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Organizaciones sociales enviaron carta al director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en la cual señalan, entre otros, que desde el pasado 1 de mayo de 2021 en El Salvador se ha acelerado el deterioro del orden constitucional, la separación de poderes y el respeto a los principios democráticos y republicanos; por lo cual anotan que, de lograr un acuerdo del FMI con el país, se reviertan antes las decisiones que han afectado la institucionalidad democrática = Social organizations sent a letter to the director of the IMF's Western Hemisphere Department, in which they point out, among others, that since May 1, 2021, El Salvador has accelerated the deterioration of the constitutional order, the separation of powers and respect for democratic and republican principles; For this reason, they note that, if the IMF reaches an agreement with the country, the decisions that have affected democratic institutions will be reversed beforehand.

Ante las alarmantes señales y acciones en contra de la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas desde la llegada del actual Presidente de El Salvador, las organizaciones firmantes manifiestan, en el presente documento, a la comunidad nacional e internacional, que rechazan los ataques contra la prensa, particularmente contra medios que realizan periodismo de investigación; asimismo, condenan la actitud de resistencia a la rendición de cuentas, la contraloría social y al acceso a la información. Al respecto, hacen llamados urgentes al Presidente de El Salvador, Ministro de Hacienda, Fiscal General, Procurador de los Derechos Humanos, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Relator Especial de Libertad de Expresión y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las organizaciones de sociedad civil nacionales, regionales e internacionales firmantes de la presente carta, dirigida al Secretario General de la OEA, muestran su preocupación por la crisis constitucional y política que atraviesa El Salvador; consideran que mientras las personas ilegalmente designadas el 1 de mayo como magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General de la República ocupen ilegítimamente esos cargos, permanecerá la violación al orden constitucional y al principio de separación de poderes. Dada la gravedad de lo que ocurre en el país, las organizaciones le presentan acá dos solicitudes.

Las organizaciones firmantes rechazan enérgicamente las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República de El Salvador, aprobada el 31 de agosto del presente año por la Asamblea Legislativa de manera atropellada, inconsulta, opaca e ilegítima. Estas reformas terminan de anular la independencia del Órgano Judicial, luego del desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional el pasado 1 de mayo. Ante este nuevo ataque las organizaciones se manifiestan en este comunicado.

Las organizaciones de la sociedad civil nacionales y regionales firmantes de este comunicado, se dirigen a la comunidad internacional para hacer de su conocimiento el rompimiento de los compromisos que el presidente de la República adquirió con las organizaciones de la sociedad civil, el pasado 30 de julio, en reunión convocada en Casa Presidencial, por lo que instan a la comunidad internacional a velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos por el presidente y monitorear de cerca las acciones realizadas por el Estado contra la sociedad civil y el periodismo en El Salvador.

En esta carta abierta dirigida al Presidente de El Salvador, más de veinte organizaciones solicitan la reivindicación de los derechos de las personas privadas de libertad durante la emergencia por COVID-19; asimismo, manifiestan su preocupación por las amenazas y riesgos a la democracia en El Salvador.

La propuesta se basa en cuatro puntos básicos: regular el funcionamiento, regular el financiamiento, normar las cuotas de género y promover la democracia interna en los partidos políticos. Su propósito principal es fortalecer el sistema de partidos políticos en El Salvador. El anteproyecto de ley establece el régimen jurídico de los partidos políticos en lo relativo a su constitución, registro, organización, régimen interno; los derechos y los deberes de éstos y sus miembros. Además, regula el patrimonio, el financiamiento, la obligación de rendir cuentas, las coaliciones y cancelación de partidos; el régimen de sanciones y el procedimiento sancionatorio. Esta es la primera propuesta que se presenta a la Asamblea Legislativa desde la sociedad civil.

La propuesta se basa en cuatro puntos básicos: regular el funcionamiento, regular el financiamiento, normar las cuotas de género y promover la democracia interna en los partidos políticos. Su propósito principal es fortalecer el sistema de partidos políticos en El Salvador. El anteproyecto de ley establece el régimen jurídico de los partidos políticos en lo relativo a su constitución, registro, organización, régimen interno; los derechos y los deberes de éstos y sus miembros. Además, regula el patrimonio, el financiamiento, la obligación de rendir cuentas, las coaliciones y cancelación de partidos; el régimen de sanciones y el procedimiento sancionatorio. Esta es la primera propuesta que se presenta a la Asamblea Legislativa desde la sociedad civil.

En El Salvador, este año no se publicó la Política Presupuestaria 2022; hasta la fecha su contenido sigue oculto, lo que además de incumplir la Constitución y las leyes, viola el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos salvadoreños. En este comunicado las organizaciones firmantes de este comunicado presentan 3 demandas al respecto.

Las organizaciones de la sociedad civil, firmantes de este comunicado, se manifiestan ante el asalto a la separación de poderes mediante ilegítimas destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República de El Salvador por parte de 64 diputados de la Asamblea Legislativa, en el mismo día de su toma de posesión.

El comunicado indica que el Presupuesto General de la Nación 2021 está desfinanciado; sostiene una elevada deuda, omite partidas, entre otros; por lo que hace un llamado a la Sala de lo Constitucional para que exija al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa que cumplan y hagan cumplir la Constitución de la República de El Salvador.

Las organizaciones que suscriben el presente comunicado, manifiestan su profunda preocupación por los indicios de posibles actos de corrupción en el Gobierno en esta situación de emergencia por COVID-19. La pandemia que se enfrenta está costando vidas de muchos salvadoreños y salvadoreñas, por lo que acá se expresan al respecto y presentan peticiones al Presidente de la República, Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas y Fiscal General.