Suchergebnisse

Il saggio indaga in modo critico origini e fortune (anche recenti) del discorso di delegittimazione dei plebisciti di unificazione svoltisi il 21 e 22 ottobre 1860 nelle Due Sicilie, con particolare attenzione al caso di studio delle province continentali dell'ex Regno borbonico. L'intento è quello di considerare queste pratiche di voto come un modo storicamente peculiare di apprendistato politico e mobilitazione popolare, dal profilo tanto partecipativo e inclusivo (anche verso soggetti normativamente esclusi dal corpo elettorale come donne e minori) quanto olistico, a-deliberativo e marcato da una personalizzazione della politica che si incarna in figure monocratiche e carismatiche. Un'adeguata comprensione del plebiscito meridionale non può, infatti, prescindere, in primo luogo, da un'analisi che lo collochi nel contesto delle coeve e successive analoghe esperienze europee (e più in generale delle dinamiche elettorali democratizzate fra XVIII e XIX secolo); secondariamente, da una lettura alla luce del lungo e articolato processo di "civilizzazione elettorale", ovvero della definizione di tecnologie e pratiche del suffragio intese a forcludere la violenza politica, incanalando e ordinando normativamente l'esercizio, altrimenti scomposto, della sovranità popolare. ; The paper is a critical investigation of the origins and fortunes (including recent developments) of the discourse of delegitimisation of the unification plebiscites carried out on the 21st and 22nd October 1860 in the Two Sicilies. It pays particular attention to the case study of the mainland provinces of the ex-Bourbon Reign. The intent is to consider these voting practices as an historically unique method of political apprenticeship and mobilisation of the popular classes. The profile of these practices was as much participative and inclusive (including subjects who were normally excluded from the electoral body, such as women and minors) as it was holistic, nondeliberative and marked by a personalisation of politics that was incarnated in monocratic and charismatic figures. An adequate understanding of the southern plebiscite must not ignore, firstly, an analysis that is positioned in the context of the coeval and subsequent analogue experiences in Europe (and more generally the democratised electoral dynamics between the 18th and 19th centuries). Secondly, it must be read from the perspective of the long and articulated process of "electoral civilisation", that is, the definition of the technology and practices of suffrage intended to preclude political violence, channelling and ordering the otherwise broken exercise of popular sovereignty.

Este trabajo reconoce que aunque existen avances muy significativos sobre la inclusi?n a la vida pol?tica de la mujer todav?a se debe potencializar mucho m?s el tema, es decir, pasar de la norma a la realidad y la vivencia de la mujer en la vida pol?tica. Con respecto a lo anterior podemos observar en la historia la gran lucha de las mujeres por lograr su reconocimiento y participaci?n en todos los ?mbitos de la sociedad, se tiene una mayor toma de conciencia y de lucha contra la desigualdad de g?nero, pudiendo lograr mucha m?s inclusi?n y aprendizaje respecto de la mujer. Aunque han pasado m?s de seis d?cadas desde que el 41 % de las mujeres en Colombia votaron por primera vez en el plebiscito del 1? de diciembre de 1957, hito que le abri? las puertas de la vida democr?tica al g?nero femenino, es poco el avance en la igualdad pol?tica entre hombres y mujeres en el pa?s, a pesar de los compromisos internacionales adquiridos de establecer medidas y acciones que materialicen el cierre de brechas ante la ley. ; This work recognizes that although there are very significant advances on the inclusion in the political life of women, the issue must still be further potentiated, that is, moving from the norm to the reality and experience of women in political life. With regard to the above, we can observe in history the great struggle of women to achieve their recognition and participation in all areas of society, there is a greater awareness and fight against gender inequality, being able to achieve much more inclusion and learning about women. Although more than six decades have passed since 41% of women in Colombia voted for the first time in the plebiscite of December 1, 1957, a milestone that opened the doors of democratic life to the female gender, little progress has been made. in political equality between men and women in the country, despite the international commitments acquired to establish measures and actions that materialize the closing of gaps before the law.

El objeto de este artículo es responder cómo se ha tratado de legitimar el proceso de paz y qué recursos simbólicos han sido puestos en juego para convertir a enemigos históricos en aliados para construirla. La hipótesis es que el énfasis en un discurso estratégico sobre las causas estructurales ha impedido valorar el efecto que los símbolos y otros cambios han ejercido en la legitimación de los diálogos y en la construcción de una cultura de paz. Este artículo se basa en la sociología política y la teoría del capital simbólico de Pierre Bourdieu para examinar la construcción de legitimidad como un conjunto de prácticas mediante las cuales el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han redefinido su identidad. La conclusión apunta a que el éxito del proceso reside en un discurso de reconciliación con el pasado y de un futuro prometedor, y el fracaso responde a las tensiones entre la esfera de valores y la estructura social, que bloqueó la legitimación del proceso en el plebiscito, reavivando símbolos arraigados en los esquemas sociales. ; The aim of this article is to answer how the peace process has been legitimatedand which resources have been put into play to transform historical enemies in alliesin order to construct peace. The hypothesis claims that the emphasis in a strategicdiscourse about the structural factors favoring a peace process hinders the possibilityof valuing the effect that symbols and other changes have had in the legitimation ofthe dialogues and the construction of a peace culture. The framework of this articleis based on political sociology and Bourdieu's theory of symbolic capital in order toexamine the process of construction of legitimacy as a set of practices through whichthe Colombian Government and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) had redefined their identity. The conclusion points to the discourse ofreconciliation with the past and the promise of a shining future. On the other hand,its failure has been identified as the product of the tensions between the sphere ofvalues and the social structure that blocked the legitimation of the process in theplebiscite, reviving rooted symbols in the social schemes.

Surgido el procedimiento formulario en el ámbito de la jurisdicción pretoria, tanto para reclamaciones en las que se viesen afectados extranjeros en Roma, como para las controversias entre ciudadanos no contempladas por el ius civile, se extendió luego por vía legislativa para las situaciones ya amparadas por el Derecho civil a través de las legis actiones. Aunque la información disponible sea escasa, las fuentes permiten conocer que esto último se produjo por medio de la ley Ebucia y de la (o las) ley(es) Julia(s). La insuficiencia de noticias sobre la lex Aebutia impide tanto datarla con precisión como pronunciarse con seguridad sobre su contenido. La opinión doctrinal hoy mayoritaria, según la cual la ley Ebucia debió aprobarse en los últimos decenios del siglo II a. C. o a comienzos del I a. C., parece preferible frente a la hipótesis reciente que no descarta una aprobación bastante posterior en el tiempo. Respecto a su contenido primordial, sería poco probable que la lex Aebutia hubiera permitido optar entre las legis actiones y el procedimiento formulario, mientras que distintos indicios conducen a sostener que el plebiscito ebucio sustituyó la legis actio per condictionem, introducida pocos decenios antes por otros dos plebiscitos (las leyes Silia y Calpurnia), por la condictio formularia, pero no afectó a las otras legis acciones más antiguas, que constituían el pilar de la romanidad en el ámbito procesal; esto sólo se produciría en un momento «fundacional» o «refundacional» como lo será el de Augusto (lex Iulia de iudiciis privatis). Ha tenido éxito doctrinal una interpretación moderna, que enlaza con otra más antigua, según la cual la segunda lex Iulia de Gai. 4.30 sería una ley Julia municipal marco o general, lo que supuestamente vendría confirmado ahora por la lex Irnitana; pero, en realidad, ningún dato textual corroboraría la existencia de esa pretendida lex Iulia municipalis general, mientras que son de calado no menor los argumentos que llevan a excluir su existencia. La expresión duae (leges) Iuliae de Gai. 4.30 sería sólo una imprecisión (aunque muy explicable) del jurista, que, en realidad, a los efectos que interesan, sólo estaba aludiendo ahí a una ley Julia: la lex Iulia de iudiciis privatis.

La idea de la voluntad del pueblo como expresión de la soberanía es propia de la teoría política que busca explicar el origen del Estado moderno liberal. La compatibilidad entre la libertad individual de sujetos considerados iguales y el ejercicio del poder político requiere pensar a los ciudadanos como sujetos libres, y esto se logra cuando el poder que se ejerce sobre ellos se concibe como un poder que nace solo de los propios ciudadanos. En la concepción individualista de la democracia, los derechos de los individuos son anteriores y tienen primacía sobre la pertenencia a la sociedad. Sin embargo, no es necesario asumir esta concepción para defender esa primacía. Se la puede defender solo respecto de las decisiones de la sociedad. Desde esta posición, es posible concebir el conflicto entre soberanía popular y derechos humanos. La transición política uruguaya ejemplifica esa posibilidad. A través de un referéndum y un plebiscito convocados por la propia sociedad, la mayoría avaló la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide los juicios por los graves crímenes cometidos durante la dictadura. La Corte IDH declaró, en el 2011, que esa decisión popular violaba la CADH y que la soberanía popular está sujeta a los límites que le imponen los derechos humanos. Los análisis de esta decisión se han centrado en la obligación del Estado de acatarla, pero no en lo que ella significa para la comprensión contemporánea de la democracia. Eso es lo que pretendo hacer en este artículo, a través de dos tesis: el conflicto se mantiene si el concepto de democracia es un concepto procedimental; y la Corte IDH ofrece un concepto que abre un camino a la solución del conflicto. ; The idea of the will of the people as an expression of sovereignty is typical of the political theory that seeks to explain the origin of the modern liberal state. The compatibility between the individual freedom of subjects considered equal and the exercise of political power needs to think of citizens as free subjects, and this is achieved when the power exercised over them is seen as a power that comes only from the citizens themselves. In the individualist conception of democracy, the rights of individuals are older and have precedence over membership in the society. However, it is not necessary to commit to this conception to defend the primacy of the rights. It can be defended only on the decisions of the society. From this position a potential conflict between popular sovereignty and human rights is conceivable. The Uruguayan political transition exemplifies this possibility. Through both a referendum and a plebiscite called by the civil society, the majority endorsed the Law of Caducity of the Punitive Claim of the State that prevents prosecution of serious crimes committed during the dictatorship. The ichr declared in 2011 that this decision violated the achr and that popular sovereignty is subject to the limits imposed by human rights. The analyses of the decision have focused on the obligation of the State of Uruguay to fulfill it, but not on what it means to the contemporary understanding of democracy. This is what I intend to do in this article, through two theses: i) the conflict remains if the concept of democracy is a procedural concept, and ii) the ichr offers a concept that opens a path to the resolution of the conflict. ; A ideia da vontade do povo como expressão da soberania é própria da teoria política que busca explicar a origem do Estado moderno liberal. A compatibilidade entre a liberdade individual de sujeitos considerados iguais, e o exercício de poder político, requere pensar aos cidadãos como sujeitos livres e isso é possível quando o poder que é exercido sobre eles se concebe como um poder que nasce só dos próprios cidadãos. Na concepção individualista da democracia, os direitos dos indivíduos são anteriores e tem primazia sobre a pertença à sociedade. No entanto, não é necessário assumir esta concepção para defender essa primazia; pode se defender só em relação das decisões da sociedade. Desde esta posição é possível conceber o conflito entre soberania popular e direitos humanos. A transição política uruguaia exemplifica essa possibilidade. Através de um referendum e um plebiscito, convocados pela própria sociedade, a maioria avalizou a Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do Estado que impede os juízos pelos graves crimes cometidos durante a ditadura. A Corte idh declarou, no ano 2011, que essa decisão popular infringia a cadh e que a soberania popular está sujeita aos limites que lhe impõem os direitos humanos. As análises desta decisão têm se centrado na obrigação do Estado de acatá-la; mas não no que ela significa para a compreensão contemporânea da democracia. É o que se pretende fazer neste artigo, através de duas teses: o conflito se mantém se o conceito de democracia é um conceito procedimental; e a Corte idh oferece um conceito que abre um caminho à solução do conflito.

La idea de la voluntad del pueblo como expresión de la soberanía es propia de la teoría política que busca explicar el origen del Estado moderno liberal. La compatibilidad entre la libertad individual de sujetos considerados iguales y el ejercicio del poder político requiere pensar a los ciudadanos como sujetos libres, y esto se logra cuando el poder que se ejerce sobre ellos se concibe como un poder que nace solo de los propios ciudadanos. En la concepción individualista de la democracia, los derechos de los individuos son anteriores y tienen primacía sobre la pertenencia a la sociedad. Sin embargo, no es necesario asumir esta concepción para defender esa primacía. Se la puede defender solo respecto de las decisiones de la sociedad. Desde esta posición, es posible concebir el conflicto entre soberanía popular y derechos humanos. La transición política uruguaya ejemplifica esa posibilidad. A través de un referéndum y un plebiscito convocados por la propia sociedad, la mayoría avaló la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide los juicios por los graves crímenes cometidos durante la dictadura. La Corte IDH declaró, en el 2011, que esa decisión popular violaba la CADH y que la soberanía popular está sujeta a los límites que le imponen los derechos humanos. Los análisis de esta decisión se han centrado en la obligación del Estado de acatarla, pero no en lo que ella significa para la comprensión contemporánea de la democracia. Eso es lo que pretendo hacer en este artículo, a través de dos tesis: el conflicto se mantiene si el concepto de democracia es un concepto procedimental; y la Corte IDH ofrece un concepto que abre un camino a la solución del conflicto. ; A ideia da vontade do povo como expressão da soberania é própria da teoria política que busca explicar a origem do Estado moderno liberal. A compatibilidade entre a liberdade individual de sujeitos considerados iguais, e o exercício de poder político, requere pensar aos cidadãos como sujeitos livres e isso é possível quando o poder que é exercido sobre eles se concebe como um poder que nasce só dos próprios cidadãos. Na concepção individualista da democracia, os direitos dos indivíduos são anteriores e tem primazia sobre a pertença à sociedade. No entanto, não é necessário assumir esta concepção para defender essa primazia; pode se defender só em relação das decisões da sociedade. Desde esta posição é possível conceber o conflito entre soberania popular e direitos humanos. A transição política uruguaia exemplifica essa possibilidade. Através de um referendum e um plebiscito, convocados pela própria sociedade, a maioria avalizou a Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do Estado que impede os juízos pelos graves crimes cometidos durante a ditadura. A Corte idh declarou, no ano 2011, que essa decisão popular infringia a cadh e que a soberania popular está sujeita aos limites que lhe impõem os direitos humanos. As análises desta decisão têm se centrado na obrigação do Estado de acatá-la; mas não no que ela significa para a compreensão contemporânea da democracia. É o que se pretende fazer neste artigo, através de duas teses: o conflito se mantém se o conceito de democracia é um conceito procedimental; e a Corte idh oferece um conceito que abre um caminho à solução do conflito. ; The idea of the will of the people as an expression of sovereignty is typical of the political theory that seeks to explain the origin of the modern liberal state. The compatibility between the individual freedom of subjects considered equal and the exercise of political power needs to think of citizens as free subjects, and this is achieved when the power exercised over them is seen as a power that comes only from the citizens themselves. In the individualist conception of democracy, the rights of individuals are older and have precedence over membership in the society. However, it is not necessary to commit to this conception to defend the primacy of the rights. It can be defended only on the decisions of the society. From this position a potential conflict between popular sovereignty and human rights is conceivable. The Uruguayan political transition exemplifies this possibility. Through both a referendum and a plebiscite called by the civil society, the majority endorsed the Law of Caducity of the Punitive Claim of the State that prevents prosecution of serious crimes committed during the dictatorship. The ichr declared in 2011 that this decision violated the achr and that popular sovereignty is subject to the limits imposed by human rights. The analyses of the decision have focused on the obligation of the State of Uruguay to fulfill it, but not on what it means to the contemporary understanding of democracy. This is what I intend to do in this article, through two theses: i) the conflict remains if the concept of democracy is a procedural concept, and ii) the ichr offers a concept that opens a path to the resolution of the conflict.

Como se sabe, el proceso constitucional tiene lugar tanto en el control de constitucionalidad denominado a priori como en el a posteriori de la ley y de otras normas o actos jurídicos. Al primero se lo conoce también como control previo.En el control a priori o previo de una ley, queda claro que la ley aún no tiene su fuerza obligatoria por cuanto no ha sido promulgada, se trata propiamente de un proyecto de ley que puede haber recibido su aprobación en la Función Legislativa y pasa al Ejecutivo para recibir la correspondiente sanción y promulgación. En ese intermedio se produce el control por la Justicia Constitucional, la cual deberá pronunciarse sobre la armonía que guarda ese proyecto de ley con la Carta Magna del Estado.Dadas las características del control a priori o previo, éste se da en abstracto y por vía de acción. La legitimación o capacidad procesal para interponer la acción, generalmente, se da al titular del Ejecutivo -encargado de la promulgación- cuando éste declara formalmente que el proyecto de ley es inconstitucional.También se ha desarrollado un control a priori en materia de tratados y convenios internacionales con la finalidad de compatibilizarlos con las normas constitucionales. La Justicia Constitucional debe examinar estos instrumentos internacionales de manera previa al procedimiento interno de ratificación o adhesión por parte del Estado.En estos casos, el procedimiento utilizado por los Estados puede ser de carácter obligatorio o facultativo y los órganos legitimados son tanto el Legislativo como el Ejecutivo. Por otro lado, si un instrumento internacional estuviera de algún modo en contradicción con la Ley Suprema, la propia Constitución, generalmente, dispone que pueda haber lugar a una reforma o enmienda constitucional para después poder aprobar el tratado o convenio.Menos desarrollo ha tenido el control previo en materia de consulta popular, llámense referéndum, plebiscito, revocatoria del mandato u otras formas mixtas.Vale mencionar que el control constitucional a priori ha sido adoptado por Francia de una manera muy particular. Dadas las características especiales de la Justicia Constitucional francesa han llevado a este país a establecer un control previo de constitucionalidad de la ley, antes de que ésta sea promulgada y publicada en el Journal officiel.Una vez promulgada la ley ésta entra en vigor y ya no es posible el control constitucional. En otras palabras, es el único país de Europa continental donde no existe el control a posteriori de las leyes, no obstante, hay una flexibilización en el sistema francés establecida por su Consejo Constitucional.2 ; Como se sabe, el proceso constitucional tiene lugar tanto en el control de constitucionalidad denominado a priori como en el a posteriori de la ley y de otras normas o actos jurídicos. Al primero se lo conoce también como control previo.En el control a priori o previo de una ley, queda claro que la ley aún no tiene su fuerza obligatoria por cuanto no ha sido promulgada, se trata propiamente de un proyecto de ley que puede haber recibido su aprobación en la Función Legislativa y pasa al Ejecutivo para recibir la correspondiente sanción y promulgación. En ese intermedio se produce el control por la Justicia Constitucional, la cual deberá pronunciarse sobre la armonía que guarda ese proyecto de ley con la Carta Magna del Estado.Dadas las características del control a priori o previo, éste se da en abstracto y por vía de acción. La legitimación o capacidad procesal para interponer la acción, generalmente, se da al titular del Ejecutivo -encargado de la promulgación- cuando éste declara formalmente que el proyecto de ley es inconstitucional.También se ha desarrollado un control a priori en materia de tratados y convenios internacionales con la finalidad de compatibilizarlos con las normas constitucionales. La Justicia Constitucional debe examinar estos instrumentos internacionales de manera previa al procedimiento interno de ratificación o adhesión por parte del Estado.En estos casos, el procedimiento utilizado por los Estados puede ser de carácter obligatorio o facultativo y los órganos legitimados son tanto el Legislativo como el Ejecutivo. Por otro lado, si un instrumento internacional estuviera de algún modo en contradicción con la Ley Suprema, la propia Constitución, generalmente, dispone que pueda haber lugar a una reforma o enmienda constitucional para después poder aprobar el tratado o convenio.Menos desarrollo ha tenido el control previo en materia de consulta popular, llámense referéndum, plebiscito, revocatoria del mandato u otras formas mixtas.Vale mencionar que el control constitucional a priori ha sido adoptado por Francia de una manera muy particular. Dadas las características especiales de la Justicia Constitucional francesa han llevado a este país a establecer un control previo de constitucionalidad de la ley, antes de que ésta sea promulgada y publicada en el Journal officiel.Una vez promulgada la ley ésta entra en vigor y ya no es posible el control constitucional. En otras palabras, es el único país de Europa continental donde no existe el control a posteriori de las leyes, no obstante, hay una flexibilización en el sistema francés establecida por su Consejo Constitucional.2

Este artículo aborda la pregunta por los procesos de construcción de significados sobre la paz en las Redes Sociales Digitales del partido Centro Democrático (CD) durante la etapa de refrendación del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, y sus implicaciones para la esfera pública. Para ello describe el comportamiento del CD en sus redes sociales durante el 2016, reconstruye su marco de sentido y sus repertorios discursivos; y aborda las estructuras culturales que permiten comprender su lugar en la esfera pública. Metodológicamente se partió de un enfoque mixto que permitió identificar tendencias y abordar significados. El comportamiento del CD se caracterizó por la publicación de mensajes adversos al proceso de paz durante todo el año, con énfasis en septiembre, previo al plebiscito; y por la centralidad de las publicaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El marco de sentido se caracterizó por cuatro pilares: 1) Acuerdos no son paz, 2) Paz con justicia, 3) paz es votar No y 4) NO es salvar al país. Finalmente, el carácter del discurso del CD puede caracterizarse como un discurso de hacienda, basado en la oposición entre los códigos del patrón/peón y del bandido. ; This article addresses the question about the processes of construction of meanings on peace in the Digital Social Networks of the Party Centro Democrático (CD) during the stage of endorsement of the Peace Agreement between the Colombian government and the FARC-EP, and its implications for the public sphere. For this, it describes the behavior of the CD in its social networks during 2016, reconstructs its sense framework and its discursive repertoires; and addresses the cultural structures that allow us to understand their place in the public sphere. Methodologically it was based on a mixed approach that allowed identifying trends and addressing meanings. The behavior of the CD was characterized by the publication of adverse messages to the peace process throughout the year, with emphasis on September, prior to the plebiscite; and for the centrality of the publications of former president Álvaro Uribe Vélez. The framework of meaning was characterized by four pillars: 1) Agreements are not peace, 2) Peace with justice, 3) Peace is voting No and 4) It is NOT saving the country. Finally, the character of the discourse of the CD can be characterized as a hacienda discourse, based on the opposition between the patron/peon code and bandit code.

This text aims at understanding the societal beliefs and collective emotional orientations that the citizens of Sonsón and Cocorná have configured with regard to the political negotiation process of the armed conflict between the government of Juan Manuel Santos and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc). To this end, 33 semi-structured and in-depth interviews were conducted in Cocorná and Sonsón. These interviews were directed to non-organized citizens who had participated in the 2016 plebiscite and were analyzed through a phenomenological-hermeneutical approach and a categorical procedure by intra and intertextual matrices, based on two categories: "armed conflict and its actors", and "peace and negotiation process". It was found that those who 'disagree' with the negotiation configure social frameworks that support military ways to resolve the conflict, even in spite of their desire for peace, and mobilize emotions of anger, indignation, resentment, and hatred, especially against the Farc. Meanwhile, those who "agree" set up frameworks of understanding that open doors to build a concrete, incomplete, and imperfect peace; are more open to reconciliation and coexistence processes; and mobilize emotions such as hope, solidarity and trust, despite their fear regarding armed actors. ; El presente texto pretende comprender creencias sociales y orientaciones emocionales colectivas que han construido ciudadanos de Sonsón y Cocorná, sobre el proceso de negociación política del conflicto armado, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para ello se realizaron, en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, 33 entrevistas semiestructuradas y en profundidad en Cocorná y Sonsón, a ciudadanos del común que hubieran participado en el plebiscito del 2016, analizadas a través de un enfoque fenomenológico-hermenéutico, por medio de un procedimiento categorial por matrices intra e intertextuales, a partir de dos categorías: conflicto armado y sus actores, paz y proceso de negociación. Se encontró que quienes están 'en desacuerdo' con la negociación configuran marcos sociales que dan soporte a medios militares para dirimir el conflicto, aún en contra de su deseo de paz, y movilizan emociones de rabia, indignación, resentimiento y odio, especialmente contra las FARC; mientras quienes están 'de acuerdo' configuran marcos de comprensión que abren puertas para construir una paz concreta, incompleta e imperfecta, están más abiertos a procesos de reconciliación y convivencia y movilizan emociones como esperanza, solidaridad y confianza; pese al miedo frente a los actores armados.

This text aims at understanding the societal beliefs and collective emotional orientations that the citizens of Sonsón and Cocorná have configured with regard to the political negotiation process of the armed conflict between the government of Juan Manuel Santos and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc). To this end, 33 semi-structured and in-depth interviews were conducted in Cocorná and Sonsón. These interviews were directed to non-organized citizens who had participated in the 2016 plebiscite and were analyzed through a phenomenological-hermeneutical approach and a categorical procedure by intra and intertextual matrices, based on two categories: "armed conflict and its actors", and "peace and negotiation process". It was found that those who 'disagree' with the negotiation configure social frameworks that support military ways to resolve the conflict, even in spite of their desire for peace, and mobilize emotions of anger, indignation, resentment, and hatred, especially against the Farc. Meanwhile, those who "agree" set up frameworks of understanding that open doors to build a concrete, incomplete, and imperfect peace; are more open to reconciliation and coexistence processes; and mobilize emotions such as hope, solidarity and trust, despite their fear regarding armed actors. ; El presente texto pretende comprender creencias sociales y orientaciones emocionales colectivas que han construido ciudadanos de Sonsón y Cocorná, sobre el proceso de negociación política del conflicto armado, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para ello se realizaron, en el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, 33 entrevistas semiestructuradas y en profundidad en Cocorná y Sonsón, a ciudadanos del común que hubieran participado en el plebiscito del 2016, analizadas a través de un enfoque fenomenológico-hermenéutico, por medio de un procedimiento categorial por matrices intra e intertextuales, a partir de dos categorías: conflicto armado y sus actores, paz y proceso de negociación. Se encontró que quienes están 'en desacuerdo' con la negociación configuran marcos sociales que dan soporte a medios militares para dirimir el conflicto, aún en contra de su deseo de paz, y movilizan emociones de rabia, indignación, resentimiento y odio, especialmente contra las FARC; mientras quienes están 'de acuerdo' configuran marcos de comprensión que abren puertas para construir una paz concreta, incompleta e imperfecta, están más abiertos a procesos de reconciliación y convivencia y movilizan emociones como esperanza, solidaridad y confianza; pese al miedo frente a los actores armados.

La Hacienda Juan Viñas fue una de las empresas más importantes de la industria azucarera y cafetalera de Costa Rica, propiedad de la familia Jiménez de la Guardia. Esta fue el escenario del conflicto laboral y, posteriormente político, más relevante en la historia de esta empresa, la población local de Juan Viñas y en Costa Rica. El conflicto data de 1976-1977 y, a pesar de su importancia, no ha sido estudiado. Este trabajo es pionero en su investigación. Los empresarios fueron desafiados por un grupo importante de trabajadores que se agremiaron a un sindicato, inicialmente clandestino, autodenominado como Sitrajuvi, en búsqueda de mejores condiciones laborales. Esta unión desencadena una lucha interna entre patrono y trabajadores, que trae como consecuencias más importantes la ola de despidos, la intermediación del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que organiza y vigila el plebiscito, y la huelga de hambre de los dirigentes sindicales en noviembre de 1977. Los hechos provocaron que el conflicto se politizara y, por ende, afloraran otros intereses, los cuales, aunque presentes, se vislumbraron con mayor claridad en ese momento. Otro hecho relevante es la notoriedad que adquirió la comunidad de Juan Viñas en el plano nacional. ; The Hacienda Juan Viñas was one of the most important companies in the sugar and coffee industry in Costa Rica, which is owned by the family Jiménez de la Guardia. It was the setting of the labor dispute, and subsequently, the setting of the most important political conflict in the history of the company, of the local population of Juan Viñas and, at the time, of Costa Rica. This conflict dates from 1976-1977. Despite its importance, it had not been investigated. Therefore, this study is pioneering in view of the lack of previous research. The owners were challenged by a large group of workers who unionized to a labor union, which was initially clandestine and known as "Sitrajuvi", in search of better working conditions. The above unleashes internal strife between the employer and workers that brought about significant consequences such as dismissals, intermediation of the State through a plebiscite, and a hunger strike in November 1977, which makes a politicized conflict; thereby, other interests that were already present emerged with a clearer understanding at the time. Finally, another important fact at the time was the popularity that stands the community of Juan Viñas at the national level. ; UCR::Sedes Regionales::Sede del Atlántico

Este libro nació en una conversación entre los editores unas semanas antes del 2 de octubre del 2016, día en que el Acuerdo de Paz de la Habana fue sometido a plebiscito. Como muchos colombianos, nos enfrascamos en una discusión sobre diversos aspectos de lo pactado por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—. Esta inquietud de dos personas se transformó en un diálogo de veintitrés. Así, esta obra es una contribución de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario al debate del fin del conflicto armado y la construcción de paz en Colombia. En él, participan profesores de esta y otras universidades colombianas con el fin de presentar una reflexión académica desde los estudios socio-jurídicos de los alcances, limitaciones y oportunidades de aprendizaje del proceso de paz y acuerdo logrado en 2016 con las FARC. En este contexto, este libro responde a la necesidad de promover una discusión informada sobre el papel del derecho y de los abogados en la estructuración e implementación de iniciativas de paz. Luego de tantos años en que los académicos han estudiado en el país la interacción conflicto armado y derecho, es esencial dar paso a una reflexión profunda que concatene esta disciplina con los escenarios de paz. ; This book is the outcome of a conversation between its editors several weeks before October 2, 2016, the date on which the Colombian people were to vote whether to approve the Havana Peace Agreement. Like many Colombians, we discussed different aspects and challenges of the agreement between the Colombian Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia –farc–. This conversation between two people soon became a dialogue among twenty-three authors. This volume is a contribution of Universidad del Rosario's Law School to the ongoing debate around the end of the armed conflict and peacebuilding in Colombia. Professors from Universidad del Rosario and other Colombian universities shared their articles to offer insights from the socio-legal perspective to the debate on the Peace Agreement's advantages and disadvantages, and lessons learned in this process. In this context, this work aims at promoting an informed discussion on the role of the law and lawyers in designing and implementing peace initiatives. After many years in which scholars have devoted their research to understand the interplay between the internal armed conflict and the law, it is time to begin an in-depth analysis of the interaction between the law and post-conflict scenarios.

Generalmente, los plebiscitos sucesorios que definen la continuidad de un dictador en el poder son analizados desde el punto de vista de la competencia entre las elites autoritarias y democráticas. Menos espacio se da al estudio de la opinión pública, lo que responde a la ausencia de encuestas que, muchas veces, los mismos regímenes autoritarios prohíben. Visto así, el caso de Chile es excepcional. El Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) realizó encuestas previas al plebiscito sucesorio de 1988, donde se decidía la continuidad del general Pinochet en el poder por otros ocho años. Con base en esta información, identificamos los determinantes políticos y sociales que explicaron el triunfo de la oposición. Mediante una serie de modelos binomiales y multinomiales, constatamos que la opción «no» tuvo mayor apoyo en los hombres, los jóvenes y las personas de nivel socioeconómico bajo, marcando una clara continuidad con los patrones de voto a los partidos de centro-izquierda previos al golpe de estado de 1973. Además, sostenemos que la opción «no» era la favorita incluso antes de la emisión de la propaganda televisiva. De esta forma, el caso de Chile es útil para evaluar los modelos de conducta electoral en escenarios no democráticos, identificando los factores a largo y corto plazo que explican los resultados políticos. ; Generally, successor plebiscites to define the continuity of a dictator in power are analyzed from the point of view of the competition between authoritarian and democratic elites. Less space is given to the study of public opinion, due to the absence of surveys that the very authoritarian regimes very often prohibit. Thus, the case of Chile is exceptional. The Center for Studies of Contemporary Reality (CERC) conducted surveys prior to the successor plebiscite held in 1988 to decide the continuity of General Pinochet in power for eight more years. Based on this information, we identified the political and social determinants that explained the triumph of the opposition. Through a series of binomial and multinomial models, we verified that the "No" option had greater support among men, young people and people of low socioeconomic status, clearly marking a continuity with the voting patterns for the center-left parties before the 1973 coup d'état. Moreover, we maintain that the "No" option was the preferred one even before the broadcast of television propaganda. Thus, the case of Chile is useful to evaluate electoral behavior models in undemocratic scenarios, identifying the long and short-term factors that explain political outcomes.

La investigación politológica reciente indica que en los últimos años ha habido a nivel mundial una expansión del uso de mecanismos de democracia directa (MDD) y, especialmente, de su incorporación a los marcos normativos tanto nacionales como subnacionales (Scarrow, 2001). Dentro de ese panorama, Uruguay constituye un caso excepcional. A lo largo de las últimas dos décadas se registra en el país el uso sistemático de los MDD promovido por organizaciones sociales ajenas al gobierno, como parte central de las estrategias opositoras. En este trabajo se intenta realizar un estudio en profundidad del conjunto de iniciativas de ese tipo promovidas en Uruguay desde la recuperación democrática (1985) hasta el primer triunfo electoral de la izquierda (2004). ; Índice Prólogo 9 Introducción 11 Los debates actuales en torno a los mecanismos de democracia directa 12 Democracia directa y partidos 14 Uruguay 1985-2004: partidos, sociedad y democracia directa desde abajo 16 La investigación 23 Objetivos 23 Metodología 24 Una reseña de los MDD promovidos "desde abajo" en Uruguay entre 1985 y 2004 25 El referéndum contra la ley de caducidad. Democracia directa y derechos humanos 25 El plebiscito "de los jubilados" de 1989: la democracia directa vino para quedarse 32 El referéndum contra la Ley de Empresas Públicas de 1992: el Estado no se toca 38 Los plebiscitos de 1994: la agenda de las corporaciones 50 Las iniciativas del período 1998-2001: ¿crisis por desgaste? 58 Derrumbe económico y democracia directa. El ciclo exitoso de 2002 a 2004 72 Una tipología de los MDD promovidos "desde abajo" en Uruguay 79 Las iniciativas según el tipo de bien público en juego 81 Las iniciativas según el tipo de organización social que las promovió 82 Una tipología posible 83 Estatismo, sindicatos e izquierda política en los MDD El estatismo como seña de identidad 85 Un movimiento sindical predominantemente público, con agenda propia 87 Las transformaciones en el movimiento sindical uruguayo entre 1985 y 2004 88 Las relaciones entre sindicatos e izquierda política en el Uruguay del siglo XX 91 El triunfo electoral de la izquierda: ¿final de un ciclo? 94 Una perspectiva teórica para las relaciones entre sindicatos y gobiernos de izquierda 95 Consideraciones finales 100 El Estado uruguayo y las corporaciones a fines del siglo XX 102 Bibliografía 105 personas entrevistadas 109 Siglas 111

El régimen político colombiano está en crisis. El Estado se enreda en sus propias cuerdas. Las tres ramas del poder se bloquean mutuamente y entran en conflicto silencioso. El recurso del gobierno al plebiscito o al referéndum con el fin de llevar a cabo una reforma constitucional, recurso hasta ahora frustrado, es obviamente un intento de eludir de un solo golpe al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia. Y de paso, una manera de proclamar ante el país su ineficacia. Denuncia tanto más notable cuanto que el partido de gobierno tiene la mayoría en el Congreso, lo cual significa que el Presidente no puede confiar en sus propios copartidarios. Este esguince es la respuesta presidencial ante el bloqueo ejercidopor los senadores de su Partido a los proyectos de reforma presentados en las dos legislaturas anteriores, y el intento de burlar la vigilancia de la Corte Suprema de Justicia. Pero la rama jurisdiccional, esta vez a través del Consejo de Estado, se ha interpuesto en el camino del gobierno y ha "tumbado" la última fórmula acogida, el referéndum. Es una nueva confrontación del Presidente con el poder judicial. Ya antes, por televisión, había denunciado ante el país a la Corte Suprema de Justicia y se le había atribuido la responsabilidad de la impotencia del gobierno ante la situación de violencia que vive el país. Se renueva, pues, el choque de poderes: Congreso contra Presidente, Presidente contra Congreso, Justicia contra la omnipotencia del Ejecutivo y gobierno ansioso de eludir el control jurisdiccional. Entre tanto, avanza el deterioro nacional. Un juridicismo aparente entraba las reformas necesarias para el mantenimiento del Estado de Derecho. La ley, mal entendida, conspira contra sí misma, y tanto políticos como juristas temen desatar el nudo gordiano y tender el puente hacia el constituyente primario: el pueblo. Sobre estos temas, ANALISIS POLITICO ha entrevistado al Dr. Jaime Castro, ex-ministro de gobierno, destacado dirigente liberal y crítico de la fórmula plebiscitaria, y al Dr. Luis Carlos Sáchica, nombrado miembro del Grupo de Expertos después de esta entrevista, ex-magistrado de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y del Tribunal Andino deJusticia. A pesar del naufragio jurídico sufrido por el Acuerdo del Palacio de Nariño, ANALISIS POLITICO considera que las dos entrevistas siguen teniendo actualidad puesto que la parálisis del Estado y sus alternativas están a la orden del día.