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A partir de una investigación iniciada en mayo de 2020 y que se prolonga hasta la actualidad, en la que realizamos más de 150 entrevistas y 12 focus groups, relevamiento de redes sociales y medios de comunicación, nos interrogamos acerca de los efectos de las medidas sanitarias de cuidado para hacer frente a la pandemia en la experiencia de las juventudes actuales. En este artículo en particular, indagamos sobre los efectos en el plano de los lazos afectivos, laborales y en el vínculo en general con el Estado. Argumentamos que el período pandémico exacerbó procesos previos afectando de manera profunda y duradera esos tres planos llevando a lo que llamamos un "triple fracking pandémico" sobre la generación que atravesó su juventud marcada por los dos años de la pandemia.

La tesis analiza en extensión el denominado proceso de funcionarización del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas españolas. En concreto, el estudio se efectúa desde las siguientes perspectivas: 1º.- Especificar qué puestos de trabajo en las Administraciones Públicas españolas (Administración estatal, Administraciones de las 17 comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Servicio Nacional de la Salud y Universidades Públicas) deben ser ejercidos obligatoriamente por funcionarios públicos y qué puestos pueden ser ocupados por empleados sometidos a un contrato de trabajo. Igualmente, se efectúa un análisis del derecho comparado, especialmente del francés y el alemán. 2º.- Descripción del conjunto de normas legales, reglamentarias, acuerdos y pactos de funcionarios y otras disposiciones que regulan en España la funcionarización tanto de los empleados estatales, como los autonómicos, locales, universitarios y del Servicio Nacional de la Salud. 2º.- Análisis central de todo el proceso selectivo que supone la funcionarización: los trabajadores que pueden participar, los aspectos temporales del proceso y, fundamentalmente, todo el procedimiento de selección. 3º.- Análisis in extenso de las caracteristicas del proceso de funcionarización: fundamentalmente, su respeto a los principios de la Constitución Española de 1978 de igualdad, mérito y capacidad, dado que la funcionarización es un proceso restringido y excepcional, al cual sólo pueden optar los trabajadores con contrato laboral fijo. Se estudia esta excepcionalidad a la luz de los arts.23.2 y 103.3 de la Constitución y según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 4º.- Un estudio específico de la funcionarización en la Comunidad foral de Navarra, por su absoluta singularidad, así como también un análisis de la técnica legislativa empleada por el Parlamento español y los Parlamentos de las Comunidades Autónomas en torno a la legislación sobre funcionarización. 5º.- Finalmente, una aproximación a las consecuencias de la ...

Esta comunicación analiza las posibilidades de actuación de las Comunidades Autónomas en el contexto de la crisis económica y financiera en la que se encuentra sumergido el país y las políticas de restricción del gasto público que desde la Unión Europea y el Gobierno y Parlamento del Estado que, de alguna u otra manera, obligan a la reducción de los gastos del personal de las Administraciones públicas, lo que implica límites a la negociación colectiva. Se trata de una presión que afecta a todas las forma de empleo en el sector público, aunque este estudio se centra en las que afectan la negociación colectiva del personal laboral de las Administraciones públicas dependientes de las Comunidades Autónomas, en la medida que pueden afectar al derecho a la negociación colectiva que expresamente les reconoce la Constitución. Se reseñan algunas de las normas legales que las Comunidades Autónomas están adoptando, que van desde la reducción de salarios, a reducciones de la jornada de trabajo o de los créditos para el ejercicio de las funciones de los representantes de los trabajadores. Se analiza la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia que atribuyen a las Comunidades Autónomas capacidad o competencia legislativa para modificar los convenios colectivos vigentes relativos a su personal laboral o de ellas dependientes, concluyendo que las competencias que disponen al respecto no puede ser de naturaleza legislativa, que sólo se atribuye constitucionalmente al Estado, sino que se han de articular a través del procedimiento de descuelgue o suspensión de los Convenios Colectivos establecidos en el art. 32 del EBEP. Finalmente se concluye poniendo en evidencia que esas interpretaciones dejan vacío de contenido el propio derecho constitucional a la negociación colectiva laboral.

Los estudios sobre el derecho de huelga pueden parecer clásicos, pero el hecho de que no exista un desarrollo normativo hace que la solución a los problemas que se suscitan en esa materia sea eminentemente jurisprudencial, constituyendo una parcela jurídica muy viva y casuística. En el presente texto analizo el régimen jurídico de los servicios esenciales para la comunidad, como límite legal al ejercicio del derecho de huelga, en el contexto del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Se trata de una materia que se sitúa a mitad camino entre el Derecho el Trabajo y el Derecho Administrativo, pues ambas disciplinas se impregnan mutuamente con su normativa y sus principios, siendo que, el conocimiento de estos problemas también va a transitar entre los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y social.

Greba-eskubideari buruzko azterketek klasikoak dirudite, baina horri lotutako arau-garapenik ez dagoenez, arlo horretan sortzen diren arazoak nagusiki jurisprudentzian konpondu behar dira. Ondorioz, eremu juridiko hori oso bizia eta kasuistikoa da. Testu honetan, gizartearentzat funtsezkoak diren zerbitzuen araubide juridikoa aztertzen dut, greba-eskubidea baliatzeko legezko muga gisa, administrazio publikoko lan-kontratuko langileen testuinguruan. Lan Zuzenbidearen eta Administrazio Zuzenbidearen arteko erdibidean kokatzen den gaia da; izan ere, bi diziplinek elkar ukitzen dute beren araudiarekin eta printzipioekin. Arazo horien ezagutza ere administrazioarekiko auzien jurisdikzioko eta lan-arloko jurisdikzioko organoen artean gertatuko da.

The studies on the right of strike may be classics, but the fact that there is no regulatory development means that the approach taken to the problems arising in this field be eminently solved by case law, creating a very rich and casusistic legal area. In this text, I analyze the legal regime for essential community services, as a legal boundary to the exercise of the right to strike, in the context of contract staff at the service of Public Administrations. This issue is halfway to Labour Law and Administrative Law, since both legal branches of study are mutually impregnated with their regulations and principles, thus the knowledge of these problems shall also switch from the contentious-administrative jurisdiction bodies to the social ones.

El trabajo pretende ofrecer una propuesta jurídica que ponga término a la confrontación sostenida en el tiempo entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la ley y la jurisprudencia españolas en torno a la existencia de medidas jurídicas, eficaces, disuasorias y proporcionales de prevención y sanción del abuso en la contratación de personal laboral por duración determinada en las Administraciones Públicas (AAPP), en consonancia con lo previsto en el Acuerdo Marco europeo sobre trabajo de duración determinada. El estudio, que también se detiene en el personal funcionarial, concluye que el problema fundamental reside en el incumplimiento reiterado de la legislación por parte de las AAPP, actuación visada por los jueces; y, por ende, en la verificación de que no existían medidas legislativas efectivas y disuasorias que evitaran los abusos en la contratación./ Asimismo, se sostiene que el TJUE ha mostrado una manifiesta preferencia hacia la transformación del personal laboral que ha padecido ese abuso, en indefinido fijo. Sin embargo, se constata que la Ley 20/2021 ha facilitado la estabilización y consolidación de muchas personas empleadas que han sufrido esas situaciones abusivas, aunque la técnica legislativa podía haber sido mejor. Además, a través de la fijeza, serían demasiados los perjuicios que se ocasionarían en los procesos iniciados ¿y a punto de finalizar- por esa Ley. De ahí que, finalmente, se opte por una medida económica que satisfaga a las personas temporales que no consigan una plaza; incluso a las que la consigan. La metodología se basa en el análisis de las fuentes jurídicas y de la jurisprudencia.
Lanaren helburua da denboran zehar Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren (EBJA) eta Espainiako lege eta jurisprudentziaren arteko konfrontazioari amaiera emango dion proposamen juridikoa eskaintzea. Zehazki, proposamena administrazio publikoetan iraupen mugatuko langileak kontratatzean gehiegikeria prebenitzeko, zigortzeko eta gogogabetzeko neurri juridiko, eraginkor, eta proportzionalen ingurukoa da; betiere, iraupen mugatuko lanari buruz Europako Esparru Hitzarmenean aurreikusitakoarekin bat eginda. Funtzionarioei ere erreparatzen dien ikerketaren arabera, ondoriozta daiteke funtsezko arazoa dela administrazio publikoek sarritan ez dutela legeria betetzen, eta epaileen oniritzia dutela. Horregatik, kontratazioan gehiegikeriak saihesteko lege- eta gogogabetze-neurri eraginkorrik ez zegoela egiaztatu da. Era berean, adierazten da EBJAk nabarmen erakutsi duela gehiegikeria hori jasan duten langileak mugagabe finko bihurtzeko lehentasuna. Hala ere, aipatzen da 20/2021 Legeak gehiegikeria-egoerak jasan dituzten langile asko egonkortzen eta finkatzen lagundu duela, nahiz eta legegintza-teknika hobea izan zitekeen. Gainera, finkotasunaren bidez, Lege horrek hasitako prozesuetan ¿eta amaitzear daudenetan¿ kalte gehiegi eragingo lirateke. Hortaz, azkenean, neurri ekonomikoaren alde egiten da, plaza lortzen ez duten aldi baterako pertsonak zein plaza lortzen dutenak asebetetzeko. Metodologia iturri juridikoen eta jurisprudentziaren analisian oinarritzen da.
The paper aims to offer a legal proposal to put an end to the long-standing confrontation between the Court of Justice of the European Union (CJEU) and Spanish law and jurisprudence on the existence of effective, dissuasive and proportional legal measures to prevent and sanction abuse in the hiring of fixed-term personnel in Public Administrations (PAs), in line with the European Framework Agreement on fixed-term work. The study, which also looks at civil servants, concludes that the fundamental problem lies in the repeated failure of public authorities to comply with the law, as endorsed by judges, and thus in the finding that there were no effective and dissuasive legislative measures to prevent abuse in recruitment. It is also argued that the CJEU has shown a clear preference for the transformation of staff who have suffered such abuse into permanent permanent permanent staff. However, it is clear that Law 20/2021 has facilitated the stabilisation and consolidation of many employees who have suffered these abusive situations, although the legislative technique could have been better. In addition, through fixity, too much damage would be caused to the processes initiated -and about to be finalised- by this law. This is why, in the end, we opted for an economic measure that would satisfy the temporary people who do not get a place; even those who do get one.The methodology is based on the analysis of legal sources and case law.

"Planestadef 2009-2012, Programa anual 2012" ; "Avance Anuario Estadístico Militar. Año 2012"

El célebre asunto Diego Porras abrió la posibilidad de un derecho indemnizatorio automático por cese al personal laboral interino de la Administración pública. El planteamiento de una segunda cuestión prejudicial por el Tribunal Supremo y la resolución final del asunto en casación han desmentido esta posibilidad y han rectificado lo que pareció ser un malentendido inicial sobre el régimen indemnizatorio del contrato de interinidad. Sin embargo, una lectura detenida de la sentencia dictada en casación demuestra que lo más relevante del pronunciamiento no son las cuestiones jurídicas que zanja, sino las que deja abiertas. Entre ellas, las consecuencias que tendría el cese irregular de un trabajador interino y la de los derechos indemnizatorios del declarado «indefinido no fijo».Administrazio Publikoaren lan-kontratupeko bitarteko langileek beren lanpostua utzi beharragatik kalte-ordaina automatikoki jasotzeko eskubidearen aukera ireki zuen Diego Porras kasu entzutetsuak. Auzitegi Gorenak judizio aurreko bigarren gai bat planteatzean eta kasazioan gaiari emandako azken ebazpenean, hala ere, aukera hori hutsaldu egin da, eta, hala, bitarteko lan-kontratuen kalte-ordainerako araubidearen gainekoa gaizki-ulertu bat izan zela berretsi da. Hala ere, kasazioan emandako epaia adi irakurriz gero, argi ikusten da adierazpeneko alderdirik esanguratsuenak ez direla itxitzat jotzen dituen gai juridikoak, baizik eta zabalik uzten dituenak. Hala nola, bitarteko langile baten lanpostu-uzte irregularrak izango lituzkeen ondorioak edo langile «ez finko mugagabetzat» jo den langilearen kalte-ordainerako eskubideak.The notorious case Diego Porras opened a path to an automatic right to severance payment on termination of employment for the temporary staff in the Administrations. The second reference for a preliminary ruling by the Supreme Court and the final ruling on the case in appeal has denied that possibility and rectified what it seemed to be just a misconception of the compensation regime for provisional contracts. Nevertheless, a detailed reading of the judgment on appeal shows that the most relevant part of the ruling are not the issues settled but those left open. Among them, the consequences arising from an irregular termination of employment of a temporary employee and the rights to compensation of that worker that is considered not permanent but with an open-ended contract.

El estudio del régimen laboral del PCNF permite advertir una manifestación de ese fenómeno tan general que es la interacción recíproca de derechos; en este caso, los laborales de quien trabaja versus los institucionales -singularísimos- de quien ordena la prestación. Este entendimiento conflictual del origen que posea la normativa específica de los civiles al servicio del Ejército es tan antiguo como la propia existencia de normas laborales específicas y se mantiene en la actualidad, por más que el contenido concreto de los preceptos haya variado sensiblemente a lo largo del tiempo y, básicamente, manifiesta la peculiaridad del fin perseguido por lo que, en ocasiones, se ha denominado "industria militar", causa eficiente del apartamiento respecto de las relaciones laborales comunes.

DERECHO. DEPARTAMENTO. E057 CT 646. ; RONDA LEVANTE. DEPOSITO. DER 4139.

El estudio del régimen laboral del PCNF permite advertir una manifestación de ese fenómeno tan general que es la interacción recíproca de derechos; en este caso, los laborales de quien trabaja versus los institucionales -singularísimos- de quien ordena la prestación. Este entendimiento conflictual del origen que posea la normativa específica de los civiles al servicio del Ejército es tan antiguo como la propia existencia de normas laborales específicas y se mantiene en la actualidad, por más … [+]que el contenido concreto de los preceptos haya variado sensiblemente a lo largo del tiempo y, básicamente, manifiesta la peculiaridad del fin perseguido por lo que, en ocasiones, se ha denominado "industria militar", causa eficiente del apartamiento respecto de las relaciones laborales comunes.