una recesión total. Una de las grandes consecuencias del inicio de la declinación fue la convertibilidad en la que la moneda argentina igualó al dólar desde 1991, y a su vez, el Producto Interno Bruto, que es el valor monetario de los bienes y servicios producidos por la economía de un país, cae un 28% situándose en su mayor alcance desde 1988 hasta 2002 para generar así, una inflación persistente, un escaso crecimiento económico, una tasa de desempleo, que subió hasta 23,6%, y una tasa de pobreza que alcanzó el 57,5% en el 2002. La crisis del 2001 fue la crisis más profunda de la historia del país, pues como resultado dejó un extremo desempleo que desencadenó el desplazamiento de gran parte de la población; sin embargo, un grupo con un significativo número de pobladores decidió quedarse para generar emprendimiento para diversos sectores, entre ellos, los diseñadores, que crearon, como recurso para subsistir, empresas innovadoras de todo tipo de productos. Ahora bien, enfocando la mirada hacia el ámbito del diseño industrial y hacia la ciudad de Buenos Aires, es posible percibir el surgimiento de empresas desde el 2001 hasta el 2010 ligadas a la creación de objetos cotidianos contemporáneos que permiten al diseñador industrial la exploración de su posición y la importancia de esta, tanto en el mercado como en la actividad productiva. Como resultado de lo ya mencionado, Buenos Aires ha hecho la diferencia en cuanto a la solución de problemáticas, ya que con ello ha dinamizado las características de la generación y de la proyección de ideas que permiten la posibilidad de tomar nuevos rumbos en todo el tramo de concientización en dirección a la importancia del diseño en cualquier ámbito cultural y social. En paralelo a lo anterior, se generan también estrategias, desde el estado, que permiten a los emprendedores desarrollar sus pequeñas empresas. Existen así, distintos testimonios políticos sobre la función del diseño dentro del desarrollo de dichas empresas; empresas que colaboran en la investigación para, de esta manera, tener puntos de referencia a partir de diversos ámbitos. El Ministerio de Industria de la Nación Argentina (2013) congrega cierto número de especialistas que dan explicación al crecimiento del diseño en la industria, y uno de ellos es Débora Giorgi, Ministra de Industria, quien plantea que el diseño debe percibirse como un proceso y no como una estrategia apartada del desarrollo industrial, así, desde ese punto de vista, el diseño debe ser concebido como una pieza clave dentro de la producción y la generación de cualquier producto o servicio. En consecuencia, resulta claro que el diseño permite desarrollar, crear e innovar; características que orientan la construcción de un punto de partida hacia la solución de problemas críticos dentro del proceso de diseño. En Buenos Aires, surge, particularmente, el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), identidad pública dedicada desde el 2001 a la vinculación del diseño en las pequeñas y medianas empresas. El economista Luciano Borgoglio (2011), sostiene en su artículo Dise- ño, industrias creativas y desarrollo económico, del libro Aportes del diseño CMD, que en los últimos años se le ha dado más importancia al diseño en los barrios Palermo y Recoleta, en donde se refleja un aumento en el sector comercial y más ofertas educativas, esto, ya que pertenecen a Buenos Aires, urbe destacada por ser la ciudad del diseño. Por otra parte, Paulina Becerra (2013), diseñadora industrial, señala en el libro Diez años del CMD, que en el año 2005 Buenos Aires fue nombrada como la primera ciudad del diseño por las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO; afirma además, que tal nombramiento fue otorgado en vista de la amplia oferta existente de profesionales y centros de estudio sobre innovación; centros que generan más oportunidades de desarrollo para nuevos productos. Es de esta manera, que la ciudad resulta ser el referente en América Latina en tal tema, lo que hace que se posicione como pionera dentro de una economía creativa en los campos de producción de bienes de consumo y en la expansión de nuevas tecnologías. En este sentido, es posible pensar que Buenos Aires generó emprendimientos de diseño a partir de diferentes incubadoras de proyectos, que permitieron una infraestructura de producción y una expansión en el campo del diseño. De esta manera, la presente investigación se cuestiona la forma en la que se desarrollaron ciertos productos innovadores y el proceso que originó la adaptación de las pequeñas empresas al mercado, esto, frente a una crisis económica que afectó todo el nivel productivo, y finalmente, son motivo de investigación, los aportes que hacen los emprendedores en pro de la construcción de nuevas ideas para la generación de objetos contemporáneos y empresas innovadoras.

Objetivo general
Investigar los aspectos de innovación y adaptación en el mercado, que impulsaron emprendimientos de diseño industrial en el marco de la crisis y crecimiento económico (2001- 2010).

Objetivos específicos
Determinar las formas de producción, inserción y participación dentro del mercado de los diseñadores en las pequeñas empresas como respuestas a la crisis. Reconocer los aportes hechos por los emprendedores a través de la creación de pequeñas empresas dentro del marco de la crisis y el crecimiento económico. Identificar el proceso de diseño de los objetos contemporáneos realizados en las pequeñas empresas, en cuanto a calidad, materiales, ergonomía, estética y funcionalidad. Analizar los aspectos de innovación que impulsaron a los emprendimientos del diseño industrial.

Hipótesis
La hipótesis plantea que la innovación en el diseño de productos y la adaptación en el mercado, impulsaron a los pequeños emprendedores de Buenos Aires en el marco de la crisis y el crecimiento económico de Argentina (2001-2010).

Estado de la cuestión
Respecto al tema planteado, existen algunas investigaciones que se acercan, desde distintos enfoques, al área de interés de la mencionada tesis. Es así, que la presente investigación tiene como finalidad analizar las diferentes características de las que hicieron uso los emprendedores en pro de la innovación de objetos contemporáneos y la adaptación de las pequeñas empresas, surgidas en el marco de la crisis y el crecimiento económico en Argentina desde el 2001 hasta el 2010, dentro del mercado. Por consiguiente, al analizar el diseño argentino contemporáneo, es posible apreciar, sustancialmente, que el fenómeno de las tiendas de diseño en Argentina se encuentra sujeto a la crisis del 2001; crisis de la que una de las partes más favorecidas fue el diseño, ya que los emprendedores comenzaron a dar origen a pequeñas empresas innovadoras para lograr surgir en medio de la crisis. Por su parte, el mercado del diseño industrial tomó gran fuerza a causa de la creación de empresas incubadoras encargadas de elaborar diferentes objetos contemporáneos e innovadores, que facilitaron el aumento del consumo de productos exclusivos de diseño. En efecto, es posible encontrar, en primer lugar, aquellas investigaciones sobre las transformaciones que se dieron en el diseño argentino desde los años 1990; por ejemplo, Guy Bonsiepe y Tomás Maldonado (2004), en Proyectar hoy, explican que a partir de la situación económica, política y social de los países latinoamericanos que se desarrolló en los años 1990, justo al culminar la misma en Argentina en el año 2001, surgen preguntas frente a la viabilidad de la globalización y la privatización en cuanto a las políticas de desarrollo; políticas que muestran siempre los efectos positivos y que ocultan los aspectos negativos que produce ella misma. Por su parte, Bonsiepe et.al. (2004) asegura que dentro de la Globalización de los países de Latinoamérica, se detecta que en las situaciones extremas de necesidades sociales, el dise- ño no cumple con el papel que le corresponde y deja vislumbrar interrogantes por resolver, esto, ya que existe mucho campo por investigar y construir dentro de esta disciplina. Sin embargo, Bárbara Guershman y Patricia Vargas (2007), en Quilombo y apuesta, reconocen la fase de desindustrialización de 1980 a 1990, como la fase de abolición de las empresas del diseño en argentina que se dedicaron, en su momento, a la creación de indumentaria, objetos de decoración y accesorios, puesto que al equiparar el peso con el dólar, resultaba más conveniente comprar productos procedentes del sudeste asiático que producirlos en Argentina. Frente a esta situación, se dio una pérdida masiva de empleos y ante esto, muchos diseñadores decidieron dejar el país para migrar, especialmente, hacia Europa. Sin embargo, un grupo importante de diseñadores resolvió quedarse dentro del Argentina para continuar con la generación de emprendimientos. En lo que respecta a Guershman et. al. (2007), afirma que los sucesos que rodearon el final del 2001 fueron considerados como parte de la crisis más profunda de la historia del país; pues el gobierno paralizó los depósitos bancarios de los ahorristas para suspender la salida de dinero, medida conocida como "corralito", y comenzó así, a caer el modelo económico de la paridad del dólar con el peso argentino. La cantidad abrumadora de desempleo, pobreza e indigencia, que fueron resultado de la recesión, más el cese de actividades agropecuarias y el cierre de fábricas debido a la importación, empezó a manifestar cierto malestar social que generó un importante número de protestas masivas. Consecuentemente, desde el 2001, en Argentina se genera un renacer emprendedor del que Hugo Kantis y Juan Federico (2007), Crisis y renacimiento emprendedor en Argentina, y a través de una investigación y análisis, hacen referencia al hecho de emprender en ciertas épocas de crisis. Así, el proceso de emprendimiento da como resultado la creación tanto de empresas como de nuevos emprendedores y sus etapas resultan ser la motivación, la idea de negocio y por último, la producción del proyecto. Asimismo, dentro de dicho proceso, inciden factores como las condiciones socioeconómicas, los aspectos culturales y sociales, el sistema de producción en todas sus etapas y la competencia dentro del mercado. Por otra parte, el estudio realizado por Kantis et.al. (2007) arrojó como resultado que el periodo de los noventa dejó ajustes negativos en cuanto a la creación de empresas, principalmente en la industrial, y que solamente en los últimos años, ha comenzado a tener cabida y desarrollo un proceso de recuperación en lo que respecta al sector empresarial; proceso que todavía no logra compensar la destrucción previa, pero que abre nuevas expectativas hacia el futuro. Se puede decir que desde los años 1990 el desarrollo económico e industrial se modificó, lo que origino que de allí surgieran emprendedores que generaron pequeñas empresas de diseño, de las cuales resultaron políticas de desarrollo dentro del país. Es este entonces, el punto de transición en el que comienza a mostrarse la importancia de la investigación hacia el ámbito del diseño industrial. En la investigación Diseño en la Argentina, estudio del impacto económico 2008, su autora, Paula Español (2009), ex directora del Centro de Estudios para la Producción en Argentina, rescata al diseño como una actividad interdisciplinar y de innovación que se destaca después de la crisis, esto como resultado de las múltiples etapas que contiene para la realización de productos como la producción, distribución, venta e incorporación de diseño a la mercadería, resultado pensado desde la etapa de concepción hasta la comercialización del producto desarrollado. El diseño respecto al desarrollo de innovaciones en Argentina, se convierte en una pieza importante para brindar conocimiento a la actividad productiva, y para agregar valor a la producción local, al impacto económico, los bajos costos en los procesos y en la comercialización; factores que brindan un nivel de competitividad alto en el mercado interno e internacional y que hace que se constituya en un elemento relevante para las políticas de desarrollo (Español, 2009). Por tal razón y lo ya mencionado, se puede percibir que Argentina ha hecho una diferencia en cuanto a la solución de problemáticas en el marco de la crisis económica de 2001 y ha llevado a dinamizar las características de la generación de ideas, la proyección y emprendimientos; elementos que permiten nuevos rumbos en todo el tramo de concientización de la importancia del diseño en cualquier ámbito cultural y sociológico.
María Eugenia Correa (2010), en su artículo El diseño como práctica autogestionada, explica que a fines de los años 1990, Argentina tuvo importantes transformaciones en el plano político, económico, social y cultural, como consecuencia de la apertura económica internacional y las políticas neoliberales que generaron pérdidas en la economía local, además de un alto nivel de desempleo. Correa (2010) centra como punto de observación a los barrios Palermo, San Telmo y Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, los cuales muestran un movimiento de bienes de diseño y un fenómeno de jóvenes creadores que buscan, por medio del mismo, una forma de incorporarse en el mercado de manera autónoma e con la intención de hacer uso de la creatividad para generar ideas innovadoras que atrapen a los consumidores en el momento de su búsqueda de una estética importante en los diversos objetos. Desde otro punto de vista, en el libro 42, Ensayos sobre la imagen, edición IX, la investigadora Juliana Barona Morales (2011), en su ensayo El emprendimiento de diseño en la Argentina, explica que la crisis del 2001 permitió al diseñador implementar diferentes estrategias para generar oportunidades que años atrás eran imposibles por el mercado externo que entraba al país. La crisis fue una plataforma, especialmente, para los diseñadores industriales que se dedicaron a plasmar diferentes ideas en objetos exclusivos para la venta en zonas específicas de Buenos Aires como el barrio Palermo, y a raíz de ello, se originaron los conocidos barrios temáticos que, hoy en día, son parte de la cultura consumista porteña. Resulta ser entonces, que lo que ayudó a esta revelación de los creadores, fue el CMD, que apunta al diseño estratégico como parte de interdisciplinariedades y procesos creativos de otras colectividades. Todo esto representa un punto de apoyo para comprender la importancia que tuvo la inclusión del diseño en las empresas durante los períodos de la crisis, lo que hizo que este fuera una disciplina reconocida en el ámbito local como aquella que permite un desarrollo en las producciones y forma parte de las políticas de desarrollo, para luego, convertirlo en una pieza clave dentro del crecimiento del país. Igualmente, es necesario enfocarse en la crisis generalizada de los países, en cómo estos generan alternativas y soluciones desde diferentes perspectivas por medio del diseño; pues Gui Bonsiepe (2011), en la conferencia realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, expone que el diseño se ubica en el cruce entre la cultura, la tecnología y la economía, que este resulta ser la cotidianidad del mundo. El diseño, contrario a otras disciplinas, no se encuentra encaminado a la concepción de nuevos conocimientos, sino a las prácticas y a la producción; indica además, que su enfoque lo orienta hacia lo operativo de los artefactos y explica la funcionalidad en términos de conducta cultural y social, pues una de las funciones del diseño es hacer que los objetos sean menos complejos y más estéticos. Sugiere entonces, que las crisis provocan emociones de riesgo, de incertidumbre, de confusión, depresión; permiten visualizar con exactitud y conocimiento determinadas causas para diseñar caminos y superarlas. Es así que el diseño no puede jugar un papel definitivo en las crisis, pero tampoco se puede negar la capacidad que posee dicha disciplina en los aspectos de desarrollo e innovación (Bonsiepe, 2011). Todas las crisis generan rasgos de pérdidas, pero, en gran medida, funcionan para dar a luz innovaciones y asegurar más creatividad dentro del caos. En el libro Diseño sin fronteras, Sara Ibarra, Gustavo Ortega y Javier Mejía (2011), realizan una investigación acerca del diseño industrial como clave de innovación social en la crisis humanitaria de Haití. El objetivo de su investigación es intentar explicar cómo los diseñadores industriales poseen la capacidad de formular planes estratégicos que llevan a cabo desarrollos de proyectos y que guían en la creación de productos innovadores y funcionales en las situaciones de crisis humanitaria. Fue de esta manera como desarrollaron planes para diferentes procesos dentro de la crisis de Haití; procesos exitosos en su totalidad y con mayor potencial de realización, ya que se enfocaron en la vivienda, la educación y el transporte. Durante tal proyecto se entendió la labor del diseñador industrial como una forma estratégica en los diferentes mercados de la base de la pirámide que favorecía la resolución de problemas de cierta complejidad dentro de procesos de innovación social. Específicamente, en el caso de la crisis de España, se pueden encontrar ejemplos como el de la empresa MAPFRE (2012), que hace un análisis acerca del emprendimiento en tiempo de crisis. MAPFRE investiga los riesgos a los que se somete el emprendedor español desde que inicia un proyecto y los factores que ayudan al triunfo o pérdida de cualquier iniciativa empresarial. Las empresas son potencias claves para generar riqueza nacional, pues a través de estas, se crean empleos y actividades en el sector económico y social; por ejemplo, las Pymes establecen una parte importante del tejido empresarial, ya que dan empleo a un alto porcentaje de personas; además de que en ellas se destaca el cargo de las microempresas en el contexto económico. En esta investigación, Ginés Clement explica que todo proyecto está antecedido por un fracaso y que sin este, no hay forma de progreso, ya que resulta necesario que dicho fracaso se dé aunque sea de manera dificultosa. En lo que respecta a España, la crisis fue de tipo financiera y una de sus manifestaciones más severas fue la contracción del crédito para empresas, momento en el que el emprendimiento comenzó a depender de una financiación basada en un capital, lo que llevó a que dichas empresas se vieran reducidas por la crisis del momento (MAPFRE, 2012). En este sentido, resulta viable pensar que el emprendimiento genera riesgos y oportunidades en el mundo global y que las ideas innovadoras orientan a un mercado a dotarse de instrumentos realmente eficaces; instrumentos que no conduzcan a la decadencia de las invenciones, ya que en la globalización, emprender es la respuesta a originar y satisfacer nuevas necesidades en los consumidores para así, lograr el éxito y surgir en medio de cualquier dificultad. El diseño entonces, es un factor que ayuda a superar las crisis económicas y genera como resultados una producción alta para ayudar a los recursos de los países. José María Altemir (2012), autor de El diseño, factor de superación de las crisis económicas, sostiene que desde octubre de 1929 hasta 1932, se produjo la Gran Depresión, debida a la caída de los precios en las acciones de Wall Street por el interés de enriquecimiento rápido de la población; catorce millones de desempleados en Estados Unidos fue el resultado de ello. A raíz de esto, se originaron teorías económicas para superar la crisis y el diseño industrial ayudó a la superación económica. Los mercados más competitivos comenzaron a convocar especialistas del diseño de la época como W.D. Teague, N. Bel Geddes, H. Dreyfuss, H.T. Earl y R. Loewy en Estados Unidos; P. Boulanger en Francia; W. Gropius y F. Porsche en Alemania, y B. Pininfarina, G. Bertone, G. Ghia y G. Michelotti en Italia; todos moldeados por escuelas de diseño reconocidas como la Bauhaus en Alemania. El resultado de tal convocatoria fue la aparición de productos de consumo más económicos al fabricarlos y más cómodos de usar que los anteriores; así, los comercios se acrecentaron y comenzaron una expansión incalculable. En relación a lo anterior, se podría pensar que en momentos de crisis, lo mejor es trazar nuevas estrategias y soluciones innovadoras para un mercado previamente estudiado y ligado con productos que suplan necesidades tanto de uso como de compra. No obstante, es vital involucrar a las empresas con el diseño, para marcar una diferencia dentro del mercado y frente a la competencia; además de que el diseño industrial puede ser un factor diferenciador de desarrollo, que genera herramientas para competir en mercados nacionales e internacionales. Por otro lado, David Puentes (2012), autor de Tecnología y pensamiento futuro del trabajo desde la ergonomía en momento de crisis global, plantea que el pensamiento futuro, se muestra como una solución que permite analizar y cambiar el mismo. El arte, la administración, la arquitectura, la ingeniería y el diseño, son disciplinas que adoptan el pensamiento futuro, orientado más allá en el tiempo e investiga además, todas las posibilidades que surgen desde la innovación para encontrar así, la solución a determinadas problemáticas del presente en relación con el futuro y viceversa. Este pensamiento futuro es el medio y el resultado de la creación de estas disciplinas. El autor asume la crisis del trabajo para América Latina como un manifiesto en el crecimiento de la economía no estructurada, el autoempleo y las malas condiciones de trabajo; las crisis deben ayudar a generar mayor producción de bienes de capital, para concebirse así, una economía más sólida que conlleve a una mayor formalización del empleo, un mayor ingreso per cápita y una mejor calidad de vida de sus habitantes. Finalmente, se puede decir que en medio de períodos de crisis, las personas tienden a percatarse solo el aspecto negativo del asunto, sin ser conscientes de que a raíz de las crisis, es que surgen las mejores herramientas para consolidar empresas; un ejemplo claro de ello, lo expone Diana Mesa Correa (2010) en su tesis de doctorado sobre marketing proactivo en períodos de crisis y sus efectos en el desempeño empresarial. Según Mesa, el marketing proactivo es la definición de la recesión como una oportunidad de desarrollo y realización para las empresas, y su respuesta orienta el enriquecimiento en colaboración con la oportunidad establecida por la transformación. Para la autora de dicha tesis, la pro actividad en estos casos cumple un papel importante que genera ventajas para llegar a ser el primero en un período corto, además de permitirle sobrevivir sin daños en medio de la crisis, y consecuentemente, lograr sobresalir en el mercado a largo plazo. En efecto, los ambientes difíciles hacen aparecer posturas proactivas y estructuras estratégicas orientadas hacia un mercado que como resultado obtiene desempeños altos. Finalmente, cuanto más estable sea el énfasis estratégico en el marketing, mayor será el marketing proactivo en la crisis de una empresa (Correa, 2010). Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, es evidente que no existe una investigación sistemática sobre el tema que se propone investigar en esta tesis, pues los antecedentes seleccionados aportan a la investigación una comprensión desde diferentes puntos de vista, tales como el desarrollo económico en América Latina y las crisis presentadas desde los años 1990; el aporte del diseño industrial hacia las políticas de desarrollo generadas por las crisis en general y la importancia del diseño en la generación de estrategias para surgir en medio de una crisis. Sin embargo, no se analizan las teorías en las que se basan actualmente los diseñadores industriales para crear innovación en objetos contemporáneos de uso cotidiano en Argentina, esto, teniendo en cuenta que este es un fenómeno generado desde la crisis de 2001 por emprendedores.

Orden del trabajo y justificación
Esta Tesis está dividida en cuatro capítulos, el capítulo I ofrece un breve contexto histórico de la crisis y la postcrisis de 2001 en Argentina; analizando el impacto que generó este en el diseño, la forma en que afectó a los emprendedores y el motivo que los impulsó al crecimiento con productos innovadores después de la gran crisis sufrida. Además, da razón de las políticas estatales que crean diferentes instituciones en Argentina y Buenos Aires, pues estas colaboran a los emprendedores a promover sus productos como parte fundamental del desarrollo de la industria para el país. En el capítulo II, se recorren los conceptos del diseño industrial y explica algunos de ellos que resultan ser importantes para comprender la creación y el desarrollo de las pequeñas empresas investigadas, ya que a partir de ésta disciplina, nacen emprendedores que generan objetos contemporáneos innovadores. De esta manera, se explican los conceptos ligados al diseño de producto y los procesos usados, desde la generación de ideas para las empresas hasta la producción e inserción en el mercado; puesto que de tal forma se pueden evaluar los objetos que se encuentran en las tiendas de diseño y que ayudan a una participación importante dentro del tramo productivo nacional. En el capítulo III, se aborda el tema del emprendimiento. Las pequeñas y medianas empresas investigadas forman parte de una propuesta de diseñadores industriales con espí- ritu emprendedor, que deciden realizar productos individualizados para consumidores argentinos. Por lo tanto, se hace indispensable conocer acerca de los conceptos arraigados en el tema, así como analizar, por medio del recorrido de los conceptos, la formación del emprendedor y las oportunidades que origina para la generación de empresas. En el capítulo IV, se plantea el término innovación como un eje central de la investigación; esto, puesto que las pequeñas empresas estudiadas ofrecen nuevos productos y nuevos procesos de fabricación, en la medida en que, paralelamente, elabora objetos que contribuyen a la tendencia de fabricar productos cada vez más personalizados. Por consiguiente, es relevante considerar el término innovación como una aproximación a los resultados obtenidos por los emprendimientos.

Relación de la investigación con las líneas temáticas propuestas por la Maestría
Respecto a las líneas temáticas abordadas en este estudio y planteadas por la maestría, se encuentran presentes dos de ellas: la primera es el diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, y la segunda, es la historia y las tendencias. En la primera línea de investigación se pueden analizar elementos desde los cuales, el profesional de diseño industrial aplica sus conocimientos en el desarrollo de objetos cotidianos que tienen cualidades de producción interesantes para una reflexión y un análisis a partir de la función, la estética y la tecnología de diferentes productos. En la segunda línea temática, se pueden comprender los acontecimientos surgidos por la crisis del 2001 en Argentina, ya que es un contexto importante en el desarrollo del estudio, pues cabe anotar, que a partir de la fecha surgieron empresas consolidadas y exitosas del diseño industrial y que la tendencia de las tiendas de objetos de diseño presente en diferentes puntos de Buenos Aires, ayuda a comprender la lógica de la evolución de nuevas líneas de desarrollo.

Notas
1. El sillón BKF es una silla de hierro y cuero diseñada en Buenos Aires por los arquitectos Antonio Bonet, Juan Kurchan y Jorge Ferrari. Forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. 2. Hugo Kogan, diseñador industrial argentino, es un referente influyente en el diseño latinoamericano, ya que fue creador de la profesión de diseño en Argentina. 3. El Modelo sustitutivo de importación es una estrategia económica generada en países latinoamericanos después de la segunda guerra mundial, por la falta de productos elaborados procedentes de Europa. Se caracteriza por los subsidios del estado, los altos aranceles a la importación y el tipo de cambio elevado.

La memoria histórica se ha convertido en pocos años, realmente en el tiempo que llevamos recorrido del siglo XXI y del tercer milenio, en un concepto que ha trascendido de un uso privativo de los especialistas en la investigación histórica a una utilización generalizada por parte de la sociedad en general con un fuerte contenido simbólico y reivindicativo. Sin embargo, para el mundo académico este concepto no es tan nuevo, aunque se trate de una categoría histórica polémica en si misma que no ha tenido una notable expansión hasta los años 80 del pasado siglo XX. Historia y memoria son cosas bien distintas, pero con una relación dinámica creciente y la reflexión contemporánea sobre la memoria histórica es tan rica y compleja que se convierte en una de las discusiones más apasionantes de nuestros días, ya que trasciende del ámbito académico para ser objeto de un no menos intenso debate social al tratarse de uno de los fenómenos más relevantes de la democracia española. Aunque las definiciones que los principales expertos otorgan a la memoria histórica son múltiples y variadas, da la impresión de que el público en general, pese a su incorporación posterior al debate, ha sido más capaz de ponerse de acuerdo en torno al significado de este término compuesto de dos palabras yendo justamente al fondo de la cuestión: el intento de reivindicar a los vencidos en la guerra civil española, de recuperar su memoria reprimida y su honorabilidad, de reequilibrar un relato histórico tergiversado durante demasiado tiempo de dictadura, de búsqueda de una verdad difícil de recomponer y de hacer justicia con las víctimas, que no son sólo aquellos que murieron en los paredones, sino también los que sobrevivieron y sus descendientes, a quienes se ha transmitido un trauma generacional. Para ellos, las heridas siguen abiertas y supuran una memoria doliente, por lo que tienen derecho -y así se lo reconoce el derecho internacional de los derechos humanos- a ser escuchados para que tras la cura y la sutura de sus llagas pueda superarse una situación anacrónica que corre el peligro de cronificarse. Así pues, y pese a la manida argumentación heredada de la falsa mitología franquista que sigue anidando en buena parte del subconsciente colectivo, la memoria histórica no trata de abrir heridas, sino de curarlas y cerrarlas para pasar de una vez por todas la página más trágica y convulsa de la historia de España del siglo XX. Y, por supuesto, para tomar lecciones que eviten su repetición en el futuro. El presente trabajo se centra en la historia de un fenómeno más social que político, el de la recuperación de la memoria histórica, que ha generado un amplio debate en España, pese a que no es exclusivo de aquí. Un debate que se abrió 25 años después de la muerte en la cama del dictador Franco, coincidiendo con que la democracia española se encontraba plenamente asentada y con que una generación heredera del trauma original de la contienda civil, los nietos, decidió rebelarse reivindicando la memoria de sus abuelos. Se trata de un fenómeno reciente y creciente que, aunque con tímidos antecedentes en la transición, ha tenido importantes consecuencias políticas e institucionales y que sigue abierto en la actualidad, incluso con más fuerza y más proyección internacional. Pues bien, todo este proceso ha sido descrito y analizado para esta tesis fundamentalmente a través de la experiencia única en España del programa especializado de la radio pública andaluza titulado 'La Memoria' que surgió en 2006 y que ha concluido en 2015 su novena temporada en antena. Inevitablemente, al tratarse de un espacio que continúa emitiéndose, había que acotar el tiempo de estudio y análisis y se estableció para ello el periodo 2006-2009, coincidiendo con la integridad de las tres primeras temporadas de emisiones. El objetivo de esta investigación, por lo tanto, es aportar la radiografía temporal de tres años de un proceso socio-político vivo que se proyecta sobre nuestros días, tratando de mostrar los motivos por los que surge un movimiento generacional en un determinado momento del año 2000 y por los que, conforme crece y las condiciones políticas institucionales se hacen más permeables a sus planteamientos (en Andalucía más que en España), determina la adopción de políticas memorialistas, que alcanzan su punto crucial en ese periodo. Para ello se ofrece una visión retrospectiva de los antecedentes, se describe la realidad vivida en un importante momento procesal con sus claves y se actualiza el desarrollo evolutivo del proceso general de la memoria histórica en un intento de facilitar un mejor entendimiento de su proyección sobre el presente, entendido como 2015, año de entrega de la tesis. Hablamos de un periodo analizado primordial en el que se adoptaron políticas de memoria en España y en Andalucía que impulsaron de manera notable actuaciones en pos de la investigación histórica y del reconocimiento a las víctimas del franquismo que no se habían producido nunca antes ni en nuestro país ni en nuestra comunidad autónoma. Además, las tres temporadas de emisiones del programa se sitúan en el centro y en el eje temporal entre el inicio del proceso de recuperación de la memoria histórica -convencionalmente situado en otoño de 2000, con la primera exhumación de víctimas con criterios homologados a nivel internacional incluyendo la identificación de restos con ADN- y el momento actual de presentación de este trabajo también en otoño pero de 2015, cuando la realidad de este movimiento social reivindicativo adquiere una relevante proyección a nivel internacional con el espaldarazo tanto de las Naciones Unidas como de la jurisdicción universal, impulsada desde Argentina en la única causa abierta en el mundo para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. El periodo 2006-2009 ha sido el más fructífero y productivo desde la perspectiva memorialista con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, con el primer y único intento -finalmente fallido- de la justicia por investigar al franquismo, con el desarrollo normativo de la ley marco forzado por la irrupción del juez Garzón, con una fuerte influencia de las asociaciones de la memoria histórica y con las subvenciones oficiales anuales estatales para proyectos diferenciados incluyendo las exhumaciones. Lógicamente, en consonancia con el título de esta tesis 'Memoria histórica, una experiencia desde Andalucía' ha sido nuestra comunidad autónoma la que en mayor medida ha sido objeto de análisis, tanto por lo ocurrido en su territorio antes y ahora, como por la procedencia de los testigos que dieron testimonio oral y/o escrito y por el origen de los expertos -principalmente historiadores- que expusieron sus investigaciones, casi siempre centradas en Andalucía. Además, no hay que perder de vista que Andalucía ha sido pionera en políticas de memoria y es de las pocas autonomías que sigue manteniéndolas pese a la crisis, con estructuras administrativas para su gestión ad hoc , antes el comisariado y actualmente una dirección general. Y que cuenta con un movimiento asociativo especialmente pujante. Dada la naturaleza mediática de la experiencia sobre la memoria histórica que se analiza en este trabajo, el propio programa radiofónico que es objeto de estudio para examinar el proceso memorialista se convierte también en fuente, ya que de lo tratado en él proviene la mayor parte de los contenidos que posteriormente se han ordenado, contextualizado, relacionado, agrupado, comparado e interpretado. Las diferentes temáticas abordadas en el programa han estado precedidas de un trabajo de documentación previo para elaborar los guiones con conocimiento de causa, lo que determinó la lectura de numerosas publicaciones que constituyen la mayor parte del material bibliográfico reseñado en el apartado correspondiente de la tesis. Pero además se ha recurrido a otros libros, a tesis doctorales y a publicaciones científicas online para reforzar el sustento argumental del trabajo, especialmente en lo referente al marco teórico sobre historia y memoria y al proceso evolutivo del proceso memorialista en España. [El acceso a la documentación bibliográfica actualizada se ve facilitado por la activa colaboración de autores y editoriales que, comprobando la creciente aceptación e influencia del programa, remiten sus novedades para que sean abordadas en las emisiones de diferentes formas: entrevistas, coloquios, reseñas, recomendaciones, etc.]. Los testimonios orales de los testigos de la época y de sus descendientes también han sido una fuente de memoria fundamental, especialmente de los primeros, para enriquecer el relato humanizándolo con la aportación que suponen para una más completa comprensión de la historia de la guerra civil y el franquismo y del proceso de recuperación de la memoria histórica. En el Apéndice Documental se enuncia la estadística completa, con breve ficha técnica, de los 211 entrevistados -sin contar la sección semanal del Noticiero- a lo largo de las tres primeras temporadas de emisiones: 51 testigos veteranos, 23 familiares, 17 dirigentes de asociaciones de la memoria, 55 historiadores, 16 políticos, 11 periodistas, 9 arqueólogos, 7 juristas, 5 religiosos y otras 17 profesiones en diversas materias. [Las entrevistas a los testigos de la época fueron, de hecho, un aspecto especialmente valorado por destacados historiadores cuando se produjo una movilización memorialista por Internet contra la posible desaparición del programa, del que se dijo que constituía una fuente de memoria oral para la investigación]. En las notas a pie de página pueden observarse también referencias a consultas obligadas de artículos, informaciones y reportajes de solventes medios de comunicación -especialmente prensa-, así como a programas de televisión y documentales, sin olvidar informes oficiales, debates parlamentarios, leyes, decretos y declaraciones institucionales, ya que la respuesta política a la demanda social memorialista es ampliamente tratada en el trabajo. [En el Apéndice Documental pueden observarse cuadros ilustrativos e información detallada y recopilada especialmente para este trabajo sobre iniciativas institucionales, balances de subvenciones y de medidas normativas, distribución de las ayudas oficiales, etc.]. En cuanto al esquema para desarrollar la tesis, hemos creído conveniente dividirla en dos grandes partes. La primera se refiere a la memoria histórica, analizando su marco teórico y el debate actual de los especialistas, la evolución del fenómeno socio-político en España y Andalucía, y su creciente tratamiento mediático hasta desembocar en el ejemplo de periodismo especializado del programa 'La Memoria'. Y la segunda se centra en exponer y estudiar la gran diversidad temática del programa seleccionando grandes apartados sectoriales de entre las 107 emisiones semanales (alrededor de 90 horas de contenido). Tras el marco introductorio obligado sobre las diferencias entre historia y Memoria para contextualizar las reflexiones teóricas de los especialistas españoles y extranjeros, y la fusión de ambos conceptos con referencia añadida a algunos debates de intelectuales sobre la memoria histórica en España, como el que sostuvieron en la revista Hispania Nova Santos Juliá y Francisco Espinosa, entramos de lleno en el proceso de recuperación de la memoria histórica, analizándolo como fenómeno social encuadrado plenamente en el siglo XXI e impulsado por una generación de los nietos de las víctimas tan crítica con el espíritu de la transición que bien podría decirse que, de alguna manera y mutatis mutandis , es precursora de la rebelión regeneracionista que se desató una década después con el 15M del año 2011. En ese sentido y después de rescatar algunos antecedentes internacionales de movimientos memorialistas similares y los precedentes ya en la naciente democracia española postfranquista de tímidas y esporádicas actuaciones de homenaje a las víctimas del franquismo y de exhumaciones de fosas comunes, nos adentramos en la trascendencia del hito histórico de la primera exhumación de restos mortales de fusilados en la fosa de Priaranza del Bierzo (León) en octubre de 2000 y la consiguiente constitución de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, que suponen el tejido social proactivo de este movimiento social. Una de las aportaciones de este trabajo es el enunciado y la descripción de estas entidades, desglosado a nivel estatal y andaluz, desde que surgen y el modo con que se desarrollan con un inequívoco compromiso en torno a sus objetivos de reivindicación de la memoria y dignificación de las víctimas, que está por encima de sus diferencias tácticas y de su variada inspiración ideológica. Asimismo, hemos profundizado en la evolución de las políticas de memoria, anteriormente referidas, adoptadas en buena medida por la creciente presión social de este movimiento asociativo, a la que la Administración autonómica andaluza ha sido especialmente permeable y receptiva desde el principio. Dada la importancia del nuevo fenómeno socio-político memorialista, hemos considerado fundamental analizar la creciente cobertura que los diferentes medios de comunicación han dado al tema. Prensa, radio y televisión fueron llenando progresivamente sus páginas, sus informativos y sus telediarios de noticias, reportajes y entrevistas con actos de homenajes, investigaciones, testimonios orales, etc., dedicando una especial atención a las exhumaciones de fosas comunes. Y como consecuencia lógica de este creciente interés informativo para dar respuesta a una clara demanda social, surgió un periodismo especializado, uno de cuyos principales exponentes ha sido y es el programa de radio 'La Memoria' que en su primera emisión, a modo de declaración de intenciones que sigue plenamente vigente en la actualidad, proclamó que nacía "para facilitar que fluyan las informaciones y las opiniones, para ayudar a una mejor comprensión de nuestro pasado en torno a la guerra civil y el franquismo", con la conciencia de que se trataba de "una temática histórica polémica, con sensibilidades a flor de piel pese al largo tiempo transcurrido". [En el periodo 2006-2009, este programa fue reconocido con tres importantes galardones periodísticos: el Premio El Defensor de Granada al mejor trabajo periodístico en 2007 concedido por la Asociación de la Prensa de Granada, el Premio Andalucía de Periodismo 2008 en la modalidad de Radio otorgado por la Presidencia de la Junta de Andalucía y el Premio 28 de Febrero en 2009 concedido por el Consejo Asesor de RTVE dependiente del Parlamento de Andalucía por la serie de emisiones titulada 'Andaluces en los campos nazis']. La segunda parte de la tesis pasa revista a la diferente temática tratada en el contenido del centenar largo de programas en las primeras tres temporadas, dejando constancia del escaso grado de conocimiento social de sus variados aspectos, ya que la recuperación de la memoria histórica es un proceso en continua evolución sometido a estudios que hacen aflorar datos desconocidos conforme progresan las investigaciones. Así pues, esa parte del trabajo entra así de lleno en los contenidos del programa agrupados en capítulos temáticos de manera que su amplia diversidad expuesta y analizada ofrece un análisis multidisciplinar y una visión poliédrica de una realidad relativamente novedosa en España como la memoria histórica en un periodo previamente acotado. Probablemente sea la primera vez que se abordan y se analizan en la coctelera de un trabajo académico los diferentes elementos segmentados que confluyen en torno a una problemática tan actual como la memoria a fin de extraer una serie de conclusiones. Sin lugar a dudas, todo ello supone una oportunidad de recapitular sobre la evolución de un proceso social y político de nuestro tiempo presente. Hemos querido dar una importancia especial en el primer apartado del cuarto capítulo (4.1.) dedicado a la guerra civil y la postguerra en Andalucía -el más extenso- al detectar que la bibliografía preexistente sobre este tema desde una perspectiva global era realmente escasa. Sin pretender llenar ese hueco ni mucho menos, ya que no era ese nuestro objetivo, sí que hemos intentado, tras agrupar las aportaciones provinciales del contenido de las emisiones y de los libros consultados, ofrecer una aproximación general andaluza para una mejor comprensión de conjunto referida a la actual comunidad autónoma -antes región- ofreciendo balances provinciales y seleccionando hechos especialmente destacados de la historia de la guerra en cada provincia, pero interconectando datos, porcentajes y problemáticas diversas, y estableciendo comparaciones para facilitar un entendimiento más global de la contienda civil y la represión, algo que se echa de menos en las publicaciones existentes. Pese a que probablemente nunca conoceremos el balance exacto de la represión franquista en Andalucía -algo que lamentan y a lo que se resignan los historiadores-, hemos tratado de ofrecer una modesta visión aproximada de lo sucedido en guerra y postguerra sobre la base de dos experiencias radicalmente distintas: la durísima represión de los rebeldes en más de la mitad occidental del territorio que además fue instigada desde la cúpula de mando institucional y la menor violencia desatada de forma incontrolada en la retaguardia republicana en la zona oriental, con unas represalias franquistas tras la victoria importantes, pero sin llegar al extremo castigo occidental. Sirva como botón de muestra de la desproporción entre víctimas los datos de Huelva, donde los sublevados mataron a más de 6.019 republicanos por 101 asesinados de derechas por los izquierdistas (una relación de 60 a 1), con respecto a lo sucedido en Almería, única provincia andaluza cuyo territorio permaneció íntegramente bajo el poder republicano, la que menos muertos registró y la única donde la represión republicana superó ligeramente a la franquista: 471 y 375, respectivamente (algo más de 1 a 1). La mayoría de los trabajos de investigación sobre la guerra civil en Andalucía se circunscriben al ámbito provincial, pero se echa de menos una perspectiva global que establezca análisis de evolución general y cruces de datos y de situaciones que contribuyan a una mejor comprensión del tema. En cuanto a la política hay tres capítulos seguidos que profundizan no sólo en las claves que llevan a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, expuestas en corto por los portavoces de las tres principales fuerzas estatales, sino también desde la perspectiva de su aplicación, asimismo verbalizada por los alcaldes que entonces eran de las tres principales capitales andaluzas, casualmente diversificados en esas tres formaciones: PSOE, PP e IU. Y curiosamente llama la atención cómo pese a sus diferencias ideológicas los primeros ediles de Sevilla, Málaga y Córdoba (Alfredo Sánchez Monteseirín, Francisco de la Torre y Rosa Aguilar) coincidían sobre la simbología franquista en espacios públicos, primero, en negar la mayor sobre la existencia de problemas en su ciudad al respecto y, segundo, en afrontar el reto de su localización y retirada con timidez y una extremada delicadeza sin querer molestar a nadie. El resultado de tanta prudencia general es que, aunque es verdad que ya no quedan calles, plazas ni monumentos honrando a los principales gerifaltes del franquismo, sí que permanecen escudos preconstitucionales y espacios dedicados a personajes de segunda fila del franquismo, algo impensable en Alemania o Italia en relación con nazis o fascistas. También es preciso advertir que pese al reconocimiento de las políticas vanguardistas de la Administración andaluza, no hemos querido ser complacientes, sino que hemos analizado la gestión política memorialista con un espíritu crítico que pone de manifiesto las disfunciones detectadas, como el descontrol en las subvenciones y las ocurrencias sobre proyectos imposibles de algunos responsables, en la clásica línea del recurrente dicho suarista de "puedo prometer y prometo". Aunque, sin duda, esas son anécdotas si se comparan con el peor revés institucional que ha sufrido el movimiento memorialista, que no ha sido otro que el rechazo, el desprecio y la desactivación total de la ley marco de memoria por parte del Partido Popular, cuyo presidente la dejó sin dotación presupuestaria cuando llegó al Gobierno central, como había prometido años antes y como se barruntaba con el voto en contra del PP a la aprobación de la norma a finales de 2007. A caballo entre la política y la justicia, no podíamos obviar el histórico intento de la justicia española por enjuiciar los crímenes del franquismo sobre la base del derecho internacional que fue finalmente cortado en seco por el Tribunal Supremo argumentando la prevalencia de la Ley de Amnistía de 1977. Y decimos que entre la justicia y la política porque la irrupción en la escena memorialista del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó en evidencia las carencias de la Ley de Memoria Histórica y obligó al Gobierno socialista a despertar de su letargo y adoptar las medidas de desarrollo normativo que guardaba en el cajón ante la impaciencia de los familiares y las asociaciones de víctimas. Las fosas comunes han sido otro tema destacado sobre el que se ha recogido con profusión la opinión y el criterio de destacados especialistas y dirigentes del movimiento asociativo memorialista. No en vano, su distribución geográfica recogida en los mapas de fosas realizados por toda España constituye la cartografía de represión y su existencia torpedea el relato imperante de transición en toda su línea de flotación. Muchos y variados son los argumentos expuestos y, sin duda, en el correspondiente apartado ad hoc hay respuestas a la pregunta sobre por qué Andalucía -sin duda la comunidad más masacrada por el franquismo con sus más de 50.000 víctimas mortales repartidas en más de 600 enterramientos colectivos en cunetas, campos y cementerios- no se ha distinguido por haber efectuado tantas excavaciones como otras CCAA y, sin embargo, ha protagonizado la mayor intervención en un conjunto de fosas como la espectacular realizada en el viejo cementerio de Málaga (2.480 esqueletos exhumados) y el mayor fiasco con la fosa imposible de Federico García Lorca. Como hemos visto en el índice, hay hasta 20 apartados distintos incluidos en el capítulo cuarto, que se constituye en el núcleo temático de la tesis, analizando en mayor o menor medida con espíritu científico y divulgativo y con un objetivo recopilatorio aspectos diferenciados que se ramifican desde el tronco común de la memoria histórica: los maestros republicanos y la escuela franquista, la mujer oprimida y reprimida, la homosexualidad perseguida, los maquis, los deportados en los campos nazis, el testimonio oral rehuyendo la autocrítica de Santiago Carrillo, la memoria selectiva de la Iglesia, la rebelión de los nietos, los niños robados, la 'ley de los nietos', la perspectiva exterior (Marruecos y Argentina) y la memoria musical, porque el arte y la cultura no estuvieron exentos de la instrumentalización y de la represión franquista. [Cierto es que faltan elementos que no fueron abordados en los años 2006-2009, pero que serían tratados en el programa en años posteriores, como el exilio, el estado de excepción de 1969 y el tardofranquismo, la masonería, la sexualidad reprimida, la justicia universal, el papel de la ONU, etc.]. En el apartado de conclusiones generales y parciales relacionadas con el análisis de la tesis, hemos considerado oportuno actualizar la proyección de los acontecimientos con posterioridad al año 2009, ya que desde entonces se han producido novedades en los ámbitos políticos, judiciales, de la investigación y de la evolución del movimiento memorialista que merecían ser considerados. Y de igual modo, hemos valorado el interés adicional en ofrecer una prospección de futuro sobre el tema. El Apéndice Documental, por su parte, no se limita a aportar la documentación adicional en la que se basa el trabajo a los efectos probatorio de la solvencia de la investigación, sino que también añade información especialmente recopilada para la tesis como la referida a quienes que han intervenido en el programa 'La Memoria' comentando su cualificación personal y profesional, así como los datos estadísticos sobre su audiencia en cuando a número de oyentes, las descargas de las emisiones por Internet y las visitas al blog, incluyendo su procedencia nacional e internacional y acerca de los contenidos más visitados. Todo ello, comentado y expuesto con cuadros y gráficos evolutivos para facilitar su comprensión. Finalmente, el apartado de fuentes y bibliografía completa el soporte de consultas realizadas para la elaboración de este trabajo de investigación académica, aunque también relaciona y cataloga gran parte de las publicaciones editoriales que se han producido en España durante los últimos años en torno a esta temática, que en gran medida se han realizado fuera del ámbito académico. En la bibliografía se citan dos libros publicados recientemente por el autor de la tesis. El primero es 'Testigos de la memoria' (Aconcagua, 2013), editado con el apoyo de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía con las transcripción de entrevistas efectuadas en el programa con interesantes testimonios orales de protagonistas de la guerra civil y del franquismo, y con reflexiones de veteranos historiadores. Y el segundo, titulado 'La Memoria de todos. Las heridas del pasado se curan con más verdad' (Fundación Alfonso Perales, 2014), en el que el autor firma con el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Jaén Salvador Cruz Artacho el capítulo 'Políticas de la Memoria y desarrollo normativo en España'. La publicación de esta segunda obra, escrita en su mayor parte por destacados historiadores de las universidades andaluzas y promovida desde una fundación de estudios ligada al PSOE de Andalucía, en la que se apuesta decididamente por la creación de una Comisión de la Verdad, viene a demostrar la mayor sensibilidad que existe en Andalucía entre los socialistas hacia la memoria histórica. Pero antes de poner fin a esta introducción, consideramos interesante detenernos a reflexionar en un aspecto fundamental del contenido de la tesis -parte del cual que se detalla en el capítulo referido a la falta de pruebas documentales-, porque contribuye a entender las dificultades con que tanto familiares como historiadores se enfrentan a la hora de investigar. En efecto, los registros civiles, los archivos y la censura judicial son tres aspectos de una misma estrategia que cierra el paso al conocimiento de la verdad sobre la represión franquista. Esta situación es una especie de círculo vicioso o viciado que muestra a España como un país seriamente hipotecado por su pasado dictatorial, sobre el que se proyecta la larga sombra del franquismo con la existencia de miles de desaparecidos física y documentalmente. Miles de víctimas no existen en los registros oficiales porque sus asesinos impidieron su inscripción. Muchos archivos de la represión han sido destruidos y muchos de los que quedan son de difícil acceso. Y si tras superar los obstáculos, se logra reconstruir una historia solvente sobre testimonios orales y pruebas documentales parciales, se corre el riesgo de una condena judicial ruinosa. Siendo ese un círculo suficientemente vicioso, no deja de ser parte de otro más grande que lo abarca y que comienza en la proyección sobre el presente de la educación de la escuela y de la enseñanza media de la dictadura que formó a la población española con más de 50 años de edad en la actualidad. Aquellos niños crecieron crecimosadoctrinados por el dogma de "Franco, caudillo de España por la gracia de Dios", una leyenda que corría de mano en mano en todas las monedas de curso legal, sacralizando al dictador con técnicas goebblelianas repetitivas hasta la saciedad y con la bendición de una Iglesia agradecida por sus privilegios. Los vencedores glorificados por todas partes y los vencidos eran unos rojos desalmados con cuernos y rabo, señalados o muertos. Nadie lo podía cuestionar. Posteriormente, los niños de la democracia han sido educados acerca de la guerra civil con arreglo a una interpretación basada en la equidistancia: en el reparto de responsabilidad entre los bandos, en que fue una guerra fratricida, en que todos hicieron barbaridades, etc. La equidistancia se convirtió en un parapeto, una especie de cortafuegos para evitar el avance de las investigaciones. En una especie de empate pactado a la defensiva, mientras el revisionismo pseudohistórico neofranquista vendía libros como rosquillas en los kioscos. Los libros de texto -por no hablar del reciente Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia que dulcifica sin pudor la figura del dictador- no han incluido, ni antes ni ahora, los avances en la investigación histórica que desenmascaran el verdadero rostro criminal del franquismo y, para colmo, es bastante habitual que los profesores de Historia pasen de puntillas sobre guerra y dictadura o, sencillamente, finalicen el temario contemporáneo sin llegar a tocar el tema. Excepcionales son los casos de profesores comprometidos con la historia y la memoria que valoran como fundamental el conocimiento activo del pasado reciente y que organizan ciclos para sus alumnos con la presencia de testigos de la memoria, octogenarios o nonagenarios que a modo de donantes de memoria, aportan su relato vital en auténticas clases magistrales. La experiencia derivada de realizar el programa 'La Memoria', semana tras semana, nos ha llevado en este sentido a comprobar el gran desconocimiento general sobre nuestro pasado, incluso en sectores ilustrados de la población, lo que pone de manifiesto las enormes lagunas que subsisten en la enseñanza media española. Así pues, las generaciones que han llegado y que llegan a su etapa adulta carecen de una formación con una mínima solvencia sobre la guerra civil y el franquismo. Y si hablamos del ámbito universitario, sería hipócrita no reconocer que también ha vivido en democracia de espaldas a la memoria histórica. El número de tesis doctorales sobre esta temática en los diferentes departamentos teóricamente afectados ha sido bajísimo, aunque se ha notado un aumento conforme ha crecido la influencia del movimiento memorialista y tras la Ley de Memoria Histórica. De hecho, la mayoría de los estudios y de las publicaciones sobre la memoria histórica han sido realizados por investigadores –muchos de ellos profesores de instituto-, ajenos al ámbito académico, sin que por ello sus trabajos carezcan de rigor y de solvencia. Es más, con su tradicional desinterés -ahora felizmente superado-, las universidades han dejado el terreno de la investigación a muchos voluntariosos estudiosos locales a quienes justificadamente elogia Paul Preston en su obra magna 'El holocausto español' por haber desplegado un trabajo de campo impresionante para reconstruir el pasado sin que la memoria oral desaparezca y pese a remar a contracorriente en el proceloso mar de caos y desorden de los archivos españoles. Así pues, todo nos lleva a pensar que si alguien se propuso enseñar bien la historia española del siglo XX, ha fracasado estrepitosamente. A menos -y esto es más que probable- que haya habido una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, en cuyo caso la ignorancia supina generalizada resultante habría sido un éxito gracias a la escasa y deficiente enseñanza impartida, a la falta de implicación universitaria y a la complejidad con que se han realizado las investigaciones. De este modo se ha configurado una sociedad bastante desconocedora de un pasado que cambió violenta y radicalmente el desarrollo del país, lo que facilita su manipulación mediática y política, con la vigencia de una mitología llena de lugares comunes como "reabrir heridas", "revancha", "rencor", etc. Todo ello genera desinterés e insensibilidad amén de falta de compromiso político, pese a las reiteradas advertencias de los más altos organismos internacionales sobre derechos humanos. En ese contexto, el programa 'La Memoria' ha podido contribuir modestamente desde la parcela mediática a trasladar a la ciudadanía una nueva visión de la realidad, la cara oculta de la verdad oficial. Probablemente se sepa más en España de los episodios bélicos y represivos del nazismo, del fascismo o del estalinismo, sin mencionar a la Segunda Guerra Mundial y a la conquista del Far West americano, que de lo que pasó en España durante la guerra civil y la posguerra. Por los comentarios de los oyentes, no han sido pocos los que a través de la radio pública andaluza se han enterado de episodios terribles y vergonzosos de la contienda como la Desbandá de Málaga, las matanzas en la plaza de toros de Badajoz, el bombardeo de Jaén anterior al de Guernica, los cañonazos de la Armada nazi contra Almería, la cacería de presos en la multitudinaria fuga del penal navarro del monte Ezkaba y un largo etcétera. Lo más habitual es que la gente tenga un ligero y parcial conocimiento de la historia de su provincia, pero no más allá. Pero también esta experiencia mediática ha permitido ofrecer un seguimiento bastante exhaustivo de la recuperación de la memoria histórica con sus avances sociales y políticos. Un proceso que, sin lugar a dudas, ha cambiado la visión "plácida" que se había transmitido sobre el franquismo mostrando su cara largamente ocultada al dar voz a las víctimas silenciadas, con el descubrimiento y la apertura de fosas comunes –inapelable prueba de cargo de la represión- y con el impulso de investigaciones que desmontan una historiografía franquista tan plagada de falsos mitos y leyendas. "La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado", advirtió el historiador francés Marc Bloch. El programa 'La Memoria' constituye una interesante experiencia andaluza sobre la memoria histórica desde la perspectiva de la divulgación mediática para atenuar el olvido y la ignorancia sobre el pasado y, paralelamente, para activar la memoria, el conocimiento de causa contrastado y, sobretodo, la empatía hacia las víctimas. Como acertadamente señalan la historiadora Josefina Cuesta y el psicólogo José María Ruiz-Vargas, sin la necesaria empatía será más difícil que la sociedad española supere su división y tome conciencia de la necesidad de aprobar esta asignatura pendiente con la democracia y los derechos humanos. En resumen y a modo de gran crónica abierta sobre un periodo apasionante, la presente tesis trata de describir, ordenar, contextualizar, comparar e interpretar –con aportaciones de testigos y expertos y con datos a veces inéditos- un proceso de recuperación de la memoria histórica que probablemente desemboque, tarde o temprano, no tanto en justicia para las víctimas dado el largo tiempo transcurrido, como en más verdad y más reparación, aunque sólo sea moral.

En esta tesis pretendo hacer una disección de la formación del estado nacional en la República de Colombia desde sus inicios, teniendo en cuenta sus diversos componentes sociales y culturales de su población. Parto desde su misma fundación siguiendo un método genético estructural para determinar como a lo largo de su historia han fungido los diversos intereses de los actores que han liderado la vida política nacional. El tema del carácter del estado nación desde la perspectiva del componente étnico de su población se ha constituido en un problema central en la actual configuración política del mundo contemporáneo (Gellner, Ernest. 1994). Se cuestionaba muy poco en los poderes centrales la problemática de la inclusión-exclusión de los diversos sectores de su población. En América Latina a pesar de una historia nacional que supera ya los dos siglos no se debatió seriamente las relaciones interétnicas y la necesidad de reconocer la composición multiétnica de los estados. Considero -y comparto como lo hace Benedict Anderson (1993)- que fue el grupo étnico del criollo –como se le suele llamar- el que generó y se benefició de las condiciones del movimiento independentista para establecer el nuevo estado con unas instituciones políticas excluyentes y liderar así su estructura con el carácter de etnia lateral que arrastró a su órbita las etnias verticales (Smith, A.: 1997) logrando someterlas a su influencia bipartidista liberal-conservadora durante todo el siglo XIX. De esta manera se constituyó lo que se llama entonación política que bien define Isidoro Moreno aparece cuando en una entonación cultural un sector significativo de la población, sea una clase social, un bloque de clases, capas intelectuales, etc. plantean un proyecto político de carácter autocentrado con el fin de controlar las decisiones sobre los asuntos económicos, políticos y culturales que atañen a la entonación y su territorio, incluida la forma de relación política con otras entonaciones y estados (Moreno 1994:143). Elementos que se desarrollan ampliamente en el capítulo primero de marco teórico y metodológico. En este segundo capítulo se analiza como el germen de este proceso de formación nacional se encuentra en la sociedad colonial, a pesar de la conciencia que los mismos creadores del estado nacional tenían del carácter multiétnico, como se advierte en las ideologías independentistas. El debate posterior sobre el racialismo que autores como Sergio Arboleda (1869,1972), José María Samper (1853 citado por Urueña 1994) o el ex presidente Laureano Gómez (1928) dieron sobre su influencia en la solución de los problemas nacionales demuestra la vigencia que durante más de un siglo de vida republicana despertó el tema. Estos autores decimonónicos influirían en el Presidente Rafael Núñez quien redactó la Constitución de 1886, la cual tuvo más de un siglo de vigencia. Estas condiciones ampliamente descritas generaron a comienzos del siglo XX una crisis política liderada por los movimientos sociales de diverso tipo que conllevaron a la cúspide de los conflictos sociales y que se urbano, el indígena y el guerrillero. Estos movimientos promovieron los cambios que impulsaron una transformación del país pues, aunque haya tenido un régimen de política civil y consecuentemente haya celebrado múltiples elecciones para todos los altos cargos, el hecho de haber estado tanto tiempo bajo una restricción política pactada por el bipartidismo liberal – conservador, en el caso de la situación vivida por el Frente Nacional (1958-1974), y en un constante estado de sitio, le impiden consolidarse como un régimen político democrático. Pero el control político sobre la sociedad por parte de este bipartidismo demuestra el carácter excluyente del sistema que ha llevado a calificarlo de diversas maneras como recoge Roll (1999:364). En consecuencia se puede hacer uso de la terminología de Dahl y dejar la palabra democracia para fijar el ideal de gobierno democrático y utilizar para el caso el término poliarquías. Incluso se puede definir como una "hegemonía cerrada", o en la terminología de Dahl el término adecuado es el de "oligarquía competitiva", toda vez que si bien está abierto al debate, pero no lo está a la participación (Roll 1999:365). A partir del desmonte del Frente Nacional, de las medidas de apertura y descentralización, se puede decir que el régimen intenta acercarse a una poliarquía. Otro factor que se considera limitante en la democracia colombiana es la restringida modernización económica y la inclusión sociopolítica, que ha impedido la modernización política. La democracia colombiana ha tenido constituyeron en una coyuntura crítica y en el leitmotiv principal en la búsqueda de unas instituciones políticas inclusivas, y a la necesidad de un nuevo orden constitucional. En este capítulo se desarrollan los principales movimientos sociales y sus características: el campesino, el obrero, el grandes carencias en los tres niveles de ascenso hacia la democracia económica y social. La inestabilidad crónica, la creciente pérdida del monopolio de la fuerza, el continuismo político, el clientelismo y el desfase en la modernización. Por último, la pobreza y la desigualdad en el ingreso señalan el fracaso de ese elemento distintivo de la democracia que es la justicia social. Esta situación de total control vino a romperse con el surgimiento de los primeros movimientos sociales a principios del siglo XX, por lo que se inicia con ellos un nuevo periodo en el proceso identitario del estado nación. En el segundo punto de este capítulo hago un recorrido del carácter sociocultural que identifico de estos movimientos cuya trayectoria permitió romper el monopolio establecido en la Constitución de 1886, no sin antes haber generado una nueva crisis –a otro nivel del ocasionado por las guerras civiles decimonónicas entre centralistas o federalistas- en el establishment político y social del país, que culminó con el nacimiento de una nueva Constitución en 1991 cuyo origen y significado se ven en el parágrafo tercero del segundo capítulo. Esta crisis significó el rompimiento del bipartidismo con todas sus consecuencias pues acarreó el desenmascaramiento del carácter exclusivista y oligárquico del estado nación. Por este motivo se requiere realizar un examen del sistema político como condición para entender la necesidad de una nueva Constitución política de carácter incluyente. Sin embargo la ruptura del sistema político significó la mayor crisis de la historia de Colombia y generó la alternancia de periodos de violencia, ya bipartidista (como fue la llamada Violencia [1948-1953]) o, su continuidad con los movimientos guerrilleros que le siguieron y que aún perduran, alimentados -después de la guerra fría- no con recursos de la hermandad socialista, sino del secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Con la Constitución de 1991 como con la ley de partidos de 1994 se cayó en el extremo opuesto: toda la normatividad tendió a favorecer el fraccionamiento y a la atomización de los partidos políticos existentes, así como la fragmentación de los movimientos emergentes. Hoy, según el concepto de Pizarro, no tenemos ni el viejo modelo bipartidista burócrata ni un modelo multipartidista moderado y eficiente (1997: 89). Sólo a partir de la fractura frentenacionalista (1962-1978), empezaron a darse condiciones definitivas para que diversas organizaciones populares de carácter de clase o de etnia, lograran definir en alguna medida sus propias reivindicaciones, que adquieren una expresión definitiva, especialmente en la Constitución de 1991, la cual considera la nación como multiétnica y pluricultural. Así se configuraron las unidades étnicas de indígenas y negros como receptores de transferencias de recursos del presupuesto nacional y, para el caso de los indígenas, de jurisprudencia especial. En el capítulo segundo también se estudia como la crisis política generada por los factores anteriormente explicados, en el cual los movimientos sociales de diverso tipo constituyen el leitmotiv principal para llegar a la búsqueda de una solución, conducen a la cúspide de los conflictos sociales y a la necesidad de un nuevo orden constitucional. Este está caracterizado por una nueva definición de la democracia como participativa, pero principalmente para nuestro interés su definición como pluriétnica y multicultural. Pero al reconocer los derechos particulares de las etnonaciones culturales o de sus minorías étnicas se podría entonces definir como plurinacional aunque así no lo contemple dada la tradición política de que todo estado se considere como una sola nación. Esta nueva Constitución es representativa de la época actual, en que por una parte, se ha limitado el concepto de soberanía nacional con la importancia de las entidades supranacionales y la doctrina de los derechos humanos y, de otra se vive el resurgir de los etnonacionalismos y la necesidad de reconocer sus derechos especiales. La elección popular de alcaldes y gobernadores, la ampliación de las posibilidades de participación a nivel municipal y el cambio de Constitución en 1991, son los cambios más importantes y su estudio completará el presente análisis para determinar en qué medida se está superando el continuismo político. Acogiéndose a este cambio mundial la Constitución del 91 definió al estado colombiano como un estado multiétnico y multicultural (art.7) en el cual además de los derechos universales se reconocen unos derechos colectivos para comunidades negras e indígenas (Pizarro 1997:86). Se pasó de una concepción de nación homogénea y católica a la consagración de la diversidad étnica sociocultural y religiosa. En cuanto hace a las comunidades indígenas, aun cuando la organización de éstas antecedió en dos décadas al menos a la Asamblea Nacional Constituyente, es indudable que las normas aprobadas en la nueva Constitución fueron un motor que contribuyó a acelerar esa construcción o, mejor, reconstrucción de identidad. Si bien el Consejo Regional Indígena de Colombia CRIC que nace en 1971 y la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC que surge en los ochenta, habían logrado organizar a muchas de las 81 comunidades indígenas existentes en el país, sólo será con los derechos y garantías alcanzados en la nueva Constitución que este movimiento adquirirá la madurez actual. Hoy por hoy se trata del movimiento social más activo del país, gozando además de una significativa representación en el Senado (3 senadores en 1994 o en 1998) (Pizarro 1997: 98). El reconocimiento de la multiplicidad étnica representa un incremento del sujeto de derecho, el cual inicialmente era únicamente el propietario-ciudadano, y se fue extendiendo por la lucha de los sectores obreros, o las mujeres quienes lograron que el circulo de sus derechos se fuera ampliando dejando atrás exclusiones en el derecho civil (de sucesiones, etc.), en el penal y en el laboral. Ahora el reconocimiento como sujetos de derecho fundamentales es para los indígenas, anteriormente señalados de salvajes o semisalvajes, un criterio que obedece a su carácter de grupo colectivo con formas diferentes de vida social a la occidental, las cuales debe asumir con vigor (Sánchez 1998: 78-82). El principio de igualdad ante la ley tiene una particularidad tratándose de los indígenas, requieren un tratamiento distinto por ser portadores de derechos específicos en tanto conservan la diferencia frente a los demás, lo que reconoce la nueva Constitución al definir el país como multiétnico y pluricultural. Si realmente el estado colombiano está constituido por un conjunto de etnonaciones, ¿Qué tratamiento le otorga a la diversidad de grupos étnicos existentes con distinto grado de desarrollo cultural? ¿Qué posibilidades tienen éstas de desarrollo de una etnopolítica que les permita acceder a algún grado de autodeterminación? Muchos planteamientos de antropólogos y otros científicos sociales han tratado el tema y propuesto un abanico de disímiles consideraciones. Se contempla la permanente agresión del estado por impulsar procesos de integración ante los cuales éstos sufren desde una actitud pasiva, hasta la existencia de múltiples posiciones como la necesidad de ser considerados minorías nacionales o nacionalidades. Si bien la Constitución de 1886 –según el magistrado Carlos Gaviria (Corte Constitucional. Sentencia C-139/96)- era unificadora y pretendía que todos pensáramos de la misma manera y que todos fuéramos iguales, la de 1991 ha diseñado una sociedad muy distinta, utópica, con la que muchos han soñado, y para ser construida sobre bases muy diferentes a la anterior. Uno de los retos que esta Constitución plantea es la construcción de una sociedad pluralista pero que exige tareas como la del Artículo 246 según el cual las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo con sus usos y costumbres, siempre que no contraríen la Constitución y la ley, en sus derechos fundamentales. Para el magistrado Gaviria si vamos a aplicar todas las reglas ortodoxas tendríamos que exigir, en primer lugar, que las comunidades indígenas tuvieran no simplemente un derecho positivo, sino un derecho escrito para satisfacer una exigencia del derecho penal occidental de acuerdo con el cual no puede haber delito sin ley escrita previa que lo determine, ni pena sin una ley que así la determine. Esta proposición implicaría que la normatividad cultural estuviera elaborada con las mismas pautas de lógica y racionalidad, cosa que no ocurre. El magistrado Gaviria propone la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y la minimización de los límites de que trata la Constitución. Lo cual demuestra como la proclamación del carácter pluralista y pluricultural hecha en la del 91 es un ideal por construir en el futuro. ¿Qué tipo de nación y qué tipo de estado es posible? Para entender más detalladamente este carácter nacional triétnico como resultado de la presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizos y blancos que se reproduce como un fractal de manera local o regional de lo que ocurre en todo el país, se analiza en el capítulo tercero el proceso de formación económico-social y político del Departamento de Caldas para ahondar en las anomalías políticas exclusivas que frenaron el proceso participativo por los vicios del clientelismo y la politiquería y reforzaron el carácter excluyente de la población en sus diversas manifestaciones socioculturales. En él se analiza el proceso de formación de la sociedad caldense dominante como resultado de la colonización antioqueña a partir de sus características económicas, sociales y culturales, con especial énfasis en la periodización política que ha tenido dos hitos principales como han sido la aparición de los llamados azucenos y de los grecocaldenses en su primera fase y su posterior suplantación por los que denomino barrococaldenses. De esta manera, se advierte los cambios que han sufrido las costumbres políticas en Caldas y que después de veinticinco años, aún no se han modificado. Considero que esta radiografía caldense puede, en gran medida, generalizarse para el país en su historia reciente de caciquismos, clientelismo y corrupción. Para entender los cambios ocurridos se toma como base la coyuntura creada por el hecho político, ocasionado por el retiro de esta actividad de empresarios que lideraban el desarrollo económico y su reemplazo por los políticos de oficio. Con este fin, es necesario establecer las características del desarrollo económico caldense a partir de la colonización proveniente del Departamento de Antioquia y el carácter del liderazgo que ejercieron tanto los azucenos como los grecocaldenses, y el cambio que significó el control político, por parte de los barrococaldenses, desde el llamado "robo a Caldas" situación que aún subsiste. En el capítulo cuarto tomo uno de los grupos étnicos indígenas más representativos de los más de setenta que han existido en el estado nacional para mostrar cual ha sido su itinerario desde el contacto con los españoles y de esta manera seguir su trayectoria en la historia de Colombia, en la cual ha sido el grupo étnico más activo y participativo. Este recuento nos permite conocer cuáles han sido sus luchas, vicisitudes y principios organizativos en los diversos periodos de su historia cultural y política en búsqueda de la sobrevivencia de su identidad. Esta etnonación lideró uno de los movimientos sociales más exitosos y a pesar de su limitación territorial y poblacional es ejemplo de conquistas y cambios en las condiciones políticas de la República para lograr la conservación de sus rasgos culturales básicos en un proceso de "emergencia política" (Moreno 1994:144), modelo especialmente idóneo para los demás grupos étnicos y sociales. Estos cambios se vieron reflejados en especial en el texto de la Constitución de 1991, que amplió de manera notoria los derechos de estas comunidades y les abrió un futuro más seguro, a pesar de las condiciones de violencia que debieron sortear por parte de los muchos actores que optaron por acciones armadas, ya sea porque afectaban sus intereses o por efecto de la actividad de los diversos grupos armados, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes en sus territorios tradicionales. Las condiciones de violencia generadas aún hoy día por fuerzas en especial de extrema derecha han definido como uno de sus blancos predilectos a los líderes de los movimientos sociales, ya sean sindicales, campesinos o indígenas. Sobre estos se han presentado las cosas así: En una publicación del diario de El Espectador del 9 de julio de 2001 la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- hace el siguiente llamado: Recurrimos al pueblo colombiano para que nos brinde, como muchas veces lo ha hecho en el pasado, su apoyo y en los últimos 17 años 33 líderes indígenas colombianos han perdido su vida en manos de la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares, la policía y el ejército, ya sea por defender sus territorios o por resistirse a integrar uno u otro bando interesado en la guerra. La presencia de los actores armados en sus territorios y su carácter amenazante son motivo de preocupación por parte de los indígenas pues representa muerte o desplazamiento. La amenaza contra nuestras vidas, culturas y territorios, barbarie comparable al genocidio y la esclavitud padecidos durante la Conquista, no parece importarle a nadie: ni a nuestros compatriotas ni al gobierno, dicen los líderes de 84 pueblos nativos de 209 municipios y que ocupan 30 millones de hectáreas. Ante estos casos es usual que el gobierno tarda mucho en reaccionar cuando las comunidades nativas están en peligro y no ofrece seguridad a las organizaciones ni protección para su sobrevivencia. Además del asesinato y la desaparición los indígenas sufren el desplazamiento a causa de la violencia, las obras de desarrollo, las fumigaciones de cultivos ilícitos o porque son desterrados por los terratenientes, los cultivadores de coca o los narcotraficantes. Sus resguardos son apetecidos por su estratégica ubicación. Se calcula que unos 15.000 indígenas han tenido que abandonar sus tierras y se encuentran en ciudades o en lugares de selva donde puedan defender su cultura, la unidad familiar, su religiosidad y su gobierno. Según la Defensoría del Pueblo existen desplazamientos en 16 departamentos que además tienen como consecuencia el sometimiento, y el cambio en las formas de pensar y de actuar. Otras causas del desplazamiento son la disputa por el control territorial por parte de la guerrilla, las autodefensas y el ejército. También la explotación de recursos naturales: madera, petróleo, oro, carbón, cobre entre otros, o la realización de grandes obras de infraestructura como carreteras, puentes o hidroeléctricas, o por la presencia de cultivos ilícitos, y la violencia que llevan implícita, así como sus fumigaciones. En ocasiones se presentan choques armados entre los actores de la violencia y la población civil se ve en la obligación de huir o se ven obligados a cumplir tareas de "raspachines" Para los nativos los desplazamientos representan desterritorialización y deculturación, pérdida de identidad y de autoridad. La organización social se resquebraja o se acaba, se pierden los valores, la autoestima, la religiosidad, el autoabastecimiento y se abandonan las tradiciones. Así pueden terminan mendigando en las ciudades como Barranquilla, Bogotá, Pereira, Medellín o Arauca, en donde pueden terminar delinquiendo o vinculándose a algún actor armado pues al abandonar sus tierras ya no pueden cultivar, pescar, cazar, intercambiar o vender productos. En Bogotá la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha demostrado preocupación por la dramática situación que afrontan las comunidades indígenas del país luego de los asesinatos de sus líderes. Sus muertes, amenazas, hostigamientos y el desplazamiento de estas comunidades y sus líderes por parte de estos grupos armados ponen de manifiesto la "vulnerabilidad" de su autonomía. Esta preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la comparte el Secretario General para los defensores de Derechos Humanos en Ginebra y la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, que exigieron la adopción de medidas que garanticen la vida, integridad, dignidad y cultura de los pueblos indígenas. Armando Valbuena, presidente de ONIC dijo en entrevista con El Tiempo (25 julio 2001 p.1-3) que el gobierno debe aclarar cuál es su política frente al etnocidio de que son víctimas los indígenas. Ochenta y cinco pueblos aborígenes agrupados en la ONIC, tomaron la determinación de retirarse de las mesas de concertación en las que participan con el gobierno y le dieron al Presidente un plazo de 30 días para que se pronuncie sobre las políticas estatales, pues no respetó los acuerdos sobre erradicación manual de cultivos ilícitos con las comunidades de Cauca y Nariño y se recurrió a su fumigación. Reveló como 365 indígenas han sido asesinados en los últimos diez años, (posteriores a la nueva Constitución), uno por semana. Tampoco se ha aclarado las denuncias de masacres de indígenas en el Alto Naya, la Sierra Nevada de Sta. Marta, en Chocó, Cauca y Córdoba. Esta situación aún subsiste. En su informe del 2012 la ONIC relata como en ese año murieron 104 indígenas y más de 12.000 fueron desplazados en especial en los departamentos del sur Cauca, Nariño o del occidente Risaralda y Choco afectados por asesinatos, minas antipersonales, combates y desnutrición (El Tiempo, 17 de abril de 2013 p.6). Estas notas periodísticas son solo una breve síntesis de la política de etnocidio sobre los diversos grupos étnicos en distintas regiones del país que se han practicado sin mayores resultados de justicia y reparación. La historia de los grupos étnicos especialmente de los indígenas de Colombia ha estado enmarcada por el etnocidio que se ha practicado sin mayores resultados de justicia y reparación. No tendremos que irnos hasta la discusión lascasiana para abordar el problema como resultado de la discriminación porque no solo los nativos son objeto de esta permanente agresión, muchos sectores sociales la sufren, pero quizá son aquéllos el eslabón más débil por tenerse como seres inferiores desde cualquier punto de vista, como lo manifestaran los autores de la matanza de La Rubiera (Arauca, 1967) (Castro 1979) , quienes ante el juicio que se les siguió conceptuaron que no sabían que los indios eran racionales. No podemos afirmar que sea política del estado la extinción de estas poblaciones, pero hasta qué punto "es válida la ecuación etnicidad=violencia" –como plantea el profesor Isidoro Moreno (1994:140)-.¿Será que como representan el grupo dominante ("criollo") pueden contribuir al despojo de las etnias nativas? O que "si un estado es multiétnico la etnia a la que pertenece la clase dominante estará globalmente en posición dominante, aunque también se ejerza la violencia dentro de ella, por la oposición de clases" y más adelante Moreno añade que esta clase "obstaculizará o reprimirá los intentos de las etnias dominadas de reafirmar su propia especificidad" (Moreno 1994:141). De este principio el profesor Isidoro concluye los diversos aspectos en que se manifiesta esta dominación como suelen ser la lengua, la religión, las leyes y constituciones, burocracia, medios de comunicación, fiestas nacionales y el uso de los cuerpos armados y así eliminar esta diversidad y lograr un estado nación homogéneo sin la pluralidad étnico-nacional, empobreciendo las demás "identidades etnico-nacionales" (Moreno 1994:146). Un país que contiene más de una nación no es una nación-estado, sino un estado multinacional, donde las otras culturas se encuentran en situación de dominación por un "etnocracia". (Kymlicka, W.1996:26; Guibernau, M. 1996: 70; Connor, W. 1998: 73) Tomamos el movimiento del grupo Páez, a lo largo de su historia como ejemplo de esta situación, es constante la presencia de fuerzas represoras por parte del estado y sus agentes, o de terratenientes quienes muchas veces con apoyo en la ley impiden a toda costa el restablecimiento -entre otros- de los derechos tradicionales sobre la tierra y su cultura, de importancia fundamental para la supervivencia étnica y sobre quienes se ha mantenido su despojo de manera sistemática. Muchas veces a esta violencia el grupo que resiste responde a su vez con violencia, entonces esta se tilda de terrorista o ilegitima. Así se verá como el grupo guerrillero del Quintín Lame constituido en el Cauca para hacer respetar la vida de los líderes de los cabildos se considera por fuera de la ley, a pesar que básicamente responda a las necesidades de autodefensa. El capítulo quinto está dedicado a estudiar la afrocolombianidad o afro descendencia o identidad cultural de las poblaciones con origen y tradiciones africanas que poblaron el territorio nacional desde la Colonia. Se compendian las discusiones en torno a la vigencia de sus orígenes, tradiciones y supervivencias para poder conceptuar en qué grado su identidad es total o parcialmente africana o corresponde a procesos identitarios sufridos después de su traslado a América que determinan diferencias regionales más que propiedades esencialistas. "La mayor parte de los negros no tienen ni desean una identidad nacional específica. Consideran que tienen derecho a la plena participación en cualquier nación americana. han luchado por la plena e igual participación en la sociedad global. cada vez es más común aceptar que se necesita un nuevo modelo de integración (Kymlicka 1996:44)" Finalmente en el segundo tema del capítulo quinto estudio, a partir del trabajo de campo realizado entre comunidades afrocolombianas, los efectos de artículo 55 transitorio de la nueva Constitución y de la ley 70 de 1993, trabajo de campo realizado en la región del alto Chocó biogeográfico. Es un común decir que si hablamos de territorio y de población negra nos tengamos que referir al Chocó. Es posible que así sea pues el Chocó constituyó durante muchos años, quizá varios siglos, una región del país llamada "marginada", es decir por fuera de la circulación de ciudadanos nacionales y sus mercancías. Por eso podemos considerar a esa región como un área cultural por excelencia de la cultura negra e indígena en Colombia, las cuales interactuaron formando un espacio de intercambios y préstamos. Hoy se discute si la cultura "negra" corresponde a una tradición africana y en tal caso a cuál o cuáles de tantas, hasta el punto de pretender señalar algunas de ellas como las antecesoras directas de los afrocolombianos con una tendencia a resolver el problema de una manera fundamentalista (Wade 1997). Hoy la población chocoana registra algunos rasgos como propios de su cultura entre los cuales se destaca su adaptación al medio ambiente que le ha permitido una óptima conservación de los recursos naturales, una forma de asociación para el trabajo agrícola y minero, y para la apropiación del territorio, ritos funerarios propios, expresiones lingüísticas, folklóricas y de alimentación. Los actuales movimientos sociales giran, ante todo, alrededor de la titulación del territorio como consecuencia de la ley 70 de 1993, aplicación del artículo transitorio 55 de la nueva Constitución. Podríamos establecer como punto de referencia dos momentos importantes de la vida social de las comunidades afrocolombianas del Chocó en general o del Alto San Juan en particular, o la forma tradicional de organización social, especialmente aquella que se da alrededor del trabajo en minga denominado también de la "mano cambiada" o del "tiempo cambiado", o la que se desarrolla hoy a partir de la titulación colectiva de la tierra. Obviamente entre las dos media una historia de cambios y sobresaltos en las condiciones tradicionales de vida. Quizá el más importante de todos por lo menos para el Alto San Juan sea la construcción de la carretera, pues tras ella ingresaron todo tipo de buscadores de fortuna como mineros, madereros y colonos ambiciosos de grandes haciendas y también cazadores de fauna silvestre. Junto con ellos vinieron los tenderos y negociantes del amor y la diversión para entretener la "nueva" sociedad. Esta abrupta transformación dejó muchas consecuencias en las comunidades, no sólo hijos de padres desconocidos, sino una desintegración social que condujo además a la ruina a sus pobladores ante los cambios radicales ocurridos, ya sea por las dificultades ocasionadas para lograr el oro, fruto del sencillo barequeo, sino también en la desaparición de la pesca por el alto grado de contaminación fluvial ocasionada por el mercurio y los efectos negativos sobre la salud por el manejo de aguas detenidas en pozos dejados por la remoción sin contemplación de suelos, propicios para criaderos de zancudos propagadores del paludismo. Podríamos sintetizar las nuevas condiciones de la vida social como resultado de la metalización del intercambio económico. La introducción del jornal minero conllevó la desintegración de la minga y con ella del tiempo cambiado y de la seguridad alimentaria. El pueblo afro chocoano ha sido arrastrado por el capitalismo salvaje a una condición de humillación y desintegración ante la mirada inerme de un agente externo que ha impuesto su "ley" con el respaldo de la única y válida ley de un estado "colonialista". El movimiento social que condujo a la redacción de una nueva constitución política para la nación, milagrosamente, le otorgó nuevas condiciones jurídicas a la realidad multicultural y pluriétnica del país, propiciando la redención del tratamiento de inferioridad dado a los grupos étnicos de indígenas y negros, reconociendo sus características culturales y "legalizando" su apropiación del territorio. Las nuevas normas (Artículo 55 transitorio, Ley 70 de 1993, Decreto 2284 de 1995, Decreto 1745 de 1995, entre otras) han impulsado por parte de líderes que venían actuando en juntas de acción comunal y asociaciones campesinas la creación de consejos comunitarios para gestar la titulación del territorio tradicional que permita el control de sus recursos y favorezca el desarrollo social y económico; sin embargo puede ser el origen de nuevos factores de tensión y conflicto en el ya oscuro escenario de las violencias que afectan al país. Un ejemplo son las tensiones en el Litoral Pacífico entre indígenas y negros por la delimitación territorial por el uso tradicional de los bosques como territorios de caza ancestral sin delimitaciones conocidas y que es motivo de debate en la actualidad. De manera que la tesis presenta el carácter estructural de la composición étnica del país desde su configuración nacional, mostrando los principales cambios ocurridos desde su concepción "racialista", blanqueadora, cristianizante, castellanizante o de integración aculturadora y mestizante, hasta lograr –gracias a las luchas populares expresadas en los movimientos sociales, especialmente de los indígenas Nasa o Páez y Guambianos- una nueva conformación político social e institucional determinada en la nueva Constitución de 1991. Con este fin se estructuran los capítulos. En el primero, marco teórico y metodológico, se definen las categorías y conceptos centrales desde la perspectiva de la antropología política y se resalta el carácter deductivo de su aplicación al análisis de las relaciones interétnicas de la sociedad colombiana; en el segundo la formación del estado nación como triétnico: blanco, indio y negro, y la participación de los distintos elementos que lo integran con el objetivo de lograr la unidad nacional y su identidad; en el tercero se toma el caso del Departamento de Caldas como muestra regional y local del desarrollo del acontecer nacional, especialmente como representación de las costumbres políticas que se demuestran son propias del país. En el capítulo cuarto se desarrolla la historia cultural y política de las étnicas indígenas del Departamento del Cauca –nasa o paez y guambianos– quienes con su tradición de luchas por lograr el respeto de sus territorios y cultura y por medio de la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC vienen a ser abanderados en los cambios constitucionales de 1991 que modifican radicalmente la definición de la nación al aceptar como principio organizativo su carácter multiétnico y pluricultural. En el capítulo quinto se trabaja la identidad afrocolombiana desde los comienzos del nacimiento del estado nación, se establece su importancia y las diferentes tesis acerca de su carácter cultural, para mostrar los efectos que sobre su sobrevivencia como tal, tiene la nueva Constitución tomando como ejemplo las comunidades negras del Alto San Juan. Considero que Colombia ha tenido unas instituciones político-sociales excluyentes, dominadas por un grupo étnico inicialmente criollo –conformado por los descendientes directos de los europeos- que cumplieron del papel de la llamada por Smith (1997) "la etnia lateral" y que posteriormente en un proceso de blanqueamiento de su población, el mestizaje vino a ser el dominante como propósito para el logro de la unidad nacional. Sin embargo sus criterios ideológicos fueron los tradicionalmente excluyentes del periodo colonial representados en el dominio de la iglesia y de la religión católica y con el aval de los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, con el fin de prevenir cualquier cambio revolucionario como se advierte en la definición del estado nación y en los propósitos de la Constitucion de 1886 que prevaleció hasta 1991, cuando por una nueva Asamblea Constituyente se acepta la condición plurietnica y multicultural de país, otorgándole derechos especiales a los grupos indígenas y afrodescendientes tradicionalmente excluidos, rompiendo la posición clásica de la teoría política liberal sobre la universalidad de los derechos. Ante la crisis del sistema político colombiano debido al control de las élites sobre el estado y los vicios producto de su práctica clientelista, de una parte, y por otra, la sobrevivencia cultural a partir de su historia reivindicatoria y del movimiento social en particular de los paeces habitantes del Departamento del Cauca, así como los movimientos sociales y luchas populares de campesinos, obreros, estudiantes y del movimiento armado, se acentuó de tal manera la crisis política que se llegó a la coyuntura necesaria para establecer un nuevo pacto social. Por último, vale la pena señalar que, como hizo Philip Abrams en su artículo "Notas sobre la dificultad de estudiar el estado" del que fui co-traductor para su publicación en Colombia (ver bibliografía), las palabras "iglesia" y "estado" aparecen en minúsculas, excepto en las citas, con el mismo ánimo desmitificador. No así cuando se trata de referencias personales a las autoridades como el Papa, el Presidente, etc.

La trascendencia que tienen en la actualidad las sociedades cooperativas, fundamentada en el importante número de creaciones de este tipo social, en España sobre todo, así como la aportación en cada territorio en su tejido económico y social, eran motivos más que sobrados para ampliar el presente trabajo de investigación hacia dicho campo. Este tipo social presenta una importancia significativa en el tráfico económico español y extranjero. Podemos afirmar que nos encontramos ante el tercer tipo societario en España y en Andalucía. Así en los últimos diez años se han constituido en España 16.171 sociedades cooperativas, de las que más de la cuarta parte (4169) lo fueron en Andalucía, según fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración (año 2011). La sociedad cooperativa se caracteriza por un funcionamiento y gestión democráticos por parte de los socios y por la subordinación del capital al interés social. Su comportamiento es diferente al de otras organizaciones empresariales que tratan de hacer máxima la rentabilidad. Las sociedades cooperativas asumen, por el contrario, los costes sociales, con beneficios macroeconómicos, ya que se preocupan, entre otras cosas, por el medio ambiente y pueden servir como herramienta de vertebración del desarrollo territorial. Dicho tipo social cooperativo presenta, además, dos aspectos importantes que deben tomarse en consideración: de un lado, su utilización como un mecanismo de autoempleo y, de otro, como impulsor de la actividad económica. En este sentido, Andalucía es líder en cuanto al número de empresas de economía social (8.500), así como en empleo generado por este sector (74.000 puestos de trabajo), actividad que representa el 13% del PIB de la Comunidad en 2010, según fuentes del Anuario Estadístico de Andalucía. La esencia de las sociedades cooperativas en el ámbito societario español radica, en la especificidad de las funciones que está llamada a cumplir, entroncadas con el propio significado del trascendental principio mutualista y con su relevancia decisiva en la vertebración de la economía social de las áreas geográficas en las que desarrolla su actividad. Esta singularidad de las funciones de las sociedades cooperativas confiere al tipo social un perfil distinto, en el sentido de singularísimo, dentro de la tipología societaria en general, otorgando a la sociedad cooperativa una naturaleza controvertida y fronteriza. Es, en definitiva, esta dimensión netamente social de la cooperativa, que no estrictamente societaria, la que cualifica e individualiza el fenómeno cooperativo dentro del ámbito societario, pues si en otros tipos sociales, valgan por todo ejemplo las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, prevalecen los elementos estrictamente capitalistas hasta el extremo de entronizarse como adjetivo definitorio de su naturaleza, sociedades capitalistas, en las sociedades cooperativas dichos elementos quedan atenuados en la misma proporción con la que se ponderan los rasgos esenciales, mutualismo, cooperativismo, de estos tipos sociales. Al tratarse de una materia transferida a las Comunidades Autónomas, en Andalucía tienen vigor tanto la Ley Estatal (27/1999, de 16 de julio), en menor medida, como la Ley Autonómica (2/1999, de 31 de marzo). Es por esta razón por la que en este trabajo de investigación, nos referimos a una y otra cada vez que se analiza una determinada institución jurídica. Uno de los atractivos del presente trabajo de investigación es la escasa repercusión que entre nuestra doctrina existe sobre el derecho de reembolso en general y sobre las sociedades cooperativas en particular. Frente a la relevancia del tipo cooperativo, a la que hemos hecho referencia, la doctrina mercantilista española apenas ha dispensado atención. Parece como si la cuestión hubiera sido relegada a especialistas de otras disciplinas, tal vez por las dudas que plantea su misma adscripción al campo societario o al del Derecho Mercantil. En el seno de la sociedad cooperativa se plantean –la realidad diaria es clara muestra, por su litigiosidad- numerosos problemas de interpretación normativa, en especial por la dificultad de cohonestar su impronta mutualista con su implantación en un mercado, lo que requiere reforzar su carácter empresarial y arbitrar fórmulas que hagan atractiva la inversión en ellas, así como la obtención de financiación propia y ajena. Especialmente en el ámbito de la financiación propia es donde se concentran gran parte de los referidos problemas interpretativos, debido a las particularidades que presentan aspectos consustanciales al tipo cooperativo, tales como, la variabilidad del capital social, el principio de puerta abierta, la existencia de una parte de su patrimonio irrepartible, entre otras. Estas ideas chocan frontalmente con conceptos y tópicos comunes en el mundo de las sociedades de capital, con las que, siquiera sea intuitivamente, todo mercantilista tiende a comparar las figuras societarias. El trabajo de investigación ha profundizado en el análisis del concepto "aportación", aunque su estudio haya servido como una mera aproximación inicial hasta el verdadero objeto de investigación, ceñido a un momento concreto en la vida de la figura, como es su desaparición o extinción –"amortización" en la literatura societaria mercantilista, e incluso financiera-. Nos referimos al reembolso de las aportaciones, que debe tener lugar como consecuencia de la desinversión del socio, no mediante la transmisión de su parte sobre el patrimonio, sino a través de la extinción de la relación jurídica que le une a la cooperativa y que viene representada por esa cuota inicial. El estudio del derecho de reembolso en las sociedades cooperativas se justifica por la enorme trascendencia que presenta desde diferentes puntos de vista. Es un tema de indudable interés legislativo. En efecto, al disponer de competencia legislativa en la materia, cada Comunidad Autónoma ha dictado una norma propia (a excepción de la Comunidad Canaria y de Cantabria) que coexiste con la norma estatal. Por razones que parece innecesario recalcar, el estudio del derecho al reembolso de las aportaciones tiene como foco de atención el régimen jurídico positivo español de la figura. Decisión metodológica que requiere de un denodado esfuerzo comparativo de diversas regulaciones, mucho más acusado que en otras parcelas de nuestra área de conocimiento, habida cuenta de que, -como decimos- al panorama jurídico extranjero sobre la materia, debe añadirse en este caso, muy especialmente, el mosaico legislativo que caracteriza al Derecho español de cooperativas. A fin de mantener un criterio de actuación congruente a lo largo del trabajo y mantener una cohesión en el hilo del discurso, se ha optado por construir el texto sobre la pretensión de inducir, en la medida de lo posible, principios y reglas comunes a todas las legislaciones vigentes en España, antes citadas, tomando como modelo principal la Ley de Cooperativas estatal (Ley de Cooperativas 27/1999 de 16 de julio), sin perjuicio de anotar, normalmente a pie de página, las pertinentes referencias a los Derechos de las diferentes Comunidades Autónomas con competencia legislativa en la materia. En este último punto se ha procurado prestar una especial atención a la legislación cooperativa andaluza, por tratarse –como decíamos anteriormente- del territorio donde se desarrolla esta investigación. El ámbito de aplicación de las distintas legislaciones sobre sociedades cooperativas, antes citadas, es una cuestión compleja. En principio, las disposiciones autonómicas se declaran aplicables a las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad, es decir, su objeto social –de manera principal o exclusiva- dentro de su territorio. Aunque hay algunos casos que exigen, además, el hecho de que se hayan constituido o tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma correspondiente. La existencia de este número tan elevado de disposiciones sobre cooperativas ha provocado un fenómeno calificado como "huida del derecho cooperativo autonómico. En efecto, la búsqueda de la Ley -en principio la estatal, como regulación más flexible- se puede llevar a cabo por diferentes vías, citadas anteriormente, que dependerán del tipo de criterio de delimitación de la Ley autonómica que se pretende evitar. En opinión de una parte de la doctrina lo que se puede producir es un fenómeno de sorteo de la norma autonómica, pues si la norma estatal es más beneficiosa que aquélla, o si una norma autonómica es preferible frente a otra; bastaría con trasladar parte del objeto social de la cooperativa a otro territorio, trascendiendo, de esta forma, de una sola Comunidad Autónoma. La Ley estatal ve limitada su aplicación a aquellas cooperativas que desarrollen su actividad en el territorio de varias Comunidades Autónomas, siempre que no lo hagan en una de ellas con carácter principal; a las que desarrollen principalmente su actividad en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla que no tienen competencia legislativa sobre la materia y, por aplicación supletoria en diversos supuestos: a) en aquellos aspectos no contemplados por las distintas normas sobre cooperativas de ámbito autonómico; b) a las cooperativas que desarrollen su actividad principal en alguna Comunidad Autónoma que no haya legislado la materia aun teniendo competencias para ello y c) a las cooperativas que desarrollen su actividad principalmente en una Comunidad Autónoma con normativa sobre cooperativas al respecto, pero a las que no puede resultarles de aplicación ninguna disposición autonómica por no concurrir los presupuestos exigidos por su ámbito de actuación. En lo que respecta a la delimitación de la materia de nuestro estudio, hemos efectuado un recorrido analítico de la figura del reembolso de las aportaciones, centrando el objetivo fundamental en la referencia al socio cooperativista o usuario de las cooperativas de primer grado, que se toma como prototipo, sin perjuicio de resaltar las diversas peculiaridades que presenta este derecho en las diferentes clases de cooperativas o secciones y en función de la tipología de socios o miembros de la cooperativa reconocidos en el panorama normativo español. Dicho recorrido toma como punto de partida su fundamento, claramente emparentado con la naturaleza negocial asociativa común a todos los tipos societarios. La exacta delimitación conceptual y normativa de la figura requiere asimismo de un examen detenido de la circunstancia desencadenante del derecho al reembolso, cual es la pérdida de la condición de miembro de la cooperativa, en sus diferentes causas. Una salida de la sociedad que, en la coyuntura legislativa actual, se viene contemplando como el detonante natural, aunque no ineludible, de la liquidación del valor de las aportaciones y su correspondiente entrega al socio. La adaptación a los estándares internacionales de contabilidad, antes mencionados, ha derivado en un reconocimiento generalizado en el contexto regulador cooperativo de fórmulas que permitan mantener la catalogación contable como neto de las aportaciones mediante la posibilidad -bajo diferentes presupuestos legales no siempre establecidos con la debida claridad- de que los estatutos sociales configuren el reembolso ya sea como rehusable ya sea como sometido a una decisión favorable en tal sentido del consejo rector. Esta reciente división legislativa introducida en las aportaciones, que tiene precisamente como criterio distintivo la automaticidad o no del nacimiento del derecho al reembolso como consecuencia de la pérdida de la condición de socio, marca sobremanera el régimen jurídico y, por ende, la sistemática en el estudio detallado de tal derecho. Este trabajo de investigación pretende sumarse, como una modesta contribución más, a la doctrina sobre las sociedades cooperativas para, de esta forma, poner a disposición de la comunidad científica y de los operadores del tráfico en el sector, una serie de conclusiones y de propuestas personales argumentadas con idea de, al menos, colaborar en el progreso del conocimiento de esta parcela de nuestra disciplina de creciente interés. En este sentido las aportaciones más significativas serían las siguientes: Respecto al fundamento del derecho de reembolso. En nuestra opinión sería común en todos los tipos societarios. Está vinculado al carácter obligacional y al origen negocial de la relación jurídica entre el socio y la sociedad, así como al efecto natural que provoca la extinción sobrevenida, tanto a instancias del socio como de la propia sociedad, de dicha relación. Así, el efecto de la extinción sobrevenida de una relación duradera, de tracto sucesivo, no debe ser retroactivo, sino ex nunc. El derecho de reembolso es un derecho esencial e inderogable. La única limitación del derecho de reembolso proviene de la reforma contable provocada por la Ley 16/2007 -sobre reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional- que introdujo diversas modificaciones en el ámbito del derecho mercantil. Entre ellas, la creación de las aportaciones cuyo derecho de reembolso, en caso de baja de la cooperativa, podía ser rehusado incondicionalmente por parte del órgano de administración de la cooperativa. Esta previsión cercena la facultad del socio cooperativo en favor del consejo rector. Es decir, que a partir de la aludida reforma contable, se ha matizado la inatacabilidad del derecho de reembolso del socio cooperativo. En este fundamento del derecho de reembolso de las sociedades cooperativas no inciden ni el ánimo mutualista, ni la concepción democrática, ni la puerta abierta; pero todos estos rasgos sí influyen decisivamente en su disciplina. En particular, resultan claramente explicativos de la amplitud de los supuestos de los que trae causa el reembolso –los supuestos de pérdida de la condición de socio- y de la preocupación que el legislador cooperativo ha mostrado tradicionalmente por regular con detalle este derecho, debido a la asiduidad de la verificación de su ejercicio, en comparación con otros tipos sociales. El fundamento del derecho de reembolso en las sociedades cooperativas no difiere respecto de los demás tipos sociales, sino que se regula más detalladamente por la frecuencia con la que sus socios hacen uso de este derecho. El derecho de reembolso es una figura independiente de otras con las que mantiene algunas semejanzas. Entre ellas, el retorno cooperativo, el derecho al dividendo, la actualización de las aportaciones y la remuneración de las aportaciones. Pese a su carácter autónomo, el derecho de reembolso se apoya, por lo general, en ellas para determinar y fijar su cuantía. Una característica que distingue al derecho de reembolso respecto de las demás figures afines referidas es que el reembolso requiere, para su disfrute, la salida efectiva del socio de la cooperativa. En relación con las variadas modalidades o categorías de socios existentes en las distintas legislaciones cooperativas, se ha de tener en cuenta que todos ellos tienen derecho de reembolso -salvo el caso del denominado socio expectante en las cooperativas de vivienda-. Aunque la especialidad de algunos regímenes jurídicos, le hacen apartarse del régimen de la figura normal o prototipo del socio cooperativo o socio usuario. De entre todas ellas, por su trascendencia, son destacables las figuras del socio colaborador y la del socio de vinculación determinada. El socio colaborador, entendido como una persona física o jurídica que, sin poder desarrollar con plenitud el objeto social contribuye de manera decisiva a su consecución, podrá ejercer el derecho de reembolso, quedando legitimado para solicitar a la sociedad cooperativa, una vez haya solicitado su baja, la liquidación de sus aportaciones. Esta afirmación se basa en el propio fundamento del derecho de reembolso, del que se deduce que es preciso reconocer a un socio que abandona la sociedad cooperativa su derecho a que se le devuelva, al día de su marcha, el valor de lo aportado. Es decir, que el reconocimiento en sí del derecho de reembolso no dependerá del tipo de actividad que desarrolle en la cooperativa ni de cómo colabore con ésta, sino del hecho de haber aportado al capital. Cuestión distinta sería que, como la sociedad cooperativa no es capitalista, la mencionada actividad incida decisivamente sobre el cálculo o la valoración de la cantidad que se le reembolse. Esta última previsión, ante el silencio de los distintos legisladores –tanto el estatal como los autonómicos- deberá figurar en los estatutos sociales. El socio colaborador tiene derecho de reembolso en todo caso, pues privarle de él sería desnaturalizar su figura como socio. Los estatutos cooperativos, disponen de libertad para modular el ejercicio de este derecho, así como su contenido, pero en ningún caso negarlo. Respecto al socio de vinculación determinada en el tiempo, en relación al derecho de reembolso, éste se encuentra reconocido, de manera expresa por la Ley estatal. De modo que, la propia regulación legal de esta modalidad de socio le reconoce su concreto derecho de reembolso, aunque no se contiene ninguna precisión más. A esta figura se le aplican las normas generales previstas para los socios cooperativos o usuarios mientras se mantenga la vinculación de este socio con la cooperativa. Estos socios, en la medida que conocen que van a abandonar -en un plazo de tiempo determinado- la sociedad cooperativa, están predestinados a resultar beneficiarios del derecho de reembolso (aunque desconocen la cuantía a percibir): bien a voluntad propia, finalizado su periodo de vinculación; o bien porque trascurra el plazo de tiempo establecido en los estatutos sociales o en el acuerdo de la asamblea general. Con posterioridad, deberán ser los estatutos de la sociedad en cuestión los que regulen las concretas características y régimen jurídico de la liquidación de las aportaciones de esta modalidad de socio. Una novedad de la Ley estatal de cooperativas fue la regulación de las secciones cooperativas. No constituyen una clase o variedad de éstas, sino que estamos ante una figura extraordinariamente compleja en su naturaleza jurídica, debido a que, da la impresión de que faltan por regular perfiles esenciales para comprender en toda su extensión a qué molde o categoría conceptual responden y cuáles son sus reglas fundamentales de funcionamiento. Carecen de personificación; son parte de una cooperativa, si bien forman un patrimonio (masa patrimonial) separado y autónomo pues disponen de una cierta "autonomía de gestión". Disfrutan de un "patrimonio separado" y de unas "cuentas de explotación diferenciadas", lo que implica una contabilidad propia así como de unas "obligaciones derivadas de la actividad de la sección" sometidas a un régimen específico en materia de responsabilidad. De manera que conforman un centro autónomo de imputación de derechos y obligaciones, responsable del cumplimiento de sus deudas, aunque no completamente independiente o formalmente desvinculado de la cooperativa, pues su patrimonio general también responde de las deudas de la sección, si bien en segundo grado (no se reconoce beneficio de excusión) lo cual podría ser indicativo de su ausencia de personificación. El socio adscrito a la sección tendrá derecho de reembolso de sus aportaciones "hechas o prometidas", valorado exclusivamente sobre el patrimonio de la sección, independientemente del resto de la cooperativa. Hemos advertido con anterioridad la gran trascendencia que tuvo la reforma motivada por el Derecho contable en el año 2007. Como consecuencia de esta modificación, se produjo un cambio en la consideración en general, y en su configuración tradicional, de las aportaciones de los socios (pasando de ser consideradas como recurso propio, es decir, neto patrimonial; a recurso ajeno), lo cual ha conllevado diversas consecuencias para el sector cooperativo de carácter negativo. Por lo general, todo el contenido de la reforma contable ha perjudicado a la suficiencia patrimonial de las sociedades cooperativas ya que parte de sus tradicionales fondos propios han pasado a ser considerados recursos ajenos; implicando que, financieramente, este tipo social se presente menos estable de lo que es en la realidad. Como consecuencia de la reforma citada del Derecho contable, entre las aportaciones de las sociedades cooperativas, surgió una nueva modalidad, aquéllas cuyo derecho de reembolso podía ser rehusado de manera incondicional por parte del consejo rector. Estas nuevas aportaciones pueden poner en entredicho el principio cooperativo de puerta abierta. En cualquier caso, para que un socio pueda ver perjudicado su derecho de reembolso como consecuencia del rehúse incondicional por parte del órgano de administración, será necesaria su previsión estatutaria. Ésta, además, deberá contener expresamente qué aportaciones son las que pueden ser objeto de rehúse por parte del consejo rector, si bien, esta identificación puede ser válida en el supuesto que considere como rehusables la totalidad de las aportaciones cooperativas. Si la mencionada previsión estatutaria no existiera, se deberá interpretar a favor del derecho del socio a salir, una vez solicitada su baja de la cooperativa, y a que le reembolsen su aportación social. El presupuesto objetivo del derecho de reembolso es la pérdida de la condición de socio. El nacimiento de este derecho requiere, en todo caso, la extinción del vínculo entre el socio y la cooperativa. Ahora bien, esta pérdida, en algunos casos, no es suficiente para la obtención de la liquidación de las aportaciones, sino que será necesario la concurrencia de distintos requisitos o presupuestos tanto de carácter positivo, como negativo. Las distintas modalidades de baja del socio en las cooperativas son: la baja voluntaria (que, a su vez, podrá ser justificada o no); la baja forzosa (que, pese al silencio de la Ley estatal, diversas Leyes autonómicas han previsto la idéntica distinción -como justificada o no- respecto de esta baja obligatoria); y, en tercer lugar, la baja como consecuencia de la exclusión del socio de la cooperativa. La distinción no es baladí puesto que, a efectos del derecho de reembolso, se debe tener en consideración que únicamente las no justificadas tienen deducción en relación al cálculo de la cuota de liquidación de las aportaciones. La regulación del derecho de reembolso en el seno de las sociedades cooperativas sometidas a la Ley estatal deberá contenerse en los estatutos sociales. La regla general que prevé el artículo 51 LCEST ("del reembolso de aportaciones") es que serán los estatutos los que regulen el citado reembolso de las aportaciones al capital social "en caso de baja en la cooperativa". Sin embargo, la libertad de los estatutos para regular el derecho de reembolso no es total y absoluta, sino que existen límites materiales insoslayables, de carácter subjetivo u objetivo, que serán decisivos para el cálculo de la liquidación de las aportaciones, dentro de los parámetros establecidos por la Ley. Es decir, los estatutos sociales no podrán negar un derecho que, por Ley, se concede expresamente como es el derecho al reembolso de las aportaciones sociales. Otra cosa será que, en los citados estatutos, se desarrolle la forma de hacer efectivo ese derecho previsto por la Ley. Respecto a los presupuestos formales y temporales que un socio deba reunir para el concreto ejercicio del derecho de reembolso, la Ley estatal remite a los estatutos sociales para regular ambos tipos de presupuestos. La regulación del derecho de reembolso se ve influenciada como consecuencia del carácter personalista, no capitalista, del tipo social cooperativo. En efecto, las leyes cooperativas tienden a seguir que se participa según la actividad de cada uno. Por tanto, lo que se restituya al socio no sólo depende de las condiciones o circunstancias de ingreso en la sociedad (aportación efectuada en su momento y valor que tuviera, junto con las deducciones o aumentos desde entonces), sino que está condicionada muy directamente por la prestación efectuada por el socio en el desarrollo de la actividad cooperativizada, así como por la propia evolución de la sociedad cooperativa. No obstante, hay un mínimo denominador común a todos los socios, que opera en aquellos supuestos en los que la actividad no alcanza el mínimo obligatorio. Respecto al valor que se ha de tener en cuenta para determinar la cuantía final de la cuota de liquidación, la Ley estatal de cooperativas ha escogido una referencia basada en la contabilidad cooperativa: el balance de cierre correspondiente al ejercicio social en el que se haya producido la baja. Esta elección por parte de la Ley estatal de cooperativas -la del valor teórico contable- frente al criterio escogido para las sociedades de capital –el valor razonable- se debe a que la forma social cooperativa pretende obtener los mayores beneficios y ventajas para sus socios y asociados mientras se permanece dentro del tipo social. Pero no se preocupa en absoluto de mantener esas ventajas una vez el socio haya causado baja –o la haya solicitado formalmente- de la cooperativa. En las sociedades cooperativas no se acude para lucrarse, sino a beneficiarse con la propia actividad cooperativa. Al socio deberá serle suficiente el hecho de obtener –más o menos actualizado al día- lo que aportó en su momento, con algunas ganancias repartibles y las pérdidas acumuladas; es lo que se conoce como ánimo mutualista, y no capitalista. El propósito del socio cooperativo se ve satisfecho con el ejercicio de la actividad cooperativizada. El establecimiento del valor contable como premisa de la que hay que partir a la hora de valorar las aportaciones de los socios que soliciten su derecho de reembolso, va a conllevar un importante retraso a la hora de proceder a su oportuna liquidación. Tal y como establece el artículo 51 de la Ley estatal de cooperativas, el valor contable vendrá determinado por la cifra establecida en el balance de cierre del ejercicio social en el que se produzca la baja del socio. Ahora bien, ese balance de cierre, para ser considerado como tal, necesita de su aprobación por parte de la asamblea general. Una vez se haya producido esta aprobación, y se hayan aplicado los resultados, la cifra establecida en el balance podrá ser tomada en consideración como valor de partida. Un riesgo a tener en cuenta, que puede retrasar aún más la fecha de determinación exacta de la cuantía de la liquidación es una posible no aprobación de las cuentas anuales durante la asamblea ordinaria. Produciéndose una dilatación en exceso del plazo para que el cooperativista que solicite su marcha de la sociedad pueda conocer la mencionada cuantía de su reembolso. Una vez que se ha obtenido el valor de partida de la liquidación de las aportaciones, la cifra resultante puede verse aminorada como consecuencia de las "deducciones del valor de partida" inicialmente obtenido. Al socio que causa baja no sólo se le reembolsa el valor de las aportaciones, sino que se le hace una verdadera liquidación al deducírsele, entre otras cosas, las pérdidas que le sean imputadas e imputables reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en que se produzca la efectiva baja del socio. De igual forma, pero en sentido contrario, la Ley estatal prevé que, acordada por parte del consejo rector la cuantía del reembolso, ésta no será susceptible de actualización, salvo que expresamente lo autorice una Ley de actualización de balances. Se observa una progresiva apertura hacia un "ánimo lucrativo" en el seno de las sociedades cooperativas. Con frecuencia, los fondos de reserva provienen de actividades extracooperativas o con terceros. En los supuestos que se admite, cobrar parte del reembolso con parte de estos fondos (sobre todo las legislaciones de las distintas Comunidades Autónomas) por lo que se está abriendo la puerta, de manera tímida eso sí, a un ánimo lucrativo en la sociedad cooperativa. Puesto que redundan en la esfera patrimonial del socio, beneficios de operaciones no cooperativizadas. En este punto la Ley estatal es más comedida que las Leyes autonómicas; la Ley estatal no admite que se tengan en cuenta estos fondos repartibles para el reembolso. Las aportaciones no rehusables presentan diversas características en relación al pago de su reembolso. La particularidad del tipo de aportaciones es que su reembolso queda condicionado -por los estatutos sociales- al acuerdo favorable del consejo rector de la fijación de su cuantía. La cuestión que se plantea es desde cuándo se considera que el socio ha causado baja; en nuestra opinión, el plazo de cinco años establecido por la Ley para "hacer efectivo el reembolso" se empezará a contar desde la fecha que el consejo rector comunica al socio su acuerdo favorable. De la forma que está previsto en la Ley, hasta esa fecha, el socio ostenta un derecho de crédito frente a la sociedad pero sin cuantía determinada. En nuestro Derecho cooperativo, se observa una diversidad de soluciones y plazos respecto al pago del derecho de reembolso. El plazo que prevé la Ley estatal es de cinco años, aunque los estatutos de la cooperativa pueden reducirlo puesto que los cinco años del artículo 51.5 es un máximo. En nuestra opinión estamos ante un plazo excesivamente largo, que se compensaría con el interés remuneratorio. Naturalmente, la referida reducción del plazo conllevaría implícitamente una mejora de la situación del socio cooperativo al ver reducido el intervalo temporal en el cual va a percibir el reembolso de sus aportaciones por parte de la sociedad. La legislación cooperativa prevé una responsabilidad del "socio" una vez que éste ha causado baja en la cooperativa. La interpretación del artículo 15.4 de la Ley estatal resulta muy problemática por las deficiencias de redacción que presenta. En base a este artículo, el socio que deja de pertenecer a la cooperativa deviene como responsable personal por las deudas sociales. Aunque es dudoso, a nuestro entender, la duración de la mencionada responsabilidad no se vincula al cobro del reembolso, sino a la fecha de la baja del socio. Lo cual resulta extraordinariamente peligroso para el socio, pues puede suceder que se esté respondiendo (ex artículo 15.4 de la Ley estatal), y aún no haber cobrado nada en concepto de reembolso. Es más, resultará normal en aquellos casos en que la cooperativa está en una situación de "déficit patrimonial", que el socio no cobre, el acreedor tampoco, éste agota el patrimonio social y se dirige frente al socio que aún no ha percibido la liquidación de sus aportaciones. El socio deberá esperar al concurso de la cooperativa, si acaso, para poder cobrar el importe establecido como reembolso, más lo pagado al acreedor social. En relación a la mencionada responsabilidad, ésta puede alcanzar bien hasta el importe que el socio perciba; bien hasta lo que esté pendiente de recibir. Pese al tenor literal de la Ley estatal de cooperativas, que alude al "importe reembolsado", se debería incluir aquellas cantidades que estén aún pendientes de cobro y, en este sentido, se debe recalcar el margen que dispone la cooperativa para hacer efectivo dicho pago del reembolso, fijado en cinco años. No obstante –desde un punto de vista contrario-, debido a la excepción que supone la responsabilidad prevista en este 15.4 de la Ley estatal de cooperativas, podría pensarse en una interpretación restrictiva del precepto, más acorde con la defensa de los intereses del socio, al que haríamos responder únicamente por las cantidades efectivamente reembolsadas. Y, en este sentido, optar, en la interpretación de esta responsabilidad, por un criterio teleológico que exigiera una responsabilidad en la medida que la cantidad a reembolsar, haya salido del patrimonio social para pagarle al socio. Si no ha salido nada porque no se le haya abonado aún, no tendría sentido que se le haga responsable al mencionado socio pues todavía no se habría producido una descapitalización efectiva de la sociedad cooperativa. Respecto al concurso de la cooperativa, éste presenta diversas peculiaridades derivadas, por regla general, de su naturaleza mutualística, teniendo algunas de ellas difícil encaje entre los principios que establece la Ley Concursal. La posición del socio -que ya esté de baja de la sociedad- como acreedor de la cooperativa dependerá de la concreta situación en la que se éste se encuentre en relación al proceso de su liquidación de las aportaciones. La consideración o no como acreedor de la cooperativa no es baladí puesto que en caso afirmativo, podrá solicitar la declaración de concurso de la sociedad. Respecto del socio que ya se encuentre de baja, pero aún no se haya determinado la cuantía exacta de su derecho de reembolso, su condición como acreedor o no de la sociedad dependerá del tipo de aportación que tenga. Si ésta es de las rehusables, el socio no es un acreedor de la sociedad. En cambio, si las aportaciones son de aquellas cuyo derecho de reembolso no puede ser rehusado, sí que ocuparía una posición acreedora frente a la sociedad cooperativa aunque no se conozca la cantidad definitiva del crédito. En relación al socio al cual ya se le haya determinado la cuantía del derecho de reembolso por sus aportaciones, sí que ostenta una posición acreedora frente a la cooperativa. Será un acreedor en firme, aunque sometido a plazo en base a la Ley estatal de cooperativas que lo permite. En ambas situaciones, el crédito que ostenta el socio contra la sociedad será clasificado como ordinario, salvo por los intereses que se clasificaría como subordinado. Frente a estas dos situaciones descritas, se situaría el socio que hubiera cobrado de manera efectiva el reembolso por sus aportaciones; en esta situación, el mencionado socio no es ya un acreedor de la cooperativa.

Ego te provoco: algunas consideraciones preliminares.El continuo despliegue de potencias extra-regionales por el hemisferio ha adquirido nuevas connotaciones estos dos últimos años. En ambientes políticos, y comunidades epistémicas, han surgido visiones contrapuestas a la hora de evaluar estos despliegues. Por un lado, están quienes ven esta problemática de forma relativamente benigna y en lo medular acorde a las tendencias globalizantes que estarían abarcando todo el planeta sin excepciones de país, cultura, economía o sociedad. Por otro, están quienes matizan las intensidades y diferencian entre los objetivos buscados por una u otra potencia extra-regional. China, India, Rusia e Irán, los actores extra-regionales más activos, tendrían motivaciones distintas; y la receptividad también sería diferenciada. Sin embargo, en los nichos e intersticios por donde circula la influencia extra-regional queda al descubierto una característica común cual es la ausencia relativa del otrora omnipresente comportamiento de Estados Unidos.En este contexto, plagado de factores multidireccionales, es la penetración iraní la que suscita mayor atención. También es sobre la que hay menor información en fuentes públicas. Ello no ha sido óbice, sin embargo, para que, desde 2005 en adelante, ésta penetración sea no sólo ostensible sino creciente. En visibilidad y en complejidad.En efecto, Irán se está desplegando por América Latina a través de una hábil combinación de elementos propios de soft y del hard power. Emplea también una gama de otros elementos intermedios. Los énfasis de unos, o de otros, está relacionados no sólo con el diseño conceptual y praxis desplegada por Teherán, sino también con la receptividad que ha tenido en cada país de la región. De esta forma, se han generado tendencias que hacen de la relación de Irán con los países latinoamericanos un tema esencial de la agenda de seguridad hemisférica.Siguiendo a dos de los más prolíficos autores en esta materia, Román Ortiz y Ely Karmon, y teniendo en consideración el carácter complejo del diseño conceptual y la praxis de la penetración iraní, se sostiene la hipótesis general de que la principal motivación de los iraníes es la obtención de influencia en el "patio trasero de EEUU".Aunque el despliegue iraní se observa en la mayoría de los países del hemisferio, cinco sudamericanos son los que concentran mayor actividad (en orden alfabético): Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Con cada uno, se registra una relación multifacética y no desprovista de elementos sui generis, que poco o nada tienen que ver con los cánones tradicionales de las relaciones bilaterales. En consecuencia, identificar y problematizar estos elementos coadyuva en la muy intrincada tarea de desentrañar las razones por las que, por primera vez en su historia milenaria, los persas se muestran interesados en esta zona del mundo.Para alcanzar un foothold en América del Sur, el régimen iraní se procura diversos tipos de elementos categorizables en a) aquellos de poder suave (diplomacia pura y formal, lazos culturales inocuos, como el hermanamiento de ciudades, convenios universitarios y otros), b) elementos intermedios (apoyo material y espiritual a comunidades shií en la región, a mezquitas y centros religiosos) y c) elementos definitivamente duros (acuerdos militares o industriales vinculados a asuntos de seguridad y defensa o comerciales con dicha finalidad, o bien actividades encubiertas con grupos terroristas afines como Hizbollah). Denominador común de todos estos elementos es su ubicación en el contexto de una estrategia a prioridefinida.La vastedad de los elementos señalados, así como el fortísimo sigilo con que son ejecutados, ha llevado a que analistas y académicos privilegien dos posturas para entender su impacto; ambas benignas. En efecto, la mayoría las ve como algo irrelevante, por momentos incluso con cierta indiferencia, casi como un sub-producto de las excentricidades del régimen de los ayatollahs, mientras que en otros momentos, buscan asociarla a cierta inevitabilidad de los cambios en el escenario mundial y a la pérdida relativa de la influencia estadounidense en América del Sur. Sin embargo, ambas relativizan las verdaderas consecuencias y no dan cuenta de su naturaleza. Naturaleza y consecuencia van de la mano. La primera se entiende por su rasgo fundamental, cual es que toda la estrategia iraní está en manos del Pasdaran. Por cierto que ello no implica necesariamente que todas las consecuencias sean previsibles o inmediatas. Pero al ser el Pasdaran el principal instrumento de la penetración, no se puede sino asociar la penetración a los objetivos e imperativos estratégicos de Teherán, vale decir con los planes nucleares, con la competencia estratégica con EEUU, con la construcción de bases capaces de propinar golpes de represalia en el corazón mismo de Norteamérica y, last but no least, con el papel global asignado a la religión. En otras palabras, con la capacidad de disuasión iraní. Por lo mismo no es casualidad que los planes de desarrollo nuclear y misilístico estén bajo tuición del Pasdaran. Tampoco es casualidad que el despliegue esté tan estrechamente vinculado a su estrategia de promoción del fundamentalismo islámico y a la pretensión de aislar a Israel (1). Vista en el contexto de los imperativos estratégicos de Irán, la generación de complicidades con gobiernos afines es fundamental.En esta materia, el despliegue iraní en la región registra novedades generales y específicas a lo largo del bienio 2010-2011.Hannibal ante portas: Irán se despliega en América del SurCuasi de forma paralela a la gira del Presidente Barack Obama por Brasil, Chile y El Salvador en marzo de 2011, el Viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Behrouz Kamalvandi realizó un periplo por Quito, Bogotá y La Paz. Pocas semanas más tarde, al iniciar junio de 2011, el influyente y controversial Ministro de Defensa iraní, Ahmed Vahidi, llegó a Caracas para desplazarse luego a La Paz. Asimismo, a fines de 2010, el régimen de Ahmedinejad destinó US$ 4.500 millones para esta nueva etapa de su despliegue en América del Sur (2).Esta verdadera proliferación de recursos económicos, políticos abiertos y encubiertos, así como diplomáticos indica que los énfasis de estos dos últimos años se han comenzado a vincular crecientemente con el poder duro. De acuerdo a las previsiones de Elías Eliaschev, durante 2011 se completará la designación de 150 cargos para el staff que se dedica a América Latina en general, y de esa masa de US$ 4.500 millones, ya se han empezado a ejecutar US$ 87 millones (una transferencia supervisada por el propio comandante general de las brigadas Quds, Qassem Soleimani), de los cuales, a su vez, siete milllones han ido directo a Hizbollah(3).Parece razonable entonces asumir la hipótesis de que el poder duro ha adquirido centralidad. Sin embargo, los ritmos e impulsos que vaya observando el despliegue iraní dependerá finalmente de los nioveles de receptividad de cada país sudamericano(4). Esta responde a necesidades y motivaciones específicas. De ahí que el despliegue deba tener también una atención relativa en aquellos elementos de poder blando y toda la gama intermedia. Los sucesos acaecidos en torno a la visita de Ahmed Vahidi a Bolivia, examinados infra, así como el objetivo de alcanzar pronto US$ 20 mil millones en inversiones diversas de Irán en la región, confirman esta necesidad que tendrá Irán de ir acomodando su estrategia a las citadas sensibilidades de cada país sudamericano.En cuanto a los elementos de poder suave, el más importante verificador de tendencia del despliegue está dado por el incremento de embajadas iraníes en la región. Teherán tenía hasta el 2007 (5) sólo cinco embajadas en América Latina; de ellas únicamente tres en América del Sur. Hacia el 2011, el número de legaciones con embajador residente ha crecido ostensiblemente. Once suman hasta mediados de 2011 las embajadas iraníes en América Latina. Un dato anexo es que salvo Guyana y Surinam, la diplomacia iraní mantiene legaciones en todos los países de la región, y la única donde no hay embajador residente es aquella en Paraguay. Sin embargo, las visitas a Asunción del embajador concurrente -desde Montevideo- tienen la inusual frecuencia de una por mes; sin contar las constantes visitas de personeros de gobierno a Asunción (6). Finalmente, dentro del ámbito de poder suave, destaca también el apoyo manifiesto expresado por los embajadores de los países integrantes del ALBA en Teherán el 16 de julio de 2010, reiterando el "derecho soberano de Irán para generar energía atómica y utilizarla para fines pacíficos". Declaración vista con satisfacción en Teherán ya que permite visualizar algunos signos homogéneos en la receptividad regional. Debe tenerse en consideración que en los asuntos concernientes al vínculo con Irán, son los países sudamericanos del ALBA (Venezuela y Bolivia) los que llevan la iniciativa (7).En definitiva, se trata de un bienio lleno de connotaciones de alto significado, de una tendencia in crescendo, que, sin embargo, podría terminar abruptamente si la enfermedad del Presidente venezolano eclipsa su protagonismo.a) Relatio in terrorem: ArgentinaLas relaciones argentino-iraníes, a lo largo de estos dos últimos años, siguieron muy fuertemente marcadas por las reverberaciones de los brutales atentados a la embajada israelí y contra la AMIA en 1992 y 1994, respectivamente (8).Antecedentes con poderosa significación fueron descritos y fundamentados por Pepe Eliaschev en el diario Perfil (26.3. 2011). El primero apunta a la propuesta de la Casa Rosada para negociar un acuerdo secreto entre los dos gobiernos para dejar de lado el proceso judicial que lleva a cabo el juez Alberto Nisman contra exdiplomáticos y altos funcionarios iraníes a cambio de un compromiso por mayor intercambio comercial (9). La revelación de este antecedente tuvo como resultado que la visita del canciller Hector Timmerman a Israel, anunciada para fines de marzo, estuvo a punto de ser cancelada debido al profundo malestar causado en el gobierno iraní. Declaraciones posteriores de la cancillería argentina, negando la propuesta, mitigaron el estado de crispación bilateral, y el canciller finalmente se desplazó a Jerusalén.Un segundo antecedente de alta significación, y que causó gran molestia en el juez Nisman, es la revelación de tareas de reclutamiento y recolección de fondos en Brasil por parte de Hizbollah, Hamas y Al Qaeda en la zona de la Triple Frontera, en las que el iraní Moshe Rabbani, sindicado como autor intelectual del ataque a la AMIA, es fundamental. Rabbani ha visitado ocasionalmente Brasil utilizando pasaporte falso (10). Para ahondar aún más la controversia, Rabbani participó en abril de 2011 en un programa de radio junto al activista kirchnerista Luis D´Elía negando la versión de sus viajes a Brasil. Anexo a esta problemática, durante el bienio continuó también la controversia en torno a las actividades de la embajada de Irán en Buenos Aires. El juez Rafael Rafecas, por ejemplo, denunció que desde esa legación se financia a muchas agrupaciones anti-judías y que el nexo es el activista pro-gubernativo Luis D´Elía (11).El intento de revertir el estado de deterioro generalizado que existe en las relaciones bilaterales, y que Eliaschev adjudica a la influencia del canciller Timmerman, ocurrió meses después de que la Presidenta Cristina Fernandez, hablando ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2010, propusiera una solución a la Lockerbie, que comprendiera un proceso judicial a los iraníes acusados por el caso de la AMIA en un tercer país, por mutuo acuerdo entre Irán y Argentina (12). No queda muy claro la finalidad de la propuesta, ya que, como era dable esperar, provocó una agria carta respuesta de Irán dirigida al Presidente de la Asamblea General(13).Finalmente cabe consignar que en el plano comercial, a inicios de abril de 2011, se anunció que Teherán empezará a incrementar sus compras de soya. La iniciativa surgió no sólo por el interés de Irán sino por la baja de las exportaciones argentinas de este producto a la India para las que era necesario encontrar otro poder comprador (14).En suma, el bienio 2010-2011 ha servido para constatar que el vínculo iraní-argentino sigue alterado en sus cimientos (15). La intensidad de las reverberaciones que continúan emanando de los atentados a la embajada israelí y a la AMIA ponen necesariamente un signo de interrogación a la evolución ulterior que tenga este problema, cuya solución definitiva no se divisa. En tal sentido, el principal elemento a monitorear es la presunta oferta emanada de Teherán a mediados de julio orientada a re-tomar el diálogo.b) Dulce periculum: las tentaciones bolivianas El bienio 2010-2011 fue especialmente fructífero para la relación entre estos dos países. Mirado desde el punto de vista de la estrategia iraní, los antecedentes del período consolidaron a Bolivia, en términos cualitativos, como el segundo eslabón más importante en la región. Mirado desde la perspectiva boliviana, asistencia iraní en diversos ámbitos superó los US$ 1200 millones lo que convirtió a Irán en el segundo donante del país, superando a la Unión Europea (16).En el plano diplomático adquirieron relevancia varios hechos como la inauguración de la embajada iraní en La Paz, en septiembre de 2010, el viaje del Presidente Morales a Teherán un mes más tarde (17), y los desplazamientos realizados por varios altos personeros del gobierno iraní por territorio boliviano durante el primer semestre de 2011. Desde el punto de vista comunicacional, lo más destacado del viaje de Morales a Teherán y Tabriz, fue el anuncio de que Irán asistiría a Bolivia en la construcción de una planta de energía nuclear. Dado que el asunto carece de toda viabilidad debido al precario nivel de masa crítica existente en Bolivia respecto a esta materia, el anuncio adquiere singularidad. Desde ahora en adelante habrá movimientos, algunos visibles, otros menos, de especialistas y personeros vinculados a elementos de poder duro iraní. En este marco, fuertes sospechas tiene la aprobación de un proyecto de ley por el Congreso boliviano en junio de 2011, destinado a facilitar el turismo entre los dos países, ya que, pese a no existir cifras oficiales sobre el tema, todas las estimaciones apuntan a un flujo prácticamente inexistente.Otros dos elementos de poder duro son tanto la declaración conjunta emitida tras el viaje de Morales, en el sentido de que ambos países señalan a EEUU como enemigo común, como también el anuncio de crear un banco binacional que permitirá gestionar futuros proyectos. Esto último, ya se había visualizado un mes antes del viaje de Morales, cuando el ministro de Industrias y Minas de Irán, Ali Akhbar Mehravian asistió a la presentación de cartas credenciales del embajador Alireza Ghozeilee en La Paz, asunto que además, coincidió con la apertura física de la legación persa. La cartera del ministro constituyó una señal indicativa del énfasis que Irán está dando a este vínculo. Consecuentemente, durante la visita de Mahrebi, ambos países suscribieron acuerdos en materias de gas, petróleo y petroquímica. Además, Mahrebi inauguró las dependencias de la Iranian Oil en Santa Cruz y ofreció una nueva línea de crédito por US$ 254 millones que permitirá expandir los proyectos existentes y examinar nuevos proyectos en torno a la extracción del litio.Posteriormente, en marzo de 2011, la visita del Vicecanciller Behrouz Kamalvandi hizo anuncios que reforzaron el carácter estratégico que está asumiendo Bolivia en el despliegue iraní en la región. Kamalvandi anunció tanto la creación de un Centro Geocientífico, que se dedicará a estudiar datos geológicos de Bolivia, como de una red de transmisión y de antenas que permita crear un canal nacional de televisión. El objetivo central del Centro Geocientífico es localizar yacimientos de uranio. Hasta ahora, los estudios sobre localización y caraterísticas de depósitos uraníferos bolivianos son confusos, debido a su obsolescencia y poca acuciosidad. Uranio existiría en la Cordillera de Los Frailes, en Cotaje (Potosí) y en Mamonó, el este del país cerca d ela frontera con Brasil, en el Parque Noel Kempff Mercado y bajo el Bosque Seco Chiquitano (ambos forman el ecosistema El Pantanal). Tras la visita de Mehravian, la ministra boliviana de Planificación, Viviana Caro manifestó, "hay intenciones de realizar trabajos, pero lo que se necesita es una carta geológica actualizada en la que colaborará Irán" (18). Jorisch sostiene que el litio podría ser utilizado como un acelerador alternativo en el enriquecimiento de uranio. Durante su visita, Kamalvandi firmó acuerdos justamente para explotar litio (algo acordado inicialmente durante la visita de Ghozeilee)(19). Además, comprometió una línea de crédito adicional a la de US$ 270 millones ya existente para construir represas. Se trata de una línea crediticia abierta que se materializará apenas lo disponga el gobierno de Morales.Una significancia mayor tiene la llegada a Bolivia, en junio de 2011, del ministro de Defensa iraní, Ahmed Vahidi (20), quien visitó La Paz y Santa Cruz. Declaraciones de Vahidi ofreciendo todo tipo de ayuda militar que Bolivia demande y la invitación a la inauguración de la Escuela Militar del ALBA, ratifican la hipótesis sustentada acerca de la especificidad estratégica que tiene el despliegue iraní en Bolivia. Como trascendió por la prensa, Vahidi debió interrumpir su estadía en Bolivia, cuando fue detectado por el servicio de inteligencia argentino (SI) mientras se efectuaba una ceremonia en el Colegio Militar de Aviación (COLMILAV) en la que se entregaban licencias de pilotos a cadetes de Bolivia, Venezuela y Panamá. Ello motivó la rápida queja del gobierno de Cristina Fernández, quien advirtió al Presidente Morales sobre el retiro de la invitación que se le había cursado para que visitara Buenos Aires la semana siguiente (21). Bolivia presentó sus excusas al gobierno argentino, y ni Morales ni su ministra de Defensa, Cecilia Chacón se refirieron públicamente al incidente. Vahidi, sin comentarlo directamente, valoró positivamente su paso por Bolivia y reiteró que "la cooperación total con los países latinoamericanos goza de prioridad para Irán"(22).El carácter estratégico de Bolivia en el despliegue iraní en la región, había quedado esbozado en octubre de 2010, cuando el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Luis Arce informó de un acuerdo entre los dos países para la compra de equipos militares iraníes, el mantenimiento de las aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), así como un acuerdo para entrenamiento militar. Ese anuncio ministerial ocurrió dos semanas después que Morales llegara procedente de Teherán (23).En síntesis, la relación bilateral ha entrado en una etapa cualitativamente distinta estos dos últimos años, marcada por claras intenciones de fortalecer un compromiso que adquiere visos de estratégico. El interés manifestado por ambos en esta línea indica que se debería generar mayores niveles de asociatividad bilateral en el futuro cercano. En todo caso, si Bolivia no cautela los aspectos políticos formales de este acercamiento, se producirán inevitablemente fricciones inesperadas con terceros, tal cual de desprendió de la tensión argentino-iraní en relación a Vahidi. La experiencia de este hombre clave del Pasdaran en Bolivia es una señal que los próximos pasos del acercamiento bilateral se caractericen por la opacidad y el sigilo.c) De omnibus dubitandum, las aprehensiones del neo-lulismobrasileño Las relaciones bilaterales durante el bienio, sometidas a las reverberaciones del viaje del Presidente Ahmedinejad a Brasil, ocurrido en las postrimerías del 2009, siguen mostrando señales ambivalentes. Sin embargo, la fuerza ex intra de algunas de éstas indican que, paulatinamente, se ha ido instalando la idea de poner las relaciones bilaterales bajo premisas nuevas. Son señales que, decodificadas, ofrecen matices diferenciadores respecto a los años de lulismo puro.En efecto, a lo largo de casi todo el 2010 se observó una atención brasileña muy deferente hacia problemática iraní, ejemplificada en la crítica que hizo el canciller Celso Amorim en marzo de ese año a la imposición de sanciones contra el régimen de Teherán. El pragmatismo del lulismo puro cobró expresividad en el acuerdo Brasil-Turquía (marzo 2010), que provocó desconcierto en varios países centrales, malestar en Washington y preocupación en Israel (24). Ese acuerdo, percibido positivamente por Ahmedinejad, se suscribió en el marco de la cumbre de los G-15 realizada en Teherán.Otra señal proveniente del pragmatismo lulista había ocurrido poco antes, en abril de 2010, cuando Petrobras anunció que mantendría sus oficinas en Teherán y todas sus inversiones en el Mar Caspio, pese al clima internacional desfavorable. Prosiguió al mes siguiente, cuando de forma demostrativa, Lula realizó una visita oficial a Teherán, que culminó en el controversial acuerdo con Turquía. Continuó en junio de 2010, cuando, en votación dividida, el Consejo de Seguridad aprobó sanciones (Resolución 2040) con los votos en contra de Brasil y Turquía (ambos miembros no permanentes del órgano en ese momento).En esta postura pragmática subyacía una visión muy clara. Lula veía los asuntos internacionales con un prisma que favorecía la mantención del diálogo con todo tipo de regímenes y de rechazo a la imposición de sanciones. Para Lula, el efecto de las sanciones terminaban recayendo en los más pobres. Lula, además, insistía en el necesario respeto a la cultura, costumbres y leyes de todos los países, alegando que de lo contrario se alimentaba las tendencias al caos en el sistema internacional.Sin embargo, la asunción de Dilma Roussef comenzó a ofrecer matices respecto allulismo puro, denominación que parte del supuesto que con Dilma el lulismo sigue representando el prisma central de la política exterior brasileña.Sin embargo, los nuevos matices, advertibles en las primeras decisiones de Dilma en torno a la problemática iraní, sugieren que subyacen ideas nuevas. Aunque es prematuro visualizar la intensidad que estas ideas nuevas, se pueden conjeturar énfasis de tipo cuasi doctrinario, por ejemplo en materia de derechos humanos, vistos tanto genéricamente como en lo relativo al de las mujeres. Tal inclinación salpicará directamente la relación con Irán.Dos novedades interesantes sobre esto son las siguientes. Dilma, por ejemplo, fue mucho más dura que su antececesor en cuanto a criticar la lapidación de Sakineh Ashtiani, por presunta complicidad en asesinato de su esposo. Indicó que era "inaceptable y medieval". Apenas ocurrido el hecho, y en su calidad de candidata presidencial, Dilma, solicitó al entonces Presidente Lula, que diera indicaciones a su embajador en Teherán, Antonio Luis Salgado para reunirse con autoridades de la cancillería persa e informarles que Brasil estaba en condiciones de garantizar asilo a Ashtiani.Luego, ya en funciones, invitó a la abogada disidente Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz 2003, asunto que irritó a la cancillería iraní. Luego, el ministerio de Cultura brasileño formuló críticas a la censura de las obras del escritor Paulo Coelho en Irán.Probablemente el dato más significativo ocurrió en 2011, cuando, por primera vez en 10 años, Brasil (junto a Panamá y Colombia y contra Cuba y Ecuador) votaron a favor de una moción en la Comisión de Derechos Humanos para monitorear la situación de éstos en Irán. Baste recordar que el año previo -2010, es decir bajo ellulismo puro- Brasil se abstuvo (25).Aunque el re-enfoque brasileño implicará que Brasil ya no tendrá un papel tan relevante en el establecimiento del foothold iraní en la región, el régimen de Ahmedinejad ha reaccionado con cautela ante las nuevas señales provenientes de Brasilia. No ha hecho ver sus molestias y pareciera optar por darle preeminencia a los espacios e intersticios que se muestren disponibles. En esa línea, anunció que establecerá un centro comercial durante el segundo semestre 2011 para facilitar negocios entre los dos países (26). El régimen iraní es consciente que el deterioro de la relación bilateral perjudicará más a Irán que a Brasil. Además, también hay señales de continuidad.Vital en este aspecto es la mantención del negocio de la triangulación de alimentos, carnes y azúcar que realizan empresas brasileñas instaladas en Dubai y Emiratos Arabes Unidos.Huelga subrayar que este recalibramiento seguirá siendo monitoreado por Washington y las potencias centrales. A lo largo del bienio ha habido varios motivos de preocupación que podrían repetirse. Por ejemplo, según revelaciones de Wikileaks, a fines de 2010, se produjo una situación que generó preocupación en EEUU y en Alemania, ya que la empresa Machine Sazi Tabriz (MST) habría estado adquiriendo material de uso dual a la brasileña Mello SA Maquinas e Equipamentos. Siemens habría detenido a última hora importantes envíos a Mello SA que iban a ser entregados a MST (27).En definitiva se puede establecer que la relación brasileño-iraní pasa por momentos de ciertas re-definiciones producto de los cambios políticos internos en Brasilia. Dado que la cautela dominará la apreciación de ambos, es probable que la agenda bilateral no oscile entre elementos de poder duro ni blando, sino descanse en aquellos intermedios, donde las cuestiones estrictamente comerciales vayan adquiriendo centralidad. (1) Los dos principales instrumentos globales de la línea estratégica anti-israelí son ese híbrido llamado Hizbollah y el Pasdaran; ambos con capacidades para operar en cualquier parte del globo. Los mortíferos ataques en Buenos contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994, ejecutados conjuntamente, son los mejores ejemplos de dicha capacidad. Karmon sostiene que la amenaza terrorista es el principal desafío a la seguridad internacional y que después de la guerra fría no se podría hablar de un conflicto armado donde no se haga uso del instrumento terrorista. En tal sentido –añade- la gran amenaza actual proviene de lo que denomina la "coalición iraní", compuesta por Irán y su proxy organization, Hizbollah, creado por el Pasdaran, por Siria, por Hamas.(2) La cifra aparece en varias de las referencias utilizadas en este texto. Según Eliaschev, las prioridades de esta nueva fase del despliegue iraní son: la Triple Frontera (Brasil, Paraguay, Argentina), Venezuela y Panamá. (3) Ver: "Venezuela e Irán".(4) Otros elementos de poder duro son el esfuerzo por instalar en la región bancos iraníes o bien formar instituciones bancarias asociadas así como la cooperación para la prospección y explotación de recursos energéticos específicos (uranio, litio, petróleo y gas).(5) Fecha referencial clave. El despliegue iraní adquirió contornos más precisos y sistémicos con la Conferencia Internacional sobre América Latina, denominada "Desarrollo en América Latina: su papel y su estatus en el futuro sistema internacional" (febrero, 2007) y en la que participaron invitados de Argentina, Venezuela, Colombia, Cuba, Brasil, Uruguay y Ecuador aparte de latinoamericanistas de Italia, Rusia, y China". Fue un seminario auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní y sirvió para dar luces acerca del diseño conceptual y modelos de praxis para materializar la iniciativa. Procuró insertar conceptualmente el despliegue en las corrientes revolucionarias de la época, buscando asociar las figuras de los comandantes Chamran y Guevara como simbólicas del encuentro revolucionario entre Irán y América Latina. El gobierno iraní invitó a exponer al seminario a dos hijos de Guevara. Pocos meses más tarde, en Teherán e Isfahan, también con auspicio de organismos de gobierno, se efectuó el Primer Congreso Internacional de Literatura Latinoamericana. Ver Witker, op cit. pp. 171-172.(6) La relación de Irán con Paraguay se inicia bajo mandato del Presidente Lugo el 15 de agosto de 2008. Un trascendido relevante en las relaciones de Irán con esta zona del mundo es la presunta petición formulada a inicios de abril de 2011 por Ahmedinejad al Presidente paraguayo, Fernando Lugo en orden a garantizar asilo para Muammar Gaddafi.(7) Ver "Apoyo del ALBA a Irán" en el sitio http://www.noticiasdeiran.com (accesado el 01.06.2011).(8) La trayectoria y los eventos dramáticos ocurridos en la capital argentina apuntan a un diseño conceptual y praxis específicas del interés de Irán en Argentina, pues no se divisan motivos demográficos o migratorios, ni económicos, ni gran colaboración militar, aunque sí hay versiones, no confirmadas, de interés en la industria nuclear argentina a comienzos de los 90. Sí tiene fuerza explicativa la numerosa población judía en Argentina. Al asumir a los aproximadamente 250 mil judíos argentinos como blanco de su despliegue global, se advierten elementos coherentes con el esquema antijudío que marca la diplomacia iraní desde fines de los 80.(9) El acuerdo habría nacido tras una oferta hecha por Timmerman mientras efectuaba una visita a Aleppo, Siria entre el 23 y 24 de enero de 2011. Los mediadores iban a ser el Presidente sirio Bashar al Assad y su canciller Walid al Mohalem. El texto de Eliaschev asegura que en septiembre de 2010 y febrero de 2011 se produjeron tratativas directas, aunque discretas, entre Argentina e Irán a nivel de "funcionarios poco conocido".(10) Pagina 12 y Perfil (7 de abril). El juez Nisman identificó una casa de seguridad de Rabbani y otros 20 terroristas en Sergipe N° 67 en la ciudad Foz de Iguacú.(11) Rafecas instruye casos contra algunos grupos terroristas como Quebracho. Esas afirmaciones las hizo en una reunión realizada en la Sociedad Hebraica del Pilar, Buenos Aires el 30 de marzo de 2011.(12) Hay versiones que indican que esta fórmula habría sido propuesta en 2003 y que no se habría encontrado ningún país dispuesto a servir como tal.(13) "Respuesta de Irán a Argentina en Naciones Unidas" en http://www.noticiasdeiran.com (accesado 14.6.2011).(14) El intercambio comercial entre Irán y Argentina llegaba en 2011 a US$ 1.200 millones anualmente.(15) Inicialmente, las investigaciones tropezaron con las enormes dudas acerca de qué pudo haber motivado esta expansión terrorista hacia América del Sur. También se hicieron públicas varias hipótesis argentino-céntricas de un presunto descontento del mundo musulmán por la participación de Buenos Aires en la primera guerra desatada por Estados Unidos contra Irak, aunque Irán era muy hostil al Irak de Saddam Hussein 1980-1988. Ese resentimiento musulmán se habría visto alimentado también por otros motivos. Los daños causados a Irak, financista de Egipto, y potencial beneficiario del proyecto misilístico Cóndor (desarrollado por Argentina y Egipto), abandonado por Menem por imposición de Estados Unidos. Luego estaría la decepción de Trípoli tras haber invertido fondos en la campaña electoral de Menem. Otro elemento de resentimiento musulmán con Argentina sería la distancia que tomó Buenos Aires respecto del Movimiento de No Alineados en 1991 y su acercamiento a Estados Unidos. Por último, la desilusión experimentada por Damasco ante los diversos viajes de Menem a Medio Oriente en los que no visitó Siria (el país de sus ancestros), a la vez que se convertía en el primer Presidente argentino en viajar a Israel. Todas hipótesis excesivamente argentino-céntricas y carentes de efectivo poder explicativo.(16) Irán ha financiado una fábrica de textiles, una de cemento, un hospital en El Alto, una procesadora de lácteos y ha iniciado estudios para una ensambladora de tractores. La suma es un conjunto de créditos que forman parte del llamado Plan de Cooperación Industrial válido por cinco años firmado en 2007 durante la visita de Ahmedinejad a La Paz. Notoriedad tiene un reportaje de la BBC (27.11.2009) alerta sobre la posible obligatoriedad que existiría en el centro hospitalario construido en El Alto para que las mujeres porten velo.(17) La visita de Morales incluyó un desplazamiento a la ciudad de Tabriz donde visitó una fábrica de tractores. Irán tiene la oferta de instalar una ensambladora similar a la levantada en Venezuela.(18) Ver: "Uranio y agua para Irán" en http://www.noalamina.org (accesado 10.6.2011).(19) Sobre este punto, las negociaciones se habían iniciado en octubre de 2010 durante la segunda visita de Morales a Teherán. Bolivia tiene un depósitos estimados de 100 millones de toneladas métricas (TM) de litio, lo que correspondería al 70% de las reservas mundiales.(20) Excomandante general de la Fuerza Quds del Pasdaran. Existe orden de captura internacional por su participación en el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994. Por años nexo entre Teherán y Hizbollah. Su cargo actual implica una tuición directa en el programa de desarrollo nuclear de Irán. La orden de captura de Interpol se extiende a Moshen Rabbani (ex agregado de prensa en la embajada iraní en Buenos Aires), Ali Akhbar Velayati (excanciller), Alí Fallahijan (exministro de Informaciones), Alí Rafsanjani (expresidente), Moshen Rezai (exasesor presidencial), Hadi Soleimanpour (exvicecanciller).(21) Gran parte de la prensa mundial consignó esta nota ese día. El canciller David Choquehuanca endosó responsabilidades a funcionarios medios del Ministerio de Defensa. Otro antecedente que apoya la sospecha de una circunstancia embarazosa es que Vahidi se encontraba alojado en el mismo hotel (Casa Blanca), que el Presidente Morales. Ver La Tercera, Santiago de Chile 6.6. 2011.(22) La Prensa (Bolivia) 03.06.2011.(23) El anunció precisó que podrían adquirirse FAJR-3, S-68 e IRAN-140 así como helicópteros. Ver Los Tiempos, Cochabamba 1.11.2010.(24) El acuerdo consistía en que Irán se comprometía a enviar 1200 kilos de uranio enriquecido al 3,5% hacia Turquía y recibiría el producto enriquecido al 20% para usos médicos, en un proceso supervisado por EEUU, Francia y Rusia más el Organismo Internacional de Energía Atómica.(25) Aprobada por 22 votos a favor , 7 en contra y 14 abstenciones.(26) Aunque la relación entre ambos países también se remonta a comienzos del siglo 20 sólo a partir de los 90 comenzó a registrar cierto volumen al intercambiar alimentos. Sin embargo, a partir de 2003, Petrobras obtuvo una primera licencia de exploración de petróleo en el Mar Caspio con lo que la relación bilateral aumentó fuertemente. En 2004, Petrobras obtuvo una segunda licencia y en 2007 una tercera. El 2009, asociada con Repsol, obtuvo derechos de explotación del bloque Tosan, también en el Caspio.(27) State 123431 SIPDIS E.O. 12958: DECL:12/12/2034 *El autor es politólogo y periodista de la Universidad de Chile,PhD en Comunicaciones por la Universidad Carlos IV de Praga, República Checa y egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, National Defense University (CHDS-NDU). Ha sido jefe de la Mención en Relaciones Internacionales del Doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago y jefe de Cátedra de Estudios Internacionales de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) de Chile. En la actualidad es profesor de la ANEPE y la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile,profesor visitante del Colegio Interamericano de Defensa, Washington DC. Ha publicado varios artículos sobre terrorismo y seguridad internacional en revistas académicas, destacando "Los guiños de Mefisto. Relaciones Irán-América Latina, los casos de Chile y Argentina", "El síndrome de Herostratos o la conversión de terroristas en íconos". "Momentos palmerstonianos: retórica integracionista y conductas divisivas a la luz de la cumbre energética de 2007".

Criterio Libre magazine has played an important role in promoting scientific dissemination as a fundamental mechanism in the transformation processes of our Latin American nations towards better formed societies, with a healthy balance between the necessary growth of the production of tangible and intangible goods and a more fair distribution of wealth, for the benefit of all its populations, which seek to eradicate poverty, which is the greatest scourge that humanity has not yet been able to overcome. Therefore, we rely on criteria of the development of science that contribute to these ideals, choosing then the best articles, subjected to rigorous evaluation processes by recognized national and international researchers, who have also contributed to raise the scientific quality of them through his thoughtful observations and also to develop scientific thinking and the use of the best style for their communication, enriching the social scientific thought in our nations. We can summarize these principles as follows: the development of science and technology as an expression of given sociocultural and valorative systems, the development of science at the service of productive transformation for the benefit of society, the awareness of the role of science and technology in the definition of power relations at the national and international levels and its insertion in development policies, the use of science and technological innovation as instruments of autonomy, openness to novel approaches in the consolidation of social science, the freedom of critical thinking at all levels of scientific knowledge management, among others. In this sense, we have tried to strengthen the analysis and critical development of economic, administrative, financial and accounting sciences, opening a space for the discussion and development of the epistemology of these social sciences, which increasingly becomes the central axis of our magazine. The present edition of Criterio Libre includes two articles that enrich this epistemological discussion: in the first one the researcher José J. Ortiz B. poses a dilemma that accompanies the development of accounting science, "The crisis of accounting representation: problems of science social or power politics?", which seeks to clarify the factors that originate the problem of accounting representation from a reflection on the theoretical foundations that support this important topic and the empirical references that show this problem, factors that have been seen as an epistemic obstacle in the consolidation of this young science and to which the author intends to contribute in his epistemological clarification and in the proposal of alternative solutions, which he proposes for discussion to the scientific community with an interdisciplinary approach and from the paradigm of complexity. In the second article, Professor Jean Paul Sarrazin poses an interesting dissertation on "Religion: do we know what we are talking about? Examination on the feasibility of an analytical category for the social sciences". The objective of this review was to find an analytical category that is precise, clear and sufficiently broad to study empirically the vast range of sociocultural phenomena that can be or have been considered as "religious". It concludes that in spite of the absence of a unified analytical category, some of the most prominent elements in the different definitions can constitute, by themselves, useful analytical categories for empirical research. It can be deduced that this section has been faithful to the principles that we exposed at the beginning of this editorial and that we hope will continue to become an open forum for the scientific development of our disciplines. A second section, devoted to accounting and finance, defines topics that have become of substantial interest due to the strong theoretical development that these disciplines have reached, arriving to a phase in which the disputes of the paradigms that support different approaches have been decanted, and it is in this field where contributions arise that consolidate important theoretical schemes or that, on the other hand, discard hypotheses that allow debugging systems that, in the manner of the layers of an onion, are grouped by levels, which contributes to the consolidation of the social sciences. In this section we find two important articles oriented under this philosophy: the first one analyzes the effects on the accounting information of public companies in the Colombian electricity sector of the implementation of Resolution 743 of 2013 regarding the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) for some public companies. This topic is one of the applications of the important advances in the development of accounting theory for the financial economy, which in spite of this does not manage to establish solid roots for the conditions of the developing countries, as this article proves that the transformations assumed are the result of a change in the organizational economic model, where, rather than attending to the international regulation model, it responds to a process of concentration of strategic assets by actors that have the ability to capture regulation, demonstrating that the interdisciplinary approach is a fertile ground to explain in a better way the reality of these countries in the globalizing environment that characterizes the current economy of these countries. The second article, about the "Impact of self-financing on the innovation of micro, small and medium-sized Colombian companies," allows us to delve into an aspect that has not been explicitly studied and that is located at the frontiers of knowledge between economics, finance and the administration, especially directed at an important sector of the economy of the developing countries, that of the MSME companies, which despite their great contributions to the economic well-being of the population, occupying 80% of it in these countries, no intellectual effort has been devoted by our researchers, wasting a space of potential development of autonomy that will clear the way for the true socioeconomic development of our region. The descriptive results show that Colombian MSMEs use their own resources as a priority for their investments, and inferential results obtained through linear regressions indicate that internal financing has a positive and significant influence on their overall innovation, as well as on their products/services, productive processes and management. This is a variable of fundamental importance to be involved in the development policies for the Latin American industry and that very little is taken into consideration until now, in what has been called the Orange economy, which countries like Colombia want to promote. The reality is that internal or own resources are still the main source of funding for the investment projects of these companies, and while this is consistent with the postulates of the theory of financial hierarchy, everything seems to indicate that the reasons for this are mainly the barriers they encounter to access the external financial market. The next section, dedicated to economic discipline, shows us an important article focused on the analysis of the relationship between "Good governance and effectiveness of development aid", a topic of high relevance for our economies. The article aims to deepen the origin and changes experienced by the notion of good governance; analyzes the constituents and determinants of it, as well as its relationship with close concepts such as institutional quality, and above all, the ideas and evidence created on the relationship between good governance and the effectiveness of development aid. Finally, it concludes that there is no general consensus that aid has been effective in promoting economic growth, and there are both supporters and opponents of this idea. Reflectively, it paves the way for empirically verifying the true effects of economic aid and the conditions under which better results would be possible for the benefit of large masses of the population. This edition closes with two sections: the first one, traditional on topics of administration as a discipline that is structurally integrated with the economic, accounting and financial, and where two articles are developed: the first of these is entitled "Co-creation and new challenges of generating value that organizations face". This matter is very topical and marks a trend in modern administrative theory, which is revolving around the new approaches to the generation of value. It is concluded that, in order to generate a sustained value in organizations, the focus of the managers' actions must be the creation of joint value with their clients and not the exclusive goal of increasing the sales of their products or services usually designed internally and closed. The second article, under the title "Model to analyze the incidence of social capital in human development in Bogotá, DC", focuses on identifying whether there is a type of relationship between social capital and human development in the endogenous context of the city of Bogota. For this purpose, it is proposed to conduct a descriptive investigation, based on multiple regression analysis, which facilitates the proposal of a model that determines the level of incidence of social capital in human development, based on the calculation of the Human Development Index and the Index Decomposed social capital in cognitive capital index, ICSC, structural social capital index, ICSE, social representation index of social capital, IRSCS, components of the integral calculation of the social capital index. Based on these calculations, it is verified that the scope and use of social capital are unknown in the city, which generates a society with a high level of atomization and disinterest about the problems of citizenship. Being able to verify these assertions has the utmost importance to adopt policies of social and human development in the D.C., taking into account the different analytical components that were used in the study. In the last section, dedicated to knowledge management, the issue of bullying is analyzed pedagogically by sexual orientation among male students in the environment of secondary education, which seeks to contribute to the prevention of bullying behaviors, due to the effects that this has in the welfare of a population that tends to segregate in an undemocratic manner and that is already part of the educational models that should be oriented towards the formation of values. As pedagogues, we believe that education can and should create environments of respect and appreciation of difference, where everyone can access it, regardless of sexual orientation, gender or other social or cultural constructions. The set of the eight articles that we put at the disposal of the academic community, organized in the sections oriented according to the principles that support the scientific philosophy and the editorial policy of the magazine, is configured in a new effort that we are sure will contribute to the strengthening of the scientific and technological development of our disciplines in an environment that is ours, but that dialogues with the universality of knowledge at a global level, and that progressively will become the great pillars of our human and social development ; La revista Criterio Libre ha venido desempeñando un rol importante en la promoción de la divulgación científica como mecanismo fundamental en los procesos de transformación de nuestras naciones hispanoamericanas hacia sociedades mejor conformadas, con un sano equilibrio entre el necesario crecimiento de la producción de bienes tangibles e intangibles y una más justa distribución de la riqueza, en beneficio de todas sus poblaciones que buscan la erradicación de la pobreza, el mayor flagelo que la humanidad aún no ha podido superar. En ese orden de ideas, nos hemos fundamentado en criterios del desarrollo de la ciencia que contribuyan a esos ideales, seleccionando los mejores artículos, sometidos a procesos rigurosos de evaluación por reconocidos investigadores nacionales e internacionales, quienes también han contribuido a elevar la calidad científica de los mismos con sus atinadas observaciones y también a desarrollar el pensamiento científico y la utilización del mejor estilo para su comunicación, enriqueciendo el pensamiento científico social en nuestras naciones. Dichos principios los podemos sintetizar de la siguiente manera: El desarrollo de la ciencia y la tecnología como expresión de sistemas valorativos y socioculturales dados, el desarrollo de la ciencia al servicio de la transformación productiva en beneficio de la sociedad, la concientización del papel que tienen la ciencia y la tecnología en la definición de las relaciones de poder en los niveles nacional e internacional y su inserción en las políticas de desarrollo, la utilización de la ciencia y de la innovación tecnológica como instrumentos de autonomía, la apertura a enfoques novedosos en la consolidación de la ciencia social, la libertad del pensamiento crítico en todos los niveles de la gestión del conocimiento científico, entre otros. En tal sentido hemos querido fortalecer el análisis y desarrollo crítico de las ciencias económicas, administrativas, financieras y contables, abriendo un espacio para la discusión y desarrollo de la epistemología de estas ciencias sociales, que cada vez más se convierte en columna vertebral de nuestra revista. En el presente número se incluyen dos artículos que enriquecen dicha discusión epistemológica: en el primero de ellos el investigador José J. Ortiz B. nos plantea un dilema que acompaña el desarrollo de la ciencia contable, "La crisis de la representación contable: ¿problemas de la ciencia social o de la política del poder?", en donde busca dar claridad a los factores que originan la problemática de la representación contable a partir de una reflexión sobre los fundamentos teóricos que sustentan este importante tópico y los referentes empíricos que muestran dicha problemática, factores que necesariamente se han expresado como un obstáculo epistémico en la consolidación de esta joven ciencia y al que el autor pretende aportar tanto en su esclarecimiento epistemológico, como en la propuesta de alternativas de solución, que pone para discusión a la comunidad científica con un enfoque interdisciplinario y desde el paradigma de la complejidad. En el segundo artículo el profesor Jean Paul Sarrazin nos plantea una interesante 18 Universidad Libre disertación alrededor del concepto "Religión: ¿sabemos de lo que estamos hablando? Examen sobre la viabilidad de una categoría analítica para las ciencias sociales". El objetivo de esta revisión fue encontrar una categoría analítica precisa, clara y suficientemente amplia para estudiar empíricamente la vasta gama de fenómenos socioculturales que pueden ser o han sido considerados como "religiosos". Se concluye que a pesar de la ausencia de una categoría analítica unificada algunos de los elementos más destacados en las diferentes definiciones pueden constituir, en sí mismos, categorías analíticas útiles para la investigación empírica. Se puede deducir que esta sección ha sido fiel a los principios que expusimos al comienzo de este editorial y que esperamos se siga convirtiendo en tribuna abierta para el desarrollo científico de nuestras disciplinas. Una segunda sección, dedicada a la contabilidad y las finanzas, define temáticas que se han tornado de interés sustancial dado el fuerte desarrollo teórico que han venido alcanzado esas disciplinas, llegando a una fase en que las disputas de los paradigmas que sustentan diversos enfoques se han venido decantando y es en ese terreno donde florecen aportes que consolidan esquemas teóricos importantes o que, por otro lado, descartan hipótesis que permiten depurar sistemas que, a la manera de las capas de la cebolla, se van agrupando por niveles, lo cual contribuye a la consolidación de las ciencias sociales. En esta sección encontramos dos importantes artículos orientados bajo esa filosofía: el primero de ellos analiza los efectos que sobre la información contable de las empresas públicas del sector eléctrico colombiano tuvo la implementación de la Resolución 743 de 2013, la cual se refiere a la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para algunas empresas públicas, siendo este tópico uno de los aplicativos de los avances importantes del desarrollo de la teoría contable para la economía financierista, que a pesar de ello no logra asentar sólidas raíces para las condiciones de los países en desarrollo, como lo comprueba este artículo que encuentra que las transformaciones asumidas son el resultado de un cambio de modelo económico organizacional, en donde más que atender el modelo de regulación internacional, responde a un proceso de concentración de activos estratégicos por parte de actores que tienen la capacidad de capturar la regulación, demostrando que es el enfoque interdisciplinario un campo fértil para explicar de una mejor manera la realidad de estos países en el entorno globalizador que caracteriza la economía actual de dichos países. El segundo artículo acerca del "Impacto del autofinanciamiento sobre la innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas", permite profundizar en un aspecto que no ha sido explícitamente estudiado y que se ubica en las fronteras del conocimiento entre la economía, las finanzas y la administración, dirigido especialmente a un sector importante de la economía de los países en desarrollo, el de las empresas Mipymes, que a pesar de sus grandes aportes al bienestar económico de la población al ocupar 80% de la misma en estos países, no se le ha dedicado un esfuerzo intelectual por parte de nuestros investigadores, desaprovechando un espacio de potencial desarrollo de la autonomía que permitirá desbrozar el camino del verdadero desarrollo socioeconómico de nuestra región. Los resultados descriptivos muestran que las Mipymes colombianas utilizan prioritariamente recursos propios para sus inversiones, y los resultados inferenciales obtenidos mediante regresiones lineales señalan que el financiamiento interno influye positiva y significativamente en su innovación global, así como en la de sus productos/servicios, procesos productivos y gestión. Esto es una variable de importancia fundamental para ser involucrada en las políticas de desarrollo para la industria latinoamericana y que muy poco se toma en consideración hasta ahora, en lo que se ha venido denominando la economía naranja, que países como Colombia quieren fomentar. La realidad es que los recursos internos o propios siguen siendo la principal fuente de financiación para los proyectos de inversión de estas empresas y si bien ello es coherente con los postulados de la teoría de la jerarquía financiera, todo parece indicar que las razones de esto son principalmente las barreras que encuentran para acceder al mercado financiero externo. Nuestra siguiente sección, dedicada a la disciplina económica, nos muestra un importante artículo enfocado al análisis de la relación entre "Buen gobierno y eficacia de la ayuda al desarrollo", tema de altísima pertinencia para nuestras economías. El artículo se propone profundizar en el origen y los cambios experimentados por la noción de buen gobierno; analiza los constituyentes y determinantes del mismo, así como su relación con conceptos cercanos como el de calidad institucional, y sobre todo, las ideas y la evidencia creada sobre las relaciones entre el buen gobierno y la efectividad de la ayuda al desarrollo. Finalmente llega a la conclusión de que no existe un consenso general en cuanto a que la ayuda haya sido eficaz para promover el crecimiento económico, y existen tanto defensores como detractores de esta idea. De manera reflexiva deja abierto el camino para verificar empíricamente los verdaderos efectos de la ayuda económica y las condiciones bajo las cuales se harían posibles unos mejores resultados en beneficio de grandes masas de la población. Cerramos este número con dos secciones: la primera, tradicional sobre temas de administración como disciplina que se integra estructuralmente con la económica, la contable y financiera, y donde se desarrollan dos artículos: el primero de estos se titula "La co-creación y los nuevos retos de generación de valor que enfrentan las organizaciones", siendo esta temática de gran actualidad y que marca una tendencia en la moderna teoría administrativa, que está girando sobre los nuevos enfoques de la generación de valor. Se concluye que, para generar un valor sostenido en las organizaciones, el foco de las acciones de los gestores debe ser la creación de valor conjunta con sus clientes y no la exclusiva meta de aumentar las ventas de sus productos o servicios habitualmente diseñados de manera interna y cerrada. El segundo artículo bajo el título "Modelo para analizar la incidencia del capital social en el desarrollo humano en Bogotá, D.C.", se centra en identificar si existe un tipo de relación entre el capital social y el desarrollo humano en el contexto endógeno de la ciudad de Bogotá. Para tal fin, se propone hacer una investigación descriptiva basada en análisis de regresión múltiple que facilita la proposición de un modelo que determina el nivel de incidencia del capital social en el desarrollo humano, partiendo del cálculo del Índice de desarrollo humano y del Índice de capital social descompuesto en índice 20 Universidad Libre de capital cognitivo, ICSC, índice de capital social estructural, ICSE, Índice de representación social del capital social, IRSCS, componentes del cálculo integral del índice de capital social. Con base en esos cálculos se llega a comprobar que en la ciudad se desconocen el alcance y uso del capital social, lo que genera construir una sociedad con alto nivel de atomización y desinterés por los problemas de la ciudadanía. Poder comprobar estos asertos es de suma importancia para adoptar políticas de desarrollo social y humano en el D.C., atendiendo los diferentes componentes analíticos que se utilizaron en el estudio. En la última sección, dedicada a la gestión del conocimiento, se analiza pedagógicamente el tema del bullying por orientación sexual entre estudiantes masculinos en el ambiente de la educación media, que busca contribuir a la prevención de comportamientos de bullying, por los efectos que ello tiene en el bienestar de una población que tiende a segregarse de manera antidemocrática y que ya hace parte de los modelos educativos que deben orientarse a la formación de valores. Como pedagogos, creemos que la educación puede y debe crear ambientes de respeto y valoración de la diferencia, en donde todos puedan acceder a ella, sin importar la orientación sexual, el género u otras construcciones sociales o culturales. El conjunto de los ocho artículos que ponemos a disposición de la comunidad académica, organizados en las secciones orientadas según los principios que fundamentan la filosofía científica y la política editorial de la revista, se configura en un nuevo esfuerzo que estamos seguros contribuirá al fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico de nuestras disciplinas en un entorno que nos es propio, pero que dialoga con la universalidad del conocimiento a nivel global, y que progresivamente se constituirán en los grandes pilares de nuestro desarrollo humano y social. ; La revue Criterio Libre a occupé un important rôle en promouvoir la divulgation scientifique comme mécanisme fondamental dans les procès de transformation de nos nations latino-americaines vers sociétés meilleure conformées, avec un sain équilibre entre la nécessaire croissance de la production de biens tangibles et intangibles et une plus juste distribution de la richesse, au profit de toutes ses populations, que cherchent éradiquer la pauvreté, qu'il est le majeur fléau que l'humanité encore n'a pas pu surpasser. Par l'antérieur, nous basons sur des critères du développement de la science qu'ils contribuent à ces idéals, en choisissant alors les meilleurs articles, soumis à des rigoureux procès d'évaluation par des reconnus chercheurs nationaux et internationaux, qui ont aussi contribué à élever la qualité scientifique des mêmes par leur sages observations et aussi à développer la pensée scientifique et l'utilisation du meilleur style pour sa communication, en enrichissant la pensé scientifique sociale dans nos nations. Nous pouvons résumer dits principes: le développement de la science et la technologie comme expression de systèmes d'évaluation et socio-culturelles donnés, le développement de la science au service de la transformation productive au profit de la société, la prise de conscience du rôle de la science et la technologie dans la définition des relations de pouvoir en les niveaux nationaux et internationaux et son insertion dans les politiques de développement, l›utilisation de la science et de l›innovation technologique comme des instruments d›autonomie, l›ouverture à nouvelles approches dans la consolidation de la science sociale, la liberté de la pensée critique en tous les niveaux de la gestion de la connaissance scientifique, entre autrui. Dans ce sens, nous avons essayé fortifier l'analyse et développement critique des sciences économiques, administratives, financiers et comptables, en ouvrant un espace pour la discussion et développement de l'epistemologie de ces sciences sociales, que de plus en plus se convertit dans l'axe central de notre revue. La présente édition comprend deux articles qu'ils enrichissent dite discussion epistémológique: en le premier d'ils le chercheur José J. Ortiz B. pose un dilemme qu'accompagne le développement de la science comptable, "La crise de la représentation comptable: ¿problèmes de la science sociale ou de la politique du pouvoir?", dans lequel cherche éclaircir les facteurs qu'ils causent la problématique de la représentation comptable à partir d'une réflexion sur les fondements théoriques qu'ils soutiennent cet important question et les référents empiriques qui montrent cette problématique, facteurs qui ont été considérés comme un obstacle épistémique à la consolidation de cette jeune science et aux quels l›auteur entend contribuir dans sa clarification épistémologique et dans la proposition de solutions alternatives qu›il donne à lacommunauté scientifique avec une approche interdisciplinaire et du paradigme de la complexité. Dans le deuxième article, le professeur Jean Paul Sarrazin fait une thèse intéressante sur "Religion: savons-nous de quoi nous parlons? Examen de la faisabilité d›une catégorie analytique pour les sciences sociales". L'objectif de cette revue était de trouver une catégorie analytique précise, claire et suffisamment large pour étudier empiriquement la vaste gamme de phénomènes socio-culturelles qui peuvent être ou ont été considérés comme "religieux". Il conclut qu'en dépit de l›absence d›unecatégorie analytique unifiée, certains éléments les plus saillants des différentes définitions peuvent euxmêmes constituer des catégories analytiques utiles à la recherche empirique. On peut déduire que cette section a été fidèle aux principes que nous avons énoncé au début de cet éditorial et que nous espérons qu'ils continuera à devenir une plateforme ouverte pour le développement scientifique de nos disciplines. Une deuxième section, consacrée à la comptabilité et à la finance, définit les sujets qui sont devenus d›un intérêt substantiel en raison du fort développement théorique que ces disciplines ont atteint, atteignant une phase dans la quelle les différends des paradigmes qui soutiennent diverses approches ont été réglés et c'est dans ce domaine que les contributions surgissent qui consolident des schémas théoriques importants ou qui, d'autrepart, écartent les hypothèses qui permettent des systèmes purifiants qui, à la façon des couches d›oignons, sont regroupés par niveaux, contribuant ainsi à consolider les sciences sociales. Dans cette section, nous trouvons deux articles importants orientés selon cette philosophie: le premier analyse les effets sur l›information comptable des entreprises publiques du secteur de l'électricité colombien de la mise en oeuvre de la résolution 743 de 2013 concernant l'adoption des normes internationales d›information financière (IFRS) pour certaines entreprises publiques. Ce sujet est l›une des applications des avancées importantes dans le développement de la théorie comptable pour l›économie financieriste qui malgré cela ne parvient pas à établir des racines solides pour les conditions des pays en développement, comme enté moigne cet article qui constate que les transformations supposées sont le résultat d›un changement du modèle économique organisationnel, où, plutôt que de s›intéresser au modèle de réglementation internationale, répond à un processus de concentration des actifs stratégiques par des acteurs qui ont la capacité de saisir la réglementation, démontrant que l'approche interdisciplinaire est un terrain fertile pour mieux expliquer la réalité de ces pays dans l'environnement mondialisant qui caractérise l›économie actuelle de ces pays. Le deuxième article, intitulé "Impact de l›autofinancement sur l'innovation dans les micro, petites et moyennes entreprises colombiennes», donne un aperçu d'un aspect qui n›a pas été explicitement étudié et qui se situe aux frontières de la connaissance entre économie, finance et administration, en particulier dans un secteur important de l›économie des pays en développement, celle des MPME, qui malgré leur grande contribution au bien-être économique de la population, occupant 80% de la population de ces pays, n'a pas fait l›effort intellectuel de nos chercheurs, gaspillant un espace de développement potentiel d'autonomie qui ouvrira la voie à un véritable développement socioéconomique de notre région. Les résultats descriptifs montrent que les PMI colombiennes utilisent principalement leurs propres ressources pour leurs investissements, et les résultats inférentiels obtenus par régression linéaire indiquent que le financement interne a une influence positive et significative sur leur innovation globale, ainsi que sur celle de leurs produits/services, processus de production et gestion. Il s›agit d'une variable d›une importance fondamentale à impliquer dans les politiques de développement de l'industrie latino-américaine et que trèspeu de choses sont prises en considération jusqu›à présent, dans cequ›on a appelé l'économie orange, que des pays comme la Colombie veulent promouvoir. En réalité, les ressources internes ou propres restent la principale source de financement des projets d'investissement de ces entreprises et, bien que cela soit conforme aux postulats de la théorie de la hiérarchie financière, tout semble indiquer que les raisons en sont principalement les obstacles qu›elles rencontrent pour accéder au marché financier extérieur. Notre prochaine section, consacrée à ladiscipline économique, nous présente un article important centré sur l'analyse de la relation entre "La bonne gouvernance et l'efficacité de l'aide"; un sujet de la plus haute pertinence pour nos économies. Il analyse les composantes et les déterminants de la bonne gouvernance, ainsi que sa relation avec des concepts étroitement liés tels que la qualité institutionnelle et, surtout, les idées et les preuves créées sur la relation entre bonne gouvernance et efficacité de l'aide au développement. En fin, il conclut qu'il n'y a pas de consensus général sur l'efficacité de l'aide dans la promotion de la croissance économique, et qu'il y a à la fois des défenseurs et des détracteurs de cette idée. D'une manière réfléchie, elle laisse ouverte la voie à la vérification empirique des effets réels de l'aide économique et des conditions dans les quelles de meilleurs résultats seraient possibles pour le bénéfice de larges masses de la population. Nous clôturons ce numéro avec deux sections : la première, traditionnelle sur les thèmes de l›administration en tant que discipline structurellement intégrée à l'économie, la comptabilité et lafinance, et où deux articles sont développés: le premier d'entre eux estintitulé "Co-création et lesnouveaux défis de création de valeur aux quels les organisations font face. Ce sujet est d›actualité et marque une tendance de la théorie administrative moderne, qui s›articule autour de nouvelles approches de la création de valeur. Il est conclu que, pour générer une valeur durable dans lesorganisations, les actions des gestionnaires doivent être axées sur la création de valeur conjointe avec leurs clients et non sur l›objectif exclusif d'augmenter les ventes de leurs produits ou services habituellement conçus en interne et de façon fermée. Le deuxième article, intitulé "Modèle d'analyse de l'incidence du capital social sur le développement humain à Bogotá, D.C.", vise à identifier s›il existe un type de relation entre capital social et développement humain dans le contexte endogène de la ville de Bogotá. Cette fin, il est proposé demener une recherche descriptive, fondée sur une analyse de régression multiple, qui facilite la proposition d'un modèle qui détermine le niveau d'incidence du capital social dans le développement humain, à partir du calcul de l'indice de développement humain et de l'indice de capital social répartis en composantes du calcul intégral de l'indice de capital social, soit l'indice de capital cognitif, l'ICSE, l'indice de capital social structurel, l'ICSC et l'IRSCS, et de l'indice de représentation du capital social. Sur la base de ces calculs, on constate que l'ampleur et l'utilisation du capital social dans la ville sont inconnues, ce qui engendre la construction d'une société avec un haut niveau d'atomisation et un désintérêt pour les problèmes de citoyenneté. Pouvoir vérifier ces affirmations a une importance capitale pour l'adoption de politiques de développement social et humain à Bogotá, D.C., en tenant compte des différentes composantes analytiques qui ont été utilisées dans l'étude. Dans la dernière partie, consacrée à la gestion des connaissances, le sujet des brimades dues à l'orientation sexuelle chez les élèves de sexe masculin estanalysé pédagogiquement dans l'environnement de l'enseignement secondaire, qui cherche à contribuer à la prévention des comportements debrimades, en raison des effets que cela a sur le bien-être d'une population qui tend à se séparer de manière antidémocratique et qui fait déjà partie des modèles éducatifs qui doivent être orientés vers la formation des valeurs. En tant que pédagogues, nous croyons que l'éducation peut et doit créer des environnements de respect et de valorisation de la différence, où chacun peut y accéder, indépendamment de son orientation sexuelle, de son sexe ou d'autres constructions sociales ou culturelles. L'ensemble des huit articles que nous mettons à la disposition de la communauté académique, organisés en sections orientées selon les principes qui sous-tendent la philosophie scientifique et la politique éditoriale de la revue, s'inscrit dans un nouvel effort qui, nous en sommes sûrs, contribuera à renforcer le développement scientifique et technologique de nos disciplines dans un environnement qui nous est propre mais qui dialogue avec l'universalité du savoir à un niveau global et qui deviendra progressivement les grands piliers de notre développement humain et social. ; A revista Critério Livre tem desempenhado um importante papel em promover a divulgação científica como um mecanismo fundamental nos processos de transformação de nossas nações latino-americanas para sociedades melhor formadas, com um equilíbrio saudável entre o necessário crescimento da produção de bens tangíveis e intangíveis e uma mais justa distribuição da riqueza, em benefício de todas as suas populações, que buscam erradicar a pobreza, que é o maior flagelo que a humanidade ainda não conseguiu superar. Pelo exposto, nos baseamos em critérios do desenvolvimento da ciência que contribuam para esses ideais, escolhendo então os melhores artigos, submetidos a rigorosos processos de avaliação por renomados pesquisadores nacionais e internacionais, que também contribuíram para elevar a qualidade científica dos mesmos através de seus atinadas observações,e também a desenvolver o pensamento científico e a utilização do melhorestilo para sua comunicação, enriquecendo o pensamento científico social em nossos países. Podemos resumir esses princípios assim: o desenvolvimento da ciência e da tecnologia como expressão de sistemas valorativos e socioculturais dados, o desenvolvimento da ciência a serviço da transformação produtiva em benefício da sociedade, a conscientização sobre o papel da ciência e da tecnologia na definição das relações de poder nos níveis nacional e internacional e sua inserção nas políticas de desenvolvimento, a utilização da ciência e da inovação tecnológica como instrumentos de autonomia, a abertura a abordagens inovadoras na consolidação da ciencia social, a liberdade do pensamento crítico em todos os níveis da gestão do conhecimento científico, entre outros. Neste sentido, tentamos fortalecer a análise e o desenvolvimento crítico das ciências econômicas, administrativas, financeiras e contábeis, abrindo um espaço para a discussão e desenvolvimento da epistemologia de estas ciências sociais, que cada vez mais torna-se o eixo central de nossa revista. A presente edição inclui dois itens que fazem parte desta discussão epistemológica: no primeiro deles, o pesquisador José J. Ortiz B. planta um dilema que acompanha o desenvolvimento da ciência contábil, "A crise da representação contábil: problemas da ciência social ou política do poder?", em que busca esclarecer os fatores que originam a problemática da representação contábil a partir de uma reflexão sobre os fundamentos teóricos que sustentam este importante tema e os referentes empíricos que mostram esta problemática, fatores que foram vistos como um obstáculo epistémico na consolidação dessa jovem ciência e o que o autor pretende contribuir para seu esclarecimento epistemológico e a proposta de alternativas de solução, que propõe para discussão com a comunidade científica com uma abordagem interdisciplinar e a partir do paradigma da complexidade. No segundo artigo, o profesor Jean Paul Sarrazin levanta uma interessante dissertação sobre "Religião: nós sabemos do que estamos falando? Análise da viabilidade de uma categoria analítica para as ciências sociais". O objetivo desta revisão foi encontrar uma categoria analítica, precisa, clara e suficientemente ampla para estudar empiricamente a vasta gama de fenômenos sócio-culturais que podem ser ou foram considerados como "religiosos". Conclui que, a pesar da ausência de uma categoria analítica unificada, alguns dos elementos mais destacados nas diferentes definições podem constituir, em si mesmos, categorias analíticas úteis para a investigação empírica. Pode-se deducir que esta seção tem sido fiel aos princípios que expusemos no início deste editorial, e que esperamos que continue transformando em uma tribuna aberta para o desenvolvimento científico de nossas disciplinas. Uma segunda seção, dedicada à contabilidade e as finanças, define temáticas que se tornaram de interesse substancial devido ao forte desenvolvimento teórico que atingiram essas disciplinas, chegando a uma fase em que as disputas dos paradigmas que sustentam várias abordagens foram decantado e é nesse terreno onde surgem contribuições que consolidam os importantes esquemas teóricos ou que, por outro lado, descartam hipótese que permitem depurar sistemas que, à maneira das camadas duma cebola, serão agrupadas por níveis, o que contribui para a consolidação das ciências sociais. Nesta seção encontramos dois importantes artigos orientados sob desta filosofia: o primeiro analisa os efeitos que sobre a informação contabilística das empresas públicas do setor elétrico colombiano teve a implementação da Resolução 743 de 2013, relativa à adopção de Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF) para algumas empresas públicas. Este tópico é um dos aplicativos de importantes avanços do desenvolvimento da teoria contábil para a economia financierista, que apesar disso não consegue establecer sólidas raízes para as condições dos países em desenvolvimento, como o comprova este artigo que encontra que as transformações assumidas são o resultado de uma mudança de modelo econômico, organizacional, onde, mais que atender o modelo de regulação internacional, responde a um processo de concentração de ativos estratégicos por parte de atores que têm a capacidade de capturar a regulação, demonstrando que a abordagem interdisciplinar é um campo fértil para explicar de uma maneira melhor a realidade destes países no ambiente globalizador que caracteriza a economía atual de tais países. O segundo artigo, sobre "o Impacto do autofinanciamento sobre a inovação das micro, pequenas e médias empresas colombianas", permite aprofundar um aspecto que não tem sido explicitamente estudado e que se situa na fronteira entre a economia, as finanças e a administração, dirigido especialmente a um setor importante da economia dos países em desenvolvimento, as empresas Mipymes, que apesar de suas grandes contribuições para o bem-estar económico da população, ao ocupar 80% da mesma em cada um destes países, não lhe foi dedicado um esforço intelectual por parte dos nossos investigadores, desaprovechando um espaço potencial de desenvolvimento da autonomia que permite desbrozar o caminho do verdadeiro desenvolvimento sócio-econômico de nossa região. Os resultados descritivos mostram que as Mipymes colombianas utilizam prioritariamente os recursos próprios para os investimentos, e os resultados inferenciales obtidos através de regressões lineares indicam que o financiamento interno influencia positiva e significativamente na inovação global, assim como a de seus produtos/serviços, processos produtivos e de gestão. Esta é uma variável de importância fundamental para ser envolvida nas políticas de desenvolvimento para a indústria latino-americana e que muito pouco se leva em consideração até agora, no que se tem denominado a economía laranja, que países como a Colômbia querem promover. A realidade é que os recursos internos ou próprios continuam sendo a principal fonte de financiamento para os projectos de investimento destas empresas, e se bem que isso é coerente com os postulados da teoria da hierarquia financeira, tudo parece indicar que as razões são principalmente as barreiras que encontram para acessar o mercado financeiro externo. A nossa seguinte secção, dedicada à disciplina económica, mostra-nos um importante artigo focado à análise da relação entre "Bom governo e eficácia da ajuda ao desenvolvimento", tema de altísima pertinência para as nossas economias. O artigo propõe-se aprofundar na origem e as mudanças experimentadas pela noção de bom governo; analisa os constituintes e determinantes do mesmo, bem como a sua relação com conceitos próximos como a qualidade institucional, e sobretudo, as ideias e a evidência criada sobre as relações entre o bom governo e a efetividade da ajuda ao desenvolvimento. Finalmente chega à conclusão de que não existe um consenso geral quanto a que a ajuda seja eficaz para promover o crescimento económico, e existem tanto defensores como detratores desta ideia. De maneira reflexiva deixa aberto o caminho para verificar empiricamente os verdadeiros efeitos da ajuda económica e as condições baixo as quais seriam possíveis uns melhores resultados em benefício de grandes massas da população. Fechamos esta edição com duas secções: a primeira, tradicional sobre temas de administração como disciplina que se integra estruturalmente com a económica, a contável e financeira, e onde se desenvolvem dois artigos: o primeiro destes se titula "A co-criação e os novos reptos de geração de valor que enfrentam as organizações". Esta temática é de grande atualidade e marca uma tendência na moderna teoria administrativa, que está a girar sobre as novas focagens da geração de valor. Conclui-se que, para gerar um valor sustentado nas organizações, o foco das ações dos gestores deve ser a criação de valor conjunta com os seus clientes e não a exclusiva meta de aumentar as vendas dos seus produtos ou serviços habitualmente desenhados de maneira interna e fechada. O segundo artigo, baixo o título "Modelo para analisar a incidência do capital social no desenvolvimento humano em Bogotá, D.C.", centra-se em identificar se existe um tipo de relação entre o capital social e o desenvolvimento humano no contexto endógeno da cidade de Bogotá. Para tal fim, propõe-se fazer uma investigação descritiva, baseada em análise de regressão múltipla, que facilita a proposição de um modelo que determina o nível de incidência do capital social no desenvolvimento humano, partindo do cálculo do Índice de desenvolvimento humano e do Índice de capital social decomposto em índice de capital cognitivo, ICSC, índice de capital social estrutural, ICSE, Índice de representação social do capital social, IRSCS, componentes do cálculo integral do índice de capital social. Com base nesses cálculos chega-se a comprovar que na cidade se desconhecem o alcance e o uso do capital social, o que gera construir uma sociedade com alto nível de atomização e desinteresse pelos problemas da cidadania. Poder comprovar estes asertos é de soma importância para adotar políticas de desenvolvimento social e humano no D.C., atendendo os diferentes componentes analíticos que se utilizaram no estudo. Na última secção, dedicada à gestão do conhecimento, analisa-se pedagógicamente o tema do bullying por orientação sexual entre estudantes masculinos no ambiente da educação média, que procura contribuir à prevenção de comportamentos de bullying, pelos efeitos que isso tem no bem-estar de uma população que tende a segregarse de maneira antidemocrática e que já faz parte dos modelos educativos que devem orientar à formação de valores. Como pedagogos, achamos que a educação pode e deve criar ambientes de respeito e valoração da diferença, em onde todos possam aceder a ela, sem importar a orientação sexual, o género ou outras construções sociais ou culturais. O conjunto dos oito artigos que pomos ao dispor da comunidade académica, organizados nas secções orientadas segundo os princípios que fundamentam a filosofia científica e a política editorial da revista, se configura em um novo esforço que estamos seguros contribuirá ao fortalecimiento do desenvolvimento científico e tecnológico das nossas disciplinas em um meio que nos é próprio, mas que dialoga com a universalidade do conhecimento a nível global, e que progressivamente constituir-se-ão nos grandes pilares do nosso desenvolvimento humano e social.

Criterio Libre magazine has played an important role in promoting scientific dissemination as a fundamental mechanism in the transformation processes of our Latin American nations towards better formed societies, with a healthy balance between the necessary growth of the production of tangible and intangible goods and a more fair distribution of wealth, for the benefit of all its populations, which seek to eradicate poverty, which is the greatest scourge that humanity has not yet been able to overcome. Therefore, we rely on criteria of the development of science that contribute to these ideals, choosing then the best articles, subjected to rigorous evaluation processes by recognized national and international researchers, who have also contributed to raise the scientific quality of them through his thoughtful observations and also to develop scientific thinking and the use of the best style for their communication, enriching the social scientific thought in our nations. We can summarize these principles as follows: the development of science and technology as an expression of given sociocultural and valorative systems, the development of science at the service of productive transformation for the benefit of society, the awareness of the role of science and technology in the definition of power relations at the national and international levels and its insertion in development policies, the use of science and technological innovation as instruments of autonomy, openness to novel approaches in the consolidation of social science, the freedom of critical thinking at all levels of scientific knowledge management, among others. In this sense, we have tried to strengthen the analysis and critical development of economic, administrative, financial and accounting sciences, opening a space for the discussion and development of the epistemology of these social sciences, which increasingly becomes the central axis of our magazine. The present edition of Criterio Libre includes two articles that enrich this epistemological discussion: in the first one the researcher José J. Ortiz B. poses a dilemma that accompanies the development of accounting science, "The crisis of accounting representation: problems of science social or power politics?", which seeks to clarify the factors that originate the problem of accounting representation from a reflection on the theoretical foundations that support this important topic and the empirical references that show this problem, factors that have been seen as an epistemic obstacle in the consolidation of this young science and to which the author intends to contribute in his epistemological clarification and in the proposal of alternative solutions, which he proposes for discussion to the scientific community with an interdisciplinary approach and from the paradigm of complexity. In the second article, Professor Jean Paul Sarrazin poses an interesting dissertation on "Religion: do we know what we are talking about? Examination on the feasibility of an analytical category for the social sciences". The objective of this review was to find an analytical category that is precise, clear and sufficiently broad to study empirically the vast range of sociocultural phenomena that can be or have been considered as "religious". It concludes that in spite of the absence of a unified analytical category, some of the most prominent elements in the different definitions can constitute, by themselves, useful analytical categories for empirical research. It can be deduced that this section has been faithful to the principles that we exposed at the beginning of this editorial and that we hope will continue to become an open forum for the scientific development of our disciplines. A second section, devoted to accounting and finance, defines topics that have become of substantial interest due to the strong theoretical development that these disciplines have reached, arriving to a phase in which the disputes of the paradigms that support different approaches have been decanted, and it is in this field where contributions arise that consolidate important theoretical schemes or that, on the other hand, discard hypotheses that allow debugging systems that, in the manner of the layers of an onion, are grouped by levels, which contributes to the consolidation of the social sciences. In this section we find two important articles oriented under this philosophy: the first one analyzes the effects on the accounting information of public companies in the Colombian electricity sector of the implementation of Resolution 743 of 2013 regarding the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) for some public companies. This topic is one of the applications of the important advances in the development of accounting theory for the financial economy, which in spite of this does not manage to establish solid roots for the conditions of the developing countries, as this article proves that the transformations assumed are the result of a change in the organizational economic model, where, rather than attending to the international regulation model, it responds to a process of concentration of strategic assets by actors that have the ability to capture regulation, demonstrating that the interdisciplinary approach is a fertile ground to explain in a better way the reality of these countries in the globalizing environment that characterizes the current economy of these countries. The second article, about the "Impact of self-financing on the innovation of micro, small and medium-sized Colombian companies," allows us to delve into an aspect that has not been explicitly studied and that is located at the frontiers of knowledge between economics, finance and the administration, especially directed at an important sector of the economy of the developing countries, that of the MSME companies, which despite their great contributions to the economic well-being of the population, occupying 80% of it in these countries, no intellectual effort has been devoted by our researchers, wasting a space of potential development of autonomy that will clear the way for the true socioeconomic development of our region. The descriptive results show that Colombian MSMEs use their own resources as a priority for their investments, and inferential results obtained through linear regressions indicate that internal financing has a positive and significant influence on their overall innovation, as well as on their products/services, productive processes and management. This is a variable of fundamental importance to be involved in the development policies for the Latin American industry and that very little is taken into consideration until now, in what has been called the Orange economy, which countries like Colombia want to promote. The reality is that internal or own resources are still the main source of funding for the investment projects of these companies, and while this is consistent with the postulates of the theory of financial hierarchy, everything seems to indicate that the reasons for this are mainly the barriers they encounter to access the external financial market. The next section, dedicated to economic discipline, shows us an important article focused on the analysis of the relationship between "Good governance and effectiveness of development aid", a topic of high relevance for our economies. The article aims to deepen the origin and changes experienced by the notion of good governance; analyzes the constituents and determinants of it, as well as its relationship with close concepts such as institutional quality, and above all, the ideas and evidence created on the relationship between good governance and the effectiveness of development aid. Finally, it concludes that there is no general consensus that aid has been effective in promoting economic growth, and there are both supporters and opponents of this idea. Reflectively, it paves the way for empirically verifying the true effects of economic aid and the conditions under which better results would be possible for the benefit of large masses of the population. This edition closes with two sections: the first one, traditional on topics of administration as a discipline that is structurally integrated with the economic, accounting and financial, and where two articles are developed: the first of these is entitled "Co-creation and new challenges of generating value that organizations face". This matter is very topical and marks a trend in modern administrative theory, which is revolving around the new approaches to the generation of value. It is concluded that, in order to generate a sustained value in organizations, the focus of the managers' actions must be the creation of joint value with their clients and not the exclusive goal of increasing the sales of their products or services usually designed internally and closed. The second article, under the title "Model to analyze the incidence of social capital in human development in Bogotá, DC", focuses on identifying whether there is a type of relationship between social capital and human development in the endogenous context of the city of Bogota. For this purpose, it is proposed to conduct a descriptive investigation, based on multiple regression analysis, which facilitates the proposal of a model that determines the level of incidence of social capital in human development, based on the calculation of the Human Development Index and the Index Decomposed social capital in cognitive capital index, ICSC, structural social capital index, ICSE, social representation index of social capital, IRSCS, components of the integral calculation of the social capital index. Based on these calculations, it is verified that the scope and use of social capital are unknown in the city, which generates a society with a high level of atomization and disinterest about the problems of citizenship. Being able to verify these assertions has the utmost importance to adopt policies of social and human development in the D.C., taking into account the different analytical components that were used in the study. In the last section, dedicated to knowledge management, the issue of bullying is analyzed pedagogically by sexual orientation among male students in the environment of secondary education, which seeks to contribute to the prevention of bullying behaviors, due to the effects that this has in the welfare of a population that tends to segregate in an undemocratic manner and that is already part of the educational models that should be oriented towards the formation of values. As pedagogues, we believe that education can and should create environments of respect and appreciation of difference, where everyone can access it, regardless of sexual orientation, gender or other social or cultural constructions. The set of the eight articles that we put at the disposal of the academic community, organized in the sections oriented according to the principles that support the scientific philosophy and the editorial policy of the magazine, is configured in a new effort that we are sure will contribute to the strengthening of the scientific and technological development of our disciplines in an environment that is ours, but that dialogues with the universality of knowledge at a global level, and that progressively will become the great pillars of our human and social development ; La revista Criterio Libre ha venido desempeñando un rol importante en la promoción de la divulgación científica como mecanismo fundamental en los procesos de transformación de nuestras naciones hispanoamericanas hacia sociedades mejor conformadas, con un sano equilibrio entre el necesario crecimiento de la producción de bienes tangibles e intangibles y una más justa distribución de la riqueza, en beneficio de todas sus poblaciones que buscan la erradicación de la pobreza, el mayor flagelo que la humanidad aún no ha podido superar. En ese orden de ideas, nos hemos fundamentado en criterios del desarrollo de la ciencia que contribuyan a esos ideales, seleccionando los mejores artículos, sometidos a procesos rigurosos de evaluación por reconocidos investigadores nacionales e internacionales, quienes también han contribuido a elevar la calidad científica de los mismos con sus atinadas observaciones y también a desarrollar el pensamiento científico y la utilización del mejor estilo para su comunicación, enriqueciendo el pensamiento científico social en nuestras naciones. Dichos principios los podemos sintetizar de la siguiente manera: El desarrollo de la ciencia y la tecnología como expresión de sistemas valorativos y socioculturales dados, el desarrollo de la ciencia al servicio de la transformación productiva en beneficio de la sociedad, la concientización del papel que tienen la ciencia y la tecnología en la definición de las relaciones de poder en los niveles nacional e internacional y su inserción en las políticas de desarrollo, la utilización de la ciencia y de la innovación tecnológica como instrumentos de autonomía, la apertura a enfoques novedosos en la consolidación de la ciencia social, la libertad del pensamiento crítico en todos los niveles de la gestión del conocimiento científico, entre otros. En tal sentido hemos querido fortalecer el análisis y desarrollo crítico de las ciencias económicas, administrativas, financieras y contables, abriendo un espacio para la discusión y desarrollo de la epistemología de estas ciencias sociales, que cada vez más se convierte en columna vertebral de nuestra revista. En el presente número se incluyen dos artículos que enriquecen dicha discusión epistemológica: en el primero de ellos el investigador José J. Ortiz B. nos plantea un dilema que acompaña el desarrollo de la ciencia contable, "La crisis de la representación contable: ¿problemas de la ciencia social o de la política del poder?", en donde busca dar claridad a los factores que originan la problemática de la representación contable a partir de una reflexión sobre los fundamentos teóricos que sustentan este importante tópico y los referentes empíricos que muestran dicha problemática, factores que necesariamente se han expresado como un obstáculo epistémico en la consolidación de esta joven ciencia y al que el autor pretende aportar tanto en su esclarecimiento epistemológico, como en la propuesta de alternativas de solución, que pone para discusión a la comunidad científica con un enfoque interdisciplinario y desde el paradigma de la complejidad. En el segundo artículo el profesor Jean Paul Sarrazin nos plantea una interesante 18 Universidad Libre disertación alrededor del concepto "Religión: ¿sabemos de lo que estamos hablando? Examen sobre la viabilidad de una categoría analítica para las ciencias sociales". El objetivo de esta revisión fue encontrar una categoría analítica precisa, clara y suficientemente amplia para estudiar empíricamente la vasta gama de fenómenos socioculturales que pueden ser o han sido considerados como "religiosos". Se concluye que a pesar de la ausencia de una categoría analítica unificada algunos de los elementos más destacados en las diferentes definiciones pueden constituir, en sí mismos, categorías analíticas útiles para la investigación empírica. Se puede deducir que esta sección ha sido fiel a los principios que expusimos al comienzo de este editorial y que esperamos se siga convirtiendo en tribuna abierta para el desarrollo científico de nuestras disciplinas. Una segunda sección, dedicada a la contabilidad y las finanzas, define temáticas que se han tornado de interés sustancial dado el fuerte desarrollo teórico que han venido alcanzado esas disciplinas, llegando a una fase en que las disputas de los paradigmas que sustentan diversos enfoques se han venido decantando y es en ese terreno donde florecen aportes que consolidan esquemas teóricos importantes o que, por otro lado, descartan hipótesis que permiten depurar sistemas que, a la manera de las capas de la cebolla, se van agrupando por niveles, lo cual contribuye a la consolidación de las ciencias sociales. En esta sección encontramos dos importantes artículos orientados bajo esa filosofía: el primero de ellos analiza los efectos que sobre la información contable de las empresas públicas del sector eléctrico colombiano tuvo la implementación de la Resolución 743 de 2013, la cual se refiere a la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para algunas empresas públicas, siendo este tópico uno de los aplicativos de los avances importantes del desarrollo de la teoría contable para la economía financierista, que a pesar de ello no logra asentar sólidas raíces para las condiciones de los países en desarrollo, como lo comprueba este artículo que encuentra que las transformaciones asumidas son el resultado de un cambio de modelo económico organizacional, en donde más que atender el modelo de regulación internacional, responde a un proceso de concentración de activos estratégicos por parte de actores que tienen la capacidad de capturar la regulación, demostrando que es el enfoque interdisciplinario un campo fértil para explicar de una mejor manera la realidad de estos países en el entorno globalizador que caracteriza la economía actual de dichos países. El segundo artículo acerca del "Impacto del autofinanciamiento sobre la innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas", permite profundizar en un aspecto que no ha sido explícitamente estudiado y que se ubica en las fronteras del conocimiento entre la economía, las finanzas y la administración, dirigido especialmente a un sector importante de la economía de los países en desarrollo, el de las empresas Mipymes, que a pesar de sus grandes aportes al bienestar económico de la población al ocupar 80% de la misma en estos países, no se le ha dedicado un esfuerzo intelectual por parte de nuestros investigadores, desaprovechando un espacio de potencial desarrollo de la autonomía que permitirá desbrozar el camino del verdadero desarrollo socioeconómico de nuestra región. Los resultados descriptivos muestran que las Mipymes colombianas utilizan prioritariamente recursos propios para sus inversiones, y los resultados inferenciales obtenidos mediante regresiones lineales señalan que el financiamiento interno influye positiva y significativamente en su innovación global, así como en la de sus productos/servicios, procesos productivos y gestión. Esto es una variable de importancia fundamental para ser involucrada en las políticas de desarrollo para la industria latinoamericana y que muy poco se toma en consideración hasta ahora, en lo que se ha venido denominando la economía naranja, que países como Colombia quieren fomentar. La realidad es que los recursos internos o propios siguen siendo la principal fuente de financiación para los proyectos de inversión de estas empresas y si bien ello es coherente con los postulados de la teoría de la jerarquía financiera, todo parece indicar que las razones de esto son principalmente las barreras que encuentran para acceder al mercado financiero externo. Nuestra siguiente sección, dedicada a la disciplina económica, nos muestra un importante artículo enfocado al análisis de la relación entre "Buen gobierno y eficacia de la ayuda al desarrollo", tema de altísima pertinencia para nuestras economías. El artículo se propone profundizar en el origen y los cambios experimentados por la noción de buen gobierno; analiza los constituyentes y determinantes del mismo, así como su relación con conceptos cercanos como el de calidad institucional, y sobre todo, las ideas y la evidencia creada sobre las relaciones entre el buen gobierno y la efectividad de la ayuda al desarrollo. Finalmente llega a la conclusión de que no existe un consenso general en cuanto a que la ayuda haya sido eficaz para promover el crecimiento económico, y existen tanto defensores como detractores de esta idea. De manera reflexiva deja abierto el camino para verificar empíricamente los verdaderos efectos de la ayuda económica y las condiciones bajo las cuales se harían posibles unos mejores resultados en beneficio de grandes masas de la población. Cerramos este número con dos secciones: la primera, tradicional sobre temas de administración como disciplina que se integra estructuralmente con la económica, la contable y financiera, y donde se desarrollan dos artículos: el primero de estos se titula "La co-creación y los nuevos retos de generación de valor que enfrentan las organizaciones", siendo esta temática de gran actualidad y que marca una tendencia en la moderna teoría administrativa, que está girando sobre los nuevos enfoques de la generación de valor. Se concluye que, para generar un valor sostenido en las organizaciones, el foco de las acciones de los gestores debe ser la creación de valor conjunta con sus clientes y no la exclusiva meta de aumentar las ventas de sus productos o servicios habitualmente diseñados de manera interna y cerrada. El segundo artículo bajo el título "Modelo para analizar la incidencia del capital social en el desarrollo humano en Bogotá, D.C.", se centra en identificar si existe un tipo de relación entre el capital social y el desarrollo humano en el contexto endógeno de la ciudad de Bogotá. Para tal fin, se propone hacer una investigación descriptiva basada en análisis de regresión múltiple que facilita la proposición de un modelo que determina el nivel de incidencia del capital social en el desarrollo humano, partiendo del cálculo del Índice de desarrollo humano y del Índice de capital social descompuesto en índice 20 Universidad Libre de capital cognitivo, ICSC, índice de capital social estructural, ICSE, Índice de representación social del capital social, IRSCS, componentes del cálculo integral del índice de capital social. Con base en esos cálculos se llega a comprobar que en la ciudad se desconocen el alcance y uso del capital social, lo que genera construir una sociedad con alto nivel de atomización y desinterés por los problemas de la ciudadanía. Poder comprobar estos asertos es de suma importancia para adoptar políticas de desarrollo social y humano en el D.C., atendiendo los diferentes componentes analíticos que se utilizaron en el estudio. En la última sección, dedicada a la gestión del conocimiento, se analiza pedagógicamente el tema del bullying por orientación sexual entre estudiantes masculinos en el ambiente de la educación media, que busca contribuir a la prevención de comportamientos de bullying, por los efectos que ello tiene en el bienestar de una población que tiende a segregarse de manera antidemocrática y que ya hace parte de los modelos educativos que deben orientarse a la formación de valores. Como pedagogos, creemos que la educación puede y debe crear ambientes de respeto y valoración de la diferencia, en donde todos puedan acceder a ella, sin importar la orientación sexual, el género u otras construcciones sociales o culturales. El conjunto de los ocho artículos que ponemos a disposición de la comunidad académica, organizados en las secciones orientadas según los principios que fundamentan la filosofía científica y la política editorial de la revista, se configura en un nuevo esfuerzo que estamos seguros contribuirá al fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico de nuestras disciplinas en un entorno que nos es propio, pero que dialoga con la universalidad del conocimiento a nivel global, y que progresivamente se constituirán en los grandes pilares de nuestro desarrollo humano y social. ; La revue Criterio Libre a occupé un important rôle en promouvoir la divulgation scientifique comme mécanisme fondamental dans les procès de transformation de nos nations latino-americaines vers sociétés meilleure conformées, avec un sain équilibre entre la nécessaire croissance de la production de biens tangibles et intangibles et une plus juste distribution de la richesse, au profit de toutes ses populations, que cherchent éradiquer la pauvreté, qu'il est le majeur fléau que l'humanité encore n'a pas pu surpasser. Par l'antérieur, nous basons sur des critères du développement de la science qu'ils contribuent à ces idéals, en choisissant alors les meilleurs articles, soumis à des rigoureux procès d'évaluation par des reconnus chercheurs nationaux et internationaux, qui ont aussi contribué à élever la qualité scientifique des mêmes par leur sages observations et aussi à développer la pensée scientifique et l'utilisation du meilleur style pour sa communication, en enrichissant la pensé scientifique sociale dans nos nations. Nous pouvons résumer dits principes: le développement de la science et la technologie comme expression de systèmes d'évaluation et socio-culturelles donnés, le développement de la science au service de la transformation productive au profit de la société, la prise de conscience du rôle de la science et la technologie dans la définition des relations de pouvoir en les niveaux nationaux et internationaux et son insertion dans les politiques de développement, l›utilisation de la science et de l›innovation technologique comme des instruments d›autonomie, l›ouverture à nouvelles approches dans la consolidation de la science sociale, la liberté de la pensée critique en tous les niveaux de la gestion de la connaissance scientifique, entre autrui. Dans ce sens, nous avons essayé fortifier l'analyse et développement critique des sciences économiques, administratives, financiers et comptables, en ouvrant un espace pour la discussion et développement de l'epistemologie de ces sciences sociales, que de plus en plus se convertit dans l'axe central de notre revue. La présente édition comprend deux articles qu'ils enrichissent dite discussion epistémológique: en le premier d'ils le chercheur José J. Ortiz B. pose un dilemme qu'accompagne le développement de la science comptable, "La crise de la représentation comptable: ¿problèmes de la science sociale ou de la politique du pouvoir?", dans lequel cherche éclaircir les facteurs qu'ils causent la problématique de la représentation comptable à partir d'une réflexion sur les fondements théoriques qu'ils soutiennent cet important question et les référents empiriques qui montrent cette problématique, facteurs qui ont été considérés comme un obstacle épistémique à la consolidation de cette jeune science et aux quels l›auteur entend contribuir dans sa clarification épistémologique et dans la proposition de solutions alternatives qu›il donne à lacommunauté scientifique avec une approche interdisciplinaire et du paradigme de la complexité. Dans le deuxième article, le professeur Jean Paul Sarrazin fait une thèse intéressante sur "Religion: savons-nous de quoi nous parlons? Examen de la faisabilité d›une catégorie analytique pour les sciences sociales". L'objectif de cette revue était de trouver une catégorie analytique précise, claire et suffisamment large pour étudier empiriquement la vaste gamme de phénomènes socio-culturelles qui peuvent être ou ont été considérés comme "religieux". Il conclut qu'en dépit de l›absence d›unecatégorie analytique unifiée, certains éléments les plus saillants des différentes définitions peuvent euxmêmes constituer des catégories analytiques utiles à la recherche empirique. On peut déduire que cette section a été fidèle aux principes que nous avons énoncé au début de cet éditorial et que nous espérons qu'ils continuera à devenir une plateforme ouverte pour le développement scientifique de nos disciplines. Une deuxième section, consacrée à la comptabilité et à la finance, définit les sujets qui sont devenus d›un intérêt substantiel en raison du fort développement théorique que ces disciplines ont atteint, atteignant une phase dans la quelle les différends des paradigmes qui soutiennent diverses approches ont été réglés et c'est dans ce domaine que les contributions surgissent qui consolident des schémas théoriques importants ou qui, d'autrepart, écartent les hypothèses qui permettent des systèmes purifiants qui, à la façon des couches d›oignons, sont regroupés par niveaux, contribuant ainsi à consolider les sciences sociales. Dans cette section, nous trouvons deux articles importants orientés selon cette philosophie: le premier analyse les effets sur l›information comptable des entreprises publiques du secteur de l'électricité colombien de la mise en oeuvre de la résolution 743 de 2013 concernant l'adoption des normes internationales d›information financière (IFRS) pour certaines entreprises publiques. Ce sujet est l›une des applications des avancées importantes dans le développement de la théorie comptable pour l›économie financieriste qui malgré cela ne parvient pas à établir des racines solides pour les conditions des pays en développement, comme enté moigne cet article qui constate que les transformations supposées sont le résultat d›un changement du modèle économique organisationnel, où, plutôt que de s›intéresser au modèle de réglementation internationale, répond à un processus de concentration des actifs stratégiques par des acteurs qui ont la capacité de saisir la réglementation, démontrant que l'approche interdisciplinaire est un terrain fertile pour mieux expliquer la réalité de ces pays dans l'environnement mondialisant qui caractérise l›économie actuelle de ces pays. Le deuxième article, intitulé "Impact de l›autofinancement sur l'innovation dans les micro, petites et moyennes entreprises colombiennes», donne un aperçu d'un aspect qui n›a pas été explicitement étudié et qui se situe aux frontières de la connaissance entre économie, finance et administration, en particulier dans un secteur important de l›économie des pays en développement, celle des MPME, qui malgré leur grande contribution au bien-être économique de la population, occupant 80% de la population de ces pays, n'a pas fait l›effort intellectuel de nos chercheurs, gaspillant un espace de développement potentiel d'autonomie qui ouvrira la voie à un véritable développement socioéconomique de notre région. Les résultats descriptifs montrent que les PMI colombiennes utilisent principalement leurs propres ressources pour leurs investissements, et les résultats inférentiels obtenus par régression linéaire indiquent que le financement interne a une influence positive et significative sur leur innovation globale, ainsi que sur celle de leurs produits/services, processus de production et gestion. Il s›agit d'une variable d›une importance fondamentale à impliquer dans les politiques de développement de l'industrie latino-américaine et que trèspeu de choses sont prises en considération jusqu›à présent, dans cequ›on a appelé l'économie orange, que des pays comme la Colombie veulent promouvoir. En réalité, les ressources internes ou propres restent la principale source de financement des projets d'investissement de ces entreprises et, bien que cela soit conforme aux postulats de la théorie de la hiérarchie financière, tout semble indiquer que les raisons en sont principalement les obstacles qu›elles rencontrent pour accéder au marché financier extérieur. Notre prochaine section, consacrée à ladiscipline économique, nous présente un article important centré sur l'analyse de la relation entre "La bonne gouvernance et l'efficacité de l'aide"; un sujet de la plus haute pertinence pour nos économies. Il analyse les composantes et les déterminants de la bonne gouvernance, ainsi que sa relation avec des concepts étroitement liés tels que la qualité institutionnelle et, surtout, les idées et les preuves créées sur la relation entre bonne gouvernance et efficacité de l'aide au développement. En fin, il conclut qu'il n'y a pas de consensus général sur l'efficacité de l'aide dans la promotion de la croissance économique, et qu'il y a à la fois des défenseurs et des détracteurs de cette idée. D'une manière réfléchie, elle laisse ouverte la voie à la vérification empirique des effets réels de l'aide économique et des conditions dans les quelles de meilleurs résultats seraient possibles pour le bénéfice de larges masses de la population. Nous clôturons ce numéro avec deux sections : la première, traditionnelle sur les thèmes de l›administration en tant que discipline structurellement intégrée à l'économie, la comptabilité et lafinance, et où deux articles sont développés: le premier d'entre eux estintitulé "Co-création et lesnouveaux défis de création de valeur aux quels les organisations font face. Ce sujet est d›actualité et marque une tendance de la théorie administrative moderne, qui s›articule autour de nouvelles approches de la création de valeur. Il est conclu que, pour générer une valeur durable dans lesorganisations, les actions des gestionnaires doivent être axées sur la création de valeur conjointe avec leurs clients et non sur l›objectif exclusif d'augmenter les ventes de leurs produits ou services habituellement conçus en interne et de façon fermée. Le deuxième article, intitulé "Modèle d'analyse de l'incidence du capital social sur le développement humain à Bogotá, D.C.", vise à identifier s›il existe un type de relation entre capital social et développement humain dans le contexte endogène de la ville de Bogotá. Cette fin, il est proposé demener une recherche descriptive, fondée sur une analyse de régression multiple, qui facilite la proposition d'un modèle qui détermine le niveau d'incidence du capital social dans le développement humain, à partir du calcul de l'indice de développement humain et de l'indice de capital social répartis en composantes du calcul intégral de l'indice de capital social, soit l'indice de capital cognitif, l'ICSE, l'indice de capital social structurel, l'ICSC et l'IRSCS, et de l'indice de représentation du capital social. Sur la base de ces calculs, on constate que l'ampleur et l'utilisation du capital social dans la ville sont inconnues, ce qui engendre la construction d'une société avec un haut niveau d'atomisation et un désintérêt pour les problèmes de citoyenneté. Pouvoir vérifier ces affirmations a une importance capitale pour l'adoption de politiques de développement social et humain à Bogotá, D.C., en tenant compte des différentes composantes analytiques qui ont été utilisées dans l'étude. Dans la dernière partie, consacrée à la gestion des connaissances, le sujet des brimades dues à l'orientation sexuelle chez les élèves de sexe masculin estanalysé pédagogiquement dans l'environnement de l'enseignement secondaire, qui cherche à contribuer à la prévention des comportements debrimades, en raison des effets que cela a sur le bien-être d'une population qui tend à se séparer de manière antidémocratique et qui fait déjà partie des modèles éducatifs qui doivent être orientés vers la formation des valeurs. En tant que pédagogues, nous croyons que l'éducation peut et doit créer des environnements de respect et de valorisation de la différence, où chacun peut y accéder, indépendamment de son orientation sexuelle, de son sexe ou d'autres constructions sociales ou culturelles. L'ensemble des huit articles que nous mettons à la disposition de la communauté académique, organisés en sections orientées selon les principes qui sous-tendent la philosophie scientifique et la politique éditoriale de la revue, s'inscrit dans un nouvel effort qui, nous en sommes sûrs, contribuera à renforcer le développement scientifique et technologique de nos disciplines dans un environnement qui nous est propre mais qui dialogue avec l'universalité du savoir à un niveau global et qui deviendra progressivement les grands piliers de notre développement humain et social. ; A revista Critério Livre tem desempenhado um importante papel em promover a divulgação científica como um mecanismo fundamental nos processos de transformação de nossas nações latino-americanas para sociedades melhor formadas, com um equilíbrio saudável entre o necessário crescimento da produção de bens tangíveis e intangíveis e uma mais justa distribuição da riqueza, em benefício de todas as suas populações, que buscam erradicar a pobreza, que é o maior flagelo que a humanidade ainda não conseguiu superar. Pelo exposto, nos baseamos em critérios do desenvolvimento da ciência que contribuam para esses ideais, escolhendo então os melhores artigos, submetidos a rigorosos processos de avaliação por renomados pesquisadores nacionais e internacionais, que também contribuíram para elevar a qualidade científica dos mesmos através de seus atinadas observações,e também a desenvolver o pensamento científico e a utilização do melhorestilo para sua comunicação, enriquecendo o pensamento científico social em nossos países. Podemos resumir esses princípios assim: o desenvolvimento da ciência e da tecnologia como expressão de sistemas valorativos e socioculturais dados, o desenvolvimento da ciência a serviço da transformação produtiva em benefício da sociedade, a conscientização sobre o papel da ciência e da tecnologia na definição das relações de poder nos níveis nacional e internacional e sua inserção nas políticas de desenvolvimento, a utilização da ciência e da inovação tecnológica como instrumentos de autonomia, a abertura a abordagens inovadoras na consolidação da ciencia social, a liberdade do pensamento crítico em todos os níveis da gestão do conhecimento científico, entre outros. Neste sentido, tentamos fortalecer a análise e o desenvolvimento crítico das ciências econômicas, administrativas, financeiras e contábeis, abrindo um espaço para a discussão e desenvolvimento da epistemologia de estas ciências sociais, que cada vez mais torna-se o eixo central de nossa revista. A presente edição inclui dois itens que fazem parte desta discussão epistemológica: no primeiro deles, o pesquisador José J. Ortiz B. planta um dilema que acompanha o desenvolvimento da ciência contábil, "A crise da representação contábil: problemas da ciência social ou política do poder?", em que busca esclarecer os fatores que originam a problemática da representação contábil a partir de uma reflexão sobre os fundamentos teóricos que sustentam este importante tema e os referentes empíricos que mostram esta problemática, fatores que foram vistos como um obstáculo epistémico na consolidação dessa jovem ciência e o que o autor pretende contribuir para seu esclarecimento epistemológico e a proposta de alternativas de solução, que propõe para discussão com a comunidade científica com uma abordagem interdisciplinar e a partir do paradigma da complexidade. No segundo artigo, o profesor Jean Paul Sarrazin levanta uma interessante dissertação sobre "Religião: nós sabemos do que estamos falando? Análise da viabilidade de uma categoria analítica para as ciências sociais". O objetivo desta revisão foi encontrar uma categoria analítica, precisa, clara e suficientemente ampla para estudar empiricamente a vasta gama de fenômenos sócio-culturais que podem ser ou foram considerados como "religiosos". Conclui que, a pesar da ausência de uma categoria analítica unificada, alguns dos elementos mais destacados nas diferentes definições podem constituir, em si mesmos, categorias analíticas úteis para a investigação empírica. Pode-se deducir que esta seção tem sido fiel aos princípios que expusemos no início deste editorial, e que esperamos que continue transformando em uma tribuna aberta para o desenvolvimento científico de nossas disciplinas. Uma segunda seção, dedicada à contabilidade e as finanças, define temáticas que se tornaram de interesse substancial devido ao forte desenvolvimento teórico que atingiram essas disciplinas, chegando a uma fase em que as disputas dos paradigmas que sustentam várias abordagens foram decantado e é nesse terreno onde surgem contribuições que consolidam os importantes esquemas teóricos ou que, por outro lado, descartam hipótese que permitem depurar sistemas que, à maneira das camadas duma cebola, serão agrupadas por níveis, o que contribui para a consolidação das ciências sociais. Nesta seção encontramos dois importantes artigos orientados sob desta filosofia: o primeiro analisa os efeitos que sobre a informação contabilística das empresas públicas do setor elétrico colombiano teve a implementação da Resolução 743 de 2013, relativa à adopção de Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF) para algumas empresas públicas. Este tópico é um dos aplicativos de importantes avanços do desenvolvimento da teoria contábil para a economia financierista, que apesar disso não consegue establecer sólidas raízes para as condições dos países em desenvolvimento, como o comprova este artigo que encontra que as transformações assumidas são o resultado de uma mudança de modelo econômico, organizacional, onde, mais que atender o modelo de regulação internacional, responde a um processo de concentração de ativos estratégicos por parte de atores que têm a capacidade de capturar a regulação, demonstrando que a abordagem interdisciplinar é um campo fértil para explicar de uma maneira melhor a realidade destes países no ambiente globalizador que caracteriza a economía atual de tais países. O segundo artigo, sobre "o Impacto do autofinanciamento sobre a inovação das micro, pequenas e médias empresas colombianas", permite aprofundar um aspecto que não tem sido explicitamente estudado e que se situa na fronteira entre a economia, as finanças e a administração, dirigido especialmente a um setor importante da economia dos países em desenvolvimento, as empresas Mipymes, que apesar de suas grandes contribuições para o bem-estar económico da população, ao ocupar 80% da mesma em cada um destes países, não lhe foi dedicado um esforço intelectual por parte dos nossos investigadores, desaprovechando um espaço potencial de desenvolvimento da autonomia que permite desbrozar o caminho do verdadeiro desenvolvimento sócio-econômico de nossa região. Os resultados descritivos mostram que as Mipymes colombianas utilizam prioritariamente os recursos próprios para os investimentos, e os resultados inferenciales obtidos através de regressões lineares indicam que o financiamento interno influencia positiva e significativamente na inovação global, assim como a de seus produtos/serviços, processos produtivos e de gestão. Esta é uma variável de importância fundamental para ser envolvida nas políticas de desenvolvimento para a indústria latino-americana e que muito pouco se leva em consideração até agora, no que se tem denominado a economía laranja, que países como a Colômbia querem promover. A realidade é que os recursos internos ou próprios continuam sendo a principal fonte de financiamento para os projectos de investimento destas empresas, e se bem que isso é coerente com os postulados da teoria da hierarquia financeira, tudo parece indicar que as razões são principalmente as barreiras que encontram para acessar o mercado financeiro externo. A nossa seguinte secção, dedicada à disciplina económica, mostra-nos um importante artigo focado à análise da relação entre "Bom governo e eficácia da ajuda ao desenvolvimento", tema de altísima pertinência para as nossas economias. O artigo propõe-se aprofundar na origem e as mudanças experimentadas pela noção de bom governo; analisa os constituintes e determinantes do mesmo, bem como a sua relação com conceitos próximos como a qualidade institucional, e sobretudo, as ideias e a evidência criada sobre as relações entre o bom governo e a efetividade da ajuda ao desenvolvimento. Finalmente chega à conclusão de que não existe um consenso geral quanto a que a ajuda seja eficaz para promover o crescimento económico, e existem tanto defensores como detratores desta ideia. De maneira reflexiva deixa aberto o caminho para verificar empiricamente os verdadeiros efeitos da ajuda económica e as condições baixo as quais seriam possíveis uns melhores resultados em benefício de grandes massas da população. Fechamos esta edição com duas secções: a primeira, tradicional sobre temas de administração como disciplina que se integra estruturalmente com a económica, a contável e financeira, e onde se desenvolvem dois artigos: o primeiro destes se titula "A co-criação e os novos reptos de geração de valor que enfrentam as organizações". Esta temática é de grande atualidade e marca uma tendência na moderna teoria administrativa, que está a girar sobre as novas focagens da geração de valor. Conclui-se que, para gerar um valor sustentado nas organizações, o foco das ações dos gestores deve ser a criação de valor conjunta com os seus clientes e não a exclusiva meta de aumentar as vendas dos seus produtos ou serviços habitualmente desenhados de maneira interna e fechada. O segundo artigo, baixo o título "Modelo para analisar a incidência do capital social no desenvolvimento humano em Bogotá, D.C.", centra-se em identificar se existe um tipo de relação entre o capital social e o desenvolvimento humano no contexto endógeno da cidade de Bogotá. Para tal fim, propõe-se fazer uma investigação descritiva, baseada em análise de regressão múltipla, que facilita a proposição de um modelo que determina o nível de incidência do capital social no desenvolvimento humano, partindo do cálculo do Índice de desenvolvimento humano e do Índice de capital social decomposto em índice de capital cognitivo, ICSC, índice de capital social estrutural, ICSE, Índice de representação social do capital social, IRSCS, componentes do cálculo integral do índice de capital social. Com base nesses cálculos chega-se a comprovar que na cidade se desconhecem o alcance e o uso do capital social, o que gera construir uma sociedade com alto nível de atomização e desinteresse pelos problemas da cidadania. Poder comprovar estes asertos é de soma importância para adotar políticas de desenvolvimento social e humano no D.C., atendendo os diferentes componentes analíticos que se utilizaram no estudo. Na última secção, dedicada à gestão do conhecimento, analisa-se pedagógicamente o tema do bullying por orientação sexual entre estudantes masculinos no ambiente da educação média, que procura contribuir à prevenção de comportamentos de bullying, pelos efeitos que isso tem no bem-estar de uma população que tende a segregarse de maneira antidemocrática e que já faz parte dos modelos educativos que devem orientar à formação de valores. Como pedagogos, achamos que a educação pode e deve criar ambientes de respeito e valoração da diferença, em onde todos possam aceder a ela, sem importar a orientação sexual, o género ou outras construções sociais ou culturais. O conjunto dos oito artigos que pomos ao dispor da comunidade académica, organizados nas secções orientadas segundo os princípios que fundamentam a filosofia científica e a política editorial da revista, se configura em um novo esforço que estamos seguros contribuirá ao fortalecimiento do desenvolvimento científico e tecnológico das nossas disciplinas em um meio que nos é próprio, mas que dialoga com a universalidade do conhecimento a nível global, e que progressivamente constituir-se-ão nos grandes pilares do nosso desenvolvimento humano e social.

El presente artículo busca hacer una breve conceptualización del agotamiento del derecho marca de acuerdo a lo dispuesto por la legislación comunitaria europea, ya que para los bloques económicos suramericanos, en especial para la Comunidad Andina de Naciones (can), constituye un referente de cómo se ha logrado equilibrar los intereses de los agentes del mercado fomentando la libre competencia y la libre circulación de mercancías. Por lo tanto, mediante este análisis será posible determinar cuáles son los retos y debates que afrontan los países suramericanos sobre este tema. ; Derecho de marca; Agotamiento del derecho de marca; Mercado comunitario; Importaciones paralelas ; enero/junio 2015 ISSN: 0120-3754 Las PYME en América Latina, Japón, la Unión Europea, Estados Unidos y los clúster en Colombia Ángel Emilio Muñoz Cardona María Patricia Mayor López Movilidad urbana: cómo de nir el sistema de trans-porte público colectivo (SITP) en Bogotá Crispiniano Duarte Vega Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones Laila Katrina del Pilar Rojas Santana La participación del Instituto Nacional Electoral en las elecciones de Juntas Auxiliares en México Román Sánchez Zamora Gabriel Miranda Trejo Yunuén Catalina Reyes Archundia La adopción de las TIC con actitud crítica en el sector de la educación por parte del gobierno electrónico de Bogotá D. C. Un caso de éxito Jairo Augusto Ortegón Bolívar Las empresas como formadoras de identidad individual y grupal en la sociedad a partir de la fenomenología Germán Rubio Guerrero Luis Alfredo Muñoz Velasco Fernando Adolfo Fierro Celis Gestión para resultados en el desarrollo: hacia la construcción de buena gobernanza Sergio Alberto Chica Vélez Análisis de la estructura interna de los "grupos económicos" en Colombia en la transición del siglo XX al XXI Juan Sergio Cruz 61 45 Calle 44 n.º 53-37 CAN PBX 220 27 90 l FAX 315 25 60 A.A. 29745 l Bogotá, D.C. 40 41 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones* Laila Katrina del Pilar Rojas Santana Autora Laila Katrina del Pilar Rojas Santana Administradora pública, docente. Magíster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca. Profesora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional Bello, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Correo electrónico: rojaslaila@gmail.com Dirección postal: Carrera 96 b n.° 17b-40, apto 104, int. 10, Fontibón, Bogotá D. C. Fecha de recepción: 10.06.2015 Fecha de aprobación: 5.09.2015 Resumen El presente artículo busca hacer una breve conceptualización del agotamiento del derecho marca de acuerdo a lo dispuesto por la legislación comunitaria europea, ya que para los bloques económicos suramericanos, en especial para la Comunidad Andina de Naciones (can), constituye un referente de cómo se ha logrado equilibrar los intereses de los agentes del mercado fomentando la libre competencia y la libre circulación de mercancías. Por lo tanto, mediante este análisis será posible determinar cuáles son los retos y debates que afrontan los países suramericanos sobre este tema. Palabras clave: Derecho de marca, agotamiento del derecho de marca, mercado comunitario, importaciones paralelas. Abstract This paper presents research results on the identification of shortco-mings that communities suffer regarding the quality in the provision of touristic services and management of this economic activity. From there, a training process in touristic services is proposed with emphasis on community tourism strategies, as well as management tools that facilitate the integration of different agencies and communities of the sector. The text discusses, first, an approach to the concept of commu-nity tourism and its state of the art. Secondly, it presents the diagnostic and composition of the touristic product in the districts of Ciudad Bolivar, Usme and Sumapaz in the Colombian Capital City of Bogotá. Then, the article reviews the current activities of these communities in community tourism, under the auspices of the district government and some institutions such as universities and NGOs. Finally, quantitative and qualitative findings reached with the fieldwork, shown in tabulated results of surveys, observation and interview inquiries made by resear-chers and assistants are described. Keywords: tourism, empowerment, strategic plan, development. Resumo O presente artigo expõe os resultados da investigação de falências que têm as comunidades com relação à qualidade na prestação dos serviços turísticos e a gestão administrativa desta atividade econômi-ca. Daí, é proposto um processo de formação em serviços turísticos com ênfase nas estratégias de turismo comunitário, assim como nas ferramentas administrativas e de gestão que permitam a integração dos diferentes organismos e comunidades do setor. O texto aborda, no primeiro lugar, uma aproximação ao conceito de turismo comunitário e seu estado da arte. No segundo lugar, apresenta os diagnósticos e a composição do produto turístico nas localidades de Ciudad Bolívar, Usme e Sumapaz no Distrito Capital de Bogotá. Depois, resenha as atividades que são desenvolvidas atualmente nestas comunidades em matéria de turismo comunitário, sob o auspicio do governo distrital e algumas entidades como universidades e ONGs. Para finalizar, são descritos os avindos quantitativos e qualitativos alcançados com o tra-balho de campo, representado em resultados tabulados das pesquisas, indagações, observações participantes e entrevistas efetuadas pelos investigadores e auxiliares. Palavras chave: turismo, empoderamento, plano estratégico, desen-volvimento. * Este artículo fue redactado a partir de la tesis de grado "Agotamiento del derecho de marca", adelantada para optar al título de Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas, ofrecido por la Universidad de Salamanca Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 42 43 1. Introducción El agotamiento del derecho de marca ha sido un tema recurrente en las legislaciones internas de propiedad indus-trial y en los bloques económicos con el fin de impulsar el libre comercio. Es una pieza angular que permite la libre de circulación de mercancías, la libre competencia en la distribución de productos en el mercado interior y, por lo tanto, un resultado eficiente del mercado al aumentar la competencia en la distribución y generar efectos positivos para el consumidor. Actualmente existe un amplio análisis de agotamiento del derecho de marca en el Espacio Económico Europeo (eee) gracias a los abundantes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (tjce) porque el ago-tamiento es un instrumento clave para la libre circulación de mercancías y la libre competencia en la distribución de productos en el mercado interior comunitario. Es decir, el agotamiento de derechos de propiedad intelec-tual, y en particular el agotamiento del derecho de marca, se erige en un mecanismo jurídico fundamental para la construcción de un mercado único europeo sin fronteras geográficas ni políticas, regido por la libre competencia. Así pues, la concepción del agotamiento de marca es un punto de partida que nos permite comparar cómo este se ha desarrollado en otros ordenamientos comunitarios o regionales, en especial en el principal bloque económico suramericano: la Comunidad Andina de Naciones (can). 2. Derechos exclusivos otorgados por la marca y el agotamiento del derecho de marca Los bienes que hacen parte de la propiedad industrial tienen como función principal impulsar la competencia en el mercado. Las marcas, como propiedad intelectual, son una creación del intelecto derivada del talento humano y constituyen, como signos distintivos fruto de la creación, un bien incorporal o inmaterial al que la ley protege a través de norma especial, otorgando a su titular un derecho exclu-sivo sobre ellas (Bercovitz, 2002; Fernández, 2001). Las marcas son signos distintivos que fomentan la competencia en el mercado al evitar el riesgo de asociación y confusión entre los usuarios y, así mismo, otorgan una posición en el mercado a los productos bajo la marca. Una marca, entendida como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (Decisión 486, 2000, art. 134), cumple cuatro funciones principales en el plano económico: la función indicadora del origen empresarial, la función indicadora de la calidad de los productos o servicios, la función publicitaria y la función de condensación de la reputación o goodwill de la marca. Es un instrumento que les permite a los empresarios su actuación en el mercado y sirve para asegurar que todos los productos o servicios distinguidos con ella tienen el mismo origen empresarial (Bercovitz, 2008, p. 124), así mismo, la marca constituye el control de garantía por la cual una empresa es responsable de la calidad (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 2002, C-299/99, p. 10). y permite a su titular organizar su participación en el mercado y la comercialización de sus productos o servicios dentro del mismo (Bercovitz, 2008, p. 125). Por último, la marca es de gran utilidad para la protección de los consumidores, en la medida en que permite identi-ficar y distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen, posibilitando así la elección entre ellos (Bercovitz, 2008, p. 125). En este sentido, la reputación que genera la marca es una herramienta del mercado para evitar las ineficiencias causadas por la asimetría de la información entre consumidores y productores, así, esta busca el buen funcionamiento del mercado mediante la transparencia de la información y, por lo tanto, logra una competencia leal. Dadas las anteriores características, el titular de la marca adquiere una posición jurídica cuyo contenido esencial es el derecho exclusivo sobre la marca (Galán, 2008, p. 532). Sobre el particular, la can establece que: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguiente actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca […], b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca […]; c) fabricar materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales […], d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro […], e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, entre otros. (Decisión 486, 2000 art. 155) El derecho conferido por la can, así como la mayoría de ordenamientos, hace referencia a la vertiente negativa del derecho de marca ius prohibendi, ya que la marca es un bien inmaterial en el que cabe la utilización y posesión simultá-nea por otros, por lo cual, para crear una escasez artificial es esencial que se reconozca la prohibición de utilización de la marca a terceros. De esta manera, el titular de la marca tiene derecho le-gítimo a su uso, a introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, almacenar, transportar o vender los productos o servicios identificados con la marca en el mercado (Superintendencia de Industria y Comercio, 2008, p. 33) y autorizar a un tercero a usar la marca a través de las licencias. Sin embargo, el derecho del titular de la marca no es absoluto (Concepto 02007889, 2002, párr.19), ya que el derecho de exclusividad supone una restricción al libre comercio. El derecho de exclusión otorgado al titular no tiene como finalidad prohibir todos los usos de la marca, sino limitar los actos o los usos de la marca susceptibles a causar confusión en el público, por lo tanto, cuando no hay riesgo de confusión, no hay acto de infracción de marca (De las Heras, 1994, p. 113). En consecuencia: Una vez la marca ha cumplido su función no puede tolerarse el mantenimiento de aquellos derechos, ya que ello supondría permitir al titular de la marca controlar, de forma injustificada y en contra de los principios competitivos, la ulterior comercialización de los productos realizada al amparo de aquel derecho exclusivo. (Fernández, 1990, p. 171) Por consiguiente, el titular de la marca tiene un monopolio de decisión sobre la forma, modo de comercialización, cantidad, precio, calidad características esenciales, etc., otorgado por el derecho exclusivo de la marca, hasta la primera venta del producto. Pero una vez comercializado el producto, el titular pierde el control sobre las sucesivas comercializaciones, a menos que venda directamente el producto al consumidor final o lo haga mediante canales de distribución (Martin, 2001, p. 72). Es necesario señalar que mientras el mercado común se basa en la libre circulación de mercancías, el derecho de marca, restringe esa libertad de circulación y competencia al reconocer el derecho del titular de la marca a oponerse a la comercialización ulterior de los productos contraseñados con la marca. En este sentido, el derecho de marca y la libre circulación de mercancías son opuestos. No obstante, el principio de agotamiento del derecho de marca permite conciliar los intereses del titular de la marca y del público contra los actos de confusión, así como de los importadores paralelos. De esta manera, la función de la marca cumple un doble papel en la libre competencia. Por una parte la restringe, al excluir a los demás de participar en una actividad económi-ca específica, y por la otra, favorece la actividad competitiva (Parra, 2002, p. 23). Por lo anterior, las normas sobre defensa de la libre compe-tencia, respecto a las marcas, han buscado no solo impedir las restricciones a la libertad de competencia sino también Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 44 45 las restricciones al principio de libre circulación (Roncero, 1999, p. 351). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea (tjcee) sostiene que el titular de la marca tiene el derecho exclusivo sobre la primera comercia-lización del producto, protegiéndolo de competidores que pretendan abusar de la posición y del prestigio de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella (Asunto 17/74, 1974, p. 486). Pero una vez cumplidos los fines esenciales de la marca, el titular del derecho no puede limitar la libre circulación de las mercancías invocando este derecho (Roncero, 1999, p. 353). Si no se agota el derecho exclusivo del titular de la marca después de la primera comercialización, se generaría un obstáculo a la libre circulación de mercancías y con ello a la libre competencia en la distribución, ya que el titular podría invocar el ius prohibendi para oponerse a cualquier comercialización ulterior del producto, aun cuando no esté justificado. Además, como lo señala el tjcee, el titular de la marca tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros, sin que dicha restricción sea necesaria para garantizar el contenido del derecho exclusivo derivado de la marca (Asunto 17/74, 1974, p. 486 ). En definitiva, puede decirse que la regla del agotamiento constituye una norma promotora de la libre competencia insertada en la legislación de propiedad intelectual y, en particular, en la legislación marcaria, para limitar (o de-limitar) el alcance del derecho exclusivo en pro de la libre competencia en el sector de la distribución de mercancías. Ante la creciente expansión de redes de distribución con-troladas por el fabricante o licenciatarios de su marca, el agotamiento se muestra como un engranaje fundamental para facilitar el comercio paralelo o mercados grises en el sector de la distribución comercial; siempre que con ello no se afecte negativamente las funciones esenciales de la marca, los intereses del titular de la misma ni de los con-sumidores o usuarios en la capacidad de elección libre de las opciones que se ponen a su disposición en el mercado. El sistema de marcas es un instrumento destinado a pro-mover la libre competencia: la marca es un instrumento para competir. Su función esencial es permitir identificar los productos y permitir que los consumidores se informen. En este sentido, el derecho otorgado por la marca no tiene como fin que el titular de la marca controle la posterior distribución de las mercancías ni busca restringir la libre competencia (Martin, 2001, p. 73). Sin embargo, así como el derecho exclusivo de la marca no es absoluto, el agotamiento tampoco lo es, ya que este no se aplica cuando existen motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos. Esta excepción al agotamiento de marca se justifica en la medida en que se busca salvaguardar las funciones del signo. Por lo tanto, el titular de la marca podrá oponerse a la co-mercialización del producto contraseñado una vez agotado su derecho cuando exista el riesgo de crear confusión en el público acerca de las características esenciales del producto o de su origen empresarial (Martin, 2001, p. 73). Si el ti-tular de la marca no pudiera imponer su ius prohibendi en los casos en los que se realicen actos que puedan generar confusión en el público, no solo se estarían vulnerando los derechos de los consumidores, sino que no se protegería la lealtad de la competencia en el mercado. La can ha incluido en su legislación de marcas la posibi-lidad de que el titular de la marca se oponga a la posterior comercialización de los productos contraseñados, aunque, como veremos, poco se han desarrollado estas excepciones. 3. Clases de agotamiento de derecho de marca Existen tres regímenes de agotamiento del derecho de marca: el agotamiento nacional, el comunitario y el inter-nacional. Cada uno de ellos genera posiciones distintas del titular de marca frente a importadores paralelos. El agotamiento nacional se produce cuando el producto es comercializado por primera vez por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en el mercado nacio-nal. Así, el agotamiento del derecho está supeditado a que la primera comercialización se haya producido dentro del país. Esta opción es adoptada en aras de la unidad del mer-cado nacional y del libre comercio interior (De las Heras, 1994, p. 26) y ha sido implementada por países como Brasil. El agotamiento comunitario se origina cuando el producto es comercializado por primera vez por el titular de la mar-ca o por un tercero con su consentimiento en el mercado comunitario o regional. En este caso, el agotamiento del derecho supone como requisito que la primera comer-cialización del mismo se produzca dentro del mercado comunitario o regional. Este régimen tiene como objetivo el fortalecimiento y la libertad de comercio en el mercado común (De las Heras, 1994, p. 26), y supone la creación de una barrera al comer-cio internacional (Martin, 2001, p. 31). De esta manera, se configura el "agotamiento comunitario como excluyente del agotamiento internacional" (Ruiz, 2005, p. 353). La Unión Europea (ue) es, por excelencia, el representante de esta clase de agotamiento. Finalmente, el agotamiento internacional se produce cuan-do el producto es comercializado por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en cualquier país, es decir, en el mercado nacional, comunitario o regional, o en un mercado extranjero. El agotamiento internacional signi-fica "la libertad plena de las importaciones y subsiguientes ventas paralelas de los productos de la marca auténtica en el Estado importador en que esa marca estuviese registrado" (Martin, 2001, p. 27). Este régimen de agotamiento ha sido adoptado por la can y por Estados Unidos. La elección entre el régimen comunitario y el régimen internacional ha generado varios debates en la ue. Diversos han sido los argumentos que se han señalado para mante-ner el régimen comunitario del agotamiento del derecho de marca, entre ellos que la adopción del agotamiento internacional haría que las compañías europeas tuvieran que enfrentarse a una competencia en desventaja, ya que el proceso de integración no ha ocurrido todavía en el ámbito mundial. Sobre el particular, el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen sobre el agotamiento de los derechos conferidos por la marca. En el documento se sostiene que el régimen actual mantiene una cierta calidad de los productos y unos servicios postventa, características que los importa-dores paralelos no proveen a los consumidores europeos. Así mismo se señala que un cambio de régimen a largo plazo podría inhibir la inversión en nuevos productos o hacer que marcas registradas retirasen productos ya es-tablecidos en el mercado ante la falta de competitividad con los productos importados. También establece las grandes diferencias en materia de normas socio-laborales, administrativas y medio ambientales entre la ue y aquellos países en los que los importadores paralelos se proveen de los productos. Sostiene que el agotamiento comunitario garantiza que los consumidores europeos cuenten con la disponibilidad de los productos en todas sus posibilidades y gamas; y que un régimen de agotamiento internacional puede favorecer el aumento de productos falsificados en la ue, lo que generaría un efecto negativo sobre el crecimiento económico europeo (2001/C 123/05, 2001, pp. 31-32). De acuerdo con el dictamen, los aspectos positivos del agotamiento del derecho internacional referente a la dismi-nución de los precios en beneficio de los consumidores son contrarrestados por la consideración de que la introducción de nuevas tecnologías genera que los consumidores puedan acceder a una gran variedad de productos a precios más bajos (2001/C 123/05, 2001, p. 32 ). Respecto al comercio con terceros países ha señalado que no se puede comparar la integración europea y el esfuerzo por terminar con las barreras que impiden la libre circula-ción de mercancías con otros procesos, además, dado que las compañías europeas que compiten en un mercado global tienen que enfrentarse a compañías con costes bastante más bajos a los europeos en materia de producción, el régimen de agotamiento comunitario defiende de alguna manera a estas compañías, así como a las compañías no europeas que trabajan en el mercado único. Algunos autores indican que "el agotamiento comunitario no solo no beneficia a las empresas de la ue, sino que las perjudica" (Fernández, 2005, p. 32), ya que se ven discri-minadas en la medida en que las empresas comunitarias que fabrican en países comunitarios ven agotado su derecho de marca con la primera comercialización del producto en países comunitarios (De las Heras, 1994, p. 35). También se ha dicho que las empresas importadoras comuni-tarias se ven afectadas en la medida en que las importaciones de productos auténticos comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento en terceros Estados pueden ser impedidas por el titular de la marca. Igualmente, los consumidores se ven afectados, ya que no pueden disfrutar del aumento de la competencia y, por ende, de la disminución de precios y el aumento de la oferta. 4. Agotamiento del derecho de marca e importaciones paralelas El agotamiento del derecho de marca está íntimamente relacionado con las denominadas importaciones paralelas (Fernández, 2005, p. 1) o, en términos más generales, el comercio paralelo o comercio gris. Este último se produce cuando el precio en un país exportador es más bajo que en el país importador, de tal manera que los comerciantes parale-los aprovechan la diferencia de precios y ofrecen los produc-tos importados, a precios más bajos, en el país exportador. Estos dos temas adquieren relevancia debido a la supresión de barreras al comercio, suscritas tanto en los mercados comunes como en los tratados de libre comercio (tlc) suscritos de manera bilateral y multilateral. Así, la apertura de los mercados facilita la libre circulación de bienes, no obstante, "también aumenta la producción y distribución de falsificaciones de los productos originales de la marca" (Fernández, 2005, p. 4), lo que permite la aparición del mercado gris. Como lo señalan los análisis de distintos autores (Fernán-dez, 2005, p. 3), en el agotamiento del derecho y de las importaciones paralelas entran en conflicto los intereses Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 46 47 de varios agentes del mercado. Por una parte, el titular de la marca busca impedir las importaciones paralelas, no solo para conseguir vender a precios más altos, sino para evitar que esas importaciones infrinjan sus intereses legítimos en la medida en que las modificaciones o alteraciones a los productos, para facilitar su introducción en el mercado importador, menoscaban la reputación de la marca o per-judican la garantía de origen. Los consumidores, por otro lado, se ven beneficiados en la medida en que el libre comercio aumenta el número de productos entre los que puede elegir, y genera un aumento de competencia que disminuye los precios, ya que estos se acercan al coste marginal (Mankiw, 2008, p. 241). Por con-siguiente, se han buscado mecanismos que equilibren tanto los derechos del titular de la marca como los de los consu-midores, facilitando así la libre circulación de mercancías. 5. Agotamiento del derecho de marca en la can La búsqueda de integración de Bolivia, Ecuador, Colom-bia, Perú y Chile se llevó a cabo mediante el Acuerdo de Cartagena (ac), suscrito en el año 1969, acuerdo que tiene como objetivo promover el desarrollo de los países miem-bros mediante la integración y la cooperación económica y social, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. De esta manera, la can, conocida en ese entonces como el Pacto Andino, se puso en marcha. En 1973 Venezuela se adhirió al acuerdo y se retiró en 2006, así mismo, en 1976 Chile abandono la can. Uno de los objetivos para llevar a cabo esta integración fue el programa de liberación, que tiene por objeto "eli-minar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro" (Decisión 563, 2003, art. 72). Más adelante surgieron otros intentos, tales como el acta de La Paz, firmada en 1990, que tenía entre sus objetivos conformar una zona de libre comercio al 31 de diciembre de 1991 mediante la aceleración del programa de liberali-zación para la desgravación automática; y el acta de Bara-hona, firmada en 1991, que establecía el funcionamiento de la zona de libre comercio a partir de 1992, que empezó a funcionar finalmente a partir de 1993. En materia de propiedad industrial, la can se ha pronun-ciado mediante la Decisión 85 de 1974, que fue reem-plazada por la Decisión 313 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en el año 1991. Actualmente rige la Decisión 486 del 1.° de diciembre de 2000, por medio de la cual se adopta el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Tal como lo afirma Rubio (1996), citado por Parra (2002, p. 24), en función del libre comercio, la Decisión 486 del 1.° de diciembre de 2000 utiliza, entre otros mecanismos, el agotamiento del derecho de marca y la admisión de las im-portaciones paralelas "para garantizar que el ejercicio de los derechos derivados de la propiedad industrial no desborde el límite impuesto por un sistema de libre competencia". La importancia del agotamiento del derecho de marca en la can radica en que es un instrumento que permite consolidar un mercado común. Este precepto adquiere aún más relevancia si se tienen en cuenta el proceso y los esfuerzos adelantados por los países miembros para crear un mercado común en el marco de un proyecto integrador (Basombrio, 2004, p.14) En la can, a diferencia de otros ordenamientos comunita-rios, en especial del eee, el derecho que otorga el registro de la marca se limita al territorio en el que se otorga la respectiva concesión, y esta no puede extenderse más allá del territorio del respectivo Estado (Concepto 02065886, 2002, párr.2). Esta interpretación se desprende de lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486 (2000), que señala que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Respecto al comercio paralelo, los países miembros de la can lo han señalado como "una consecuencia lógica de economías liberalizadas", y que por lo tanto han reconoci-do que ese tema "va a adquirir mayor importancia con el aumento del tráfico de mercancías entre Estados" (Organi-zación Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 15). Aun cuando su importancia es evidente, el desarrollo de los supuestos en los cuales se produce el agotamiento, así como las excepciones que le permiten al titular oponerse a la comercialización de los productos contraseñados, no han sido tan desarrollados como en el eee. Como lo indica Lombeyda (2013, p. 192) el tjca no se ha pronunciado frente al agotamiento del derecho de mar-ca, únicamente ha realizado breves referencias al tema. Igualmente, la doctrina andina se ha limitado a un aná-lisis superficial, aun cuando la importancia del desarrollo de supuestos en los cuales se produce el agotamiento, así como las excepciones que permiten al titular oponerse a la comercialización de los productos contraseñados, es evidente, lo que indica que el grado de integración de los países miembros es todavía incipiente. Finalmente, cabe resaltar que los países miembros de la can señalan tres consecuencias específicas del comercio paralelo generado por la adopción del agotamiento inter-nacional del derecho de marca. Para el titular de la marca, es relevante Cuando existe una diferencia de precios sustancial […], ya que en ese momento es que a él le interesaría obtener una compensación del importador paralelo. Para los consumidores implica un aumento de la oferta del producto original, una competencia de precios y una disminución de los precios, así como fuentes alternativas de obtención. Para el sistema de libre empresa, entre los beneficios reconocidos se encuentran el fomento a competencia, una mejor satisfacción de la demanda y el incremento de la oferta. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 15) 6. Requisitos para el agotamiento del derecho de marca Para que se configure el agotamiento del derecho de marca en la can existen unos requisitos específicos, a saber, pro-ductos introducidos en el comercio (requisito objetivo), por el titular o por un tercero con su consentimiento (requisito subjetivo) y, dado que el agotamiento es internacional, esta introducción puede llevarse a cabo en cualquier país. Requisito objetivo: productos introducidos en el comercio Como requisito objetivo, la legislación comunitaria andina indica que el agotamiento del derecho de marca se da una vez los productos hayan sido introducidos en el comercio por el titular del registro o por otra persona con consenti-miento del titular o económicamente vinculada a él. Nótese que, a diferencia del agotamiento comunitario europeo, la can no utiliza el término "comercialización", sino que utiliza la introducción en el comercio para referirse al requisito objetivo. Por lo tanto, surge el debate acerca de si la introducción de productos en el comercio hace referencia a los actos asociados a la comercialización, por ejemplo la importación de productos sin que estos hayan sido comercializados, o si, por el contrario, la introducción en el comercio se entiende en el sentido restringido de la comercialización de los mismos. La elección de uno u otro concepto es determinante, ya que sus diferencias y sus efectos en la aplicación del ius prohi-bendi por parte del titular de la marca son distintos. Si se acepta la introducción de un producto en el comercio como la importación de mercancías con la intención de vender el producto, sin que este llegue a venderse, por ejemplo guardar una cantidad de un producto contraseñado con una marca en un almacén o en un depósito, habría lugar al agotamiento del derecho inmediatamente estos productos fueran importados; mientras que si la introducción de un producto en el comercio se entiende como la comerciali-zación del mismo, se estaría haciendo una interpretación semejante a la que hace el tjce, en el sentido de que la intención de vender un producto no transmite al tercero el derecho de disponer de los productos designados con la marca y no le permite al titular hacer efectivo el valor. Por lo tanto, el agotamiento del derecho se daría únicamente con la venta del mismo. En este sentido, la ompi aclara que cuando se hace refe-rencia a la introducción en el mercado de los productos o servicios identificados con la marca, no solo se alude exclusivamente a la comercialización, sino que también se incluyen aquellas actividades preparatorias o conectadas con la comercialización (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 7). Por lo tanto, el ago-tamiento del derecho de la marca en la can, a diferencia de las condiciones que plantea el legislador de la ue, no se restringe a la comercialización, sino que se amplía a todo su proceso (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 7) Requisito territorial: cualquier país A diferencia de la ue, que señala como requisito previo al agotamiento del derecho de marca la comercialización por primera vez de los productos en el eee, la can apunta al agotamiento de marca internacional. Esta interpretación se desprende del hecho de que el artículo 158 de la Decisión 486 se refiere al agotamiento del derecho de marca después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país. El tjca afirmó el agotamiento de marca internacional al señalar en la interpretación prejudicial que el agotamiento del derecho de marca está exceptuado de territorialidad (Proceso 17-IP-98, 1998, pp. 9-10 ). Así mismo, en el seminario de la ompi para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, dispone que, de acuerdo con el alcance territorial, el agotamiento adoptado por la can es el internacional, ya que con la primera comercialización de los productos identificados con la marca en un mercado extranjero se configura la limitación. "Significa la plena libertad de las subsiguientes ventas de los productos identificados con la marca auténtica tanto fuera como dentro del país en que se encuentra registrada, una vez su titular la ha comercializa-do en cualquier lugar del mundo" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2010, p. 14). Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 48 49 Requisito subjetivo: consentimiento del titular El agotamiento del derecho exclusivo de marca se da en virtud de la facultad que tiene el titular de la marca de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca, así en la faceta negativa esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios bajo el amparo de un signo igual o similar (Proceso 66-IP-2000, 2000, p. 7). De esta manera, la condición para el agotamiento del derecho de marca es que el producto haya sido puesto en el comercio por el titular o por un tercero, con el consen-timiento o económicamente vinculado a él (Decisión 486, 2000 art. 158). El consentimiento dado por el titular de la marca puede ser explicito, implícito o tácito. El consentimiento expreso se desarrolla a través del otorgamiento de una licencia sobre la marca. El consentimiento implícito se produce cuando el producto es comercializado por agentes o representantes autorizados o por filiales del fabricante que registran la marca a su nombre en los países donde se va a producir la comercialización por parte de la filial (Carbajo, 2009, p. 150). En este caso, la actuación fiduciaria no le permite al titular oponerse a su posterior comercialización. Por lo tanto, es fundamental aclarar qué tipo de consentimiento adopta, es decir, si este consentimiento debe ser expreso, implícito o tácito, en especial en cuestiones referentes a las importaciones paralelas y a la distribución selectiva. La interpretación prejudicial del tjca dispone en varios procesos que, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su mar-ca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causarle confusión al consumidor, que es a quien protege, en esen-cia, el derecho marcario. En este sentido, la interpretación prejudicial apunta a que la condición del agotamiento del derecho de marca está sujeta al consentimiento explícito por parte del titular (Proceso 33-IP-2000, 2000, Proceso 116-IP-2004, 2004). Es necesario hacer referencia a las importaciones paralelas para determinar si el titular de una marca puede impedir que terceros importen un producto originalmente marcado cuando estos productos han sido producidos o introduci-dos en el mercado extranjero por él mismo o por personas vinculadas económicamente a él. Este debate responde a la tensión que existe entre el reconocimiento del derecho exclusivo de marca, que se circunscribe al ámbito nacional, y el alcance del agotamiento del derecho de marca, que obedece al terreno internacional. 7. Excepciones al agotamiento de marca La legislación andina ha determinado excepciones al ago-tamiento del derecho de marca. Al respecto señala que: El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. (Decisión 486, 2000, art. 158) De lo anterior se puede deducir que una vez que se ha agotado el derecho, en los casos en los que el producto y envase o embalaje que estuviese en contacto directo con él hubiese sufrido alguna modificación, alteración o deterio-ro, el titular puede invocar su ius prohibendi para oponerse a la ulterior comercialización del producto contraseñado con la marca. Sin embargo, este no es el único caso en el que el titular de la marca puede invocar ius prohibendi una vez agotado el derecho, ya que el legislador, al decir "en particular", acepta que existen otras situaciones en las se puede permitir que el titular de la maca se oponga a su comercialización. Las excepciones al agotamiento del derecho de marca son importantes, en la medida en que favorecen que la marca cumpla su función esencial, es decir, que sirvan como indicadora del origen empresarial. Como se vio antes, aunque estas excepciones suponen una restricción al libre comercio, son necesarias en la medida en que fomentan la libre competencia y evitan la competencia desleal. Siguiendo lo dispuesto en la ue en cuanto a las excepciones al agotamiento de marca, haremos referencia a la altera-ción de los productos y al menoscabo de la reputación de la marca como causas por las cuales el titular de la marca puede invocar su ius prohibendi. Respecto a la modifica-ción de los productos, la Secretaria General de la can ha dispuesto que, si bien es cierto que el registro de una marca no le concede a su "titular el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto del producto protegido por dicho registro, ello está permitido, si y sólo si estos productos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro" (Resolución 590, 2002, p. 2). Es decir, el ordenamiento jurídico de la can prohíbe de manera expresa que los productos protegidos por una marca puedan ser modificados y comercializados, lo que consti-tuye una de las situaciones en las que el titular del derecho puede oponerse a la ulterior comercialización del mismo una vez se hayan dado las condiciones para el agotamiento del derecho. Ahora bien, el tjca no se ha pronunciado sobre los casos en los que estas modificaciones son necesarias para que el importador paralelo pueda acceder a los mercados de los países miembros. Sobre el particular, si llegase a realizar una interpretación similar a la sostenida por el tjce, en cuanto a las condiciones para el reetiquetado, reenvasado y sustitución de la marca, las restricciones sobre el comercio serían las mínimas posibles, ya que permitirían la modifi-cación de los productos (fomentando el libre comercio) y, al mismo tiempo, impondrían una serie de requisitos que garantizan la función esencial de la marca, con lo que se protege tanto a los consumidores como a los titulares de la marca de los actos de competencia desleal. Por otra parte, si opta por hacer una interpretación contraria, en la que no llegase a permitir ninguna alteración o modificación a los productos, estas medidas supondrían restricciones aún mayores al libre comercio en el mercado común. En cuanto al menoscabo de la reputación de la marca como excepción al agotamiento del derecho de marca, el tjca no se ha pronunciado. Sin embargo, es posible analizar en parte esta cuestión a la luz de la función esencial del derecho de marca. El tjca, mediante interpretación preju-dicial, ha determinado que "la finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado" (Proceso 11-IP-96, 1997, p. 34). La interpretación que hace la ompi en este sentido señala que el titular de la marca recobra su derecho de prohibir a terceros que realicen actos de uso de la marca que sean susceptibles de confundir al público consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto. Por lo anterior, en principio parece válido aceptar que el menoscabo a la reputación de una marca en la can consti-tuiría una excepción al agotamiento del derecho de marca, sin embargo, el tema no ha sido debatido por el bloque económico andino, entre otros factores porque allí no se ha desarrollado un mercado de productos de lujo y de prestigio tan ampliamente como en el mercado comunitario europeo. 8. Legislación interna y autoridad nacional competente El artículo 276 de la Decisión 486 señala que los países miembros de la can pueden regular aquellos asuntos no comprendidos en ella. El tjca, mediante interpretación prejudicial, ha concluido al respecto que los alcances de la regulación interna deben estar "inscritos en la filoso-fía y armonía jurídica que deben guardar con la norma comunitaria siempre prevaleciente" (Proceso 10-IP-94, 1995, p. 19). De esta manera, las disposiciones internas de los países miembros de la can en materia de agotamiento del derecho de marca solamente pueden reglamentar los vacíos o temas no tratados en la Decisión 486. En este sentido, en cada país andino hay una oficina nacio-nal competente y una autoridad nacional competente. La primera hace referencia al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, mientras que la autoridad nacional competente es el órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia (Decisión 486, art. 273) Bolivia: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual La oficina nacional competente en Bolivia es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). Fue creada por la Ley 1788 de 1997 y su misión es administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de la propiedad intelectual en todos sus componentes (Decreto Supremo 28152, arts. 3 y 4). Para cumplir las funciones que le atribuye la ley, el Senapi cuenta con direcciones técnicas que se encargan de la evaluación y el procesamiento de las solicitudes de dere-chos de propiedad intelectual. La Dirección de Propiedad Intelectual, en particular, es la encargada de velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, resolu-ciones, convenios, acuerdos internacionales y decisiones en materia de marcas y otros signos distintivos (Decreto Supremo 28152, art. 1 y 16). La ley reglamentaria de marcas, de 15 de enero de 1918, es la norma nacional que regula temas tales como los propietarios de marcas y de su registro de extinción, y las formalidades para el registro de marcas. Colombia: Superintendencia de Industria y Comercio Para Colombia, la oficina competente es la Superinten-dencia de Industria y Comercio (sic). El artículo 1.° del Decreto 2153 de 30 de diciembre de 1992 la define como "un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía admi-nistrativa, financiera y presupuestal". Su estructura fue reestructurada mediante el Decreto 4886 de diciembre 23 de 2011. Entre las funciones de este organismo, y que se relacionan con el agotamiento de derecho de marca, se encuentran: Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 50 51 62. Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma. 63. Expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden a la oficina nacional competente de propiedad industrial. 64. Impartir instrucciones en materia […] propiedad industrial […] y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. (Decreto 4886, art.1) La legislación interna en materia de propiedad intelectual ha sido desarrollada por el Decreto 2591 de 2000, que reglamenta la Decisión 486. En este decreto se regulan, entre otros, las marcas y diseños industriales. En cuanto al agotamiento del derecho de marca, la Superintendencia no lo reglamenta en su derecho interno, por el contrario, sus conceptos y resoluciones se refieren al artículo 158 de la Decisión 486 y a las interpretaciones prejudiciales que realiza el tjca. Así, la doctrina colombiana se ha referido al agotamiento del derecho exclusivo de marca en el concepto 02007889 del 04 de abril de 2002. En especial, ha señalado que res-pecto a las importaciones paralelas: Un licenciatario con pacto de exclusividad sobre el uso de un signo puede verse eventualmente afectado con ocasión de la importación paralela y lícita por parte de terceros, de productos marcados con el signo objeto de la licencia. En este evento, tales productos en principio ingresarían al mercado local provenientes no directamente de operaciones de exportación realizadas por el licenciante, sino de operaciones de exportación realizadas por personas distintas del mismo, a partir de otros mercados donde los productos de este se encontraran. (párr. 26) Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual En Ecuador la oficina competente es el Instituto Ecuato-riano de Propiedad Intelectual (iepi). Creado por la Ley de Propiedad Intelectual en 1998, el iepi es "el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender, a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual […]" (art.3). Para cumplir las funciones asignadas, el iepi cuenta con la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que tiene en-tre sus funciones administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, marcas, y administrar en materia de propiedad industrial los demás procesos administrativos contemplados en la ley (Ley de Propiedad Intelectual Codificada, art. 347 y 359). A diferencia de países como Colombia y Bolivia, que no hacen una trasposición a la legislación interna del agota-miento del derecho marca, Ecuador, mediante la Ley de Propiedad Intelectual, en su versión codificada, hace refe-rencia a la limitación del derecho que confiere el registro de marca para prohibir la ulterior comercialización de los productos: El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país. (art. 219) Perú: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual La oficina competente en la Republica de Perú es Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Creado por el Decreto Ley 25868, tiene entre sus funciones administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme a lo previsto por la ley (Decreto Legislativo 1033, art. 2). El Indecopi cuenta con la Dirección de Signos Distintivos, que tiene como función, entre otras, proteger los derechos otorgados sobre marcas; así, puede otorgar, reconocer o limitar tales derechos luego de un debido procedimiento (Decreto Legislativo 1033, arts. 42 y 36). La Ley de Propiedad Industrial regula el tema referente a las marcas, así mismo, en el Decreto Legislativo 1075, de 27 de junio de 2008, se señalan disposiciones comple-mentarias a la Decisión 486, entre ellas, las relativas al registro de marcas. Sin embargo, este no hace referencia al agotamiento del derecho de marca, por lo que la legislación peruana no hace una trasposición interna del artículo 158 de la Decisión 486. 9. Conclusiones En referencia al agotamiento del derecho de marca en Su-ramérica, este ha sido desarrollado por los dos principales bloques económicos en la región: la can y el Mercosur, con el fin de fomentar el libre comercio. En este sentido, aunque las principales jurisprudencias han establecido el mismo límite al derecho de marca, han surgido diferencias respecto a su extensión y excepciones. Así pues, de los bloques económicos en Suramérica, la can es la que más ha profundizado en el tema, al imple-mentar una legislación armonizada para todos los países miembros. Frente a lo desarrollado por este bloque, son varios los puntos que hay que analizar. La primera cuestión es si el régimen adoptado por la can realmente aporta a los objetivos de fortalecimiento del mercado común, toda vez que hasta el momento estos bloques económicos no se han consolidado debido a las diferencias que afrontan sus países miembros. La can ha optado por el régimen internacional del ago-tamiento del derecho de marca y, dado que este bloque económico no ha alcanzado un alto grado de consolidación, es debatible que lo haya adoptado, puesto que el régimen comunitario brinda mayor fortalecimiento y consolidación del mercado común. En ese sentido, fomentan en mayor medida los objetivos de señalados en el ac, tales como la integración económica, la formación gradual de un mer-cado común latinoamericano, la disminución de la vulne-rabilidad externa y el mejoramiento de la posición de los países miembros en el contexto económico internacional. El agotamiento internacional, por su parte, sitúa en posi-ción de desventaja a las empresas de los países de la can frente a empresas de otros bloques económicos o países que adoptan el agotamiento comunitario o nacional. Aunque algunos autores han resaltado los efectos positivos que el agotamiento internacional tiene frente al agota-miento comunitario, no son claras las razones que llevaron al legislador andino a adoptar este régimen. Lo anterior da lugar al planteamiento de que si lo que se buscaba era fortalecer el mercado común y el libre comercio intracomu-nitario, optar por el agotamiento comunitario hubiera sido una mejor opción, en la medida en que permite proteger la economía, las inversiones nacionales o comunitarias e impulsaría el comercio entre los países miembros. Por otra parte, el tjca ha interpretado la normatividad andina del agotamiento del derecho de marca en algunos aspectos, entre ellos, lo que se entiende por introducción en el comercio, respecto del cual se contemplan los actos de comercio y no únicamente la comercialización, a diferencia del agotamiento de marca en el eee. La Decisión 486, por medio de la cual se determinan el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en la Comu-nidad Andina y las demás normas que la rigen, solo puede ser interpretada por el tjca, ya que es el único órgano competente, de acuerdo a lo dispuesto en su tratado de creación y, sobre todo, porque con ello se asegura una apli-cación uniforme de las normas en toda la can (Concepto 02031947, 2002, párr. 5). En este sentido se entiende que la decisión es normativa o legislativa. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que el tjca no se ha pronunciado acerca de algunos temas específicos del artículo 158 de la Decisión 486 sobre el agotamiento del derecho de marca. Es decir, existen cues-tiones que no han sido objeto de interpretación prejudicial debido a que, hasta el momento, no se han presentado casos o situaciones que así lo requieran en este tema. Entre las cuestiones que se encuentran pendientes por aclarar se encuentra el consentimiento del titular, es decir, si este puede ser tácito o únicamente se acepta un consen-timiento expreso cuando un tercero invoca el agotamiento del derecho de marca. Por otra parte, tampoco ha aclarado si el consentimiento debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento, aunque, al parecer, una interpretación semejante a la que hace el tjce sería la solución más viable. Ahora bien, la legislación andina considera que varios pue-den ser los casos en los que una vez agotado el derecho de marca el titular del derecho puede oponerse a su posterior comercialización. Ha manifestado que cuando los produc-tos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos hubiesen sufrido alguna modificación, alteración o deterioro, el titular de la marca puede oponerse a los actos de comercio realizados por un tercero. Es decir, la modificación de los productos una vez comercializados le permite al titular del derecho invocar su ius prohibendi para impedir posteriores comercializaciones. Hasta el momento, el tjca no ha se ha referido a alteración de los productos cuando esta se sustente en la necesidad del importador para acceder a los mercados, y tampoco ha he-cho referencia a la reputación de la marca como factor que permita invocar su derecho cuando este se haya agotado. Respecto a este último, además de las consideraciones he-chas, cabe plantearse si el tjca adoptaría una interpretación similar a la que hace el ttjce para el caso específico de la comercialización de productos que gozan de una imagen de prestigio por parte de distribuidores autorizados o comer-ciantes paralelos en aquellos casos en los que la infracción Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 52 53 de las condiciones de comercialización impuestas por parte del titular de la marca producen un menoscabo de la sensación de lujo que emana de los productos. Finalmente, es necesario señalar que en la medida en que avancen en la integración del mercado comunitario andino, estas cuestiones serán desarrolladas por la legislación, ya que son necesarias para garantizar la función de la marca como instrumento para competir y para lograr el correcto funcionamiento del mercado. Referencias bibliográficas Basombrio, I. (2004). Integración andina: instituciones y derecho comunitario. Recuperado de http://www.cepal.org/brasil/ noticias/paginas/2/22962/BASOMBRIO-INTEGRA-CION% 20ANDINA-INSTITUCIONES%20Y%20 DERECHO.pdf Bercovitz, A. (2002). Apuntes de derecho mercantil (13ª ed.). Na-varra: Thomdon Reuters Aranzadi. Bercovitz, A. (2008). Concepto de marca. En Bercovitz, A. (Coord.), Comentarios a la Ley de Marcas (2ª ed.). Thom-son- Aranzadi. Callejon, M. (2001). Economía Industrial. Madrid: Civitas. Carbajo, F. (2009). La distribución selectiva y el comercio paralelo de productos de lujo. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. Comisión de la Comunidad Andina. (14 de septiembre de 2000). Decisión 486. Recuperado de http://www.comunidadan-dina. org/Normativa.aspx?GruDoc=07 Comisión de la Comunidad Andina. (25 de junio de 2003). Decisión 563. Recuperado de http://www.sice.oas.org/ trade/JUNAC/Decisiones/DEC563S.asp#ACart1 Comisión del Mercado Único y Asuntos Jurídicos. (2001). Audición sobre el agotamiento de los derechos conferidos a las marcas registradas. Recuperado de http://www.europarl. europa.eu/meetdocs/committees/juri/20010410-hearin-g/ 4-ontribution-BeteluBazu-ES.doc Comité Económico y Social Europeo. (2001). Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema "El agotamiento de los derechos conferidos por la marca registrada". Recuperado de http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/ PDF/?uri=CELEX:52001IE0042&from=ES Comunidad Andina. (2004). III Cumbre Presidencial Sudamerica-na Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones. Recuperada de http://intranet.comunidadan-dina. org/Documentos/DInformativos/SGdi693.doc Congreso Nacional de la República de Ecuador, Comisión de Le-gislación y Codificación. (2006). Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual Codificación 2006-013. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec031es.pdf Consejo Presidencial Andino. (1990). Acta de la paz. Recuperado de http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/ act30-11-90.htm Declaración de Guadalajara: Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Recuperado de http://www.integra-cionsur. com/americalatina/CumbreALatinaEuropaD-clGuadalajara. htm Decreto Supremo 28152. (17 de mayo de 2005). Recuperado de http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=198190 De las Heras, T. (1994). El agotamiento del derecho de marca. Madrid: Montecorvo. Espinoza, K. (s. f.). El acto de confusión como acto de compe-tencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial. Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, (5), 121-140. Recuperado de http://servicios.indecopi.gob. pe/revistaCompetencia/castellano/articulos/primave-ra2007/ ESPINOZA.pdf Fernández, C. (1990). Derecho de marcas. Madrid: Montecorvo. Fernández, C. (2001). Tratado sobre derecho de marcas. Madrid: Marcial Pons. Fernández, C., García, A., Framiñan, A. (2007). Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Granada: Comares. Fernández, M. (2005). Los motivos legítimos que impiden el agota-miento del derecho de marca. Granada: Comares. Galán, E. (2008). Derechos conferidos por la marca. En Berco-vitz, A. (Coord.), Comentarios a la Ley de Marcas (2ª ed.). Thomson-Aranzadi. Gorriz, C. (2007). Distribución selectiva y comercio paralelo. Navarra: Civitas. Herrero, M. (2010). La Contratación en el sector de la distribución comercial. 2ª ed. Navarra: Aranzadi. Lombeyda, M. (2013). Tratamiento del agotamiento del derecho sobre la marca en la Comunidad Andina. Iuris Dictio, 15, 191-204. Recuperado de http://www.usfq.edu.ec/ publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Do-cuments/ IurisDictio_15/iurisdictio_015_010.pdf López, Q. (2006). Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina. Valencia: Tirant Lo Blanch / Universidad de la Coruña. Marco, L. (2011). El ámbito territorial del agotamiento del derecho de marca en el ordenamiento comunitario y en el sistema normativo de la Organización Mundial del Comercio. En Galán, C., Carbajo, F. (Coords.), Marcas y distribución comercial (pp. 97-152), Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Mankiw, G. (2008). Principios de Economía (4ª ed.). Paraninfo. Martin, A. (2001) El llamado comercio paralelo en el derecho mer-cantil europeo. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. Martín, P. (2008). Agotamiento del derecho de marca. En Bercovitz, A. (Coord.) Comentarios a la Ley de Marcas (2ª ed.). Thomson-Aranzadi. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2002). Seminario de la ompi para los países andinos sobre la obser-vancia de los derechos de propiedad intelectual en la frontera. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/ es/ompi_pi_sem_bog_02/ompi_pi_sem_bog_02_1.pdf Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2010). Reu-nión regional de directores de oficinas de propiedad industrial y de derecho de autor de América Latina. Recuperado de http://www.inapi.cl/portal/prensa/607/articles-1347_re-curso_ 1.pdf Parlamento Europeo y del Consejo. (2008). Directiva 2008/95/ CE. Recuperado de http://eur-lex.europa.eu/legal-con-tent/ ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&rid=1 Parra, C. (2002). Relación entre propiedad intelectual y de-recho de la competencia: mucho más que asuntos de competencia desleal. Revista La Propiedad Inmaterial, 5. Recuperado de http://portal.uexternado.edu.co/ pdf/5_revistaPropiedadInmaterial/rpi5/revPropieda-dInmaterial05. pdf Presidencia de la República de Perú. (24 de junio de 2008). De-creto Legislativo 1033. Recuperado de http://www.wipo. int/wipolex/es/text.jsp?file_id=195678 Robles, G. (1995). Las marcas en el derecho español. Madrid: Civitas. Roncero, A. (1999). El contrato de licencia de marca. Madrid: Civitas. Ruiz, J. (2005). Agotamiento comunitario de la marca y agota-miento internacional de la doctrina del tjce. En Vilata, S. (Coord.), El papel de la jurisprudencia del tjce en la armoni-zación del derecho europeo. Situación y perspectiva tras cincuenta años (p.p. 353-392). Valencia: Universidad de Valencia. Secretaria General de la Comunidad Andina. (24 de enero de 2002). Resolución 590. Recuperado de http://intranet.comunida-dandina. org/Documentos/Gacetas/GACE755.PDF Superintendencia de Industria y Comercio. (2002). Concepto 02007889. Recuperado de http://www.sic.gov.co/recur-sos_ user/historico/d2011sic8503.htm Superintendencia de Industria y Comercio. (2002). Concepto 02031947. Recuperado de http://www.sic.gov.co/recur-sos_ user/historico/d2011sic8303.htm Superintendencia de Industria y Comercio. (2002). Concepto 02065886. Recuperado de http://www.sic.gov.co/ recursos_user/documentos/conceptos/2002/Agos-to/ 02065886.php Superintendencia de Industria y Comercio. (2008). Marcas. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Superin-tendencia de Industria y Comercio. Bogotá. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (17 de marzo de 1995). Proceso 10-IP-94. Recuperado de http://intranet.co-munidadandina. org/Documentos/Procesos/10-IP-94.doc Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (29 de agosto de 1997). Proceso 11-IP-96. Recuperado de http://intranet. comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace299.pdf Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (21 de abril de 1998). Proceso 17-IP-98. Recuperado de http://www. comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=09 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (31 de mayo de 2000). Proceso 33-IP-2000. (MP Guillermo Chahin Liz-cano). Recuperado de http://intranet.comunidadandina. org/Documentos/Gacetas/gace581.pdf Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (4 de octubre de 2000). Proceso 66-IP-2000. (MP Rubén Herdoiza Mera). Recuperado de http://intranet.comunidadandina.org/ Documentos/Gacetas/GACE613.PDF Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (13 de enero de 2005). Proceso 116-IP-2004 Recuperado de http:// intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/ Gace1172.pdf Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (16 de noviembre de 2005). Proceso 167-IP-2005. Recuperado de http:// intranet.comunidadandina.org/Documentos/Proce-sos/ 167-IP-2005.doc Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea. (31 de octubre de 1974). Asunto 16/74. Recuperado de http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=- CELEX:61974CJ0016&from=EN Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 54 55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. (23 de abril de 2002). Asunto C- 143/00. Recuperado de http://oami. europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000143.pdf Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. (18 de junio de 2002). Asunto C- 299/99. Recuperado de http://oami. europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ990299.pdf Turienzo, R. (2007). Proceso de integración en Sudamérica. Un proyecto más ambicioso: La Comunidad Sudamericana de Naciones. Recuperado de http://www.idee.ceu.es/access. php?file=/secure/PDF%20WEB%20OK%20Doc%20 n%BA%2027%20Raquel%20Turienzo%20serie%20 Uni%F3n%20Europea%20(IUEE)%20(Docuweb).pdf Uzcategui, M. (s.f.). Exclusividad de la marca y derechos de la libre competencia. Recuperado de http://www.cjp.ula.ve/ gpi/documentos/LIBRECOMPETENCIA.pdf Zuñiga, H. (2014). Jerarquía e interacción de fuentes en el marco del derecho comunitario andino. Revista de Economía y Derecho, 11(41), 7-27. Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55 Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, págs 40 - 55

La presente tesi non è solo l'esito di una ricerca su un precetto giuridico controverso, ma è anche la narrazione di un processo personale di scoperta, che a partire dallo studio di una specifica norma ha fatto emergere la complessità delle interazioni nell'ambito delle politiche in materia penale, economica, e finanziaria. Partendo da un approccio microsociologico focalizzato sull'analisi di una determinata norma penale, il reato di riciclaggio,1 la ricerca ha dovuto confrontarsi con temi di interesse macrosociologico, al fine di inserire l'analisi della legge all'interno di un contesto più ampio di politiche nazionali, europee e internazionali, di attori e di governance transnazionale. Per mantenere la scientificità dell'elaborato ho omesso di esprimere opinioni personali sui temi, talvolta di carattere fortemente politico, e ho cercato, invece, di presentare aspetti critici e discussioni aperte fornendo una visione completa e imparziale delle contrastanti argomentazioni in modo da lasciare il lettore libero di trarre le proprie conclusioni. Il riciclaggio di denaro sporco è il processo tramite cui a proventi di reati viene data un'apparenza di essere stati guadagnati in modo illecito. È un reato tipico della cosiddetta 'zona grigia', poiché avviene al confine tra la sfera della legalità e quella dell'illegalità. Nel momento in cui profitti realizzati illecitamente si mescolano ai flussi di denaro lecito è molto difficile discernere ciò che ha un'origine legale da ciò che è stato guadagnato illegalmente. Il reato di riciclaggio di denaro sporco è stato introdotto proprio per affrontare questa difficoltà ed impedire che le strutture legittime dell'economia e della finanza globale venissero abusate da trasgressori al fine di ripulire i proventi di reato. Infatti i flussi di denaro sporco utilizzano spesso gli stessi canali usati per le transazioni lecite; la loro riuscita dipende dalla cooperazione di professionisti quali avvocati commerciali, agenti finanziari, commercialisti, la cui reputazione è raramente sospetta. Data questa promiscuità spesso la gravità del fenomeno è sottovalutata dal pubblico che non ha gli strumenti per riconoscerne la pericolosità, anche a causa dell'assenza di vittime dirette. Dall'altra parte le stime sulla quantità di proventi di reato riciclati a livello mondiale (che oscillano tra il 2,5 % e il 5,5 % del PIL globale) richiamano l'attenzione su quella che Dalla Chiesa definisce la mitologia del volume dell'economia criminale,2 e una parte della letteratura descrive il riciclaggio come il lato oscuro della globalizzazione,3 e come uno dei maggiori problemi dell'era moderna.4 Con questa ricerca ho voluto mettere in discussione l'efficacia del reato di riciclaggio nel far fronte al fenomeno dell'infiltrazione dei flussi di denaro sporco nell'economia lecita. Sebbene la pratica di nascondere i proventi di reato in modo da evitare la persecuzione giudiziaria risalga probabilmente a molto tempo addietro, il concetto giuridico di riciclaggio è relativamente recente ed è stato introdotto nei codici penali nella maggior parte del mondo a partire dalla fine degli anni 80.5 Nel frattempo un gran numero di autori si è scagliato contro la scarsa efficacia delle legislazione anti-riciclaggio6, nonostante le innumerevoli novità introdotte e i cospicui ammendamenti che hanno in larga parte espanso il campo di applicazione della normativa. La decisione di scegliere il contesto tedesco come caso di studio deriva dal fatto che il paese è considerato avere un rischio particolarmente alto di riciclaggio di denaro sporco. Secondo il rapporto emesso dal 2010 dal GAFI (Groupe d'Action Financière), dal FMI (Fondo Monetario Internazionale) e dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico)7 ci sono alcuni fattori che rendono la Germania propensa ad essere usata al fine di riciclaggio di denaro sporco: il volume del sistema economico-finanziario, la locazione strategica al centro dell'Unione Europea con forti legami internazionali, l'uso diffuso di denaro contante,8 l'apertura delle frontiere, la vastità del settore informale, l'importante ruolo a livello di economia globale, e il coinvolgimento nei flussi di denaro transfrontalieri. Anche i media, a partire soprattutto dalla pubblicazione del citato rapporto, hanno attirato l'attenzione del pubblico sul fenomeno, descrivendo la Germania come "paradiso" o "Eldorado" per i riciclatori. Alcuni recenti scandali hanno visto coinvolte prominenti banche tedesche, come la Deutsche Bank, la Commerybank e l'Hyopovereinsbank, contro cui procure straniere hanno sollevato l'accusa di riciclaggio di denaro sporco.9 La legislazione in atto, ed in particolare l'articolo 261 del codice penale tedesco, non sembra essere sufficientemente efficace per contrastare il fenomeno, nonostante gli abbondanti emendamenti e il continuo processo di aggiornamento e di espansione del campo di applicazione della norma. Al fine di spiegare questa per lo meno apparente incapacità della norma di fare fronte al fenomeno del riciclaggio, ho costruito l'ipotesi di ricerca sulla base delle teorie sociologico-giuridiche relative all'efficacia del diritto, alle funzioni manifeste e latenti delle norme e quindi alle intenzioni espresse e non dal legislatore, all'efficacia simbolica del diritto e di singole legislazioni e all'impatto, inteso come comprensivo degli effetti indesiderati o collaterali. L'ipotesi di ricerca è che la norma esplichi una funzione simbolica di allineamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo e transnazionale, di compromesso tra gli interessi politici in gioco, e di creazione di consenso pubblico verso il legislatore per essersi occupato della questione. Si ipotizza che il legislatore abbia quindi consapevolmente accettato o addirittura scelto di formulare una norma strumentalmente poco efficace, ma simbolicamente capace di raggiungere i suoi obiettivi latenti. Si solleva inoltre l'ipotesi che la norma sia stata appositamente approvata con lo scopo di non modificare lo status quo delle relazioni e strutture economiche, e di permettere quindi l'ingresso di capitali sporchi nel paese, sulla base del motto pecunia non olet. La suddetta ipotesi viene parzialmente smentita dai risultati della ricerca empirica. La ricostruzione del processo di produzione legislativa mette in risalto l'esistenza di svariati e contrastanti interessi e della forte pressione esercitata dagli organismi internazionali per l'introduzione e lo sviluppo del reato di riciclaggio, e conferma, quindi, l'argomentazione che la norma sia stata approvata in un contesto di pressione politica esterna e di necessità di trovare un compromesso tra diverse parti politiche. Anche l'analisi degli aspetti problematici dell'articolo 261 del codice penale tedesco messi in risalto dalla dottrina supporta l'ipotesi della simbolicità della norma. Il fatto che il legislatore abbia formulato un reato così complesso crea evidenti problemi di integrazione dello stesso all'interno del sistema penale tedesco, e quindi di accettazione da parte degli studiosi e potenzialmente da parte degli operatori del diritto. Inoltre, la scelta di costruire un reato così complesso riflette la necessità di venire a compromesso con opposti interessi, ma potrebbe essere anche essere interpretata come un disinteresse al raggiungimento di un'efficacia materiale. La ricerca empirica sull'implementazione dell'articolo 261, invece, smentisce l'idea che la norma abbia un'efficacia puramente simbolica. Infatti il numero di condanne, di investigazioni, ed in generale l'uso ricorrente della legge riscontrato nelle statistiche criminali provano che essa conduca ad effetti strumentali, oltre che simbolici. Inoltre, nella prospettiva di alcuni degli operatori del diritto e degli esperti intervistati, l'articolo 261 è percepito come una norma particolarmente efficiente, sia in relazione alle quote di chiarimento, che come strumento di demarcazione tra comportamenti leciti e illeciti, in un contesto di deregolamentazione del settore finanziario. Da un'analisi piè ravvicinata delle statistiche e di altri rapporti emessi da enti internazionali e nazionali emerge però un quadro non così univoco: La norma sembra colpire più le vittime dei network criminali che operano a livello transnazionale che gli autori, perché spesso i colpevoli sono coinvolti in transazioni sospette in cambio di guadagni monetari. Le cospicue indagini finanziarie non riescono a raggiungere coloro che operano dietro gli esecutori dei reati minori, ed infatti la maggior parte di esse si concludono senza una condanna per riciclaggio. Questo a fronte di un volume di denaro sporco circolante nel paese che rimane allarmante, secondo alcuni degli studi analizzati. Se da una parte i risultati dell'applicazione della norma, sebbene strumentali, non possono considerarsi soddisfacenti, perché non sono riusciti ad evitare l'ingresso di capitali illeciti nell'economia nazionale, dall'altra parte sembra che l'esistenza di interessi profondamente contrastanti in gioco renda quasi impossibile la formulazione di un reato piè efficace. La tesi è composta da cinque capitoli, un'introduzione e una conclusione. Nel primo capitolo espongo le teorie sociologiche adottate per la valutazione di efficacia della norma e il metodo della ricerca. Inizialmente richiamo concetti di efficacia forniti da discipline affini alla sociologia del diritto - tra cui per esempio il concetto di efficienza e di efficienza indipendente rispetto allo scopo (zielunhabhängige Effizienz) riferito agli apparati amministrativi - che torneranno utili per l'interpretazione dei risultati delle interviste. Successivamente procedo con una panoramica sulle definizioni di efficacia del diritto fornite in sociologia del diritto, sulla ci base adotto una nozione "elastica" -riprendendola da Ferrari- di efficacia di una norma che guarda alle funzioni della norma e alle intenzioni del legislatore, in una prospettiva "intenzionalistica": "la corrispondenza fra un disegno politico di utilizzo di uno strumento normativo e i suoi effetti". Tale nozione, oltre a prestarsi ad un'analisi critica del diritto, fornisce indicazioni utili per l'analisi empirica dell'efficacia della legge in questione. In particolare ritengo utile considerare le seguenti variabili: le intenzioni latenti e manifeste del legislatore, gli scopi diretti e ed indiretti, l'eventuale efficacia simbolica del diritto, l'implementazione, la ricezione della norma nel senso di accettazione nel sistema giuridico e di interpretazione e percezione da parte degli operatori giuridici. Nella seconda parte si evidenzia il rilievo di tali variabili con riferimento specifico al diritto penale. In conclusione, sulla base delle riflessioni teoriche, formulo l'ipotesi sull'efficacia simbolica del reato di riciclaggio nell'ordinamento tedesco, che verrà poi verificata nei capitoli successivi. Nello specifico, presumendo che il reato di riciclaggio, introdotto come strumento fondamentale della lotta alla criminalità organizzata, così com'è formulato non adempie agli scopi dichiarati, nonostante gli innumerevoli emendamenti finalizzati proprio ad aumentarne l'efficacia, ipotizzo un'efficacia simbolica della norma, introdotta per offrire un'immagine di efficienza al pubblico (elettori). Inoltre sollevo l'ipotesi che la norma sia stata emanata appositamente inefficace per neutralizzarne le aspirazioni di punizione delle condotte illecite tipiche dei colletti bianchi, in una lettura moderna del conflitto sociale che avviene tramite l'emanazione di norme, con la volontà di decriminalizzare secondariamente comportamenti tipici delle classi forti. Nel secondo capitolo analizzo il processo legislativo a livello internazionale, europeo e nazionale. Il processo che ha portato alla creazione del reato di riciclaggio a livello internazionale viene ricostruito tramite dichiarazioni di intenti degli attori partecipanti, opinioni pubblicate, trascrizioni dei dibattiti parlamentari. Una particolare attenzione è posta sulle diverse intenzioni degli attori che hanno partecipato alla formulazione del reato. Il processo legislativo che ha portato alla formulazione dell'attuale legislazione anti-riciclaggio è un processo complesso, in cui diversi attori partecipanti hanno contribuito con differenti aspettative e dunque attribuendo diverse funzioni alla criminalizzazione del riciclaggio. Al fine di permettere svariate interpretazioni del dettato normativo in modo da soddisfare i differenti bisogni, e con lo scopo di trovare un compromesso tra gli interessi divergenti, il reato di riciclaggio è stato formulato in modo vago. Mentre alcuni Stati (ad esempio la Francia) inizialmente sostenevano l'introduzione del reato con lo scopo di combattere i paradisi fiscali e rafforzare la lotta all'evasione fiscale, altri Stati, come la Svizzera, hanno accettato di firmare l'accordo internazionale sulla criminalizzazione del riciclaggio solo a condizione che l'evasione fiscale non fosse inserito nella lista dei reati antecedenti. Con la nascita del GAFI la policy viene usata allo scopo di difendere l'integrità del sistema finanziario dall'infiltrazione di capitale illecito e dal 2001 si aggiunge la funzione di lotta al finanziamento del terrorismo. Tramite la soft law emanata dal GAFI per la prevenzione del riciclaggio, si trasferiscono compiti solitamente pubblici al settore privato: banche e istituti finanziari devono segnalare alla polizia ogni transazione sospetta, devono raccogliere e mantenere informazioni sui clienti e verificare le identità dei clienti. L'Unione Europea finora ha emanato quattro direttive nell'ambito del riciclaggio, l'ultima risale al 20 maggio 2015. Inizialmente la CE non aveva competenza in ambito penale, perciò la materia riciclaggio fu assorbita nella sfera economica (DG Economia e industria). La funzione dichiarata dal legislatore è la protezione del mercato interno, con particolare riguardo al fatto che i criminali possano sfruttare la libera circolazione dei capitali e l'eliminazione delle frontiere. Le direttive esprimono anche la volontà di impedire agli stati membri di emanare regolamentazioni che possano bloccare il libero mercato al fine di difendere le proprie economie dall'infiltrazione di capitale illecito. Emerge dunque un ulteriore conflitto di interessi. Nella seconda parte ricostruisco il processo legislativo e le evoluzioni interne alla Germania fino al momento della scrittura e fornisco il quadro del sistema repressivo e di prevenzione anti-riciclaggio. L'articolo 261 StGB è stato introdotto con legge Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität, quindi nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata. Il dibattito parlamentare rileva che la norma è il frutto di un compromesso sotto diversi aspetti, non ultimo il fatto che è stata emanata del 1992, a pochi anni dalla riunificazione, e che quindi è parte del processo di negoziazione per la formazione di un diritto penale adattabile alle due culture giuridiche. Il legislatore tedesco evidenzia alcune funzioni della norma: la lotta al consumo di eroina e al traffico di stupefacenti, la diffusione e la pericolosità della mafia alla luce dei fatti recenti italiani, la volontà di proteggere l'amministrazione della giustizia e di isolare i criminali puntando alla criminalizzazione dei cosiddetti gate-keepers. Nel terzo capitolo individuo alcuni dei problemi sollevati dalla dottrina tedesca sul piano teorico con riferimento alla criminalizzazione del reato di riciclaggio nel contesto del sistema penale tedesco. Uno dei temi più discussi è relativo al bene giuridico protetto. La dottrina non ha ancora trovato un accordo su quale interesse sia protetto dall'articolo 261 StGB, le ipotesi sono: gli interessi dei reati antecedenti, l'amministrazione della giustizia, il sistema finanziario e la sicurezza. La vaghezza del dettato normativo non aiuta a trovare un interpretazione dottrinale univoca. La questione del bene giuridico protetto, lungi dall'essere una mera questione teorica, risente delle diverse funzioni attribuite alla norma dagli attori partecipanti al processo legislativo. Finora la giurisprudenza, che pur è intervenuta a chiarire altre questioni relative alla norma, non è intervenuta sul tema. Un altro tema su cui il dibattito è ancora aperto è il fatto di aver previsto al comma 5 l'ipotesi di colpa lieve, in controtendenza rispetto al legislatore europeo. Questo, secondo alcuni studiosi porta all'assurdo per cui anche il panettiere Tizio che vende del pane ad un evasore fiscale Caio potendo aver riconosciuto che Caio fosse un evasore, si rende colpevole di riciclaggio. La questione del livello di mens rea richiesto per una condanna per riciclaggio era sorta anche durante il dibattito parlamentare e l'introduzione del comma 5 è stato sostenuto da un emendamento della SPD che avrebbe voluto criminalizzare anche l'ipotesi di colpa lievissima. Questo, secondo la CDU avrebbe messo un freno al mercato e alle transazioni, poiché avrebbe costituito una minaccia per chiunque avesse intrapreso operazioni economiche. Essendo la funzione della norma incerta, la dottrina si divide tra chi sostiene che questa vasta criminalizzazione faccia perdere il senso del reato che sarebbe invece colpire i criminali che agiscono con intento, e chi invece sostiene che la norma abbia lo scopo di impedire qualsiasi infiltrazione di denaro illecito e quindi richieda una responsabilizzazione di tutti colori i quali prendano parte in operazioni finanziarie o economiche. Ancora una volta l'indeterminatezza del precetto legislativo è di ostacolo ad un'interpretazione univoca. Il quarto capitolo offre un'analisi qualitativa delle statistiche officiali sull'implementazione della legge dal 1992 ad oggi da parte delle istanze repressive e di prevenzione. Tra i dati analizzati i più rilevanti sono per esempio il numero di segnalazioni di transazioni sospette ricevuto dalle procure, il numero delle investigazioni condotte, il numero di condanne effettivamente inflitte ed eseguite e per quale delle ipotesi di riciclaggio, il volume di denaro confiscato. Essendo tali numeri indici del funzionamento del sistema penale e non del fenomeno del riciclaggio per sé, in conclusione si confrontano tali statistiche con le stime sul volume di flussi illeciti in Germania. Tale analisi, non potendo dare conto del numero dei reati evitati, sulla base dell'efficacia deterrente della norma, non intende esaurire il giudizio di efficacia della legislazione. Tra i risultati più rilevanti vi sono il fatto che il 60% delle persone condannate vengono condannate per l'ipotesi di colpa lieve, che solitamente consiste in casi in cui una persona poco abbiente ha accettato di far usare il proprio conto a terzi per operazioni sospette in cambio di un guadagno. Nel 5% dei casi le condanne sono inflitte per le ipotesi aggravate di commissione da membro di un'associazione criminale o in forma commerciale. Nel 90% dei casi le transazioni sospette segnalate alle procure portano a una chiusura dei procedimenti per mancanza di indizi che possano sostenere un rinvio a giudizio. La norma sembra colpire delinquenti minori e non grandi gruppi criminali, né altri delinquenti più potenti. Si ipotizza inoltre che l'incapacità di sostenere un rinvio a giudizio nonostante le informazioni acquisite e le indagini preliminari riduce la capacità deterrente della norma e permette, invece, ai criminali di conoscere le modalità di funzionamento del sistema repressivo e agire di conseguenza. Inoltre, le transazioni sospette sono segnalate nel circa 90% dei casi sa parte di istituti di credito, mentre gli altri enti obbligati dalla legislazione non sembrano partecipare attivamente al processo preventivo, in particolare il settore forense e immobiliare e del gioco d'azzardo. Sulla base di questi dati si ipotizza un effetto spill-over, ossia un trasferimento di illegalità dai settori più controllati a quelli meno controllati. I rapporti pubblicati dalla polizia, invece, considerano l'articolo 261 StGB come una norma con una delle più alte quote di chiarimento (ca 90%), quota calcolata sul numero di casi chiariti dal sistema penale, a prescindere dalle modalità di chiarimento. Per quanto riguardo il volume di denaro riciclato, il capitolo richiama alcune delle stime pubblicate da diversi enti, tra cui il Fondo Monetario Internazionale, il GAFI e la polizia criminale federale. Essendo il fenomeno del riciclaggio un campo in cui la cifra oscura è stimata essere molto alta, tali dati non possono essere presi come misura obiettiva del fenomeno. Infine il capitolo si conclude richiamando alcune analisi del tipo costi-benefici per misurare l'efficacia delle politiche anti-riciclaggio o alcune delle sue norme, condotte da enti terzi. Tali analisi sembrano concordare nel considerare i costi di implementazione della politica più alti rispetto ai benefici conseguenti. Nel quinto capitolo, infine, vengono discussi i risultati della ricerca empirica con gli operatori giuridici e con alcuni osservatori privilegiati, in modo da fornire una prospettiva interna sul funzionamento della norma. Tramite le interviste condotte si mettono in luce aspetti della prassi giuridica non fotografati dalle statistiche, allo scopo di offrire un'immagine dell'impatto della legge quanto più vicina possibile alla realtà. La ricerca empirica si avvale di interviste con operatori del diritto e con osservatori privilegiati che siedono in posizioni ministeriali rilevanti nella lotta al riciclaggio. La metodologia adottata è di tipo qualitativo, è stato fatto uso di interviste semi-strutturate a operatori del diritto e a osservatori privilegiati. Il capitolo presenta le percezioni degli intervistati su quattro temi principalmente: la dimensione del fenomeno del riciclaggio, l'adeguatezza tecnica della legislazione, i conflitti di interesse intrinseci alla legge e sorti dall'applicazione della norma e l'efficacia delle legge. A fronte di un rapporto emesso da quattro ONG nel novembre 2013, sulla base di statistiche prodotte dall'UNODC e dal Fondo Monetario Internazionale, e immediatamente riprese dai media, che descrive il paese come "Eldorado" per i riciclatori,10 le interviste sono dirette a cogliere l'opinione dei rispondenti sulle dimensioni del fenomeno del riciclaggio in Germania. Un intervistato ritiene inaccettabile desumere dal PIL tedesco il volume di affari del crimine organizzato nel paese, e obietta che non si possa, sulla base del giro d'affari del centro finanziario di Francoforte, definire lo stesso come centro di riciclaggio di denaro sporco. Un altro intervistato, dichiara, al contrario, che sicuramente il fatto che la Germania abbia un'economia stabile ed un settore bancario affidabile attiri coloro che vogliano investire proventi illeciti, neppure quest'ultimo possiede, però, dati affidabili sulla quantità di denaro riciclato. Il riciclaggio, come altri fenomeni legati alla criminalità organizzata, è una fattispecie che per definizione sfugge alle autorità e ai confini nazionali. Lo scopo dello stesso è nascondere proventi di reato e sottrarli in questo modo al sistema repressivo, questo è sicuramente un elemento che rende complessa, se non impossibile, la sua quantificazione. D'altra parte, osservano i soggetti intervistati autori del Rapporto del 2013, l'incapacità di fornire statistiche rilevanti dopo più di 20 anni di lotta al riciclaggio, sembra essere un sintomo di una carente volontà politica nel contrastare efficacemente il fenomeno. Secondo gli osservatori privilegiati se la Germania fosse davvero un paradiso per i riciclatori, ciò non sarebbe collegabile ad un deficit legislativo, dato l'impegno del governo nella lotta al riciclaggio, negando, quindi, l'accusa rivolta dai media per cui i criminali sceglierebbero il paese tedesco ai fini di riciclaggio di denaro sporco sulla base delle lacune normative. Agli intervistati è stato chiesto di evidenziare aspetti positivi e problematici della legislazione. Tra i più rilevanti vi sono: la necessità di bilanciare il bisogno di punire la condotta di riciclaggio e rispettare i principi fondamentali del sistema giuridico, il disinteresse da parte degli istituti finanziari nell'indagare l'origine del capitale investito dai clienti, anche in caso di sospetto di provenienza criminale, a causa della possibile conseguente perdita di reputazione nell'ipotesi di apertura di investigazioni da parte delle autorità sul cliente sospetto. Vi è poi una difficoltà materiale nel condurre indagini finanziarie, che spesso, conducono a condotte illecite commesse all'estero; sul punto si osserva che le condotte di riciclaggio, intese come operazioni atte ad ostacolare la provenienza delittuosa, non avvengono su territorio tedesco, bensì all'estero, il denaro che entra in Germania, è, quindi, già "pulito". Inoltre, l'articolo 261 è stato introdotto nel sistema tedesco come trasposizione di una direttiva Europea e non rifletteva una necessità interna dello Stato; la formulazione così vaga, infatti, si presta più per il sistema giuridico degli Stati Uniti, in cui non vige l'obbligo dell'azione penale, mentre in Germania, dove i pubblici ministeri hanno l'obbligo di azione penale, tale norma porta ad iniziare numerose indagini senza avere la capacità di proseguirle. In generale, gli intervistati rappresentanti dei Ministeri rilevano la forte pressione subita da parte del GAFI e dell'Unione Europea per l'emanazione della legge anti-riciclaggio e concordano nel dire che se la norma fosse stata creata sulla base di una necessità e di un dibattito nazionale sarebbe stata scritta diversamente. C'è chi individua nel sistema penale le cause di inefficacia dell'articolo 261, nello specifico, la limitata possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche, le restrizioni in materia di inversione dell'onere probatorio, e lo scarso utilizzo della confisca dei proventi di reato a causa del disinteresse da parte delle procure (gestite a livello di Bundesländer) nell'investire risorse in tal senso dato che i beni confiscati non resterebbero in mano al Bundesland ma verrebbero raccolti in un fondo federale e poi spartiti. Si osserva una generale mancanza di risorse pubbliche che porta ad una carenza di personale coinvolto nelle investigazioni e, quindi, ad una incapacità di far fronte ai processi in corso in modo efficace. Per questo motivo, i pm non hanno la capacità di indagare più a fondo casi di riciclaggio all'apparenza semplici, ma che potrebbero portare alla luce organizzazioni criminali operanti nell'ombra. Alla totalità degli intervistati è stata chiesta un'opinione sull'efficacia della legge. L'articolo 261 del codice penale tedesco è stato definito da un soggetto "una legge scritta in modo indecente, che produce risultati banali sul piano delle statistiche criminali, soprattutto con riferimento alle condanne per riciclaggio in grossi casi di criminalità economica". Il reato è così difficile da provare in giudizio, che risulta facile, per la difesa, sfruttare le lacune legislative per evitare una condanna per riciclaggio. I rappresentanti dei Ministeri confermano che la lettera dell'articolo 261 crea confusioni e che quindi l'accusa, pur trovandosi di fronte ad un caso di riciclaggio spesso preferisca perseguire i delitti presupposto. Questo non è, però, un sintomo di inefficacia, dato che l'effettività a cui mira il Ministero dell'interno non è data dal numero di condanne per riciclaggio, ma dal numero di casi risolti, e quindi dal numero di condanne in generale, a prescindere dall'imputazione. D'opinione opposta un altro intervistato che ritiene che l'articolo 261 non abbia alcuna capacità deterrente nei confronti della criminalità organizzata, "la norma ricorre così raramente nella prassi giudiziaria che di fatto non rappresenta una "minaccia" per i potenziali criminali". I soggetti intervistati esprimono più soddisfazione a riguardo della legislazione di prevenzione (GWG); in particolare, con riferimento alle piccole e medie imprese, per le quali è difficile riconoscere tra i partner commerciali coloro i quali investono denaro di provenienza illecita, la possibilità di affidarsi alle autorità investigative, in caso di sospetto è fondamentale. Un avvocato specializzato in compliance per società, descrive la norma preventiva come molto efficace e severa, tanto che è impossibile per le aziende, specialmente per quelle di medie o piccole dimensioni, adempiere a tutti gli obblighi prescritti dalla norma, ma, egli osserva, l'efficacia del sistema sta proprio nel fatto che le autorità di controllo, consapevoli dell'elevata rigorosità della legge, chiudono un occhio di fronte a lievi inadempienze. Una legge meno severa e un controllo più fiscale non otterrebbero la stessa efficacia, perché la norma non avrebbe lo stesso potenziale deterrente. L'efficacia all'interno delle amministrazioni responsabili per la lotta al riciclaggio è interpretata come efficienza dell'apparato, per questo motivo, non ci sono verifiche sull'efficacia degli strumenti giuridici sulla base degli scopi dichiarati, quanto piuttosto sulla correttezza del funzionamento dell'amministrazione e sulle possibilità di migliorarlo; il punto è capire come migliorare, non se il sistema sia efficace o no. Agli intervistati è stata chiesta un'opinione sull'eventuale efficacia simbolica della legislazione. La maggioranza delle risposte è stata negativa, gli sforzi compiuti da parte dello Stato -e quindi delle procure, della autorità competenti e della polizia- nel contrastare il riciclaggio e la criminalità economica non possono essere considerati simbolici. Alcuni intervistati ritengono assolutamente necessaria e strumentale – e quindi non simbolica- l'esistenza del reato nel codice penale come demarcazione di illegalità di tali condotte e come strumento atto a contrastare la criminalità economica perché mette in chiaro entro quali limiti le società possano perseguire profitti in modo legittimo. Di opinione diversa, invece, gli avvocati penalisti i quali si sono detti favorevoli a tale definizione sulla base dello scarso numero di condanne e soprattutto sulla mancata previsione da parte del Governo di mezzi adeguati per l'implementazione della legislazione. Lo stesso è osservato dal terzo settore, il quale sostiene che, a fronte di una legge complessa, oggetto di svariati emendamenti nel corso degli anni, non c'è stato un sufficiente impegno sul versante dell'implementazione; il coinvolgimento del GAFI e dell'OECD nella lotta al riciclaggio è percepito come un modo per creare posti di lavoro e nuove figure professionali, più che un'arena dove discutere efficaci strumenti di lotta ai reati economici. Altri elementi interessanti riscontrabili nelle interviste sono i conflitti di interessi che emergono dall'applicazione delle leggi anti-riciclaggio. Tra essi, vi è il dibattito tra il Ministero dell'Interno e quello di Giustizia in riferimento all'adeguatezza dello strumento penalistico nel contrastare la criminalità economica, dibattito già affrontato dalla dottrina, a cui, però finora, non è stata data una risposta univoca. Da una parte il Ministero dell'Interno auspica un intervento giuridico più deciso, che, per esempio, ricomprenda il reato di riciclaggio nella responsabilità penale degli enti (non ancora esistente in Germania) e sollecita una svolta politica generale in tema di criminalità economica dalla deregolazione del mercato finanziario all'intervento dello Stato in ambito economico ai fini di chiarire i comportamenti leciti e quelli illeciti. Dall'altra parte, il Ministero della Giustizia considera erroneo il ricorso al diritto penale ai fini di risolvere problemi di tipo economico o finanziario e cerca di frenare la tendenza moderna alla proliferazione penale, a favore di un intervento di tipo preventivo-sociale. A tal proposito, si osserva che agli incontri del GAFI a cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri di Giustizia, coloro che provino a richiamare l'attenzione sulla necessità di rispettare i principi fondamentali costituzionali e di limitare l'intervento penale a tutela dei cittadini, vengano tacciati di non voler combattere la criminalità organizzata in modo efficace. In conclusione riapro la prospettiva a livello globale ed inserisco il reato di riciclaggio in una riflessione più ampia sulla governace finanziaria. In una prospettiva storica di analisi delle politiche economiche recenti si osserva come vi sia stata una tendenza a deregolare il mercato per mano delle istanze tradizionali pubbliche, e al contempo un aumento di strumenti transnazionali di cosiddetta soft-law che si sono fatti portatori di interessi particolari. Finché questa conflittualità non verrà risolta sarà impossibile impedire il riciclaggio di denaro sporco. Con particolare riferimento al contesto europeo, si prende atto che è stato molto più facile chiudere le frontiere per le persone fisiche e non a quelle giuridiche o ai capitali. ; This paper aims to question the sociolegal1 effectiveness of the money laundering offence.2 The literature that assesses the effectiveness of the anti-money laundering system is abundant. While most of it does not question the regime's goals this paper takes a step back and critically looks at the law-making process. In addition, while most studies have assessed the effectiveness of anti-money laundering law by looking at statistical outcomes, this paper takes a step forward and tries to explain those statistics by looking at legal praxis and at indirect effects. The significance of the research derives from the insertion of the analysis on money laundering offence in a broader political, economic and historical context. The methodology adopted is qualitative, with the intended purpose of underlining the complexity of the issue tackled, rather than reducing it through a quantitative approach. While most of the existing literature has quantitatively assessed the effectiveness of the anti-money laundering regimes on the basis of statistical data and other quantitative indexes and has tried to reduce the complexity of the issue by measuring it numerically, this research adopts a qualitative methodology, which instead highlights the entanglement and the different perspectives on the question. Money laundering is the process of giving profits originated illegally an appearance of having been made lawfully.3 Due to the tightening of economic criminal policies that limit the possibility of integrating ill-gotten gains in the legitimate economy, offenders have developed more and more complex methods and subterfuges to launder proceeds of crime, so the rise of a proper 'money laundering industry' (industria del riciclaggio) is mentioned.4 The total volume of money laundered is estimated to amount to between 2,5 and 5, 5 % of the world GDP.5 Due to the borderline nature of money laundering, which happens between the so-called 'legitimate economy' and the 'dirty economy', and thus involves different actors such as banks, the financial sector, certain professions and businesses, offenders, victims and law enforcement agencies, the legal response needs to compromise with all the various economic, political, social and financial interests at play. Furthermore, where legitimate business intermingles with illegal business and legitimate funds with illicit funds, it is very difficult to distinguish what is legal from what is not. The criminalisation of money laundering was specifically supposed to tackle this fine line. The goal of this research is to assess whether the choice of criminalising money laundering has been effective to tackle this fine line. In order to assess the impact of the domestic implementation of the existing legal framework, the research uses a case study that specifically questions the effectiveness of the money laundering offence in the German national criminal legal system. The interest in the German case derives from the fact that, according to the IMF, the OECD and the FATF, Germany might have 'a higher risk profile for large scale money laundering than many other countries'.6 There are some factors identified as enablers of money laundering activities, such as the large economy and financial centre, the strategical location in the middle of Europe, with strong international links, the substantial proceeds of the crime environment involving organised crime operating in most profit generating criminal spheres, the open borders, the large informal sector and a high use of cash, the large and sophisticated economy and financial sector, the important role in world trade, and finally the involvement in large volumes of cross-border trade and financial flows. The media have kept on reporting the fact that Germany is an ideal country, or even a paradise for money launderers.7 According to most recent media reports, corruption is increasing in Germany along with money laundering and organised crime,8 and illicit financial flows are estimated to amount to 50 Billion Euros annually.9 Renowned banks such as Commerzbank, Deutsche Bank, and Hypovereinsbank have been the focus of recent scandals due to their involvement in large tax evasion and money laundering schemes, investigated mostly by US law enforcement agencies.10 The legal framework has been considered as not being sufficient to tackle the estimated volume of money laundering. In 2007 and 2010 the European Commission initiated two proceedings against the German government for having contravened the European treaty by not having effectively transposed into national law the European framework to tackle money laundering and terrorist financing.11 In response to this wave of criticism, some important changes have been made.12 With specific regards to penal law, the legislature has amplified the scope of the money laundering offence and the sphere of criminal liability in order to improve the effectiveness of the existing legislation.13 Yet the continual expansion process has raised legal challenges that could constitute an obstacle for the effective enforcement of the measure. With regards to international legislation, scholars have often criticized the ineffectiveness of the anti-money laundering regime to not be able to achieve its goals and thus to be only appearance of public action. 14 While there is theoretical support for the perception that policies have contributed to a decrease in the incidence of money laundering, there is no evidence that this goal has actually been achieved.15 The official discourse describes the regime as a crucial tool to prevent and combat money laundering, and lawmakers have been focusing on expanding the reach of anti-money laundering laws. This work however takes a critical approach towards the existing legal framework and presents the view that questioning the effectiveness of the money laundering offence is essential before expanding the scope of the existing legal framework.16 On the background of the reflections based on the sociolegal framework that sets the definition of legal effectiveness with specific respect to criminal law, and on the critical literature on the inadequateness of the international anti-money laundering system to eliminate the targeted activity recalled in the introduction, the hypothesis underlying the case study is the following: Article 261 Gcc may be an example of a symbolic legislation, whose latent functions prevail on its declared functions. In particular, it is hypothesised that the law is an example of a 'compromise-law' that satisfy all parties taking part in the law-making process, thanks to the vagueness of the wording that allows a broad range of possible interpretations, and also thanks to the actual ineffectiveness, which pleases those who were contrary to the introduction of the provision. It is here necessary to recall the considerations on the 'legislator' being an heterogeneous group of parties not only constituted of members of the Parliament but often also by external actors, who can influence more or less transparently the law making-process. While the manifested function of tackling money laundering has in fact remained in the background, the thesis hypothesises that other latent goals have been pursued. It is further hypothesised that the 'law inaction' is part of a process of decriminalisation that intentionally grants impunity to a certain group of actors, in this case those laundering money, while giving the appearance that the practice is not accepted by law by labelling it as criminal. By using the concept of function, the study focuses on eventual conflicting interests emerging throughout the policy-making process and/or being displayed through the implementation of the provisions. In order to verify these hypotheses the research proceeds with a case study that aims at empirically assessing the sociolegal effectiveness of Article 261 Gcc. In particular, by applying the 'elastic' definition of effectiveness, the following chapters analyse the law-making process, the level of acceptance by legal scholars, the implementation, and the opinions of legal experts and professionals. The methodology adopted is qualitative. The research consists of a case study that includes a documental research, a qualitative analysis of statistical data and the conduction of interviews with privileged observers and legal actors. The study is a macro-sociological assessment of the effectiveness of a criminal legislation through the analysis of the motives that have triggered lawmakers to enact the current legal framework and the practical effects of the 'law in action'17 and of the 'law inaction'.18 Thanks to the use of sociological conceptual tools, as the ones of function, symbolic effectiveness, power, labelling, and legal culture, the research critically approaches the legal framework. In addition, the sociolegal perspective allows us to take into account the multidisciplinary nature of the phenomenon of money laundering and of its countermeasures and the diverse conflicting interests at play. The work has been conducted by a single person and not by a team of researchers; this has imposed a limit on the interviewing sample and the impossibility of undertaking, along with the qualitative analysis of the provision, a qualitative analysis of the jurisprudence and a quantitative analysis of the case law. In addition, criminal provisions have a deterrent purpose, yet in certain cases it is almost impossible to quantify the deterrence effect of those provisions, as in the case of the money laundering offence, and this represents a shortcoming of the current research. Official numbers are highly problematic, this element, despite impeding an objective quantification of the phenomenon, can represent a partial result for the qualitative analysis, because it highlights the complexity of the matter. The anti-money laundering regime is constantly evolving, and this would require continuously updating the assessment, instead the research provides a picture of the current situation. Yet the work offers the reader an instrument to critically interpret also possible changes in the wording of the money laundering offence that may be made following the publication of this work. The outcomes of the critical study on the reasons and effects of the current legislation can be used as a starting point for further research; the methodology set for the empirical analysis can be applied to assess the effectiveness of following developments. The structure of the thesis is the following: The first chapter presents the theoretical sociolegal framework and provides an operational definition of the concept of effectiveness that directs the empirical research. At the end the chapter describes the methodology of the qualitative research. Chapter two traces the genesis of the money laundering offence, as well on an internal, European and domestic level. The chapter analyses legislative intents, parliamentarian debates and other external contributions as declarations of intents and opinions through a desktop-study. The third chapter is dedicated to the doctrinal debate about the money laundering offence regulated in the German penal code. In particular the chapter highlights the controversial issues that have emerged through the abundant legal scholarship production, which might affect the effectiveness of the money laundering offence. Chapters four and chapter five present the empirical research. The fourth chapter analyses the quantitative data of the implementation of the money laundering offence from a qualitative perspective. The last chapter presents the results of the interviews. The main outcomes of the research are that the interests expressed more or less manifestly from the actors taking part in the initial phase of the creation of the anti-money laundering regime were strongly conflicting with each other. One representative example is the question whether to use the policy also to tackle large scale tax evasion or to leave proceeds deriving from fiscal crimes outside of the regime. Very different justifications were given for the criminalisation of money laundering at different stages. Often the declared motives did not correspond to the real goals of the actors taking part in the law-making process. The rhetoric connected to the seriousness of the drug issue was the manifest function of the new criminalisation of money laundering. However, other latent goals, for instance, the desire of financial institutions to clean their reputation and gain customs confidentiality or the interest of some governments to curb tax evasion were already present during this initial phase. Another controversial issue concerns the fact national states have adopted anti-money laundering measures under the pressure of the FATF, which is led by most industrialised countries.19 Despite lacking democratic legitimation, the FATF has imposed worldwide a brand new regime of criminalisation, prevention and enforcement. The legal framework has been used to address ever-new challenges, and this expansion process has been coupled by a rhetoric that scholars have defined the securitisation rhetoric.20 The most recent function manifestly attributed to the anti-money laundering legal framework, that is, in short, the protection of the soundness of the financial system. Especially in times of financial insecurity, the tendency of hardening laws against economic crimes increases. Having previously deregulated the financial system to enhance economic liberties, legislatures resort to criminal law to control illegality in the economy. As a response to the European financial crisis of 2007-2011, legislatures, instead of rethinking the approach towards the protection of the global finance, called for a tightening of economic crimes regulations. The European discourse on money laundering has mostly been related to the destabilisation of the market, the abuse of capitals' movement liberty, the disintegration of the internal economy. But, why was the EU so keen on imposing a common standard for the criminalisation of money laundering, without even enjoying competence in penal matters? The introduction of a common anti-money laundering control policy served to a latent function, namely to the purposes of the creation of the 'Single Market', by way of avoiding that Member States would have adopted measures inconsistent with the completion of the Internal Market, while taking action to protect their own national economies from money laundering.21 This was done by avoiding that domestic regulations implemented for protecting national economies from the infiltration of ill-gotten capital could have hampered the freedom of movement of capital within the European borders. The tension emerges, also in the wording of the most recent EU money laundering Directives, due to lack of Community action against money laundering could lead Member States, for the purpose of protecting their financial systems, to adopt measures which could be inconsistent with completion of the single market.22 There are thus conflicting interests between the claim for regulation to avoid the infiltration of illicit capital, and the demand for deregulation to foster the free market. The European legislature, however, did not declare completely this intention and justified, instead, the imposition of anti-money laundering rules given the threats posed by money laundering to the financial system and thus to society. According to this critical approach, the criminalisation of money laundering turns out to be more of a political tool aimed at achieving governance within the EU, while being presented to the public as an essential intervention to guarantee security and well-being. Once again, thus, the declared goals of the lawmakers did not correspond with the real intentions. It is especially in the interest of a research on the law's effectiveness to unveil functions that were undeclared, in order to evaluate the outcomes in a more critical way. Also from the analysis of the national law-making process emerged divergent opinions and expectations relating to the criminalisation of money laundering. The Parliamentarians debate that took place with regard to the introduction of the money laundering offence and other instruments to tackle drug-trafficking shows that the discussion was deeply embedded in the political-historical context. Given that Germany was just reunified after a period of two dictatorial regimes, the hearing gives the impression that lawmakers felt the responsibility of creating a new legal system against such historical background. In order to balance the very different legal cultures, the divergent approaches had to be compromised. The introduction of a new crime was particularly delicate due to the discriminatory and arbitrary use of criminal labels by the previous dictatorial regimes. Therefore, delegates would not easily give up on fundamental rights for the cause of persecuting criminals. The legislation can be seen as an attempt to balance the need to adopt more effective measures to tackle crime and the necessity of respecting the rule of law and creating a 'militant democracy'. Yet, given the external pressure of the FATF, the EU and of the media, the text was less of a compromise and rather a ratification of 'internationally' accepted standards. The rule of law was not the only issue emerged in the initial phase of the political debate. Controversial opinions were raised also with regard to the questions of the mens rea and the interest protected by the new criminal provision: Certain political parties supported the broadest criminal liability to ensure an effective prosecution of money laundering, other parties were worried that a widespread liability would have been cumbersome for the economic system. Moreover, along with the expansion of the international criminal legal framework to fight against money laundering, also the scope of Article 261 Gcc was extended to include ever-new predicate offences. From the analysis of the doctrinal debate, it emerged that legal scholars have revealed technical hindrances that hinder the provision's legitimacy and thus hamper a positive integration of the act in the criminal legal system. In addition, given that most controversial issues are caused by the wording of the offence, the chapter seems to uphold the idea of an intentional potential decriminalisation of money launderers. The wording of Article 261 Gcc has the potential of frustrating some of the intentions expressed by the legislature in occasion of the adoption of the provision. While the vague formulation of the money laundering offence was thought to tackle ever-new emergencies and has been justified by legislatures as necessary to ensure a more effective fight against money laundering, it has also raised issues that, far from being purely dogmatic, have undermined the acceptance of such law. If law makers have designed the offence in a broad way to allow the criminalisation of conducts that could not have been prosecuted by the existing offences before, the large discretion left to prosecutors, has resulted in a cumbersome element for the prosecution of money laundering. In addition, criminalising the reckless conduct without envisaging a specific criminal liability for security positions has widened the scope of the offence to the point that the law has missed its function of isolating criminals by criminalising gate-keepers' activities. In addition it emerged that there are some open questions with regard to the wording of the offence, for example the question of the interests protected by Article 261 Gcc. On one side a state intervention is considered necessary to contain the impact of economic misbehaviours to protect citizens, on the other side it is important to limit the resort to criminal law only for safeguarding individual or collective situations and not for defending an existing economic structure. The economic system may, in fact, not be considered as a collective interest that needs protection. Also, safeguards provided by penal law need to be substantial and not symbolic, because they urge to change a given situation of inequality, where criminals can profit from illegal practices while legitimate economic actors undergo unfair competition. From the doctrinal analysis it has instead emerged that the legislator seemed to be more interested in drafting a symbolic legislation that can be hardly integrated in the legal system and that raise strong challenges. Lawmakers have been focusing on expanding the reach of anti-money laundering in order to improve its effectiveness, yet without providing legitimacy for such expansion. One of the most meaningful fact observed in the qualitative analysis of statistical data is that organised crime and 'gross money laundering' are not persecuted through Article 261 Gcc. This fact can be inferred by the low number of convictions pursuant to Article 261 (4),23 by the low number of money laundering proceedings categorised as organised crime and by the low number of investigations in the field of money laundering, tax crimes and economic crimes recorded by public prosecutors offices in 2013, where more than one person was involved (18 %). Yet, this does not mean that the criminal justice system does not act against them, but rather that it uses other tools to achieve the goal. While the low conviction rate for serious money laundering cases could be also a symptom of a high degree of deterrence of the provision, it seems that law enforcement uses the money laundering charge as a fallback for authorities who are unable to acquire sufficient evidence in a preliminary phase for the predicate crime and necessitate further information otherwise not accessible. The charge of money laundering allows investigators to access the vast amount of information recorded pursuant to the GwG, which would not be otherwise accessible. Yet, after the investigative phase, prosecutors seem to prefer to modify the charge and opt for indictment for predicate offences instead. The law seems to be effective to the extent that it facilitates the initial investigations, while it does not serve directly the function of punishing money launderers. Besides having a substantial nature, the provisions seem to have a procedural function. It can be inferred that prosecutors find particularly difficult to bring evidence against organised money launderers also due to the fact that professional offenders do not leave traces. From the scarce use of Article 261 Gcc for tackling organised criminality, it can be inferred that the measure is not serving for one of the purposes declared by the legislature when introducing the offence. In addition, it can be hypothesised that other measures may be more suitable to tackle 'gross money laundering'. Given the high number of STRs filed and the low number of money laundering charges and of convictions deriving from the STRs since the introduction of the laws, it can be assumed that the system has been anyway maintained because it still provides some sort of benefits. It can be hypothesised that one benefit is the number of information provided to law enforcement agencies. This amount of recorded information is helpful not only to support further indictments, but also to increase the personnel awareness about the ever-changing money laundering techniques and schemes. Again the effect of the 'law in action' differs in respect to the declared legislative intentions, which justified the criminalisation of money laundering with the necessity of tackling organised crime's economic power. By spelling out this function, the assessment on the effectiveness of the law - as the possibility of collecting information - can be positive. Yet, this effect could be considered a social cost rather than a benefit. On a theoretical side, many scholars see the recording of personal information by private actors as an infringement of the right to privacy.24 On a more practical side such mechanism imposes significant costs on the designated businesses and professions that are in charge of collecting the data.25 When compared to the effective outcomes of the preventive regulations, in terms of law enforcement results, this aspect does not seem to win a cost-benefit analysis, as showed in the quoted researches. If one considers the advantages in terms of information collected, the policy may be considered worth the burden imposed, instead. However, the fact that the laws would have an effective impact on the long run on the fight against money laundering and organised crime may be seen as a diminished deterrence effect, because perpetrators would have the time to adapt to the new laws and find new ways of circumventing them. A collateral effect of the long-run effectiveness of the policy hypothesised on the basis of the outcomes of the research on the implementation is the fact that perpetrators could take advantage of the initiated but not completed cases, by acquiring knowledge about law enforcement strategies and thus develop subterfuges to elude them. On the contrary, it seems that the legislature is always running after to cope with the offenders' ever-new strategies. In fact, regulations about a new sector are updated when there is evidence that there is a risk of money laundering in that specific sector. Yet, offenders might have already moved their laundering activities to another sector. On the assumption that the inclusion of the reckless conduct would have potentially criminalised daily activities, a focus was posed on the number of convictions related to Article 261 (5) Gcc26 to verify the target of the criminal provision. Since 2005 a high number of convictions have been actually referring to reckless money laundering. This shows that the offence is used to punish primarily 'petty money laundering'. This fact can also be inferred from the relevant number of money laundering cases to the detriment of senior citizens, signalled by the FIU in the recent years. Also the fact that a significant number of STRs is filed in relation to the 'financial agents' phenomenon' is a symptom that the preventive mechanism targets more 'small fishes' rather than big perpetrators. Individuals convicted for the reckless conduct may be even victims of a fraud perpetrated by criminal networks. However, the criminal network acting behind the offender remains undetected. If on the one side it cannot be claimed that such offenders, given the lower degree of culpability should not be punished at all, on the other side this effect of the law involves a change of paradigm. The money laundering offence was initially introduced with the goal of tackling serious crimes. The observed effect, however, changes the function and the nature of the law, so that Article 261 Gcc could be considered rather a 'blue collar crime' more than a 'white collar crime'. From the analysis on the quality of STRs filed to the FIU, it can be inferred that certain designated professions and businesses are very reluctant in filing STRs, despite their notably exposure to money laundering risks. The list of designated professions and businesses has been amplified over the years exactly with the goal of facing this transfer of crime from one area to the other. Yet some professionals, such as legal advisors, do not report them, although they possess the capacity of recognising illicit transactions. The fact that some sectors do not actively participate in the effort of preventing money laundering, by allowing criminal proceedings to enter the legitimate economy, may lead to a general ineffectiveness of the system, because it can significantly hinder the capacity of the whole anti-money laundering system to respond to the ability of offenders to move their field of activity there where the law is lax. The provision does generate some instrumental effects by punishing offenders and by triggering a cooperation directed at signalling suspicious transactions between the obliged entities and law enforcement. However, some of the effects do not seem to completely fulfil the legislature's declared goals. For example the chapter seems to prove wrong the legislature's expectation of tackling the grey area by punishing gate-keepers or the attributed function of eliminating organised and serious crime. Given the high costs of implementation highlighted by the cost-benefits analyses, the rather low outcomes seem to be insufficient to fulfil the legislature's goals. Since it is sufficient that without latent functions it would be impossible to explain the adoption and maintenance of a legal act,27 it can be concluded that the intents declared by lawmakers do not satisfy the reasons why the provision was introduced. This opens up the hypothesis that Article 261 Gcc is an example of a symbolic legislation, which has been enacted with the purpose of compromising a complex parliamentarian debate. The analysis of the law-making process has revealed the existence of different expectations attributed to the introduction of Article 261 Gcc. Expectations that were conflicting with each other had to be negotiated and were compromised through the formulation of a vague offence that allowed different interpretations. Yet, the implementation of the law has led to the re-emersion of some of the conflicting situations. In addition, given that the policy regulates a complex and multifaceted issue new conflicts have emerged through its enforcement. The effects triggered by the norm can be indeed perceived positively or negatively by the different actors involved. In particular five principal conflicting situations have surfaced from the interviews. The first issue is the role played by external actors in the law-making process and the constant influence exercised by those actors in the process of updating the policy. The imposition of a US American approach to money laundering control through the role of the FATF has also been highlighted in the second chapter. Specifically, some scholars see the development of a global prohibition regime fostered by the US in the diffusion of anti-money laundering law. According to this literature, the powerful state creates an international regime focussed on achieving its own goals through global acceptance triggered by the securitisation rhetoric and compliance processes imposed through the menace of exclusion by international business relations. The second conflict that emanates from the words of the respondents is the one of the demand for criminal law to face financial misbehaviours and the necessity of limiting the tendency of expanding criminal law on the background of a situation of financial instability. Given the previous deregulation of the market, policy makers need to control and sanction economic abuse in order to protect fair competition and law-abiding individuals. On the other hand, the state needs to respect fundamental principles, such as the rule of law and the principle of ultima ratio that imposes a restriction of the use of criminal law in situations in which no other measures are suitable. This conflict has already been raised along the formulation of the money laundering offence with regards to the question of the interests protected by the law. Despite the legislator tying to limit the scope of the offence by attributing to Article 261 Gcc the protection of the administration of justice and of the interests protected by the predicate offences, this explanation was not considered suitable to the peculiarity of the offence. Indeed, shortly after the enactment, legal scholarship and the judiciary entered in a vivid debate in order to identify more suitable interests protected by the law, among them the financial and economic system under different perspectives. However, as chapter three shows, no solution could be found. In fact, the question concerning the suitability of criminal law to tackle illicit financial flows is perceived in the current research as still unsolved. The matter does not only concern money laundering control. On the contrary, it is a fairly widespread issue that has recently emerged due to the tendency of hardening economic crimes on the background of a situation of financial instability. The third conflict can be summarised as the following: on the one hand the policy being required to interfere with the personal sphere of suspected money launderers; on the other hand private institutions being interested in protecting their relations with loyal and trusted customers. Therefore, they are reluctant to give law enforcement the possibility to interfere too much in their business. The interest manifested by the private sector involved in the prevention of money laundering seems thus to collide with the legislative intent of preventing the infiltration of dirty money by way of preventing gate-keepers to help money launderers. The clash emerges at a micro-economic level and is triggered by the fact that the anti-money laundering policy demands an active participation by private sector in the detection of suspects. Private actors, are not appropriate to bear the burden of detecting offenders, moreover they need to protect the relationships with customers by avoiding unnecessary interferences. At the same time, the privatisation of crime control is questionable also from a governance point of view. It seems therefore that the public interest in persecuting crimes through having access to personal information from the private sector only marginally collides with the interest of protecting the right to privacy. Businesses and professions are predominantly interested in not interfering with their clients and in not bearing the burden of detecting offenders. The issue was also addressed during the national Parliamentarian debate, with regards to the degree of mens rea required for money laundering criminal liability. Making everybody taking part in economic or financial activities actively participating in the monitoring of the economic system under the threat of criminal liability for negligent money laundering was considered harmful for the business market. The same debate has been picked up by legal scholarship too. Yet, it seems that, despite the law being the result of negotiations, the question is still open. The fourth issue consists of discording opinions with regards to the opportunity of including tax evasion as predicate offence for money laundering. On one hand there is the interest of tackling tax evasion through the anti-money laundering regime, on the hand the concern of keeping the two phenomena distinct in order to avoid an overrating of money laundering. Since the genesis of the anti-money laundering policy, some actors taking part in the international law-making process, opposed the labelling of 'black money', naming money deriving from tax violations, as 'dirty money', indicating all proceeds of crime typically committed by organised crime. This distinction was based on the perception that tax-related offences were less serious and less harmful than capital flight and were advocated by financial centres in order to maintain a good reputation while still granting peculiar financial services, such as bank secrecy. This issue is a good example of the labelling theory, to the extent that it shows how a practice that was firstly not considered criminal enough to amount to a predicate offence for money laundering, has become part of the scope of the anti-money laundering regime on the basis of a political decision of labelling it as such. Respondents of the current research show to have different perceptions of the degree of the seriousness of tax laws violations and thus about the appropriateness and necessity of tackling them under the umbrella of the anti-money laundering policy. Again, the matter, which seemed to have been resolved through the negotiations on an international and European level, is still being debated at national level. The last two contrasting interests are the necessity of regulating the flows of money and the free movements of capitals in a neoliberal economy. The question is intrinsic in the nature of money laundering, which is a phenomenon that happens at the interface between legality and illegality. Regulations that facilitate the licit exchange of goods, capitals and services do also facilitate the flow of ill-gotten gains; there are thus conflicting interests between the public interest of persecuting crime and the claims for less regulation in a free market economy. From the interviews surfaced that not only opinions on the effectiveness of the law differ, but the very concept of effectiveness is perceived differently among the interview partners. Perceptions about how effective the anti- money laundering policy is appear to be similar among respondents belonging to the same experts' group. In particular, given the fact that the policy triggers many preliminary investigations, investigators work on a daily basis with the provision. This led to their opinion on the implementation of the legislation being rather positive. Positive opinions have common ground: they assert that the policy is not a simple one to implement, however, they believe that the legal practice has found its way through. On the contrary, defence attorneys specialised in economic crimes do not receive a significant amount of clients suspected for money laundering. For this reason they tend to have a rather negative opinion on the policy's effectiveness, also driven by the perception that the policy is not able to achieve the indirect goals. The diverse concepts of effectiveness provided by disciplines close to the sociology of law and the different definitions of effectiveness given by sociologists of law turn out to be useful here. Particularly the notions of 'efficiency' and of 'efficiency regardless of the goals' are proved very useful to interpret the respondents' opinions. Efficiency, is according to the administrative legal approach, the optimal relation between the goals achieved and the instruments used. A subcategory of this concept is the efficiency calculated through a cost-benefit analysis, of which some examples have been presented in the fourth chapter, which defines efficiency as the functioning of a legal order without assessing the goals achieved. This type of analysis focuses on the correctness of the operating system since the purpose of the system is its own existence. It refers to a whole legal order rather than to a specific single provision. Given that the anti-money laundering policy constitutes a legal order, due to the diverse regulations involved and the competent authorities created in order to achieve the goals of the policy, this notion can be applied. In the field of administrative legal theories, the first chapter has focussed on the approach that considers the (in)effectiveness of a law depending on its (failing) enforcement. A high degree of compliance of the anti-money laundering legislation might correspond to a high level of effectiveness of the policy with respect to its direct function, but at the same time to a rather low level of effectiveness with regards to its indirect purposes. The way to evaluate the degree of effectiveness is therefore also different. While compliance with legal provisions is calculated through a quantitative assessment of the processes in force and of the functioning of the system, the achievement of the indirect functions is measured on the impact of the policy. Interview partners have different perceptions about the indirect functions of the legislation too. This reflects, once again, the fact that the policy was a result of a compromise between different expectations and that the legislator was not able to limit the scope of its application to a particular goal. The different expectations and intents, which already emerged in the doctrinal debate about the legally protected interests, appears again in the different perceptions of the interviewees. The respondents were asked about the legislation's effectiveness with regards to one of the indirect functions, namely the capacity to deter organised crime. The legislator enacted the money laundering offence in the context of the fight against drug trafficking and other forms of organised crime, thus Article 261 Gcc's expressed rationale is the prevention and repression of organised crime. Finally, a relevant outcome regards the respondents' opinions on article 261 Gcc's latent symbolic function. Some of them agree with this. Others strongly oppose the hypothesis. They argue instead that the policy has instrumental effects on their daily practice, which cannot be defined as purely symbolic. According to most respondents, the law cannot be defined as symbolic, because it has led to instrumental effects. In the first place information gathered thanks to the GwG is used to start preliminary investigations under Article 261 Gcc. Secondly, the structure enacted to comply with the anti-money laundering policy is attainable and is visible and cannot be denied. Thirdly, the law is considered necessary because it labels a deviant behaviour. In particular, despite the fact that investigations do not lead to a conviction for money laundering they allow investigators to collect information in support of criminal cases for the predicate offences or to start a preliminary investigation for a predicate offence. In this sense, the function of the 'law in action', despite being questionable, is objectively instrumental. However, the fact that the law serves the purpose of tackling predicate offences through the support of investigations does not exclude the hypothesis that the law was enacted to pursue latent functions too. According to the sociologist Aubert, it is not necessary that the latent goal is the only one that plays a role, but it is necessary that the other purposes would not explain the analysed phenomenon completely. Indeed, in the opinions of those who exclude the symbolic function, yet the results achieved through compliance do not legitimate the burden imposed by the legislation. In other words, it seems that they recognise that the purpose of compliance cannot completely explain the policy makers' motivation, which re-opens the doors for the hypothesis of the existence of latent functions. In fact, such a demanding policy cannot be accepted for the sole purpose of re-enforcing the action of the criminal justice system in tackling predicate offences. On the other hand, compliance with the policy in terms of building of a structure and of expertise does not automatically mean fulfilling the policy's purpose. Particularly the creation of new professionalism, has been interpreted by scholars as a sign given to the public that the policy has produced certain effects. In conclusion, on the background of the research's outcome, the paper tries to reply to the question: (How) can the effectiveness of the money laundering offence be improved? While technical hindrances can (and perhaps) will be removed through legal reforms, 28 the inherent political economic and financial conflicting interests that impede a higher level of effectiveness are more difficult to solve. In contemporary industrialised economies there is a complicated and sometimes shifting boundary between legitimate and illegitimate transactions. This is particularly exacerbated in the context of financial capitalism, which 'subordinates the capitalist productive process to the circulation of money and monetary assets and hence to the accumulation of money profits'. Since the very beginning, determining the boundary between an area defined as 'criminal' and the space of 'legality' has been controversial. In fact, money has a neutral nature, pecunia non olet, making profit, irrespective of the monies' origin, is a very strong interest for both private and public entities, which collides with the one of eliminating illicit financial flows. In other words criminal policy goals diverge from purely economic interests. While one can assume the justice and correctness of the current financial system, and thus describes money laundering as harmful because it interferes with the existing economic order, one can also assume that the capitalist system leads per se to injustice and inequality, and that money laundering is actually embedded in this profit-oriented system and represents just the darker side of the capitalist economy. A compromised viewpoint is the one that describes money laundering as an accepted collateral effect of the capitalist system, that is to say 'a certain amount of illicit financial flows may be considered an acceptable price to pay for a market where free mobility of capital is guaranteed'. In other words, money laundering is intrinsic in or at least exacerbated by the capitalist system.