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Introducción
Con frecuencia se ven en la Ciudad de Buenos Aires adultos mayores de 60 años que se desenvuelven solos en diferentes actividades diarias que van desde pasear su perro, caminar y cruzar las calles, hasta realizar las compras de alimentos. Desde la observación cotidiana, se percibe que un alto índice de la población es de edad avanzada y tienen sus propias necesidades, por lo cual se selecciona este grupo poblacional como consumidor de estudio en esta investigación. Con relación a esto la especialista en longevidad Norma Tamer en "La perspectiva de la longevidad" expone:

La revolución de la longevidad, herencia de finales del siglo XX, sumada al rápido crecimiento de la población en la primera mitad del siglo XXI, nos muestran el horizonte de la transformación demográfica mundial, un mundo que envejece con profundas consecuencias para cada uno de los aspectos de la vida individual y comunitaria, nacional e internacional, con repercusiones que se proyectan, a su vez, a todas las dimensiones de la existencia humana, social, económica, política, cultural, psicológica y espiritual (2008, p. 92)1
Asimismo, ante la situación de salud en esta población, los Doctores Marcia Ávila, Edgar Vázquez y Mónica Gutiérrez plantean en "Deterioro cognitivo en el adulto mayor" que:
Con el incremento de la esperanza de vida, han aumentado la incidencia y prevalencia de enfermedades que aparecen en edades avanzadas, lo que unido a la revolución demográfica del mundo occidental, con un crecimiento explosivo de la población mayor de 65 años, hace que las dimensiones del problema se tornen "epidémicas" en la primera mitad del siglo XXI. Resulta de gran interés investigar aquellas enfermedades que causan incapacidad física y se asocian con el deterioro intelectual, pues afectan directamente la calidad de vida del paciente (2007, p. 2)2 .
De igual forma, entre los problemas de salud en edades avanzadas se encuentra la disminución o perdida de la capacidad visual que se afecta por diferentes síntomas como la edad o enfermedades. Este factor se destaca ya que puede influir en la legibilidad de la comunicación gráfica, en este caso por medio de las etiquetas.
Entretanto, saber comunicar un mensaje específico es de gran importancia para no fallar en la transmisión de la información y que le llegue al consumidor de manera acertada. Siguiendo esta línea, por medio del diseño gráfico se comunican mensajes desde las diferentes piezas gráficas como las etiquetas o envases-etiquetas que tienen un doble objetivo, por un lado el de informar al consumidor sobre el producto y por el otro el de vender por si mismos el producto, por lo cual en la elaboración del diseño gráfico se analizan diferentes aspectos como la distribución de los textos, el tipo y tamaño de letra, tamaño de logotipo, colores, imágenes que pueden ser ilustraciones y/o fotografías, listado de ingredientes, entre otros datos según el producto, además si las piezas gráficas se componen de textos e imágenes logran llamar más la atención y quedan en la mente de los consumidores que recordarán más fácil el producto a diferencia de las que se componen sólo de texto. En conclusión, la pieza gráfica debe ser funcional y cumplir el propósito de comunicar el mensaje claro y específico, además de verse estéticamente agradable. Cada una de las diferentes piezas gráficas es un medio de comunicación. En relación con esto La Casa Editorial El Tiempo describe en El libro de la convivencia que:
El inmenso poder e influencia que poseen los medios de comunicación en las sociedades actuales obliga a quienes hacen uso de ellos en calidad de emisores o receptores obrar con un gran sentido de la honradez, la responsabilidad y el análisis crítico, ya que todo cuanto se transmite a través de ellos causa un profundo impacto en la comunidad (2006, p. 97).
De igual forma, al tener clara la situación visual de los adultos mayores y entender la comunicación a través del diseño gráfico, en esta investigación se analiza la importancia de la comunicación a través de las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados, en tanto que este segmento poblacional tiene el derecho de visualizar y entender claramente la información de los productos. Por lo cual, las etiquetas son de gran importancia porque cumplen diferentes funciones como identificar, clasificar y seleccionar el producto que contiene un envase, además en ellas se encuentran los datos del producto que se le proporcionan al consumidor para que sea de su conocimiento, tales como: contenido, cantidad, tabla nutricional, instrucciones de uso y almacenamiento, contraindicaciones, fecha de vencimiento, entre otras características que se tienen en cuenta, según sea el caso, por salud, para conservar en buen estado el producto y/o para utilizarlo de la manera adecuada, de igual forma las instrucciones son más claras cuando se acompañan de gráficos y facilitan el uso del producto, además de estas funciones, la etiqueta con un buen diseño que muestra la calidad del producto y los beneficios que ofrece le vende al consumidor. En relación con este tema el Ingeniero José Antonio Rodríguez en el Manual de ingeniería y diseño de envase y embalaje señala:
Indudablemente uno de los factores que hace más atractivo un envase es el diseño gráfico y los colores de los elementos impresos en el mismo. Incluso la impresión lograda en un empaque deja en segundo término al diseño mismo del empaque. Lo anterior es común apreciarlo cuando vemos un envase de tipo genérico, éste puede ser realzado y diferenciado por el uso de una etiqueta que lo hará diferente dependiendo de la calidad del papel, del diseño gráfico y por supuesto de la impresión lograda. No es raro provocar la primera compra de un producto por la motivación del atractivo generado a través de la etiqueta, esta no sólo informa al consumidor, sino que también lo atrae, algo que sin duda es una gran ventaja, considerando la gran cantidad de productos que existen en un supermercado, y el que nuestro producto compite desde un pequeño espacio contra la lealtad que el consumidor tiene a su marca preferida y ante la inusual actitud del consumidor a comprar productos desconocidos (2007, p. 11:1).
En cuanto al mercado en general y al tener en cuenta que las etiquetas son el primer estímulo que tiene un consumidor dentro del supermercado al observar un producto, para esta investigación por medio de la herramienta de recolección de datos como es la observación, se seleccionan los productos lácteos que más llevan los adultos mayores en las marcas líderes de Argentina, La Serenísima y SanCor en su actividad de compra en un supermercado de la ciudad dentro de una destacada localidad con el fin de analizar las etiquetas de esos productos como caso de estudio.
El problema se plantea en la aplicación de los elementos gráficos dentro de un espacio reducido y en muchas ocasiones con saturación de información. Los profesionales encargados de elaborar las piezas gráficas de comunicación visual, en este caso las etiquetas de los productos lácteos, analizan cuál es la disposición más acertada de los diferentes elementos en la composición gráfica, además de tener presente las normas legales de información que se asignan por ley en las etiquetas (ver capítulo dos), esto implica dejar un espacio menor en la pieza gráfica de comunicación para la información general del producto. Como consecuencia se trabaja con un tamaño de letra reducida para tener en la etiqueta todo lo requerido a nivel legal y de información propia del producto, esto puede generar en algunos casos piezas contaminadas visualmente por la cantidad de información e imágenes, que afectan al segmento poblacional de los adultos mayores que en general ya no cuentan con una buena visión por su avanzada edad.
Por lo tanto ¿El diseño gráfico y los elementos tipografía, color e imagen dificultan o facilitan la legibilidad y la comunicación visual entre los adultos mayores y las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuesto en góndolas en grandes supermercados? A causa de la aplicación de estos elementos en el espacio reducido de las etiquetas, por su tamaño o disposición y sin olvidar que este sector poblacional se encuentra con dificultades de salud visual.
Se analiza en esta investigación la oportunidad de comunicación visual que generan el diseño gráfico y la aplicación de los elementos tipografía, color e imagen en este segmento creciente de consumidores, a través de las etiquetas de los envases de los productos lácteos, ya que su capacidad visual se ve reducida por la edad o por posibles enfermedades que le dificultan o limitan el sistema de visión para adquirir por si solos la información de los productos y su reconocimiento. Por lo tanto, en primera instancia se estudia a la población de los adultos mayores en diferentes aspectos y se puntualiza en los adultos mayores en Buenos Aires. Se investiga sobre la comunicación y el diseño gráfico como medio para transmitir información, además de las etiquetas de los envases de los productos de consumo cotidiano y desde los tres elementos gráficos nombrados anteriormente. Se analizan y relacionan aspectos tanto positivos como negativos de la aplicación de los tres elementos del diseño gráfico a trabajar, el uso del medio de comunicación como es la etiqueta y su utilidad para el consumidor. Además es de interés para esta investigación conocer la percepción de la comunicación gráfica de los adultos mayores y percibir si se cumple la funcionalidad de entregar desde las etiquetas como caso de estudio la información legible, clara y acertada a las necesidades de este grupo de consumidores y que no creen falsas expectativas de los productos. Finalmente se analizan en esta investigación las etiquetas de seis productos lácteos en dos marcas líderes en Argentina.
Objetivo general
El objetivo general propone investigar qué lugar cumple el diseño gráfico y la disposición de los elementos tipografía, color e imagen en las etiquetas de los envases de los productos lácteos, expuestos en góndolas en grandes supermercados, en relación con la legibilidad y la comunicación con el público mayor en Buenos Aires.
Objetivos específicos
Los objetivos específicos intentaran indagar sobre los adultos mayores, sus características y dificultades visuales; reflexionar sobre la realidad social de los adultos mayores frente a la oportunidad de comunicación que genera el diseño gráfico en esta población creciente de consumidores, en este caso, a través de la etiqueta del envase de un producto lácteo; y analizar en las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados los elementos gráficos tipografía, color e imagen como parte de la transmisión de un mensaje.
Hipótesis
La hipótesis plantea que la disposición de los elementos tipografía, color e imagen en el diseño gráfico de las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados afectan la legibilidad y la comunicación con el segmento poblacional mayor de 60 años. (Buenos Aires, 2013 - 2015).
Estado de la cuestión
Los Doctores Marcia Ávila, Edgar Vázquez y Mónica Gutiérrez describen en "Deterioro cognitivo en el adulto mayor", que en los últimos años se ha hecho más importante el estudio de los procesos de cambio demográfico y epidemiológico. Una de las razones es el envejecimiento poblacional que se extiende y aumenta su velocidad en diferentes territorios del mundo. Además, los servicios sociales y de salud cambian frente a una variación que surge en relación con la cantidad de personas que en un mismo lugar se enferman, como también en la medida de personas fallecidas con respecto al total de la población (2007, p. 1-2)3 .
Además, los Doctores Ávila, et.al., exponen que4 :
En América Latina y el Caribe la transición demográfica, de comienzo reciente, se caracteriza por su rapidez siendo un proceso generalizado, todos los países de la región marchan hacia sociedades más envejecidas. En 1950 sólo el 5.4% de la población tenía 60 años o más, en el 2002 se estimó un 8%, mientras que para el 2025 se estima un 12.8% de la población en este grupo y para el 2050 el 22%, mientras la población en general crece en un 1.5%, la población mayor de 60 crece en un 3.5%. El 75% de las personas que nacen hoy en América Latina y el Caribe serán adultos mayores y un 40% sobrepasarán sus 80 años. De manera que en un siglo el porcentaje de adultos mayores se cuadruplicará, (2007, p. 2).
De acuerdo a la Psicóloga Mariela Mociulsky en Los nuevos viejos: la revolución de la tercera edad, comenta que las personas, con el transcurrir de los años, son impactadas en su estructura de vida por los cambios que surgen a través del tiempo. Entre los primordiales se ubica la extensión de la expectativa de vida. Se citan otros cambios, tales como la actitud y las necesidades de vida, que sugieren renovar constantemente las estrategias dirigidas a los nuevos perfiles de consumo, los cuales se analizan para lograr frente a ese nuevo segmento el propósito del mercado, (2010)5 .
Por su parte las Psicólogas Berta Gutiérrez, Carolina Reyes, Nieves Schade, Claudia Sepúlveda y Marcela Uribe señalan en Comparación entre adultos mayores y adultos: emoción, nivel socio-cultural, percepción de la capacidad de la memoria y ejecución en tareas de memoria, que el aumento de la población de los adultos mayores con el paso de los años se muestra como un reto para los profesionales que se interesan por el bienestar de este grupo de consumidores para que vivan de la mejor manera esta etapa y su desarrollo (2003, p. 98).
Asimismo, uno de los problemas a los que se refieren las anteriores psicólogas tiene que ver con una función, la cual cuenta con diferentes estudios.
La memoria es uno de los temas preocupantes de la vejez, especialmente su posible pérdida. Los adultos mayores mencionan que se le olvidan las cosas más que antes, los nombres de las personas, el lugar donde dejan las cosas e incluso si han apagado la llave del gas, etc. Esto es vivido como la sensación de un proceso de deterioro, el anuncio de una patología y por ende un problema de autonomía (Schade, 2002), (2003, p. 98)6 .
Según, el investigador José Tomás Romero en Discriminación y adultos mayores: un problema mayor indica que la población de los adultos mayores desde la cultura, la sociedad y la economía son excluidos por considerarse un grupo de personas que se caracteriza por ser las más enfermas, ineficientes e improductivas. Además de la creación de estereotipos sociales que no se presentan en igualdad de condiciones para todos. Esto permite que se devalúe a un segmento de la población y que se aumente la desvalorización. Por lo tanto, una de las etapas del ciclo de vida del ser humano como es envejecer, se convierte en amenaza y degradación, por esto las personas no la aceptan completamente (2005, p. 58)7 .
En este sentido se puede pensar que los adultos mayores dentro de la estructura de la sociedad hace varios años atrás no tenían su propio lugar, por consiguiente no eran tenidos muy en cuenta, pero el paso del tiempo y los cambios que surgen generan que este segmento creciente de la población tenga cada vez mayor importancia junto a sus propias necesidades, para llevar una mejor calidad de vida, creándose nuevos productos y servicios pensados específicamente en este grupo de personas o para facilitarles la información y uso de los productos y servicios.
Finalmente, vale la pena destacar que por su parte, Tamer enuncia que a nivel internacional se dieron dos eventos que tuvieron amplia repercusión en el discurso declaratorio de un modelo de envejecimiento con calidad de vida, sin dependencia física, psíquica y social, sino identificándolo con autonomía personal y esperanza de vida sin discapacidad.
El primero de ellos, el Año internacional de las personas mayores (1999) instaló el concepto de una sociedad para todas las edades e implicó cuatro dimensiones: el desarrollo individual durante toda la vida, las relaciones multigeneracionales, la relación mutua entre el envejecimiento de la población y el desarrollo y la situación de las personas de edad. Ese acontecimiento atravesó el espacio geográfico de las naciones y contribuyó a promover la conciencia de la situación, como también la necesidad de impulsar la investigación multidisciplinaria y la acción consecuente en materia de políticas gerontológicas en todo el mundo.
El otro evento, el Plan de acción internacional sobre el envejecimiento (Madrid, 2002) por su parte, planteó como objetivo "garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad puedan continuar participando, en sus respectivas sociedades, como ciudadanos con plenos derechos". En este caso, el plan de acción de la asamblea mundial vino a sustentar la necesidad de que tal envejecimiento con calidad de vida sea una opción no sólo para los países desarrollados, quienes parcialmente lo están logrando, sino también extensiva a los países en vías de desarrollo, en donde parece prácticamente inalcanzable.
Ante ello, el interés por el estudio de la vejez desde una visión interdisciplinaria se expande y tiende a avanzar presuroso en el conocimiento de los mecanismos de un envejecimiento activo (2008, p. 92-93)8 .
Se pone por caso para esta investigación el estudio de los adultos mayores por ser una población en constante crecimiento y con una historia que va desde lo social hasta lo polí- tico. Es de interés este consumidor que genera cambios en las diferentes estructuras social, económica y política, cambios que no son ajenos a su condición de vida y por lo cual los profesionales en diferentes áreas, como en este caso los diseñadores gráficos y de comunicación visual, analizan y renuevan las estrategias para que este segmento poblacional con necesidades específicas no tengan mayores dificultades en esta etapa de la vida para adquirir un producto y utilizarlo aún si presenta dificultades en la salud. Esto los coloca en igualdad de condiciones a otros consumidores y les brinda una calidad de vida al poder ser autónomos en sus actividades diarias como la compra de alimentos.
Por otro lado, autores como Wong, Arroyo, Ambrose, Harris y Swann indagaron sobre temas como el diseño gráfico y los procesos a seguir para un desarrollo acertado en los procesos, otros temas que reflexionan son el diseño creativo y el mensaje visual.
En esta línea, el multifacético Wucius Wong en Fundamentos del diseño comenta sobre el diseño que va más allá de embellecer la apariencia de "algo" como piensan algunos, también tiene el propósito de cumplir una función específica dentro de un proceso de creación visual y con exigencias prácticas. Por lo cual el consumidor al observar una pieza gráfica recibe un mensaje determinado.
Igualmente, Wong resume que "un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de "algo", ya sea esto un mensaje o un producto. (…) Su creación no debe ser sólo estética sino también funcional" (2012, p. 41).
Por su parte, el investigador Roberto Gamonal Arroyo indica en Reseña de diseño gráfico y comunicación de Daniel Tena Parera (especialista en artes gráficas), que el especialista propone por un lado un método que es creativo y por otro un análisis instrumental del Diseño Gráfico. En el método creativo el especialista sugiere sobre el diseñador gráfico y el proceso que a su criterio propone siga cada profesional en el desarrollo de cada proyecto al que se enfrenta. El proceso está compuesto por tres etapas que son fundamentación, conceptualización y aplicación (2005, p. 266).
Igualmente en el análisis instrumental de los mensajes gráficos, Tena hace un aporte que define una manera adecuada de presentar los productos ante el consumidor.
Para ello toma como referencia el concepto de "estado estético" utilizado por Max Bense y que reconvierte en una formulación gráfica que proporciona al lector percepciones visuales que le provocan una actitud de preferencia frente al producto gráfico. Esta investigación la desarrolló en su tesis La influencia de la composición gráfica en la elección de un bloque de texto escrito (Gamonal, 2005, p. 266)9 .
Según, el Diseñador gráfico Gavin Ambrose y el editor Paul Harris en Fundamentos del diseño creativo reflexionan que hace tiempo el diseño creativo se encontraba a su parecer en una categoría de "edad de oro", aun cuando no se contaba con muchas practicidad, ni medios. Señalan también estos autores que cada vez crecen más las fronteras del mundo de la imagen gracias a dos factores: por un lado el desarrollo tecnológico y por el otro lado por la población que se extiende en el mundo de las imágenes. Asimismo indican sobre el diseño creativo que es la composición de diferentes elementos gráficos que buscan dentro de un conjunto cumplir con su funcionalidad de ser efectivos por su relación y adecuación para aportar al producto en su finalidad (2006, p. 6-7).
A su vez, el Diseñador gráfico Alan Swann en Diseño y marketing plantea que el mensaje visual que cumple la funcionalidad de transmitir un mensaje es uno de los principales objetivos al desarrollar un trabajo de diseño gráfico. Este mensaje para ser efectivo debe crearse aplicando los elementos gráficos y las combinaciones adecuadas dentro del formato correcto (1991, p. 6) y en Bases del diseño gráfico expone que el diseñador gráfico tiene por función resolver de manera novedosa y acertada los problemas de comunicación concernientes según el caso a los productos, conceptos, imágenes y organizaciones. El autor además destaca que el diseño hace parte cada vez más relevante en la sociedad aportando al desarrollo cultural y artístico (1990, p. 6).
Por lo que se refiere en esta investigación se estudia el área del diseño desde el ámbito gráfico y a partir de los elementos que hacen parte de la composición de un proyecto gráfico que tiene como finalidad la transmisión de un mensaje específico y así analizar desde una pieza gráfica como es la etiqueta si se cumple con el objetivo de esta disciplina adecuadamente y dirigida al consumidor de manera funcional y acorde a sus necesidades, sin olvidar que además de crear una pieza gráfica atractiva, transmita el mensaje visual de manera acertada al consumidor en este caso a los adultos mayores.
En cuanto a la comunicación los investigadores Christian Baylon y Xavier Mignot en La comunicación reflexionan que el término conlleva una multitud de significados por los diversos empleos que se le da en un contexto, por ejemplo al decir "el sistema de comunicaciones telefónicas es caro", se refiere a la transmisión de una señal o "entre las dos habitaciones existía una comunicación", es decir por el corredor o quizá una puerta. Sin embargo, estos investigadores puntualizan al comentar que comunicar se entiende como "la interrelación de las mentes humanas o, si se prefiere, de los cerebros humanos". Igualmente expresan que la comunicación es la transmisión de una imagen por medio de los diferentes medios de comunicación, sin embargo no niegan que la comunicación es el intercambio de información entre las personas y que el lenguaje es el medio de comunicación por excelencia (1996, p. 13-15).
Por su parte el Diseñador Jorge Frascara en El diseño de comunicación plantea que a través de la percepción que compromete la acción de búsqueda y construcción de significado se comienza la comunicación y a raíz de los estímulos visuales estructurados como proceso de interpretación. Asimismo comenta que se entiende la fortaleza de un mensaje visual por la fuerza que le da el canal aun cuando su contenido carezca de interés ya que las personas son principalmente visuales (2006, p. 69-70).
Igualmente, Frascara describe que:
Percibir implica buscar, seleccionar, relacionar, organizar, establecer conexiones, recordar, reconocer, identificar, jerarquizar, evaluar, descartar, aprender e interpretar. Cuanto más sean considerados los estilos cognitivos del público para la organización de los estímulos, tanto más fácil será la interpretación del mensaje. De aquí la importancia de la pertinencia y la organización de los componentes visuales usados en un mensaje gráfico, y de su adaptación al estilo perceptual y cognitivo del público buscado (2006, p. 71).
Asimismo sobre el estímulo, Frascara indica que en el visual la imagen efectúa uno tan poderoso que logra sobresalir del contexto en el que se ubique (2006, p. 67).
Siguiendo esta línea los investigadores Baylon y Mignot puntualizan en la comunicación por la imagen y comentan que por medio de la imagen la comunicación es más eficaz ya que se multiplica y logra llegar a más destinatarios. Igualmente los avances que se generan en los medios de comunicación han provocado con mayor fuerza la utilización de mensajes con las imágenes. En este contexto y "en un artículo sobre la retórica de la imagen, Roland Barthes señala la importancia de los mensajes propiamente lingüísticos que a menudo la completan", por ejemplo en una señal donde además de mostrar el gráfico de prohibido está la palabra escrita. Además Baylon y Mignot señalan que un grupo de semiólogos se especializan en el estudio de la imagen como objeto de codificación que ayuda a la comprensión de un contexto (1996, p. 169-170)10.
En este sentido y al unir los términos anteriores se puede decir que la comunicación grá- fica es un medio visual por el cual se transmite un mensaje específico a un público determinado e implica imágenes como parte de la solución a proyectos de comunicación visual. Dicho mensaje específico es claro, estético y funcional si se aplican y combinan acertadamente en el proceso los diferentes elementos gráficos visuales como las formas, el color, la tipografía, las texturas y las imágenes.
Por consiguiente es relevante analizar en esta investigación la interrelación entre el consumidor y un producto en el supermercado al comunicar el mensaje a través de una pieza gráfica y estudiar si ese lenguaje visual compuesto de la palabra escrita en las etiquetas de productos lácteos se complementa o refuerza con la imagen como parte del medio de la comunicación gráfica e informa al consumidor sobre el producto de manera apropiada. Además la imagen permite que el mensaje visual llegue a más personas porque ayuda en la comprensión de dicho mensaje específico del producto. Asimismo el proceso en esta comunicación se desarrolla con signos que se tienen en común con el consumidor como por ejemplo el mismo idioma.
Al entender el diseño gráfico y la comunicación visual, se estudian en esta investigación tres elementos visuales de gran importancia, ya que por medio de ellos se efectúan los mensajes visuales que se transmiten por un medio de comunicación, en este caso la etiqueta. Un punto a tener presente con respecto a los diferentes elementos gráficos y la comunicación es que para que el mensaje sea efectivo, además de una buena selección de los elementos, es importante su combinación como se dijo anteriormente.
Con respecto a esto reflexiona Swann que:
Es importante que entendamos la naturaleza exacta y los mensajes visuales de los elementos contenidos en un diseño. Muchos diseños fracasan en su objetivo, no a causa de que los elementos individuales no estén bien concebidos, sino porque su uso conjunto no ha sido considerado con suficiente cuidado. (…) Tampoco es posible crear un diseño efectivo disponiendo los elementos escogidos de una única manera. Es necesario intentar varias permutaciones antes de poder tomar la decisión final (1991, p. 18)11.
El primer elemento visual que se analiza en esta investigación es la tipografía la cual existe hace varios siglos y cada día toma mayor importancia gracias a los avances tecnológicos que facilitan su aplicación en la comunicación visual.
La tipografía es el medio por el que se da una forma visual a una idea escrita. La selección de la forma visual puede afectar de forma drástica a la legibilidad de la idea escrita y a la sensación que despierte en el lector debido a los cientos, por no decir miles de familias tipográficas disponibles (Ambrose y Harris, 2006, p. 57)12.
El segundo elemento visual que se analiza en esta investigación por su importancia es el color, elemento primordial para llamar la atención e identificar un producto. Los colores hablan del propósito de transmisión del mensaje en una pieza gráfica y sensibilidad de un espectador. El contraste es uno de los factores para captar la atención.
Con respecto a este elemento el Diseñador gráfico David Dabner en Diseño gráfico, fundamentos y prácticas señala,
El color desempeña un papel importante en la toma de decisiones en diseño gráfico, ya que añade variedad, sensación y una dimensión espacial. Los colores seleccionados para un diseño no sólo provocan reacciones psicológicas y emocionales, sino que además tienen que apoyar y realzar los aspectos formales (2005, p. 9).
El tercer elemento visual que se analiza en esta investigación es La Imagen ya que es un elemento primordial en el ámbito del diseño y la comunicación, por ser una parte del mensaje visual que los consumidores pueden capturar e interpretar con más facilidad.
Dentro de la imagen se encuentran, por un lado la fotografía y por el otro la ilustración. La fotografía anteriormente no se involucraba con el diseño gráfico, esporádicamente eran contratados los fotógrafos para participar de un proceso gráfico, sin embargo con el pasar del tiempo se fue integrando la actividad fotográfica al punto que pasó a ser como los otros elementos visuales, un contenido importante en la disciplina del diseño gráfico. Aun cuando todos los elementos visuales están al mismo nivel de importancia, en algunos periodos la fotografía predominó a otros elementos como la tipografía y la ilustración. Siguiendo esta línea, la ilustración es versátil y contiene una gama muy variada de estilos atractivos y adaptables a las necesidades de cada proyecto, por ejemplo con frecuencia para publicaciones de periódicos se trabaja con ilustraciones a blanco y negro (Swann, 1991, p. 38, 44)13.
Finalmente la unión del diseño gráfico y los elementos visuales nombrados anteriormente junto a la comunicación, facilitan el análisis de una de las piezas gráficas importantes en la presentación y comunicación visual de un producto, la etiqueta.
En primer lugar, se describe la comunicación de masas donde los investigadores Baylon y Mignot señalan que especialistas en el tema mediante procesos transfieren los diferentes mensajes empleando los diversos medios de comunicación como la prensa o la televisión que además, comprenden la evolución social.
Actualmente, en el siglo XXI se desarrollan medios de comunicación modernos que permiten que la información llegue de forma inmediata, gracias a la avanzada tecnología que además incluye a todo tipo de personas al facilitarles la comunicación en igualdad de condiciones (1996, p. 180-181).
En conclusión los investigadores Baylon y Mignot indican que:
En gran parte, la investigación tradicional sobre la comunicación de masa se centra en el trayecto recorrido por un mensaje desde el agente emisor al sujeto receptor, y sobre la respuesta de este último al mensaje en tanto que estímulo. Desde este punto de vista, se sitúa en el mismo plano la campaña conducida por una agencia de publicidad, la difusión de los conocimientos por la televisión escolar y el discurso radiotelevisado de un político. Se suele descomponer al proceso de comunicación en cinco factores: ¿Quién dice qué a quién, por qué canal y con qué efecto? (1996, p. 181).
En esta misma línea una de las piezas gráficas que hace parte de la comunicación de masas es la etiqueta que los diseñadores Adrian Lebendiker y Analía Cervini en La seducción de un buen envase. Cómo sumar ventas a través de un packaging atractivo y funcional, describen como uno de los principales medios de comunicación visual por ser normalmente el primer incentivo que tiene el consumidor. Por otro lado si existe una contraetiqueta, el consumidor tiene la posibilidad de adquirir información más puntual del producto (2010)14.
En este sentido la etiqueta como medio de comunicación el investigador Steven Sonsino en Packaging. Diseño, materiales, tecnología describe que:
Las etiquetas y el etiquetado tienen una larga historia. Los boticarios romanos se cree que vendían las hierbas en pequeños tarros que llevaban el nombre de la droga y el vendedor. Los vinos se vendieron en jarras marcadas hasta que se introdujeron las botellas transparentes en el siglo XVII; entonces se colgaban etiquetas hechas con plata o marfil alrededor del cuello de las botellas (1990, p. 64).
Igualmente el investigador Sonsino comenta que en el siglo XVI es cuando los productos se comienzan a empacar en papel, pero se desconoce aspectos como quién marca el empaque por primera vez con la finalidad de identificar el producto o quién imprime por primera vez una etiqueta para ser pegada en el envase. Este avance se aceptó y creció entre las industrias detallistas.
Sin embargo la etiqueta tiempo atrás carecía de un valor promocional, el cual comenzó a tomar fuerza el siglo pasado en el momento que "los cosecheros franceses empezaron a imprimir escenas de la vendimia en sus etiquetas, que con anterioridad sólo llevaban un texto". De igual manera Guinness que es una fábrica de cerveza en Irlanda inició por ese mismo tiempo a utilizar un arpa como imagen para promover las ventas en Dublín.
Finalmente, más allá de la historia de las etiquetas y el etiquetado, se destaca que los dos en el presente siglo XXI muestran una evolución y las etiquetas son cada vez más sofisticadas, además de atractivas y económicas en su producción. También la impresión de alta calidad que se aplica cada vez con mayor frecuencia permite que los envases sean más atractivos (1990, p. 64)15.
Por lo tanto para esta investigación se selecciona esta pieza gráfica de comunicación para analizar ya que como se expresó anteriormente la etiqueta es uno de los principales medios de comunicación por ser lo primero con lo que interactúa un consumidor y se estudia si cumplen con la función de informar un mensaje específico sin mayor dificultad, además de vender el producto al consumidor, en este caso a los adultos mayores.
En este sentido, el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Ildefonso Grande Esteban en Marketing estratégico para la tercera edad plantea que a consecuencia del envejecimiento de la población, las empresas han reestructurado sus actividades. Se muestran casos de diferentes marcas que han reformulado o desarrollado parte de su producción para dicho segmento como General Motor, empresa de autos que fabrica en Estados Unidos la marca Oldsmobile. Es una marca muy reconocida y aceptada por el segmento de los adultos mayores que encuentra en este auto fiabilidad, robustez y comodidad. Pero la empresa tuvo que generar una nueva campaña de lanzamiento de la imagen ya que en los últimos años se comenzó a percibir que el auto era para personas mayores disminuyendo las ventas. La campaña publicitaria logró un éxito total y aumentó nuevamente las ventas de la General con el mensaje: Una nueva generación de Olds, (1993, p. 57).
Asimismo, Silver Threads es un establecimiento donde los adultos mayores encuentran prendas sólo de colores llamativos y con precios asequibles. La razón por la cual las prendas no tienen colores oscuros, es porque los consideran depresivos para su target. Adicional a esto cuenta con un servicio de transporte especial para los adultos mayores. Stew Leonard es una red de establecimientos que también ofrece el servicio de transporte a las personas mayores (Grande, 1993, p. 58-59).
Finalmente McDonald´s, fabricante de hamburguesas que modificó sus estrategias comerciales y cambió su oferta en los últimos años, al adaptarse a los gustos y necesidades de los adultos mayores al ofrecer productos como hamburguesas de pescado o pollo, bajos en calorías. En Estados Unidos para captar el mercado de este segmento poblacional, ofrece hamburguesas sin colesterol, sin sal y papas cocidas en lugar de fritas. De igual manera efectuó ajustes en la decoración y la música de fondo, guiándose por los gustos de estos consumidores. Además cuenta con camareros que se encuentran cerca de su jubilación para atraer a aquellos que prefieren ser atendidos por personas de su edad (Grande, 1993, p. 59).
Por último, después de observar a los adultos mayores en Buenos Aires y que una gran parte de ellos se desenvuelven solos en diferentes actividades diarias como desplazarse por la ciudad, resulta de interés analizar cómo esta población creciente de consumidores se relaciona con la legibilidad y la comunicación visual de las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados.
El análisis que se realiza en esta investigación puede generar un impacto en el trabajo que se desarrolla tradicionalmente en la comunicación gráfica, al entender que el enfoque en el diseño gráfico y la comunicación visual hasta el momento no involucran mucho a este grupo de consumidores que aumenta proyectándose como un mercado potencial con sus propias necesidades. Este análisis puede llevar a las empresas de diseño, a los diseñadores y comunicadores a estudiar el proceso que se lleva en los diferentes proyectos.
Desde esta perspectiva se indica que no se encuentran muchas indagaciones sobre proyectos dirigidos a los adultos mayores en relación a los productos de primera mano o de uso cotidiano que le faciliten a este grupo de consumidores adquirir y utilizar sin mayores dificultades, por lo tanto, esta investigación abre un horizonte del conocimiento poco explorado sobre el tema y se propone como un aporte con enfoque social al incluir a los adultos mayores como consumidores con sus propias necesidades, asimismo tener presente a este segmento poblacional como mercado en auge.
Según lo anterior, es de gran importancia ampliar los conocimientos que se tienen sobre los adultos mayores y su condición de vida, además analizar la oportunidad de comunicación visual que genera el diseño gráfico y la aplicación de los elementos tipografía, color e imagen en este segmento creciente de consumidores, a través de las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados, además de tener presente su capacidad visual para adquirir por si solos la información del producto y su reconocimiento.
Orden de la investigación y justificación
La presente investigación sobre la legibilidad y la comunicación visual de las etiquetas de los envases de los productos lácteos con el público mayor en Buenos Aires se divide en tres capítulos y la metodología.
En el capítulo I se realiza la investigación sobre el grupo de consumidores mayores de 60 años, las etapas por las que pasa a nivel cronológico, físico, psicológico y social con el fin de entender las necesidades a las que se enfrenta este grupo consumidor desde diferentes aspectos que van desde la salud hasta su incorporación en la sociedad. Otro punto a investigar en este capítulo es la disciplina que se dedica al estudio de este grupo poblacional como es la gerontología para poder conocer un poco más sobre los adultos mayores y finalmente se investiga sobre los adultos mayores en Buenos Aires y las políticas públicas para conocer el crecimiento de este segmento en la población de la ciudad autónoma a través de los años y lo que está pasando con ellos desde el aspecto sociopolítico. Cada uno de los anteriores factores permiten conocer realmente a las personas con edad avanzada para entender cómo se comunican y lo que necesitan para comprender los mensajes visuales que se transmiten desde las etiquetas.
En el capítulo II se realiza la investigación sobre el diseño gráfico y la comunicación visual. Además de los elementos visuales tipografía, color e imagen con la finalidad de entender la importancia de su aplicación y combinación en una pieza gráfica para la transmisión de un mensaje específico a un público determinado. También se estudian los pasos a seguir en un proyecto gráfico para que la percepción de la comunicación visual, cumpla la funcionalidad de entregar la información legible, clara y acertada en este caso desde la etiqueta de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados y que no creen falsas expectativas. Otro punto de investigación en este capítulo son las etiquetas como medio de comunicación y las normas para la rotulación, para conocer y entender que papel cumple esta pieza gráfica de comunicación y como se crea desde el aspecto legal. Estos conocimientos son relevantes para lograr los objetivos de cada proyecto gráfico que se desarrolle y se apunte de manera acertada al grupo objetivo con deseos y necesidades propias.
En el capítulo III se realiza la investigación sobre el marketing y la industria láctea ya que las etiquetas como caso de estudio son de tres productos lácteos: leche, yogur y queso en dos marcas líderes en Buenos Aires: La Serenísima y SanCor. Se tiene presente además en este capítulo la demanda en el mercado de la ciudad y el marketing social. Es importante conocer cómo se comporta la comunicación visual a través de las etiquetas de los alimentos que son una base fundamental de la vida para las personas y por esta razón es necesario adquirirlos para su nutrición. En este aspecto la comunicación si no es clara puede llegar a confundir a los consumidores con las características de los productos que pueden contener ingredientes que no son adecuados para ellos.
Por último se realiza una recolección de datos por medio de dos técnicas para obtener una respuesta frente a la hipótesis planteada en esta investigación. La metodología es realizada con el fin de conocer la oportunidad de comunicación visual que se genera desde el dise- ño gráfico y la disposición de los elementos tipografía, color e imagen en las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados en relación con la legibilidad y la comunicación con el público mayor en Buenos Aires. Los métodos para la recolección de datos a trabajar son dos:
• La técnica de la observación en los adultos mayores que se encuentran en su actividad de compra en el supermercado Carrefour del barrio de Recoleta con el fin de conocer cuál es la leche, el yogur y el queso que más llevan en las marcas La Serenísima y SanCor. Las etiquetas de los envases en esos productos son seleccionadas para continuar con el siguiente método de recolección de datos.
• La técnica de la entrevista que se divide en dos partes, por un lado están las entrevistas que se realizan a diferentes profesionales de diseño gráfico y comunicación visual especializados o con experiencia en packaging quienes describen un análisis con criterio profesional desde sus conocimientos y experiencia sobre la comunicación gráfica que genera en los adultos mayores las etiquetas de los envases en los productos lácteos seleccionados como caso de estudio desde la tipografía, el color y la imagen si la tienen. Por otro lado están las entrevistas que se realizan a los consumidores mayores de 60 años en el barrio la Recoleta con el fin de conocer sus opiniones sobre qué les genera la comunicación a través de las etiquetas de los envases de los productos lácteos seleccionados, que valoran de esta pieza de comunicación visual, si comprenden la información y qué influye en su decisión de compra, entre otros.
Finalmente se realiza el procesamiento de datos y criterio de análisis para obtener los resultados de la observación y las entrevistas sobre la legibilidad y la comunicación con el segmento poblacional mayor de 60 años que se genera con la disposición de los elementos tipografía, color e imagen en el diseño gráfico de las etiquetas de los envases de los productos lácteos seleccionados.
Líneas temáticas
La presente investigación se enmarca en dos de las 7 líneas temáticas organizadas por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
La línea principal es Medios y estrategias de comunicación: en esta investigación se analizan seis etiquetas como medio de comunicación visual y se tiene presente la oportunidad de comunicación que se genera desde el diseño gráfico y la disposición de los elementos color, tipografía e imagen en las etiquetas de los envases de los productos lácteos expuestos en góndolas en grandes supermercados en relación con la legibilidad y la comunicación con el público mayor en Buenos Aires.
Asimismo, una segunda línea para esta investigación es Empresas y marcas: se realiza el análisis de seis etiquetas de productos lácteos en leche, yogur y queso en dos marcas lí- deres en el mercado de Buenos Aires, La Serenísima y SanCor, además se tiene presente la demanda en esta investigación. Se analiza si la comunicación que transmiten las seis etiquetas del caso de estudio se conectan a las necesidades y expectativas de los consumidores mayores de 60 años y si ellos pueden adquirir sin mayor dificultad los productos en su actividad de compra dentro de un supermercado porque entienden de qué se trata el producto y los beneficios del mismo.
Notas
1. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26961007
2. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181517998004
3. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181517998004
4. Según cálculos de Naciones Unidas, en 1950 había alrededor de 200 millones de adultos mayores, que aumentaron en 1975 a 350 millones, mientras que para el 2000 la cifra aumentó a 600 millones (10 % de los habitantes del planeta) y para el 2025 pueden ser 1.100 millones lo que significa un aumento del 224% a contar de 1975. Se prevé que durante ese mismo período la población total mundial aumentará de 4100 millones a 8200 millones, o sea, un 102%. Por lo tanto, en el 2025 las personas de edad avanzada constituirán el 15% de la población mundial y para el 2050 el 20%, que se estima en alrededor de 2.000 millones de ancianos. El envejecimiento demográfico es el gran desafío del tercer milenio, (p. 2).
5. Disponible en http://www.mercado.com.ar/notas/informes/367042/los-nuevos-viejos
6. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26400106
7. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32513408
8. La perspectiva de la longevidad: un tema para re-pensar y actuar. Revista Argentina de Sociología. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26961007
9. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129413737022
10. La comunicación.
11. Diseño y marketing.
12. Fundamentos del diseño creativo.
13. Diseño y marketing.
14. Colección Diseño e innovación para PYMES y emprendedores. Agencia Clarín.
15. Packaging. Diseño, materiales, tecnología.

La evolución del trabajo y sus nuevas formas de organización han incidido profundamente en el poder de dirección. Los cambios en las organizaciones productivas, por la pérdida de centralidad del trabajo industrial de fábrica siguiendo al modelo taylorista, la aparición de nuevas formas de prestación subordinada de trabajo, deslocalizaciones empresariales, las externalizaciones y la tercerización, sumada al impacto de las nuevas tecnologías en la empresa, han transformando la idea de empresa con una unidad de mando, concentrada en su poder absoluto. Sumado a la abolición de la categoría profesional en el contexto flexibilizador en que se inserta el derecho laboral europeo y su antítesis la conservación de la categoría profesional en la legislación laboral latinoamericana, lleva al análisis y la búsqueda de nuevas limitaciones que centrarán el objeto de este estudio. Este contexto tiene estrecha relación con las prácticas flexibilizadoras que comenzaron en América Latina en la década de 1980 y que se encuentran hoy insertadas en el derecho laboral europeo. Sus consecuencias tuvieron gran repercusión en la Organización Internacional del Trabajo cuanto se intenta poner límites con la aprobación del Convenio 158 sobre terminación de la relación laboral, el cual tuvo como base restringir el arbitrio empresarial en este campo. La doctrina laboral fue conteste en estudiar cuatro categorías de límites a este impulso flexibilizador, a saber: límites sociales, sindicales, políticos y jurídicos. Con la finalidad de abordar un estudio comparativo donde se analicen los regímenes jurídicos laborales que refieren al poder de dirección y su relación con los derechos fundamentales de los trabajadores, el comportamiento de los operadores jurídicos en los dos modelos de relaciones laborales (español y uruguayo), es que se llega al estudio primero de los límites al poder de dirección para luego focalizar el análisis de la profesionalidad del trabajador como uno de los límites al poder de dirección del empleador. Se estudian dos regímenes distintos en su conformación, uno regulado con un estatuto de trabajadores (español) y otro con una discreta o liviana regulación de las relaciones laborales (el uruguayo). Este último conteste con sus orígenes de inmigración europea de principios del siglo XX y el sindicalismo anarquista de la época, pero contando actualmente con una activa participación del Estado en la conformación del diálogo social. Se estudia el ordenamiento jurídico laboral español que ve reforzado el poder de dirección del empleador, tanto en materia de derecho individual del trabajo como colectivo, por ejemplo dejando a la unilateralidad de la empresa la decisión del descuelgue de un convenio colectivo, y la antítesis a este sistema (uruguayo) que conforme a su contexto político social regional de América Latina, basado principalmente en la participación de las partes profesionales deja librado al diálogo social la conformación de los salarios, la descripción de las categorías, las condiciones laborales, y la actualización de los salarios. Sistema de relaciones laborales que se nutre del conflicto, pero se focaliza hacia la negociación y la apertura del diálogo entre las partes como fin para encaminar las relaciones laborales y reglamentar el trabajo. Las dificultades en la investigación se reflejan al describir las variaciones que tuvieron los regímenes jurídicos en los últimos años, uno con una tendencia flexibilizadora y otro con una significante estrategia protectora hacia el sector trabajador basada como se hizo referencia en el diálogo social. La dificultad es mayor al examinar el caso español al estar este ordenamiento en un permanente cambio normativo que ha hecho modificar las leyes más importantes prácticamente con frecuencia anual a partir de las reformas del 2010, 2011, la muy radical del 2012 y en fin sus posteriores desarrollos en 2013 y 2014. Además, el mandato legislativo de la Ley 20/2014 para la refundición en textos legislativos de las normas reformadas, ha culminado en la emanación de una serie de decretos legislativos de promulgación muy reciente y que por tanto no han podido ser recogidos en la presente tesis. En concreto, el Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. El texto no cambia el contenido normativo, pero en el presente trabajo de investigación no se ha podido reformular el apartado de citas sobre la base de este nuevo texto legal. II. ASPECTOS QUE ENCUADRAN EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y LOS DESARROLLAN. El trabajo se divide en cuatro capítulos más un último capítulo (quinto) el que comprende las conclusiones. El capítulo PRIMERO trata sobre el poder de dirección del empleador y la regulación colectiva del mismo. Primero se hace referencia al concepto, contenido y fundamentos del poder de dirección del empleador. Seguidamente se hace referencia al poder de dirección del empleador y la regulación colectiva. Paso seguido se estudia la procedimentalización del poder de dirección, los derechos de información y consulta analizando el derecho comunitario, español y el enfoque latinoamericano desde la perspectiva uruguaya. En cuanto al concepto contenido y fundamentos del poder de dirección del empleador se ha remarcado el reconocimiento de un poder privado ejercido por el titular de la organización productiva. La generalización del trabajo asalariado como fórmula universal de aprovechar la fuerza de trabajo y aplicarla a los procesos de producción de bienes y servicios en un contexto de economía de mercado o de libre empresa, ha permitido que los juristas de todas las culturas jurídicas actuales - una vez desaparecido el llamado "bloque socialista tras la caída del muro en 1989 - reconozcan como un elemento característico de las relaciones de trabajo la existencia de un poder privado sobre las personas que es ejercido por el titular de la organización productiva. Este "poder privado" es regulado y configurado por las respectivas normas laborales de los ordenamientos nacional-estatales de manera muy semejante, lo que lógicamente ha repercutido de forma clara en el tratamiento doctrinal del mismo. En el presente apartado se pretende utilizar de forma conjunta las aportaciones de la doctrina laboralista tanto española como uruguaya sobre la definición del concepto y significado del poder de dirección empresarial, para de esta manera, remarcando la consideración homogénea de este poder, se pueda sin embargo resaltar las diferentes formas de aproximación al mismo a través de la forma en la que se conciben jurídicamente las relaciones laborales, estrictamente contractuales en España, de forma relacionista en Uruguay. Sin embargo, el resultado, como se puede ver, puede ser plenamente convergente en cuanto a las consecuencias, extensión y, especialmente, límites al mismo. Con referencia al poder de dirección del empleador y la regulación colectiva El ordenamiento jurídico establece límites de naturaleza colectiva que se ubican en la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y la presencia de órganos de representación de los trabajadores en las empresas y centros de trabajo. Determinadas decisiones del empresario como la movilidad geográfica o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo requieren previas consultas o acuerdos con los representantes de los trabajadores. La negociación colectiva puede establecer acuerdos y preceptos que delimitan la competencia del empresario y particularmente regulan su organización dentro de la empresa. Este es un tema que se entronca con la llamada promoción de la flexibilidad interna en las empresas y que constituye un denominador común de las últimas reformas laborales españolas. Consecuentemente se afirma que las limitaciones al poder de dirección presentan un carácter variable en el sentido que no están enmarcadas en un contexto solo jurídico, sino que conviven con variables económicas y políticas que hacen que sean más estrictas o no en función de momento histórico político que atraviesa el país. Esta afirmación contextualizadora sobre el tema puede comprobarse acudiendo a la experiencia latinoamericana en general y a las situaciones de cambio político que se vivieron con la llegada del siglo XXI, tras la terrible década privatizadora y neoliberal de finales del siglo pasado. En especial en Uruguay se vieron reforzadas con la apertura del diálogo social y el fortalecimiento de la negociación colectiva por rama de actividad. En Uruguay, el punto de partida es diferente, el diálogo social encauza el desequilibrio en las relaciones laborales. El derecho a la libertad sindical, la existencia de sindicatos realmente autónomos de las empresas y del Estado aparece como requisito fundamental para la existencia del diálogo social. Ejemplos convenios del sector de la industria de la alimentación en cuanto límites a procesos de tercerizaciones prohibiéndolos para el sector de producción y límites a la sustitución de puestos de trabajos permanentes por encargados o supervisores. La situación uruguaya es por tanto la opuesto a una reforma como la española que se basa en la descentralización negocial a nivel de empresa y la preferencia por este ámbito de negociación reforzado por la ampliación de las decisiones unilaterales del empleador para modificar las condiciones de trabajo. La doctrina es consecuente en señalar la influencia de la crisis económica del sistema capitalista que lleva a teorizar e imponer mecanismos de flexiseguridad en la relación de trabajo, supuestamente en defensa de la competitividad y del empleo, que residencian la viabilidad de las empresas en un efectivo reforzamiento de los poderes empresariales desde la capacidad de imponer condiciones contractuales hasta facilitar la extinción pasando por la ausencia de cautelas públicas o representativas de los trabajadores en las diversas vicisitudes de la relación de trabajo, e incluso debilitando el papel sindical en la negociación colectiva, impulsando la micro negociación de empresa y permitiendo la inaplicación unilateral de lo pactado en determinadas circunstancias, quebrando incluso por mandato legal la fuerza vinculante de los convenios, garantizada en España en su texto constitucional (art.37.1 CE). Pero en las relaciones laborales no solo existen limitantes relacionadas con lo sustancial de los actos de organización y gestión sino que actúan también sobre la forma como estos se canalizan, es decir de "condicionamientos al modo en que se deben ejercer estos, el compromiso de respetar determinados institucionalizados en los que intervienen los destinatarios del acto final o sus representantes para garantizar que se tenga en cuenta cualquier interés contrapuesto individual o colectivo sobre los que va a incidir el ejercicio del poder empresarial." Esto es lo que se ha denominado como procedimentalización del poder de dirección del empleador donde la toma de decisiones no es compartida por los trabajadores, sino que se racionaliza mediante procedimientos de información y consulta en la toma de decisiones de la empresa. La procedimentalización se resuelve en el reconocimiento de los derechos de información y consulta consagrados a favor de los representantes de los trabajadores en la empresa que, pretenden que la situación de desigualdad en la relación laboral sea menos distante. Se trata de un conjunto de "contrapoderes" del ordenamiento comunitario, además de su recepción en los ordenamientos nacionales y en el sistema de negociación colectiva. Los deberes y poderes de información suponen un proceso de democratización del poder empresarial a través de una transparencia creciente de su ejercicio. Se analizó la normativa comunitaria, la normativa española pero resulta de interés destacar el caso uruguayo donde la ley de negociación colectiva para el sector privado (ley 18566 de 2009) en su artículo 4to hace mención al derecho de información estableciendo el mismo. Esto no tendría mayor significancia sino es que las organizaciones de empleadores han presentado recurso de queja ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT al entender que se está violando el CIT 98 sobre derecho de sindicalización y negociación colectiva, ratificado por Uruguay desde 1954. Según las organizaciones querellantes esta disposición no garantiza sanciones por eventuales excesos de los representantes sindicales y considera que todas las partes en la negociación, gocen o no de personería jurídica deber ser responsables ante eventuales violaciones del derecho de reserva de las informaciones que reciban en el marco de la negociación colectiva. El Comité de Libertad Sindical pidió al gobierno que vele por el respeto de este principio. Seguidamente en los capítulos SEGUNDO y TERCERO se estudian los límites al poder de dirección del empleador Para su mejor estudio siguiendo a la doctrina se ha clasificado los límites en internos y externos . Mientras que los límites externos hacen referencia fundamentalmente a obligaciones legales de carácter imperativo que restringen directamente la formas de ejercicio de las potestades empresariales, como clásicamente sucede con el necesario respeto por parte de los empleadores de los derechos fundamentales del trabajador y las libertades públicas, o de otras prescripciones legales de carácter imperativo, como en materia de salud laboral, o de otro tipo, los límites internos al poder de dirección del empleador son los que tienen que ver con el ámbito de la prestación debida y la forma de desarrollarla. Se trata de delimitar si frente a los frenos constitucionales, y legales, (además de los impuestos por los convenios colectivos), cabe también apelar a las instituciones civiles de la buena fe, abuso de derecho o fraude a la ley, así como a los criterios de razonabilidad y arbitrariedad como forma de ejercicio correcto del poder empresarial referido. En primer lugar, en vemos el capítulo segundo donde se estudian los límites internos al poder de dirección Se debe considerar la regularidad del poder en el sentido que las decisiones sobre el trabajo deben dictarse por quien tiene competencia para ello y que esta decisión debe estar enmarcada en las condiciones y circunstancias fijadas para el trabajo debido. Doctrinariamente se sostiene que "el poder de dirección tiene por base jurídica el contrato de trabajo; el compromiso contractual no solo lo legitima sino que también lo delimita, pues el trabajo debido condiciona la obediencia debida" , lo que implica que el contrato de trabajo limitaría la actuación del empleador, es decir plantea una renovación de instrumentos de tutela del trabajo desde la protección del contratante débil y el redescubrimiento del contrato como instrumento de limitación de los poderes empresariales. Este tipo de argumentos tendrían una difícil aceptación en el ordenamiento jurídico del Uruguay. En efecto, la doctrina uruguaya ha puesto un gran énfasis en señalar que el contrato de trabajo es considerado un contrato de adhesión, por tanto, inhábil para configurar un límite efectivo al poder empresarial, se señala que "corresponde poner acento en la circunstancia de que el contrato de trabajo es normalmente redactado por el empleador y que, por lo tanto, las ambigüedades o dudas deben entenderse en su contra Es decir que para la doctrina uruguaya podría afirmarse que son los límites externos los que debe exclusivamente tenerse en cuenta en forma a priori. Para proseguir con la línea argumental iniciada, me detuve, en el examen de la vertiente contractual de la relación de trabajo, analizando sus elementos más importantes LA PROTECCIÓN DEL TRABAJO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE TRABAJO. Para su mejor estudio se subdivide en 1. Relación jurídico-bilateral entre dos sujetos: empleador y trabajador. 2. Relación entre autonomía y norma estatal y colectiva. En cuanto a la relación jurídica bilateral entre dos sujetos se dijo que: El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona, se obliga a prestar una actividad en provecho y bajo la dirección de otra y ésta a retribuirla. Constituye una relación jurídico-bilateral entre dos sujetos que se obligan recíprocamente: por una parte a trabajar (desarrollar una actividad o prestación en forma subordinada o bajo la dirección de otra), y por la otra a remunerar el trabajo prestado en las condiciones pactadas. Esta relación tendrá consecuentemente tres efectos: un efecto socio económico (la cesión ab initio de los frutos del trabajo); un efecto estrictamente organizativo, compuesto por las obligaciones entre las partes nacidas con el contrato (obligación de trabajar y remunerar el trabajo); la conformación de un acuerdo de voluntades que no significan voluntades negociadas en virtud de ser caracterizado el contrato de trabajo dentro de la figura: contrato de adhesión. En cuanto a la Relación entre autonomía individual y norma estatal y colectiva decimos que: La ley y el convenio colectivo son los determinantes del contenido del contrato de trabajo, este acuerdo y la propia negociación entre las partes (como se ha hecho referencia), se encuentra condicionado por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado y por el convenio colectivo. Es decir que el acuerdo individual de voluntades sobre el hecho de prestar un servicio remunerado se encuentra determinado "desde fuera" del mismo tanto por las disposiciones imperativas de la norma estatal como de las cláusulas de los convenios colectivos, que en el sistema español, constituyen el elemento regulativo central de las condiciones de trabajo y de empleo por ramas de actividad y por empresas, y a los que la ley otorga, si las partes firmantes reúnen determinados requisitos de representatividad, eficacia normativa y personal general, "erga omnes". Se establece la inderogabilidad por la autonomía individual de las condiciones -menos favorables o simplemente contrarias- de trabajo y empleo fijadas normativa o convencionalmente. El tema se ha suscitado en la práctica a través de la estipulación de acuerdos individuales entre empresario y trabajador modificativos de la regulación colectiva de las condiciones pactadas distintas de las reguladas en el convenio colectivo a cambio de una cierta mejora retributiva para los trabajadores que lo realizan. Es decir salvo que se den los supuestos o condicionamientos previstos en la normativa, no son admisibles "acuerdos derogatorios de convenios colectivos", y tales supuestos pueden comprender tres situaciones como sintetiza la doctrina: cuando así lo requiera la situación económica de la empresa en las llamadas cláusulas de descuelgue (Artículo 82.3 párrafo 3ro. ET). En su nueva redacción la modificación o inaplicación de las condiciones establecidas en los convenios estatutarios se rige por lo dispuesto en el art. 82.3 ET al que se remite el art. 41.6 ET. En principio cabe la modificación de cualquier tipo de convenio estatutario (sectorial de cualquier ámbito territorial o de empresa, grupo de empresas o pluralidad de empresas), incluso la admisión de la modificación del convenio de empresa permite pensar que este puede inaplicarse en parte de la empresa, por ejemplo, determinados centros de trabajo, si existen razones que lo justifiquen. En el mismo sentido la inaplicación, por ejemplo, del convenio de un grupo de empresas podría hacerse solo en alguna de las empresas del grupo. Serán las razones que justifiquen la medida las que determinarán el ámbito en el que deba producirse la inaplicación del convenio. El listado de materias lo proporciona el art. 41 , es aplicable a todos los convenios, no solamente a los sectoriales como en la regulación anterior. Conforme al procedimiento del art. 41 ET, las condiciones de trabajo establecidas en acuerdo o pacto de empresa o en convenios colectivos extra estatutarios podrán ser modificadas sin ningún tipo de restricción de manera unilateral por el empresario, siempre que dicha modificación posea carácter individual, es decir que dicha modificación no afecte un número de trabajadores superior al previsto en el art. 41.2 (diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores en la inmensa mayoría de las ocasiones, dados los datos del sistema productivo español), corresponderá al empresario unilateralmente la decisión de la modificación, de aspectos tan importantes como la jornada, la cuantía salarial o el régimen de trabajo a turnos. En el caso de que la modificación supere los anteriores límites, la decisión también será, en última instancia unilateral, pero con el requisito de llevar a cabo un período de consultas de quince días previo a la toma de decisión empresarial. En cuanto a la indeterminación de las razones justificativas de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo podría estar encaminada a permitir la reducción unilateral del salario en aras de favorecer la competitividad de la empresa. Como afirma la doctrina en suma la reforma del 2012 parece dar cobertura normativa al dumping social, una interpretación del art. 41.1 ET en este sentido manifiesta una contradicción al espíritu del art. 151 TFUE que establece como objetivo de la UE y de los Estados miembros "la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso" hallándose subordinada a tal fin "la necesidad de mantener la competitividad de la economía del UE". Seguidamente se estudia EL PROYECTO CONTRACTUAL Y SU CUMPLIMIENTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Una vez situado el papel del contrato en el sistema normativo laboral, conviene precisar el alcance de este instrumento en la determinación del contenido de la relación laboral. 1. El objeto del contrato de trabajo: obligaciones correlativas de trabajar y de remunerar el trabajo prestado. La obligación de trabajar se compone de dos grandes vertientes: una determinada cuantitativamente y otra determinada cualitativamente. Pero no podemos referirnos a estas vertientes sin antes hacer referencia al objeto del contrato en sí. Es decir, el objeto del contrato será válido si es lícito posible y determinado. A través de la determinación del objeto se facilita que las partes contratantes tengan sobre el mismo un cierto conocimiento, una noción inequívoca del contenido del acuerdo. En consecuencia, el consentimiento ha de ser dado sobre un elemento determinado, como poco, en cuanto a su especie. a. Determinación cuantitativa del objeto del contrato. Se compone por la cantidad de actividad a que se obligó el trabajador, es lo que se refiere al tiempo de trabajo. b. Determinación cualitativa del objeto del contrato: Precisiones sobre el sistema español y uruguayo El tipo de trabajo en concreto la categoría a desempeñar al que se compromete el trabajador, constituye lo que se denomina la determinación cualitativa del objeto contractual. Lo que se valora es el tipo de trabajo en concreto que el empleador requiere y al que se compromete el trabajador, tipo de trabajo que se delimita a partir de los rasgos profesionales objetivados en un oficio, en una profesión o en el conjunto de destrezas y habilidades que requiere la calificación profesional para un trabajo determinado para el que el contratante está capacitado por poseer la aptitud o titulación requerida. En la determinación cualitativa de la obligación de trabajar lo que se valora es la profesionalidad del trabajador a través del trabajo concreto que se obliga a prestar. Normalmente el "sistema de encuadramiento profesional vendrá dado por la negociación colectiva. El proyecto contractual individual "selecciona" la inserción de la capacitación profesional del trabajador en las competencias y destrezas clasificadas colectivamente. b. 1- El sistema de clasificación profesional en España Los sistemas de clasificación profesional se suelen agrupar en tipos comunes. Sin perjuicio de lo que luego se dirá, en España era común hablar de una clasificación por grupos profesionales o por categorías. La reforma del 2012 restringe la posibilidad hasta ahora en manos de la autonomía colectiva, de optar entre dos tipos de agrupaciones. Con la desaparición de las categorías profesionales se produce una determinación menos estricta de la prestación laboral, elemento que favorece la flexibilidad interna en las empresas e incrementa las facultades organizativas del empresario. Pasamos seguidamente a describir el nuevo funcionamiento a partir de la reforma del 2012. Los cambios en la movilidad funcional han tenido lugar sólo en la reforma del 2012 y se han articulado básicamente operando sobre el sistema de clasificación profesional. Los más destacados se encuentran en los arts. 22 y 39 del ET, la desaparición de la categoría profesional hace que el grupo profesional sea el elemento de referencia para la configuración del sistema de clasificación profesional. En la práctica el resultado será muy significativo posibilitando órdenes empresariales que lleven al límite la capacidad profesional de los trabajadores poniendo en cuestión peligrosamente la dignidad profesional. Esto es así no solo como consecuencia directa de los cambios normativos de los artículos 22 y 39 del ET sino también por los efectos derivados del conjunto de las modificaciones normativas impuestas. Implicará perseguir un aumento de la producción con menos puestos de trabajo. La cobertura de las lagunas funcionales justificará la exigencia de trabajadores más polivalentes en un nuevo espacio de flexibilidad interna funcional o mediante la aplicación del art. 39. 4 del ET que podría conducir a procesos de reclasificación. En el mismo sentido en la configuración legal del sistema de clasificación profesional desaparecen las referencias a las categorías profesionales (art. 22.1 ET), con el objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional. En consecuencia, los grupos profesionales ya no podrán integrar tanto diversas categorías profesionales como distintas funciones o especialidades profesionales sino tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades. La abolición de la categoría profesional como elemento clasificatorio es una medida que se presenta para contribuir a la flexibilidad interna. Dado que el sistema de clasificación profesional está vinculado al contenido de la prestación laboral y por lo tanto a la movilidad funcional la desaparición de las categorías profesionales tiene como finalidad ampliar el objeto del contrato y al mismo tiempo los efectos prácticos de las órdenes empresariales relativas al cambio de funciones. En este sentido la reforma del artículo 22 del ET parece indicar que la categoría ya no podrá ser elemento clasificatorio que se utilice para acordar el objeto cierto que sea materia del contrato. Aunque la estructura de los sistemas de clasificación profesional suele ser bastante compleja necesariamente uno de sus elementos deberá ser un grupo profesional cuya utilización en el pacto contractual para el acto de clasificación determinará al mismo tiempo los límites del poder de dirección del empresario. Esto es lo que indica el art. 20 del ET al vincular, la dirección del empresario directamente al trabajo convenido. Por tanto, una ampliación del objeto del contrato conduce necesariamente hacia una extensión de las facultades empresariales elemento éste central de la flexibilidad interna referida a las funciones tal y como está concebida en esta reforma. El reforzamiento de los poderes empresariales se complementa con la modificación del art. 39 ET en lo relativo a los límites empresariales en la movilidad funcional. Ahora, el sistema de clasificación profesional tiene como único referente al grupo profesional ya no existe más la rigidez de la categoría profesional. La doctrina al respecto afirma que la expresión grupo profesional está teñida de una gran dosis de indeterminación, reveladora innegablemente de las propias dificultades de la clasificación profesional. Los grupos habituales son los de los operarios y de los subalternos, administrativos y técnicos que, a su vez, pueden dividirse en otros subgrupos, pero se revisa esa concepción y se tiende más a trabajar con fundamento en el grupo profesional como cuadro amplio de funciones que luego se acota en razón a valores como los de responsabilidad, iniciativa, mando, autonomía que vienen a representar una realidad polivalente del trabajo prestado. b. 2.- El sistema de clasificación profesional y el derecho uruguayo. Por su parte haciendo un comparativo el modelo latinoamericano en especial el uruguayo surge un total antagonismo siendo inviable de trasladar como consecuencia de su historia política sindical. Resultaría inviable su aplicación visto que es un modelo asentado en una negociación por rama de actividad con un marco jurídico y doctrinario arraigado en las categorías profesionales. Sería impensable instalar un sistema como el español, primero por su historia legislativa (ley de 1943), segundo porque la organización sindical tiene como bandera la defensa y respeto de las categorías profesionales, hoy es causa principal de conflictos colectivos y demandas judiciales. En especial contra empresas multinacionales y empresas de capital extranjero que organizan su forma de producción desde sus países. En cuanto a los LIMITES EXTERNOS al poder de dirección Un derecho fundamental es ante todo un derecho creado o reconocido por la Constitución y esto no significa otra cosa sino preexistencia del derecho mismo al momento de su configuración o delimitación legislativa, significa que la propia Constitución ha definido una determinada situación jurídica en términos que la hacen identificable o discernible para el intérprete y que, además la Constitución ha determinado también -o no ha excluido- la necesaria consideración de esa situación jurídica como derecho a partir de la entrada en vigor de la norma que lo enuncia. El reconocimiento de la eficacia de los derechos y libertades fundamentales en el marco del contrato de trabajo, se ha iniciado con una cronología variable en los países de régimen constitucional. El punto de arranque de la eficacia en las relaciones privadas de los derechos fundamentales también llamada eficacia horizontal se ha de situar en primer término en el principio de Estado Social de Derecho, cuya realización impone una concepción de las relaciones entre Estado y Sociedad, para la consecución de los intereses generales y de los principios y valores constitucionales. Los derechos fundamentales en general se caracterizan por ser derechos de aplicación inmediata, supone ante todo que el derecho preexiste a la ley, no podrá ser desfigurado por esta sin incurrir en constitucionalidad, desfiguración a la que la Constitución española llama quiebra o conculcación de un contenido esencial (artículo 53.1) que viene a declarar así que el derecho es anterior al momento de la intervención legislativa. Importa señalar que son derechos de aplicación inmediata también conforme al régimen jurídico uruguayo. El trabajador es poseedor de derechos fundamentales en razón de su persona, llamados derechos fundamentales inespecíficos, es decir son derechos que anteceden a la relación laboral y que forman parte de su personalidad por tanto no son suspendidos durante la ejecución del contrato de trabajo. Es decir, son derechos reivindicables ante el empleador en tanto se expresan en el marco de una relación laboral. Es también una constante en espacios supranacionales como la Unión Europea, aunque la carencia en el ordenamiento jurídico comunitario de un texto escrito con eficacia jurídica vinculante ha hecho que el Tribunal de Justicia de la CE tuviera una numerosa jurisprudencia al respecto, "habiendo configurado un régimen específico enfocado al reconocimiento y protección de los derechos humanos dentro del ámbito del derecho europeo". El Tribunal ha incorporado al ordenamiento jurídico comunitario los derechos fundamentales a través de tres fundamentos. En primer lugar mediante la utilización de concepto jurídico de principios generales de derecho, afirmando que tales derechos están comprendidos dentro de estos principios, significando que en el ordenamiento jurídico comunitario existen principios que exigen el respeto de los derechos fundamentales, en segundo lugar el TJ se va a dirigir hacia los ordenamientos nacionales, invocando como fuente de inspiración las tradiciones constitucionales comunes, y en tercer lugar el TJ ha utilizado en progresión cuantitativa y cualitativa los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección de los derechos fundamentales, entre ellos el CEDH y la Carta Social Europea. . En el derecho latinoamericano se ha señalado la existencia de un bloque de constitucionalidad, los derechos fundamentales del trabajador en tanto persona forman parte de este bloque el cual se encuentra integrado por los derechos humanos y garantías expresamente reconocidos en la Constitución y por los derechos humanos implícitamente reconocidos por ser inherentes a la persona humana o a la forma republicana de gobierno y los reconocidos de fuente internacional. No obstante, se ha expuesto por parte de la doctrina laboral que el proceso de continuo crecimiento del bloque de constitucionalidad, por la suma de las disposiciones de fuente interna, internacional, regional y comunitaria, puede generar diversos problemas interpretativos. La doctrina laboral entre otros ha defendido la autoejecución y autoaplicabilidad de los derechos humanos laborales, en cuanto tales integran el bloque de constitucionalidad de cada Estado, tienen por tanto vocación de plenamente autoejecutables y además de crear obligaciones a los Estados, pueden producir efectos y ser invocados en los conflictos entre particulares. solución ajustada a derecho, es no considerar aplicable la norma que vulnera los derechos anteriormente reconocidos. La Constitución española también reconoce al trabajador determinados derechos como ciudadano lo cual son de aplicación inmediata no necesitando de ningún otro instrumento jurídico para incorporarlos a la legislación laboral. No obstante, lo expuesto se ha observado un cambio de paradigma en la jurisprudencia laboral del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De este modo y en un análisis pormenorizado moderna doctrina contemporánea ha podido comprobar este cambio en la labor garante de determinados Derechos Sociales, muy vinculada antes de 1986 a la independencia temática de la Política Social respecto de las políticas económicas, que ha dado lugar a un nuevo modo de reinterpretación de los Derechos Laborales a la luz de las exigencias económicas y mercantiles. El filtro económico con el que ahora el Tribunal de Justicia comienza a leer aquellos fallos de Derechos laborales indiscutibles y autónomos con los que se construyó el modelo social europeo, se ha convertido en un modus operandi natural que ha puesto en entredicho la solidez misma del entramado jurídico de este modelo. Así se puede ver en los fallos recaídos en la STJCE de 11.12.2007, Viking, STJCE de 18.12.2007 Laval, STJCE de 3.4.2008 Ruffert, vienen a cuestionar la dinámica separada del mercado de Derechos básicos para el funcionamiento del propio sistema de relaciones laborales en Europa. El capítulo cuarto estudia LA TUTELA DE LA PROFESIONALIDAD COMO LÍMITE DE LOS PODERES EMPRESARIALES. LA PROFESIONALIDAD COMO LÍMITE JURÍDICO AL PODER DE DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR. Tras la exposición de los límites del poder de dirección -internos y externos- nos centramos en el análisis concreto de la relación entre la profesionalidad del trabajador estudiado no sólo como un resultado del intercambio contractual sino como un dato previo al mismo ligado a la persona del trabajador y que como tal es manifestación de la dignidad de éste. Analicemos con más detalle: Si bien el estudio de la profesionalidad posee varias aristas, este trabajo se centra en el estudio de la profesionalidad dentro de la relación de trabajo, y como bien que posee el trabajador ligado a los derechos de la personalidad. Desde nuestro ángulo de estudio, la profesionalidad aparece como una cualidad inherente al sujeto, es decir constituye "un cúmulo de conocimientos, habilidad, experiencia, práctica o esfuerzo físico específico, que en la relación de trabajo resultan necesarios para realizar un tipo de actividad determinada". Siendo la profesionalidad como ha señalado la doctrina laboral española un patrimonio profesional , el cual forma parte de la persona, es este patrimonio que lo distingue de otros sujetos que puedan poseer la misma profesión u oficio. Es decir, la profesionalidad desde su aspecto objetivo se encuentra constituida por los conocimientos y habilidades que discierne una profesión de otra, pero en su aspecto subjetivo está compuesta por las cualidades personales del trabajador, sus expectativas de promoción y ascenso, sus habilidades y destrezas adquiridas en su vida laboral. Este patrimonio profesional que posee el trabajador no se ciñe a las aptitudes requeridas para un puesto de trabajo, o las adquiridas a través del propio trabajo. En él se contemplan todas las que el trabajador posee sean o no contratadas, en cada acto clasificatorio concreto. Estos derechos profesionales están ligados a la dignidad humana y contribuyen al desarrollo de la personalidad del individuo. Es así que la profesionalidad dice la doctrina laboral constituye "un bien del trabajador" y como tal deberá ser protegido, y es a través de los valores ligados a la dignidad de la persona (constitucionalmente establecidos), que se logra imponer esa protección, limitando así los poderes empresariales. La doctrina laboral española ha distinguido entre la profesionalidad estática y dinámica. En su aspecto estático se señala que cada trabajador posee una capacitación o formación adecuada para el puesto de trabajo que pretende desempeñar, esta cualificación requerida es la que el deudor (trabajador) se compromete a realizar al inicio de la relación contractual. En su aspecto dinámico conforma lo que se ha entendido como ese patrimonio profesional adquirido por el trabajador "lo que se traduce en el término de promoción profesional". Desde esta noción de la profesionalidad, se construye una dimensión político-ciudadana a través del engarce de ésta en el reconocimiento de un derecho cívico en la constitución española cuyo artículo 35 reconoce y tutela, dentro del derecho al trabajo. Desde esta perspectiva, pues son reconocidos constitucionalmente como derechos fundamentales: el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción profesional, derechos preexistentes a la norma, reconocidos en el texto constitucional y que deben encontrar su espacio y garantía en el ordenamiento jurídico todo. Este punto, el de la tutela de la profesionalidad derivada de esa vertiente político-ciudadana señalada, es el objeto de análisis. Como se ha dicho la profesionalidad ha recibido especial tutela en el ordenamiento constitucional español, consagrando el artículo 35 explícitamente el derecho fundamental "al trabajo", a "la libre elección de profesión u oficio" y a la "promoción a través del trabajo". Por tanto, el legislador no puede limitar este derecho a través de normas que afecten la efectividad del mismo, sino que toda normativa debe tener presente que estos derechos revisten la categoría de derechos fundamentales. Es decir, la acción tutelar del legislador tiene como efecto la reducción del ámbito obligacional del deudor de actividad. Supone que ciertas prestaciones exigibles al trabajador, cualquiera que sea su origen, y realizables por el mismo en base a su aptitud, devienen dispensadas de su cumplimiento cuando perjudiquen su profesionalidad. El objetivo es la tutela de un bien de carácter personal no valorable patrimonialmente. Esta perspectiva se explica adecuadamente si se integra en el análisis del alcance del reconocimiento del derecho al trabajo. En cuanto a su contenido existen varias posturas doctrinales relativas al contenido o alcance del derecho al trabajo, pero la más importante y de mayor adhesión la constituye aquella que considera que posee un alcance amplio. En un alcance amplio presentaría una pluralidad de manifestaciones e imbricaciones múltiples. Así la conexión con diversas materias es constante: tales como el ingreso al trabajo, ocupación efectiva, cláusulas de seguridad sindical, huelga, extinción del contrato, protección por desempleo. Cotejando la jurisprudencia y la doctrina científica española, el derecho al trabajo presentaría un contenido amplio, en primer lugar, porque estaría directamente ligado a los derechos de la personalidad, dado que el contenido de los derechos profesionales se encuentra directamente unido a la dignidad del trabajador (artículo 10.1 CE), en segundo lugar, porque este derecho se encuentra conectado con otros derechos como el derecho a la ocupación efectiva, consagrado en el artículo 4.2 a del ET. De modo que el derecho constitucional al trabajo proyecta su eficacia hacia un doble destinatario: 1. Los poderes públicos como garantes de una legislación orientada a su pleno desarrollo y fiscalizador de los posibles incumplimientos y 2. El empresario que, si bien no puede ser compelido a la asignación directa de un puesto de trabajo en la fase precontractual, una vez perfeccionado el contrato ha de abstenerse de cualquier actuación contraria al derecho comentado. Pasando por tanto a convertirse la ocupación efectiva en el presupuesto nuclear y existencial del derecho al trabajo, cuya vulneración vaciaría de contenido y operatividad al mandato constitucional, formando parte de su contenido esencial. Continuando con el estudio de la protección dinámica de la profesionalidad se encuentra reconocida en la promoción profesional y la libertad de elección de profesión u oficio. Se trata de un derecho ciudadano que requiere su formulación desde el contrato de trabajo mismo, de manera que dentro de este marco se ha de garantizar la promoción profesional, la expectativa de ascenso, el derecho a la carrera profesional. El reconocimiento de la promoción profesional implica también reconocer un derecho a una carrera profesional, no obstaculizar el mejoramiento de las cualificaciones profesionales, además la protección de la profesionalidad se lleva a cabo en el reconocimiento de la libertad de elección de profesión u oficio, dado que se trata de la protección del desarrollo de los conocimientos y habilidades que puede adquirir el trabajador y la posibilidad de ejercerlos. Cabe precisar que el estudio de la formación profesional implica ámbitos diversos multidisciplinarios, y aún desde una perspectiva laboral ofrece dos campos de acción, uno enmarcado en las políticas de empleo y capacitación para la obtención de mejores puestos de trabajo y otra dentro de la relación laboral. Será ésta última y su conexión con la profesionalidad del trabajador la que ocupó nuestro objeto de estudio. La formación a la que aludimos es aquella que se encuentra íntimamente con la profesionalidad del trabajador es decir la que conlleva a formar al trabajador para su mejor desempeño en el puesto de trabajo y la que se adquiere como consecuencia directa del desarrollo de las habilidades propias del cargo. De ahí que como se alude este derecho a la formación tiene relación directa con la expectativa de promoción dentro de la empresa, con el derecho a una carrera profesional, y con el derecho a la ocupación efectiva y a la ocupación convenida en el proyecto contractual. Es decir, existe otro tipo de formación profesional, donde es la misma empresa que obliga al trabajador a formarse e incluso a reciclarse a los efectos de dotar de los conocimientos necesarios para afrontar las nuevas tecnologías en la empresa, y es aquí donde el derecho a la formación profesional aflora como derecho en sí cuando algunos trabajadores son relegados en cursos de formación y sus expectativas de promoción decrecen. Por tanto, la formación del trabajador entendida como el proceso de adquisición de aptitudes a través de la práctica o desempeño de su profesión, se verá perjudicada también en la medida que le sean asignadas funciones al trabajador que lejos de potenciar sus cualidades profesionales vienen a degradárselas. A continuación, se avoca el estudio a la tutela de la profesionalidad del trabajador en el régimen jurídico uruguayo La doctrina y jurisprudencia en Uruguay menciona dentro de los elementos del contrato de trabajo a la profesionalidad. No se ha desarrollado, por tanto, la vertiente constitucional que relaciona la libre elección de profesión y oficio con un derecho ciudadano que debe orientar la estructura y la dinámica del contrato laboral. Además, ha recibido un tratamiento no muy importante al calificarlo como elemento residual para determinar la relación laboral. Es decir que para la doctrina y jurisprudencia uruguaya la profesionalidad ha sido estudiada como un elemento no esencial del contrato de trabajo de tal forma que debería darse todos los demás para conformar un contrato de trabajo. Sin embargo, si bien no es considerada un elemento esencial del contrato de trabajo, desde una óptica diferente se comienza a hablar de profesionalidad y certificación de competencias. Así que diversos programas de formación profesional contribuyen a expandir esta visión enraizada con el derecho de formación profesional, el derecho a la promoción y ascenso y así también la recualificación de trabajadores que se encuentren al amparo de seguro por desempleo. La industria de la construcción sector sensible frente a cualquier cambio económico financiero que afecta la estabilidad de puestos laborales que ha hecho su primer avance en materia de certificación de competencias. En el entendido de la empresa como órgano de formación de trabajadores especializados y como escuela técnica en algunas profesiones. La certificación de competencias alude a la profesionalidad en el sentido de distinción de competencias adquiridas en el desarrollo de la profesión u oficio, alude a la formación profesional dentro del sector empresarial, considerando las cualidades desarrolladas y aptitudes adquiridas durante la relación laboral. No obstante, creemos que la profesionalidad ha ocupado y ocupa un lugar relevante, aunque no haya sido enfocada como tal, numerosos son los juicios hoy en día que se presentan ante los estrados uruguayos cuyo objeto procesal se encuentra relacionado con la profesionalidad del trabajador. A título de ejemplo lo podemos constatar en sentencias nacionales las que son incorporadas al presente estudio, en donde la profesionalidad no se sustancia en la relación laboral como un mero elemento secundario. Sino que por el contrario pasa a ser un elemento decisivo, el perjuicio a la carrera profesional, la existencia o no de un daño al derecho al ascenso son elementos sustanciales en la decisión. Cabe precisar por otra parte que el sistema jurídico uruguayo carece de normativa reguladora de la movilidad funcional y geográfica, con lo cual se ha delegado un margen amplio a la doctrina científica y a la jurisprudencia de los tribunales de trabajo. La defensa del trabajador debe centrarse en su dignidad, en la profesionalidad como valor añadido a su personalidad. Cómo se inserta este concepto de profesionalidad en Uruguay? La profesionalidad va más allá de la categorización profesional, contiene elementos subjetivos que hacen que un trabajador se pueda diferenciar de otro que ocupa el mismo puesto o desempeña igual categoría, por tanto, el daño que pueda ocurrir en los cambios de función, o que llevan a la privación de la misma, y que lesionen su dignidad, el derecho al trabajo, el derecho a la promoción, a la formación, verán su amparo a través de lo dispuesto por los artículos constitucionales 72 y 332. Por lo que ese grupo de derechos profesionales preexiste a la intervención legislativa y son resistentes ante una intervención legislativa o de cualquier operador jurídico. Por tanto, aquellas órdenes que vulneren un derecho fundamental como la igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo, el derecho a la formación profesional, y atenten contra la dignidad del trabajador, podrían ser declaradas nulas al haberse afectado un derecho integrante del bloque de constitucionalidad. III. Se han arribado a las siguientes CONCLUSIONES que a modo de síntesis se exponen: 1. El respeto de los derechos fundamentales del trabajador opera como límite infranqueable al poder de dirección del empleador. 2. La profesionalidad como ha señalado la doctrina laboral conforma el patrimonio profesional que posee todo trabajador, el cual no se encuentra limitado a las aptitudes requeridas para un puesto de trabajo, o las adquiridas a través del propio trabajo. Es así que la profesionalidad constituye "un bien del trabajador" y como tal deberá ser protegido, y es a través de los valores ligados a la dignidad de la persona, que logra imponer esa protección, limitando así los poderes empresariales. 3. En el ordenamiento español la profesionalidad posee un reconocimiento constitucional en el art. 35 que consagra el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, y a la promoción a través del trabajo. Estos derechos profesionales no se encuentran consagrados en la constitución uruguaya con la misma técnica legislativa que empleó el constituyente español, pero si se encuentran consagrados a través del art. 72 de la Carta magna en el entendido que estamos ante derechos fundamentales. Por tanto, se encuentran reconocidos en la constitución y gozan de toda la protección constitucional. 4. Es necesaria la intervención en el sistema español de la negociación colectiva en la delimitación de la estructura de la profesionalidad por sectores o ramas de producción. Mientras que el sistema uruguayo puede decirse que tiene las bases para sustentarla a partir de la convocatoria de los Consejos de Salarios, lo que ha derivado en un fuerte desarrollo de la negociación colectiva por rama de actividad y una creciente sindicalización. Por tanto, sigue siendo el convenio colectivo el instrumento necesario para canalizar esta construcción como limitativa del poder del empresario y como orientadora de las relaciones laborales.

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, partimos de una idea originaria para el proceso de investigación sobre la problematicidad entre el Derecho internacional y el sistema jurídico mexicano, que hila nuestra empresa cognitiva: el ordenamiento jurídico internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales mantienen una ínsita, simbiótica e inextricable conexión. En ésta interrelación el Derecho internacional determina al Derecho nacional en tanto que para que aquel sea eficaz en cada Estado se requiere que éstos lo implementen y reciban en sus propios sistemas jurídicos; por otro lado, esta recepción e implementación impacta efectivamente en la aplicación del Derecho internacional, lo cual termina favoreciendo la eficacia del Derecho internacional. Además, esta interrelación se encuentra mediada por el Estado, si bien ya no como actor exclusivo, sí como actor principal y primigenio, lo cual condiciona de plano esta relación, la cual está regida por el principio de soberanía estatal, lo que implica, como necesaria consecuencia, que el consentimiento del Estado es cardinal en la creación, aplicación, desarrollo progresivo, codificación y adjudicación de las normas jurídicas internacionales. En el caso concreto que nos ocupa, la problematicidad relacional entre el Derecho internacional y el sistema jurídico mexicano, a través de cuanto hemos expuesto y analizado, podemos plantear que ha quedado demostrada, en la medida de lo posible, esta idea conductora. Lamentablemente, no tuvimos el espacio como para ocuparnos del estudio de la totalidad de las áreas y regímenes en que esta relación entre el Derecho internacional (DI) y el sistema jurídico mexicano se manifiesta, no obstante, consideramos que cuanto pudimos abarcar, cabe considerarlo como una muestra representativa suficientemente plausible. Con base en todo el trabajo de investigación que presentamos, pudimos arribar al siguiente conocimiento. Luego de dar un recorrido por áreas teoréticas ampliamente exploradas de la doctrina iusinternacionalista sobre el tema de la interrelación entre el DI y los sistemas jurídicos estatales (capítulo I), llegamos al convencimiento de que el planteamiento tradicional monismo-dualismo no da cuenta del fenómeno en su conjunto. No obstante, las tendencias moderadas tampoco se encuentran libres de vacilación y yerro. Al menos en el caso mexicano luego de la reforma de derechos humanos de junio de 2011, es insostenible la idea de que en el orden interno el que tiene primacía es el Derecho interno, mientras que en el orden internacional la tiene el DI, como parece sostenerse desde algunos ejes de la doctrina. Toda vez que esta reforma vino a incorporar el principio propersona. Además, damos por suficientemente demostrado que el sistema jurídico mexicano, a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, tiene un nuevo mecanismo para implementar las normas jurídicas internacionales referentes a derechos humanos, pues establece un principio dinámico con el cual este tipo de normas jurídicas habrán de entrar en juego con las normas jurídicas internas, y en su momento se este principio ayudará a determinar cuál de ellas ¿norma de derechos humanos de fuente internacional o interna¿ ha de ser adjudicada en un caso concreto. Este nuevo elemento incorporado al diseño constitucional mexicano es el principio propersona. Con esto, podríamos conjeturar que el sistema jurídico mexicano deja de lado el debate sobre cuál ordenamiento prima sobre el otro pues, en materia de derechos humanos, primará aquel que otorgue mayor protección a las personas que se encuentren bajo el influjo del Estado mexicano. En todo caso, creemos haber puesto los cimientos para la demostración de que el DI y los sistemas jurídicos nacionales, corroborado por el caso mexicano, presentan una interrelación simbiótica que logra reconfigurar de forma el carácter y alcance de ambos ordenamientos, el DI se ve impactado en su eficacia, mientras que el Derecho nacional sufre necesarias modificaciones como parte de la implementación de normas jurídicas internacionales que los Estados emprenden; y lo hicimos en la medida en que, tomando la relación existente entre el sistema jurídico mexicano y el DI como una muestra representativa suficiente, pudimos mostrar que el DI determina al sistema jurídico mexicano, recordemos la reforma constitucional de junio de 2011, que no hace sino cristalizar los resultados del diálogo jurisprudencial entablado entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el sistema jurídico mexicano a su vez fortalece al DI, en la medida en que el diseño constitucional y legal se van haciendo más sinérgicos con las normas jurídicas internacionales, lo que sin duda alguna termina por impactar en la eficacia del ordenamiento jurídico internacional, muy especialmente en lo referente a los derechos humanos. Toda vez que tanto el sistema interamericano de derechos humanos, como el universal, son mucho más eficaces, pues cuenta para ello ¿claro está en el ámbito mexicano¿ con una serie de principios y mecanismos de control y de protección previstos en la Constitución que están diseñados para facilitar la aplicación directa de las normas jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, y que antes de la reforma de 2011 no se contaba con ellos. De otra parte, pudimos confirmar que el sistema mexicano de incorporación de normas jurídicas internacionales, responde a una tradición constitucional mexicana, la cual está condicionada por el desarrollo social, político, económico y jurídico del pueblo mexicano, su herencia hispánica, su pasado colonial, sus luchas internas, la pérdida de la mitad de su territorio a mediados de siglo XIX, las invasiones, así como la incidencia de ¿la configuración externa de los Estados¿ (capítulo II). Lo que llevó a la incipiente élite estadista mexicana de la primera mitad del siglo XIX, a conceptualizar al DI como un medio jurídico de defensa de la nueva nación, esto es, como un ordenamiento no solo articulador de las relaciones soberanas que facilita relaciones de cooperación y coordinación, sino como un ordenamiento que, desligado de concepciones religiosas y naturalistas, impone deberes y confiere derechos a las naciones; y es este ordenamiento concreto les proveyó de un estatus de igualdad, especialmente frente a las naciones europeas, confiriéndole al Estado mexicano un halo de protección. Pues bien, todo ello, terminó por impactar en la estructura, diseño y desarrollo constitucional del Estado mexicano, especialmente en lo referente a su sistema de incorporación de las normas jurídicas internacionales y en el régimen de aplicación del Derecho internacional en México. Pero estas realidades históricas no solo inciden en la configuración constitucional de México, sino que lleva a los Estados americanos a desarrollar la conciencia de que el Derecho internacional de la época no respondía enteramente a sus intereses, lo cual contribuyo finalmente a la necesidad de ir configurando un Derecho internacional americano. Abordar y analizar las cuestiones referentes a las diferentes teorías sobre la relación entre los ordenamientos internacional y nacionales, nos permitió tener en claro cuáles son los fundamentos teoréticos para dilucidar qué tipo de sistema de incorporación de normas jurídicas internacionales tiene diseñado el sistema jurídico mexicano, y cómo opera en realidad, y qué tan eficaz puede llegar a ser en la práctica. Así pues, hemos de concluir que dicho sistema de incorporación diseñado por el ordenamiento jurídico mexicano, bien puede ser calificado como un sistema monista de incorporación (o automático). Consideramos demostrado que dicho sistema de incorporación de normas jurídicas internacionales, es deficiente y atomizado, en el sentido de que las normas constitucionales que lo articulan no contemplan la totalidad de normas jurídicas internacionales, como las consuetudinarias y las resoluciones de tribunales internacionales, además estas normas constitucionales se encuentran diseminadas en una serie de artículos a lo largo del texto constitucional, lo cual ¿tal como pudimos ver¿ termina incidiendo en la funcionalidad del sistema mismo. En consecuencia, tenemos que el sistema mexicano de incorporación de normas jurídicas internacionales referentes a derechos humanos ¿aun cuando ha sido reformado en junio de 2011¿ todavía presenta deficiencias y es atomizado. Actualmente el sistema mexicano de incorporación de normas jurídicas internacionales se encuentra articulado por el juego de los artículos 1º y 133 constitucionales, y ninguno de ellos prevé la incorporación o cumplimiento de resoluciones de tribunales internacionales, ni de recomendaciones de otros órganos internacionales de control. Por tal razón, el desarrollo jurisprudencia en la materia es de vital relevancia. Muestra de ello, es la resolución del expediente varios 912/2010, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hace sino dar cumplimiento a la sentencia del caso Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos de la CIDH. Así mismo, hemos de derivar que los principios rectores del sistema jurídico mexicano, tanto sustantivos como procesales, que rigen su interacción con el DI de los que destacan los siguientes: a) La facultad de celebración de tratados por parte del Estado mexicano es competencialmente ilimitada. Dicha facultad no tiene ninguna limitación competencial, con respecto a la estructura federal del Estado mexicano, así ello, la facultad de celebrar tratados internacionales es exclusiva para los funcionarios federales, que atendiendo al 133, son: el Presidente y el Senado. b) Supremacía normativa: las normas jurídicas internacionales que gozan de supremacía constitucional son: Las relativas a los derechos humanos; las normas jurídicas internacionales que fijen la extensión y términos del espacio situado sobre el territorio nacional, así como las aguas de los mares territoriales. El resto de las normas jurídicas internacionales tienen una jerarquía normativa inmediatamente por debajo de la Constitución, pero superior a las leyes federales, además se consideran ley suprema de toda la Unión. c) Limitaciones y prohibiciones sustantivas en materia de celebración de tratados. Ejemplo de ellas son: imposibilidad de modificación de alteración de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, mediante la celebración de tratados posteriores; prohibición de celebrar tratados para extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos y, por último, prohibición a los Estados federados de celebrar tratados internacionales. d) Principios democráticos y legitimadores. i. Control jurisdiccional de regularidad constitucional en la aplicación de las normas jurídicas internacionales. ii. Principio de división de poderes en la configuración del consentimiento en la creación de obligaciones internacionales convencionales. iii. Formas concretas y tasadas de manifestación del consentimiento del Estado mexicano. iv. Principio de publicidad. Apoyándonos tanto en el diseño constitucional y legal mexicano en lo referente al tema de los llamados acuerdos interinstitucionales, así como en el DI general y convencional relativo a los tratados internacionales, pudimos demostrar suficientemente que dichos materiales nacionales no tienen el carácter y alcance jurídico de tratados internacionales. Al margen de que pudieran ser considerados como meros hechos atribuibles al Estado mexicano y que eventualmente pudieran comprometer su responsabilidad internacional. Lo cual nos llevó a su vez, al problema de dilucidar el carácter jurídico interno (nacional) de estos materiales en comento, y pudimos establecer que los acuerdos interinstitucionales no pueden ser considerados como ¿Ley suprema de toda la Unión¿, al no contar con el carácter de tratado internacional, y esto nos puso frente a una consecuencia concreta ¿aunque no incontrovertida¿, a estos materiales no se les puede atribuir valor normativo jurídico alguno, ni como tratados internacionales, ni leyes, ni reglamentos, etcétera. A lo sumo, podrá atribuírseles un valor programático, propio de un acuerdo político. Todo ello nos pone frente a una conclusión ineludible: el sistema jurídico mexicano, si bien ha sufrido importantes cambios en materia de armonización con el DI en materia de derechos humanos, lo que arroja trascendentes consecuencias, según pudimos apreciar, cuenta aún con amplias y significativas áreas de oportunidad en materia de implementación de normas jurídicas internacionales. Y el régimen de los llamados acuerdos interinstitucionales es una muestra de ello. Por otra parte, el sistema jurídico mexicano no contempla el control de constitucionalidad previo de tratados, lo que ha llevado al Poder Judicial de la Federación a plantear la idea de la presunción de constitucionalidad de los tratados internacionales. Empero, esta presunción no resuelve el problema de fundo, pues en realidad no es un mecanismo idóneo para la armonización de ambos ordenamientos jurídicos, ni crea las condiciones para la sinergia necesaria en la implementación y cumplimiento de las normas jurídicas internacionales por parte del Estado mexicano. Además, el aparato jurisdiccional del Estado mexicano ha presentado una actitud vacilante y errática en la cuestión referente a la jerarquía normativa que las normas jurídicas internacionales han de ostentar dentro del sistema jurídico mexicano. Otra de las áreas en que el sistema jurídico mexicano muestra una deficiencia sistémica respecto de las normas jurídicas internacionales, es la referente a las normas consuetudinarias. En efecto, el sistema jurídico mexicano no contempla su régimen de incorporación, aplicación y cumplimiento. Lo que necesariamente nos lleva a la necesidad de proponer que el sistema jurídico mexicano debe ser reformado en este sentido, con la finalidad de fortalecerlo y fortalecen con ello al Derecho internacional en su conjunto. Es de lamentar que el Constituyente Permanente mexicano dejó pasar una oportunidad inconmensurable en junio del 2011, al no completar la reforma de nuestro diseño constitucional en materia de incorporación de las normas jurídicas internacionales, dejando fuera, incomprensiblemente, a las normas de Derecho internacional consuetudinario. Por último, con la finalidad de evidenciar y corroborar cuanto hallazgo arrojó nuestra investigación, nos abocamos al estudio concreto de tres casos test (capítulo III). Nos centramos en tres materia concretas para contrastar debidamente la interacción del DI y el sistema jurídico mexicano, a saber: el Derecho internacional de los derechos humanos; los crímenes contra el DI humanitario y otras formas de criminalidad internacional, y por último, la reforma constitucional ad hoc para la implementación del ER. Obviamente la interacción entre ambos ordenamientos jurídicos es mucho más amplia, pese a tener conciencia de ello, fue necesario realizar un corte al respecto con miras a establecer una muestra representativa suficiente y sustancial. Del análisis y contrastación de los casos test en comento, fue posible llegar al siguiente conocimiento. Con respecto al primer caso test que nos ocupamos, verificamos que la actitud del Estado mexicano respecto del Derecho internacional de los derechos humanos ¿que según vimos puede ser trazada en etapas¿ constituye una muestra en particular de cuanto ya hemos señalado antes: responde a una tradición constitucional mexicana, la cual está condicionada por el desarrollo social, político, económico y jurídico del pueblo mexicano, su herencia hispánica, su pasado colonial, sus luchas internas, la pérdida de la mitad de su territorio a mediados de siglo XIX, las invasiones, así como la incidencia de ¿la configuración externa de los Estados¿. Pues bien, una de las facetas en que se tornó la estrenada alternancia en el poder en México, que comienza en la década de 1990 y se cristaliza durante la del 2000, fue la ¿exterior¿ que se caracteriza por el auge de la firma de tratados internacionales en materia de derechos humanos, como una forma de demostrar el nuevo talente del Estado mexicano, tanto hacia el exterior como el interior. Sin embargo, entendemos también que muchos de esos esfuerzos fueron más mediáticos que de fondo, pues es difícil, en muchos casos, distinguir entre el afán de la cúpula del PAN y de la Presidencia de México por vender a la sociedad mexicana la imagen de un partido democrático y comprometido con la causa de los derechos humanos, y la agenda del Estado mexicano por mostrar al mundo una imagen concreta de país, uno aparentemente comprometido con la causa de los derechos humanos y con su eventual implementación en el interior; es decir, la agenda del Estado mexicano en una política exterior en la materia de Estado con intención, agenda y sistematicidad. Sin embargo, mantenemos que no es posible mantener la idea de que los cambios operados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, se deban a una génesis endógena. En cualquier caso, sustentamos que tanto los factores endógenos como exógenos tienen un peso específico dentro de la vida pública de las sociedades nacionales, y del comportamiento de los Estados en el ámbito internacional. Además, es necesario ir más allá del análisis centrado en el diseño de políticas públicas y de la agenda pública, para tratar de entender el punto en el que se encuentra el Estado mexicano al día de hoy en materia de protección y promoción de derechos fundamentales, debiendo poner en adecuada perspectiva el aporte de los tribunales internacionales de los que México es parte, y si indiscutible influencia favorecedora hacia el sistema jurídico mexicano. Por otra parte, al emprender el Estado mexicano su propio proceso de creciente internacionalización de su Constitución, cristalizado en la reforma de 10 de junio de 2011, obviamente se fortalece su sistema jurídico y expande su espectro de protección y promoción de los derechos humanos. Pero eso no es todo, consideramos que la trascendencia de la reforma referida es de mayores consecuencias pues, si el sistema jurídico mexicano se transforma considerablemente con esta reforma constitucional, el fortalecimiento, empoderamiento, proyección y eficacia del Derecho internacional de los derechos humanos en particular, y con ello del Derecho internacional en general, es así mismo considerable y palmaria. Efectivamente, con esta reforma constitucional se verifica un importantísimo desarrollo al sistema jurídico mexicano en materia de protección de derechos humanos por vía de la expansión en distintos ámbitos, a saber: competencial y sustantivo. a) Competencial en el sentido de que el artículo 1º establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias se encuentran obligadas a cumplir con las normas de derechos humanos, ya sean de fuente constitucional o convencional. b) En el desarrollo sustantivo se encuentran las obligaciones a cargo del Estado mexicano respecto de los derechos humanos: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en caso de su violación, el Estado se encuentra obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar (artículo 1º tercer párrafo). Además, el Estado mexicano se obliga a adjudicar y desarrollar los derechos humanos dentro de su sistema jurídico bajo una serie de principios hermenéuticos y evolutivos como son, por un lado, la interpretación conforme (control de constitucionalidad y de convencionalidad) y el principio propersona, y del otro, los principios de principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así pues, esta reforma no solo conforma una ampliación exponencial del catálogo de Derechos humanos, sino que implica que en México las normas de derechos humanos tienen dos fuentes, a saber: el texto constitucional y los distintos tratados internacionales, y que ambas fuentes de derechos humanos son equivalentes, lo que significa que las eventuales colisiones entre normas de sendas fuentes habrán de resolverse mediante el principio propersona. Desafortunadamente, la sinergia en la implementación de la reforma constitucional de junio de 2011 ¿sobre todo en el área jurisprudencial¿ no ha sido la adecuada. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recién acaba de resolver que las restricciones constitucionales a los derechos humanos han de prevalecer sobre los derechos humanos de origen internacional, en su tesis 293/2011. Así, tal como vimos desde el capítulo II cuando hablamos de la evolución histórica de la jerarquía de las normas jurídicas internacionales convencionales en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demostramos que es posible identificar un talante concreto en toda esta evolución de los criterios respecto de los tratados internacionales en México: siempre se ha abordado desde una perspectiva de impronta normativista con tendencia a primar el orden jurídico de origen nacional. Una de las consecuencias que nosotros destacamos de ello es que, semejante talante de la SCJN ha entorpecido la construcción de un verdadero y fluido diálogo jurisprudencial constructivo entre los tribunales y demás organismos fiscalizadores en materia de derechos humanos (DH) y el Poder Judicial mexicano. Lo que queremos hacer notar es que, el nivel de diálogo entablado hasta hoy no constituye un sistema de vasos comunicantes, lo cual representa la idea de ¿diálogo jurisprudencial¿, tal como la doctrina jurídica lo concibe. La comunicación puesta en marcha por la SCJN hasta ahora, desafortunadamente, se encuentra articulada y limitada por dos principios, a saber: la soberanía nacional y la supremacía constitucional. Lo cual no deja de explicarse por el condicionamiento social, histórico, económico y político de la configuración interna y externa del Estado mexicano, tal como ya dejamos constancia. Además, esta resolución de la SCJN deja desarticulado el principio propersona, en defensa del principio jerárquico que siempre lleva a una solución a favor de las normas constitucionales, independientemente de que sean más favorables a la persona o no. Con esto, la SCJN ha despojado al orden jurídico mexicano de toda la riqueza que la reforma de junio de 2011 le había otorgado. Por todo ello, mantenemos que es un despropósito que la SCJN haya tratado de delimitar y dotar de contenido ¿vaciándola en realidad¿ a la reforma constitucional en comento, y encima con una perspectiva formalista y estatocéntrica, sin dar el tiempo necesario para que el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, así como la comunidad académica, intelectual y a la ciudadanía en general reaccionaran y construyeran el contenido y alcance de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Así, lo que la SCJN realmente logra con esta resolución es vedar el diálogo jurisprudencial con la CIDH, y obstaculizar la eficacia de los derechos humanos ¿ya sean de fuente interna o internacional¿ en sede nacional, haciendo que todo asunto se convierta en carne de litigio en sede internacional, lo que termina incidiendo en la eficacia de tales derechos también en sede internacional. Esto necesariamente ha de entenderse como medidas estatales tendientes a entorpecer y limitar la implementación de las normas jurídicas internacionales en materia de derechos humanos. Lo que termina comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado mexicano, pues resulta contrario a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano. En cuanto al segundo caso test del que nos ocupamos, crímenes contra el Derecho internacional humanitario y otros crímenes en el sistema jurídico mexicano, tuvimos los siguientes hallazgos. En esta parte nos centramos en las obligaciones concretas que el Estado mexicano tiene en las materias que hemos señalado y en cómo, y en qué medida, ha dado cumplimiento a esas obligaciones. En este punto se exponen y analizan los instrumentos internacionales, en los cuales México es parte, que contienen disposiciones relativas a los crímenes internacionales y delitos de trascendencia internacional; así como la incorporación y desarrollo interno de las obligaciones a cargo del Estado mexicano. En el sistema jurídico mexicano se encuentran debidamente tipificados una serie de delitos de trascendencia internacional: terrorismo internacional, piratería, violación de inmunidades y de neutralidad y violaciones de los deberes de humanidad; así como el genocidio, que es un crimen internacional. Debiendo tener en cuenta además, de que México es parte de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, y en estos instrumentos internacionales sí se consigna la obligación de los Estados Parte de legislar en el ordenamiento interno sobre los crímenes contemplados en dichos convenios. El Estado mexicano ha optado por la opción de tipificar las violaciones al Derecho internacional humanitario (DIH) en su código penal y en el código penal militar. Y es revisando esta normativa como podemos advertir que México no ha cumplido a integridad, pues los delitos tipificados en el Título Tercero (Delitos contra la Humanidad) del Código Penal Federal (CPF) no cubren los crímenes contemplados en los Convenios de Ginebra. Y una situación análoga prevalece en lo dispuesto por el Código de Justicia Militar (CJM). Con respeto a los crímenes internacionales y de trascendencia internacional que el sistema jurídico mexicano tiene tipificados, observamos lo siguiente. En el caso del terrorismo internacional, se verifica que ha visto cierta evolución, ya que hasta no hace mucho tiempo en México el delito de terrorismo era considerado, como un delito con eventual trascendencia internacional, toda vez que, el código penal federal no tipificaba el terrorismo internacional expresamente. Solo recientemente, en el año 2007, México atendiendo a sus múltiples obligaciones internacionales contenidas tanto en una gama de instrumentos internacionales -como en algunas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU- se ocupa de legislar en esta materia, buscando atajar integralmente este fenómeno delictivo. Además, El 14 de marzo de 2014, el Estado mexicano reforma nuevamente su tipo de terrorismo internacional, mejorando la redacción e incorporando importantes elementos, que en la reforma de 28 de junio de 2007 quedaron fuera, a saber: amplía los instrumentos y materiales que pueden ser utilizados en la comisión del delito; amplia los eventuales objetivos que pueden ser atacados y, además tipifica el encubrimiento del delito de financiamiento al terrorismo. De otro lado, la reforma referida adiciona y tipifica los delitos contra personas internacionalmente protegidas. Algo a lo que México estaba internacionalmente obligado a hacer desde hace más de tres décadas, en virtud de lo estipulado en la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos (la Convención), de 14 de diciembre de 1973. Sin embargo, consideramos que tal vez hubiese sido mejor dar un tratamiento por separado a ambos delitos, el de terrorismo internacional y los delitos contra las personas internacionalmente protegidas, toda vez, que este último al parecer se equipara al primero, o se entiende como una conducta subyacente, en todo caso. En todo caso, debemos destacar que el Estado mexicano ¿y en nuestra opinión esto es un acierto¿ opta por la jurisdicción ordinaria o civil en lugar de la militar para procesar a los imputados del delito de terrorismo internacional, y esta decisión tiene gran impacto, no solo en la efectividad de la lucha que el Estado mexicano asuma del terrorismo internacional sino, y sobre todo, en el respeto, promoción y protección de los Derechos humanos, logrando con ello un nivel más alto de legitimidad, en términos democráticos, de estado de derecho y constitucionales. De todo lo anterior, se desprende que el Estado mexicano ha tratado de armonizar su sistema jurídico nacional ¿con las limitaciones y particularidades que ya hemos apuntado, y tomando en cuenta que existen áreas de oportunidad aún¿ con las disposiciones tanto de instrumentos internacionales, así como con las resoluciones del Consejo de Seguridad en materia de terrorismo internacional. Esto lo podemos apreciar en la medida en que las acciones y medidas legislativas, que es el área en dónde nosotros situamos nuestro estudio, que México ha adoptado, parecen estar en sintonía con las grandes áreas de interés y acción marcadas por el Comité contra el Terrorismo. En lo tocante a la piratería internacional, se corrobora que la tipificación que de la piratería hace el Estado mexicano resulta deficiente por muchas razones que a continuación apuntamos. En primer lugar, el tipo penal rompe con una larga tradición de considerar que el escenario de un acto de piratería internacional es alta mar. En efecto, el Código Penal Federal no hace ninguna referencia a la alta mar ni, en su defecto, utiliza alguna fórmula que haga referencia a que el lugar en donde se cometa el acto de piratería se encuentre fuera de jurisdicción estatal alguna. Debemos recordar que la referencia a alta mar es vital, pues esto constituye la base de la jurisdicción universal sobre el crimen de piratería bajo el DI. Al margen de ello, se pudo comprobar que México no tiene regulada la cuestión de la jurisdicción universal, lo que nos lleva a plantear que, si el delito de piratería internacional es un delito de trascendencia internacional, sobre el cual el Derecho internacional autoriza a los Estados a ejercer su jurisdicción, mediante la figura de la jurisdicción universal, entonces, el Estado mexicano debiera de regular primeramente dicha figura en su ordenamiento jurídico nacional, para estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones internacionales; siguiendo en este caso, el ejemplo de España. Sin embargo, esto no es todo, el tipo penal de piratería internacional que estatuye el Estado mexicano adolece de otra importante cuestión, a saber: la mala técnica legislativa en lo relativo a las aeronaves, pues hace una referencia a este tipo de naves en forma residual, y no queda suficientemente claro, si las disposiciones a que se refiere la última parte de la fracción III del artículo 146, se aplican solo a la fracción III o al artículo en su conjunto. Además, hace una referencia al corso y los corsarios que no tiene ya ningún sentido, en primer lugar porque en México esa institución se abandonó hace ya mucho tiempo, y la regulación que del corso hacia la Constitución fue derogada. A parte de ello, el Estado mexicano es Parte desde 1909 de la Declaración que Reglamenta Diversos Puntos de Derecho Marítimo de 1856 firmada en París, en donde se decreta que ¿Queda abolido para siempre el corso¿¿ Por otro lado, con motivo de la preocupante situación en la aguas territoriales y de alta mar frente a las costas de Somalia, el Consejo de Seguridad ha establecido la diferencia entre actos de ¿piratería¿ y los actos de ¿robo a mano armada¿, y según se desprende de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad, sendos actos se distinguirían en función de un criterio espacial, es decir, en función del escenario de la realización del acto, ya sea en alta mar o en aguas territoriales. Esta novedad introducida por la práctica del Consejo de Seguridad viene a evidenciar la precaria y eventual pertinencia del tipo penal de nuestro Código Penal Federal en la eventual cooperación en materia de represión de la piratería internacional. Para terminar, entendemos que es necesario que el Estado mexicano tipifique el delito de piratería internacional en los términos establecidos por la CNUDM, y atender a los desarrollos normativos que en su caso suponen las resoluciones del Consejo de Seguridad, en las cuales, por cierto, se exhorta a los miembros de Naciones Unidas a legislar en la materia. Así como que también se requiere, si México así lo considera, que se tipifique de forma separada el delito de piratería (interna) o robo a mano armada en aguas territoriales sujetas a la jurisdicción mexicana. Con respecto a las violaciones de los deberes de humanidad, que se encuentra tipificado en el artículo 149 del Código Penal Federal (CPF), cabe mencionar que es el resultado de una deplorable praxis legislativa pues, no consigna ni siquiera alguna de las acciones típicas subyacentes de los crímenes de guerra establecidos en los convenios de Ginebra. Además, no se define lo que debe entenderse por ¿violaciones a los deberes de humanidad¿. Habla también de ¿rehenes de guerra¿, siendo que esa frase no significa nada en Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que los Convenios de Ginebra lo que hacen es prohibir la toma de rehenes, pero ¿rehenes de guerra¿ no constituye una categoría jurídica del DIH. Por otro lado, el delito de genocidio, que se encuentra tipificado en Capítulo Segundo, Título Tercero, del Libro Segundo del CPF, artículo 149 bis, y consagra al menos tres tipos legales y tres clases de sanción correspondientes a ellos. El primer tipo legal consagrado, en rigor de la técnica, se llama genocidio; y la acción típica punible se despliega a través de una serie de acciones (actus reus) consistentes en atentar contra la vida de las personas jurídicamente protegidas y la reproducción del grupo como tal. El artículo en posteriores párrafos estatuye diversos tipos legales innominados y ¿asimilados¿ al genocidio, ya que tienen identidad teleológica e identidad de sujeto pasivo; pero que no alcanzan, dada su naturaleza, una sanción tan grave como el tipo legal estructural o principal. Así, el artículo en su tercer párrafo consagra el primero de los delitos asimilados; y establece una acción típica positiva que radica en realizar ataques a la integridad física o a la salud. La otra acción típica positiva consiste en realizar traslados forzados de niños menores de diez y seis años de sus grupos originarios a otros diversos. Por último, el párrafo cuarto del presente artículo establece ¿con identidad de propósito y de sujeto pasivo¿ otro tipo penal asimilado con una acción típica punible que, en este caso en concreto, puede ser positiva o negativa, es decir, de acción o de omisión, consistente en someter e infligir unas condiciones de vida que indefectiblemente conlleven a la destrucción física del grupo. Ahora bien, si comparamos el tipo penal de genocidio contenido en el CPF con la definición que del genocidio hace la Convención para prevención y la sanción del delito de genocidio (Convención del genocidio), nos daremos cuenta del desfase entre ambos materiales jurídicos. En efecto, el legislador mexicano lamentable e inexplicablemente mutila, en el tipo penal del CPF, la definición dada en la Convención del genocidio, toda vez que establece que las acciones típicas serán perpetrar, por cualquier medio, delitos contra la vida o imponer la esterilización masiva; dejando fuera del tipo penal de genocidio el resto de acciones típicas, como son: la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo y, también, el resto de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, que desde luego, no se limitan a la imposición de la esterilización masiva, tal como consigna el CPF en su artículo 149 bis. Así mismo, escogimos dos casos concretos que constituyen una muestra representativa de la práctica jurisdiccional mexicana en lo referente al manejo y aplicación de normas jurídicas internacionales. Esos casos fueron, a saber: el caso Cavallo y el caso ¿extradición de vascos¿. Sendos casos muestran que los tribunales mexicanos no se encuentran debidamente preparados para lidiar con aquellos casos que requieran un especial conocimiento de las normas jurídicas internacionales. Por todo lo expuesto, creemos estar en condiciones de sustentar que el Estado mexicano ha tratado de cumplir con sus obligaciones internacionales adquiridas en materia de Derecho Internacional Humanitario, Derecho internacional de derechos humanos y de crímenes contra el Derecho de Gentes. Muestra de ello, son los crímenes internacionales tipificados en el orden interno nacional. Ahora bien, el Estado mexicano no ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones internacionales sobre la materia pues, consideramos que queda patente que el legislador no tiene la habilidad, así como la técnica jurídica y legislativa necesarias, para generar un sincretismo jurídico entre el orden internacional, al que el Estado mexicano está obligado, y el orden jurídico interno, lo cual definitivamente incide en la lucha contra la impunidad de los crímenes más relevantes para la comunidad internacional en su conjunto; y con ello, el Estado mexicano puede estar comprometiendo su responsabilidad internacional. Además de que México no solo ha tipificado mal, sino que en mayor parte no ha incorporado el Derecho internacional penal en su conjunto, ni el contenido en el Estatuto de Roma, ni el contenido en otros instrumentos y en el DI consuetudinario. Lo que genera que el Estado mexicano se encuentre en una situación de atrofia respecto de su sistema de aplicación indirecto de las normas de Derecho internacional penal. Sobre el tercer caso test, la reforma constitucional ad hoc para el Estatuto de Roma, hemos podido corroborar que el Estado mexicano no tiene armonizado su sistema jurídico nacional respecto del Derecho internacional en materia de Derecho internacional penal, ya sea el contenido en el Estatuto de Roma, o el que se encuentra contenido en otros instrumento internacionales y en el Derecho internacional consuetudinario. Y en virtud de ello, sostenemos que México se encuentra en una situación ¿no solo que compromete su eventual responsabilidad internacional¿ sino sobre todo, que entorpece la aplicación y desarrollo del Derecho internacional penal en su conjunto, puesto que en México no resultan operativos los sistemas de aplicación directo e indirecto de las normas jurídicas internacionales penales. No obstante, debemos de considerar el esfuerzo social, institucional, jurídico y político que para el Estado mexicano supuso la firma y posterior ratificación del Estatuto de Roma (capítulo III.3.1.). Ciertamente, el Estado mexicano, tal como pudimos analizar en la última parte del capítulo III, emprendió una reforma constitucional ¿que se entendió era necesaria a fin de armonizar el Estatuto de Roma con el sistema jurídico mexicano¿ para adicionar el artículo 21, párrafo 8º, la cual reza: El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Con todo, consideramos que tal reforma no hace sino entorpecer el sistema diseñado en la Corte Penal Internacional, esto al margen de que atrofia el principio de complementariedad contenido en el Estatuto de Roma. La consecuencia directa de todo lo anterior es que, en el caso del Estado mexicano, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) resulta aplicable por defecto, en razón del incompleto orden normativo penal mexicano sobre la materia, ya que México no tiene tipificados en su orden interno los crímenes internacionales tipificados en el Estatuto de Roma, salvo el genocidio. Pero eso no es todo, el sistema de incorporación del derecho internacional diseñado por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos presenta una serie de vacíos normativos e institucionales que dificultan la implementación plena del Estatuto de Roma. Además, la problematicidad que se genera por la colisión de la entrada en juego relacional del subsistema jurídico creado por Estatuto de Roma y el sistema jurídico secundario mexicano, no tiene un referente normativo de solución. Es por esto que nosotros entendemos que el aspecto programático que el Estatuto de Roma tiene con respecto a la influencia que ha de ejercer en los distintos ordenamientos jurídicos estatales, ha quedado desmantelado en el caso mexicano. Por último, consideramos que México no se encuentra en condiciones de contribuir a operar el sistema de aplicación directo del Derecho internacional penal que el Estatuto de Roma supone ; Premio Extraordinario de Doctorado US

La V Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, es un evento organizado por ALIANZA SISTEMA UNIVERSITARIO DE NORTE DE SANTANDER SIES +, dirigido a la comunidad académica, científica y los sectores productivos de la región, cuyo propósito es difundir los avances en investigación y extensión de instituciones nacionales e internacionales, a través de grupos de investigación e incubadoras, promoviendo la participación de los sectores productivos en actividades de investigación, extensión, desarrollo tecnológico e innovación que fortalezcan la relación Universidad - Empresa - Gobierno y el intercambio de experiencias con investigadores de ámbito Nacional e Internacional. campos. ; CONTENIDO PROGRAMACIÓN 8 LA POBREZA COMO EFECTO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO: COMUNIDADES MARGINADAS EN OCAÑA, COLOMBIA TECNICA INFORMATICA PARA LA IDONEIDAD DE LA EVIDENCIA DIGITAL EN EL ATAQUE A UN SISTEMA DE INFORMACION: ANALISIS FORENSE PARA LA CADENA DE CUSTODIA DIGITAL DIAGNOSTICO DE FUGAS EN TUBERIAS HORIZONTALES MEDIANTE REDES NEURONALES TERNARY DIAGRAMS SiO2-Al2O3-K2O AS TOOL FOR THE ANALYSIS OF BEHAVIOR OF CERAMIC MATERIALS DINÁMICAS CONTABLES Y SU RELACIÓN CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC´s) DIAGNOSTICO DE LA MAQUINARIA UTILIZADA, EN LOS PROCESOS DE POS-COSECHA DEL CAFÉ, Y CEBOLLA OCAÑERA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CALIXTO Y ABREGO, NORTE DE SANTANDER QUEBRADA LA BRAVA: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DENTRO DE LA ESTRUCTURA URBANA DE OCAÑA, NORTE DE SAN-TANDER THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM AND CLEANER PRODUCTION STRATEGIES: COMPANY BIOCAÑA S.A.S EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE BLOQUES MULTINUTRICIONALES COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN BOVINOS DOBLE PROPOSITO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN CONDICIONES DE BOSQUE SECO TROPICAL EFECTO DEL ENSILAJE DE CÁSCARA NARANJA Y GLICEROL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA LECHE EN UN SISTEMA GANADERO DOBLE PROPÓSITO EN CONDICIONES DE BOSQUE SECO TROPICAL PLATAFORMA DE SENSADO FOTÓNICO PARA LA GENERACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS EN MOVIMIENTOS DE TIERRA EN MASA DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES - HERRAMIENTA: PANEL DE EXPERTOS MODELAMIENTO DE UNA CELDA ELECTROLÍTICA ALCALINA QUE PRODUCE OXIHIDRÓGENO SIMILITUD HIDROLÓGICA DE CUENCAS EN LA ZONA SUR DE LA REGIÓN ANDINA DE COLOMBIA Coliformes, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella spp., EN AGUA ENVASADA PRODUCIDA Y COMERCIALIZADA EN SAN JOSE DE CUCUTA, EN LOS MUNICIPIOS LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO. MODELO COMPUTACIONAL ARTIFICIAL PARA LA ESTIMACION FUNCIONAL DE LA VARIABLE INSULINA COMO APOYO AL DIAGNOSTICO DE PATOLOGÍAS CARDIACAS. PROPUESTA DE UN MODELO BASADO EN SISTEMA MULTIAGENTE PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN PROYECTOS INFORMÁTICOS DEL SECTOR SALUD HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MINERÍA DE DATOS CASO PRÁCTICO: ESTIMACIÓN DE PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO METODOLOGÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA COMO APOYO AL DIAGNOSTICO DE PATOLOGÍAS MÉDICAS: CASO CÁNCER GÁSTRICO TIPO 2 DISEÑO DEL FUSELAJE PARA UN VEHÍCULO FÓRMULA SAE MEDIANTE LA SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE FLUJOS DE FLUIDOS . LA CÁTEDRA DE LA PAZ COMO HERRAMIENTA PARA EL USO RESPONSABLE DE LA VIRTUALIDAD EN EL CONTEXTO EDUCATIVO PARTIENDO DE LA INTELIGENCIA DE TIPO EMOCIONAL. ESTUDIO FISICOQUIMICO DEL ACEITE DE FRITURA RESIDUAL COMO MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL TENDENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS DOCENTES EN FORMACIÓN INICIAL DE LA UFPS: UNA PERSPECTIVA TEMÁTICA Y METODOLÓGICA DESDE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA IDENTIFICACIÓN MOLECULAR MEDIANTE ITS DE LOS FITOPATÓGENOS Fusarium sp., Alternaria sp., Rhizopus sp., Aspergillus sp., Curvularia sp El CÁLCULO DESDE LA GEOMETRIZACIÓN DE INDICADORES URBANOS COMO ESTRATEGIA PARA CREACIÓN DE ARQUITECTURA Y URBANISMO TURISMO COMO FACTOR DE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE CÚCUTA BOLEGANCHO: FABRICACIÓN DE DESTILADO ARTESANAL DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL, RURAL Y AMBIENTAL BIORREMEDIACIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR MEDIO DE UN CONSORCIO DE ALGAS NATIVAS DE LA REGIÓN DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER. ESTUDIO DE EFECTOS NO GENÉTICOS QUE INFLUYEN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN CABRAS EN OCAÑA (N.S) QUANTIFICATION OF UNCERTAINTY IN METALLIC PARTS SUBJECT TO FATIGUE PROPUESTA DE UN MODELO DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PARA PYMES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE INTERNET AL HOGAR: ESTUDIO DE CASO VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN TECNOLÓGICA EN LAS SOCIEDADES LIMITADAS Y ANÓNIMAS DE OCAÑA, COLOMBIA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y ALIMENTACIÓN DE LAS CABRAS: GRANJA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA DISEÑO DE UNA SEMBRADORA MECÁNICA DE SEMILLAS DE MAÍZ Y FRÍJOL.INTEGRACIÓN DE BIGDATA EN LAS PYMES: BUSINESS INTELLIGENCE AND CLOUD COMPUTING INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA: HACIA EL DISEÑO DE UN MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. EL PAPEL DE GREEN IT EN LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE: PERSPECTIVAS PARA EL DISEÑO FUNCIONAL ANÁLISIS DE LA SOSTENTABILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO ALGODONAL, VEREDA EL OROQUE INFLUENCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA APLICACIÓN DEL GOBIERNO DE TI. CASO DE ESTUDIO UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA SOLUCIÓN POR MÉTODOS NUMÉRICOS DE LA ECUACIÓN DEL CALOR EN APLICACIONES DE LA INGENIERÍA. 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LADRILLOS MODIFICADOS POR MEDIO DE GEOMETRÍAS DISIPADORAS EXPERIMENTACIÓN COMPARATIVA DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR PUENTE TÉRMICO A PARTIR DE LA MODIFICACIÓN DE LA GEOMETRÍA EN BLOQUE CERÁMICO H10. MODELO MATEMÁTICO PARA LA SECUENCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN (AI) DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA DE LOS DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SINPLAFUT – UNA APLICACIÓN BASADA EN MICROSERVICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEL FÚTBOL. LAS TIC EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS Y SISTEMATIZACIÓN DEL BANCO DE CEPAS DE LABORATORIO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGÍA AVANZADA DE LA UFPS "INSTANCIA" DATOS QUE DAN FORMA [ARTE GENERATIVO] LA INNOVACIÓN DISRUPTIVA COMO VENTAJA COMPETITIVA EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CALZADO EN LA CIUDAD DE CUCUTA EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA MOLIENDA HÚMEDA EN EL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL Y MECÁNICO DE PRODUCTOS CERÁMICOS CONFORMADOS POR EXTRUSIÓN INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE FIBRA COCO EN LA FORMULACIÓN DE PASTAS CERÁMICAS Y SU EFECTO EN EL COMPORTAMIENTO FÍSICO-MECÁNICO Y ESTRUCTURAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INCUBADORA DE AVES DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CONVERTIDOR DC/DC HÍBRIDO REALIMENTADO SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL PID DE TEMPERATURA DE UN DINAMÓMETRO HIDRÁULICO IMPLEMENTADO EN EL SOFTWARE MATLAB-SIMULINK ® MÉTODO COMPUTACIONAL PARA LA VALORACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLUMEN VENTRICULAR IZQUIERDO EN ANGIOGRAFÍA POR RAYOS X. RESISTENCIA AL DESGASTE A ALTA TEMPERATURA DE RECUBRIMIENTOS DE CIRCONA-ALUMINA-CERIA OBTENIDOS POR PROYECCIÓN TÉRMICA POR LLAMA APLICACIÓN DEL BUSINESS MODEL CANVAS EN LA ELABORACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA A PARTIR DE LA CASCARILLA DE ARROZ, IMPULSANDO LOS NEGOCIOS VERDES EN LA CIUDAD DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. PROPIEDADES TÉRMICAS Y TRIBOLÓGICAS DE RECUBRIMIENTOS DE CIRCONA-ALÚMINA OBTENIDOS POR PROYECCIÓN TÉRMICA POR LLAMA. MEJORAMIENTO EMPRESARIAL DE MIPYMES A TRAVÉS DEL USO DE UNA APLICACIÓN WEB COMO PRIMER PASO HACIA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0 "SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO PARA UN PROYECTO PRODUCTIVO DE DURAZNO EN ZONA NO INTERCONECTADA: CASO DE ESTUDIO" CLUSTER CV2: APLICACIÓN DE VISIÓN COMPUTACIONAL PARA IDENTIFICACIÓN ESPACIAL DE AGRUPAMIENTO DE DATOS REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL A PARTIR DE LAS REDES INALÁMBRICAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE CÚCUTA EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE LA CASCARILLA DE ARROZ (Oryza sativa) PRETRATADA CON NaOH E HIDROLIZADA CON CELULASA ÁCIDA (CFB3S) CONVERTIDOR AC/DC SEMICONTROLADO COMO CARGADOR DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS. CONTROL EN LAZO CERRADO EN UN SISTEMA INALÁMBRICO DE POSICIONAMIENTO EN DECIMAS DE MILÍMETROS PARA UN MOTOR PASO A PASO. DESARROLLO DE PROJECT MANAGEMENT GAME VR (PMG-VR) COMO APOYO AL APRENDIZAJE DE LA GUÍA PMBOK PARA GERENTES DE PROYECTO RESISTENCIA A LA CORROSION DE RECUBRIMIENTOS DE Si/Zr/Ti SOBRE SUSTRATOS DE ALUMINIO AA2024-3 SINTERIZADOS VIA SOL-GE IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA REALIZACION DE LABORATORIOS EN EL AREA DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS APLICANDO HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD DIGITAL AERODYNAMICS DESIGN OF SMALL HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE BLOQUES H10 FABRICADOS EN EL HORNO HOFFMAN DE LA LADRILLERA OCAÑA APLICACIÓN DE LA CONEXIÓN REMOTA ENTRE PLC UNITRONICS Y SMARTPHONE EN LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA INDUSTRIA LADRILLERA DE NORTE DE SANTANDER. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: UNA MIRADA A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLOS EN EQUIPOS ESTACIONARIOS CRÍTICOS, CASO ESTUDIO: INTERCAMBIADORES DE CALOR SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE LLENADO DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE METODOLOGÍA PARA CONTROLAR UNA VÁLVULA DE COMBUSTIBLE DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA UTILIZANDO UN MOTOR PASO A PASO IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL PID PARA LA VELOCIDAD DE UN DINAMÓMETRO HIDRÁULICO UTILIZADO EN LA CARACTERIZACIÓN DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALGORITMO PARA DETECCIÓN DE FALLAS Y SUAVIZADO DE DATOS DE UNA RED INALÁMBRICA DE SENSORES PARA MONITORIZACIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES ANÁLISIS FRACTAL EN IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA EN CASOS DE TRASTORNO NEURODEGENERATIVO TIPO ALZHEIMER ANÁLISIS FRACTAL DE LA INFLUENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE REDES VIALES EN LAS VARIABLES DE TRÁNSITO EFECTO DEL ÁNGULO DE FUERZAS EXTERNAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES DE LOS IMPLANTES DENTALES OSTEOINTEGRADOS APORTES DE LA INGENIERÍA MOLECULAR EN LAS VACUNAS TERAPÉUTICAS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MÉXICO FACTORES QUE INCIDEN EN LAS ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN ENTRE EL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y EL SECTOR EMPRESARIAL DE CÚCUTA HABILIDADES MATEMATICAS PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LAS CIENCIAS CONTABLES DE LA UFPS-CUCUTA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A TRAVÉS DE LAS TIC Y EL ENFOQUE METODOLÓGICO CPA EVALUACION DEL EFECTO INHIBIDOR DE LA ENZIMA POLIFENOL OXIDASA EN UNA SALSA DE AGUACATE (Persea americana) de la VARIEDAD HASS CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE DERIVADA USANDO LA TI-VOYAGE 92 LA INGENIERÍA DIDÁCTICA COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO DIFERENCIAS INCIDENCIA DEL PENSAMIENTO COMPLEJO EN LA TRANSVERSALIDAD DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS EFECTOS DE LA INGENIERÍA DIDÁCTICA EN EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN ESTUDIO DE LA MOJABILIDAD DE UNA SUPERFICIE HIDROFÓBICA INTELIGENTE ACTIVADA POR CAMBIOS EN EL pH DISEÑA DIGITAL UN ESCENARIO DE CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA CANAL CAPITAL BIO-CONVERSIÓN DE AGUAS POST-CONSUMO PISCICOLA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA ALGAL DE ALTO VALOR AGREGADO HERRAMIENTAS DE FABRICACIÓN DIGITAL COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA TIC EN LOS PROCESOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO AULA INVERTIDA MEDIADA POR EL USO DE UN PORTAL DE APOYO A LA DOCENCIA EN UN CURSO DE MATEMÁTICAS ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES SOBRE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE ESTRATOS BAJOS DE CÚCUTA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS. CASO ESTUDIO: UNIVERSIDAD DE PROVINCIA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE UN PROGRAMA DE INGENIERÍA SOBRE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y SU IMPACTO EN LA FORMACIÓN INTEGRAL COMUNICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: LA TRADICIÓN ORAL COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL RÍO PAMPLONITA NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD INVIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, SEDE VILLA DEL ROSARIO ANÁLISIS DE ÁCIDO FÓLICO EN ARROZ BLANCO POR CROMATOGRAFIA LIQUIDA ULTRA RAPIDA (UFLC)SITUACIÓN MIGRATORIA DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN LAS COMUNAS 3, 4, 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA DESDE EL ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS CONTEXTUALIZACIÒN EDUCATIVA EN LA FRONTERA: MEMORIAS, NARRATIVAS ORALES Y SUBJETIVIDADES DE LA POBLACIÒN MEDIACIÓN EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS A TRAVÉS DE LAS TIC ATENEO: ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN Y REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE CICLO BÁSICO UNIVERSITARIO ESTABLECIMIENTO IN VITRO DE YEMAS AXILARES DE CEBOLLA DE BULBO (Allium cepa L.) MAQUINAS TURBOCOMPRESOR DE GAS NATURAL – MODELADO DE VIBRACIONES COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS EN LA OFERTA DE TRIBUS INDIGENAS CONCEPCIONES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y MATEMATICA FINANCIERA DESDE UNA COMPRENSIÓN ONTO-HISTÓRICA EFECTO DE UNA DIETA A BASE DE PROTEÍNA NO CONVENCIONAL EN LA ETAPA DE ALEVINAJE DE CACHAMA BLANCA (Piaractus brachypomus) MODELACIÓN MATEMÁTICA CON APLICATIVOS WEB HACIA LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE DERIVADA LA VIVIENDA DIGNA Y BARRERAS DE ACCESO A LA JUSTICIA: ESTUDIO DE CASO ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHOS A PARTIR DE LA SENTENCIA T - 622 DE 2016 EN FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE CORPONOR EN LA CIUDAD DE CÚCUTA THE IMPACT OF A CLASS PROJECT BASED ON INTERACTION WITH A NATIVE SPEAKER TO IMPROVE THE STUDENTS' LINGUISTIC AND CULTURAL COMPETENCE IN A FOREIGN LANGUAGE COURSE URBANOSCOPIO: PERCEPCIÓN DEL ESPACIO URBANO A TRAVÉS DE LA CATEGORIZACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA NEUROEDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER HABILIDADES PARA LA VIDA EN JÓVENES UNIVERSITARIOS REFORMA RURAL INTEGRAL, UNA MIRADA AL MUNICIPIO DE FORTUL, ARAUCA 301 EL EMPRENDIMIENTO COMO VALOR AGREGADO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UFPS OCAÑA DISEÑO UN MODELO DE DIRECCIÓN ESTRATEGICA PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN TEOLÓGICA HEBBRÓN – INFORTHEB FACTORES QUE AFECTAN LA PERDURABILIDAD EN LA EMPRESA LEÓN DISTRIBUCIONES DE LA CIUDAD OCAÑA, NORTE DE SANTANDER ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE RENTAS PROPIAS POR EL MUNICIPIO DE OCAÑA EN EL PERIODO 2009-2017 COMPROMISO SOCIAL EN TORNO AL PROCESO DE COBRANZA DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE OCAÑA A LOS INFRACTORES PROVENIENTES DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO BUENAS PRÁCTICAS DE GOBERNANZA DE TI PARA LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORORIENTE COLOMBIANO AFILIADAS A FEDECAJAS CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS APÍCOLAS COLOMBIANAS MEJORAMIENTO Y/O REDISEÑO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE RRHH DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LTDA INFLUENCIA DE LAS TIC EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN EN LAS PRUEBAS DE SABER PRO 2017 PROTOTIPO DE SOFTWARE FUNCIONAL QUE PERMITA AUDITAR EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL COMPARATIVO DE LA VOLATILIDAD TRIMESTRAL DEL ÍNDICE COLCAP EN EL PERIODO 2012-2017 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN INTERNA DE UNA CADENA DE VALOR PREDICCIÓN MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA RECOMENDACIÓN DE HOTELES EN MONTEVIDEO EVOLUCION Y CAMBIOS EN EL TRATO DE LOS TRABAJADORES DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES LA PRODUCTIVIDAD DEL VALOR AGREGADO (MPVA) Y LOS ESTILOS DE LIDERAZGO EN EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER COLOMBIA LAS COMPETENCIAS LABORALES QUE REQUIERE EL SECTOR PRODUCTIVO: "DILEMA ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA COMPROMISO DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DEL CARMEN CON EL IMPUESTO PREDIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL DE LAS EMPRESAS CARBONÍFERAS DE LA CIUDAD DE CÚCUTA IMPACTO DEL CONSUMO EN LOS COMERCIOS DE LA CIUDAD DE CÚCUTA. BAJO UN ESTUDIO DE CASOS DE LA MIGRACIÓN DE VENEZOLANOS EL TURISMO COMO CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB, PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS LAS TIC COMO FACTOR DETERMINANTE DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO EFECTOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA CRISIS DE VENEZUELA EN CUCUTA Y SU SECTOR MANUFACTURERO CASO: CONFECCIONES Y CALZADO TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO REQUERIDA (TMRR) "MITO O REALIDAD" APLICACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES CARACTERIZACIÓN DE ACTITUDES Y HABILIDADES EMPRENDEDORAS Y CAPACIDADES DE EMPRESARIALIDAD ENMARCADAS EN LA POLÍTICA DE CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE) DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER HEURÍSTICOS Y SESGOS COGNITIVOS EN LAS DECISIONES GERENCIALES: QUÉ SON Y CÓMO SE PUEDEN EVITAR ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINO-CAPRINO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DEL AGUACATE (persea americana) EN LA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA EN NORTE DE SANTANDER TURISMO GASTRONÓMICO, UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DILEMAS BIOÉTICOS DEL PERSONAL DE SALUD Y VIVENCIAS DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA FRENTE A LA PRESUNCION LEGAL DE DONACIÓN RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR PRINCIPAL Y LA AGENCIA DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE DE CIRUGÍA CARDIACA EN UNA INSTITUCIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD EN CÚCUTA FORMACIÓN PROFESIONAL PERTINENTE Y DE CALIDAD EN UN PROGRAMA DE SALUD: LOGROS Y BRECHAS INDICADORES BIOQUIMICOS INCIDENTES DURANTE EL ESFUERZO FISICO EN PATINADORES DE CARRERAS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DEL LABORATORIO DE CERÁMICOS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, SEDE CÚCUTA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA Y EL RIESGO CARDIOVASCULAR EN LOS COLABORADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA COOMEVA EPS OFICINA CÚCUTA CONCORDANCIA ENTRE LA RELACIÓN GENÉTICA Y PROTEÓMICA DE AISLADOS CLÍNICOS Y AMBIENTALES DE Cryptococcus neoformans var. grubii EN CÚCUTA, COLOMBIA ACTIVIDAD FÍSICA E INTELIGENCIA EMOCIONAL: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DESAFIOS EN LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS Y PLANES HACIA LA ELIMINACION DE LA ENFERMEDAD EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN POBLACIÓN INMIGRANTE VENEZOLANA EN EL TERRITORIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, 2017-2018 CALIDAD DE VIDA EN POBLACIÓN INMIGRANTE VENEZOLANA EN EL TERRITORIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, 2017-2018 IMPACTO DE LA ESTRATEGIA CUIDANDO JUNTOS EN CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD RENOVACIÓN CONCEPTUAL DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO IMAGINARIOS SOCIALES DE PAZ E IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DE LA CÁTEDRA PARA LA PAZ A TRAVÉS DE LA PAZ APP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EN CÚCUTA LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA LA FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTADOR PÚBLICO, DESDE LA ACCIÓN DOCENTE" "APROXIMACIÓN TEÓRICA SOBRE LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA FORMACIÓN DOCENTE Y LAS POLÍTICAS NACIONALES DE CALIDAD EDUCATIVA COMO BASES PARA UNA PEDAGOGÍA INFANTIL" UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CUCUTA "APORTES TEÓRICOS CONCEPTUALES A LAS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE LOS FORMADORES OCUPACIONALES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL" MIGRACIÓN FRONTERIZA, MOVILIDAD SOCIAL, E IMPACTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. "Caso Talento, Municipio de San José de Cúcuta." INCLUSIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA: ESTUDIO DE CASO, TIBÚ- COLOMBIA. GEOMETRIZACIÓN DE INDICADORES URBANOS COMO ESTRATEGIA PARA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO LA ARCILLA Y LA ARQUITECTURA REPRESENTATIVA DEL SECTOR CENTRO COMO ELEMENTOS PROPIOS DE LA IDENTIDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. MEMORIA HISTÓRICA GRÁFICA DE LAS HUELLAS DEL CONFLICTO ARMADO EN NORTE DE SANTANDER. CAMINANDO POR LAS HUELLAS DEL DISEÑO GRÁFICO EN COLOMBIA. INCLUSIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE CÚCUTA. DESDE LA PEDAGOGIA CRÍTICA LA FORMACIÓN EN CIUDADANIA: ESTUDIO DE CASO ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN ARTES Y HUMANIDADES DE LA U.F.P.S PRAXIS PEDAGÓGICA: UNA APROXIMACION TEORICA EN EL CONTEXTO DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION BASICA, NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO LA CEIBA ESTADO TRUJILLO, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA IMAGINARIOS DE CONFLICTO SOCIAL EN UN ASENTAMIENTO HUMANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CÚCUTA REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA DE LOS MIGRANTES EN LA FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA: ANÁLISIS DE LAS FRANJAS INFORMATIVAS DEL CANAL UNO Y CANAL TRO LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION BASICA VENEZOLANA MODELACIÓN MATEMÁTICA CON APLICATIVOS WEB HACIA LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE DERIVADA EL RECONOCIMIENTO COMO POSIBILIDAD PEDAGÓGICA DESDE LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE GUERRA Y PAZ DE JÓVENES UNIVERSITARIOS CARACTERIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA SABER PRO 2017 EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LAS PRÁCTICAS EN LECTURA Y ESCRITURA DE LA UNVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER: GUÍA ORIENTADORA ULISES ESTILO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL PROGRAMA INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA UN NUEVO ENFOQUE PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA. ESTRATEGIA PARA INCENTIVAR EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO: CASO CONCURSO NACIONAL DE INTEGRALES ALFABETIZACIÓN ESCOLAR Y LITERACIDAD: UNA LECTURA DESDE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA EDUCACION DE CALIDAD EN EL CATAUMBO: CARACTERIZACIÓN DEL DOCENTE DE CALIDAD CIUDADANÍA Y DESARROLLO HUMANO: UN ABORDAJE DESDE LA CARTOGRAFÍA SOCIAL DIAGNÓSTICO SOBRE LA PERCEPCIÓN Y EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CÚCUTA POR PARTE DEL COLECTIVO FEMENINO. CASO CALLE TRECE ENTRE AVENIDAS CERO Y QUINTA LAS DINÁMICAS URBANAS Y SU INCIDENCIA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO. LA BRECHA ENTRE LAS COMPETENCIAS DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LAS UNIVERSIDADES OFICIALES DE NORTE DE SANTANDER Y EL EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO DE TI. FORMAS DE LA INFORMACION / LA CIENCIA COMO FUNDAMENTO PROYECTUAL INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES CARTOGRAFÍA DE LAS PRACTICAS DE CRIANZA DE LAS SUBJETIVIDADES INFANTILES EMERGENTES EN LA CIUDAD DE CÚCUTA. ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA A NIÑOS Y NIÑAS HOSPITALIZADOS POR ENFERMEDAD GENERAL DEL SERVICIO DE PEDIATRIA E.S.E H.U.E.M DESEMPEÑO CIENTIFICO DEL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA COLOMBIANA ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL FRENTE AL DESARROLLO DE INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNIDAD PERTENECIENTE A LAS VEREDAS SAN MIGUEL Y TEJA DE ÁBREGO, NORTE DE SANTANDER ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE DIRECCIÓN DE LAS MUJERES QUE DESEMPEÑAN CARGOS DE ALTA DIRECCIÓN EN LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER FACTORES DE ÉXITO DE EMPRENDIMIENTOS BENEFICIARIOS DE CAPITAL SEMILLA FONDO EMPRENDER EN COLOMBIA LA DIFICIL TAREA DE SER MADRE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS LA DISCAPACIDAD POR EL CONFLICTO ARMADO: UN CAMBIO DE VIDA PARA EL CUIDADOR PRINCIPAL CALIDAD DE VIDA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS DE CUCUTA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL COMPORTAMIENTO DE CUIDADO HUMANIZADO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LAS UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO DE UNA ENTIDAD OFICIAL Y UNA ENTIDAD PRIVADA EN EL I SEMESTRE DE 2017 INFLUENCIA DE LOS METODOS CONTRASTE Y PLIOMETRICO SOBRE LA FUERZA EXPLOSIVA EN ETAPA PRECOMPETITIVA EN FUTBOLISTAS JUVENILES PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA ASOCIADO A SU CONOCIMIENTO Y ACTITUD FRENTE A LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. CONDICIÓN FÍSICA Y ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA MUSICALIZADA EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACTORES MULTIDIMENSIONALES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR RETOS PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA BARRERAS DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - BARRIO LOS MANGOS – CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER CÚCUTA ENTRE LA LEGALIDAD DEL LÍMITE Y LA ILEGALIDAD DE LA FRONTERA. EFECTO DEL PRETRATAMIENTO CON ULTRASONIDO EN LAS CINÉTICAS DE SECADO CONVECTIVO DEL BANANO (Musa paradisiaca sp). TORTUOSIDAD Y PERMEABILIDAD DE MATERIALES CERÁMICOS MESOPOROSOS DE CAOLÍN Y DIATOMITA EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE ALMIDÓN EN LAS PROPIEDADES, MORFOLÓGICAS Y ESTRUCTURALES DE CERÁMICAS POROSAS A BASE DE ARCILLAS EXPANSIVAS. SIMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN MATERIAL ECOLÓGICO DISEÑO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTOR BLDC APLICADO A MICROCENTRÍFUGA. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA AUTOEVALUACIÓN – SIAU EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DISCRIMINANTES EN IMÁGENES BIOMÉDICAS. ANÁLISIS DEL POTENCIAL TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A PARTIR DEL CUESCO DE PALMA EN NORTE DE SANTANDER CODIFICACIÓN MORFOLOGICA E HISTÓRICA DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA: CASO CATEDRAL DE SAN JOSÉ COMPETENCIAS RELEVANTES DE UN DIRECTOR DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN LA UFPS, PARA SER EFICAZ EN SU ENTORNO, BUSCANDO ARTICULAR LA INVESTIGACIÓN CON EL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL LA DEMOSTRACIÓN POR REDUCCIÓN AL ABSURDO UNA VÍA AL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO AVANZADO LA EFECTIVIDAD MATERIAL DE LA CONSULTA POPULAR EN LA ACTIVIDAD MINERA PARA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NARUTALES EN COLOMBIA EVALUACIÓN DE UN CONCETRADO PARA GANADO BOVINO A PARTIR DE QUERATINA EXTRAÍDA DEL SUBPRODUCTO (PLUMAS DE POLLO) COMPLEMENTADO CON PROTEÍNA DE SOYA (Glycine max) Y MAÍZ (Zea mayz). EVALUACIÓN DEL TEST DE TETRAZOLIO COMO MÉTODO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE SEMILLAS DE Glycine max. INDUCCIÓN DE POLIPLOIDIA EN KALANCHOE DAIGREMONTIANA RAYM.-HAMET & H.PERRIER (CRASSULACEAE) TOXICIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES PISCÍCOLAS SOBRE EL CULTIVO DE Scenedesmus sp. CAPACITAR EN EDUCACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRODUCTORES DE OVINOS Y CAPRINOS DE ASOVICAN (ASOCIACIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS DEL NORTE DE SANTANDER) FITODEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CON UNA PLANTA EPÍFITA DE BOSQUE SECO TROPICAL (Tillandsia flexuosa ) VIABILIDAD DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE VALORES DE LAS EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES RADICADOS EN ZONA DE FRONTERA NORORIENTAL, CON EL FIN DE OBTENER MEJORES BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO REGIONAL PERFIL COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA DEL BLUE JEANS EN LA ECONOMÍA DE CÚCUTA SECTOR AGRÍCOLA EN NORTE DE SANTANDER Y EL MERCADO ASIÁTICO CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MIPYMES FORMAL E INFORMAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ CÚCUTA ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA DEL 2015-2017. APUESTAS COMPETITIVAS PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE AGUACATE DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER. USO DE SOFTWARE CONTABLE EN EL SECTOR COMERCIAL DE AUTOPARTES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN SOBRE LAS EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO EN EL SECTOR TEXTIL DE NORTE DE SANTANDER ENFOCADAS AL COMERCIO INTERNACIONAL. EL TRABAJO SOCIAL DESDE LAS REPRESENTACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHOS A PARTIR DE LA SENTENCIA T - 622 DE 2016 EN FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE CORPONOR EN LA CIUDAD DE CÚCUTA . ANALISIS DE LA TRANSCULTURACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS INMIGRANTES VENEZOLANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. REALIDAD FRONTERIZA E IMPACTO SOCIAL DE LA MIGRACIÓN DE POBLACIÓN VENEZOLANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. (2016-2018) LAS ACTITUDES HACIA LAS MATEMATICAS EN ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA: UN INSTRUMENTO PARA SU MEDICIÓN ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN PARA INCENTIVAR EL USO DE LAS TIC EN EL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES FALS BORDA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA EN EL AÑO 2018 SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL LENGUAJE ALGEBRAICO EN ESTUDIANTES DE GRADO SÉPTIMO INCLUSION DE LA POBLACION LGBTI DESDE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO, ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL . CULTURA CIUDADANA Y PRÁCTICA DEMOCRÁTICA: UN ANÁLISIS DESDE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE CÚCUTA IDONEIDAD DEL TÉRMINO "SORDOMUDOS" EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA AL REFERIRSE A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA VIOLENCIA SIMBÓLICA BASADA EN GÉNERO EN ESTUDIANTES CISGÉNERO, DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL, SEXTO SEMESTRE, DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA VISIBILIZACIÓN DE LA MARCA ASOCIACIÓN CHICAS F - LA FORTALEZA, COMUNA 8 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA DISEÑO DE MODELO ARQUITECTÓNICO PARA CENTRO AGROECOLÓGICO EN CLIMA TROPICAL CÁLIDO: CASO ASENTAMIENTO LA FORTALEZA, SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DEL NORTE SANTANDEREANO HACIA LOS INMIGRANTES VENEZOLANOS REPRESENTACIONES SOCIALES DEL TRABAJO INFORMAL DE LOS VENDEDORES EN LA COMUNA UNO Y CINCO DE CÚCUTA DERECHOS FUNDAMENTALES INNOMINADOS: EVOLUCIÓN, CONCEPTO Y APLICACIÓN. LA TEORIA DEL RIESGO PARA LA IMPUTACION DEL DAÑO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: CASO DE RITA SABOYA CABRERA Y OTROS CONTRA CONDENSA S.A. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PREFABRICADOS CON MATERIALES DE LA REGIÓN CON ENFOQUE SOSTENIBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS Y DE CALIDAD HABITACIONAL EN CÚCUTA. ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN NORTE DE SANTANDER, 2018 RESIGNIFICACIÓN DEL RIO CATATUMBO TIBÚ – LA GABARRA: CRÓNICAS WEB PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA A TRAVÉS DE LA TRADICIÓN ORAL IDENTIFICACIÓN DE MENÚ TÍPICO GRAMALOTERO PROSPECTIVA ESTRATÉGICA DESDE LA COMUNICACIÓN DIGITAL 2018 – 2020 PARA LA ASOCIACIÓN LA ASOCIACIÓN CHICAS F DE LA COMUNA 8 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA), PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN NIÑOS DE PREESCOLAR Y/O TRANSICIÓN DE LA ESCUELA SAN VICENTE DE PAÚL, DE LA CIUDAD DE CÚCUTA CONTEXTO DEL USO DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS DE LA AVENIDA 0 ENTRE CALLE 2 Y 18 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SEMANTICA DE LOS TÉRMICOS GASTRONOMICOS EN LA COCINA TRADICIONAL EN LOS SANTANDERES ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DEL MODELO PRAXEOLÓGICO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE EMPODERAMIENTO A TRAVÉS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 2018 – 2020 PARA LA ASOCIACIÓN LA ASOCIACIÓN CHICAS F DE LA COMUNA 8 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ACCIONES Y CONCEPTOS DE LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN LAS ONG'S DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 2018 RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL CULTIVO TRADICIONAL DEL TRIGO EN MUTISCUA, NORTE DE SANTANDER. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y ORIENTACIÓN SUICIDA EN ADOLESCENTES DE UN COLEGIO DE LA COMUNA 7 EN LA CIUDAD DE CÚCUTA SIGNIFICADO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA PARA LOS FAMILIARES DE PACIENTES QUE ESTUVIERON HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLÍNICA MEDICAL DUARTE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 HALLAZGO DE Cryptococcus spp. A PARTIR DE AISLADOS AMBIENTALES DE Acanthamoeba spp. DE LA CIUDAD DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER TIEMPO DE ESTIRAMIENTO ADECUADO EN LOS MUSCULOS ISQUIOTIBIALES Y SU EFECTIVIDAD EN LA GANANCIA DE ARCOS DE MOVILIDAD UTILIZANDO LA TECNICA SOSTENER RELAJAR EN ADULTOS JOVENES SANOS VIVENCIAS FRENTE AL ESTIGMA DE LA MATERNIDAD EN ADOLESCENTES, ASISTENTES A LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES PATRONES EN MOSAICOS Y TESELADOS DESDE COMPOSICIONES GEOMÉTRICAS SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE ZEOLITAS A PARTIR DE CENIZAS VOLANTES PROVENIENTES DE LA COMBUSTIÓN DEL CARBÓN EN LA TERMOELÉCTRICA TERMOTASAJERO S.A.S POR EL MÉTODO DE HIDROGEL ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE UN ABONO APARTIR DE DIATOMEAS RECICLADAS, CARBOXIMETILCELULOSA Y FECULA DE MAIZ EN MEZCLA CON DISTINTAS CONCENTRACIONES DE NPK. PLAN DE NEGOCIO PARA LA PREPARACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE REPOSTERIA A BASE DE FRUTAS DE LA REGIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHITAGA NORTE DE SANTANDER ELABORACIÓN DE UNA GOMITA MASTICABLE A PARTIR DE PECTINA CITRICA FORTIFICADA CON CARBONATO DE CALCIO Y VITAMINA D DESARROLLAR LA CÁTEDRA 'TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN I' DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - CAMPUS VILLA DEL ROSARIO EMPLEANDO LA SERIE ANIMADA 'LOS SIMPSON' COMO HERRAMIENTA MEDIADORA . DETERMINACIÓN DE LA CULTURA DE RECICLAJE DE PLÁSTICO PET DE LOS HABITANTES Y ORGANIZACIONES DE OCAÑA ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS ORIGINADAS EN LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER A PARTIR DEL USO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LA REGIÓN CATATUMBO: UNA REALIDAD QUE DEBE VIVIR TODO SISTEMA OPERATIVO DETERMINACIÓN DE LA CULTURA DE RECICLAJE DE PLÁSTICO PET DE LOS HABITANTES Y ORGANIZACIONES DE OCAÑA ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS ORIGINADAS EN LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER A PARTIR DEL USO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES ANÁLISIS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PARADIGMAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PROFESIÓN CONTABLE: HISTORIA CONTADA EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-OCAÑA FOOD MONITOR ESTUDIO DEL PENSAMIENTO TRIÁDICO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS MICROEMPRESARIOS OCAÑEROS FRENTE A LAS NIIF. DISEÑO DE PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA DISEÑO DE PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA ANÁLISIS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ADULTO MAYOR PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER PROYECTO DE EXTENSIÓN SOLIDARIO: "FELICIDAD SIN FRONTERAS" DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE INVERNADERO AUTOMATIZADO POR MEDIO DE UN MICRO CONTROLADOR ARDUINO CON EL FIN DE SIMULAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DE UN CULTIVO DISEÑAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD QUE SE ADAPTE EN LA CERRADURA MANUAL DE SOBREPONER UTILIZANDO UN MÓDULO DE RECONOCIMIENTO DE HUELLA DIGITAL, CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR CONTROL DEL ACCESO DE LAS PERSONAS DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS CON FINES DE APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL RELIGIOSO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE RÍO DE ORO, CESAR DETERMINAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA LA ECONOMÍA IMPUESTA EN DOS MUNICIPIOS TESTIGOS DEL CONFLICTO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS A LA EDUCACIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-OCAÑA PROFUNDIZACIÓN DEL IMPACTO DE LA INFORMALIDAD: REALIDADES EMPRESARIALES DE LOS SALONES DE BELLEZA MOTOTAXISMO EN LA CIUDAD DE OCAÑA TENIENDO EN CUENTA LOS PUNTOS PRINCIPALES PARA DETERMINAR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA A TRAVÉS DE FACTORES DE EMISIÓN. CARACTERIZACIÓN DE LOS LODOS RESIDUALES EN TIEMPO DE VERANO GENERADOS EN EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA ESPO S.A IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA, DE LOS GRADOS 11°, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER, EN CUANTO AL APRENDIZAJE DE LOS DEBERES Y DERECHOS CON RELACIÓN A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 23, 86 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN DEL CHORRO INYECTADO QUE INCIDE SOBRE LAS CUCHARAS, MEDIANTE LA ESTRUCTURA DE MEDICIÓN, PARA LA OPTIMIZACION DE FUERZA Y POTENCIA EN UNA MICROTURBINA PELTON PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA MICROTURBINA MICHELL-BANKI EN EL SECTOR LA PRADERA OCAÑA, NORTE DE SANTANDER CONTROL, PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS VANT EN COLOMBIA PENSAMIENTO TRIADICO Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERIA DE SISTEMAS RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL FRENTE A LOS IMPACTOS SOCIALES QUE PRODUCE LA EXPANSIÓN URBANA INFORMAL EN EL BARRIO FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA DESAFIOS Y OBSTACULOS DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN OCAÑA SIMULACIÓN CDF TURBINA BANKI-MICHELL FTALATOS: REVISIÓN DE EFECTOS ADVERSOS CAUSADOS EN LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE COMPORTAMIENTO DEL PETFE Y POLICARBONATO PARA UN MATERIAL EFICIENTE EN CONSTRUCCIONES ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS UTILIZADOS EN LAS VÍAS Y EDIFICACIONES MODERNAS ADHESIVOS VERDES, REVISION DE UNA TECNOLOGIA INCORPORACION DE CENIZAS VOLANTES EN LOS PROCESOS DE FABRICACION DEL CEMENTO Y PRODUCTOS CERÁMICOS DE CONSTRUCCION EVALUANDO SUS PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y MECÁNICAS: UNA REVISION DE LITERATURA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA AGROTURISTICA PARA EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE APLICACIÓN DE POLÍMEROS EN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA LA DISMINUCIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS. UNA REVISIÓN DE LITERATURA REPRESENTACIONES SOCIALES DE EMPRESARIOS COLOMBIANOS, RESPECTO A LA ECONOMÍA EN LA FASE DE POSCONFLICTO DISEÑO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTOR BLDC APLICADO A AGITADOR DE ÓRBITA MODULAR DESARROLLO DE PELICULAS EN BASE DE NANOCELULOSA Y QUITOSAN: UNA REVISIÓN DESARROLLO DE PROTOTIPO DE ORTESIS PARA MIEMBRO SUPERIOR POR IMPRESIÓN 3D ; TOPICS Biological Physics (BIP) Gastronomy and Tourism (GT) Medical Physics (MEP) Arts and Culture Studies (ACS) Mathematical physics (MAP) Health and Sport Sciences (HSS) Chemical physics and physical chemistry (CHP) Pedagogical, Didactic Dractices and Educational Management (PDPEM) Computational science (CMSD) Social Sciences, and Communication (SSC) Electronics and devices Social Studies, Politics, and Law (SSPL) Instrumentation and measurement (IAM) Business, Management, and Finance (BMF) Education and communication (EAC) International Relations and Economics (IRE) Technology development and innovation (TDI) Education, Language, Literature, and Linguistics (ELLL) Environmmental and earth science (EES) Humanities Sciences, and Communication (HSC) ; PARTICIPATING INSTITUTIONS Universidad Francisco de Paula Santander - UFPS Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña - UFPSO Escuela Superior de Administración Pública - ESAP Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - CEDRUM Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO Instituto Superior de Educación Rural - ISER Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - CIES Universidad de Pamplona - UNIPAMPLONA Universidad Santo Tomás - USTA Universidad de Santander - UDES Universidad Simón Bolívar - UNISIMÓN Universidad LIBRE Sede Cúcuta- UNILIBRE ; INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE •PhD María Judith Percino Zacarías Group of Polymers of the Chemical Center of the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - México •PhD Julio Omar Giordano Cornell University - USA •PhD Danae Duana Avila Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo - México •PhD Manuel Eduardo Albán Gallo Universidad Tecnológica Equinoccial - Ecuador •PhD Manuel Enrique Bermudez University of Florida - USA •PhD Modesto Graterol Rivas Universidad del Zulia - Venezuel •PhD Verónica Teresa Guerra Guerrero Universidad Católica de Maule - Chile •PhD (c) Ely Dannier V. 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La tesis "El Derecho del Trabajo democrático en la República de Weimar" es, de una parte, una introducción contextualizadora a la historia político-social, sindical, del Derecho del Trabajo y de la obra de significados juristas demócratas comprometidos con el nacimiento de la nueva disciplina jurídica (y en parte responsables de su constitucionalización) y con su desarrollo en la República de Weimar, así como una consideración transversal y comparativa de varias instituciones fundamentales propias de este nuevo campo jurídico, constitucionalizado en la carta magna alemana de 1919: la constitución económica y del trabajo, la socialización de los medios privados de producción y el consejismo obrero, consideradas en su contexto histórico y desde diversas ópticas de la izquierda socialdemócrata y comunista . Contenido de la investigación: 1. El contexto histórico El inicio de la República weimariana coincide con una profunda crisis de un modelo socio-político alemán - imperial, liberal y burgués, a su vez con contradicciones inherentes a una modernización acelerada de la economía y de la sociedad conviviendo con estructuras cuasi feudales - que concluye abruptamente con el derrumbe del imperio y, en expresión personalizada y gráfica del mismo, con la huida del Káiser y la necesidad de asumir un poder que se halla abandonado en la calle para quien quiera, o pueda, hacerlo suyo. Dada la profunda bancarrota de quienes llevaron a Alemania al desastre - el establishment sobre todo prusiano de militares, terratenientes e industriales, aglutinado políticamente en partidos conservadores -, la posibilidad fáctica de asumir un nuevo liderazgo tan sólo la tienen los socialdemócratas (tanto los mayoritarios como el USPD, ala izquierda escindida por oposición a la aprobación por parte del SPD de los créditos que hicieron posible financiar la Primera Guerra Mundial, quizá por razones tácticas relativas a su inclusión definitiva en el sistema, quizá por genuino patriotismo, temiendo una invasión zarista), o los consejistas radicales que se han levantado y, en cierta medida, contribuido a dar fin a la guerra, negándose los marinos de Kiel, organizados en soviets rebeldes, a inmolarse en el Mar del Norte. Ambos - socialdemócratas mayoritarios y minoritarios, y movimiento de los consejos a su izquierda - proclaman repúblicas al mismo tiempo. El poder tradicional - el ejército, la gran industria - apoya secretamente a los socialdemócratas, ante el pavor de que se repita en Alemania lo que dos años antes ha acaecido en Rusia, devenida república popular soviética. La gran patronal reconoce a los sindicatos y pacta con sus líderes un nuevo statu quo de condiciones laborales y negociación colectiva (el Acuerdo Stinnes-Legien), sentando las bases de una comunidad del trabajo de la que también el futuro fascismo habrá de hacer uso. Las proclamaciones contradictorias de soberanía política se resuelven en una sangrienta y breve guerra civil, en la que los Freikorps siguen las órdenes del socialdemócrata Noske. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y miles de personas más son asesinados. Los líderes del movimiento consejista aceptan - no sin tensiones - ceder la soberanía que estiman ostentar a favor de un proceso democrático constituyente, al entender existente un compromiso de que la institución de los consejos será debidamente incluida en la nueva constitución. Cuando Hugo Preuss intente negarse a hacerlo, importantes manifestaciones y tensiones sociales le obligarán a reconsiderar su posición; y cuando la Ley de Consejos de Empresa de 1920 se vote, decenas de personas morirán acribilladas en las escaleras del Reichstag en expresión de la profunda discrepancia de los ya rescoldos del Rätebewegung respecto de su tímida positivización legal. Los diputados elegidos para llevar a cabo el proceso constituyente se refugian en la más segura y defendible ciudad de Weimar, quizá también buscando los ecos de la Alemania culturalmente gloriosa de Goethe y Schiller y, en pocos meses, culminan la reconstrucción política de lo que aún se llamará Reich a través de una nueva constitución. Los aspectos sociales y, muy especialmente, las cuestiones referentes a la socialización, a la participación de los trabajadores en la gestión de la economía y de la empresa, y al derecho de estos a la libertad sindical (y al de los sindicatos a existir y a cumplir con sus funciones socio-económicas) encuentran reflejo normativo en el texto constitucional. Hugo Sinzheimer formará parte como diputado de la comisión constitucional y de su pluma, al decir de todos, surgen, en esencia, los importantes y afamados artículos 159 - libertad de coalición - y 165 - constitución económica y constitución del trabajo, participación de los trabajadores en el gobierno económico y de la empresa - de la Constitución de 1919. Las tensiones de la época, resueltas en cada vez más frecuentes revoluciones comunistas, las propias circunstancias históricas de una Alemania en bancarrota social, política y económica e inmersa en una micro guerra civil - todo proceso constituyente es efecto de tensiones contradictorias, de equilibrios entre lo estructural y lo contingente - sin duda influyeron en un texto constitucional que aspiraba - temerariamente, según se ha escrito - a constitucionalizar y canalizar jurídica y civilizadamente la lucha de clases. 2. Sindicalismo y Derecho del Trabajo en la República de Weimar La temprana condición de clásico alcanzada por el Derecho del Trabajo de la República de Weimar, sin perjuicio de su carácter fundacional de la disciplina académica en las instituciones universitarias, es deudora, como apenas podría ser de otra manera, de una previa (¿pre?) historia sindical y jurídica. El sindicalismo autónomo, apoyado por el partido socialdemócrata, se había desarrollado notablemente en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, con movimientos huelguísticos de gran influencia. Bismarck reaccionó ante la cuestión social prohibiendo los movimientos socialistas (Partido Socialdemócrata y sindicatos afines) y creando el primer sistema de Seguridad Social, con una intención de amortiguar los conflictos socioeconómicos que amenazaban la estabilidad del statu quo Reich. También la doctrina académica fue desarrollando una importante teorización sobre el Derecho del Trabajo, aún inexistente como disciplina autónoma. Juristas nacidos en la primera mitad del siglo XIX y conocidos como socialistas de cátedra fueron los pioneros: Schmoller, Brentano, Wagner, von Schönberg, Loening, Herkner, Schäffle… Otros juristas, estudiosos del Derecho Civil y del Derecho Romano, también contribuyeron a esta construcción dogmática: Gierke, Grünberg, Menger, Flesch, Lotmar. El más joven de todos ellos, y luego maestro y decano del Derecho del Trabajo weimariano, será Sinzheimer. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, y a pesar de la fuerte resistencia del II Reich - hostil a cualquier desarrollo del derecho colectivo del trabajo y tan sólo dispuesto a conceder un mínimo de derechos laborales a título individual -, el movimiento sindical había conseguido consolidarse con más de dos millones de afiliados. La fuerza de los convenios colectivos reposaba en la capacidad de los contratantes para mantenerla. Y la mayoría de los líderes del propio movimiento sindical sostenían que esta radical autonomía, sostenida con su propia fuerza y al margen del Estado, era la mejor garantía de su eficacia. Tal concepción cambió tras la Revolución de Noviembre de 1918. El movimiento sindical evolucionó hacia una mayor confianza en el Estado, máxime tras la constitucionalización de la libertad de coalición y de los principios de participación de los trabajadores en el ámbito económico (incluido el centro de trabajo) y social. La relación entre los sindicatos y el Estado será cuestión compleja y no exenta de debate en el seno de la doctrina iuslaboralista. Como ejemplo relevante, la confianza de Sinzheimer en el Estado, tan propia de la tradición filosófica y jurídica alemana (expresándose en Hegel de forma tan conocida como notoria), quizá le impidiera considerar con la suficiente anticipación y clarividencia los riesgos de un corporativismo que sus discípulos - muy notablemente Kahn-Freund - sí supieron apreciar. El pecado de corporativismo - en contra de la hipótesis pluralista que quiso regularse en la Constitución de 1919 - se pagó en Weimar a muy alto precio, debilitando a los sindicatos - su poder declinó progresivamente desde que, en 1920, consiguieron impedir el éxito del Kapp Putsch -, impidiéndoles reaccionar con eficacia frente a la deriva antisindical y fascista de la República y abocándoles, finalmente, a su desaparición. Quizá sea una de las más importantes lecciones de la época. El Derecho del Trabajo, en todo caso, disfrutó de un importante desarrollo en los años weimarianos, hasta el punto de que Sinzheimer pudo llegar a afirmar que era una gran satisfacción haber vivido para verlo. El derecho colectivo del trabajo nació y fue jurídicamente regulado como tal, reconociéndose el derecho de coalición con sus libertades y garantías conexas, y primando el fruto de la negociación colectiva sobre el contrato individual. Se sustituyó el principio absolutista - Herr im Haus - por otro constitucional en la empresa, reconociéndose a los trabajadores el derecho a participar, a través de la institución de los consejos, en ciertas cuestiones económicas y sociales pertinentes a su centro de trabajo. Se reconoció e institucionalizó, asimismo, la función del Estado en la determinación de la forma y contenido de la relación laboral, de forma relevante en la imposición de arbitrajes obligatorios relativos a conflictos sociales, o en la posibilidad de extensión también obligatoria de convenios colectivos. Se regularon mediante estatutos relevantes derechos y obligaciones de los trabajadores, como la jornada laboral, los convenios colectivos, o prestaciones públicas de Seguridad Social, muy notablemente la pionera de seguro de desempleo. Alemania se unió, asimismo, a la OIT, y en 1927 ya habían sido ratificados cuatro tratados. Además, se creó una jurisdicción laboral y una ley procesal específica. Los graves problemas económicos de la República - y muy especialmente el Crack de 1929 - destruyeron muchas de las conquistas sindicales y de la fuerza del movimiento obrero. La afiliación se desmoronó y también la negociación colectiva. Hasta el Parlamento dejó de reunirse, cayendo la última coalición de gobierno weimariana por la negativa del SPD a desmantelar el sistema público de protección por desempleo. Pronto las relaciones laborales se vieron reguladas por decreto y a la baja. El desempleo creció exponencialmente. La República de Weimar nació con el movimiento consejista, estrechamente vinculada a cuestiones sociales y a su regulación jurídica. También naufragó junto con sus sindicatos y con su derecho social. El Derecho del Trabajo se hallaba en el corazón de la democracia weimariana, era su emblema, "el vínculo que conectaba a la República con la clase trabajadora", la herramienta mediante la que la Constitución de Weimar intentó organizar jurídicamente la lucha de clases y hacer de ella un elemento esencial de la evolución del derecho positivo. Promover y defender el Derecho Laboral era fundamental; atacarlo era atacar a la democracia y a la República. Como diría Kahn-Freund más de 40 años después, la "tragedia menor del Derecho del Trabajo reflejó la mayor tragedia de Alemania entre 1930 y 1933, y su colapso moral sin precedentes de los años siguientes". 3. Los juristas demócratas del trabajo Los juristas del Derecho del Trabajo democrático weimariano son manifestación de clasicismo y brillantez renovadora de una tradición nacida en el último tercio del siglo XIX - la de los Kathedersozialisten estudiosos de la relación entre economía y sociedad con una fuerte impronta marxista - y de otros juristas como Ihering, von Gierke - a su vez inspirado por la tradición jurídica de la Germania medieval objeto de sus estudios -, Ehrlich y Renner y, como antecedente inmediato, Philipp Lotmar. La cuestión social teorizada y expresada ya en un conflicto organizado durante la Alemania Guillermina, con importante participación de un movimiento obrero primero reprimido y luego apenas tolerado por el Reich alcanza, quizá prematuramente, un momento definitorio tras el terrible trauma de la Primera Guerra Mundial. Hugo Sinzheimer, quien había ya publicado - en la estela de Lotmar - importantes trabajos sobre la construcción jurídica del convenio colectivo y sobre el contrato de trabajo, tiene las condiciones adecuadas para ejercer una influencia decisiva en la creación de un (re) fundado, constitucionalizado y conceptualmente unificado Derecho del Trabajo alemán, que habría de tener una importante influencia en diversos sistemas jurídico-laborales más allá del ámbito germánico. Jurista del trabajo, sociólogo y antropólogo del derecho, político y experto en políticas legislativas, abogado e historiador, Hugo Sinzheimer sostiene una concepción humanista del derecho - el hombre y su emancipación como fin del derecho - que condiciona su concepción iuslaboralista, al rechazar (por falso, conforme a su concepción sociológica) cualquier formalismo negador la verdadera situación de desigualdad y dependencia propia de la relación laboral, tal como la venía conceptualizando la tradición romanista-liberal del libre contrato de trabajo, al que quiere desenmascarar. Ya no habrá de ser una relación entre "personas jurídicas", sino entre empleador y ser humano dependiente. El trabajo por cuenta ajena se desarrolla, además, en un entorno colectivo - la comunidad de trabajo, concepto a cuya problematicidad ya nos hemos referido - que requiere una también colectiva participación de todos sus integrantes. Los trabajadores han de participar, a través de órganos democráticos de representación colectiva, en la codecisión de un re-politizado ámbito de la empresa empresarial, con capacidad autonormativa. La política legislativa habría de ser el objetivo último de la teoría jurídica del Derecho del Trabajo, que no podría limitarse al análisis formal de la ley. Así lo practicó siempre Sinzheimer, generando nuevas propuestas regulatorias del ámbito iuslaboral, tanto sustantivas como procesales, influyendo en la creación de la jurisdicción social (y de su norma rituaria) en Alemania. En su evolución conceptual es resaltable el nuevo énfasis que, desde finales de los años 20, recupera la exigencia de democracia económica - y no solo política - como medio necesario para obtener una verdadera emancipación de los trabajadores. Ernst Fraenkel, Franz Neumann y Otto Kahn-Freund fueron todos ellos discípulos de Sinzheimer. De ellos, tan sólo Kahn-Freund fue jurista del trabajo a lo largo de toda su vida profesional y académica, con una importante influencia no sólo en el Derecho Laboral de la República weimariana sino también en el británico. Tanto Fraenkel como Neumann produjeron brillantes obras iuslaboralistas hasta su expulsión de Alemania por los nazis, deviniendo relevantes teóricos de la política desde entonces. Ernst Fraenkel sostuvo, con fundamento en el texto constitucional weimariano, el valor de una democracia colectiva en la que la pluralidad de los grupos sociales - incluidos los trabajadores organizados - habrían de participar de forma relevante, continua y con un alto grado de autonomía. Los trabajadores en cuanto tales - y los ciudadanos no investidos formalmente del poder público, no funcionarios - habrían de contribuir a conformar el orden económico y social, de una constitución no sólo política sino también económica. Durante toda su vida, Frankel fue un estudioso y defensor del pluralismo social como forma de organización política. La tutela de fuerza del trabajo era un elemento esencial de la constitución weimariana, y el Derecho del Trabajo (y muy especialmente el convenio colectivo) una manifestación esencial del mismo, como garante de una admisible distribución del producto social y de un reequilibrio del poder en la comunidad política, en la que se debe incluir el ámbito privado (o público) empleador; como depositario de las fuerzas de vanguardia progresista antes de transformarse en nuevas formas jurídicas. El Derecho del Trabajo tiene un especial significado político. Fraenkel criticó, como también lo harían Neumann y Kahn-Freund, la parcialidad interpretativa de la gran mayoría de unos jueces que durante la República se autoexcluyeron de su vinculación a la constitución y a las leyes en defensa subjetiva y parcial de una concepción social ajena a la autonomía de los agentes sociales que desembocaría en el totalitarismo fascista. Tras su emigración a EE.UU. publicó su obra clásica El Estado Dual, análisis y crítica del totalitarismo en la que expone la convivencia en Alemania de un parcial Estado normativo (ya que no de Derecho) no aplicable a quienes el régimen consideraba enemigos. Franz Neumann fue, en su faceta de académico del trabajo, un estudioso de los aspectos sociales de la Constitución de 1919 que, en su interpretación, intentó crear una democracia social basada en derechos tanto liberales y capitalistas, como socialistas: un compromiso entre ambos. Una interpretación sistemática del texto constitucional weimariano le hará concluir que el reconocimiento de los derechos de propiedad privada y de libertad contractual y de empresa están en última instancia sujetos al interés común, como efecto otros principios también constitucionales ( justicia - derecho a una existencia digna -, socialización, derecho de coalición, constitución/democratización del trabajo y de la economía). La libertad de asociación con propósito económico (la libertad de coalición) y la participación de los trabajadores en la codeterminación del ámbito productivo (la constitución del trabajo / constitución económica) y la protección por el Estado del interés de los trabajadores formarían parte esencial de los fundamentos sociales del nuevo orden constitucional. Su hipótesis, al igual que en Fraenkel, se basaba en la hipótesis pluralista, reconciliando al Estado con el movimiento obrero. Sin embargo, en la doctrina de Neumann tal pluralismo era inestable y destinado a quebrar por neutralización recíproca o hegemonía de alguno de los actores sociales. En su obra clásica Behemoth estudió la destrucción del pluralismo weimariano. Neumann estudió con rigor la libertad de coalición en la Constitución weimariana, deduciendo principios necesarios y conexos con la misma tras un análisis sistemático y finalista que ha devenido canónico. Fundamentó jurídicamente la condición de fundamentales de las libertades de asociación y coalición, no limitables por la exorbitante capacidad otorgada al poder ejecutivo por el artículo 48 de la carta magna, tras la conceptualización formal de los sindicatos como asociaciones con fin económico inmediato - que son las protegidas por el artículo 159 -, por más que en última instancia su fin sea también político. Las libertades de conflicto, de expresión, de prensa y de asociación entre ellas son derechos conexos de los sindicatos, que han de ser necesariamente reconocidos como efecto del propio derecho de coalición, así como el derecho de las coaliciones económicas (de los sindicatos) a suscribir acuerdos colectivos con eficacia normativa inderogable. Neumann fue muy crítico con la jurisprudencia social weimariana, criticando su alejamiento de la ley democrática y su parcialidad, fundamentando con detalle su opinión, y sosteniendo la necesidad en derecho de una interpretación jurisprudencial emancipatoria de los trabajadores, con base en la Constitución de la República. Kahn-Freund, abogado como Fraenkel y Neumann, juez en Berlín y, sobre todo, académico del trabajo, fue un decidido defensor de la necesaria independencia de sindicatos (y patronales) respecto del Estado, esencia de un colectivismo constitucionalmente garantizado en la República de Weimar y contrario al superado contractualismo individualista de origen romano. El sistema colectivista legaliza la lucha de clases y la convierte en un componente integral del desarrollo del sistema legal, en una tensión socialmente creativa. El alto tribunal social weimariano (el RAG) habría distorsionado ese pluralismo colectivista, convirtiéndolo en corporativismo fascista (defensa de la necesidad de la colaboración sindical en el superior interés de la empresa). Para Kahn-Freund, la función del Derecho del Trabajo weimariano habría evolucionado desde sus orígenes en 1919 y hasta la anulación de la autonomía colectiva mediante los decretos del final de la República. El colectivismo autónomo, capaz de autogeneración normativa - conforme a la intención del texto constitucional -, con respeto por parte del Estado a una lucha (no ilimitada) de clases, participando en la generación de normas legales para permitir una eficacia social y reequilibradora del conflicto social, fue quebrando progresivamente en Weimar, mediante una cada vez mayor intervención estatal en la regulación del conflicto social, una intervención sesgada y contraria al conflicto (e incluso a la tensión) social por parte de una judicatura conservadora e imbuida de una ideología de comunidad social estática y con intereses no contradictorios (las organizaciones de trabajadores y empresarios serían percibidos como una especie de órganos públicos al servicio del interés estatal) y una pérdida de autonomía sindical, acabando con la libertad de los sindicatos. El resultado final es de todos conocido. Karl Korsch fue un jurista del trabajo que evolucionó desde el fabianismo de su etapa formativa en Inglaterra hasta el comunismo ortodoxo y su ulterior expulsión del Partido por "ultraizquierdista", tras haber pasado también por la socialdemocracia, la mayoritaria y la escindida del USPD. Su biografía es una odisea en parte extraña, pero también sintomática de la izquierda de la época. Aunque Korsch nunca dejó de ser un outsider comprometido con el destino de la clase obrera desde una radical independencia personal, solo sujeta a su personal conciencia intelectual y política. A su tránsito por el arco ideológico de entreguerras une su condición de académico de Derecho del Trabajo, en cuya condición produjo una obra, bien conocida en castellano, de enorme fuerza e interés jurídico. En Korsch el marxismo no es mera influencia sino característica esencial de su obra (no en vano su Karl Marx sigue siendo un texto de referencia). El compromiso de Korsch con la democratización de las relaciones laborales y con la socialización fue inequívoco y radical a lo largo de su vida y obra. Su exposición y defensa de la constitución del trabajo es de notable capacidad analítica y fuerza expresiva. Su concepción del Derecho del Trabajo es la de un orden jurídico radicalmente opuesto al liberal burgués, en la misma y revolucionaria medida en que éste se opuso al ancien régime. Su naturaleza es, por ende, esencialmente conflictiva y revolucionaria. En consecuencia con tal concepción tal medida apoyó al movimiento consejista de 1918-19, participando activamente en el mismo (fue, al igual que Neumann, miembro de un consejo de obreros y soldados), y consideró - fundamentándolo en su obra - que la transposición legal de la institución de los consejos mediante en 1920 fue un fiasco contrario tanto al texto constitucional como a un movimiento revolucionario que estimaba de derecho irrenunciable. Su oposición al reformismo socialdemócrata - a su entender contradictorio con los principios socialistas y tendente a la corporativización de la clase obrera, y a la represión estatal - se manifestó en duros términos, muy críticos con Sinzheimer y con su escuela, a pesar de ser notoria la influencia de la obra de aquel en los fundamentos de su propia concepción de la constitución del trabajo, compartiendo una crítica común al sistema capitalista del relaciones de trabajo, pero no una alternativa común al mismo, o al menos no a corto plazo. Por ello también se enfrentó al sindicalismo socialdemócrata de la ADGB, apoyando al sindicalismo revolucionario de clase. Al margen de las diferencias entre unos y otros, todos los juristas estudiados mantuvieron una lucha conceptual contra el totalitarismo y a favor de la profundización democrática a lo largo de sus vidas y obras. 4. Constitución económica y constitución del trabajo Las nociones de constitución económica y constitución del trabajo son claves esenciales de la concepción jurídica de los juristas del trabajo de la izquierda demócrata weimariana, efecto de una creatividad basada en la fertilidad del método sociológico y marxista que critica los límites del liberalismo. Se hallan en el común nacimiento de un nuevo ámbito jurídico que supone la intersección entre la construcción democrática y el ámbito privado de las relaciones laborales, y se manifestarán singular y constitucionalmente en el artículo 165 de la carta magna de la República, por el que los trabajadores junto con sus organizaciones fueron llamados a regular en igualdad y de forma conjunta con los empresarios sus salarios y condiciones laborales, así como a cooperar conjuntamente en el desarrollo económico de las fuerzas productivas, con la finalidad del bien común. En las concepciones de constitución económica y del trabajo - conceptos asimilables - se manifiesta un característico alejamiento del formalismo jurídico contrario a una dogmática liberal opuesta con desdén a todo sociologismo. Se introduce - con efectos regulatorios e interpretativos - un elemento central en la contemplación del sistema normativo, a saber, la consideración de la asimetría de poder - basada en última instancia en la propiedad privada de los medios de producción - entre empleador y empleado, asimetría que se expresaría en una relación material de sometimiento y explotación, verdaderamente desigual a pesar de la máscara contractual, de la apariencia de suscripción de un acuerdo entre seres en abstracto y formalmente - conforme al derecho civil liberal - iguales y libres. Los iuslaboralistas demócratas weimarianos pretenden desenmascarar, subvertir, reequilibrar y democratizar con herramientas jurídicas una relación cuya inclusión en la forma del libre contrato de trabajo consideraban falsaria, abusiva y contraria a la dignidad humana. Frente a la constitución política, reino de la igualdad, se contrapondría la realidad de las relaciones laborales propias del derecho liberal, espacio de sumisión y desigualdad a pesar de una terminología engañosa. La constitución económica / constitución del trabajo habrían de reformar, compensar y liberar ese esencial espacio de la vida humana, repolitizando y democratizando el ámbito económico privado de producción, cómo ya lo había sido el Estado. Política y economía se han de recomponer en términos de poder. Los trabajadores dejan de ser objetos económicos - recursos humanos - y devienen sujetos corresponsables de la economía, ciudadanos y ya no súbditos; el derecho derivado de la propiedad privada abandona su condición de señor de la casa. La constitución del trabajo es el derecho que regula la comunidad entre capital y trabajo, con la tarea de asegurar la creación de una voluntad unitaria en su seno con la participación paritaria de las partes en conflicto. Este elemento conceptual esencial de la concepción democrática (no autoritaria, ni corporativa) del Derecho del Trabajo en la época estudiada es común a todo el ámbito de la izquierda de matriz socialista - desde Sinzheimer hasta Korsch - que, si bien mantuvo notorias diferencias respecto de sus propuestas alternativas al orden pre-weimariano regulador de las relaciones de producción - por lo menos (y aunque no exclusivamente) en cuanto a su implementación temporal -, sostuvo una crítica común y rotunda al concepto liberal de (falso) libre contrato de trabajo. 5. Socialización La reivindicación fundamental del pensamiento de matriz socialista en la época de la República de Weimar fue la transformación en jurídico-público del orden jurídico privado del trabajo y de la propiedad. La exigencia de socialización - contenida en la constitución weimariana, e incumplida en la práctica - fue su más claro componente de ruptura anti-liberal (aunque no soviética/estatalista) y ánimo colectivista, tras la profunda crisis de legitimidad de los valores económicos (capitalismo), jurídico-políticos (liberalismo) y socio-culturales (burgueses) hasta entonces imperantes. El nuevo basamento institucional había de ser plenamente democrático, colectivo, incluyendo el sistema económico- social en el que se integran las empresas. La socialización como proyecto era inescindible de su propia denominación. Conforme a esta posición - común a socialdemócratas y comunistas -, sólo considerando el orden del trabajo y de la economía como un interés público podría limitarse la arbitrariedad patronal, lo que cabría alcanzar mediante la intervención coactiva del Estado y por efecto de la acción colectiva. Las diferencias entre las izquierdas se manifestaron más entre los procesos - reforma o ruptura - que respecto de su fin colectivista último, si bien el proceso reformista respetuoso con la democracia liberal podía, por su propia naturaleza, condicionar el fin socializador pretendido. La propia constitución económica preveía - en su artículo 165 - un tránsito hacia la socialización de los medios privados de producción que muy pronto, tras los pobres resultados de la Comisión de Socialización (en la que participó Karl Korsch) y los diversos avatares sociopolíticos y económicos de la República, resultó abandonado. Ninguna industria ni empresa se socializó en Weimar. Los socialdemócratas - nunca Korsch - abandonaron su inicial énfasis en la necesidad socializadora hasta finales de los años veinte, cuando fue recuperado en el Congreso de Hamburgo de la ADGB de 1928, generando un proyecto de democracia económica hoy considerado como uno de los antecedentes más importantes del actual sistema de cogestión. En él participó Sinzheimer, cuya obra toda está enhebrada con un reflexión sobre la necesidad socializadora como efecto del nuevo Derecho del Trabajo, que exige un nuevo sentido económico. Karl Korsch, por su parte, sostuvo y expuso con gran énfasis la inmediata necesidad socializadora (que no estatalizadora) de los medios de producción a lo largo de su obra (sobre todo en los años 20), en sus dos fases de planificación y distribución de la producción, y de implantación de una democracia industrial garante de la ciudadanía obrera. La relación entre socialización y democracia económica es de gran problematicidad y ocupó a los iuslaboralistas demócratas estudiados, críticos con una propiedad privada de los medios de producción en la medida en que pudiera ser incompatible con la democratización de la empresa, con la constitución del trabajo. Parafraseando a Romagnoli, el Derecho Social - en la concepción de los juristas demócratas del trabajo - y la economía fueron dos hermanastras mal avenidas en la República alemana de entreguerras. 6. Consejismo El ideal socializador común a socialdemócratas y comunistas se pretendió materializar en la República de Weimar mediante la institución consejista regulada por el artículo 165 de la Constitución y, más adelante, por la Ley de Consejos de 1920. La positivización normativa de la representación de los trabajadores en los lugares de producción con ánimo de codeterminación (democratización) del poder en aquellos - tercera fase de superación del autoritarismo unilateral del propietario de los medios de producción, tras la intervención estatal y la negociación colectiva entre sindicatos y empresarios - careció del aliento revolucionario del movimiento consejista de finales de 1918 e inicios de 1919, y ni siquiera sus limitadas posibilidades formales de eficaz acción social en el ámbito empresarial pudieron materializarse ante una interpretación del alto tribunal laboral del Reich que le impuso a los consejos la necesidad de colaborar con el interés empresarial (visión organicista o fiduciaria), que en la práctica supuso la coincidencia sistemática de tal interés como el del empresario, colaboración que fue ajena a proyecto socializador alguno. Las diferencias respecto de la positivización del impulso consejista entre socialdemócratas y comunistas fueron notorias. La socialdemocracia se opuso a un posible dictadura consejista, mientras que el comunismo alemán de la época apoyó una alternativa consejista al parlamentarismo tradicional del liberalismo político. En el caso de Karl Korsch, su defensa del consejismo radical generó su expulsión de un partido comunista por desviacionismo ultraizquierdista. En todo caso, la crítica a la limitadora interpretación el RAG fue común a los juristas demócratas de uno y otro signo. Aunque en la práctica la experiencia concreta del consejismo weimariano fue ciertamente insuficiente respecto de las ambiciones del nuevo Derecho del Trabajo (aunque solo nos refiriéramos al positivizado), es indudable que sentó las bases de un mecanismo de participación vigente aún hasta hoy en una importante cantidad de sistemas productivos y de relaciones laborales. Al estudioso contemporáneo le sorprende el alto grado de similitud entre la regulación alemana de 1920 y nuestras actuales leyes reguladoras de la representación de los trabajadores en la empresa. 7. Relevancia del Derecho del Trabajo weimariano hoy Sin duda sigue siendo un extraordinario laboratorio seminal tanto teórico como de experimentación institucional en circunstancias difíciles, una novedosa (y difícil, fallida y exitosa en diversas medidas) concreción de nacientes instituciones en un vanguardista modelo (pobremente concretado) de constitucionalismo social y, en todo caso, la obra de juristas de una extraordinaria competencia (herederos de una importante tradición jurídica) y creatividad, de "incomparables maestros artesanos", en la feliz expresión de Umberto Romagnoli. Sigue siendo de interés teórico aún su crítica de la concepción del contrato libre de trabajo y, en general, de una concepción estrictamente liberal - basada en una consideración de la suficiencia de la igualdad formal entre personas físicas o jurídicas - de las relaciones laborales. El concepto de constitución del trabajo en Weimar es aún objeto de consideración por la academia, contraponiéndose a una influyente tendencia en los actuales trabajos académicos sobre el Derecho del Trabajo, más enfocados al mercado de trabajo como objeto principal de su estudio y que contribuyen a generar una aceptación de la lógica del mercado como principio organizador de este ámbito jurídico, en el que el mundo es asimilado a un mercado global y los Estados a actores unitarios de un mercado en el que buscan la maximización de la riqueza económica y de su competitividad, dejando poco margen a la argumentación a favor de los derechos sociales y laborales como bienes en sí mismos, vinculados a la igualdad, democracia y estabilidad en la vida de los trabajadores. En ese mismo sentido, se ha recordado que el proceso histórico inaugurado por el constitucionalismo social de la constitución weimariana ha inspirado y siguen inspirando diversos procesos de constitucionalización o re-constitucionalización a lo largo del s. XX, contribuyendo a la construcción del Derecho delTtrabajo como rama autónoma dotada de doctrina e instituciones propias, que interviniendo en el dominio contractual, desmercantiliza en mayor o menor grado las condiciones de compra y venta de la fuerza de trabajo. El debate se halla lejos de haber concluido y, en su esencia, incluye una discrepancia sobre los ámbitos de politización y, en entornos democráticos, de democratización; en concreto, de la politización y democratización del ámbito privado de producción, de la empresa privada (o pública, en la medida en que actúe como empleador privado). La idea de ciudadanía más allá de los muros de ladrillo de la fábrica, o de cristal de la oficina contemporánea sigue formando parte de un debate inacabado. En la práctica, elementos hoy relativamente corrientes en el iuslaboralismo democrático europeo son producto del laboratorio weimariano, habiendo sido transformados en instituciones positivas de diversas legislaciones, como la codeterminación en Alemania, los efectos normativos del convenio colectivo en países como España, la institución de los comités de empresa comités de empresa, o la existencia de jurisdicciones y procesos específicamente sociales. La bibliografía de este trabajo doctoral se basa fundamentalmente en diversos textos de la época (legales y doctrinales, incluyendo copiosa obra de los autores estudiados) y en posteriores estudios de diversa índole.

Ante un contexto de globalización económica como el actual, caracterizado por la libre circulación de bienes y servicios, los empresarios se ven cada vez más forzados a ser competitivos tanto en precio como en calidad, primando el primer factor en el actual modelo económico mundial de escasez de recursos económicos generado por las crisis económicas de orden mundial de diferentes Estados. Por este motivo, los operadores económicos buscan, ante todo, ser más eficientes con sus recursos e inversiones. Así, para la consecución de tal fin, los operadores económicos han procedido, en la práctica, a deslocalizar sus inversiones de sus Estados de origen y localizarlas, no ya donde más renten o logren maximizar sus resultados, sino donde menos tributen. Práctica esta que, en puridad, acaba respondiendo a un indicador de gestión normativo-financiero legal y rehusando la aplicación del indicador empresarial por excelencia: el de gestión económico-financiera, el cual le permite a cada empresario evaluar su real índice de rentabilidad bruta y operativa de su inversión, es decir, la colocación efectiva y eficiente de sus recursos económicos y financieros. Pues bien, del mismo modo, los Estados, autónomos y soberanos en materia tributaria, también han querido ser más competitivos desde un punto de vista tributario en orden a captar inversiones económicas. Para lo cual algunos han realizado ajustes y reformas de sus sistemas tributarios, estableciendo regímenes fiscales privilegiados, mientras que otros han optado por una opacidad de información tributaria que aboque en la localización de rentas en su territorio. De este modo, los Estados pretenden resultar fiscalmente atractivos para la inversión tanto de rentas como de patrimonios en sus respectivas jurisdicciones, habilitando para unas y otros una tributación reducida o, incluso, nula. Su único objetivo es, pues, la materialización de la inversión producto de una deslocalización en otro Estado, sin que ello incentive la generación de nuevas inversiones ni de riqueza. Ello, además, sin medir las consecuencias desfavorables para aquellos Estados que son víctimas de dicha deslocalización, convirtiéndose de esta manera en Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. No puede desconocerse que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE) como la Unión Europea (en adelante UE) han trabajado arduamente para conseguir la neutralización de este tipo de prácticas fiscales, haciéndose especial hincapié en la lucha contra la competencia fiscal perniciosa llevada a cabo a través de los paraísos fiscales u otras jurisdicciones opacas o no transparentes. Así, de un lado, la implementación de un escenario tributario justo y equilibrado (en el que cada Estado pueda ejercer libremente su soberanía tributaria sin acabar acudiendo a prácticas fiscales nocivas para el resto de economías nacionales) y, de otro lado, la consecución de unos estándares mínimos en materia de intercambio de información tributaria (para que cada Estado pueda conocer la localización última de la riqueza de sus residentes y lograr su efectivo gravamen) se han convertido en las principales metas a alcanzar por dichas organizaciones internacionales y supranacionales. Ahora bien, aun cuando no pueden desconocerse los avances realizados en el ámbito del intercambio de información tributaria y los esfuerzos efectuados para el diseño de ese level playing field a efectos fiscales, en la actualidad la realidad formal dista mucho de la estrictamente material. Valga, a título de ejemplo de este extremo, la nimia exigencia de un mínimo de doce acuerdos suscritos sobre intercambio de información tributaria para salir de la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE, de manera que la misma se halla vacía en la actualidad. ¿Significa ello que se ha logrado acabar con la lacra que constituyen los paraísos fiscales? Nada más lejos de la realidad, si se tiene en cuenta la erosión que, para las economías de los restantes Estados, siguen representando a día de hoy tales territorios. Asimismo, otro buen botón de muestra de este clima constante de competencia fiscal perniciosa sería la proliferación de regímenes fiscales preferenciales existentes en el momento presente incluso en Estados con niveles estándar de imposición, más preocupados por captar inversiones económicas foráneas y evitar la deslocalización de las propias que de configurar sistemas tributarios coherentes y, sobre todo, justos. De este modo, ante la insuficiencia de las respuestas dadas a nivel internacional contra el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa, el presente trabajo de investigación pretende diseñar o rediseñar, en su caso, una batería de instrumentos jurídicos alternativos para hacer frente al mismo, desde una óptica jurídica pero enmarcada en el contexto global económico de hoy, el cual se erige en la causa principal del auge de la competencia fiscal perniciosa. Se trata de mecanismos que, en última instancia, pretenden evitar la no tributación o la doble no tributación de la operación económica ni en fuente ni en residencia, ahondando en la necesidad del intercambio de información, de la estandarización internacional de un tipo nominal de impuestos sobre sociedades y también en el establecimiento de fuertes medidas coactivas e, incluso, resarcitorias, a efectos de disuadir el ejercicio soberano de una competencia fiscal agresiva y, por ende, perjudicial. I. Objeto de la investigación Antes de entrar en las propuestas de corrección de la competencia fiscal perniciosa, es importante señalar que la dinamización y globalización de los mercados, de las telecomunicaciones y, en general, de todo el contexto económico mundial, hace que cada día los contribuyentes estén en permanente búsqueda de jurisdicciones o Estados que ofrezcan una nula o baja tributación y que, además, ofrezcan cierta opacidad informativa respecto de las rentas y/o patrimonios allí localizadas. Como es sabido, existen ya algunos estudios monográficos de importancia en España en materia de competencia fiscal perniciosa, sobre todo referidos al ámbito comunitario, entre ellos tenemos a MARTÍN LÓPEZ, para quien la competencia fiscal interestatal puede definirse como "la utilización por los Estados de sus sistemas fiscales con la finalidad de captar inversiones foráneas"1 y a LAMPREAVE MÁRQUEZ, quien en cuanto a la competencia fiscal entre Estados, da por cierto "que en un entorno globalizado, las Autoridades de cada Estado, al fijar una determinada política fiscal, ya no sólo se plantean la repercusión de las medidas en su propio territorio, sino sobre aquellos factores de mayor movilidad sitos en otros territorios a los que pretenden atraer". Cierto es que cada Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria, es soberano e independiente a la hora de diseñar su sistema fiscal, conforme a su Constitución y resto del ordenamiento jurídico. Pero algunos Estados se extralimitan en dicha configuración, estableciendo regímenes tributarios preferenciales no acordes con los estándares impositivos clásicos, llegando en ocasiones a conformarse sistemas auténticamente opacos diseñados para atraer, no tanto inversiones fruto de la planificación fiscal u economía de opción, sino derivadas más bien de prácticas propiamente elusivas o evasoras. Todo ello lleva aparejada la generación de desajustes fiscales y económicos en aquellos Estados que han sufrido la deslocalización de rentas e inversiones de sus residentes como consecuencia de su traslado a aquellas otras jurisdicciones que ofrecen una baja o nula tributación, surgiendo como tal el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa. Fenómeno este que, en última instancia, impide que los Estados puedan atender su gasto público y, por ende, cumplir sus fines sociales, ahondándose más aun en la actual crisis económico-financiera de algunos Estados. En este sentido, se han escuchado ya importantes y duros pronunciamientos sobre los paraísos fiscales, los cuales constituyen el exponente por excelencia de la competencia fiscal perniciosa. Nos resulta difícil creer que en un futuro cercano se logrará la eliminación de los paraísos fiscales o siquiera su declive, cuando es evidente la brecha entre el discurso y su ejecución. En la cumbre anual del G20 celebrada en Cannes los días 3 y 4 de noviembre de 2011, el presidente de turno de esta organización, el entonces Presidente de la República Francesa Nicolás Sarkozy, hizo unas duras declaraciones sobre los paraísos fiscales en la rueda de prensa al final de la cumbre: "(n)o queremos más paraísos fiscales. El mensaje es muy claro (.) Los países que sigan siendo paraísos fiscales con el disimulo financiero serán condenados al ostracismo por la comunidad internacional"; anunciando que el G20 realizará una "publicación sistemática" en sus cumbres de la lista de "países que no hacen lo que hay que hacer para acabar con un comportamiento inadmisible"3. Posteriormente en la cumbre G20 de 2013 celebrada en San Petersburgo el 5 y 6 de septiembre de 20134, se dio un total respaldo al plan de acción creado por la OCDE que tiene por objeto abordar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios empresariales (BEPS por sus siglas en inglés Base Erosion Profit Shifting). Plan de acción que como veremos infra, no ha tenido el mejor respaldo de los expertos, ni de la doctrina científica y menos de los contribuyentes, quedando sólo al buen respaldo de los funcionarios de las distintas agencias tributarias y, por supuesto, de la misma Organización. Pues bien, una de las principales causas de esta competencia fiscal perniciosa se puede encontrar en la globalización económica (caracterizada por la apertura de economías y la libre circulación internacional de capital, bienes, servicios), donde la fiscalidad se erige en un factor importante en la localización de las inversiones económicas y de la riqueza. Razón por la cual los Estados utilizan la misma para intentar atraer, hacia sus respectivas jurisdicciones, el mayor número de rentas y patrimonio, sin tener en cuenta las consecuencias adversas que genera la deslocalización de inversiones en los diferentes Estados de origen. Así, pueden citarse, como consecuencias lesivas derivadas del fenómeno de la competencia fiscal perniciosa, entre otras, el reparto desequilibrado de la carga tributaria, ya que los Estados sólo buscan atraer a sus jurisdicciones "bases imponibles móviles" (rentas del capital o de actividades económicas), reduciendo tan sólo la carga impositiva soportada por éstas. Mas ello no parece suponer una racionalización del sector público, puesto que esa menor presión fiscal prevista para las bases móviles no conlleva un gasto público más eficiente, sino que se compensa mediante un endeudamiento superior y una mayor tributación de las bases no móviles (rentas del trabajo o inmobiliarias). De esta forma, la Competencia Fiscal Interestatal adquiere un perfil nocivo, no cuando se traduce en el establecimiento generalizado por los Estados de unos niveles de imposición ajustados, resultando una fiscalidad más racional y, a su vez, atractiva para toda clase de rentas, sino cuando consiste en el establecimiento de ventajas fiscales específicas y desorbitadas cuyo único objeto sea la captación de determinadas rentas. Así, a lo largo de este trabajo de investigación, realizaremos algunas propuestas de lege ferenda en orden a la corrección de la competencia fiscal perniciosa, entre las que destacamos como aporte propio una propuesta en torno al establecimiento de una suerte de responsabilidad patrimonial como última ratio de aquellos Estados o jurisdicciones que ejerzan una competencia fiscal perniciosa obstaculizando, ocultando o denegando el suministro de información financiera-tributaria efectiva a los Estados perjudicados. Dicha responsabilidad patrimonial podría comprender, además de la imposición de sanciones económicas, el pago a tales Estados perjudicados de una cantidad equivalente a la deuda tributaria dejada de ingresar por sus residentes como consecuencia de la deslocalización de sus rentas, patrimonios e inversiones y su ubicación en aquellos otros Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. Así, nada obsta a que los diferentes Estados modernicen sus sistemas tributarios y sean fiscalmente competitivos a nivel internacional para atraer inversión extranjera. Ahora bien, sus sistemas tributarios deben responder a un esquema, si no igual a los demás Estados, sí similar en lo que respecta a los estándares internacionalmente aceptados. Nada impide que los Estados puedan establecer condiciones fiscales favorables, mas no desleales frente a las condiciones de los otros Estados. Lo ideal es que observen unos patrones internacionales de tributación de los que se derive un terreno de juego justo y equilibrado en el ámbito fiscal, dejando que sean otros factores de competitividad los que acaben decidiendo qué Estados resultan más atractivos internacionalmente. Factores como vías de comunicación, calidad de materias primas, calidad de la mano de obra, reducción de costes de producción, avanzada tecnología y redes de acceso a las misma o seguridad jurídica, entre otros, que son propios de la libre competencia en un mundo globalizado y dinámico como el actual. Es claro que nuestro propósito con este trabajo de investigación es realizar algunas propuestas de lege ferenda que contengan una aproximación a la corrección de la competencia fiscal perniciosa, tanto en el ámbito internacional como de la Unión Europea, pero unificada como una propuesta global de fiscalidad internacional. Y ello sobre la base de medidas de muy distinta índole, entre las que podrían destacarse, de un lado, la ratificación de un acuerdo multilateral de intercambio efectivo de información de forma automática vinculante para los Estados que se adhieran, la fijación de un tipo nominal estándar de impuesto de sociedades del 22,5%. Y, de otro, el establecimiento de medidas defensivas contra los Estados que ejerzan esa competencia fiscal perniciosa, que abarquen desde las propiamente encuadrables en la técnica tributaria hasta otras coactivas, punitivas o resarcitorias. En efecto, sin desconocer la soberanía de cada Estado como límite infranqueable y modulador del Derecho internacional, un problema como el que representa la competencia fiscal perniciosa requiere una estrategia coordinada y decidida que acabe aislando internacionalmente a aquellas jurisdicciones no cooperantes, de modo que ese ejercicio de competencia fiscal nociva termine teniendo un coste, en términos económicos y jurídicos, mayor que el propio beneficio reportado por tales prácticas. Piénsese, en este sentido, en la posibilidad de exigirle una especie de responsabilidad patrimonial, reclamándosele el pago del impuesto que el contribuyente ha dejado de ingresar en su Estado de residencia o de la fuente donde aquél ejerce sustancialmente actividades económicas; responsabilidad ésta que sería exigible con carácter subsidiario y como última ratio, una vez que el Estado perjudicado demuestre que la normativa o la práctica administrativa del otro Estado ha constituido un obstáculo insalvable para lograr la recaudación tributaria que, en atención al juego de los criterios de sujeción tributaria, le correspondía jurídicamente. II. Metodología Con la presente investigación jurídica, encuadrable dentro del ámbito del Derecho Público, pretendemos estudiar el fenómeno de la Competencia Fiscal Interestatal y, propiamente, aquélla que presenta un carácter pernicioso. No obstante, la investigación respecto de esta materia se llevará a cabo, exclusivamente, desde el punto de vista jurídico, prescindiéndose de la óptica económica, (más centrada ésta última en las graves consecuencias de esta índole que dicho fenómeno acarrea). Es claro que, en este tipo de investigación, usaremos, como principales fuentes directas de estudio, entre otras, las normas jurídicas (Tratados, Leyes, Reglamentos, Directivas, etc.), la jurisprudencia de los Tribunales, informes de organismos internacionales (OCDE, UE) y la doctrina científica, acudiendo a las principales monografías y artículos de aquellos autores que han tratado esta materia. De este modo, se pretende realizar un trabajo de investigación que, de alguna manera, resulte interesante y contenga aportaciones de valor, tanto para la comunidad académica, como para los Estados y Organismos internacionales que luchen contra el fenómeno de la competencia fiscal perniciosa. Es importante dejar sentado que cualquier información de fuente externa que se utilice en esta investigación tendrá su respectiva lista de referencia en la parte bibliográfica, preservándose así los derechos de autor. III. Estructura del estudio La presente tesis doctoral se ha estructurado de una manera concordada, en cuatro capítulos, analizando de manera exhaustiva todos los aspectos de nuestro objeto de estudio (éste es, la competencia fiscal perniciosa) y concluyendo con las oportunas propuestas, en tanto aportación científica propia que todo trabajo de investigación debe necesariamente contener. El primer capítulo aborda el fenómeno de la competencia fiscal interestatal desde su génesis hasta la actualidad, donde podremos apreciar como esta figura jurídico- económica (aun cuando sólo realizaremos su análisis desde el punto de vista jurídico), ha tenido una evolución importante, motivado todo ello por la globalización y dinamización de los mercados. Fenómeno este que, sin duda, constituye uno de los principales motivos por los que, en la actualidad, los diferentes Estados, territorios o jurisdicciones establecen, ajustan o reforman sus sistemas fiscales nacionales, si bien en uso de su propia soberanía estatal. En el segundo capítulo se realiza un análisis de lo que se entiende por competencia fiscal perniciosa, la cual se traduce en la pugna de los diferentes Estados por localizar en sus respectivos territorios, mediante la utilización de instrumentos fiscales, el mayor número de inversiones económicas. Lo que, en la práctica, está generando unas gravísimas consecuencias para los propios Estados en su conjunto y, sobre todo, para aquellos cuyos sistemas tributarios responden a los estándares internacionalmente aceptados. Consecuencias nocivas entre las que destaca la pérdida de ingresos fiscales provenientes de las rentas denominadas "móviles", dada la facilidad de deslocalización de éstas últimas. El tercer capítulo tiene por objeto la descripción y examen de las principales acciones llevadas a cabo a nivel internacional (tanto desde la OCDE, como desde la UE) frente a esta competencia fiscal perniciosa que se ha desatado entre los Estados y que tiene su anclaje en las fuerzas del mercado y la globalización. Acciones, valga de paso decir, que con carácter general no son vinculantes per se, sino por la voluntad política de cada Estado, como veremos infra. Por tanto, en él se hará referencia a las principales propuestas de corrección de la competencia fiscal perniciosa desarrolladas en los ámbitos internacional y comunitario, evaluándose instrumentos jurídicos como la aproximación de legislaciones para lograr una coordinación de la fiscalidad, la igualdad de condiciones entre todos los Estados para lograr un intercambio efectivo de información y unos sistemas fiscales transparentes y la armonización de la fiscalidad directa en el ámbito comunitario, entre otros. Finalmente, en el cuarto capítulo se expondrán propuestas propias, de lege ferenda, para la corrección de la competencia fiscal perniciosa. Demostrada a lo largo de la investigación la nocividad de la competencia fiscal perniciosa (y de la utilización de este fenómeno por estructuras agresivas de ingeniería fiscal cuasi elusivas), procede, como leitmotiv último del trabajo, formular nuestras tesis sobre la viabilidad jurídica de determinados mecanismos alternativos de contención de la competencia fiscal perniciosa, ante la inexistencia de normas jurídicas que sancionen a los Estados que ejerzan la misma. Así, creemos firmemente en la necesidad de actuar en un doble plano: primero, el establecimiento e implementación de unos mínimos de convergencia tributaria a nivel internacional que excedan del restringido ámbito del intercambio de información tributaria, delimitando claramente, de una vez por todas, ese denominado escenario fiscal justo; segundo, la fijación de un tipo nominal estándar del impuesto de sociedades del 22,5% permitiéndose los ajustes de doble imposición internacional o por el contrario del ajuste de lo debido y no abanado; y, tercero, alcanzar un establecimiento generalizado del mismo de manera coercitiva, albergando la posibilidad de que, ante la deslealtad en el ámbito fiscal practicada por determinados Estados, quepa la exigencia de la apuntada responsabilidad patrimonial como última ratio. Objetivo difícil, sin duda, en razón a que el Derecho internacional público se encuentra precisamente soportado en la voluntad de los Estados libres y soberanos, sin que pueda exigírseles el cumplimiento de obligaciones a las cuales no se hayan adherido voluntariamente. Por ello, somos conscientes de las limitaciones de nuestra propuesta y de sus consecuencias en el ámbito del Derecho internacional, pero que los Estados miembros de las distintas organizaciones internacionales habrían de comprender y compartir, construyendo un frente común contra los paraísos fiscales y demás jurisdicciones opacas, los cuales son, en definitiva, los verdaderos agujeros negros del sistema fiscal internacional. CONCLUSIONES 1. En el ámbito del Derecho internacional público, encontramos el Derecho tributario internacional, en el que cada Estado libre y soberano ejerce su potestad tributaria para estructurar su respectivo sistema fiscal, existiendo tantos regímenes fiscales como Estados o territorios dependientes existen, deviniendo con ello una cierta competencia fiscal entre los éstos. Competencia que alcanza regímenes fiscales transparentes, unos menos transparentes y otros en puridad, opacos. Siendo estos dos últimos tipos de regímenes, los propicios para que los operadores económicos ejerciten toda su infraestructura financiera, legal y fiscal para aprovecharse de los desajustes de la diversidad de tantos sistemas fiscales. 2. También es cierto, que esa potestad tributaria de los Estados ha ido desencadenando un escenario de lucha entre éstos, con el único fin de atraer hacia sus territorios inversiones y riqueza foránea, en ocasiones sin dimensionar los efectos nocivos que ello genera en el Estado que sufre la deslocalización, la erosión de la base imponible o el traslado de beneficios hacia esas jurisdicciones que ofrecen condiciones fiscales más ventajosas o preferenciales de baja o nula tributación. Ello ha generado que algunos Estados también constituyan regímenes fiscales con ciertos privilegios, de modo que puedan retener al menos, su riqueza nacional dentro de su territorio, alcanzado esto una pugna entre Estados que ejercen una competencia fiscal perniciosa. Creemos, que lo que resulta inadmisible en el plano internacional, es aquel ejercicio sesgado de la potestad tributaria que acabe perjudicando a aquellos otros Estados con niveles impositivos estándares. 3. Así como una sana competencia en la producción y comercialización de bienes y servicios es útil y necesaria para equilibrar las fuerzas del mercado, también lo es la competencia fiscal, pero a través de sistemas tributarios transparentes. Lo cierto es que el carácter pernicioso que ha alcanzado la segunda, es tal, que hasta los mismos Estados y organizaciones internacionales, como la OCDE, G20, G/7/8 y la UE, han tenido que intervenir para hacer frente a tal fenómeno que viene socavando la hacienda pública internacional, principalmente en lo que respecta al impuesto de sociedades, lo que está generando que cada día la brecha fiscal esté siendo más amplia, no permitiendo a los Estados cumplir sus fines. 4. Sin perjuicio de otras opiniones, definimos la competencia fiscal interestatal como el fenómeno por el cual los Estados, en ejercicio de su poder soberano, erigen y estructuran su sistema fiscal con el objetivo de mantener, retener o atraer capitales móviles, actividades empresariales, inversiones, rentas o patrimonios, logrando así un incremento de sus ingresos públicos y, en general, un mayor crecimiento económico. 5. El ejercicio de esa potestad tributaria en el actual contexto de globalización económica, ha abocado en un uso de la misma dirigido, en última instancia, a configurar Estados fiscalmente atractivos para los inversores internacionales, lo que ha generado una contienda de competencia fiscal, beneficiando especialmente a las multinacionales que a través de su planificación fiscal agresiva buscan la optimización en el pago de la factura fiscal, más que la rentabilidad misma de la inversión; quienes aprovechas todos los resquicios fiscales para ello, y de paso, se benefician al igual que los demás ciudadanos de los servicios y condiciones de bienestar que ofrecen los Estados, sin contribuir con las cargas fiscales que justamente les corresponde, convirtiéndose como dicen los hacendistas públicos en verdaderos free-riders. 6. Fenómenos como la globalización económica y la constante interdependencia de las economías, ha provocado la apertura de las fronteras, la eliminación de normas proteccionistas y la libre circulación de personas y capitales. Escenario en el que los propios Estados se ven enfrentados a una competencia fiscal, similar a la competencia de mercado a que se ven enfrentados los operadores económicos. Por tanto, el fenómeno de globalización económica no hace sino desatar las fuerzas del mercado tanto para los Estados como para los operadores económicos, en donde la competitividad no está basada en factores de rentabilidad operativa sino, en gran medida, en factores de rentabilidad fiscal. 7. Esta globalización y la creciente movilidad de personas y capitales, están creando dificultades para los Estados a la hora de evaluar correctamente las bases imponibles, la recaudación fiscal y la tributación efectiva de los operadores económicos donde sustancialmente ejercen las actividades y generan valor. A su vez, estos fenómenos están afectando el funcionamiento de los sistemas fiscales y facilitando las prácticas de elusión y evasión fiscales, toda vez, que algunos se han reputado insuficientes u obsoletos frente al dinamismo económico vigente, lo que pone en peligro el funcionamiento del mercado global. 8. Defendemos el proceso de la competencia fiscal como un fenómeno beneficioso, siempre que la misma se practique de una manera leal y sana, es decir, en la medida que los Estados ejerzan su potestad tributaria, no de manera uniforme, pero sí dentro de unos estándares internacionales (como los referidos por la OCDE y la UE). En este sentido, la propia OCDE no censura la existencia de diferencias objetivas entre los sistemas fiscales de los distintos países, admitiéndose el carácter beneficioso de una cierta competencia derivada de dicha heterogeneidad, pero siempre que aquélla acabe conformándose como simétrica, proporcionada y justificada, mediante la cual exista una adecuada proporción entre los niveles de imposición y prestaciones públicas, que finalmente, desemboque en la eficiencia del gasto público y que por demás, sean sistemas transparentes e inspirados en principios de justicia tributaria. 9. También consideramos el proceso de la competencia fiscal como un fenómeno perjudicial, siempre que se ejerza de manera desleal, a través de la implementación de sistemas tributarios preferenciales de carácter pernicioso, es decir, estructurados estrictamente por motivos fiscales para la captación exclusiva de rentas y capitales foráneos, sin exigir una actividad real y sustantiva; o, mediante jurisdicciones constitutivas de auténticos paraísos fiscales sin un intercambio efectivo de información y con sistemas tributarios poco o nada transparentes. 10. Lo cierto es que principalmente desde los años noventa hasta nuestros días, la competencia fiscal interestatal presenta una naturaleza más perniciosa que sana, puesto que la globalización económica, unida a la falta de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes, hace que internacionalmente los Estados compitan, no desde un punto de vista económico, sino desde una óptica estrictamente fiscal. Lo propio sucede incluso, en el seno de la UE, que ha tenido grandes avances en la armonización de fiscalidad indirecta, y en algunas parcelas de la fiscalidad directa, pero la falta de una armonización adecuada del impuesto de sociedades en sus EE MM, ha generado una gran variedad de 28 regímenes societarios, sin que hasta la fecha se haya podido lograr una coordinación para su armonización, convirtiéndose esta competencia fiscal en un fenómeno lesivo para el mercado interior común. 11. En nuestra opinión, son múltiples las incidencias que la globalización ha ejercido y ejerce sobre el Derecho tributario y su sistema de fuentes, transformando casi por completo algunos sistemas fiscales y corrigiendo o provocando ajustes en otros, pero todos centrados en el mismo fin, i. e. la atracción de inversiones de capital extranjero. Cierto es, pues, que la globalización está incidiendo decisivamente en la configuración de la política fiscal llevada a cabo por los diferentes Estados, provocando una internacionalización del Derecho tributario, que a pesar de no ser un Derecho internacionalizado aún, no puede obviarse la considerable influencia que recibe del exterior, tanto en su configuración, como en lo que se refiere a los principios que ordenan la producción legislativa en materia tributaria y en las fuentes que en la actualidad nutren el Derecho tributario. 12. En todo caso, cuando se afronta el debate sobre el carácter sano o pernicioso de la competencia fiscal interestatal, consideramos que los Estados pasan de una "competencia sana" a una "competencia perniciosa" cuando utilizan sistemas fiscales con el fin exclusivo de atraer rentas y capitales foráneas, generalmente carentes de un sustrato económico generador de valor y que se localizan en tales jurisdicciones por motivos no económicos sino fiscales. Dicho de otra manera, la finalidad subyacente de dichos sistemas tributarios, es la atracción de dichas rentas y capitales mediante una menor presión fiscal, a través del otorgamiento de beneficios a inversores extranjeros, creando de alguna forma una brecha fiscal, que termina compensándose a través de la fiscalidad de las rentas menos móviles (principalmente de trabajo, inmobiliarias y de pymes), desequilibrando los principios de justicia e igualdad tributaria. 13. La estructuración de los sistemas fiscales por parte de algunos Estados, exclusivamente para deslocalizar u ocultar las rentas o capitales de otros Estados, supone una carrera hacia el fondo que sólo lleva aparejada pérdida de recaudación fiscal y, en definitiva, erosión económica, lo que para la OCDE en materia fiscal corresponde específicamente a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios empresariales (BEPS) mediante "una planificación fiscal internacional", que mientras existan y persistan sistemas fiscales que lo permitan, difícil será la encomiable tarea de esta Organización para desmantelar tales mecanismos de planificación fiscal agresiva, toda vez que estamos frente a una economía de opción plenamente válida y legal, donde cada Estado erige su propio sistema fiscal y los operadores económicos el lugar donde mejores ventajas fiscales encuentre. 14. Las escalofriantes cifras en pérdida de recaudación fiscal, en evasión y elusión fiscales, expuestas a lo largo de nuestra investigación, dejan entrever los resultados a que aboca la competencia fiscal perniciosa ejercida, sobre todo, por los paraísos fiscales y por los regímenes fiscales preferenciales, establecidos por Estados o territorios dependientes no calificados como paraísos fiscales, cuyo único fin es la creación de sistemas fiscales atractivos a las inversiones foráneas de fácil deslocalización o movimiento, como las rentas de capital y las actividades empresariales. Donde la reducción de ingresos fiscales que se genera de la existencia de estos regímenes preferenciales para estas bases imponibles móviles, no presenta una proporcionada racionalización del sector público de los Estados, pues tal pérdida de recaudación fiscal ha sido compensada con un incremento de la carga fiscal en las bases imponibles menos móviles (especialmente las rentas del trabajo y de los bienes inmuebles). 15. Los Estados que cuentan con sistemas estándares y transparentes, se han visto gravemente afectados por la proliferación de estos regímenes fiscales perniciosos, por lo que han intentado de encontrar una solución a tal fenómeno, sin lograr un resultado contundente hasta ahora. Y ello sin perjuicio de la consecución de algún resultado positivo de carácter parcial, como la adopción en el ámbito comunitario del Código de Conducta de Fiscalidad de las Empresas o los compromisos adquiridos en el ámbito de la OCDE respecto a la lealtad en la configuración de sus políticas fiscales, de cooperación e intercambio de información, o suscripción de CDIs, o la ejecución de su último plan de trabajo de julio de 2013, encaminado a evitar la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios empresariales (BEPS). 16. Entendemos que este fenómeno de competencia fiscal perniciosa se ha abordado desde instancias nacionales como el propio EE. UU. y supranacionales como la OCDE y la UE. En este sentido, destacamos el instrumento vinculante FATCA adelantando por EE. UU.; el instrumento adelantado por la OCDE sobre "Competencia fiscal perjudicial: Una cuestión global emergente", el cual fue reorientado mediante el Plan de Acción BEPS, ambos no vinculantes; los instrumentos establecidos por la UE como el Código de Fiscalidad de las Empresas, no vinculante pero con resultados muy favorables para eliminar las medidas perniciosas de los sistemas fiscales de sus EE MM y la norma del TFUE sobre el control de las ayudas de Estado de tipo fiscal, vinculante y desarrollado a través del TJUE. Medidas todas, que intentan corregir esta gran brecha fiscal de la que aún falta bastante camino para ser efectivamente corregida. 17. En el dinamizador proceso de globalización económica, el comercio electrónico es el que mayor crecimiento ha experimentado, acarreando serias preocupaciones a las Administraciones Tributarias a la hora de gravar la renta y el consumo, por la dificultad actual para controlar tales operaciones e identificar a los contribuyentes, y de forma muy especial, por lo difícil que resulta recaudar los impuestos que se generan cuando el contribuyente reside fuera del territorio del Estado acreedor de la deuda tributaria. En estos términos, en el plano fiscal las consecuencias derivadas de la realización de operaciones de comercio electrónico parecen reconducirse a una sola: la disminución de los ingresos tributarios. 18. El desarrollo de nuevos medios de pago de naturaleza electrónica, ha supuesto la obstaculización del rastreo de las transacciones comerciales realizadas, dificultando la localización de la corriente económica generada por aquellas, muy especialmente en aquellos casos en los que los fondos utilizados procedan de entidades bancarias situadas en paraísos fiscales. Pero a su vez, esta innovación en las TICs, han provocado una extraordinaria facilidad para el intercambio y procesamiento de la información, que deberá ser adecuadamente utilizada en lo mayor posible por todos los Estados mediante la ratificación de instrumentos jurídicos que así lo permitan. 19. Los múltiples atributos que presentan las operaciones de comercio electrónico tienen difícil encaje en las concepciones y criterios utilizados por los sistemas tributarios clásicos; los mismos han supuesto un cambio de paradigma en muchos de los criterios impositivos utilizados como piedras angulares de todo el sistema tributario, provocando con ello que el sistema tributario, uno de los principales fundamentos del Estado moderno, asuma el reto de adaptarse a los cambios tecnológicos, económicos y sociales para cumplir su función recaudatoria. 20. A las singularidades fiscales que generan las transacciones electrónicas, también ha habido un interés latente de enfrentarlas con mecanismos útiles, los cuales han resultado insuficientes, sin que ello implique la renuncia de las OO II para continuar con sus proclives trabajos. Es así como la UE y la OCDE han dedicado especial atención al asunto y, en especial, en relación con la competencia fiscal. En cabeza de la OCDE se presentó el documento The Emergence of Electronic Commerce de 1997, que establece las bases y los fundamentos esenciales que debían estudiarse del comercio electrónico; luego en 1998, el documento Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, en el que se refleja el hincapié de luchar contra la competencia fiscal lesiva en el campo del comercio electrónico y la necesidad de luchar contra ésta a través de acuerdos multilaterales entre Estados. 21. En la actualidad, la OCDE adelanta en el sector de la economía digital el Plan BEPS mediante la acción número uno Address the tax challenges of the digital economy, para hacer frente a los entramados fiscales que están ejecutando las multinacionales para erosionar la base imponible y trasladar los beneficios a paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales. Mediante esta acción, se trata de identificar a todos los agentes que intervienen en la cadena de valor de la economía digital y desentrañar, si en determinado Estado, podría considerarse la presencia de un establecimiento permanente al que se pudieran atribuir beneficios empresariales, dado que la intermediación a través de las cadenas de participaciones de sociedades dificulta esa posibilidad. 22. La pobreza mundial y la desigualdad, también se constituyen en actores del cercenamiento de la competencia fiscal, específicamente en relación con aquellos países en desarrollo que ven una oportunidad de crecimiento económico a través de la conformación de sistemas fiscales preferenciales, o, mediante una imposición directa baja o nula. Por lo que estarán por fuera de una competencia fiscal transparente y obligados a experimentar una caída de los ingresos fiscales, precisamente porque ejercen una mayor presión fiscal sobre una base reducida de contribuyentes, y es allí donde aparecen sistemas fiscales laxos o flexibles de carácter pernicioso, para intentar atraer inversión extranjera a sus jurisdicciones, donde algunos corren con suerte al abrirse al mundo, convirtiéndose en verdaderas termitas fiscales y provocando efectos nocivos para otros Estados. 23. Uno de los efectos gravísimos de la competencia fiscal perniciosa, es el desajuste de los sistemas tributarios nacionales. Ello en consideración a que, al nivel esperado de los ingresos y gastos públicos como determinantes sustanciales de la política fiscal, se ha adicionado la interacción del entorno tributario internacional con las medidas adoptadas por otros Estados, desencadenando en los últimos años un cambio de los postulados fiscales en los sistemas tributarios internos y, por supuesto, generando una competencia fiscal ente los Estados, ya que cualquier cambio tiene su repercusión directa o indirecta en los sistemas fiscales de otros Estados. Todo ello, trae aparejado el menoscabo de los ingresos tributarios y de la recaudación fiscal, producto de la deslocalización de las inversiones de capital y actividades empresariales que tienen que soportar aquellos Estados víctimas de la competencia fiscal perniciosa. 24. Esta competencia fiscal perniciosa, también representa una clara amenaza a los principios de justicia tributaria, toda vez que el carácter asimétrico de los sistemas fiscales han basado su atracción en el establecimiento de regímenes fiscales favorables para aquellas rentas móviles, generando con ello un desplazamiento de la carga impositiva principalmente hacia las rentas menos móviles, lo que trae unas gravísimas consecuencias fiscales como la afectación directa de los principios clásicos de justicia tributaria como generalidad, igualdad, capacidad contributiva y progresividad, afectando la equidad y la redistribución de la renta que, como regla general, se predican de los sistemas tributarios en su conjunto. En definitiva, la desigualdad de estos sistemas, bien podría afectar la neutralidad fiscal de algunos Estados a la hora de establecer el gravamen de las distintas manifestaciones de riqueza, pues sus déficits fiscales podrían obligarles, de una u otra manera, a establecer un mayor nivel de imposición o una mayor presión fiscal para aquellas rentas no móviles, frente a las móviles que escapan a las altas cargas impositivas por su facilidad de deslocalización. 25. De otra parte, esta contienda de competencia fiscal perniciosa lleva aparejada una localización ineficiente de los recursos económicos, en tanto ésta última acaba guiándose, en gran medida, por factores de índole tributaria. De este modo, la riqueza y los factores de producción terminan ubicándose donde menos tributan, y no donde más producen, como sería lo deseable desde la óptica económica. Proceso de competencia fiscal que es desatado por los Estados y aprovechado en gran medida por los operadores económicos, en particular por las multinacionales, quienes son los agentes principales de este tipo de competencia fiscal perniciosa, en razón a su capacidad y poder de decisión para deslocalizar parte o el conjunto de sus actividades, hacia uno o varios Estados, donde su único objetivo es beneficiarse de todos los instrumentos de planificación fiscal internacional que ofrecen los distintos sistemas tributarios. 26. Los gravísimos efectos y consecuencias provocados por esta clase de competencia fiscal, llevaron tanto a la OCDE como a la UE, a adelantar investigaciones y trabajos para desmantelar las medidas perniciosas, los sistemas fiscales preferenciales y los paraísos fiscales. Para la primera, se constituyó como pionero su informe sobre competencia fiscal perniciosa y sus sucesivos informes de revisión y progreso hasta el año 2012, y, a partir de 2013 con la reorientación de los mismos a través del plan de acción BEPS, donde se inicia un trabajo conjunto de la OCDE/G20. Para la segunda, se convirtió en pionero el Código de Conducta de Fiscalidad sobre las Empresas y la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado; quien además de sus propios trabajos, ha integrado sus acciones en el plan de acción BEPS. Los regímenes fiscales preferenciales y los paraísos fiscales, constituyen una forma abierta y directa de permear la competencia fiscal, motivo por el cual, generaron la preocupación de todos los países, principalmente de aquellos más desarrollados, tanto por la disminución de la recaudación fiscal y como por la erosión de la base imponible mundial; lo despertó el interés del G7 y G20 para trabajar de manera mancomunada con la OCDE en la lucha contra éstos, en favor de la protección de las finanzas públicas de los países y principalmente de sus Estados miembros. 27. Observamos un retroceso en los trabajos adelantados para la erradicación de los paraísos fiscales, cuando por sugerencia de los EE. UU. que basó su tesis en el poder soberano de los Estados para establecer su nivel de tributación y su organización fiscal, en el año 2001 la OCDE abandona el criterio de carencia de actividad sustancial para catalogar a una jurisdicción o territorio dependiente como paraíso fiscal. Como creemos, ello implicó un gran retroceso, porque era un excelente indicador de los focos de evasión fiscal. Por fortuna, se verificado lo trascendental de tal criterio, por lo que tanto la OCDE como lo la UE han dado pasos favorables para retomarlo, mediante la acción cinco del plan de acción BEPS y la Propuesta de modificación del Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, respectivamente. La supresión del criterio de carencia de actividad sustancial fue reemplazado por la creación de sistemas transparentes y por un intercambio efectivo de información, elementos que se consideraban suficientes para catalogar a un Estado como una "jurisdicción cooperante". Transparencia referida no sólo al sistema de información fiscal, sino también a aquellos elementos conducentes a su garantía, como la imposibilidad de negociación entre las administraciones fiscales y los contribuyentes para la determinación de las bases imponibles o los tipos de gravamen y/o la concesión de incentivos fiscales. Así mismo, la existencia efectiva de un intercambio de información debería permitir y facilitar a los demás Estados y a las propias administraciones de estas jurisdicciones el acceso a toda la información fiscalmente relevante y conllevar el establecimiento de dispositivos normativos que propicien el suministro de dicha información. Todo ello con el único fin de gravar aquellas rentas de los contribuyentes que han decido invertir en tales jurisdicciones sólo por fines tributarios. 28. El año 2009 fue clave para que el G20 apoyara decididamente a la OCDE en la apertura de trabajos sobre la transparencia y del intercambio efectivo de información, el desmantelamiento del secreto bancario, advirtiendo incluso de la posible imposición de sanciones para quien no cumpliera con los estándares internacionales de intercambio de información aceptados. Además, se insta al Foro Global a seguir avanzando en el uso de instrumentos multilaterales para contrarrestar la evasión de impuestos, a través de la revisión, aprobación y recomendación para la implementación de las normas internacionales de transparencia e intercambio efectivo de información, con fines a que exista una cooperación fiscal adecuada entre los Estados y el seguimiento a quienes incumplan con dicho compromiso. 29. La baja o nula tributación internacional que soportaban algunas multinacionales, a través de la planificación fiscal agresiva, aprovechándose de las interacciones entre los sistemas fiscales de los Estados para disminuir artificiosamente sus bases imponibles o trasladar los beneficios empresariales a otras jurisdicciones de baja o nula tributación, despertó el interés conjunto de la OCDE/G20 para hacer frente a ello, desplegando el plan de trabajo BEPS en el año 2013 de 15 acciones con el que se pretende lograr un cambio en la normativa fiscal internacional, el cual finalizará en diciembre de 2015. Es un plan de acción en el que convergen dos realidades: la primera, es que las empresas multinacionales intentan disminuir su factura fiscal para optimizar su beneficio tributario, valiéndose de mecanismos de planificación fiscal agresiva; la segunda, los propios Estados ofrecen regímenes fiscales diferentes y competitivos entre sí, para atraer rentas e inversiones extranjeras; ambas realidades, se traducen en la erosión de la base imponible y en el traslado de los beneficios empresariales entre jurisdicciones, lo que propició que la OCDE y el G20 centraran su esfuerzo a través de BEPS para hacer frente a tan colosal dificultad. 30. Estimamos que estas 15 acciones en su conjunto, son retadoras pero su aplicación dependerá también de la mera liberalidad de los Estados, es decir, acciones no vinculantes que hasta ahora han carecido de efectividad para la erradicación de los regímenes fiscales preferenciales y más concretamente de los paraísos fiscales, lo que hará que continúe presentándose el mismo choque de intereses que se ha evidenciado en las iniciativas anteriores entre quienes promueven la eliminación material de la competencia fiscal perniciosa y algunos Estados miembros de la OCDE, que sólo promueven su eliminación formal, porque están claramente vinculados a los paraísos fiscales o centros de servicios financieros offshore, a través de sus territorios dependientes. 31. Consideramos que la dificultad manifiesta del proyecto BEPS, radica en que la OCDE tiene una posición ambivalente. Por un lado, trabaja por extender su poder y su influencia a nivel mundial a través de la promoción de la estandarización y la convergencia, pero, por otro lado, siempre se ha visto a sí misma como representante de los intereses de sus Estados miembros y por consiguiente, con dificultades para representar los intereses de otros países, al menos de aquellos que entran en conflicto con los intereses de sus Estados miembros. Sin embargo, independientemente de este tipo de problemas, creemos que BEPS tiene aspectos positivos. El primero de ellos es el avance en materia de intercambio efectivo de información; el segundo, es el reconocimiento de un fracaso de los sistemas de tributación internacional basados en los acuerdos bilaterales que interactúan con los sistemas tributarios internos, los cuales, difícilmente pueden evitar la doble imposición sin crear de manera simultánea oportunidades de doble no imposición, siendo destacable la nueva estrategia orientada a los acuerdos multilaterales; el tercero, es su retorno al requisito de la actividad sustancial que formaba parte del informe de 1998 y como hemos reiterado su eliminación flexibilizó de manera excesiva el cumplimiento de requisitos para que los paraísos fiscales fueran eliminados de la lista negra. En definitiva, su objetivo principal, es en sí mismo, el aspecto más positivo, el cual es evitar la erosión de la base imponible, el traslado de beneficios y encontrar soluciones a los problemas de la planificación fiscal agresiva. 32. No obstante a lo favorable que hemos advertido sobre BEPS, somos de la opinión, que este proyecto no representa una solución real para enfrentar la planificación fiscal agresiva, entre otras cosas porque ha eludido conscientemente el problema de fondo que es la adecuación de un sistema de tributación internacional en el que se consideren temas centrales como la residencia fiscal y la potestad tributaria para distribuir correctamente la recaudación. Creemos que BEPS representa una valiosa entrada hacia la reforma de la normativa fiscal internacional, pero si pretende lograrla requerirá una aplicación consistente de los propios principios de dicho plan, una mejor definición de lo que es o no aceptable, la definición de jurisdicción en función de la creación de valor y debe dejar de evitar los puntos políticamente difíciles por los intereses de sus Estados miembros, como por ejemplo la residencia fiscal. Y si pretende expandir la normativa adaptada a terceros Estados no miembros de la OCDE, deberá tenerse presente que esto debe alcanzarse de forma participativa, de la manera más inclusiva posible a fin de asegurar la efectividad y ganar la mayor legitimidad posible. 33. En relación con el proyecto BEPS, para nuestra investigación, centramos nuestro interés principal en la acción número 5 (Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia), por lo cual valoramos positivamente que mediante ésta, se haya vuelto a replantear el criterio de actividad sustancial en los regímenes preferenciales, que aunque no todos gozan de ser paraísos fiscales para quienes se ha eliminado tal criterio, algunos si lo son. En principio se ha incluido para los regímenes preferenciales de PI, los cuales deberán demostrar que han incurrido en ciertos gastos asociados a actividades de I+D que generen rentas procedentes de la explotación de la PI. Tal criterio, podrá extenderse a otro tipo de regímenes preferenciales, los cuales deberán demostrar la existencia de actividades sustanciales. Otro de esta Acción, que consideramos uno de los más destacables es su apuesta por la transparencia, a través del intercambio automático y obligatorio de información sobre resoluciones relacionadas con los regímenes preferenciales. Se trata de un nuevo direccionamiento que no centra sus esfuerzos en los regímenes perjudiciales o potencialmente perjudiciales como lo hacía en el pasado sino que, se enfoca en los regímenes preferenciales, sean perjudiciales o no. Lo que se pretende es que el país afectado disponga de información oportuna (en un plazo no superior a tres meses) y relevante sobre acuerdos preferenciales en precios de transferencia o en cualquier otra área. Aunque la guía está en proceso de construcción, ya incorpora los elementos mínimos que debe compartir el país que otorga las exenciones dependiendo del tipo de acuerdo preferencial del que se trate. En esta Acción aún está por terminar la revisión de todos los regímenes actuales, con el ánimo de establecer si éstos son perjudiciales, potencialmente perjudiciales o simplemente preferenciales. En todo caso, en el informe de progreso que debe presentarse en diciembre de 2015 deberá quedar constancia de los hallazgos. 34. Paralelamente a los trabajos de la OCDE/G20 para hacer frente a los regímenes fiscales preferenciales y paraísos fiscales, se ha hecho lo propio la finalización de la era del secreto bancario, concretamente en la Cumbre del G20 celebrada en Londres en el año 2009. Contrario sensu, opinamos que, aunque la voluntad política de las grandes economías y países desarrollados ha sido el desmantelamiento del secreto bancario, permeándose incluso de manera limitada el Estado con mayor índice del secreto financiero (Suiza), la realidad es otra. Harán falta años para hablar de una transparencia financiera total, pues en la lista del índice del secreto financiero del año 2013, aparecen los principales países del G20, de la OCDE y otros Estados como Alemania, Austria, Canadá, Costa Rica, EE. UU., Francia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Jersey, Luxemburgo, Panamá, Reino Unido, Singapur, Suiza; entre otros; con lo cual se demuestra que el ranking del secreto financiero en vez de disminuir, aumenta, ya que en el informe original de 2009 se incluían 60, en el 2011 que se actualizó para la cumbre de Cannes, se incluían 73; y para el 2013 ya eran 82 jurisdicciones. Lo cierto es que muchos depósitos se mantienen en los paraísos fiscales a través de compañías ficticias, que de alguna manera permiten cubrir el rastro del verdadero propietario de los fondos; y lo que se muestra es que unos paraísos fiscales han visto disminuido el nivel de sus depósitos (por ejemplo Jersey, Luxemburgo, Suiza, etc.) y otros han visto cómo sus depósitos se disparan (por ejemplo Hong Kong, Islas Caimán, Singapur, etc.). 35. Un instrumento jurídico clave en el desmantelamiento del secreto bancario ha sido FATCA, el cual ya ha sido instrumentado por EE. UU. con diversos países e incluso con la misma UE en bloque. Los resultados han sido favorables, al menos ya Suiza número uno del ranking de secreto bancario ya está intercambiando información financiera, y así otros países más. Sin embargo, creemos que éste no soluciona el problema fondo (a menos de que sea reestructurado, que no se ve tal intención), por sus múltiples vacíos en su aplicación efectiva, como por ejemplo, las cuentas sobre las que se van a pedir datos son aquellas con montos importantes, lo que permitiría a los bancos ignorar muchas solicitudes en la mayoría de los casos; los registros se mantienen en papel en lugar de por vía electrónica; también permitiría la apertura de cuentas bancarias a través de sociedades ficticias (Shell entities), como entidades no estadounidenses a pesar de que, su propietario final fuera un contribuyente estadounidense; además, los requisitos de información restantes son fáciles de evadir por parte de las personas estadounidenses que abren cuentas por debajo de los umbrales en más de un banco. 36. En la UE encontramos un instrumento eficaz más para combatir el secreto bancario, lo que constituye un gran avance en esta materia, como lo es la Directiva 2010/24/UE, relativa a la de asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas de asistencia en la en la recaudación tributaria. Es a través del intercambio de información que se desmantela el secreto bancario, y, es que esta Directiva indica expresamente que ningún Estado podrá negarse a suministrar información, amparado en que posee disposiciones legales de protección al secreto bancario, o que dicha información está en manos de las entidades financieras. En este mismo sentido, se enmarca el modelo de acuerdo sobre intercambio de información de la OCDE y la cláusula de intercambio de información de los CDIs en el que no se permite alegar el principio de interés doméstico para abstenerse de proporcionar la información solicitada y debe garantizarse el acceso a la información de bancos, entidades financieras, instituciones fiduciarias, es decir, que no haya leyes de secreto bancario. 37. Nos reafirmamos en que la cooperación internacional a través del mecanismo de intercambio efectivo de información de forma automática, sería el instrumento jurídico por excelencia que podrá hacerle frente a la competencia fiscal perniciosa que encierra fenómenos como los paraísos fiscales, el secreto bancario, la financiación de actividades ilícitas, el blanqueo de capitales, el lavado de activos, la planificación fiscal agresiva, etc. Decimos que sería, porque queremos ser optimistas en que la coordinación sistemática internacional de los diferentes Estados así lo han de entender y de continuar el camino que ya se ha iniciado en este sentido. Un optimismo que pretendemos ver de una manera objetiva y concreta mediante la institucionalización de este instrumento multilateral de manera vinculante, reconociendo la complejidad y dificultad que ello conlleva en el ámbito del Derecho internacional público, más aún, frente a la soberanía fiscal de los Estados. 38. Ante la ausencia en la normativa internacional de una definición del concepto de residencia fiscal, y ante el vacío de BEPS para alcanzarlo, nos atrevemos a dilucidar que un efectivo y eficiente intercambio de información financiera con fines fiscales, sin barreras en el suministro de la misma, sería la regla de oro para alcanzar una recaudación justa y evitar la erosión de la base imponible. Podemos ver como la UE y EE. UU., han logrado un avance importante en lo que respecta al intercambio efectivo de información tributaria; aunque con cierta laxitud o flexibilidad que nos lleva a concluir que ninguna herramienta implementada para combatir paraísos fiscales, secreto bancario e intercambio de información han sido lo suficientemente adecuadas, y, todo por falta de vinculación jurídica de los mismos instrumentos jurídicos desarrollados. 39. Creemos que con instrumentos de intercambio efectivo de información de forma automática (en nuestro caso de carácter vinculante), se lograría no sólo garantizar seguridad y efectividad operativa a los sistemas fiscales estatales, sino en brindar eficacia para combatir la evasión y el fraude fiscales, la corrupción, el lavado de dinero y por supuesto evitar la doble tributación internacional, sin que ello, llegare a significar la doble no imposición internacional a través de convenios para evitar la doble imposición, se trata de buscar la máxima transparencia fiscal internacional, objetivo que compartimos tanto en la apertura y clausura de nuestra investigación como a lo largo de nuestra vida profesional. 40. Vemos como favorables los instrumentos con los que cuenta la UE para hacer frente a los regímenes fiscales preferenciales y al falseamiento de la competencia fiscal en el mercado común interior, como son El Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas y la normativa del TFUE sobre ayudas de Estado respectivamente. Sin embargo, consideremos la utilización que se ha hecho de las normas sobre ayudas de Estado con el fin de neutralizar las medidas tributarias que encierren un carácter pernicioso y, por consiguiente, deriven en una competencia fiscal perniciosa, es inadecuada e inoportuna, a pesar de ser la única norma existente en el TFUE para contrarrestar el falseamiento de la competencia. En nuestra opinión, el camino recorrido ha tenido resultados favorables en la lucha contra esta clase de competencia, convirtiéndose la normativa sobre ayudas estatales en la última ratio o límite de la proliferación de medidas fiscales perniciosas. Pero en cierta medida, se nota un grado de bifurcación del poder soberano de los EE MM, pues con una norma no propia del ámbito fiscal, se está tratando de aproximar, en cierto modo, la fiscalidad directa, a través de la utilización de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado. Lo que entraña, de suyo, una huida de los mecanismos clásicos de que se nutre la armonización fiscal, como lo son las Directivas. 41. Al tiempo, valoramos favorablemente los trabajos de la Comisión Europea, respecto a la fiscalidad de las empresas y más aún, aquéllos sobre los cuales se busca hacer frente a la evasión y el fraude fiscales en los que propone esquemas para combatirlos. Su permanente preocupación por ello, la ha llevado también a reflexionar sobre la dificultad cada vez mayor para ejercer un control sobre los ingresos en una economía cada vez más globalizada, movilizada y digitalizada, reconociendo que las normas actuales sobre fiscalidad de las empresas ya no se ajustan al contexto moderno y, es ahí donde los modelos de actividad y las estructuras empresariales se han vuelto más complejos y por consiguiente más fácil de trasladar los beneficios empresariales a otras jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que hace más difícil determinar en qué país se debe gravar la renta de una multinacional, que a través de la planificación fiscal agresiva logran artificialmente tributar lo mínimo o cero a escala global, según sus mecanismos fiscales utilizados. 42. Somos del criterio que, actores exclusivos en el cercenamiento de los ingresos fiscales y de la recaudación fiscal de los Estados como la evasión y el fraude fiscales, el blanqueo de capitales, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el secreto bancario, la planificación fiscal agresiva (focos de una competencia fiscal perniciosa), deben ser combatidos de manera cooperada internacionalmente, a través de instrumentos jurídicos vinculantes, y no mediante medidas unilaterales o acuerdos bilaterales, sino de tipo multilateral con carácter obligatorio, como por ejemplo el instrumento FATCA, aunque reorientado hacia un esquema multilateral. Cuando nos referimos a una cooperación internacional, estamos incluyendo la asistencia mutua internacional y la implementación coordinada de la propuesta BEPS pero esta última, pensamos que con una reorientación de su trabajo, en el que se ponga fin a las normas sobre precios de transferencia que son útiles sólo para los grupos multinacionales, al permitir fácilmente el traslado de beneficios empresariales entre jurisdicciones; se dé una regulación adecuada al establecimiento permanente; se defina la residencia fiscal para evitar problemas de doble residencia; y, se reestructure el actual y arcaico sistema fiscal internacional de los CDIs que conllevan a la doble no imposición o la doble deducción de gastos o de pérdidas, o de exenciones y deducciones a la vez, que siendo coherentes con la doctrina internacional, son formas de maximización fiscal dentro del marco de la legalidad en una legítima economía de opción, que no siempre se podrá estigmatizar como planificación fiscal agresiva. 43. El socavamiento de la recaudación fiscal y la base imponible mundial en la casi totalidad de los Estados, desarrollados y en vías de desarrollo, en términos de matrices de riesgos fiscales podríamos calificarlo como un riesgo alto, significando con ello, que la probabilidad de ocurrencia de fenómenos como la evasión y elusión fiscales más la planificación fiscal agresiva, es alta y, la situación actual de control insuficiente, con controles bajos o en algunos casos medios, o bien documentados pero poco efectivos, que terminan siendo inadecuados o insuficientes. Un riesgo fiscal de este tipo lleva aparejado un riesgo residual de desconfianza en el sistema fiscal internacional, y por supuesto, en la política fiscal de los Estados en la que se apoyan los ya fracturados principios de justicia, neutralidad y equidad fiscales. Cuando decimos fracturados, nos referimos a las consecuencias que ello genera tanto para los Estados como para los ciudadanos: mientras los primeros soportan cada vez más una mayor pérdida de la recaudación fiscal, los segundos soportan una mayor presión fiscal debido a la carga tributaria desigual que deben soportar como consecuencia de los ajustes fiscales de los primeros para intentar compensar los déficits fiscales generados por fenómenos antes señalados; siendo los más afectados aquéllos con rentas menos móviles como las de trabajo, inmobiliarias y pymes. 44. La sumatoria del traslado de beneficios a jurisdicciones con sistemas fiscales preferenciales de baja o nula tributación, más las cifras estimadas de los abultados fondos depositados en los paraísos fiscales o que circulan por ellos (expuestas supra), más los flujos de dinero ocultados en jurisdicciones con leyes de protección del secreto bancario (propiciando el blanqueo de capitales, el lavado de activos, el terrorismo), arrojan como resultado un sistema capitalista mundial desarticulado política, económica y normativamente, lo que nos lleva a creer que la rezagada crisis económica-financiera como la llama el FMI es producto del mismo riesgo sistémico financiero y, si no se actúa al menos normativamente para hacer frente a los componentes de esta sumatoria, seguiremos participando de crisis económicas-financieras fragmentadas, es decir, mientras haya una leve recuperación de una u otra economía, dos, tres o más se estarán declarando en crisis. 45. Aunque no somos los llamados a juzgar las actuaciones de los operadores económicos que realizan entramados fiscales mediante esa planificación fiscal agresiva, si nos sentimos obligados a hacer una llamado crítico-constructivo a la reflexión de que exista una tributación justa, que se paguen los tributos donde se obtienen los beneficios y se genere valor, toda vez que en la mayoría de los casos dichos operadores se encuentran en sus Estados de residencia o de la fuente donde ejercen sustancialmente actividades económicas, no tributando o en ocasiones tributando porcentajes mínimos no acordes con la realidad de las cifras o de la normativa de sus Estados. 46. Si la normativa fiscal internacional vigente no responde al sistema económico globalizado dentro de un entorno actual, llamado por unos y por otros crisis económico-financiera, estamos en el tiempo y la época oportunos para realizar un cambio total de dicho sistema fiscal, que ponga fin a prácticas fiscales desleales o perniciosas y evite fenómenos de doble no imposición, de doble deducción o exención y, sobre todo, que la planificación fiscal agresiva deje ser el escenario internacional por el cual se están erosionando las bases imponibles y trasladando los beneficios. Frente al fenómeno de la competencia fiscal perniciosa en todos sus frentes, los Estados y organizaciones internacionales han acudido a todo tipo de medidas, con menor o mayor éxito. Así, las acciones unilaterales o bilaterales que sólo benefician a los Estados que las ejecutan no resultan los instrumentos adecuados para resolver los problemas de la normativa fiscal internacional, por lo que se requiere de instrumentos jurídicos internacionales coordinados, con carácter multilateral y vinculante. 47. Desde el inicio de nuestra investigación nos planteamos estructurar una propuesta de lege ferenda que se constituyera en una herramienta de valor y pudiera ser estudiada, validada y en el mejor de los casos ejecutada por los Estados u OO II, que propendan por la protección de la base imponible mundial, por evitar el traslado de los beneficios y por evitar la minoración de la recaudación fiscal. Así también, quisimos diseñar nuestro propio aporte para lograrlo a través del acuerdo multilateral de intercambio efectivo de información de forma automática, fijación de un impuesto sobre sociedades con tipo nominal estándar, o la temida responsabilidad patrimonial subsidiaria como última ratio de los Estados, sin perjuicio de un mejor criterio. Todo ello, conscientes de las dificultades que ello pueda representar en el ámbito del Derecho internacional público, y más aún en la esfera de la soberanía fiscal de los Estados. 48. Finalmente, después de haber recorrido el estudio de la competencia fiscal perniciosa en todos sus focos, los plausibles trabajos de los Estados u OO II, de los cuales hemos pensado que han sido favorables pero insuficientes, creemos que nuestra propuesta de lege ferenda sería concreta y efectiva, fundamentalmente porque a través de ella podría blindarse la base imponible mundial, mejorarse la recaudación fiscal, evitarse el traslado de beneficios y lograr una imposición real donde sustancialmente se ejerzan actividades económicas y se generen los beneficios de los contribuyentes u obligados tributarios. Nuevamente, advirtiendo de que somos conscientes de las dificultades que ello podría implicar en el ámbito del Derecho internacional público, específicamente en la soberanía fiscal de los Estados.